Día Internacional de la Mujer
Sábado 7 de marzo de 2020 Miguel Concha Tomando en cuenta que mañana es el Día Internacional de la Mujer, escribo este artículo en estrecha colaboración con las compañeras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC. Comencemos recordando que la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos tuvo un momento clave en 1791, cuando Olympe de Gouges cuestionó el triunfo de la igualdad de la revolución francesa, a través de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Además de costarle la vida, este acto permitió que viéramos muchas de las dificultades de la lucha de las mujeres por el acceso a la justicia y a una igualdad sustancial y no sólo formal. En ese sentido, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tuvo su origen en incendios de dos fábricas textiles que marcaron la historia de sus derechos, una el 8 de marzo de 1908 y otra el 25 de marzo de 1911. Por ello, con la finalidad de realizar un ejercicio de memoria histórica que impidiera olvidar cuántas vidas cobró y sigue cobrando la lucha de las mujeres por una vida digna y libre de violencia, en 1977 la Organización de las Naciones Unidas declaró al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La historia mexicana no es ajena a esto, según Rosa María Álvarez –jueza ad hoc del paradigmático caso conocido como Campo Algodonero– la Constitución de 1917, fruto de la Revolución llevada a cabo por mujeres y hombres mexicanos, paradójicamente ignoró a 50 por ciento de la población que contribuyó a su realización: las mujeres. No obstante, los movimientos feministas no se han dado por vencidos y compañeras como Hermelinda Galindo, Nancy Cárdenas, Marcela Lagarde, Araceli Osorio Martínez y mujeres de los siglos XX y XXI, han dado voz a las demandas feministas. El panorama que enfrentan las mujeres en nuestro país es alarmante; organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil denuncian que 10 mujeres, en promedio, son asesinadas diariamente en México. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), tan sólo en 2019 fueron asesinadas 3 mil 798 mujeres y sólo 980 de los casos fueron clasificados como feminicidios, debido a la resistencia y la falta de capacidad de las autoridades para registrarlos como tales, por lo que muchos de ellos quedan impunes. Asimismo, el Sesnsp dio a conocer que en 2019 existieron 5 mil 347 casos de presunto abuso sexual y 3 mil 874 violaciones en contra de mujeres, mientras que en su último corte (abril de 2018) el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas establece que existen 9 mil 522 mujeres sin localizar. Si bien estas son cifras oficiales, no necesariamente reflejan la situación real, porque están notoriamente desactualizadas, particularmente en lo que se refiere a delitos contra las mujeres, y porque existe una gran desconfianza por parte de muchas de ellas para denunciar, debido a la violencia institucional que provoca su revictimización y criminalización, con las que incluso se les culpabiliza de las violencias ejercidas en su contra. En razón de las exacerbadas violencias ejercidas contra las mujeres, el Estado mexicano ha creado políticas públicas para combatir esta situación. No obstante, éstas han sido insuficientes frente a los altos índices de violencia. Ahora bien, pareciera que la coyuntura política actual ofrece una valiosa oportunidad para transversalizar todo el aparato institucional con los derechos humanos y la perspectiva de género, la cual debería estar encaminada a acciones que resuelvan el problema sistémico y sistemático desde sus raíces. Vale decir, sin paliativos, y así prevenir y sancionar todo tipo de violencias contra las mujeres. Ante las violencias y el contexto violento que viven en México, hemos visto el surgimiento y fortalecimiento de movimientos de mujeres, políticamente activas, que han convocado para mañana a una movilización constituida por mujeres que estarán gritando los nombres de las que ya no están, y exigiendo verdad, justicia, reparación del daño y no repetición. También desde las colectivas de mujeres se ha llamado a un paro nacional el 9 de marzo, denominado #UnDiaSinNosotras, en el que millones de mujeres no asistirán a sus trabajos y actividades. Y, para simbolizar todos los lugares vacíos de las mujeres que han sido víctimas del sistema patriarcal, dejarán desiertos los sitios que ocupan. Las violencias contra las mujeres ameritan respuestas institucionales contundentes y cambios socioculturales trascendentes y de carácter estructural que competen a toda la sociedad, especialmente a los hombres. A nosotros nos toca hacer una autocrítica de las violencias que ejercemos para responsabilizarnos de ellas, cambiar el mandato de masculinidad del sistema patriarcal, colonialista y sexista, y deconstruirnos para que nazcan nuevas identidades y formas de relacionarnos, libres de violencias y discriminación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Angélica Díaz Molina
Los peligros de una reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales
