La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses
La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses 26 de julio de 2015 Por: Miguel Concha La revelación por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) de la existencia de una orden a elementos militares para “abatir delincuentes”, apenas unas semanas antes de la emblemática masacre de Tlatlaya, ha reavivado un debate indispensable en una sociedad que se pretende democrática: la actuación del Ejército dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos, y su responsabilidad institucional en la comisión de graves violaciones contra la población civil. La gravedad, de que se haya dado una orden que pudo incentivar la ejecución arbitraria de civiles a manos de elementos castrenses, fue inmediatamente expuesta por las organizaciones que acompañamos la presentación del informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Instituto Mexicano para la Democracia y los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Amnistía Internacional y Artículo 19. Inmediatamente después se dio la reacción de actores internacionales oficiales, como el relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el señor Christof Heyns. Después de un cuidadoso análisis del documento, el relator Heyns señaló que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales”, y llamó al gobierno mexicano a considerar la orden castrense revelada por el Centro Prodh como nueva evidencia, y a castigar tanto a los responsables materiales de las ejecuciones arbitrarias, como a los de la emisión de dicho tipo de órdenes. Las organizaciones civiles internacionales también se pronunciaron. Amnistía Internacional, Washington Office on Latin-America y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional exigieron una investigación de las responsabilidades dentro de la cadena de mando del Ejército. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló que “el documento que dio a conocer el Centro Prodh pone sobre la mesa una discusión legítima sobre las órdenes y reglas para el empleo de la fuerza por parte de las autoridades militares, y que ésta debe darse no sólo en el marco de una discusión pública, sino también ante los tribunales, para establecer las responsabilidades penales en la cadena de mando”. El 7 de julio, después de que el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, pretendiera dar por zanjado el asunto, reduciéndolo a una discusión estrictamente de diccionario, negando que “abatir” signifique privar de la vida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en las que demandó la revocación o modificación de documentos u órdenes vigentes en los que se utilizaran términos como “abatir” u otro similar, sin precisar sus significados y alcances específicos, y la exhortó a tomar medidas para evitar la utilización de lenguaje confuso que pueda derivar en acciones violatorias de los derechos humanos. Así, la CNDH dio la razón al informe del Centro Prodh, y se sumó a las voces que han expresado su preocupación por las implicaciones de la orden revelada. Sin embargo, al publicar este artículo, aún no hay constancia de que la Sedena haya respondido favorablemente a la solicitud de medidas cautelares, mediante la suspensión de las órdenes que incentivan la violación de los derechos humanos. Incluso el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, tuvo que señalar casi 1 semana después de la revelación que la redacción de la orden de marras fue un “lamentable error”, atribuyéndolo a una mala transcripción. Sin embargo, en su primera reacción, 2 días después de la emisión del informe, la Sedena no aludió a ningún error de transcripción. Tampoco negó la autenticidad o integridad del documento, ni el significado del término “abatir”, aunque insistió en que la intención de la orden era proteger los derechos humanos. En este contexto, que el responsable de la defensa nacional sugiera que es posible que por “errores de transcripción” se ordenen conductas contrarias a derechos humanos no resuelve el asunto, sino que le añade otra dimensión de análisis, pues de ser cierto este endeble argumento, es altamente preocupante que en las Fuerzas Armadas mexicanas pueden alterarse tan ligeramente las órdenes superiores en las transcripciones. En todo caso, el general no contradice el informe del Prodh, y al hablar de un error de transcripción parece no disputar que en la jerga militar “abatir” sea matar. Por eso ya se alzan algunas voces dentro del Poder Legislativo que exigen una comparecencia del general secretario. Además de la existencia de la orden de abatir civiles, el informe del Centro Prodh llama la atención sobre la falta de justicia y verdad en el caso, pues mientras la Procuraduría General de la República (PGR) acusa a siete militares por la muerte de ocho personas, la CNDH apunta a que entre 12 y 15 de las 22 personas que perdieron la vida habrían sido ejecutadas una vez que se rindieron ante los soldados. Pero incluso podría tratarse de un número mayor, incluyendo a la menor de edad Érika Gómez. Esta parte de la verdad tendrá que aclararse al mismo tiempo que se explique por qué y cómo sucedió la masacre, incluyendo la citada e ilegal orden de relevo en la dirección del “operativo”, así como los responsables por cadena de mando. Otro aspecto que de ninguna manera puede dejarse de lado es la exigencia de un trato digno hacia la testigo y sobreviviente conocida como Julia, madre de la menor Érika, pues, de no ser por su valiente testimonio, esta masacre sería hoy, a ojos de la opinión pública, lo que siempre quisieron hacer parecer las autoridades: muertes producto de un enfrentamiento y no ejecuciones arbitrarias. Es indispensable que las autoridades respeten jurídicamente y reconozcan cabalmente su condición de víctima; sobre todo es fundamental que se garantice su seguridad. Ante el caso específico de Tlatlaya, la PGR tiene la obligación
Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia!
Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! Texto escrito por Marisa Mendoza Cahuantzi, pareja de Julio Cesar Mondragón, quien fue torturado y ejecutado extrajudicialmente entre la noche y madrugadas del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y quien este 4 de junio cumpliría 23 años. 04 de junio de de 2015 Por: Marisa Mendoza Cahuantzi La dignidad en nuestras manos caret-down caret-up caret-left caret-right In memoriam Julio César Mondragón Fontes (4 de junio de 1992 – 26 de septiembre de 2014) “Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte,ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado”. Apocalipsis 21:4 Hoy no es un día cualquiera porque hoy puedo ver las maravillas que hay en la eternidad, junto a nuestro señor, nuestro Dios; ahora comienzo a escribir unas cuantas líneas como solía hacerlo en cualquier día, a cualquier hora y cualquier lugar. Solo quiero decirles que hoy no es un día cualquiera: es mi cumpleaños; sé que habrá festejo, mi familia estará reunida para celebrar. Ya puedo ver a mi madre cocinando mi comida favorita y el delicioso pastel que siempre me preparaba cada que iba a visitarla. Veo a mi esposita adornando la casa para sorprenderme como siempre acostumbraba hacerlo. Si me preguntara Dios cómo me siento, le diría que feliz, porque es el primer cumpleaños que paso con mi ratita hermosa, mi hija Melisa, ansío ver su carita, sus ojitos, sus brazos estirados para felicitarme y escucharla decirme papá. En este día quiero agradecerte Dios Padre, porque es el día más especial e importante: mi familia estará reunida celebrando la vida, mi vida, la vida de Julio, la vida de un padre enamorado de su esposa. Pero… algo está pasando y no entiendo, no hay nada de adornos, ni comida, no recibo abrazos de las personas que tanto esperaba; al contrario, veo con tristeza, coraje y desaliento a mi familia y en lugar de escuchar felicitaciones escucho exclamaciones de ¡JUSTICIA! ¡JUSTICIA! Y ahora recuerdo… Ya no estoy con ellos, ya no podré celebrar; no estaré ni con mi madre, ni con mi esposa, ni con mi hija, ni con mis hermanos, ni con mis amigos, en fin con nadie y me pregunto ¿por qué? ¿Por qué me arrebataron la vida? ¿Por qué no me permitieron llegar a la meta y ser un maestro rural? ¿Por qué no me dejaron ver crecer a mi hija, mi Melisa? ¿Por qué no me dejaron progresar junto a mi pequeña familia? No me resigno a no estar, a no disfrutar de la compañía de mi hija, mi esposa, mi madre y toda mi familia. Me siento impotente porque no solo desapareció mi cuerpo, me arrebataron mis ilusiones, mis sueños, mis esperanzas e ideales y todavía pregunto ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Si me faltaba tanto por hacer en este mundo, en esta vida. Si lo único que quería hacer era superarme, quería servir a los que como yo no teníamos tantas oportunidades, quería sobresalir, compartir con mi esposa esa profesión que tantas satisfacciones deja; también quería construir un futuro juntos. El ser maestro era mi ilusión más grande, el deseo ferviente de escuchar de la voz, de esas voces inocentes y sinceras, que sólo un niño puede decir “maestro” y sobre todo de escuchar de mi hija decirme con tanto amor “papá” y ya nunca podré jugar con ella. Tampoco la veré crecer, no guiaré sus pasos; quisiera gritar, exigir justicia ante mi muerte aunque sé que no me escuchan, pero sí puedo imaginar a mi familia sufriendo, a ti Marisa derramar muchas lágrimas, quizás esas lágrimas sean amargas en tu vida porque sé cuánto me amas al igual que yo a ustedes y no sabes cuánto deseo estar contigo y con nuestra ratita hermosa. Pero de lo que si estoy seguro es que tu dolor, bebé, será también tu fortaleza y coraje para no dejar mi muerte impune. También te pido que luches, que no claudiques, que no pares, que nadie ni nada te detenga para que se me haga justicia. Porque juntos, yo a tu lado aunque no me veas en cuerpo, lucharemos, porque mi muerte no haya sido en vano, que sea un testimonio de la impunidad en la que está sumido nuestro país. Por favor, mi amor, no desistas; lucha, persiste hasta el final, que nuestra hija sepa que sus padres son unos guerreros y nunca se dieron por vencidos. Bueno, ahora sé que tú me recordarás toda la vida y que le platicarás a nuestra hija lo mucho que nos amamos, lo felices que éramos cuando sabíamos de su existencia y cómo el día que nació todo fue tan especial que se guardará en mi mente y mi corazón. Por favor, dile a Melisa que su papi la quiso mucho, cuídala, dale amor como yo quería darle a chorros, dile que la amas como yo alguna vez te dije “te amo”, corresponde a sus preguntas y dile que por siempre yo la cuidaré desde el cielo y muéstrale todas la fotos que nos tomamos cuando estábamos llenos de amor. Por último, quiero decirte que a donde yo vaya tú y la bebé también irán, me las llevaré por siempre en mi corazón. Escucha la palabra de Dios, te invito, y allí encontrarás asilo para todo miedo y fuerza para tu debilidad, pase lo que pase aprieta el paso no agaches la mirada para que tus lindas lágrimas no caigan; te amaré eternamente, solo piénsame encomiéndate a Dios y ahí estaremos presentes en el mismo pensamiento. * Marisa Mendoza Cahuantzi es pareja de Julio Cesar Mondragón, quien fue torturado y ejecutado extrajudicialmente entre la noche y madrugadas del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Este texto hace referencia al onomástico de Julio César, quien cumpliría 23 años este 4 de junio. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad
Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad 15 de marzo de 2015 Por: Aarón Emmanuel Hernández Hernández Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), dentro del universo de los derechos humanos, son aquellos que están directamente ligados con el nivel de vida adecuado, es decir, con aquellas condiciones sustantivas que permiten a las personas vivir, en un sentido amplio, con tranquilidad y seguridad. En este grupo podemos encontrar los derechos a la vivienda, la alimentación, el medio ambiente sano, la salud, la educación, los laborales, al agua, la tierra y el territorio, así como los derechos culturales. Si bien los derechos civiles y políticos se consideran como la primera generación con relación a los DESCA (por el momento histórico en el que se da su reconocimiento), de ninguna forma podría decirse que los primeros son más importantes que los segundos o viceversa. ¿Quién se atrevería a afirmar que la libertad de expresión y la justicia son más importantes que la educación y la cultura? O que ¿sólo con cumplir con los derechos civiles y políticos ya se garantiza una democracia plena? En efecto, todos y cada uno de los derechos humanos son interdependientes e indivisibles entre sí, por lo que sería absurdo pensar en una jerarquización no sólo filosófica, sino material. Desafortunadamente, en la realidad, vemos que unos derechos se encuentran más violentados que otros y esto responde a la visión que tienen las instituciones gubernamentales sobre el bienestar y la dignidad de las personas. Desde el trabajo que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil, se denuncian continuamente las violaciones a los derechos humanos tanto civiles y políticos como a los DESCA; sin embargo, aunque ya hay toda una labor sobre vivienda, medio ambiente, salud, educación y laborales, ¿qué pasa con los derechos culturales? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) indica que los Estados parte reconocen los derechos culturales, los cuales considera que son: a) Participar de la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Los derechos culturales han sido fundamentales para la reivindicación de la identidad indígena y la defensa de los derechos de los pueblos, sin embargo y sin dejar de reconocer la importancia que tienen estas luchas, podríamos preguntarnos: ¿qué está pasando con el ejercicio de los derechos culturales de la población en general? Y, ¿cómo se viven en las comunidades rurales y urbanas no indígenas? Antes de contestar a lo anterior habría que definir a los derechos culturales y su contenido desde los estándares internacionales de derechos humanos y, sobre todo, verificar si las políticas culturales mexicanas están armonizadas con estos últimos. Si bien desde la antropología no existe un consenso sobre una definición de cultura (podría decirse que “todo es cultura”), en la Observación General 21 (OG21), del Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC), aunque no logra colocar una definición clara sobre ésta, sí la entiende como un “proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo que tiene un pasado, un presente y un futuro”. Por otra parte, la Declaración de Friburgo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), expresa que el “término cultura abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da su existencia y a su desarrollo”. Si tomamos en cuenta ambas definiciones, podemos decir que los símbolos, los signos, los significados, la cosmovisión, la identidad, etcétera, no son estáticos ni permanentes, si no que tienden a la transformación en el espacio y en el tiempo poniendo siempre en el centro la dignidad de las personas. Los símbolos patrios como el Himno, el Escudo y la Bandera nacionales son elementos identitarios del pueblo mexicano desde el ámbito institucional; sin embargo, existen otros elementos que, sin caer en el nacionalismo, forman parte de nuestro acervo cultural, como es el caso del maíz y el frijol, la tortilla, los templos prehispánicos, las tierras sagradas, las lenguas indígenas, la música, los rituales y las ceremonias; este acervo queda fuera del reconocimiento institucional que pudieran tener las bellas artes y las investigaciones científicas realizadas por las grandes instituciones culturales, pero no por ello pueden dejar de promoverse, protegerse, respetarse y garantizarse desde una visión de derechos humanos. En lo referente al derecho a participar de la vida cultural, la OG21 lo define como “el derecho a escoger su propia identidad, a participar de la vida política de la comunidad”. Es evidente en este derecho que para poder cumplirse es necesario el ejercicio de los derechos civiles y políticos, como la identidad individual, la participación ciudadana y política, la no discriminación, el derecho a decidir (en un amplio sentido), la libertad de expresión y de asociación, así como a la protesta social y el derecho a defender derechos humanos. Para participar de la vida cultural es necesaria la disponibilidad de bienes y servicios culturales como bibliotecas, museos, teatros, auditorios, salas y deportivos; espacios abiertos como parques, plazas, calles, avenidas; dones naturales como ríos, lagos, bosques, montañas, flora y fauna; y valores intangibles como símbolos, lenguas, memoria histórica y monumentos. Además de existir físicamente, deben ser accesibles económicamente, es decir, el ingreso económico no puede representar un obstáculo para hacer uso del espacio, bienes, servicios y los valores intangibles. También es necesario que las leyes, políticas y demás acciones estatales para el ejercicio de los derechos culturales sean aceptables para la población a través de consultas a las personas y las comunidades a fin de proteger la diversidad cultural. Dichas medidas gubernamentales deben de ser adaptables y flexibles con la finalidad
Un manual de investigación para defender derechos humanos
