Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes
Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes La disminución del impuesto a las bebidas azucaradas atenta directamente contra la salud de los niños, niñas y adolescentes mexicanos, pues de acuerdo a la ASA y los estudios internacionales que se han presentado en esta coyuntura, este tipo de bebidas están especialmente dirigidas a ese público. 29 de octubre de de 2015 Por: Miguel Concha La dignidad en nuestras manos A través de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) sabemos a detalle en las dos últimas semanas acerca de las modificaciones a la Miscelánea Fiscal 2016 que se impulsaron en la Cámara de Diputados para reducir el impuesto que se había logrado implementar a las bebidas azucaradas el año pasado, gracias al trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil. Consideramos que la disminución de ese impuesto a las mencionadas bebidas atenta directamente contra la salud de los niños, niñas y adolescentes mexicanos, pues de acuerdo a la ASA y los estudios internacionales que se han presentado en esta coyuntura, este tipo de bebidas están especialmente dirigidas a ese público. En efecto, en evidente complicidad con las empresas refresqueras, la Cámara de Diputados aceptó que se redujera en un 50 por ciento el impuesto implementado a aquellas bebidas azucaradas que contuvieran 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, cuando lo recomendado por expertos nacionales e internacionales es que dicho impuesto se suba 20 por ciento por encima de lo que estaba estipulado. En palabras de Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor (EPC), es urgente evidenciar que “los diputados y las diputadas se han aliado con la industria refresquera para bajar el impuesto, atentando en especial contra la salud de los niños en México, en un país en que las y los niños tienen una de las más altas cifras de sobrepeso y obesidad en el mundo. Se estima que uno de cada tres niños mexicanos nacidos a partir del 2010, desarrollará diabetes en su vida, y los diputados y diputadas están contribuyendo a ello. Los legisladores y legisladoras están actuando a favor de las refresqueras y en contra de la salud de la población, especialmente de los niños pequeños”. Esta pretendida reducción del impuesto a bebidas azucaradas hace que éstas sean más accesibles para niñas, niños y adolescentes, lo cual incentiva que las consuman de manera cotidiana. Las y los legisladores obvian reconocer y hacerse cargo de la obligación de proteger los derechos de todas las personas, en particular ahora los derechos a la salud y la alimentación; y conforme a nuestra Constitución el Estado mexicano en su conjunto tiene la obligación de proteger de terceros que atenten contra la dignidad y bienestar de las personas. Paradójicamente desde el año 2014 ya se había logrado que se implementara un impuesto a las ya mencionadas bebidas; política que ha sido aceptada por el Estado mexicano para promover y proteger el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes del país. Sobre la base del riesgo que las empresas productoras de alimentos y bebidas provocan con sus cabildeos y conflictos de intereses a la salud de los mexicanos y mexicanas, denunciamos en ese entonces cómo estas grandes corporaciones logran que el Estado se mantenga casi al margen en cuanto a la regulación de sus productos, a la distribución de los mismos y a sus técnicas publicitarias; ahora nuevamente lo hacemos. Siguiendo este tenor, pareciera que las empresas refresqueras y los diputados federales se proponen ahora también echar por tierra este logro ciudadano, única medida lograda con esfuerzo para regular la venta de las ya mencionadas bebidas, que constituía un avance en la procuración del derecho a la salud y a la alimentación de las personas. De acuerdo a la Sociedad Latinoamericana de Nutrición Capítulo México, el impuesto implementado el año pasado logró reducir en un 6 por ciento el consumo de dichas bebidas, reduciendo a la larga los índices de diabetes que ya son alarmantes dentro del país, y que ya representan un gasto mayúsculo para el sector salud. Aunque un 6 por ciento pudiera parecer una cifra muy pequeña, cabe mencionar que el incentivar por medio del impuesto en cuestión que los niños y niñas consuman menos bebidas azucaradas, a la larga evita que ellos y ellas se vuelvan consumidores regulares de las mismas conforme van creciendo, reduciendo así el riesgo de padecer diabetes y/o sobrepeso con los años; de tal manera que a largo plazo se reduce el índice de adultos afectados por dichos padecimientos. Así, en vista de que la nueva iniciativa pone en riesgo la salud y la buena alimentación de la población mexicana en general; de la victoria lograda hace un año respecto a la regulación de los precios de las bebidas azucaradas, y de la ya alarmante situación de las mexicanas y los mexicanos que padecen de los males relacionados con las mismas, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestamos nuestro total desacuerdo ante tales modificaciones a la miscelánea fiscal. Sabemos que al momento que se publica este artículo el Senado de la República modificó oportunamente la adición hecha por los diputados; sin embargo, y conforme al proceso legislativo, ahora regresa a la Cámara baja, donde deberá aprobarse la minuta enviada por el Senado. Estemos alerta para que bajo ningún pretexto se ponga en riesgo de nueva cuenta la salud de las infancias y juventudes en México. Y por ello Organizaciones de la Sociedad Civil dirigimos la siguiente Carta a los representantes del Poder Legislativo Federal. Además, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición Capítulo México lanzó una petición en Change.org para recoger firmas ciudadanas que muestren el descontento con la reducción del impuesto a las bebidas azucaradas recién aprobado por el Legislativo Federal. Participemos. *Miguel Concha Malo es Director General del Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria» O.P. A.C. Consultar en Animal Político. Imagen destacada (modificada) : Orlando Entradas relacionadas: Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX La historia de
Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia
Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia Para destrabar el conflicto del Parque Reforma Social no basta con la buena voluntad de los nuevos funcionarios y la disposición de los dueños de llegar a una negociación, es indispensable hacer cumplir la ley. En primer lugar la ambiental y de protección a la tierra, que prohíbe cambios de uso de suelo en áreas verdes como parques con el fin de evitar la especulación inmobiliaria. 09 de septiembre de de 2016 Por: Johana Sánchez Rojas La dignidad en nuestras manos caret-down caret-up caret-left caret-right “En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos”. Gandhi En 2011 Animal Político abordó el caso del Parque Reforma Social, un predio ubicado entre las colonias Lomas de Chapultepec y Reforma Social que desde el 26 junio de 2010 pretende ser destruido para dar paso a un condominio de SEIS torres con mil 200 departamentos de lujo. Durante cinco años, la Asamblea de Vecinos por la Defensa del Parque Reforma Social ha realizado una lucha social por la conservación de este pulmón de la ciudad, pero la situación que vive el parque es aún compleja. Los supuestos propietarios del parque presentaron dos amparos: el 532/2013 y el 873/2014. El primero busca el cambio de uso de suelo y está pendiente su resolución; el segundo, contra el proceso de expropiación, y ya fue sobreseído. Ambos tramitados en el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Las acciones llevadas a cabo por la delegación Miguel Hidalgo, desde el arranque de la administración de Víctor Hugo Romo Guerra, han sido hacia la recuperación del inmueble a través de la expropiación o la compraventa. Cabe mencionar que entre las instancias involucradas destacan Consejería Jurídica y dicha delegación, las cuales consideraron llevar a cabo la expropiación como primera opción. Para ambos se requería contar con recursos; fue entonces que la diputada Gabriela Salido, en noviembre de 2013, propuso, mediante punto de acuerdo, la creación de un Fideicomiso público para la adquisición del parque por cualquiera de las dos vías mencionadas. En diciembre de 2014, el entonces delegado Víctor Hugo Romo Guerra aseguró que ya se contaba con un fideicomiso por 100 millones de pesos para la adquisición definitiva del Parque e incluso prometieron expropiar el predio. Sin embargo, estos recursos jamás fueron exhibidos ni transferidos a la cuenta del Fideicomiso. Cabe mencionar que ni siquiera el millón etiquetado por la Asamblea Legislativa para la creación del Fideicomiso fue solicitado, de acuerdo con lo señalado por el Procurador Fiscal Alejandro Ramírez Rico, en marzo de 2015. En numerosas ocasiones Víctor Romo, así como el diputado local Roberto Candia, hablaron respecto de los supuestos recursos obtenidos en la bancada del PRD (diciembre de 2013). Asimismo, en prensa señalaron la constitución del Fideicomiso Rescate Reforma Social, subsidiario del Fideicomiso Social Miguel Hidalgo, el cual es privado y su presidente es el Sr. Miguel Ángel Cheschistz Rocha. Es importante señalar que este fideicomiso durante año y medio de existencia no ha intentado siquiera acercarse a los propietarios a pesar que su objetivo dice ser realizar la compra del parque. Para destrabar el conflicto no basta con la buena voluntad de los nuevos funcionarios y la disposición de los dueños de llegar a una negociación, es indispensable hacer cumplir la ley, en primer lugar la ambiental y de protección a la tierra, que prohíbe cambios de uso de suelo en áreas verdes como parques con el fin de evitar la especulación inmobiliaria. El valor del parque, aseguran los vecinos, sólo lo conocen aquellos que lo defendieron la madrugada del 23 de septiembre de 2013, cuando fueron agredidos por aproximadamente 400 hombres que pretendían cercarlo. A pesar de las adversidades, continúan con su lucha social organizada y pacífica, así como con el proceso jurídico. La lucha por el Parque Reforma Social forma parte de aquellas otras luchas opositoras a diversos megaproyectos capitalinos, como el deprimido vehicular Mixcoac-Insurgentes, las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES), el corredor Chapultepec y el club deportivo que pretende construirse en el Cerro de Xochitepec; megaproyectos que son manejados por grandes inmobiliarias y constructoras y en muchos de sus casos tienen vínculos con servidores públicos tanto locales como federales, francamente en conflictos de interés. Es importante reconocer y agradecer a estos colectivos, comités, asambleas, frentes o agrupaciones que a diario hacen esfuerzos transformadores; su labor voluntaria es trascendental en la exigencia del respeto al derecho humano a la vivienda digna y al medio ambiente sano en una megaciudad como es la Ciudad de México. Mayor información en la página Salvando el Parque, en Facebook y en las cuentas de Twitter @parqueRS y @comunicacionRS * Johana Sánchez es colaboradora del área jurídica del Centro Vitoria. Este texto fue elaborado con información proporcionada por la Asamblea de Vecinos por la Defensa del Parque Reforma Social. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : ComunicacionParqueRS Entradas relacionadas: La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedo a su suerte) Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres
Juventudes alzan la voz por una vida digna