23 de octubre de 2019 Por: Víctor Manuel Chima Ortíz El pasado 19 de febrero, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Cabe señalar que esta ley fue aprobada por primera vez el 25 de octubre de 1996 durante el mandato de Ernesto Zedillo y reformada por última ocasión en abril de 2012, recién iniciado el periodo de Enrique Peña Nieto. Según el artículo 1 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, ésta “tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales”, otorgando a la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) atribuciones como “fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor”, “difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas”, y “actuar como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de los obtentores”, de acuerdo con su artículo 3. En la iniciativa de reforma del diputado Eraclio Rodríguez, se contempla la posibilidad de generar y registrar nuevas variedades que estén adaptadas a nuestro territorio, además de “fortalecer las sanciones por violaciones a la ley para reducir la piratería de semillas, el uso de semilla ilegal y el engaño y daño a los agricultores causados por estos efectos”. Aunque uno de los argumentos presentados en esta iniciativa es favorecer la productividad del campo mexicano, lo cual reduciría la importación de alimentos y la dependencia alimentaria de nuestro país, la productividad de la que se habla en ella no contempla la participación de las comunidades productoras de pequeña y mediana escala ni el apoyo a formas tradicionales de producción agrícola, las cuales representan alrededor del 75 por ciento de la producción total en el país; por el contrario, únicamente beneficiaría a grandes productores –principalmente transnacionales– que producen industrialmente y con base en el monocultivo, permitiéndoles registrar variedades de semillas nativas como propiedad privada. En efecto, con la aprobación de esta iniciativa de reforma se corre el riesgo de privatizar y monopolizar las semillas nativas y variedades vegetales que ya se producen en México –y que son el sustento de dichas comunidades productoras y campesinas–, y de que nuestro país se ciña a las disposiciones en materia de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec), ratificado ya por el primero, por lo que con esta iniciativa se adoptarían las disposiciones del Acta UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales). El Acta UPOV 91, en términos generales, permite que variedades de semillas nativas sean patentadas y por lo tanto privatizadas, lo cual limita sobremanera a las productoras y productores campesinos, quienes las han utilizado e intercambiado de manera tradicional durante múltiples generaciones. Además, al introducir semillas híbridas patentadas al campo mexicano, los maíces nativos se contaminarían, lo que abre la posibilidad para que los maíces nativos con genes patentados pasen a ser propiedad de quienes poseen dichas patentes. De igual manera, el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales abriría la puerta a semillas transgénicas como el maíz, además de que se criminalizaría a quienes usen las semillas registradas sin permiso o autorización. Por lo tanto, es claro advertir por lo menos dos cosas: primera, que las semillas nativas están en serio peligro, y segunda, que con esta reforma las empresas transnacionales podrían patentar semillas que por generaciones han sido mejoradas con procedimientos basados en conocimientos de domesticación de semillas, practicados por comunidades campesinas. La iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales no busca atender la situación de riesgo en la que se encuentra la productividad del campo mexicano, sino que, por el contrario, afectaría las formas tradicionales de producción en comunidades indígenas y campesinas, a productoras y productores de pequeña y mediana escala, y particularmente a las diferentes razas de maíz nativo. Por tales motivos, desde la sociedad civil se han implementado e impulsado acciones jurídicas y de incidencia política para evitar que reformas como la presentada por Eraclio Rodríguez Gómez sean aprobadas, siempre con el fin de proteger las variedades vegetales nativas de México, defender a las comunidades campesinas, garantizar el libre intercambio de semillas entre ellas y fomentar las formas tradicionales de producción como la milpa. Por ejemplo, la Demanda Colectiva Maíz ha sido un esfuerzo que durante 6 años ha evitado que el maíz transgénico ingrese a nuestro país, y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, desde la construcción de un nuevo modelo agroalimentario, apoya la producción de alimentos campesinos para alcanzar la soberanía alimentaria. Ahora que la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria revisará la iniciativa de reforma, ni ella ni la sociedad civil podemos permitir su aprobación, porque esta ley busca abrir las puertas a semillas transgénicas a partir de la ratificación del Tmec, que criminaliza abierta y contundentemente el libre intercambio de semillas nativas entre campesinas y campesinos. Finalmente, si bien es cierto que reconocemos los esfuerzos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han realizado en la materia durante los últimos meses, entre ellos el proceso de aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y la declaración del Día Nacional del Maíz, la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de las Variedades Vegetales no solo cuestionaría fuertemente la legitimidad de las estrategias para reactivar el campo mexicano, apoyar a los campesinos y campesinas y alcanzar la soberanía alimentaria de nuestro país, sino que también atentaría contra las pequeñas y medianas comunidades productoras y campesinas, contra los pueblos y comunidades indígenas, la biodiversidad y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las mexicanas y los mexicanos. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro
#19S: a 2 años de un desastre socialmente construido