Un manual de investigación para defender derechos humanos El Centro Vitoria ha elaborado el Manual de Investigación para la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, con el objetivo de contribuir con herramientas metodológicas de investigación, documentación y análisis que puedan ser puestas en práctica por aquellas personas o movimientos sociales que deseen realizar sus propios diagnósticos o ejercicios de documentación y análisis sobre la situación de los derechos humanos en sus comunidades. 04 de marzo de de 2016 Por: Salomé Almaraz Reyes La dignidad en nuestras manos Luego de 13 años de realizar investigación y análisis sobre la situación de los derechos humanos en el país, el Centro Vitoria ha elaborado el Manual de Investigación para la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: Herramientas para la documentación y Análisis con perspectiva de derechos humanos. La primera parte del manual es una memoria de la experiencia de la organización en la elaboración de informes con perspectiva en derechos humanos (PDDHH), principalmente derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En los apartados consecutivos se presentan los conceptos básicos de la investigación y las perspectivas utilizadas a lo largo de estos años, tales como derechos humanos, pobreza, equidad de género, juventudes y No discriminación. Finalmente, se presenta un breve ABC en el estudio específico de seis derechos: alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente y derechos laborales. La objetivo del manual es contribuir con herramientas metodológicas de investigación, documentación y análisis, explicadas de forma accesible, para que puedan ser puestas en práctica por aquellas personas o movimientos sociales que deseen realizar sus propios diagnósticos o ejercicios de documentación y análisis sobre la situación de los derechos humanos en sus comunidades. Un hecho o fenómeno social generalmente es analizado desde diversos puntos de vista o incluso desde una simple descripción, pero el estudio desde la perspectiva de derechos humanos implica reconocer cómo esas acciones o sucesos se entrelazan con las obligaciones de garantizar, proteger, promover y respetar estos derechos que han adquirido los Estados, e identificar violaciones y problemáticas y quienes serían los responsables tanto de cometerlas cómo de resarcirlas y resolverlas, respectivamente. Una investigación y análisis con perspectiva de derechos humanos no sólo sirve para dar a conocer un hecho, también nos permite contar con información actualizada. Este tipo de ejercicios son una herramienta que promueve, defiende y difunde los derechos humanos. Su importancia radica en la aportación al estudio de la realidad social para identificar y dar cuenta de las necesidades a resolver en diferentes ámbitos, sobre todo para que éstas ya no existan. La perspectiva de derechos humanos permite: analizar políticas públicas y otros programas sociales, políticos o económicos y cómo impacta en la población; verificar si la legislación existente protege o violenta los derechos o, si es el caso, ni siquiera existe un marco normativo que de protección y garantía, y documentar situaciones y hechos donde el estado con su actuar u omisión esté incumpliendo sus obligaciones y violentando directamente derechos de las personas o comunidades. Al contar con este tipo de estudios se pueden identificar los vacíos o las fallas estructurales existentes, de tal modo que se examinan las posibles violaciones, avances o retrocesos que en materia de derechos humanos se llevan a cabo como consecuencia del actuar de las autoridades e instituciones gubernamentales. La información generada permite a las personas y comunidades afectadas crear e impulsar proyectos y programas sociales que atiendan las problemáticas inmediatas o estructurales que les impiden ver plenamente satisfechos sus derechos. Es decir, es una herramienta que puede impulsar procesos de empoderamiento, articulación y participación ciudadana. La investigación y análisis con perspectiva de derechos humanos es una herramienta de exigibilidad y defensa que nos da la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos, cómo exigirlos y a quienes dirigirnos para ello, al tiempo que avanzamos en la construcción e implementación de una política pública más justa y equitativa a partir de nuestra realidad social. Las herramientas de análisis, investigación, documentación y difusión de la defensa de los derechos humanos que las organizaciones no gubernamentales generamos, se basan en nuestra experiencia de acompañamiento de casos y monitoreo de la situación de los derechos humanos en México, con base a su vez en los instrumentos internacionales y el marco institucional interno. Sin embargo, estas herramientas son estériles si las personas, colectivos y pueblos no las usa, ya que las experiencias sistematizadas se hacen y rehacen a partir de que otras luchas se las apropian, las adecuan a sus contextos y vuelven a sistematizar para compartir con otras personas y colectivos. Es un proceso constante de defensa y promoción de derechos humanos. * Salomé Almaraz Reyes es colaboradora del Área de Investigación del Centro Vitoria. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Centro Vitoria Entradas relacionadas: Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedo a su suerte) Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia La amenaza del fracking Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes Juventudes alzan la voz por una vida digna Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala
Obstáculos a la transparencia
Obstáculos a la transparencia 01 de marzo de 2015 Por: Miguel Concha La reciente discusión en el Senado sobre la ley secundaria que da forma a la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, aprobada apenas el año pasado, ha generado preocupación e incertidumbre. Sorprende la rapidez con que los titulares del Banco de México y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República han intervenido para colocar candados en algunos rubros sensibles para labores de seguridad y estabilidad económica. Esta situación hizo que se propusieran poco más de 80 modificaciones al proyecto de dictamen, sobre todo impulsadas por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México. De esta forma intentan echar por tierra el trabajo de cientos de horas de organizaciones profesionales de la sociedad civil, expertos en la materia, periodistas y la participación del propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Los 10 puntos argumentados por el Ifai contra tal intento hacen énfasis en la participación plena de órganos autónomos