Comunicado: Al Gobierno Federal y el Senado de la República: el TPP no pasará

Al Gobierno Federal y el Senado de la República: el TPP no pasará 17 de octubre de 2016 -El gobierno mexicano busca aprobar el TPP antes de la elección presidencial en Estados Unidos -Tanto la candidata demócrata como el republicano se han manifestado en contra de este Tratado -Organizaciones sociales, sindicatos, defensores de derechos humanos y ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente la aprobación del TPP El pasado 9 de octubre, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que México debería votar el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 8 de noviembre. La intención, declaró Guajardo, es que “independientemente de lo que pase en Washington, mandar un mensaje claro de que esta negociación está cerrada”. Organizaciones sociales, sindicatos, defensores de derechos humanos y ciudadanas y ciudadanos rechazamos tajantemente esta pretensión por sus diversas implicaciones para la vida en nuestros territorios y pueblos, y entre todas las personas que habitan y transitan en México. El TPP, negociado durante cinco años en secreto a espaldas de la sociedad, no puede ser modificado por México y representa un grave peligro para los derechos laborales, el acceso a la salud, la libertad de expresión en Internet, el medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros temas cruciales para los derechos humanos y la vida de las personas. El TPP, de ser aprobado, vulneraría gravemente la democracia al limitar las capacidades de los poderes Legislativo, que no puede modificar o aprobar leyes si afectan derechos de las transnacionales pactados en los tratados; Judicial, ya que cede jurisdicción a tribunales privados internacionales, y Ejecutivo, ya que le impide regular la economía, si ello tiene como resultado disminuir las ganancias “esperadas” por las transnacionales, así como de la sociedad civil, al permitir que las grandes empresas puedan demandar al Estado mexicano por emitir leyes que protegen a las personas y afectan de algún modo sus intereses. El gobierno federal pretende aprobar el TPP sin discusión pública aún cuando en el mundo se multiplican las voces que llaman a detenerlo. Debido a sus efectos nocivos, Relatores y Expertos Independientes de la Organización de las Naciones Unidas han solicitado a los 12 Estados firmantes que no aprueben este Tratado. Incluso los dos candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, así como numerosos miembros de ambos partidos, han mostrado su rechazo al TPP debido a las implicaciones sobre sus propios ciudadanos. Los firmantes condenamos y rechazamos las declaraciones del Gobierno Federal y hacemos un llamado a la sociedad, excluida de las negociaciones sobre su propio futuro, a informarse y sumarse a las acciones en contra de este acuerdo y en defensa de los derechos humanos y la democracia. El TPP no pasará.   ORGANIZACIONES FIRMANTES: Alianza Mexicana contra el Fracking Amigos del Río San Rodrigo Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C. Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo A.C. (ANEC) Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT) Central Campesina Cardenista (CCC) Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) Centro de Reflexión y Acción Laboral Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos DECA Equipo Pueblo, A.C. Derechos Digitales ONG (Latinoamérica) Fomento Cultural y Educativo Foodfirst Information and Action Network. Sección México (FIAN – México) Freshwater Action Network Mexico Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital (FUNCO) Greenpeace México, A. C. Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Grupo Tacuba – México Horizontal Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, A.C. MAELA-México No fracking NL No Fracking Tamaulipas Nueva Central de Trabajadores (NCT) Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) A.C. Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio – RMALC Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, OAXACA Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz) Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam) Unión de Comités Autónomos de Agua del Oriente del Estado de México Vías Verdes A.C. REDES DE ORGANIZACIONES FIRMANTES: Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanxs «México Mejor Sin TPP» Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (RedTDT) FIRMAS INDIVIDUALES: Miguel Concha Malo, Larisa de Orbe, Cuauhtémoc Arturo Juárez Pérez, Estrella Soria, Erik Huesca.   Entradas relacionadas: Derechos humanos frente a empresas Defensa contra megaproyectos mineros Megaproyectos y criminalización ¿Cómo se enfrenta a la minería? Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos La amenaza del fracking

