La Batalla del Volcán
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] México intenta ahora iniciar un proceso de “pacificación”, no en las mismas condiciones de la guerra civil salvadoreña, pero sí teniendo en común una espiral de violencia que parece interminable. Casos como el salvadoreño nos comparten pistas de lo que no se debe volver a repetir: legitimar y legalizar regímenes militares, ni mucho menos usar la fuerza del Estado en contra de su propia población. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 14 de octubre de 2018 Por: Carlos A. Ventura* América Latina y el Caribe cuenta, por desgracia, con historias de dolor y represión. Se cuentan además errores y acciones de gobierno en el uso de modelos de seguridad de corte militarista; con ello se ha violentado la dignidad de las personas y sus derechos humanos. Esto lo podemos constatar nada más con revisar la última mitad del siglo veinte. El uso de lo que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional hizo que miles de personas fueran ejecutadas, violentadas, y se arrastren secuelas e impactos profundos, después de décadas, en las vidas e historias de las personas y de la sociedad en general. En particular Centroamérica, mayormente en la década de los ochenta, enfrentó momentos de conflictos violentos, donde el Estado usó toda su maquinaria militar para exterminar a quienes se oponían al régimen autoritario y opresor que se imponía. Así sucedió en El Salvador, donde el proceso de búsqueda de justicia y libertad que emprendió, por ejemplo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) duró más de una década. Hoy sabemos ampliamente que la injusticia que enfrentaba el pueblo salvadoreño también se combatió con la postura revolucionaria que exigía, de distintas y legítimas maneras, un cambio de raíz. Para el año de 1989, ya había transcurrido casi una década de conflicto. Es precisamente esta etapa de la historia, que aborda con detalle el documental “La Batalla del Volcán” (2018), presentado en el marco del Festival DocsMx 2018. Se trata de un largometraje, dirigido por Julio López, que nos acerca a la voz de aquellas y aquellos que fueron parte de uno de los momentos más álgidos del conflicto salvadoreño: la ofensiva hasta el tope. El documental nos plantea la importante labor de hacer memoria histórica. Entendida ésta como la que emerge desde las historias de las y los de abajo, de aquellas y aquellos que fueron perseguidos, criminalizados, vilipendiados, y, por muchos intentos, quisieron borrarles de la memoria oficial (la que construyen desde el status quo). Sin embargo, y para nuestra fortuna, documentales como este se esfuerzan en traer a nuestra memoria personal, las memorias directas de aquellas personas protagonistas de episodios de liberación para los pueblos oprimidos. Por otro lado, deja constancia de lo que enfrentaron pueblos enteros para avanzar en la lucha por la justicia y el respeto de sus derechos. Así también, nos invita a reflexionar sobre lo que suscita el paso de los años, y cómo se enfrentan los recuerdos, reconociendo que preponderó en la historia un relato de resistencia y esperanza compartida en otros mundos posibles, y no el fatalismo y la derrota que muy seguramente es conveniente para unos cuantos. Incluso nos pide atender lo que allí se plasma, para no repetirlo, y también para concientizar más que somos producto de muchas décadas atrás de procesos de búsqueda de justicia, por lo menos desde la segunda mitad del siglo pasado, y los primeros lustros del veintiuno. Así, a través del documental, conocemos un reservorio de fuerza moral para alimentar la esperanza en la crisis multidimensional de nuestro inicio de siglo. Valga la mención de la cercana canonización del Arzobispo de El Salvador, Mons. Óscar Arnulfo Romero, quien en el año de 1980 fue asesinado por el régimen autoritario que gobernaba ese país, debido a su postura firme a favor de los derechos humanos y la denuncia de la injusticia. Tal como sucedió también con los mártires de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el año de 1989. Qué importante para la memoria histórica, pero sobre todo para la vigencia de los derechos humanos, contar con testimonios de este tipo. Me explico. México intenta ahora iniciar un proceso de “pacificación”, un tipo de “cese a la guerra”, muy seguramente no en las mismas condiciones de la guerra civil salvadoreña, pero sí teniendo en común una espiral de violencia que parece interminable. Lo cierto es que casos como el salvadoreño nos comparten pistas de lo que no se debe volver a repetir: legitimar y legalizar regímenes militares, ni mucho menos usar la fuerza del Estado en contra de su propia población. Una lección más: la importancia de atender efectivamente procesos de construcción de Paz, de Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y Atención a la Víctimas y las necesarias Garantías de No Repetición, que llevan tiempo, y se enfrentan a intentos de regresión y obstaculización. El caso salvadoreño es ejemplo de esos pueblos que pasaron de un conflicto a un estado de posconflicto, buscando en todo momento revertir las causas estructurales que les llevaron a esos niveles de violencia. ¿Se logró esto? Lo que sí sabemos es que los procesos de liberación, acceso a la justicia y construcción de paz pasan por etapas de largo tiempo. Para El Salvador todavía existen muchos pendientes desde la firma de sus Acuerdos de Paz; para México, toca avanzar en el camino que debemos seguir para hallar la verdad y la justicia. En América Latina y el Caribe, vale decir: seguir organizándose social y políticamente para hacer real la vigencia y centralidad de los derechos humanos, frente al avance de grupos que, a su particular manera, atentan contra la vida y dignidad de personas y pueblos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Carlos A. Ventura Callejas es Coordinador General del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C. (@CDHVitoria). Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Francisco Chico Campos [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Documenta #19s: una narrativa no oficial del sismo