Juventudes alzan la voz por una vida digna Los colectivos y organizaciones juveniles expresan dolor y rabia ante la dinámica de muerte; denuncian que tanto los gobiernos federal y locales han declarado “una guerra sin fin hacia las personas jóvenes”, por lo que exigen un cambio en la política de seguridad, que en vez de ser autoritaria, represora y de control social, debe estar basada en un modelo ciudadano y garante de derechos. 14 de agosto de de 2015 Por: Aarón Hernández La dignidad en nuestras manos En el marco del día internacional de la Juventud, el 12 de Agosto, “no hay nada qué celebrar”, afirman diversos colectivos juveniles, organizaciones civiles de juventud y jóvenes defensoras y defensores de derechos humanos a través de un pronunciamiento realizado durante el Foro “Participación Política de las Juventudes: Retos y Riesgos”, convocado por el @CDHVitoria. Durante el foro se reflexionó sobre los alcances, logros, retos y riesgos que, a partir de diversos ejercicios de participación política, experimentan las juventudes en México. Este análisis ineludiblemente identificó el contexto de violencia que se vive en el país y que se manifiesta en la gran cantidad de feminicidios, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, reclusión o confinamiento y criminalización de la protesta social, cuestiones que tienen como principales víctimas a las juventudes, en especial a aquellas que viven en pobreza y/o que participan en el activismo y en la defensa de los derechos humanos. Al compartir sus experiencias e impresiones, las juventudes identificaron un sentir en común de indignación frente a esta ola de violencia y la serie de casos de violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos, por el cual surgió la necesidad de alzar la voz con el mensaje de ¡Basta ya de represión y muerte contra las juventudes en México! Sería absurdo asumir que los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingan han quedado olvidados; por el contrario, siguen estando presentes en la memoria de la población y en especial de las juventudes mexicanas y que, desgraciadamente, aunado al contexto de la tortura y asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete a inicios del mes en la Ciudad de México, se configuran como hechos que “…obligan a gritar, denunciar y trabajar fuertemente en colectivo…”. Ahora bien, lejos de mantenerse en una postura desesperanzadora, los colectivos y organizaciones juveniles cierran filas a través de una consigna: “por una vida digna para todas las personas jóvenes”, cuestión que no es poca cosa pues no se trata sólo de agrupaciones que se dedican al tema de juventud, sino que es una articulación de quienes defienden el territorio frente al despojo y los derechos de grupos históricamente excluidos y discriminados como las personas en movilidad humana y los pueblos indígenas, la disidencia sexo-genérica y las mujeres, entre otros; también desde posiciones políticas como el feminismo, todas teniendo como elemento en común el estar formadas en su mayoría por personas jóvenes. Las juventudes que ahora suman sus voces hoy dicen: “se equivocan quienes nos miran desde arriba”, pues no se encuentran abatidas ni atemorizadas. El encontrarse y reconocerse como ejemplos de lucha les hace renovar y sumar ánimos y fuerzas para continuar con sus respectivas labores de exigibilidad de derechos humanos. Continuarán articulándose para hacer frente a los embates del sistema económico y político que se basa en las relaciones de explotación y enriquecimiento desmedido, en el autoritarismo y la demagogia; seguirán apostando por la transformación hacia un sistema basado en la justicia y la garantía de derechos y libertades y así poder vivir en “un país más justo y digno”. Los colectivos y organizaciones juveniles expresan dolor y rabia ante la dinámica de muerte; denuncian que tanto los gobiernos federal y locales han declarado “una guerra sin fin hacia las personas jóvenes”, por lo que exigen un cambio en la política de seguridad, que en vez de ser autoritaria, represora y de control social, debe estar basada en un modelo ciudadano y garante de derechos. Las palabras de este pronunciamiento también se hicieron presentes durante el acto público de promulgación de la nueva “Ley de Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México”, donde Balance A.C. haciendo uso de la tribuna como una de las organizaciones que impulsaron dicha ley, las retoma para denunciar las violaciones graves en contra de las juventudes y exigir una verdadera política de juventud que sea integral, transversal y fundada en el enfoque de derechos humanos. Igualmente, haciendo eco de la voz de organizaciones a las que representaba en dicho acto, demandó presupuestos adecuados para salud, educación y empleo digno, que sean acordes a los derechos cobijados por esta nueva ley, y que la impartición de justicia para las personas jóvenes sea una realidad al respetarse el debido proceso. No hay que olvidar que el proceso de construcción y publicación de esta ley (que duró más de cinco años) es un intento de garantizar que no se vuelvan a repetir hechos como los ocurridos en 2008 en la Ciudad de México, donde nueve jóvenes y tres policías murieron asfixiados en un operativo de seguridad mal realizado en la discoteca New´s Divine. Si bien el día de hoy algunas entidades ya cuentan con una ley en materia de juventudes, no habrá cambios sustantivos en la vida de las personas jóvenes si no se transforma toda la política social y de seguridad abandonando el autoritarismo y el asistencialismo con que éstas se rigen. Es necesario apostar por nuevos modelos que tengan como eje rector el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas en general y en particular de las juventudes que han sido violentadas por el régimen. Consulta el Pronunciamiento por Una Vida Digna para Todas las Personas Jóvenes aquí. * Aarón H. Hernández es colaborador en el Área de Investigación del Centro Vitoria. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia
Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia!
Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! Texto escrito por Marisa Mendoza Cahuantzi, pareja de Julio Cesar Mondragón, quien fue torturado y ejecutado extrajudicialmente entre la noche y madrugadas del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y quien este 4 de junio cumpliría 23 años. 04 de junio de de 2015 Por: Marisa Mendoza Cahuantzi La dignidad en nuestras manos caret-down caret-up caret-left caret-right In memoriam Julio César Mondragón Fontes (4 de junio de 1992 – 26 de septiembre de 2014) “Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte,ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado”. Apocalipsis 21:4 Hoy no es un día cualquiera porque hoy puedo ver las maravillas que hay en la eternidad, junto a nuestro señor, nuestro Dios; ahora comienzo a escribir unas cuantas líneas como solía hacerlo en cualquier día, a cualquier hora y cualquier lugar. Solo quiero decirles que hoy no es un día cualquiera: es mi cumpleaños; sé que habrá festejo, mi familia estará reunida para celebrar. Ya puedo ver a mi madre cocinando mi comida favorita y el delicioso pastel que siempre me preparaba cada que iba a visitarla. Veo a mi esposita adornando la casa para sorprenderme como siempre acostumbraba hacerlo. Si me preguntara Dios cómo me siento, le diría que feliz, porque es el primer cumpleaños que paso con mi ratita hermosa, mi hija Melisa, ansío ver su carita, sus ojitos, sus brazos estirados para felicitarme y escucharla decirme papá. En este día quiero agradecerte Dios Padre, porque es el día más especial e importante: mi familia estará reunida celebrando la vida, mi vida, la vida de Julio, la vida de un padre enamorado de su esposa. Pero… algo está pasando y no entiendo, no hay nada de adornos, ni comida, no recibo abrazos de las personas que tanto esperaba; al contrario, veo con tristeza, coraje y desaliento a mi familia y en lugar de escuchar felicitaciones escucho exclamaciones de ¡JUSTICIA! ¡JUSTICIA! Y ahora recuerdo… Ya no estoy con ellos, ya no podré celebrar; no estaré ni con mi madre, ni con mi esposa, ni con mi hija, ni con mis hermanos, ni con mis amigos, en fin con nadie y me pregunto ¿por qué? ¿Por qué me arrebataron la vida? ¿Por qué no me permitieron llegar a la meta y ser un maestro rural? ¿Por qué no me dejaron ver crecer a mi hija, mi Melisa? ¿Por qué no me dejaron progresar junto a mi pequeña familia? No me resigno a no estar, a no disfrutar de la compañía de mi hija, mi esposa, mi madre y toda mi familia. Me siento impotente porque no solo desapareció mi cuerpo, me arrebataron mis ilusiones, mis sueños, mis esperanzas e ideales y todavía pregunto ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Si me faltaba tanto por hacer en este mundo, en esta vida. Si lo único que quería hacer era superarme, quería servir a los que como yo no teníamos tantas oportunidades, quería sobresalir, compartir con mi esposa esa profesión que tantas satisfacciones deja; también quería construir un futuro juntos. El ser maestro era mi ilusión más grande, el deseo ferviente de escuchar de la voz, de esas voces inocentes y sinceras, que sólo un niño puede decir “maestro” y sobre todo de escuchar de mi hija decirme con tanto amor “papá” y ya nunca podré jugar con ella. Tampoco la veré crecer, no guiaré sus pasos; quisiera gritar, exigir justicia ante mi muerte aunque sé que no me escuchan, pero sí puedo imaginar a mi familia sufriendo, a ti Marisa derramar muchas lágrimas, quizás esas lágrimas sean amargas en tu vida porque sé cuánto me amas al igual que yo a ustedes y no sabes cuánto deseo estar contigo y con nuestra ratita hermosa. Pero de lo que si estoy seguro es que tu dolor, bebé, será también tu fortaleza y coraje para no dejar mi muerte impune. También te pido que luches, que no claudiques, que no pares, que nadie ni nada te detenga para que se me haga justicia. Porque juntos, yo a tu lado aunque no me veas en cuerpo, lucharemos, porque mi muerte no haya sido en vano, que sea un testimonio de la impunidad en la que está sumido nuestro país. Por favor, mi amor, no desistas; lucha, persiste hasta el final, que nuestra hija sepa que sus padres son unos guerreros y nunca se dieron por vencidos. Bueno, ahora sé que tú me recordarás toda la vida y que le platicarás a nuestra hija lo mucho que nos amamos, lo felices que éramos cuando sabíamos de su existencia y cómo el día que nació todo fue tan especial que se guardará en mi mente y mi corazón. Por favor, dile a Melisa que su papi la quiso mucho, cuídala, dale amor como yo quería darle a chorros, dile que la amas como yo alguna vez te dije “te amo”, corresponde a sus preguntas y dile que por siempre yo la cuidaré desde el cielo y muéstrale todas la fotos que nos tomamos cuando estábamos llenos de amor. Por último, quiero decirte que a donde yo vaya tú y la bebé también irán, me las llevaré por siempre en mi corazón. Escucha la palabra de Dios, te invito, y allí encontrarás asilo para todo miedo y fuerza para tu debilidad, pase lo que pase aprieta el paso no agaches la mirada para que tus lindas lágrimas no caigan; te amaré eternamente, solo piénsame encomiéndate a Dios y ahí estaremos presentes en el mismo pensamiento. * Marisa Mendoza Cahuantzi es pareja de Julio Cesar Mondragón, quien fue torturado y ejecutado extrajudicialmente entre la noche y madrugadas del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Este texto hace referencia al onomástico de Julio César, quien cumpliría 23 años este 4 de junio. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Un manual de investigación para defender derechos humanos