Tercera cumbre mundial sobre el hábitat

Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Sábado 15 de octubre de 2016 Miguel Concha  Del 17 al 20 de octubre se llevará a cabo en Ecuador la tercera Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre el Hábitat (Hábitat III), que reunirá a los gobiernos nacionales para discutir una agenda, que deberá observarse durante los próximos 20 años, sobre el desarrollo urbano y los asentamientos humanos. La primera cumbre hábitat se llevó a cabo en 1976, y acordó que se repitiera cada 20 años para su actualización. Aun cuando se consideran alcanzados los compromisos establecidos en Estambul en Hábitat II (1996), la realidad es que la situación de las ciudades y asentamientos humanos ha empeorado drásticamente durante las últimas dos décadas por causa de las políticas neoliberales que han promovido, en lugar de la función social, la competitividad y la especulación de las ciudades. Los actuales gobiernos han declarado que están comprometidos con implementar políticas que acaben con la falta de vivienda, sobre todo para las personas con menos recursos o en situación de extrema pobreza. Sin embargo, crece cada vez más el número de personas sin techo y sin un hábitat digno. En realidad los gobiernos han preferido enriquecer a los capitales inmobiliarios y de la construcción, los que no producen vivienda para los grupos más necesitados, pero sí para quienes les dejan jugosas ganancias. En estos tiempos, cuando existen decenas de millones de personas que no cuentan con un hogar, un techo seguro, y ni siquiera un sitio mínimo para vivir, violentándose en todo sentido el derecho a una vivienda digna, no es posible hablar de un hábitat adecuado, ni del cumplimiento de los derechos humanos. Tomando en cuenta los censos de población y vivienda de 1990, 2000 y 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera que en México aún existen 20 millones de personas sin acceso a una vivienda adecuada. La situación se agrava con la migración forzada que afecta a miles de personas, y es provocada por la violencia, el deterioro del medio ambiente, el desarrollo de megaproyectos y la pobreza. Todo como resultado del modelo de desarrollo vigente, que lejos de colocar la dignidad humana y la vida del planeta en su centro, busca la concentración de la riqueza en pocas manos. Ahora la humanidad enfrenta una intensificación del modelo extractivista, que lo único que le importa es la ganancia, aun a costa de la depredación y extinción de la naturaleza y del destino de las generaciones futuras. Con lo anterior se vuelve relevante que la Cumbre Hábitat III incluya el sentido y contenido del derecho a la ciudad. Sin embargo, el 3 de octubre pasado, en el contexto del Día Mundial del Hábitat, las organizaciones que conforman la Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y la Defensa del Territorio (PMDCDT) declaran con preocupación que el derecho a la ciudad ha quedado en una mera declaración de intenciones, pues en el documento de la ONU sobre el hábitat se favorece la construcción de un mundo urbano que excluye al campo y su población. Consideran que las áreas rurales y naturales sólo son vistas como objeto mercantil frente a los megaproyectos depredadores, y que se prioriza la construcción de un mundo de hierro, cemento y dispositivos tecnológicos como la visión más avanzada de la humanidad, vaciando así el verdadero contenido del derecho a la ciudad, dejándolo al servicio de los intereses del poder económico. Por ello, los movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil se reunirán en la Universidad Central de Ecuador para llevar a cabo el Foro Social Frente a Hábitat III, como acto paralelo a la cumbre oficial. Dicho foro social tiene el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos internacionales como la Alianza Internacional de Habitantes y la Coalición Internacional de Hábitat. Este foro trabajará de manera alternativa, reconociendo que el derecho a la ciudad es el resultado de décadas de creación colectiva de abajo hacia arriba, y significa el derecho de las personas y los habitantes presentes y futuros, temporales y permanentes, a usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar en paz de las ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos y sostenibles, entendidos como un bien común esencial para una vida plena y digna. El significado del derecho a la ciudad se basa en un hábitat digno para todas las personas, sin discriminación alguna. Sus principios fundamentales son la igualdad de género, el diálogo intergeneracional y el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural. Es fundamental proteger y favorecer la función social del suelo y de las ciudades, en vez de su uso comercial. La armonía entre el campo y la ciudad es posible con el cumplimiento pleno de los derechos humanos y con mecanismos garantes de consulta que le permitan a la población participar en la toma de decisiones sobre el futuro de las ciudades, los asentamientos humanos urbanos y rurales, y las exigencias del hábitat y el planeta. El derecho a la ciudad incluye el de una vida digna con una dimensión territorial e integral, pues la ciudad y el campo no deben ser antagónicos, sino complementarios. Las ciudades deben ser nodo de desarrollo para el campo, sin urbanizar áreas naturales y rurales. Implica que las autoridades deben reconocer las desigualdades espaciales que dificultan el cumplimiento de los derechos humanos en las ciudades. Por ello, la PMDCDT suma su voz y sus fuerzas con diferentes referentes del Movimiento Urbano Popular que estarán presentes en Quito, Ecuador, participando en el Foro de Resistencias Populares H3. Y desde allí instarán a los líderes mundiales a comprometerse con una definición sólida del derecho a la ciudad como eje principal de las acciones que decidan que formen parte de la nueva agenda Hábitat III. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Hector Milla Entradas relacionadas: Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión

Por el maíz y la milpa

Por el maíz y la milpa Sábado 8 de octubre de 2016 Miguel Concha  El 29 de septiembre se celebró de nuevo en México el Día Nacional del Maíz. Desde hace ocho años y a iniciativa de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, festejamos en esta fecha la vida comunitaria en torno a este grano que genera comunidad, cultura, historia, proyectos colectivos e identidades diversas, y nos recuerda la importancia de la biodiversidad y su conservación. Los elotes, las mazorcas y los granos de maíz se desarrollan en los campos en un pequeño ecosistema, al que denominamos milpa. Este sistema se caracteriza por albergar una diversidad biológica y cultural inmensa, que logra además contener los requerimientos nutricionales necesarios para alimentarnos saludablemente. Se trata también de un cúmulo de saberes ancestrales conservados por nuestros pueblos y comunidades, cuyo valor inmenso radica en que hoy día es también patrimonio de la humanidad, pues las formas de cultivo y cuidado del entorno y la Madre Tierra nos han sido heredados creativamente con el paso de los siglos. Se trata además de un sistema de producción de alimentos que a nuestro país le asegura la soberanía alimentaria. Es asimismo garante de la diversidad de alimentos que ofrece la cocina mexicana, que valga decir es de las más apreciadas en el mundo. Sin embargo, no ha sido sólo un sistema de cultivo atacado, por desgracia, por las malas políticas públicas para el campo de los gobiernos en las décadas recientes, sino ahora también de manera agresiva y acelerada por las grandes empresas trasnacionales. Estos dos elementos combinados intentan poco a poco despojar a los pueblos indígenas y campesinos del sistema de milpa, para imponer el monocultivo, el cual se sostiene con el uso de agrotóxicos y la explotación comercial de la tierra. Este nuevo sistema es agresivo con el medio ambiente, elimina la diversidad y coloca ante daños considerables a la salud humana. Basa también su lógica en la ganancia y el lucro y deja de lado tanto los derechos de los pueblos y las personas como el respeto a la Madre Tierra. Estos dos paradigmas de agricultura se disputan hoy en México. Uno, incentivado y conservado por las comunidades y pueblos, y el otro, que solamente se define y se desarrolla en función de la acumulación y la ganancia. Por ello la celebración del maíz cobra sentido en medio de tantas crisis, pues reconocemos que, como bien señalaron Cristina Barros y Marco Buenrostro en su columnaItacate ( La Jornada, 20/9/2016), el maíz es un producto natural y cultural de los pueblos ancestrales que lo adaptaron a través de siglos, de generación en generación, seleccionando semillas y desarrollando variedades y tipos de maíz aptos para los climas, suelos y condiciones agroecológicas. Valga esto para saber y aceptar que en esta planta la resistencia se palpa y está viva, y que en las tierras cultivadas y en la agricultura campesina radica la esperanza ante tanta desmesura y abuso del capital, pues en torno a la milpa se constituyen pueblos que ahora siguen resistiendo, del mismo modo que lo hace esta planta milenaria. Tantos siglos han pasado, y el maíz se mantiene como el principal alimento básico de las y los mexicanos, aunque también de diversas regiones del mundo. Por esto celebramos este don que nos ha dado la naturaleza. He ahí la importancia de conservarlo en modelos de producción que lo conciben como bien común, y no como un grano que busca ser manipulado como medio de control social por ambiciosas empresas trasnacionales. En esta disputa de modelos y organizaciones agrícolas, agrupaciones campesinas e indígenas, así como colectividades ambientalistas, grupos defensores de derechos humanos y agrupaciones de consumidores se organizaron en México para hacerle frente al embate corporativo. Y para nuestra alegría se ha detenido la siembra de maíz transgénico en su fase comercial y se observan, además, con mayor atención, otras modalidades de siembra que pretenden realizar empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow Agrosciences o Dupont. La importancia de esta demanda colectiva, herramienta judicial con la cual se logró también en tribunales la suspensión de otras siembras de maíces transgénicos, radica en que se acompaña con otras estrategias de defensa de nuestros maíces nativos y de nuestro patrimonio biocultural. La oposición en los territorios contra megaproyectos hace posible este clima de lucha y resistencia, aunque también de celebración y esperanza en la vida que viene de nuestros campos y de las comunidades y pueblos que conocen las pautas del buen vivir. El embate corporativo pretende, por su parte, seguir afianzándose mediante nuevos tratados de libre comercio, como el críptico Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP). Sin embargo, la sociedad civil organizada a escala local y global está recurrentemente haciéndole frente. Por ejemplo, en relación con Monsanto, una de las empresas más dañinas del planeta y de la humanidad, próximamente se celebrará un tribunal internacional –esfuerzo colectivo que tendrá lugar en La Haya, Países Bajos, entre el 14 y el 16 de octubre–, y cuyo objetivo es que esta empresa se responsabilice de graves violaciones a los derechos humanos e incluso de crímenes contra la humanidad y ecocidio. En este contexto, jueces internacionales, entre ellos un mexicano, recogerán testimonios de víctimas y emitirán, en consecuencia, una opinión consultiva, al amparo de los procedimientos de la Corte Penal Internacional. Experiencias de organización social, como las que aquí menciono, nos dan cuenta de que, desde lo local a lo global, los pueblos se organizan, se encuentran y resisten, pero también celebran las bondades de la Madre Tierra, como el maíz y la milpa. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente

Miscelánea legislativa por las víctimas

Miscelánea legislativa por las víctimas Sábado 1º de octubre de 2016 Miguel Concha  Como hace más de tres años, hoy nuevamente está en proceso una reforma a la Ley General de Víctimas, y por ello me surgen otra vez algunas preguntas al respecto. Nuestras legisladoras y legisladores, ¿han escuchado lo que realmente necesitan las víctimas? ¿Cómo se acercan las y los políticos al sufrimiento de una joven secuestrada y mutilada? ¿Desde cuándo sufren la pena de ver a un hijo acribillado? ¿Cuándo han abrazado a una madre en el momento exacto en que le avisan que su hija fue asesinada el mismo día que dejó de verla? ¿Cómo aprenden el lenguaje del dolor? Los colectivos de víctimas y las organizaciones que las acompañamos empezamos desde hace meses a trabajar un conjunto de reformas a varias leyes de aplicación nacional, con el fin de no dejar al arbitrio del Congreso federal o de los congresos locales la regulación de todas y cada una de las acciones institucionales que una víctima de secuestro, desaparición, tortura, lesiones, desplazamiento, feminicidio, violencia sexual, trata, homicidio doloso o ejecución arbitraria requiere al llegar a una dependencia federal o estatal, más allá de las fracasadas comisiones de víctimas, las cuales, por cierto, no son sólo aquellas personas que han sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos, como consecuencia, por ejemplo, de la desaparición de un familiar o allegado, sino desde luego la persona directamente afectada. A medida que se ha ido avanzando en la procuración para la protección de sus derechos, aparecía y tenía que tomarse en cuenta la aplicación de una nueva ley, como se puso de relieve en el conversatorio sobre los derechos de las víctimas realizado el 24 de agosto pasado, cuando se elaboraron las medidas para que la ley de víctimas y la que eventualmente se apruebe contra la desaparición de personas tengan correlatos normativos para hacerlas efectivas y exigibles. Queremos entonces garantizar que todas las víctimas tengan todos los derechos, y sobre todo que los puedan ejercer. La propuesta, presentada a nombre propio y de un grupo plural de senadores y senadoras de la República por la legisladora michoacana Iris Vianey Mendoza, incluye 23 nuevos ordenamientos, entre ellos la reforma a la legislación de las instituciones nacionales de salud, del Seguro Social, del Issste y de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de proteger los derechos a la salud y a la seguridad social de las víctimas. Se incluyen también reformas a las leyes de Educación, de Desarrollo Social, Vivienda y Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, con el fin de generar una política pública en el ámbito social y proveer las bases para recuperar condiciones de vida dignas, para que las y los hijos de las víctimas puedan mantener su actividad escolar o acceder a programas de vivienda y a oportunidades de desarrollo económico y social. Se precisa igualmente que el actual registro administrativo de detenciones debe ser un instrumento generado en tiempo real, para que se evite la tortura y la desaparición; por eso se propone la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es también urgente que se reconozca la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición, a través de una declaración especial de ausencia, y por ello se propone la reforma a los códigos Penal Federal, Nacional de Procedimientos Penales, Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles, así como a las leyes de Amparo, Federal contra la Delincuencia Organizada, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que faculta a los jueces para conocer del procedimiento. Teniendo en cuenta las bárbaras situaciones y los hallazgos macabros de los que hemos sido testigos en varios estados de la República, se incluyó en la Ley General de Salud y en el Código Federal Penal regulación para combatir inhumaciones oficiales irregulares o clandestinas; para penalizar a quienes exterminen a las personas, y procedimientos dignos para identificar a las personas fallecidas. Se incluyeron igualmente regulaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el propósito de poder acreditar responsabilidad a quien no cumpla con los derechos victimales, y para aliviar la carga crediticia cuando se asesina o se le priva ilegalmente de la libertad a un ser querido se propone igualmente reformar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se modifican además la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de operar un mecanismo de búsqueda urgente con información sobre tarjetas bancarias, teléfonos móviles y huellas dactilares, aunque estableciendo como excepcional la obtención de esta información, con el único fin de buscar personas desaparecidas. Esta iniciativa, que, como se ha dicho, propone reformar 23 leyes, es la primera miscelánea legislativa que se presenta para proteger los derechos y la dignidad de las personas, en este caso las víctimas. Esperamos que haya sensibilidad en las y los legisladores para analizarla y aprobarla. Queremos pensar que han aprendido a escuchar el lenguaje del dolor, y que saben que el fin de la violencia y la recuperación de la paz en nuestro país sólo puede construirse con las víctimas. Queda pendiente, desde luego, la aprobación, de conformidad con los estándares internacionales, de una ley general contra la desaparición forzada y la desaparición de personas cometida por particulares, apremiada reiteradamente al país desde hace algún tiempo por distintos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos.   Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo

FORO INTERNACIONAL: Espacio público, protesta y participación ciudadana

SOBRE EL FORO: El foro se celebrará a lo largo de dos días, y se convocarán a expertos, representantes de instancias de Gobierno de la Ciudad de México, organismos claves en la protección de derechos humanos, académicos, actores movilizados y organizaciones de sociedad civil, con el fin de recoger las mejores prácticas y debatir, desde los diversas experiencias y aproximaciones al fenómeno de la protesta social, soluciones a las principales problemáticas detectadas en el Diagnóstico del FLEPS. Además de profundizar en el análisis sobre conflictividad, tensiones en el uso del espacio público, legislaciones que involucran el derecho a la manifestación pública, uso de la fuerza en contextos de protesta social y experiencias de construcción de expresiones democráticas en el espacio público por mecanismos no institucionales. Se busca problematizar sobre la libertad de expresión, la protesta social en sociedades democráticas, el uso del espacio público, la respuesta estatal frente a la protesta, el análisis de las violencias que pueden surgir en situaciones de conflictividad, los marcos normativos que garantizar o limitan el ejercicio de derechos, la comparación de las prácticas y la experiencia de los movimientos sociales a nivel internacional. PROGRAMA PROGRAMA   DESCARGAR PROGRAMA :    Who needs cash advance loans? Buy there a skid plate Versión PDF CONVOCANTES: Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Conformado por: Article 19, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), AC; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios Causa; Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Propuesta Cívica, AC; Servicios y Asesoría para la Paz, AC; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la FLACSO México. MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN: Plaza de la República, Sótano del Monumento a la Revolución s/n, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México. Contenido relacionado: 2015. Control del espacio público: Tercer informe sobre protesta social en México 2014. Control del Espacio Público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno.