Fotografía: Fernando Escobedo| A un año del 19S no podemos abordar el sismo solo como un fenómeno natural, sino también como un conjunto de procesos sociales y políticos, cuyos efectos se pueden controlar, ya que son el resultado de las fallas e irregularidades del Estado que derivan en violaciones a derechos humanos. 18 de septiembre de 2018 Por: Adèle Lepoutre y Carlos A. Ventura Callejas* La dignidad en nuestras manos A casi un año del sismo, se presentó el informe ciudadano elaborado por Documenta Desde Abajo, que nos proporciona información detallada sobre violaciones y afectaciones a derechos humanos sufridos por las personas damnificadas. Este trabajo colectivo está integrado por más de 40 brigadas formadas por 120 estudiantes y docentes de diversas universidades, así como de colectivos y organizaciones de derechos humanos, y ha dado como resultado este informe que documenta las afectaciones a derechos humanos que sufrieron y siguen padeciendo las personas damnificadas, e identifica las fallas y responsabilidades en materia de derechos humanos del Estado. A un año del sismo, si bien las autoridades publicaron un censo sobre las afectaciones a edificios, este no retrata los daños sufridos por las personas, por lo que es imprescindible recabar información de forma independiente para identificar esos daños en términos de derechos y responsabilidad, para permitir así a las personas damnificadas exigir justicia, así como el respeto y garantía de sus derechos. En las primeras etapas de la emergencia, el Estado es responsable por la ausencia de una política adecuada de vivienda temporal: se abrieron menos albergues oficiales que campamentos civiles, y los albergues oficiales cerraron más rápido y en mayor proporción. Para el 14 de octubre, solo quedaban 14 albergues oficiales abiertos, de los 48 iniciales. Por múltiples razones como la larga duración de los procesos de reconstrucción o la insuficiencia de los tres mil pesos mensuales otorgados a personas damnificadas, el cierre prematuro de albergues dejó a las personas desalojadas sin estancia temporal, afectando así su derecho a una vivienda digna. También cabe destacar los altos porcentajes de abusos e irregularidades por parte de las autoridades en albergues y campamentos, así como la inexistencia de políticas específicas para atender a poblaciones más vulnerables : infancias, mujeres, comunidades indígenas, entre otras. Las afectaciones no fueron únicamente patrimoniales: las personas siguen padeciendo daños físicos, psicológicos y psicosociales, o con relación al trabajo, la vivienda, el acceso a servicios públicos y a la justicia. Más del 50% de las personas entrevistadas siguen sufriendo afectaciones psicológicas. El sismo también ha resultado en un empobrecimiento generalizado de las y los damnificados: además del aumento de los gastos del hogar por las necesidades de vivienda temporal, casi el 20% de los entrevistados reportaron que el jefe o jefa de hogar perdió su empleo después del sismo. Un 98% de las personas entrevistadas declararon problemas o irregularidades por parte de las autoridades en relación a sus obligaciones de demoler o reconstruir. El Estado no proporcionó información transparente y precisa sobre las evaluaciones técnicas del estado de los inmuebles, o las condiciones para acceder a medidas de demolición y reconstrucción. Muy a menudo las autoridades “brillaron por su ausencia”, por ejemplo en las labores de búsqueda y rescate (22% de las personas encuestadas refirieron esto), el resguardo de objetos (96%) y el anuncio de decisiones sobre reconstrucción (85%). También se pone énfasis en las desigualdades de tratamiento que enfrentaron las personas damnificadas según su origen geográfico y socioeconómico, ya que en las delegaciones más pobres y periféricas, se denunció mayor ausencia de autoridades delegacionales, mayores problemas con los autoridades centrales por falta de apoyo, y menor provisión de servicios básicos que las delegaciones menos pobres: una vez más, la justicia es selectiva. En conclusión, y con base en el informe de Documenta Desde Abajo, creemos que no podemos mirar y abordar el desastre del sismo como un fenómeno únicamente natural, sino también como un conjunto de procesos sociales y políticos: un desastre no se puede detener, pero sus efectos se pueden controlar, ya que son el resultado de ausencias, fallas e irregularidades del Estado que desembocan en violaciones y afectaciones a derechos humanos. Frente a la acción fallida de las autoridades estatales ; la sociedad civil se movilizó en las labores de rescate, resguardo de objetos personales, atención a afectaciones psicosociales, acopio, donaciones, entre otras. Cabe destacar que la población demostró una fuerte capacidad a auto-convocarse y organizarse ; no sólo para cubrir las necesidades más urgentes, sino sobre todo en caso de las personas damnificadas, para construir una organización colectiva y exigir el cumplimiento de sus derechos. Se conformó por ejemplo la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que hoy en día sigue teniendo asambleas desde hace casi un año, empujando para que el Estado asuma su responsabilidad y proteja sus derechos. A un año del sismo, ¿qué sigue?; Numerosos grupos de damnificados siguen sufriendo afectaciones a sus derechos humanos, y el Estado debe de proporcionarles el restablecimiento de sus derechos, así como garantizar la no repetición de afectaciones que no pudieron ser evitadas. Sin embargo, no debemos de pensar que esa lucha solo es de ellas y ellos, como damnificados, el informe Contra el desamparo del Estado: Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de las personas damnificadas por el sismo 19S nos permite entender que las consecuencias desastrosas del sismo en cierta medida se pueden evitar, ya que resultan también del no cumplimiento por el Estado de sus obligaciones jurídicas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y desastres. Es imprescindible, por tanto, exigir que las autoridades estatales hagan lo necesario para que en caso que suceda un nuevo desastre, no suframos los mismos daños. El informe enfatiza por ello recomendaciones concretas en base a las normas internacionales y nacionales, que pueden servir de fundamento sólido a nuestras reivindicaciones de derechos: Prevención: reducción de las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad socio-económica, con evaluación de riesgos y protección de los derechos económicos y sociales. Protección y garantía de derechos durante la emergencia: adopción de protocolos de rescate, dictaminación y demolición, políticas de