Un manual de investigación para defender derechos humanos El Centro Vitoria ha elaborado el Manual de Investigación para la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, con el objetivo de contribuir con herramientas metodológicas de investigación, documentación y análisis que puedan ser puestas en práctica por aquellas personas o movimientos sociales que deseen realizar sus propios diagnósticos o ejercicios de documentación y análisis sobre la situación de los derechos humanos en sus comunidades. 04 de marzo de de 2016 Por: Salomé Almaraz Reyes La dignidad en nuestras manos Luego de 13 años de realizar investigación y análisis sobre la situación de los derechos humanos en el país, el Centro Vitoria ha elaborado el Manual de Investigación para la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: Herramientas para la documentación y Análisis con perspectiva de derechos humanos. La primera parte del manual es una memoria de la experiencia de la organización en la elaboración de informes con perspectiva en derechos humanos (PDDHH), principalmente derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En los apartados consecutivos se presentan los conceptos básicos de la investigación y las perspectivas utilizadas a lo largo de estos años, tales como derechos humanos, pobreza, equidad de género, juventudes y No discriminación. Finalmente, se presenta un breve ABC en el estudio específico de seis derechos: alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente y derechos laborales. La objetivo del manual es contribuir con herramientas metodológicas de investigación, documentación y análisis, explicadas de forma accesible, para que puedan ser puestas en práctica por aquellas personas o movimientos sociales que deseen realizar sus propios diagnósticos o ejercicios de documentación y análisis sobre la situación de los derechos humanos en sus comunidades. Un hecho o fenómeno social generalmente es analizado desde diversos puntos de vista o incluso desde una simple descripción, pero el estudio desde la perspectiva de derechos humanos implica reconocer cómo esas acciones o sucesos se entrelazan con las obligaciones de garantizar, proteger, promover y respetar estos derechos que han adquirido los Estados, e identificar violaciones y problemáticas y quienes serían los responsables tanto de cometerlas cómo de resarcirlas y resolverlas, respectivamente. Una investigación y análisis con perspectiva de derechos humanos no sólo sirve para dar a conocer un hecho, también nos permite contar con información actualizada. Este tipo de ejercicios son una herramienta que promueve, defiende y difunde los derechos humanos. Su importancia radica en la aportación al estudio de la realidad social para identificar y dar cuenta de las necesidades a resolver en diferentes ámbitos, sobre todo para que éstas ya no existan. La perspectiva de derechos humanos permite: analizar políticas públicas y otros programas sociales, políticos o económicos y cómo impacta en la población; verificar si la legislación existente protege o violenta los derechos o, si es el caso, ni siquiera existe un marco normativo que de protección y garantía, y documentar situaciones y hechos donde el estado con su actuar u omisión esté incumpliendo sus obligaciones y violentando directamente derechos de las personas o comunidades. Al contar con este tipo de estudios se pueden identificar los vacíos o las fallas estructurales existentes, de tal modo que se examinan las posibles violaciones, avances o retrocesos que en materia de derechos humanos se llevan a cabo como consecuencia del actuar de las autoridades e instituciones gubernamentales. La información generada permite a las personas y comunidades afectadas crear e impulsar proyectos y programas sociales que atiendan las problemáticas inmediatas o estructurales que les impiden ver plenamente satisfechos sus derechos. Es decir, es una herramienta que puede impulsar procesos de empoderamiento, articulación y participación ciudadana. La investigación y análisis con perspectiva de derechos humanos es una herramienta de exigibilidad y defensa que nos da la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos, cómo exigirlos y a quienes dirigirnos para ello, al tiempo que avanzamos en la construcción e implementación de una política pública más justa y equitativa a partir de nuestra realidad social. Las herramientas de análisis, investigación, documentación y difusión de la defensa de los derechos humanos que las organizaciones no gubernamentales generamos, se basan en nuestra experiencia de acompañamiento de casos y monitoreo de la situación de los derechos humanos en México, con base a su vez en los instrumentos internacionales y el marco institucional interno. Sin embargo, estas herramientas son estériles si las personas, colectivos y pueblos no las usa, ya que las experiencias sistematizadas se hacen y rehacen a partir de que otras luchas se las apropian, las adecuan a sus contextos y vuelven a sistematizar para compartir con otras personas y colectivos. Es un proceso constante de defensa y promoción de derechos humanos. * Salomé Almaraz Reyes es colaboradora del Área de Investigación del Centro Vitoria. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Centro Vitoria Entradas relacionadas: Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedo a su suerte) Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia La amenaza del fracking Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes Juventudes alzan la voz por una vida digna Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala
Vicisitudes para 2015