garantes en casos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y evitar con ello que haya alguna aprobación previa de “autoridad competente”, pues eso se ve como una limitación importante que revierte el avance logrado en esta materia. En este mismo sentido se pide que se haga una mayor definición en lo que se refiere a las reservas de la información por razones de seguridad nacional, y a lo que ahora se pretende añadir subrepticiamente acerca de la estabilidad económica, financiera y monetaria, lo que nos impediría entre otras cosas, por ejemplo, conocer los convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con algunos de los grandes contribuyentes morosos y omisos, y sobre todo la situación y el manejo que se haga del fondo del petróleo. Por experiencia, en años anteriores ha resultado muy vago invocar la seguridad nacional para no responder positivamente a las demandas de información por parte de la ciudadanía, pues en realidad mucha de esa seguridad se refiere sobre todo a la seguridad de las instituciones del Estado, e incluso del régimen, y no a la seguridad de las personas y sus derechos humanos. En razón de esto, se hace urgente que el debate de esta ley secundaria lleve a la construcción colectiva y consensuada de parámetros razonables que no restrinjan el derecho de acceso a la información, pues de lo contrario estaremos frente a un retroceso más de los varios que ahora se pretende legalizar, como es también el caso, por ejemplo, del sistema nacional contra la corrupción. Resulta paradójico que, después de lograda en 2014 una reforma constitucional casi por unanimidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, relevante y aplaudida por diversos grupos políticos, académicos y sociales, ahora lleguemos a un debate nuevamente desde cero. En este sentido, y frente a la crisis de derechos humanos que vive el país, avanzar en materia de combate a la corrupción es urgente. El acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas son en esto piedra angular en este cometido. Y por lo que se refiere al mismo órgano garante de este derecho de acceso a la información, se ha hecho público que para este año el Ifai recibió un incremento de más de 40 por ciento en sus presupuestos con respecto del año anterior. Sin embargo, y de acuerdo con investigaciones periodísticas, se conoce que, a propósito de la reforma anterior, el gasto del nuevo Ifai nos deja nuevamente en zozobra con relación al diseño, implantación y gestión de las instituciones garantes, pues el costo por la garantía de nuestros derechos, en este caso los referidos a la transparencia y el acceso a la información, sigue siendo muy elevado. La legitimidad de las instituciones, en efecto, no radica sólo en el buen diseño de su andamiaje legal, lo cual desde luego ahora es importantísimo a propósito de la ley secundaria, sino también en la austeridad, efectiva gestión y eficiencia en el uso de los recursos, lo que no nos cambiaría la fórmula de “más garantías de derechos con menos costo al erario público”. Así como que el gasto sea mejor distribuido sobre todo entre quienes menos tienen en nuestro país. *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Octavio Gómez Entradas relacionadas: Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán México ante el escrutinio internacional Educación, resistencia y derechos humanos Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos Contra el tratado de asociación transpacífico Restricción y suspensión de derechos y garantías en México Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas
Ayotzinapa: insuficientes consignaciones
Ayotzinapa: insuficientes consignaciones 01 de febrero de 2015 Por: Miguel Concha Con premura y exasperación, el gobierno federal pretendió dar por concluida la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Con base en consignaciones dudosas y con endebles pruebas científicas, quiso dar carpetazo a la crisis de derechos humanos que vive el país. Pero tal y como nos lo recuerdan día a día los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos, el caso Ayotzinapa aún no está resuelto. La tríada de verdad, justicia y reparación, que debe generarse ante casos de esta magnitud, no ha sido satisfecha. Quienes quisieran ver a las familias resignadas ante la verdad oficial, deberían analizar con más calma los huecos que aún presenta ésta, así como los pendientes no resueltos en el ámbito de la procuración de justicia. El Estado mexicano no ha logrado detener a la totalidad de las personas que conforme a su teoría del caso habrían participado en los hechos. Tan sólo en cuanto a los supuestos autores materiales han sido detenidas únicamente cuatro de las 15 personas presuntamente involucradas. Continúan prófugos, además, funcionarios de Iguala y de Cocula, así como integrantes del grupo delictivo que operaba en la zona, si es que la distinción entre unos y otros puede a estas alturas considerarse válida. Por otro lado, la verdad no se ha esclarecido. Además de las serias dudas que hay sobre la hipótesis oficial, ¿cómo se explica en la narrativa oficial el cruento homicidio de Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado en las inmediaciones de Iguala? Este crimen, esencial para conocer la verdad, no ha sido aclarado. En este mismo orden de ideas, los científicos independientes comienzan a encontrar inconsistencias en la versión de la Procuraduría. Han trascendido serios cuestionamientos sobre la factibilidad científica de la hipótesis oficial. Sólo la ciencia independiente podrá responder los cuestionamientos que hoy legítimamente se expresan. De ahí que siga siendo imprescindible la participación plena del Equipo Argentino de Antropología Forense en toda la indagatoria. Tampoco puede soslayarse que el propio encuadre jurídico de lo ocurrido presenta muy graves falencias: no hay, hasta el día de hoy, un solo proceso penal iniciado por el delito de desaparición. Con ello se pretende diluir la responsabilidad estatal que con precisión fue señalada por los miles de mexicanos