La Alerta de Violencia de Género para CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Fotografía: Esx Queso | Indudablemente existen avances jurídicos en materia de derechos de las mujeres en Ciudad de México, sin embargo, la falta de reconocimiento de este tipo de violencia y/o la obstaculización de la justicia se convierte en una violación a nuestros derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 30 de enero de 2018 Por: Zuleyma Edaín Ramos Valdez La dignidad en nuestras manos De acuerdo con informes realizados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ciudad de México es una entidad con un alto índice de violencia feminicida. Para muchas mujeres el temor de salir a las calles se entremezcla con la rabia que provoca la impunidad cuando un caso de feminicidio trata de acceder a la justicia, pues a pesar de que han pasado más de seis años desde que se tipificó el feminicidio como un delito autónomo, considerando las razones de género para su acreditación, existe una fuerte resistencia para reconocerlo. Indudablemente existen avances jurídicos en materia de derechos de las mujeres en Ciudad de México, sin embargo, la falta de reconocimiento de este tipo de violencia y/o la obstaculización de la justicia se convierte en una violación a nuestros derechos humanos. Es así como la violencia feminicida se relaciona directamente con la violencia institucional, cuando el acceso a la justicia para las mujeres en este tipo de delitos se convierte en mero discurso político. Quienes operan la justicia se niegan a iniciar investigaciones desde la hipótesis de feminicidio, como fue en el caso de Lesvy Berlín, a quien acusaron de haberse suicidado, aún con las contradicciones en el testimonio de Jorge Luis, su novio. Se niegan también a considerar acreditadas las razones de género durante el desarrollo de las investigaciones, así como en los casos que llegan ante el Poder Judicial. De igual manera se niegan a reconocer el feminicidio cuando la defensa de la víctima comprueba los hechos, porque quienes operan la justicia se encargan de encubrir cada una de sus anteriores fallas. Tal hecho nos lleva a identificar que en un periodo de 4 años, de 2012 a 2016, solamente se han reconocido 260 feminicidios, cuando tan solo en un año de 2015 a 2016, hubo 221 asesinatos de mujeres. Ante la falta de compromiso de quienes operan la justicia y con el propósito de que las mujeres y las niñas ejerzamos nuestro derecho a la Vida Libre de Violencia, en septiembre del año pasado las organizaciones civiles Justicia Pro Persona, A.C, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C, solicitamos al gobierno de Ciudad de México la declaración de la Alerta de Violencia de Género. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia menciona que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad (art. 22). Por su parte la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal entiende por violencia feminicida toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres (art. 6 numeral VII). En los últimos años al respecto de estos puntos, ha tomado importancia sostener que las mujeres tenemos derecho a una Vida Libre de Violencia, sin embargo, pareciera que en Ciudad de México quienes la gestionan, así como quienes procuran la justicia, tienen una concepto completamente aislado frente a las experiencias de las mujeres que la habitamos. Esta situación resulta ser una discrepancia entre personas funcionarias, servidoras públicas y quienes ejercemos nuestro derecho a defender una Vida Libre de Violencia. Mientras que el discurso de las primeras sostiene que la Alerta de Violencia de Género es un procedimiento administrativo inefectivo y sin fundamento, que es innecesaria pues la ciudad cuenta con algunas políticas para enfrentar la violencia feminicida o que detrás de la Alerta hay otro tipo de interés político, el discurso de quienes defendemos una Vida Libre de Violencia para las mujeres y niñas sostiene que no se trata de judicializar la violencia feminicida, independientemente de que la cifra de feminicidios en la Ciudad de México se encuentra por debajo de la media nacional, ninguna mujer tiene que enfrentar este tipo de violencia y aunque haya políticas para las mujeres, no son suficientes y no necesariamente están combatiendo el problema de raíz. Dicho lo anterior, es cuando cobra importancia la Alerta de Violencia de Género. Cuando las personas funcionarias y servidoras públicas refieren que Ciudad de México es segura para las mujeres y niñas, surgen algunas interrogantes: ¿acaso no reconocerán que la violencia tiene un componente interseccional y no todas las mujeres y niñas accedemos a lo que están entendiendo por Vida Libre de Violencia? ¿No será mejor partir del principio de realidad y reconocer que combatir la violencia feminicida implica combatir el problema de raíz? Por ejemplo, en lo que refiere a las instancias gubernamentales encargadas de la gestión y la procuración de justicia, es observable que son instituciones históricamente masculinizadas y para romper con la lógica androcéntrica, es de suma importancia generar los nuevos cimentos, a partir de desestructurar esos espacios que por años han generado dinámicas violentas machistas y misóginas. Por si queda alguna duda, no se trata de obstaculizar el trabajo de las personas funcionarias y servidoras públicas, se trata de transformar realidades. Es un derecho universal la Vida Libre de Violencia para las mujeres y niñas, por ello existe una deuda con todas las mujeres víctimas de feminicidio que no pudieron acceder a este derecho, así como con sus familias. La Alerta de Violencia de Género es una propuesta para que las personas funcionarias y de servicio público garanticen la vida digna que las mujeres exigimos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] *Zuleyma Ramos es colaboradora del @CDHVitoria.
La Ley más absurda y peligrosa del año
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 05 de diciembre de 2017 Por: Carla Lovera (@loverovska) y Carlos A. Ventura Callejas (@carlosarveca) La dignidad en nuestras manos A puerta cerrada en la Cámara de Diputados, la Ley de Seguridad Interior (LSI) fue aprobada en lo general y en lo particular el pasado 30 de noviembre. De inmediato y sin mayor explicación, fue turnada al Senado para continuar con lo que parece ser el proceso para su inminente aplicación. A diferencia de lo que el jefe del Ejecutivo ha descrito como una ley de “imperiosa necesidad”, esta LSI no constituye un instrumento adecuado para enfrentar la crisis de violencia de nuestro país, pues formaliza un modelo de seguridad ineficaz en el combate al crimen organizado y con probadas consecuencias negativas para la población, las instituciones, y un Estado de derecho y garante de derechos humanos. En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no se contempla una estrategia para el regreso paulatino de las tropas a los cuarteles ni se plantean medidas efectivas para proporcionar justicia y seguridad a las personas que se encuentran en las zonas ocupadas por elementos castrenses, cosa deseable y propuesta por diversas organizaciones de derechos humanos. Por el contrario, disuade a las autoridades locales de