08 de octubre de 2019 Por: CDHVitoria En días pasados se conmemoraron 2 años del sismo del 19 de septiembre de 2017 (en adelante #19S) y 34 años del acaecido durante el 19 de septiembre de 1985. Por tal motivo, diversos colectivos, académicas, organizaciones, ciudadanas y ciudadanos, entre ellos madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, participamos en las actividades conmemorativas del #19S, solidarizándonos y acompañando a numerosas víctimas del sismo. Entre las actividades estuvieron el acto religioso donde una vez más comprendimos que lo espiritual también es político, cuya celebración estuvo a cargo del padre Miguel Concha en el edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan y en el que igualmente participó el Ensamble Vocal Experimental “No Coro”. Después tomamos parte en el minuto de silencio en punto de las 13:14 horas, a la altura de la Calzada de Tlalpan y la Avenida del Taller, en el que alzamos nuestro puño izquierdo durante 60 segundos en memoria de las personas que murieron. Luego, en el mismo lugar, presenciamos la acción de protesta ante diversos medios de comunicación, que fue realizado por compañeras y compañeros de Damnificados Unidos de la Ciudad de México y de Bolívar 168. Aunque lo anterior es de suyo loable, creemos que si narramos este segundo aniversario únicamente desde lo sentimental, sólo veríamos (recordando una técnica del Nobel de Literatura Ernest Hemingway), la punta del iceberg y no todo lo que está debajo del agua. Ahora bien, si observamos detenida y concienzudamente lo que está debajo, descubriremos que la conmemoración del segundo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017 (teniendo también en la memoria el de 1985), nos lleva a constatar una verdad dolorosa e incuestionable: el desastre que desencadenó el #19S no sólo no ha terminado, sino que continúa, porque como terminantemente nos dijo una de las personas afectadas del Multifamiliar Tlalpan, “la emergencia real apenas comienza”. A este respecto, la Recomendación 12/2018, publicada el 18 de septiembre de 2018 por la entonces Comisión de Derechos del Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México), permite identificar que el #19S hizo que emergieran o se agravaran diversas problemáticas, entre ellas, obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas, desplazamiento forzado a causa del desastre, ineficiencia en la garantía del derecho a la vivienda adecuada, digna y segura, así como ausencia de una cultura de prevención de riesgos y deficiencias en la garantía del derecho de acceso a la información y la transparencia. (https://bit.ly/2SpRZnD) Si analizamos esto desde el enfoque de los derechos humanos –de la mano de la Recomendación 12/2018–, estaremos en condiciones para decir que antes, durante y después del #19S se cometieron hechos violatorios de derechos humanos, concretamente, a un nivel de vida y a una vivienda adecuados, a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica y principio de legalidad, a la propiedad privada y a la información, por mencionar sólo algunos ejemplos. Evidentemente, el gobierno de la Ciudad de México se vio rebasado el #19S, debido a que fue incapaz de brindar una respuesta efectiva ante un sismo de semejantes magnitudes. Asimismo, en otros espacios hemos suscrito una tesis surgida a partir de la elaboración del informe Documenta Desde Abajo, el cual fue presentado el pasado 20 de septiembre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, e igualmente a través de la colaboración con personas especialistas, organizaciones, movimientos, y muy especialmente mediante el contacto directo con víctimas. (https://bit.ly/2lmAR7C) Así pues, la tesis es la siguiente: el #19S es un desastre socialmente construido. De este modo, consideramos que las devastadoras consecuencias del #19S, y por consiguiente las violaciones a derechos humanos, no sólo se deben a un fenómeno natural provocado por la liberación de energía a partir del desplazamiento de la corteza terrestre, sino por la falta de prevención, planificación y acción humana adecuadas (véase Recomendación 12/2018). De lo que se sigue que las 228 personas que murieron en la Ciudad de México y las más de 30 mil damnificadas (atendiendo las cifras oficiales), tal vez hoy estarían en medio de nosotras y nosotros y vivirían en el calor de su hogar, de no ser por las violaciones a derechos humanos cometidas antes del sismo, entre otras razones por la no implementación de políticas gubernamentales de prevención y reducción de riesgos (como la publicación de un Atlas de riesgos), las cuales habrían reducido sobremanera los impactos. Sin embargo, no todo sucedió antes y durante el #19S, sino que nuestra tesis del desastre socialmente construido nos lleva a constatar que las violaciones a derechos humanos continúan, porque las víctimas siguen padeciendo múltiples afectaciones. Prueba de ello son: 1) el carpetazo dado a diversas investigaciones relacionadas con el #19S por parte de autoridades de la pasada administración, o bien, el intento de hacerlo como en el caso de Bolívar 168; 2) los retrasos temporales y los incrementos de costos en la reconstrucción de diversos inmuebles afectados, por ejemplo, en el Multifamiliar Tlalpan; e igualmente 3) los múltiples problemas a los que se han enfrentado las personas damnificadas, tales como enfermedades físicas y psicológicas, divisiones, desatención de las autoridades y políticas de castigo, dificultades con las empresas constructoras, así como las muertes de personas después del terremoto. Si bien el gobierno de la Ciudad de México ha emprendido acciones para atender a las víctimas del #19S, como la creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, las compensaciones a algunas personas damnificadas y la reconstrucción de viviendas, es igualmente oportuno señalar que las autoridades deben garantizar plenamente los derechos de las víctimas y reconocer en mayor medida sus obligaciones para con las personas damnificadas, a fin de que éstas participen activamente en todo el proceso y estén siempre al centro. Finalmente, una de las tantas vías que el Estado puede seguir para garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos de las víctimas del #19S, es el hecho de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México provea las debidas diligencias y la línea de investigación más idónea, entre ellas la inclusión de peritajes o
Una reforma constitucional para los pueblos y comunidades indígenas
El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado y enmarcando la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas. 29 de agosto de 2019 Por: Ana Gómez, Ashley Semington y Carlos A Ventura La situación de los pueblos y comunidades indígenas se ha caracterizado por una histórica falta de acceso a sus derechos, por ejemplo, como resultado de la falta de acciones aplicadas por parte Estado para asegurar el mínimo esencial en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o por acciones dirigidas a violentar a las comunidades indígenas por medio de la limitación o denegación de su derecho a la libre determinación y autonomía, el cual representa el eje central para la realización plena de todos sus derechos. Ante la falta de reconocimiento y de respeto, diversos pueblos y comunidades indígenas se han organizado y encabezado movimientos por la lucha de sus derechos; éstas no han partido de una perspectiva formalista anclada en el Estado moderno, sino desde la reivindicación histórica de sus propias formas organizativas. Uno de los ejemplos más citados es el del surgimiento público en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya que marcó un precedente al apropiarse del derecho nacional e internacional para exigir y reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, dando un significado abismalmente distinto a la percepción general que existe sobre quiénes y cómo debe ser utilizado y aplicado el derecho, ya que esta facultad había sido reservada únicamente al Estado. Así pues, el proceso del EZLN también derivó en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, donde se plasmó la obligación del Estado de reconocer y garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Por desgracia, dichos acuerdos fueron mutilados en posteriores procesos legislativos; fue evidente que el Estado mexicano traicionó lo acordado con el EZLN y llevó a cabo una insuficiente reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas a inicios de la década de 2000. Esto resultó en un reconocimiento sólo individual de los derechos de las personas indígenas, y no en uno colectivo y adecuado a la forma organizativa de las comunidades y pueblos indígenas, debilitando el margen de protección y ejercicio de sus derechos. Se impidió su reconocimiento constitucional como sujetos de derechos público. El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado por una supuesta “unidad nacional” establecida como límite máximo de la autonomía y libre determinación. Lo cual reduce la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas sólo a entidades de interés público, y no de sujetos de derecho público, ya que lo segundo implicaría el respeto a las formas organizativas de los pueblos y comunidades indígenas como sujeto colectivo de derecho. Por lo mencionado anteriormente, y para dar una respuesta a esta deuda histórica, el actual gobierno federal se ha dado a la tarea de lanzar una propuesta de Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, para entender la trayectoria de la historia de la relación entre los pueblos y comunidades indígenas y el Estado mexicano, es necesario recordar que los puntos expresados en esta propuesta de reforma no son del todo innovadores, sino más bien una reiteración de los temas centrales en los Acuerdos de San Andrés. De esta forma, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha iniciado un proceso de consulta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en territorio mexicano y con aquellos que residen en el extranjero. El objetivo de estos espacios construidos como foros es discutir al menos los 16 temas que componen la propuesta, los cuales se podrían enmarcar en cinco puntos: la libre determinación y autonomía, el derecho a la tierra, el territorio y la consulta, el derecho a la participación efectiva, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y finalmente los derechos de grupos de atención focalizada. Tal como lo han expresado comunidades y pueblos indígenas y sus organizaciones acompañantes, los foros de consulta que concluyeron el pasado 9 de agosto, pueden ser perfectibles, dado que es considerable la necesidad de ampliar la difusión y participación. De ahí que exista una seria preocupación para que toda la información referida a las propuestas del INPI, recogidas en estos foros, así como el proceso legislativo, lleguen a los pueblos y comunidades indígenas y afros, quienes son los sujetos centrales de esta reforma constitucional. Por ello, es necesario continuar facilitando y abriendo espacios de comunicación y diálogo entre los pueblos y comunidades indígenas, y los distintos actores involucrados en este proceso. Ojalá esta reforma se logre conforme al interés de los sujetos principales que son los pueblos. Incluso, que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar en uno de los pendientes históricos que México tiene con las y los indígenas. Ana Gómez*, Ashley Semington** y Carlos A Ventura** *Universidad de Wisconsin Madison **Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro
¿Por qué importa el Plan Nacional de Desarrollo?
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Si el PND es un documento estratégico para pensar y hacer un nuevo gobierno, en ello la participación puntual, adecuada y fortalecida de las organizaciones sociales será fundamental. De eso también depende que logremos cambios de régimen. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 25 de mayo de 2019 Por: Romina Vázquez y Carlos Ventura Antes de su entrega definitiva a la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) debió discutirse y definirse en el marco de espacios estratégicos de encuentro. El gobierno federal actual intentó cubrir el requisito de participación amplía, a través de tres foros a nivel nacional, 32 foros estatales, numerosas mesas sectoriales y foros especiales que tuvieron intención de priorizar la participación de los diversos grupos, sectores y personas que habitamos o transitamos el país. Sobre la versión final del PND, vinieron diversas perspectivas sobre el documento que el Ejecutivo federal entregó. Se ha dicho que en lugar de un PND son dos: uno, con sendas elaboraciones ideológico-políticas, cosa que en algunos grupos no ha gustado; y el otro, con los requerimientos mínimos que marca la Ley de Planeación. Ambos se han conjuntado en la Gaceta Parlamentaria y sobre esos documentos habrá que trabajar. Sin duda, podrían darse algunas confusiones por contar con dos documentos. De ahí que debamos monitorear el debate y aprobación entre diputadas y diputados. Sin embargo, reconocemos que proyectar y planear un país por un sexenio es, sin duda, una lucha también ideológico-política. Hasta ahora se han puesto en marcha distintos mecanismos de difusión con el objetivo de fomentar el involucramiento social en la elaboración del PND; sin embargo, hace falta recalcar no sólo su importancia para la construcción y aliento de una democracia participativa durante este sexenio, sino también la urgencia de edificarlo sobre un eficaz enfoque de derechos humanos. Para ello, es importante definirlo con precisión y conocer a profundidad las líneas en que opera. El PND es un mecanismo gubernamental que, junto con la activa participación de diversos actores sociales, busca sistematizar de forma clara y concisa las prioridades nacionales que orientarán la elaboración de políticas públicas con el fin de impulsar una vida más digna y justa en nuestro país. Éste deberá regirse por tres ejes generales: Justicia y Estado de Derecho; Bienestar, y Desarrollo, los cuales, deben conjugarse con tres ejes transversales: inclusión e igualdad sustantiva, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, además de territorio y desarrollo sostenible. (1) Ante esto, consideramos que la base primordial debe constituirse, necesariamente, por el respeto, protección y cumplimiento irrestricto a los derechos humanos. En este sentido, y de manera breve, retomando la intervención del doctor Miguel Concha en el Foro en Materia de Derechos Humanos, Migración y Población celebrado en la Secretaría de Gobernación los días 19 y 20 de marzo, se destacó el papel de los derechos humanos como pilar fundamental en la vida democrática del país y que, desde hace ya varias décadas, éstos han coadyuvado a la articulación y visibilidad de todo tipo de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Lamentablemente, el panorama es poco esperanzador y los datos e informaciones reflejan hendiduras profundas entre el cumplimiento de la ley y la situación en el país. Por esta razón, no podemos bajo ninguna circunstancia soslayar el principio de realidad en el país: una crisis grave de derechos humanos, evidente en las constantes ejecuciones arbitrarias, feminicidios, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, despojo de territorios, y violaciones constantes a derechos sociales, y por desgracia, la continuidad del modelo de seguridad y militarización, de la impunidad sistemática que se escuda y legítima tras la falta de voluntad política para reparar el daño, asegurar la no repetición de los agravios a personas, así como las sanciones correspondiente a los responsables en todos sus niveles. “Con el fin de erradicar esta situación, vemos que el enfoque de derechos humanos debe ser un eje transversal en todas las instituciones del Estado, ya que no pueden verse como elementos aislados, sino como directrices que deben acatarse por todos los poderes de la Unión y en todos los niveles de gobierno (…)”, señala puntualmente Miguel Concha. (2) Es por eso que, con el fin de potenciar los objetivos y acciones del PND, no puede obviarse la vital importancia de los derechos humanos en todo el proceso de su estructuración; se debe explicitar de forma detallada y contundente. Asimismo, es indispensable contar con los enfoques de género, intergeneracionalidad e interseccionalidad, con el fin de integrar labores específicas para necesidades. En esto, resaltamos la importancia de incluir la participación de la sociedad civil organizada en la observación a corto, mediano y largo plazo del PND y, para ello, proponemos el desarrollo de una plataforma permanente que tenga el objetivo de informarle a la sociedad mexicana sobre los avances de las actividades programadas de manera periódica. Esto, con la intención de facilitar mecanismos de monitoreo sobre el cumplimiento o no a los derechos humanos en cada resultado obtenido. Para ello, también requerimos que el gobierno actual reconozca y fortalezca la importancia del aporte democrático que han significado las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el país a lo largo de las últimas décadas, pues desde mediados del siglo pasado, gran parte de la ciudadanía interesada en participar activamente en la resolución de alguna problemática de interés público optó por asociarse de manera autónoma y sin fines de lucro en lo que hoy conocemos como OSC. Si el PND es un documento estratégico para pensar y hacer un nuevo gobierno, en ello la participación puntual, adecuada y fortalecida de las organizaciones sociales será fundamental. De eso también depende, que logremos cambios de régimen y, por qué no, estructurales. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Romina Vázquez y Carlos A. Ventura colaboran en el CDHVitoria Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
¿Qué sigue para México después de su Examen sobre Derechos Humanos?