y mexicanas que salieron a las calles bajo la consigna: “Fue el Estado”. Los normalistas no fueron secuestrados, fueron desaparecidos. La diferencia es esencial: mientras que en el secuestro supone una privación transitoria de la libertad que persigue comúnmente un propósito, en la desaparición forzada el propósito es la desaparición misma. El secuestro es un crimen execrable de naturaleza fundamentalmente económica, tipificado en la ley penal; la desaparición, además de ser un delito igualmente aborrecible, es una violación grave a los derechos humanos de naturaleza esencialmente política, sancionada por los códigos penales, pero también por los tratados internacionales. Las recientes denuncias de los padres y de las madres apuntan a que la deficiente caracterización legal de los hechos es una responsabilidad compartida entre la Procuraduría General de la República y los jueces federales. Por medio de su representante, Vidulfo Rosales –abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, por quien debemos velar desde la sociedad, pues no son pocos los riesgos que enfrenta–, los familiares de los normalistas han denunciado que aunque el ministerio público federal ejercitó acción penal por el delito de desaparición forzada, un juez federal se negó a emitir las correspondientes órdenes de aprehensión, bajo argumentos que evidencian una profunda incomprensión de la naturaleza jurídica de la desaparición forzada. Esta denuncia confirma que la impunidad es causada por la negligencia de los tres poderes, y debería poner en la agenda pública el debate sobre el papel de los poderes judiciales frente a la desaparición forzada y las violaciones graves a derechos humanos en el México actual (tema sobre el cual sería deseable que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviese un posicionamiento más comprometido). Ante estas fragilidades de la investigación, no sorprende que los familiares demanden la apertura de los cuarteles militares. Es cierto que no es dable pensar que a cuatro meses de los hechos podría encontrarse evidencia en las opacas instalaciones castrenses. Pero es igualmente cierto que no se puede apelar a que los familiares crean a pie juntillas la versión militar, no sólo por el historial de violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas, sino también porque trabajos periodísticos han develado que el 27 Batallón de Infantería tenía información al menos desde 2013 de la captura de las policías municipales de Iguala y Cocula bajo el poder de Guerreros Unidos. Por todas estas razones, las consignaciones que hasta ahora se han anunciado son insuficientes. La gravedad de los hechos es tal, que la inminente instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas que brindarán asistencia técnica se vuelve fundamental: la verificación independiente y rigurosa que realicen sobre la investigación es la mejor garantía para que las familias alcancen verdad y justicia. Entre tanto, sigue siendo legítima la lucha que han emprendido los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Uriel López Entradas relacionadas: La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Obstáculos a la transparencia Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán Restricción y suspensión de derechos y garantías en México Contra el tratado de asociación transpacífico Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad Educación, resistencia y derechos humanos México ante el escrutinio internacional
La “victimización” del Estado y la defensa de los derechos humanos
La “victimización” del Estado y la defensa de los derechos humanos 18 de enero de 2015 Por: Melissa Vértiz Hernández De acuerdo con información publicada el 22 de diciembre de 2014 en medios y redes sociales, después de 3 años de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) entrega información desclasificada, en donde se demuestra la participación de la Policía Municipal en el secuestro y ejecución de migrantes de Centro y Suramérica en 2011. Esta situación se da después de la negativa, tanto del gobierno estatal como del federal, con respecto de la participación de autoridades en estos hechos, argumentando actos realizados por grupos organizados. Esto contrasta con la insistencia, desde esa fecha, por parte de sociedad civil y de organizaciones internacionales no gubernamentales defensoras de derechos humanos sobre la participación y/o anuencia de las autoridades para llevar a cabo estos hechos. Esta situación es botón de muestra de la impunidad, la corrupción y el desvío de poder que existen en México, pero sobre todo es un golpe contundente a la postura y al discurso oficial del gobierno mexicano de colocarse en un papel de víctima frente a este tipo de actos, realizados por el crimen organizado con su anuencia, sobre todo en lo que hace a ejecuciones y/o secuestros de personas migrantes. Recordemos también a heridos, ejecutados y desaparecidos de Iguala, Guerrero, y la clara participación del Estado en hostigamientos y asesinatos en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, hemos insistido en diferentes foros y espacios de incidencia política, sobre el vínculo que existe entre autoridades de diversos niveles con el crimen organizado, creándose así un ambiente de impunidad y corrupción, al parecer interminable, pues tampoco el sistema judicial mexicano contribuye a que las personas responsables de estos actos, sean autoridades o no, sean llevados ante la justicia. Son nulos los mensajes y acciones que permitan vislumbrar que las obligaciones del Estado al derecho a la verdad, tanto a familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, como a la sociedad en general, la reparación del daño y sobre todo las garantías de no repetición puedan ser una realidad en este país. Algo que es preocupante del mensaje de Enrique Peña Nieto, a propósito de su visita a Estados Unidos en días pasados, es el agradecimiento que da al mandatario del país vecino para seguir trabajando en materia de seguridad y combatir al crimen organizado, inclusive