fortalecer a sus policías y de implementar políticas públicas eficaces para un nuevo modelo de seguridad, así como para las efectiva prevención, investigación y sanción de delitos. La LSI utiliza definiciones que promueven el uso arbitrario del término seguridad interior; proporciona a las fuerzas federales –Ejército, Armada y Fuerza Aérea- facultades de policía, incluidas acciones preventivas, con o sin previa declaratoria de amenaza a la seguridad interior; no regula el uso de la fuerza ni adopta protocolos de actuación; no genera controles para verificar el respeto de los derechos humanos; permite a las Fuerzas Armadas (FFAA) actuar contra protestas sociales cuando éstas puedan considerarse como no pacíficas; determina genéricamente que toda la información sobre las medidas de seguridad interior será clasificada y dispone que no se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en la materia; y establece que las medidas excepcionales de seguridad interior no necesariamente tendrán que acotarse a un área geográfica específica, ni impone límites temporales precisos a las acciones de seguridad interior. Por si fuera poco, la LSI permite la intervención militar en áreas de inteligencia civil por cualquier medio lícito, sin la responsabilidad de hacer públicas esas investigaciones y determina que los organismos constitucionales autónomos (comisiones de derechos humanos, Instituto Nacional Electoral, universidades autónomas, etc.) deben proporcionar la información que les requieran las autoridades en contextos de afectaciones a la llamada seguridad interior. Esta errónea Ley que formaliza la militarización de la seguridad pública, afirmación que quienes gobiernan hoy dicen que es “absurda”, adscribe la coordinación de las acciones de seguridad interior a la Secretaría de Gobernación, pero asignando el mando a las FFAA en caso que éstas intervengan, aunque la Suprema Corte de Justicia de la NacióN (SCJN) ha establecido que los militares deben subordinarse a los civiles cuando colaboren en tareas diferentes a su mandato constitucional; asimismo omite que las FFAA ajusten su organización, medios y adiestramiento en apego a los derechos humanos para intervenir en esas labores. La LSI es uno de los retrocesos más graves, absurdos y peligrosos en el camino hacia la democracia y la vigencia de los derechos humanos dentro de la historia reciente de México y América Latina. Es imperativo señalar que sus iniciativas de seguridad interior fueron creadas para satisfacer la queja del Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, a la autoridad federal por el “desgaste” que sufrenlas FFAA; obviando el cúmulo de sentencias, relatorías, informes y observaciones que la CNDH, el Sistema ONU, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han emitido acreditando la participación y responsabilidad de las fuerzas armadas en múltiples, reiteradas y graves violaciones a derechos humanos. En un escenario global de militarización es necesario defender principios basados en la democracia y los derechos humanos, encaminados a la construcción de la paz y la recuperación de la seguridad ciudadana. Con la opacidad en su redacción y acelerada aprobación, la LSI tan sólo promueve la impunidad de delitos, más violaciones graves a derechos humanos y actos continuados de corrupción; al mismo tiempo que deja entrever más claramente el mensaje autoritario del partido en el poder, de los grupos parlamentarios aliados y de las autoridades que han asegurado su aprobación, paradójica y sospechosamente, previo a la coyuntura del 2018. Es urgente para México, una #SeguridadSinGuerra y otro y mejor modelo de seguridad. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] *Carla Lovera es activista feminista y especialista en DDHH; Carlos A. Ventura Callejas es colaborador del @CDHVitoria. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : numbdog [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Nuestras mártires. La violencia en contra de las mujeres
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 25 de noviembre de 2017 Por: Zuleyma Edain Ramos Valdez La dignidad en nuestras manos El pasado 16 de noviembre diferentes organizaciones con diversas inspiraciones religiosa, así como organizaciones civiles y de derechos humanos, conmemoramos a nuestras personas mártires de América Latina, en el marco de la conmemoración del lamentable asesinato en 1989 de ocho personas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) ubicada en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Con cantos, poemas y música les recordamos. Todas nuestras personas mártires que a partir de la defensa de su lucha, les fue arrebatada la vida. Tal es el caso de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, opositoras a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Las hermanas Mirabal, también conocidas como las Mariposas, fueron víctimas del Estado represor y machista que no sólo les arrebató la vida, sino que también las expuso a la violencia de género a partir de la tortura sexual. En memoria de las Mariposas y en aras de unir esfuerzos mundiales para eliminar la violencia en contra de las mujeres, se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Podemos entender esta violencia como toda acción que vulnera nuestra integridad como mujeres. Son acciones que van desde las miradas lascivas, hasta los tocamientos, golpes, torturas, violaciones sexuales, desapariciones, trata y por supuesto feminicidios, por mencionar sólo algunas formas de violencia. Esto es un problema estructural que en los últimos años ha ido en incremento y según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina se cometen al día 12 feminicidios, de los cuales, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 7 se producen en México. Con estas cifras nos percatamos que estamos viviendo un contexto que necesita generar estrategias para contrarrestar dicha violencia, asimismo, estamos en un contexto que requiere recordar a cada una de las mártires de esta violencia estructural. Pareciera que hoy en día la lucha que cada mujer encabeza, comienza por enfrentar el sistema patriarcal y con ello, muchas vidas se nos han arrebatado. Recordar que el 25 de noviembre conmemoramos a las Mariposas y exigimos un cese a la violencia en contra de las mujeres, es un acto que necesita seguir sumando esfuerzos para que ninguna mujer más experimente algún tipo de violencia, para que autoridades de todas las naciones garanticen una vida libre de violencia hacia las mujeres y para que exista sanción a los responsables. Recordar que el 25 de noviembre es un día de lucha y de esperanza para mantener la vida digna nos lleva a recordar también los sueños de todas aquellas mujeres que no se encuentran con nosotras hoy y que ante el contexto actual de violencia patriarcal se han convertido en nuestras mártires. Estas líneas las dedicamos a ellas. En memoria de Lesvy, Victoria, Valeria, Mara, Anayetzin, Beatriz, Karen, María del Sol, Miroslava, Miriam, Leticia, Joselin y cada una de las que no he nombrado en este texto. A ellas les decimos que su espíritu perdura en cada uno de nuestros puños en alto. Por ellas, por nosotras y por las que vienen, nadie podrá callar nuestro aliento de luz que siembra la esperanza. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] *Zuleyma Edain Ramos Valdez es colaboradora del área de educación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Centro Vitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Justicia para Lesvy en la tierra