Día Nacional del Maíz

  29 de septiembre: Día Nacional del Maíz 29 de septiembre de 2016   Por un nuevo modelo agroalimentario con base en los pequeños productores, el respeto a la propiedad social de la tierra, la agroecología y el derecho a la alimentación. Rechazamos la imposición de transgénicos que amenaza a los campesinos, a nuestro patrimonio biocultural y a nuestro derecho a un medio ambiente sano. Exigimos la prohibición de los agroquímicos altamente tóxicos. Demandamos el fin de la chatarrización de nuestro sistema alimentario y de la publicidad engañosa de alimentos. Alto a los megaproyectos de muerte en los territorios rurales. No al fracking ni a la minería tóxica. No a la privatización del agua. Rechazamos el recorte presupuestal al campo. Mejor recortar el NAICM, el palacio del INE, a gastos de comunicación social y a los privilegios de los altos funcionarios de los tres poderes. Exigimos al Senado no ratificar el Tratado de Asociación Transpacífico; sería una traición a los campesinos, a los derechos humanos y a México. Hacemos un llamado a impulsar la confluencia de los movimientos campesinos contra el neoliberalismo, el extractivismo y el poder antidemocrático de las corporaciones.   El Día Nacional del Maíz es una propuesta ciudadana lanzada desde la Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País (CNSMNHP), donde miles de mexicanos y mexicanas recordamos el  29 de septiembre, día en que se conmemora el maíz y la milpa que producen las familias campesinas e indígenas, que constituyen una alternativa productiva, social y ecológica al modelo agro-ecocida de la revolución verde, del TLCAN y el neoliberalismo que han impuesto los gobiernos federales desde 1982 a la fecha y que sólo producen desigualdad, pobreza, hambre e inseguridad. Celebramos el Día Nacional del Maíz en el marco de otro sexenio perdido para el campo y en medio de la confluencia de múltiples crisis en nuestro país y en el mundo que configuran una verdadera crisis general sin precedentes en el último siglo. Hay una profunda crisis de credibilidad y legitimidad del gobierno mexicano; la fuga de capitales y la devaluación amenaza con un mayor estancamiento y colapso de la economía nacional; la inseguridad e impunidad se han afincado y generalizado en todo el país; la corrupción es ahora la principal función de los tres niveles de gobierno encabezada por el presidente y su gabinete; se vive una crisis de derechos humanos sin precedentes; la desigualdad y pobreza aumentan año con año; el cambio climático amenaza recurrente y crecientemente la producción alimentaria, la vida de las personas, la infraestructura y la vivienda de vastas zonas del país. Vivimos, en resumen, una tormenta perfecta que nos exige no sólo resistir y persistir en nuestras demandas inmediatas, sino ahora debemos plantearnos la necesidad de una salida social, democrática, sustentable y pacífica a la crisis de un régimen autoritario, neoliberal, corrupto y capturado por las corporaciones trasnacionales. Como Campaña irrumpimos en el escenario de la política nacional con el lema “Sin maíz no hay  país”. Ahora también decimos: “Sin país no hay maíz”. Hoy más que nunca se hace necesario convocar a todas y todos los mexicanos a revertir el modelo agroalimentario desgastado y envejecido que representa e impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto. El Día Nacional del Maíz nos permite acercar el surco a la banqueta, y que desde el campo y las ciudades, apoyemos a las familias, comunidades y organizaciones que trabajan a diario por la preservación de suelos, semillas y que son los protagonistas de la alimentación y de la educación agroalimentaria. Sin embargo el valor de la vida campesina, del maíz, de la milpa y, en general, de los modos familiares y comunitarios de producción y cultura son excluidos del proyecto de nación. Los pocos o nulos estímulos a la producción campesina, con un enfoque asistencialista y clientelar,  siguen expulsado a millones de cultivadores y pobladores del campo. La agroindustria, las mineras y la voracidad de los grandes consorcios internacionales despojan a comunidades y pueblos enteros de tierra, agua, bosques y recursos naturales. Los pueblos indígenas y campesinos han sido reducidos a ser proveedores subordinados de “coyotes”, intermediarios y monopolios.  A pesar de todo, los movimientos campesinos e indígenas resisten a lo largo y ancho del país, impulsando alternativas de futuro y nos dan la esperanza de que otro modelo de país es posible. Por ello, como CNSMNHP impulsamos y trabajamos: Por un nuevo modelo agroalimentario basado en la diversidad de la producción de pequeños campesinos y comunidades indígenas, que nos han legado un modelo de producción basado en lazos solidarios y el cuidado de todo: de la alimentación y la salud de las personas y las comunidades, de la enorme diversidad biológica que hemos recibido en herencia, de los ecosistemas y de los recursos naturales; de las muy heterogéneas expresiones culturales; de los saberes ancestrales y de las tecnologías construidas con la reflexión colectiva. Derecho a la salud en el campo. Las enfermedades asociadas a la pobreza alimentaria y la escasez hídrica que padecen millones de mexicanos son más agudas en comunidades campesinas e indígenas. No a la imposición de transgénicos. Muestra de que la alimentación se ha mercantilizado es la amenaza permanente de las semillas transgénicas. La CNSMNHP apoya la demanda colectiva contra el maíz genéticamente modificado, que hasta el momento ha logrado detener por tres años la siembra comercial de ese maíz. El interés capitalista pasa por encima del derecho a comer bien, derecho a un ambiente sano, el derecho a la biodiversidad y el derecho a la tierra y territorio para vivir y sembrar. Ahora el nuevo despojo a las y los pobres es a través de las semillas y los recursos genéticos, a nombre de la biodiversidad se justifican “negocios de tendencia”, donde a las comunidades campesinas se les trata como proveedoras y a la biodiversidad como mercancía No a la chatarrización de nuestro sistema alimentario. La publicidad engañosa ofrece productos dañinos como alternativas saludables ocultando los riesgos por el uso indiscriminado de aditivos químicos y alteraciones biotecnológicas, mientras el maíz