atreviéndose a mantener un compromiso de “mayor control en la frontera Sur del país mexicano para tener una migración ordenada y controlada”. En la práctica esto no es algo nuevo, estas acciones han tenido como resultado, entre otras cosas, abusos y violaciones a derechos humanos en contra de personas tanto mexicanas como migrantes internacionales, principalmente de Centroamérica, quienes han sido víctimas de ejecuciones, desapariciones y un interminable listado de violaciones a sus derechos humanos. En este contexto es importante recordarle a la sociedad, y sobre todo al gobierno mexicano en sus tres poderes y niveles de gobierno, cuestiones tan fundamentales en materia de derechos humanos como son los compromisos internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los cuestionamientos que como sociedad debemos hacernos justamente deben ir en este sentido, saber si el gobierno de México está cumpliendo con estas obligaciones o, por el contrario, está siendo rebasado por la propia sociedad civil, la cual genera las condiciones para ejercer sus derechos, y que ha creado y construido sus propios mecanismos de defensa y promoción de los derechos humanos. Finalmente, es necesario reflexionar sobre la importancia de apostarle a construir y, en su caso, fortalecer procesos organizativos que permitan generar cambios verdaderos tanto en las instituciones como en la vida política y pública de nuestro país. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: M-x Entradas relacionadas: Ayotzinapa: insuficientes consignaciones Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Obstáculos a la transparencia Contra el tratado de asociación transpacífico Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán Educación, resistencia y derechos humanos Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad Restricción y suspensión de derechos y garantías en México Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos
Vicisitudes para 2015
Vicisitudes para 2015 Para este 2015, lo más urgente es construir un movimiento amplio, lejos de liderazgos viejos o individualistas, que dé cauce a las demandas y asuntos pendientes, y que corte de raíz lo que produce esta cadena interminable de violaciones a derechos humanos. 07 de enero de de 2016 Por: Carlos Ventura La dignidad en nuestras manos México experimenta una profunda crisis de derechos humanos. Esta frase y otras parecidas las escuchamos fuertemente en los últimos meses. Los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, arreciaron los reclamos hacia el actual régimen. Ahora, al inicio de 2015, el apoyo a las familias de los normalistas desaparecidos, ejecutados arbitrariamente o torturados deberá ser irrestricto de parte de la sociedad nacional e internacional y solidificarse aún más; las exigencias, no deben cesar. Aunado a la demanda amplia de presentación con vida de los 42 jóvenes normalistas, la reparación integral del daño y garantías efectivas de no repetición, como sociedad civil también estamos en alerta sobre algunos asuntos que muchas organizaciones defensoras de derechos humanos identificamos como parte de nuestras agendas, y prestos para incidir, construir, revertir o transformar las propuestas de los gobiernos, según sea el caso. Apremia la construcción de agendas y alianzas estratégicas que nos lancen a la transformación de los contextos de muerte, desigualdad e injusticia. En adelante, comparto sólo algunos de ellos. Uno que causó y causará tensiones entre las personas, comunidades y gobiernos es lo referente al derecho a la protesta social. El año pasado, en el mes de octubre, diversas organizaciones denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la perversa estrategia que el Estado mexicano implementa para criminalizar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y la protesta social. Durante la primera semana de diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados hizo oídos sordos a lo que aconteció en Washington y aprobaron reformas al artículo 11 constitucional, según ellos, para garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos. En razón de ello, la sociedad civil estará atenta a la ley que reglamentará dicha reforma. Ahora es necesaria la aprobación del Senado, pero igualmente la expedición de una Ley General de Movilidad, que corre el riesgo de albergar artículos que censuren y limiten las protestas, e incluso faculten a los cuerpos de seguridad para impedirlas o detener a manifestantes. Este es un tema de primera importancia. El espacio público para este 2015 debe ser concebido no sólo como lugar para el tránsito de automóviles, sino también como un lugar de debate político, donde se da visibilidad a los problemas que aquejan a las comunidades, y como un espacio que le pertenece a las y los ciudadanos. El 2014 no fue excepción en cuanto al uso del derecho penal para inhibir la labor de activistas, miembros de movimientos sociales y defensores de sus comunidades. En este año es fundamental la demanda y el fortalecimiento del trabajo colectivo para liberar a todos los presos políticos, quienes son recluidos en penales por delitos que jamás cometieron. Tal es el caso de Mario Luna y Fernando Jiménez, miembros de la Tribu Yaqui, por oponerse al despojo de sus bien naturales. Asimismo, Juan Carlos Flores, quien fue detenido a causa de su férrea oposición a la Gasoducto Morelos, y quien se dio a la tarea de acompañar en su lucha a las comunidades afectadas por la imposición de este megaproyecto. Nestora Salgado y los presos de las Policías Comunitarias, quienes fueron acusados de delitos federales como secuestro y delincuencia organizada, y encarcelados en penales de máxima seguridad. Los presos cholultecas: Adán Xicale Huitle, Paul Xicale, Albino Tlachi Valencia y Primo Manuel Tlachi, quienes son criminalizados a causa de su defensa del territorio, en San Andrés Cholula, Puebla. Asimismo, es necesario que se libere a Enrique Guerrero Aviña, joven universitario torturado, detenido arbitrariamente y preso injustificadamente en