Justicia para Lesvy en la tierra “Están viendo el rostro del dolor, el rostro de la rabia”, dice la madre mientras mira al padre de Lesvy, que se mantiene al lado de ella con un gesto que ilustra sus palabras. “Pero al final estamos viendo mujeres y hombres que buscan el cambio, a ese mundo queremos apostar, a ese mundo le apostaba mi hija; el dolor no nos va a tirar”. 17 de agosto de 2017 Por: Diana del Ángel La dignidad en nuestras manos “Grandes fueron las viajeras que cruzaron por aquí”. Con esta leve modificación a la letra de “Hoy hace un buen día”, el coro “Semillas” comienza la misa por Lesvy Berlín Rivera Osorio en la casa de las Comisiones Mixtas del Stunam, a un costado del estacionamiento 3 del Estadio México 68. A decir verdad no hace un buen día en cuanto al clima pues el cielo está notablemente nublado, por eso y por lo apartado del lugar el padre Miguel Concha inicia a las cinco en punto la celebración con un auditorio medio lleno. El altar improvisado es muy sencillo: solo un crucifijo, propiedad del padre Concha, una mesa con un par de floreros y algunas veladoras; en papel craft, que hace las veces de mantel, está escrito “Justicia, memoria y verdad / Ni un feminicidio más”. Enfrente de la mesa hay un arreglo con girasoles y gladiolas rojas, pues Araceli, la mamá de Lesvy, dijo que a su hija le gustaban las flores de colores. El resto de los ramos repartidos por el auditorio son de nubes y crisantemos: las flores habituales de la muerte. Al lado derecho de la mesa está la imagen de la Virgen de Guadalupe y en el lado izquierdo el rostro de Lesvy nos mira desde distintas fotografías, casi siempre está con amigos, siempre sonriente; también hay listones de estudiantina. “Caminaré en presencia del señor en el país de la vida”, dice el padre Concha para dar lectura al salmo responsorial. Los textos de la liturgia son leídos por integrantes de la Escuela para defensoras y defensores jóvenes que coordina el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, desde hace más de quince años. El Vitoria, como es fraternalmente conocido, decidió acompañar jurídica y socialmente a los familiares de Lesvy en su búsqueda de verdad y justicia. Después de leer el Evangelio según San Mateo, el padre Concha, tal vez sugerido por la proximidad del México 68, recuerda a Heberto Castillo, universitario y luchador al lado de los jóvenes de su tiempo. Recuerda también que Jesús tuvo una especial atención hacia los grupos vulnerables como las mujeres y los jóvenes, en un tiempo en que las mujeres no contaban para nadie. Recuerda que Jesús tenía entre sus seguidores apóstoles mujeres y enfatiza que fueron ellas las primeras en enterarse y anunciarles a los hombres que Jesús había resucitado. Recuerda para no dar paso al conveniente olvido. La muerte es parte de la vida, pero no de esta manera violenta, continúa don Miguel, por eso el sacrificio de Lesvy nos sirve para seguir luchando por los derechos de las mujeres. Anuncia que se dará lectura a un pronunciamiento por parte de un integrante del centro. El documento exige a la procuraduría del gobierno de la CDMX “pleno acceso y otorgamiento de copias de la carpeta de investigación”, pues hasta ese momento ni sus familiares ni la abogada habían podido ver más que 51 copias del expediente: las que contienen sus propias declaraciones y las del personal de la UNAM. Sobre esta falta de transparencia, el sacerdote apunta que lo alarmante de no saber lo que las autoridades hacen al respecto, hace que uno se imagine lo peor. El auditorio se ha ido llenando en el transcurso de la misa y cuando el padre Concha pide que alcen la mano los que vayan a comulgar, solo unos pocos nos quedamos con las manos cruzadas o en las rodillas. “¿Quién dijo que todo está perdido?”, suena mientras otros se levantan para tomar la comunión; luego se oyen los acordes que acompañan los versos de Gloria Martín, en la canción que hiciera famosa Amparo Ochoa: “Mujer si te han crecido las ideas/ de ti van a decir cosas muy feas”. La letra fue escrita en 1973, pero a más de treinta años, sigue siendo vigente para las mujeres asesinadas, que son las primeras en ser culpadas de su propia muerte por las dependencias del Estado. En el caso de Lesvy, la Procuraduría de la CDMX “hizo públicas supuestas declaraciones de la pareja de Lesvy, atribuyéndoles veracidad y revictimizando” a su familia. Cosas muy feas fueron dichas de ella, sin tomar en cuenta que viajar, independizarse, soñar, pensar distinto es altamente femenino. Para finalizar, Araceli, madre de Lesvy, toma la palabra. Ella es trabajadora afiliada el STUNAM, a quien agradece por el apoyo brindado. Refrenda las peticiones expresadas en el pronunciamiento y nos comparte que el día anterior estuvo en el Congreso Nacional Indígena, que nombró a su vocera; nos dice que fue porque ella y su hija habían planeado estar allí, pues las dos son zapatistas desde hace mucho tiempo. “Están viendo el rostro del dolor, el rostro de la rabia”, dice mientras mira al padre de Lesvy, que se mantiene al lado de ella con un gesto que ilustra sus palabras. “Pero al final estamos viendo mujeres y hombres que buscan el cambio, a ese mundo queremos apostar, a ese mundo le apostaba mi hija; el dolor no nos va a tirar”. Cuando termina toma la palabra una integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, que pedirá coadyuvar en el proceso jurídico y de acompañamiento. El padre da por concluida la misa con una frase poco usual en las celebraciones religiosas convencionales: “A luchar por la justicia y la verdad”. Información adicional: Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria, luego de que el Centro Vitoria, como organización acompañante de la familia de Lesvy, interpuso un recurso de apelación
Los feminismos ¿una opción política?