Vicisitudes para 2015 Para este 2015, lo más urgente es construir un movimiento amplio, lejos de liderazgos viejos o individualistas, que dé cauce a las demandas y asuntos pendientes, y que corte de raíz lo que produce esta cadena interminable de violaciones a derechos humanos. 07 de enero de de 2016 Por: Carlos Ventura La dignidad en nuestras manos México experimenta una profunda crisis de derechos humanos. Esta frase y otras parecidas las escuchamos fuertemente en los últimos meses. Los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, arreciaron los reclamos hacia el actual régimen. Ahora, al inicio de 2015, el apoyo a las familias de los normalistas desaparecidos, ejecutados arbitrariamente o torturados deberá ser irrestricto de parte de la sociedad nacional e internacional y solidificarse aún más; las exigencias, no deben cesar. Aunado a la demanda amplia de presentación con vida de los 42 jóvenes normalistas, la reparación integral del daño y garantías efectivas de no repetición, como sociedad civil también estamos en alerta sobre algunos asuntos que muchas organizaciones defensoras de derechos humanos identificamos como parte de nuestras agendas, y prestos para incidir, construir, revertir o transformar las propuestas de los gobiernos, según sea el caso. Apremia la construcción de agendas y alianzas estratégicas que nos lancen a la transformación de los contextos de muerte, desigualdad e injusticia. En adelante, comparto sólo algunos de ellos. Uno que causó y causará tensiones entre las personas, comunidades y gobiernos es lo referente al derecho a la protesta social. El año pasado, en el mes de octubre, diversas organizaciones denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la perversa estrategia que el Estado mexicano implementa para criminalizar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y la protesta social. Durante la primera semana de diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados hizo oídos sordos a lo que aconteció en Washington y aprobaron reformas al artículo 11 constitucional, según ellos, para garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos. En razón de ello, la sociedad civil estará atenta a la ley que reglamentará dicha reforma. Ahora es necesaria la aprobación del Senado, pero igualmente la expedición de una Ley General de Movilidad, que corre el riesgo de albergar artículos que censuren y limiten las protestas, e incluso faculten a los cuerpos de seguridad para impedirlas o detener a manifestantes. Este es un tema de primera importancia. El espacio público para este 2015 debe ser concebido no sólo como lugar para el tránsito de automóviles, sino también como un lugar de debate político, donde se da visibilidad a los problemas que aquejan a las comunidades, y como un espacio que le pertenece a las y los ciudadanos. El 2014 no fue excepción en cuanto al uso del derecho penal para inhibir la labor de activistas, miembros de movimientos sociales y defensores de sus comunidades. En este año es fundamental la demanda y el fortalecimiento del trabajo colectivo para liberar a todos los presos políticos, quienes son recluidos en penales por delitos que jamás cometieron. Tal es el caso de Mario Luna y Fernando Jiménez, miembros de la Tribu Yaqui, por oponerse al despojo de sus bien naturales. Asimismo, Juan Carlos Flores, quien fue detenido a causa de su férrea oposición a la Gasoducto Morelos, y quien se dio a la tarea de acompañar en su lucha a las comunidades afectadas por la imposición de este megaproyecto. Nestora Salgado y los presos de las Policías Comunitarias, quienes fueron acusados de delitos federales como secuestro y delincuencia organizada, y encarcelados en penales de máxima seguridad. Los presos cholultecas: Adán Xicale Huitle, Paul Xicale, Albino Tlachi Valencia y Primo Manuel Tlachi, quienes son criminalizados a causa de su defensa del territorio, en San Andrés Cholula, Puebla. Asimismo, es necesario que se libere a Enrique Guerrero Aviña, joven universitario torturado, detenido arbitrariamente y preso injustificadamente en el penal de Puente Grande, Jalisco. Y así, otras tantas personas defensoras de sus derechos, que ahora deben enfrentar el duro flagelo del sistema penal en México. En este mismo terreno. Se hace urgente que para este año las juventudes criminalizadas en el marco de las protestas por Ayotzinapa, las del 8 y 20 de noviembre, así como las del 1 de diciembre, vean ya cerrados sus casos. Las organizaciones que hemos acompañado a algunos de ellos hacemos lo que está nuestro alcance para que se les declare inocentes. Sin embargo, los procesos penales siguen sin razón alguna. No entendemos por qué la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se empeña en sostener procesos que nada tienen de ciertos. El régimen sabe que inculpa a personas inocentes por hechos violentos que él mismo provoca. Esto es más que evidente hoy día. Otro tema, y que atañe directamente a defensoras y defensores de derechos humanos, es revertir la ola de ataques hacia su trabajo. Urge que se fortalezcan los mecanismos con los que cuenta el gobierno federal para atender casos de personas defensoras en riesgo. De igual manera, se requiere que los gobiernos locales implementen mecanismos de protección para defensores y periodistas. Esperamos que este año, por ejemplo, el Gobierno del Distrito Federal expida laLey para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal en consenso con la Asamblea Legislativa, pero con la participación plena de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas de esta ciudad. Y ya que hablamos de la Ciudad de México. Debemos recordar que el Senado se negó a aprobar la reforma política del Distrito Federal, lo cual implica generar una constitución exclusiva para esta Ciudad. De esta manera se convertirá en la entidad federativa número 32. Los meses que vienen son clave para que las personas que habitamos el DF participemos en la expedición de una Constitución que verdaderamente reconozca nuestros derechos humanos. Un pendiente que, de cumplirse, sería histórico en este 2015. El año pasado fue el año de las reformas estructurales del gobierno. A pesar
¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón?
¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón? Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia. 05 de noviembre de de 2016 Por: Sayuri Herrera Román La dignidad en nuestras manos El mensaje Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. El cuerpo no fue ocultado, sino expuesto, abandonado en una calle de Iguala. Arrancado el rostro, extraídos los ojos. Pronto esta imagen comenzó a circular en las redes sociales, alguien, no sabemos quién, le tomó una fotografía que pronto se hizo pública. El mensaje fue enviado. Es importante recuperar las significaciones inscritas en el cuerpo de Julio César, un mensaje que se ocuparon de allegarnos desde que le arrancaron la vida. Esa forma de matar, la técnica ocupada, no se practicó y planificó para no ser vista. Es la razón por la que abandonaron el cuerpo y no lo ocultaron, así fue desde que se tomó la foto y se reprodujo. Los torturadores La tortura ha tomado tales proporciones que se ha convertido ya en un instrumento de gobierno. Uno que no debemos ignorar. Las técnicas de tortura son enseñadas, mecanizadas y se exportan de un país a otro. Hay un aprendizaje de la tortura, un entrenamiento en ello y los “expertos” van ofreciendo sus servicios de “capacitación” de un gobierno opresor a otro. La tortura generalizada es evidentemente un asunto político y económico, no solamente psicológico. El psicoanalista Raúl Páramo Ortega, en el artículo “Tortura, antípoda de la compasión”, nos ofrece valiosas claves para comprender la magnitud de la tragedia a la que nos enfrentamos, así como fundamentos para señalar la responsabilidad del Estado mexicano por practicar la tortura y además generar, en distintos niveles y dimensiones, condiciones favorables para la masificación de esta práctica. Páramo comenta: “Las explicaciones a nivel de psicopatología individual siguen fracasando al querer caracterizar la personalidad del torturador. Ninguna explicación individual basta porque en realidad la personalidad del torturador corresponde a un tipo determinado de sociedad con la que se confunde. (…) si algo tiene ese tipo de personalidad es precisamente no ser a-social sino producto neto de un tipo de sociedad”. La sociedad que crea condiciones propicias para la tortura es aquella educada para la competencia, el egoísmo, la obediencia ciega, el autoritarismo y la violencia. Sin duda, todas esas características las encontramos en el México de hoy. Por otro lado, señala que: “El presupuesto fundamental, el núcleo central para que la tortura sea tortura, es el que el otro esté a mi merced. La disponibilidad –ciertamente forzada- del otro es condición previa para la tortura. En la medida en que se dé la situación de impotencia total, estará dada la invitación/seducción a cierto grado de tortura”. Los mexicanos se encuentran vulnerables e indefensos ante poderes arbitrarios y opresores como la delincuencia organizada, la policía, el ejército y la burocracia, es decir, frente al propio Estado. Esto es desde ya, nos dice Páramo, una tortura incipiente instituida: la arbitrariedad de las autoridades, el abuso de poder, el desprecio por los derechos y la dignidad de las personas por parte de los gobernantes es la antesala de la tortura, ésta es el abuso de poder llevado al extremo. Con estas condiciones de vulnerabilidad, desde luego dadas en Iguala, los torturadores enviaron su mensaje. De acuerdo con el artículo, el torturador “pretende ante todo mostrar y mostrarse que es él incuestionablemente el más fuerte. Ese es su propósito fundamental, así sea enmascarado con pretextos racionalizadores del tipo de “lo hago para obtener información útil para el Estado”, “estoy obedeciendo”, “cumplo con mi deber”, “defiendo los valores de la civilización occidental”. La tortura requiere ideología. La práctica de la tortura no viene a ser otra cosa sino la concreción más extrema del uso del poder. La tortura es la práctica por excelencia del poder total. Los torturadores son poderosos o no son torturadores”. Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia. Los responsables La tortura y ejecución extrajudicial de Julio César Mondragón Fontes es un crimen de lesa humanidad, uno que por su naturaleza agravia a toda ella en su conjunto, es un crimen de Estado. Lo es en muchos sentidos. Por la generación de condiciones sociales prevalentes para el ejercicio de la práctica y su impunidad así como por la autoría intelectual, la realización y comisión del hecho. Es así que el deslinde de responsabilidades abarca desde la policía municipal, el alcalde de Iguala y su esposa, el Gobernador del estado de Guerrero, el ejército, hasta el Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión y el presidente de la República y comandante general de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto. El gobierno, más que enfrentar a los cárteles, se ha coludido con ellos y, en cambio, silencia a víctimas, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. En México hay guerra, una que el PRI en su arribo al poder, pretendió ocultar. Una guerra bajo el lema que alguna vez prevaleció como estrategia de Estado en El Salvador: “unidos unos contra otros para que acabemos con ellos”. Terrorismo represivo de contrainsurgencia. Los cárteles y el gobierno, también los partidos (PRI, PAN, PRD) están “unidos unos contra otros” para acabar con el pueblo. El amor La imagen impactante que circulaba en redes sociales pronto llegó a los ojos de Marisa, esposa de Julio y madre de su hija, Melisa Sayuri, de apenas 3 meses de edad. Marisa y el tío Guillermo Fontes viajaron a Iguala a reconocer
Después de los estragos…
Después de los estragos… Cuando las mujeres desaparecen en Ciudad Juárez, no regresan; son desaparecidas o encontradas sin vida en lugares baldíos con el cuerpo lacerado, irreconocible, debido a las torturas a las que fueron sometidas por parte de los victimarios. La respuesta misógina de las autoridades es siempre la de responsabilizar a las mujeres por ser asesinadas, sin iniciar averiguaciones en contra de los asesinos o sin calificarlo siquiera como feminicidio, sino únicamente como homicidio. 10 de octubre de de 2014 Por: Diana López Santiago La dignidad en nuestras manos La lucha que iniciaron las madres y las familias de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez desde hace más de 10 años continúa para muchas de ellas, pues las víctimas se siguen sumando. La tragedia con la que se dio a conocer a nivel nacional e internacional el odio que existe hacia las mujeres en México fue el Caso Campo Algodonero en 2001 que, debido a la falta de responsabilidad del Estado Mexicano de cumplir con sus obligaciones y a la nula voluntad política, fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual dio como resultado que en 2009 se dictara una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana. A la fecha, esta sentencia emitida por el organismo regional no ha sido cumplida por el Estado mexicano. Cuando las mujeres desaparecen en Ciudad Juárez, no regresan; son desaparecidas o encontradas sin vida en lugares baldíos con el cuerpo lacerado, irreconocible, debido a las torturas a las que fueron sometidas por parte de los victimarios. La respuesta misógina de las autoridades es siempre la de responsabilizar a las mujeres por ser asesinadas, sin iniciar averiguaciones en contra de los asesinos o sin calificarlo siquiera como feminicidio, sino únicamente como homicidio. Frente a esta realidad en Ciudad Juárez, el pasado 22 de septiembre Silvia Banda Pedroza, madre de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida el 10 de agosto de 2010; Bertha Alicia García Ruiz, madre de Brenda Berenice Castillo García, y Malú García Andrade, hermana de Alejandra García Andrade, asesinada en febrero de 2001, iniciaron una huelga de hambre para exigir justicia para sus hijas, para sus hermanas y para las miles de mujeres que han sido asesinadas por razones de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Secretaría de Gobernación, institución a través de la cual el Gobierno Federal está obligado a actuar, a 15 días de iniciado este acto de exigencia y después de los estragos que deja la huelga de hambre en los cuerpos y en la salud de estas madres, apenas este 7 de octubre, respondió a sus demandas concretas. La acción dejó también agresiones por parte de elementos de seguridad del Distrito Federal, el robo de dos pancartas mientras el campamento se encontraba ubicado en Reforma casi esquina con Chivatito, y la tensión y acoso constante de ser agredidas mientras dormían por las noches. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es competencia de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género [1] y deberá emitirla cuando no se esté garantizando el derecho a la integridad, a la libertad, a la seguridad y a la vida de las mujeres; es decir, cuando haya violaciones a sus derechos humanos.Asimismo, cuando la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y otras entidades así lo demanden; en el caso específico de Chihuahua aun cuando se ha tipificado el feminicidio a nivel estatal y federal, ninguna de las solicitudes para declarar esta alerta ha sido aceptada; de hacerlo, significaría que el Estado mexicano ha consentido que desde la sociedad hasta las instituciones gubernamentales – que es lo más grave- haya violencia hacia las mujeres sin siquiera actuar en torno a ello; todo lo contrario, el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria es algo que casi nunca es tangible y real. La reparación del daño; es decir la no repetición de los hechos, la sanción a los responsables, el acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial, contemplada en el derecho internacional de los derechos humanos no es garantizada; prueba de ello es que cada día hay más mujeres buscando a sus hijas, a sus hermanas, y la violencia estructural por razones de género a las que se les somete no cesa. Si bien se lograron avances tras la presión política de las madres con el apoyo sororo y constante de colectivos de jóvenes, así como de personas de a pie, también es cierto que el Estado mexicano aún tiene largas cuentas pendientes, pues no debemos olvidar que existen muchas madres más y familias esperando a que los gobiernos les tomen en cuenta, escuchen sus casos y demandas, se den un tiempo, sentarse y escucharlas, además de trabajar, como es su obligación, para que no haya ¡Ni una más, ni una asesinada más! *Diana López Santiago es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O P A. C. [1] La alerta de violencia de género es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida ya sea por individuos o por la comunidad. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala La amenaza del fracking Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! Un manual de investigación para defender derechos humanos ¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón? Juventudes alzan la voz por una vida digna Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedó a su suerte) Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres Vicisitudes para 2015