el penal de Puente Grande, Jalisco. Y así, otras tantas personas defensoras de sus derechos, que ahora deben enfrentar el duro flagelo del sistema penal en México. En este mismo terreno. Se hace urgente que para este año las juventudes criminalizadas en el marco de las protestas por Ayotzinapa, las del 8 y 20 de noviembre, así como las del 1 de diciembre, vean ya cerrados sus casos. Las organizaciones que hemos acompañado a algunos de ellos hacemos lo que está nuestro alcance para que se les declare inocentes. Sin embargo, los procesos penales siguen sin razón alguna. No entendemos por qué la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se empeña en sostener procesos que nada tienen de ciertos. El régimen sabe que inculpa a personas inocentes por hechos violentos que él mismo provoca. Esto es más que evidente hoy día. Otro tema, y que atañe directamente a defensoras y defensores de derechos humanos, es revertir la ola de ataques hacia su trabajo. Urge que se fortalezcan los mecanismos con los que cuenta el gobierno federal para atender casos de personas defensoras en riesgo. De igual manera, se requiere que los gobiernos locales implementen mecanismos de protección para defensores y periodistas. Esperamos que este año, por ejemplo, el Gobierno del Distrito Federal expida laLey para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal en consenso con la Asamblea Legislativa, pero con la participación plena de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas de esta ciudad. Y ya que hablamos de la Ciudad de México. Debemos recordar que el Senado se negó a aprobar la reforma política del Distrito Federal, lo cual implica generar una constitución exclusiva para esta Ciudad. De esta manera se convertirá en la entidad federativa número 32. Los meses que vienen son clave para que las personas que habitamos el DF participemos en la expedición de una Constitución que verdaderamente reconozca nuestros derechos humanos. Un pendiente que, de cumplirse, sería histórico en este 2015. El año pasado fue el año de las reformas estructurales del gobierno. A pesar
Memoria de las jornadas por los derechos culturales de las juventudes en el Distrito Federal
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»] La actual criminalización de las juventudes a partir de su participación en la vida pública, social, económica y política en la Ciudad de México, aunado a la ola de violencia derivada de la inseguridad, la corrupción, el crimen organizado y las violaciones a los derechos humanos; han generado una fuerte ruptura del tejido social, haciendo cada vez más necesario el análisis de las políticas públicas en la ciudad, respondiendo a diversas interrogantes como la conceptualización que las autoridades locales tienen del derecho a la cultura, si tienen un enfoque de derechos humanos, si las acciones emprendidas a favor de la vigencia de los derechos culturales de las juventudes responden a estándares internaciones, pero sobre todo saber cómo viven las y los jóvenes este derecho en su vida cotidiana y como esto promueve la ciudadanía y la construcción por la paz. En este sentido en el año 2014, el Centro Vitoria promovió espacios de intercambio y análisis sobre la situación de los Derechos Culturales de las Juventudes que habitan y transitan en el Distrito Federal, en voz de jóvenes que trabajan desde diversos espacios en la transformación de estas miradas y de las acciones dirigidas desde las instituciones a favor de las juventudes y el ejercicio de sus derechos culturales. En el Centro Vitoria estamos convencidas y convencidos que el derecho a la cultura juega un papel importante en el desarrollo de mujeres y hombres, pero sobre todo en la generación y regeneración del tejido social, en las formas de organización comunitaria y en la construcción de identidades; es entonces el ejercicio de los derechos culturales un elemento vital para la construcción de la paz y la creación de nuevas formas de convivencia, especialmente para las personas jóvenes que viven y transitan en Distrito Federal. Esperamos que esta compilación, tanto de ponencias como de relatorías de estos espacios contribuya al cuestionamiento pero sobre todo a la construcción de propuestas a favor del goce y disfrute de los derechos humanos, respondiendo a principios como la integralidad, la progresividad y la interdependencia de los mismos. [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1m-LXks0vdtxJZoNIjscbOUPYplD8D9PZ/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″ button_alignment=»center»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Manual sobre justiciabilidad y exigibilidad del derecho humano a la alimentación adecuada
El Manual de Exigibilidad y Justiciabilidad del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada es una herramienta que proporciona el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C. a movimientos sociales y a organizaciones de derechos humanos; pero sobre todo a personas que por diversas razones deben emprender acciones para defender este derecho humano. Las personas que colaboramos en la organización estamos convencidas de que las estrategias para la defensa y promoción de los derechos humanos son diversas; que responden al alcance que se quiere tener de las mismas, pero también de los recursos, no sólo financieros, sino también políticos que se tengan. La lucha para que los derechos humanos sean una realidad, se da en las instancias de procuración de justicia, aunque también en otros espacios, como son los organismos públicos de derechos humanos, los medios de comunicación, y en acciones que permiten ejercer el derecho a la protesta social, como son las movilizaciones. La apuesta de la organización es contribuir al fortalecimiento de los procesos organizativos; compartir herramientas legales específicas para la defensa y exigibilidad de los derechos, y compartir experiencias no jurisdiccionales que han ayudado a la organización a elevar el tema de las violaciones a los DESCA a un terreno político y de opinión pública.