Los feminismos ¿una opción política? Resulta absurdo observar cómo a pesar de todos los aportes que han heredado los feminismos, hoy en día sigue existiendo un fuerte estigma hacia éstos y hacia las personas que se asumen como feministas. 22 de junio de 2017 Por: Diana López y Zuleyma Ramos La dignidad en nuestras manos A lo largo de cuatro siglos los feminismos se han posicionado como un movimiento revolucionario, construido desde diversos frentes y distintas corrientes políticas. En este movimiento podemos encontrar puntos de convergencia que logran colocar al centro del análisis a las mujeres y logran evidenciar que el sistema patriarcal genera relaciones de poder asimétricas entre nosotras y los hombres. Además, es este mismo sistema patriarcal el que históricamente ha colocado a las mujeres y otras corporalidades feminizadas en condiciones de vulnerabilidad. Aunado a ello los feminismos han cuestionado los privilegios que otorga el sistema patriarcal a su sujeto hegemónico, asimismo cuestiona la manera en cómo se articula con el capitalismo, el colonialismo, el antropocentrismo y otros sistemas opresores. Por ello, si hablamos y luchamos por la eliminación de la violencia hacia las mujeres no podemos dejar de señalar que la opresión no sólo está motivada por cuestiones relacionadas con el género sino que pertenecemos a determinada clase social, a determinada etnia y a determinada cultura. Resulta absurdo observar cómo a pesar de todos los aportes que han heredado los feminismos, hoy en día sigue existiendo un fuerte estigma hacia éstos y hacia las personas que se asumen como feministas. En el imaginario social sigue prevaleciendo la idea de que “los feminismos buscan anular a los hombres” y que ahora las mujeres queremos obtener el poder sobre ellos. De igual manera, los diferentes movimientos y luchas sociales se rehúsan a reconocer que los aportes de los feminismos se han convertido en luchas ganadas para los derechos de las mujeres. Ante ello y ante la alarmante realidad en la cual vivimos, es preciso seguir sumando fuerzas desde los feminismos para transformar dicha realidad. Sin embargo no podemos hacerlo si no miramos con ojo crítico el desarrollo de los mismos. En primer lugar es importante tomar en cuenta que las corrientes de los feminismos son amplias y sus demandas diversas, por lo que uno de sus grandes retos es generar puentes, abrir espacios de diálogo entre feministas y mujeres de los movimientos sociales, de luchas locales, mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres de otros sectores, en fin, es preciso que todas las mujeres nos escuchemos las unas a las otras evitando diálogos en los cuales se intente imponer quién vive más violencia que la otra, pues el enemigo no está entre nosotras, el enemigo está en el patriarcado. Por otro lado es imprescindible insistir en la construcción y el ejercicio de la sororidad como principio político y ético feminista, pues éste no existe sólo por nombrarlo; es fundamental generar alianzas políticas entre las mujeres frente a los sistemas que nos quieren individualizadas, fragmentadas, aisladas y rotas. Además, es necesario seguir apoyando y defendiendo la autonomía de los espacios de mujeres dentro de las organizaciones políticas y de los procesos organizativos, como estrategia política. Es importante reconocer que los derechos de las mujeres no son privilegios, son logros ganados. Por ello es importante que todo movimiento sume otros logros ganados para fortalecer el suyo. En ese sentido no podemos hablar de derechos de las mujeres sin un desmontaje del patriarcado; éste es un ejercicio que los hombres, principalmente, tienen que asumir como un compromiso. Por lo anterior y para finalizar, estamos convencidas de que sin la opción feminista como una crítica y una praxis política y ética integrada a nuestros procesos políticos, difícilmente podremos incidir en esta crisis que es mundial y que es civilizatoria. *Diana López Santiago y Zuleyma Edain Ramos colaboran en el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C. (@CDHVitoria). Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Después de los estragos… La amenaza del fracking Militarización, ¿más que balas y cuarteles? Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedó a su suerte) Vicisitudes para 2015 Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! Un manual de investigación para defender derechos humanos Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo
Militarización, ¿más que balas y cuarteles?
Militarización, ¿más que balas y cuarteles? La militarización es un proceso que no se limita a que soldados y marinos estén fuera de los cuarteles, sino a la adopción de una lógica de guerra que se estructura también en los valores más íntimos y subjetivos. 05 de mayo de 2017 Por: Carla Lovera y Jorge Aguilar La dignidad en nuestras manos En los últimos meses hemos presenciado el esfuerzo de múltiples grupos políticos para imponer la Ley de Seguridad Interior y otras iniciativas relativas a la seguridad pública que destapan la voluntad estatal de profundizar y legalizar un modelo de seguridad, que como nos hemos pronunciado diversas organizaciones en múltiples mensajes, es en sí mismo contrario al respeto y protección de los derechos humanos y a los valores de una sociedad democrática. La militarización que denunciamos no se limita a las iniciativas que con ambigüedades pretenden legalizar la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, sino a la voluntad de instalar la lógica belicista —que funciona a partir de la figura de un enemigo interno a eliminar— en la actuación de las policías civiles, las retóricas de varios medios de comunicación y los organismos de procuración de justicia, entre muchos otros espacios. Las autoridades han insistido en la última década en reforzar la figura del crimen organizado y el narcotráfico como “el enemigo” a abatir. Los resultados de la actuación de las fuerzas de seguridad, militares o civiles, en este contexto nos hace vislumbrar a ese presunto enemigo como un sujeto presente en todas partes y en ninguna, lógica que ha llevado al Estado mexicano a luchar contra su propia población, alejando sus operaciones del clásico enemigo exterior para dirigir sus balas contra cualquier persona que encuadre en su opaca definición de amenaza o que se encuentre en el lugar y momento equivocados. De ello han dado cuenta múltiples estudios de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Belisario Domínguez, así como informes de organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos que describen cómo la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública ha concluido en el uso de balas en lugar de investigaciones tendientes al esclarecimiento de hechos. La asimilación del personal y las técnicas militares por las autoridades civiles ha llegado al punto de priorizar el uso de la fuerza máxima sobre cualquier otra alternativa de combate al crimen. Por otra parte, ante la supuesta excepcionalidad de la situación, las agencias de investigación tienden a sustituir el debido proceso y los procedimientos legales y científicos por prácticas recuperadas y naturalizadas en contextos de guerra como la tortura, el acoso y el abuso sexual, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales; es decir, se sistematizan las violaciones a los derechos humanos. Sin duda