Imputaciones falsas

Imputaciones falsas Sábado 24 de septiembre de 2016 Miguel Concha  Preocupa que sintomáticamente siga habiendo elementos castrenses, incluso de alto rango, que de manera errónea o tergiversada culpen de causante de la impunidad al nuevo sistema acusatorio de justicia penal en el país, como expresó abiertamente hace algunos días un general del Ejército en uno de los estados del norte. Con ello no sólo no se advierte que posiblemente se esté denunciando, en efecto, la arbitraria puesta en libertad de presuntos delincuentes, sino sobre todo que se sigue corriendo el riesgo de criminalizar a personas inocentes, dejando en libertad a los verdaderos culpables. Tal conducta puede deberse entre otras cosas –ciertamente– a posibles fallas en la aplicación de una reforma constitucional por los agentes judiciales, quienes deben seguir siendo diligentemente capacitados para su adecuado manejo; a la falta de conocimiento y experiencia en la persecución del delito, sin violentar derechos humanos; a vicios inveterados en la persecución del delito y la procuración de justicia –como la práctica de la tortura–, pero también a la inconveniencia de que las fuerzas militares se encarguen de labores de seguridad pública, pretendiendo exacerbar al mismo tiempo las funciones de su propio sistema de justicia. Es importante recordar que ante las deficiencias que presentaba el sistema de justicia penal inquisitivo en México, como violaciones al debido proceso, retraso judicial, saturación de expedientes, corrupción e impunidad, en junio de 2008 se realizaron diversas reformas constitucionales que trajeron como consecuencia transformaciones en dicho sistema. Estas reformas implicaron la transición de un sistema de justicia inquisitivo mixto en uno acusatorio, que tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños causados por el delito. A ello se suma el mejoramiento del desempeño profesional de los operadores judiciales en la procuración e impartición de justicia; el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos durante todo el juicio, y la aplicación de los principios procesales de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, igualdad, concentración y continuidad. Para la implementación de este nuevo sistema de justicia fue necesario capacitar a quienes lo operan, crear o adaptar nuevas instalaciones y equiparlas, y realizar cambios o ajustes legislativos y financieros. Luego de cumplirse el término constitucional de ocho años que se había previsto para ello, en junio de 2016 terminó de entrar en vigencia en todo el país. Sin embargo, su implementación total aún tiene varios pendientes. Uno de ellos, fundamental, es el gasto propuesto por el Ejecutivo para la función de seguridad pública a la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual incluye las fases de prevención del delito, procuración y administración de justicia, sanción y reinserción social, y, como vigilante del escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos en todo el sistema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y es que en el presupuesto del 2016 el anexo Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos era el que hacía mayor referencia a la prevención del delito, rubro importante en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, al que corresponde la actuación de la policía preventiva y la de investigación. Ello no obstante, en el Proyecto de Egresos de 2017 este rubro desaparece completamente, a pesar de que esta reforma sigue suponiendo grandes cambios en cuanto a rancios patrones de conducta y prácticas institucionales, pues se siguen repitiendo en la actuación de las policías y en el sistema de procuración y administración de justicia violaciones procesales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como lo manifestó Juan E. Méndez, relator contra la Tortura de la ONU, al presentar en Ginebra un informe en el que señala que la tortura es generalizada en México, y que ocurre, con fines de castigo e investigación, en un contexto de impunidad, especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia. No debemos olvidar que la implementación del sistema penal acusatorio deja atrás también la idea de la readaptación social, para dar paso a la de reinserción social, la cual reconoce a las personas sentenciadas como sujetos de derechos. Sin embargo, las personas privadas de la libertad siguen estando violentadas en sus derechos humanos, pues, entre otras cosas, las prisiones en México presentan altos niveles de sobrepoblación y corrupción, lo que imposibilita condiciones dignas para vivir. Y ello sin hablar de las deficiencias cuantitativas y cualitativas en el servicio de la defensoría pública. Debe reconocerse que para que un sistema penitenciario funcione adecuadamente se precisan dos factores que se encuentran ligados al trato digno en prisión. A saber, la disponibilidad de espacios físicos con instalaciones apropiadas, y la existencia de personal penitenciario capacitado y con condiciones laborales dignas. Somos conscientes de que para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país se requiere tiempo, voluntad, cambio de mentalidad en las personas que lo operan, y la exigencia ciudadana constante a las instituciones involucradas. Sin embargo, también pensamos que los nuevos mecanismos de justicia penal, bien utilizados, y con el apoyo de suficientes recursos financieros, administrados y distribuidos de manera honesta y eficiente, permitirán una investigación y procuración e impartición de justicia adecuada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Irene Sorla Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo

Nuevo constitucionalismo en la CDMX

Nuevo constitucionalismo en la CDMX Sábado 17 de septiembre de 2016 Miguel Concha  Una de las principales características del nuevo constitucionalismo democrático, confrontado ciertamente con los modelos de desarrollo neoliberal, aunque esgrimido como instrumento de lucha y estrategia por los movimientos sociales de resistencia, es fundamentar la convivencia armónica de la sociedad en el cumplimiento explícito y transversal de todos los derechos humanos por del Estado, previendo para ello el establecimiento de obligaciones institucionales, normas jurídicas y disposiciones judiciales y administrativas consecuentes, con el fin de que la ciudadanía los pueda ejercer y hacer valer en la práctica. Es ésta una de las principales virtudes del proyecto de Constitución que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentó el pasado 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente, como resultado del esfuerzo que un grupo plural y apartidista de ciudadanas y ciudadanos especializados preparó durante siete meses en mesas de trabajo y plenarios de discusión. En él se declara, desde los primeros artículos, que la Ciudad de México asume como uno de sus principios el respeto a los derechos humanos y la defensa del Estado democrático y social de derechos, y a propósito del bloque de constitucionalidad y convencionalidad en los principios de aplicación e interpretación de los derechos humanos, se declara también que en ella los derechos tienen la máxima jerarquía normativa. En congruencia con esto, el proyecto define a la Ciudad de México como un espacio civilizatorio, democrático, laico, incluyente, accesible, sostenible, justo, pacífico, productivo, educador, habitable, de seguridad y movilidad humana y social para el ejercicio pleno de los derechos y el uso y disfrute equitativo de los bienes y servicios. Reconoce también la libre manifestación de las ideas como elemento integrador y esencial del orden democrático. Para llevar a cabo esto, especifica 41 diferentes derechos individuales y colectivos –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales–, que como novedad también clasifica siguiendo y complementando los lineamientos de la Carta por el Derecho a la Ciudad, surgida y negociada por diversas organizaciones del movimiento urbano popular con el Gobierno del Distrito Federal desde 2007, y concluida en marzo de 2010, con el fin de asegurar una ciudad de libertades y derechos, democrática, educadora y del conocimiento, solidaria, productiva, incluyente, habitable, segura y garantista. Además de tomar en cuenta los derechos particulares de grupos de atención prioritaria (como niñas, niños y adolescentes; los jóvenes; las personas mayores, las que tienen discapacidad; la población LGBTI; los migrantes y las personas sujetas de protección internacional; las víctimas del delito; las poblaciones en situaciones de calle; las personas privadas de su libertad; las que residen en instituciones de asistencia social; los afrodescendientes y las personas de origen indígena que no viven en pueblo, comunidad o barrio originario), encontramos en la lista la formulación de nuevos derechos, como los de las familias, al cuidado; el propio derecho a la ciudad, a la buena administración pública, a los espacios públicos y a la vía pública, y el derecho a defender los derechos humanos. Así como importantes derechos omitidos y violentados por las políticas neoliberales, como son el derecho a la vida digna, el derecho al desarrollo sostenible y el derecho al desarrollo urbano equitativo, estético y armónico. La Ciudad de México declara el proyecto, reconoce el derecho a la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, equidad y sustentabilidad, que confiere a sus habitantes legitimidad de acción y de organización para ejercer sus derechos a la autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. Y a propósito del mismo derecho, más adelante expresa que el desarrollo urbano y rural, la utilización del suelo y de los espacios y bienes públicos y privados deben otorgar prioridad al interés social, cultural y ambiental. Es también importante subrayar que en los principios de aplicación e interpretación de los derechos se establece con claridad que las autoridades deben adoptar, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias, con el fin de asegurar progresivamente la realización de los derechos sociales, estableciendo además que la política fiscal y los mecanismos presupuestarios tienen que orientarse al cumplimiento efectivo de los mismos. Otra de las características del nuevo constitucionalismo, confrontado igualmente con la simulación de la representatividad política neoliberal, aunque también esgrimida por el movimiento social en su lucha por la democracia, es la participación activa de la ciudadanía no únicamente en la elección de las autoridades, sino además en la gobernabilidad del Estado, para lo cual no sólo se establecen mecanismos de información y de consulta, sino también de participación en la toma de decisiones que la afectan. En congruencia con la tradición democrática de la Ciudad de México, esta es otra de las virtudes continuamente cuidada y procurada por el equipo civil que redactó el anteproyecto de Constitución que el jefe de Gobierno entregó a la Asamblea Constituyente, y por ello en él encontramos garantizadas no únicamente estructuras más eficaces de democracia representativa, sino también mecanismos de democracia ciudadana directa, como la iniciativa ciudadana, el referendo, el plebiscito, la consulta ciudadana y la revocación del mandato, así como de democracia participativa, como la gestión, evaluación y control de la función pública, y el establecimiento del presupuesto participativo.   Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Luis Fernando Franco Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo

Derechos humanos frente a empresas

Derechos humanos frente a empresas Sábado 10 de septiembre de 2016 Miguel Concha  La reciente visita del Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuvo, dado el contexto de conflictos y violaciones a derechos humanos en los que están implicadas las grandes empresas, una característica importante: las comunidades, pueblos indígenas y campesinos, barrios y habitantes de las ciudades demostraron que su fortaleza más sólida radica en su resistencia y organización para defender sus territorios y los bienes comunes; en exigir y ejercer directamente sus derechos, usando los medios a su alcance para denunciar y defenderse de los despojos y agravios que padecen. Muestra de ello fueron los 81 testimonios que se compartieron en las reuniones con los representantes de la ONU, todos relacionados con prácticas de corrupción para imponer megaproyectos, y con la validación de reglas de comercio e inversión que protegen a estas corporaciones. Parece poca cosa que uno de los principales logros de este tipo de visitas oficiales sea que los pueblos se reconozcan a sí mismos como sujetos de derechos, y reafirmen por tanto que en ellos radica mucha de la esperanza para cambiar esas estructuras de raíz. Pero no lo es, sobre todo pensando que actualmente, a escala internacional, se debate sobre la efectividad o no de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, discusión que incluso en este mismo periódico amplió Magdalena Gómez, llamando la atención sobre algunos riesgos desde su análisis crítico ( La Jornada, 06/09/16). Sin embargo, es cierto que este tipo de ejercicios ayudan a denunciar en todo el mundo las falencias de un Estado que declina de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y también es verdad que sirven para que, en la escucha atenta, las comunidades y organizaciones encontremos algunos objetivos en común, entre los que podemos incluir el cuidado de la casa y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Todo esto cobra especial relevancia en medio de la crisis que enfrentamos. Ante todos los intentos que grandes corporaciones hacen para continuar con la refuncionalización de los estados en favor de sus intereses particulares, no podemos hacer a un lado la crítica y la denuncia. Por el contrario, estos ejercicios, revitalizados con la participación social, deberían coadyuvar necesariamente a recordar que el Estado debe proteger derechos y evitar a toda costa que las empresas se eximan de sus responsabilidades y sanciones por los daños que cometen. Por tanto, no podemos obviar que éstas tienen implicación en el sistemático despojo de territorios y explotación de recursos naturales, que nos han llevado a una situación límite y sin precedente. Los planteamientos preliminares al final de la visita de este Grupo de la ONU, dados a conocer el pasado miércoles, ponen énfasis en que las empresas están efectivamente violentando derechos humanos de pueblos y comunidades, tanto en el campo como en la ciudad, al no respetar, por ejemplo, la debida diligencia en la realización de los megaproyectos. Sin duda, la mala o nula implementación de la consulta previa, libre e informada es un hecho innegable, ya que no ha sido seriamente realizada y garantizada por el Estado. Por el contrario, y debido a la refuncionalización de sus instituciones y políticas, en la actualidad, y a voluntad de las grandes corporaciones, se instrumentaliza para garantizar que las empresas lleven a cabo todos sus proyectos. A decir de los dos integrantes del grupo de trabajo, se requiere fortalecer el derecho a la consulta y generar más vías de diálogo social que permitan resolver los conflictos. Siempre reconociendo que la razón de ser de un Estado se cimenta en el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo mismo, en la realización plena e integral de los derechos humanos de las personas y pueblos. Por tanto, el Estado tiene la obligación de rescatar una institucionalidad que le permita garantizar los derechos humanos frente a las grandes corporaciones. La visita de este grupo de la ONU permitió también conocer el proceso que se lleva a cabo para la creación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, del que desde ahora sabemos que tiene que ser más transparentado y que requiere que el grupo de actores que participan en su deliberación sea ampliado con el fin de llegar a consultar más directamente a comunidades, pueblos indígenas, campesinos, integrantes de sindicatos que luchan por sus derechos laborales y a barrios y colonias de grandes ciudades, que también se ven afectadas por la actividad empresarial, e incluir a más organizaciones sociales interesadas en estos asuntos. Es importante reconocer la visita que hizo el Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos, pues señaló puntos que vale la pena considerar. Sin embargo, debemos también ser muy claros en reconocer que el Estado, insisto, ha estado siendo refuncionalizado para garantizar no los derechos humanos, sino los derechos mercantiles, financieros y de propiedad privada de las grandes empresas y las corporaciones multinacionales. Cosa paradójica, ya que aparentemente existe la buena voluntad de las empresas y el Estado para remediar la situación de crisis que se han provocado con los megaproyectos, y no vemos del todo claro cómo efectivamente podrían garantizar su no repetición cuando casos como las reformas estructurales, la negociación de tratados comerciales y la subordinación del propio Estado ante las exigencias de las empresas configuran sin duda lo que ahora llamamos refuncionalización del Estado y desvío de poder en favor de los intereses empresariales. El Estado se devela como el ejecutor administrativo de los grandes capitales transnacionales, pero también como el brazo armado que controla a la población que disiente y se organiza frente al poder corporativo. Ese es el reto. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Lú Moguel Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social

Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo

Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Representantes de la ONU se han reunido estos días con integrantes de comunidades, movimientos y organizaciones sociales para revisar a detalle el cumplimiento o no en México de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 6 de septiembre de 2016 Por: Lucía Moguel y Carlos A. Ventura Callejas La dignidad en nuestras manos “Pedimos que sean nuestra voz ante el mundo de lo que está pasando en México, que hagan que aflore la verdad”, esta fue la petición que más de 28 representantes de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la última reunión con actores sociales que se realizó el pasado domingo, en el municipio de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, y antes de que los integrantes de este grupo den a conocer su informe preliminar este miércoles 7 de septiembre. Esta visita oficial comenzó la semana pasada en la Ciudad de México, y a lo largo de estos días se han encontrado en seis ocasiones con representantes de comunidades, movimientos y organizaciones sociales en distintos estados de la República bajo un mismo objetivo: revisar a detalle el cumplimiento o no en México de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU. Niñas, niños, mujeres y hombres de distintos lugares de México recibieron a dos integrantes del Grupo de Trabajo, Dante Pesce y Pavel Sulyanziga (actual presidente del Grupo), y cuatro representantes más de Naciones Unidas entre cantos, música, collares de flores y abrazos; uno por uno expusieron casos en donde denunciaron violaciones a sus derechos humanos con un factor común: empresas transnacionales y nacionales buscando despojarles de sus tierras y bienes comunes para beneficio económico privado. Ante una ofrenda tradicional de la región, el humo blanco del copal, velas, flores y constantes consignas de resistencia, las y los representantes de pueblos y comunidades indígenas y campesinas aseguraron ser ellos quienes deben resolver sus problemas, enfrentar la lucha como lo han hecho desde hace varios años y trabajar para recuperar sus tierras, al tiempo que enfatizaron que “cualquiera que estuviera en nuestra situación defendería la cuna que los vio nacer y es por eso que les pedimos ayuda”. Tras tres horas de escucha, el Grupo de Trabajo se comprometió a no dejar archivado ninguno de los casos, pero dejaron claro que ellos no pueden garantizar la resolución de éstos, ya que su única facultad es realizar recomendaciones al gobierno mexicano, quien decide aceptarlas o no. Pese a esto, la esperanza y resistencia de los pueblos no da marcha atrás, por el contrario, el Grupo de la ONU dejó un sentimiento de fortaleza y esperanza entre las y los asistentes, quienes seguramente seguirán con sus procesos comunitarios, que se ha extendido por siglos, que no están perdidos y que están dispuestos a continuar; sin duda el Grupo de la ONU contempló a pueblos y comunidades en resistencia que les expresaron desde su sinceridad y calidez sus preocupaciones, pero también la fortaleza de sus procesos organizativos, cosa que esperamos inspiren al Grupo para recomendar contundentemente al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, de protección de derechos frente a terceros y reparación de daños cometidos en territorios indígena y campesinos. Es importante resaltar que esta visita es de carácter oficial, por lo tanto lo que este Grupo de la ONU concluya, si bien está sujeto a la valoración y aceptación del Estado mexicano, lo cierto es que son argumentos que nos permiten sustentar todavía más la seria crisis de derechos humanos en México, las formas en que las empresas atropellan los derechos humanos de pueblos, comunidades y barrios urbanos, y la connivencia del gobierno en sus tres niveles en estas violaciones. Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos no dudamos en denunciar que el Estado se encuentra coptado por capitales transnacionales que ahora disponen las reglas del juego, no solamente en el marco normativo interno, recordemos las recientes reformas estructurales que benefician a estas empresas, sino también imponen sus reglas en los tratados de libre comercio a nivel mundial, muestra de ello es el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), del cual se ha dado información al Grupo de Trabajo de la ONU. En este panorama complejo, que las comunidades sostengan procesos de ejercicio y exigibilidad de sus derechos se vuelve piedra de toque para generar realidades donde la democracia y la justicia sean concretas, palpable, y no simulaciones de garantías de derechos como ha hecho el Estado mexicano. En los procesos organizativos que le hacen frente al despojo y la violación sistemática de los derechos humanos, experiencias como convocarnos para reunirnos con la ONU son pretextos para, en realidad, fortalecernos en el encuentro. Esto se experimenta entre quienes ahora se organizan y defienden.  * Lucía Moguel es integrante de la 14 generación de la Escuela para Defensores de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Carlos Ventura es colaborador del mismo Centro. Consultar en Animal Político. Imagen destacada: Lucía Moguel Entradas relacionadas: Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo