Tenemos conocimiento del esfuerzo que, desde el COTIC y la comunidad de Cuetzalan, se ha realizado para frenar la instalación de la Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán II-Tajín, que, lejos de beneficiarlas, afectaría a las comunidades aledañas a Cuetzalan, a su medio ambiente, a su modo de vida y viola los derechos que como pueblos indígenas tienen. Sabemos que las personas indiciadas han defendido sus territorios y bienes frente al megaproyecto impulsado por CFE, a través del Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio, por lo que consideramos que no existen motivos para que se haya interpuesto una demanda hacia las y los compañeros; de modo entendemos este acto como una forma de criminalización e intimidación hacia el COTIC.

Como Centro Vitoria, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y de los pueblos, nos unimos a la denuncia en contra de este intento de judicialización del trabajo que realizan personas defensoras al derecho a la tierra y al territorio frente a los megaproyectos que sólo benefician a intereses particulares de empresas, que ahora ven en la Sierra Norte de Puebla un lugar para despojar a las comunidades y explotar sus territorios. Asimismo, hemos constatado el modo de operar de la CFE que, usando el derecho penal, busca inhibir el ejercicio de defensa de derechos humanos, como ahora lo vemos en este y otros casos.  

Esto es particularmente grave en medio de un contexto en el que hay cientos de conflictos generados por intereses privados de corporaciones, tanto nacionales como transnacionales, que buscan transgredir los territorios de pueblos y comunidades, afectando y agravando la crisis de derechos humanos y el despojo de los bienes comunes en el país.

Reafirmamos nuestra solidaridad con las y los compañeros de COTIC y de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske. Exigimos a la autoridades detener la criminalización contra estas organizaciones y contra las personas defensoras al derecho a la tierra y el territorio en la Sierra Norte de Puebla. El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho humano que tienen las personas a organizarse, defender y conservar sus territorios.

Atentamente

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.