el gobierno no es responsable de todos los actos de violencia, pero la escalada de la misma sí es atribuible de manera segura a su estrategia que coloca en el centro la muerte y no la justicia. De esta forma, la militarización es un proceso que no se limita a que soldados y marinos estén fuera de los cuarteles, sino a la adopción generalizada de una lógica de guerra, basada en prácticas de control territorial, material e informático a través de cualquier medida antes que la implementación de una política pública de prevención y sanción del delito. La militarización de la sociedad en sus formas más explícitas normaliza la violencia y prácticas contrarias a la dignidad humana. En su alcance más sutil pero igual de trascendente que lo anterior, se estructura también en los valores que constituyen lo más íntimo y subjetivo de la sociedad; ejemplo de ello son las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien días después del ataque ocurrido en el Colegio Americano del Noreste anunció la creación de preparatorias militarizadas para “arreglar” a las y los jóvenes que en sus palabras, “no hacen caso de sus padres”. La apuesta del Estado por la militarización implica la imposición de valores como la obediencia sin crítica, la violencia como la ruta para el tratamiento de las problemáticas cotidianas, la misoginia fáctica, la comprensión del “ellos” y nosotros enfrentados e irreconciliables. Con la misma laxitud que las iniciativas de Ley de Seguridad Interior, la lógica militar define como amenazas a la seguridad del Estado a los movimientos y a las colectividades que cuestionan el orden hegemónico. ¿No es cuestionable el uso de la fuerza letal cuando es claro que la problemática de la violencia en México responde a más factores, como la pobreza y la desigualdad, que la mera desobediencia a la autoridad? ¿De verdad la única alternativa que tienen las autoridades es fortalecer y legitimar una lógica que promueve el orden monolítico, el fortalecimiento de las jerarquías, el no cuestionamiento a las realidades y el debilitamiento de formas más horizontales de participación y articulación ciudadana para la resolución de conflictos? Es necesario seguir dialogando en torno a las alternativas y horizontes que existen y defendemos desde la pluralidad de voces que nos imaginamos una paz sostenible, con justicia, una paz digna construida desde las comunidades y los barrios, que respete el territorio y la cultura de los pueblos, que reconozca a las y los jóvenes como sujetos de derechos y no como pasivos a merced de la criminalidad, que elimine la violencia sistemática contra las mujeres en lugar de aumentarla. El próximo sábado 6 de mayo desde el Centro Vitoria proponemos un espacio para encontrarnos, seguir dialogando sobre el tema y generar nuevas posibilidades para lograr la paz. El Foro: Militarización y Juventudes se llevará a cabo en el Centro Universitario Cultural (Odontología 35. Col. Copilco-Universidad) desde las 11 de la mañana, la entrada es libre. Más información en nuestra página web y redes sociales. *Carla Lovera y Jorge Aguilar colaboran en el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C. (@CDHVitoria). Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: La historia
Mujeres Defensoras en México. Obstáculos y apuestas
Mujeres Defensoras en México. Obstáculos y apuestas El Estado no escapa de su responsabilidad al usar el aparato de justicia para criminalizar y judicializar la labor de mujeres defensoras de derechos humanos. 22 de marzo de 2017 Por: Diana López Santiago La dignidad en nuestras manos En enero de 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en su misión oficial visitó algunos estados del país en donde se reunió con más de 800 personas defensoras, de las cuales el 60 % eran mujeres. Producto de estas reuniones con víctimas, luchas sociales, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, Michel Forst emitió las observaciones y recomendaciones preliminares al término de su visita en las que recalca la importancia de la legítima labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, así como la obligación del Estado mexicano de garantizar su seguridad y condiciones óptimas para que defensoras y defensores realicen su trabajo en un contexto donde ejercer este derecho tiene altas implicaciones. De mucho valor será el informe que emitirá el Relator Especial, aunque hay que especificar que difícilmente se realizan informes sobre personas defensoras con una perspectiva de género cuyo objetivo sea privilegiar el análisis sobre las diferentes formas de violencia a las que las mujeres defensoras somos sometidas en un contexto de crisis de civilización, como ya lo han citado diversas personas analistas de la compleja realidad. Más concretamente, en un contexto generalizado de violaciones a los derechos humanos, por un lado, y en un clima de conflictividad social, por otro, circunscrito todo lo anterior en un sistema económico y cultural (patriarcal y capitalista) que violenta desde nuestros cuerpos como primer territorio hasta las condiciones mínimas para que las mujeres podamos acceder a una vida digna (educación, trabajo digno, tierra y territorio, vivienda, salud, alimentación). Tampoco se documentan las agresiones (difamación, descalificaciones a nuestro trabajo, acoso, intimidación, amenazas por los derechos que defendemos o por las posturas políticas a las que nos adscribimos) que como defensoras experimentamos por parte de otros sectores sociales y que en muchas ocasiones estas provienen de los movimientos “más progresistas y de izquierda” en los que también participamos activa y políticamente. Por lo tanto, también se hace complicado encontrar análisis que evidencien los efectos diferenciados que estas violencias estructurales causan, ya sea por el Estado o por otros perpetradores. No es de sobra decir (aunque muchas compañeras feministas ya lo habrán señalado en otras ocasiones) que también es fundamental hacer análisis interseccionales, pues los impactos de estas violencias en la diversidad de mujeres defensoras también son diferenciadas en tanto las características particulares que encarnamos cada una; es decir: la clase social, nuestra adscripción a algún pueblo originario/indígena, nuestra orientación sexual, nuestra identidad sexogenérica, la corporalidad en la que somos leídas, si vivimos con alguna discapacidad; aquí cabe señalar que con un gobierno que camina en retroceso con respecto a los derechos de las mujeres y gran parte de la sociedad asimila el discurso conservador de éste, adscribirse feminista es causa de estigmatización, criminalización y judicialización. Aun con la crisis de civilización en la que nos encontramos inmersas, el Estado no escapa de su responsabilidad cuando hablamos de violaciones a derechos humanos que comete contra mujeres defensoras, así como el uso que hace de todo su aparato de justicia que criminaliza y judicializa la labor de defensa de compañeras que se encuentran defendiendo distintas luchas, ejercitando la exigibilidad de sus derechos. Es en este contexto de violaciones a los derechos humanos y credibilidad en las instituciones, de violencia estructural generalizada por una parte, pero también de violencia focalizada a defensoras, por otra, que desde diversos espacios de mujeres se proponen alternativas y se apuesta por hacer praxis de principios políticos y éticos del feminismo. De ahí que el lema #LasRedesSalvan se convierte en un principio de sororidad profundamente transformador de las estructuras patriarcales, pues se habla de la capacidad que tenemos para generar alianzas entre mujeres; alianzas que generen espacios de seguridad y protección que en muchos casos se convierten en refugio para muchas de nosotras. Las medidas de protección no sólo se acotan a la implementación de guardaespaldas o de botones de pánico, se requiere de echar a andar mecanismos con perspectiva de género que sean funcionales en la protección integral de las defensoras que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad por parte de agentes estatales y otros perpetradores. Frente a estas situaciones de violencia particular y generalizada que vivimos las defensoras de derechos humanos no sólo en el país, sino en regiones como Mesoamérica, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) presenta en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el documento “Agresiones contra defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico Nacional”, esfuerzo de documentación y sistematización de esta amplia articulación de mujeres a la cual extendemos la más grata invitación el próximo jueves 23 de marzo. *Diana López Santiago es colaboradora del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C. (@CDHVitoria). Consultar en Animal Político. Entradas relacionadas: Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes ¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón? 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Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras
Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras 08 de marzo de 2017 (Por: Centro Vitoria) Un día que con flores, chocolates, imágenes tiernas, abrazos, entre otras tantas muestras de afecto, las personas «nos celebran» el hecho de ser mujeres. Quizás sea una absurda compensación tras reconocer que en las sociedades existe un trato diferenciado para nosotras; quizás un momento para hacernos creer que están a favor de las mujeres. Sin embargo, por ninguna razón les mencionen a estas personas que estamos siendo acosadas sexualmente, que tenemos ingresos más bajos que los hombres aún realizando las mismas actividades, que nos están asesinando por el simple hecho de ser mujeres y por ningún motivo, les mencionen a esas “locas feminazis”, como han llamado a las mujeres que reivindicamos nuestros derechos, que vienen a generar alboroto. Nos celebran el hecho de ser mujeres como si no importara enfrentar las actitudes machistas, sexistas y misóginas, como si no importara tener que asumir el rol de la callada, la sumisa y la abnegada. Nos celebran el hecho de ser mujeres, pero cuidado y nos encontremos con la determinación de no querer cumplir con las normas acordadas por el patriarcado y sus aliados (el capitalismo, la heteronorma, el ciscentrismo, el colonialismo, entre otros), esto ameritaría que tu credibilidad como mujer se ponga en duda. Por lo anterior, nos permitimos mencionarles a todas aquellas personas que nos celebran el hecho de ser mujeres y que se aprovechan de la conmemoración, que el 8 de marzo no se festeja, sino que es un día que nos recuerda que tenemos que seguir levantando el puño y alzando la voz para poner un alto a las violencias que como mujeres enfrentamos. Es fundamental hacer ejercicio de nuestro derecho a la memoria histórica, y al escuchar las reflexiones de las compañeras defensoras en torno a la importancia y el significado que tiene el 8 de marzo en nuestros propios procesos personales-políticos consideramos que es importante porque: -Circunscribiéndolo a un contexto histórico-político, nos hace recordar la lucha que dieron las mujeres obreras en exigencia de sus derechos laborales desde hace más de cien años. -Porque si bien la conmemoración surge a partir de una demanda específica, hoy, tras considerar los diferentes tipos de violencia que existen hacia las mujeres, nos hace recordar que la lucha contra esta violencia sistémica y sistemática continúa. -Porque es menester que tanto mujeres cis como mujeres trans, puedan acceder a todos sus derechos sin ninguna condición. -Porque nos siguen asesinando, porque históricamente hemos sido discriminadas y lo seguimos siendo, porque como mujeres nos cuesta más trabajo ser reconocidas en las actividades que realizamos, porque nuestra palabra no tiene el mismo valor. -Porque los Estados no garantizan las condiciones para una vida digna (derecho a la educación, a la vivienda digna, a la salud, a la alimentación adecuada, al trabajo digno, a vivir libres de violencia, entre tantos otros), no protegen nuestros derechos sino que los obstruyen, criminalizan y judicializan. -Porque el trabajo en el hogar no es reconocido y mucho menos remunerado sin mencionar las dobles o triples jornadas laborales que realizan muchas mujeres. -Porque la violencia trastoca más a unas que a otros y los impactos de ésta son diferenciados. -Porque permite visibilizar la diversidad de mujeres: las que somos negras, indígenas, mestizas, las que somos niñas, jóvenes, adultas mayores, las que no entramos en un modelo cisnormado, las que ponemos el cuerpo en la defensa de derechos humanos, las que no, las estudiantes, las activistas, las luchadoras sociales, las mujeres en contextos de prostitución, las mujeres que viven con alguna discapacidad; porque estas intersecciones no son una vulnerabilidad per se, sino que son estos sistemas violentos (patriarcal, capitalista, colonial, etc.) los que nos colocan en un lugar de vulnerabilidad por encarnar estas intersecciones. -Porque como mujeres trans necesitamos asumirnos como sujetas de derechos, como actoras sociales en una lucha que nuestras ancestras iniciaron. -Porque somos las mujeres quienes encabezamos, acompañamos, quienes ponemos el cuerpo en muchas de las luchas y procesos de resistencia en este país, cuando hay alguna persona cercana desaparecida o ha enfrentado alguna violación grave a sus derechos humanos y nadie nos lo reconoce, cuando hay que defender el derecho al agua, al territorio, a la vida misma. -Porque si bien es indispensable reconocer que muchos de los avances para construir una vida digna se ha logrado a partir de las herramientas que dan los derechos humanos, no podemos ignorar que estas condiciones para las mujeres se han logrado desde los feminismos y las luchas de las mujeres. -Porque la organización entre mujeres nos está permitiendo mantener lo que el Estado no está haciendo: ejercer y respetar nuestros derechos. -Porque las condiciones de vida de las mujeres van mejorando, en tanto que nos acompañamos de otras mujeres. -Porque significa hacer algo sin que nadie nos detenga. -Porque significa que entre mujeres hacemos alianzas para aprovechar las grietas que los sistemas opresores están dejando. Es importante porque nos hace recordar que las mujeres no podemos vivir con miedo y porque actualmente, la premisa de que lo personal es político dejó la teoría para convertirse en una práctica en donde lo político se hace material. ¡Basta de violencia contra las mujeres! Es urgente construir puentes, redes de sororidad y levantar la voz al unísono contra las violencias patriarcales. #DiaInternacionalDeLaMujer #NosotrasParamos #WomansStrike Entradas relacionadas: Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca