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] ¿Cuáles son los resultados del Examen Periódico Universal y cuáles son los compromisos que ha adquirido el Estado mexicano a nivel internacional para proteger y garantizar los derechos humanos? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 13 de abril de 2019 Por: Donovan Jiménez y Carlos Ventura A través de este semanario hemos realizado algunas entregas referentes al Examen Periódico Universal (EPU) del Estado mexicano (Contralínea 05/06/18; 17/07/18), reconociendo su importancia como un instrumento internacional que permite evidenciar la situación de los derechos humanos que se vive en nuestro país. Este mecanismo de evaluación, como lo hemos dicho, admite una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, al considerar sus aportes como algunos de los insumos de mayor importancia en el proceso de diagnóstico en el que se basa el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para realizar su evaluación. En la presente entrega, abordamos la importancia de esta tercera evaluación para México, los resultados y compromisos que ha adquirido el Estado mexicano a nivel internacional, y la importancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en este mecanismo. El 7 de noviembre de 2018, el Estado mexicano fue sujeto a su tercera evaluación frente a este mecanismo. Recibió un total de 264 recomendaciones de más de 100 Estados parte. La impunidad estructural; la falta de atención integral y el acceso a la justicia de las víctimas; los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres; los derechos de la niñez; y el reconocimiento y la protección a los grupos mayormente vulnerabilizados, discriminados y violentados en el país, fueron algunos de los temas que predominaron en las Recomendaciones. El 14 de marzo de 2019, durante el 40 período de sesiones del CDH, el Estado mexicano reconoció y se comprometió a cumplir 262 recomendaciones derivadas del EPU. Para las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, las colectivas y las víctimas es un punto de inflexión en un contexto que demanda tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de derechos humanos que se vive en México. Las recomendaciones en gran parte reflejan las demandas de amplios sectores de la sociedad y permiten identificar los asuntos que requieren mayor atención, por lo que su integración dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en la definición de una agenda de Estado en materia de derechos humanos que las incorporé resulta necesario. La Delegación mexicana se comprometió a iniciar una efectiva ruta de seguimiento para la implementación de las mismas, reconociendo que en todo momento se construirá una agenda que involucre a los distintos poderes y niveles de gobierno, la académica y la sociedad civil. Asimismo, es importante enfatizar que el Estado mexicano cuenta con un gran número de Recomendaciones a nivel internacional en materia de derechos humanos (asciende a más de dos mil), por ello, es momento de exigir una correcta implementación y seguimiento a estos nuevos compromisos internacionales. Frente al contexto actual sobre cierta descalificación al trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, esta tercera evaluación pone un énfasis particular en las responsabilidades que tiene el Estado mexicano para asegurar y garantizar el derecho a defender derechos humanos, que incluye el respeto y promoción a sus figuras asociativas legalmente establecidas. Por lo que insistir en la construcción de un diálogo sincero y propositivo que involucre a todos las partes interesadas en atender esta crisis, se vuelve un elemento primordial para la implementación y seguimiento de las recomendaciones. La amplia colaboración entre las diferentes organizaciones sociales, los movimientos y colectivos ha permitido construir y abonar al proceso de democratización de México y la vigencia de los derechos. El reciente EPU representó una oportunidad única en la construcción de redes, ideas y mensajes comunes que buscaron exponer la situación del país en materia de derechos humanos, con el objetivo de obtener una hoja de ruta que permitiera tener una agenda de atención prioritaria en la materia. Desde diferentes redes, organizaciones sociales buscamos impactar tanto a nivel nacional como internacional en los diagnósticos que fueron base para la última evaluación de México. Colaboramos en distintos niveles y con diferentes actores del sector social y público, teniendo siempre la intención de posicionar en coordinación con las víctimas, las comunidades y los grupos que han sido mayormente afectadas por esta crisis de derechos humanos, sus demandas y propuestas. A nivel nacional, buscamos generar un diálogo con instancias nacionales encargadas de recibir insumos y que posteriormente aportarían sus informes sobre la situación de los derechos humanos, siendo el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), espacios que presentaron algunas dificultades por la efectividad en la participación de las organizaciones sociales y la construcción de diagnósticos integrales. También, se buscó la colaboración con representaciones diplomáticas y con las agencias y organismos del sistema de la ONU en México. A nivel internacional, generamos diferentes alianzas para llevar las demandas de las víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Realizamos diferentes eventos que buscaron hablar sobre la crisis de derechos humanos que vivimos, focalizando los temas de mayor atención, de los cuales derivaron distintas recomendaciones. Generamos espacios de intercambio entre redes de organizaciones con la representación mexicana en Ginebra, con distintas delegaciones presentes en el CDH de la ONU, y con personas defensoras de los derechos humanos de otros países para intercambiar prácticas, experiencias y herramientas de análisis y de resolución frente a estos graves contextos. En su mayoría, las demandas más sentidas de diferentes sectores de la sociedad se vieron reflejadas en las Recomendaciones de esta tercera revisión, por lo que su atención debe ser prioritaria al tratarse de situaciones que requieren acciones urgentes, y por el compromiso internacional que ha adoptado el Estado mexicano para su cumplimiento. Mecanismos internacionales como el EPU permiten reconocer que la pluralidad de ideas, demandas y diagnósticos, y la participación de múltiples actores sociales
Desde algunos espacios de la sociedad civil, para el señor presidente
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es preciso se identifique que algunas OSC –a nivel local y nacional– se han caracterizado por ser espacios de encuentro y diálogo; por acompañar procesos emancipatorios a lo largo de los años; por construir alternativas de solución ante la complejidad social; por generar vínculos profundos con y entre las comunidades; y por abonar a la recuperación del tejido social. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 15 de marzo de 2019 Por: José A. Rosano, Vidal oliver, Lorena D Quintana y Viridiana Martínez En la década de 1980, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) empezaron a constituirse con más auge, especialmente tras el terremoto de 1985, hecho que les permitió situarse y observar que, juntas y organizadas, podrían incidir críticamente para colocar en las discusiones –locales y nacionales– problemáticas que habían sido históricamente invisibilizadas. Con el paso de los años, las OSC comenzaron a tener implicaciones directas sobre personas, grupos y comunidades, adquiriendo sentido a través de las experiencias y sentires de una sociedad mexicana, que, poco a poco, encontró en estos espacios defensa, acompañamiento en la denuncia pública, incidencia y visibilidad de los actos dirigidos a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Al llegar la década de 1990, con los ánimos del levantamiento zapatista y la entrada emblemática del capitalismo neoliberal con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) a México, las organizaciones mantuvieron la visión ciudadana de esta controversia nacional, sumando esfuerzos entre movimientos sociales, colectivos, activistas y personas defensoras que abogaron por la igualdad de oportunidades, dando pie a la conformación de organizaciones, las cuales interseccionan su labor para ser, pensar y actuar por la exigencia y garantía de los derechos humanos, la dignidad y el respeto de todas las formas de vida. A pesar de ello, no fue sino hasta 2004 que en el periodo del entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox Quezada, con todo y su conservadurismo, se logró promulgar la Ley Federal de Fomento a las Actividades por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que no sólo otorgó reconocimiento legítimo a la labor profesional y sistemática de las OSC, sino que formuló un cuerpo normativo que delimitó su actuar con fines meramente sociales. Si bien es cierto que la profesionalización de las OSC a nivel nacional ha sido lenta –en comparación con las manifestaciones de la sociedad civil internacional– también es igual de cierto que han dado pauta para reconocer que las y los mexicanos podemos consolidar procesos de prevención, atención, acompañamiento, defensa de derechos humanos, evaluación, diagnóstico e incidencia política, lo que las convierte en protagonistas sociales y políticas de gran trascendencia y, sobre todo, en portavoces directas de la ciudadanía. No obstante todo esto último, en días recientes se ha instalado en la discusión pública nacional un discurso que transgrede y descalifica la labor de las OSC: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la desaparición de algunos de los programas emblemáticos como el Programa de Coinversión Social, es decir, el Programa de Subsidio Federal Único hacia las OSC, lo cual, entre otras cosas, ha intensificado percepciones de desconfianza hacia las OSC, porque se las ha caracterizado como “oportunistas políticas”, “cero profesionales”, “actoras intermediarias”, “desconocedoras de la realidad social” (e incluso se ha criminalizado su actuar como defensoras de derechos humanos). Y aunque se han sumado iniciativas como #SíConLasOSC, así como otras campañas donde se está dando a conocer el arduo, complejo y profesional trabajo de muchas de las OSC (el cual representa, además, el 3 por ciento del producto interno bruto, según lo reportado por la asociación Alternativas y Capacidades, AC, en 2019), la óptica gubernamental-federal se niega a verlas como posibles coadyuvantes y acompañantes legítimas de la población mexicana. Por lo anterior, lanzamos una pregunta al actual presidente de la República y al gobierno federal: ¿el Estado cuenta con las herramientas necesarias para hacer a un lado a las OSC? Para que respondan este cuestionamiento de una manera crítica y adecuada, creemos indispensable que, al menos: Se vea la historia y se haga memoria sobre el papel verdadero de algunas OSC en el país (que, dicho sea de paso, va muchísimo más allá de gestionar recursos económicos); muchas de ellas, por supuesto, surgidas desde las izquierdas latinoamericanas. Se identifique que algunas OSC –a nivel local y nacional– se han caracterizado por ser espacios de encuentro y diálogo; por acompañar procesos emancipatorios a lo largo de los años; por construir alternativas de solución ante la complejidad social; por generar vínculos profundos con y entre las comunidades; y por abonar a la recuperación del tejido social. Se deje de presumir y aseverar, de forma irresponsable, que todas las OSC son de tal o cual manera sin antes examinar la diversidad de ellas, ya que no existe un solo tipo de OSC. Se contemple la diversidad de problemáticas estructurales que amenazan el ejercicio de los derechos humanos de diversos grupos poblacionales, entre éstos, las juventudes que de forma sorora y solidaria (como es el caso de quienes firmamos este artículo), deciden pese a las barreras institucionales y sociales involucrarse a través de las OSC en la búsqueda de mejoras de su realidad social y en la de otras personas. Es primordial, entonces, conservar una memoria histórica ante los logros de las OSC, plasmados en programas y políticas públicas que han coadyuvado al bienestar social, no sólo de personas jóvenes, sino también de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTI+, población en situación de calle, grupos de campesinos, campesinas e indígenas, entre muchas otras, que ahora se encuentran en riesgo e incertidumbre por las descalificaciones generalizadas sin mayor fundamento y por los recortes presupuestales, que, para numerosas OSC, son apoyos fundamentales que permiten la realización de sus proyectos, los cuales no buscan otra cosa más que fortalecer y generar condiciones ligadas al bienestar social. Finalmente, repensar, escuchar y considerar todas las variables en esta discusión sobre las OSC, permitirá al señor presidente y al gobierno federal reconocerlas como personajes clave en el momento que ocurre en el país y
La próxima ratificación del Tmec: debate y futuro para México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las organizaciones campesinas y las alianzas que éstas han generado (tal es el caso de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País) son un potencial punto de encuentro para fomentar el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 11 de febrero de 2019 Por: Balbina Pérez y Layla Vázquez En los últimos años, en las ciudades se ha visto un creciente interés por las problemáticas vinculadas con la salud alimentaria y el medio ambiente. No obstante, pudiera ser que estos esfuerzos han carecido de dos consideraciones importantes para generar impactos significativos y estructurales de transformación: el diálogo intergeneracional y el vínculo con los movimientos campesinos con propuestas alternativas al neoliberalismo. Si bien es esperanzadora la proliferación en ciudades de esfuerzos tales como los huertos urbanos, la venta y producción de alimentos cultivados sin agrotóxicos, la promoción de dietas ancestrales y el comercio justo, entre muchos otros ejemplos, resulta fundamental no perder de vista la continuidad histórica entre estos movimientos campesinos y los ecológicos. Tomando una postura crítica que busca transformar la realidad en los niveles estructural y local, compartimos la preocupación de que la mayor parte de estas iniciativas ambientalistas y saludables tienden a estar construidas de tal manera que sólo son accesibles para sectores privilegiados de la población urbana, e incluso se han convertido en mecanismos de gentrificación de las zonas populares, como en el caso de la Ciudad de México. La experiencia del auge de la comida orgánica es particularmente interesante: anuncia como una innovación, cada vez más mercantilizada, a pesar de ser práctica durante milenios en la producción indígena y campesina. Hacernos esta crítica es necesario, ya que la alimentación saludable está en riesgo de ser cooptada por los intereses privados, en lugar de favorecer a los pueblos que han sido despojados de su modo de vida, enraizado en la tierra y sus territorios. En espacios como la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, nacida hace más de 11 años, se ha levantado la consigna “alimentos campesinos para todas y todos”. Hoy es fundamental retomar dichas exigencias como un paradigma para evitar que los proyectos de agricultura campesina y/o ecológica, así como los alimentos de calidad, se transformen en privilegios exclusivos de las clases medias altas o en una fuente de lucro. Este tipo de esfuerzos, tanto en el campo como en las ciudades, deben configurarse en apuestas colectivas del cuidado de la naturaleza, así como para garantizar el derecho a la salud, al medio ambiente sano y a la alimentación adecuada de todas las personas. En este mismo sentido, es crucial reconocer el camino ya recorrido por las generaciones anteriores y aprender de ellas. El planteamiento del diálogo intergeneracional, a diferencia del relevo generacional, no busca que las personas jóvenes sustituyan a las mayores, sino una colaboración e intercambio de saberes entre jóvenes, personas adultas, adultas mayores y también las infancias. La apuesta por formas de organización y diálogo donde la toma de decisiones no se concentre únicamente en las personas de determinado rango de edad o un género, sino que sean reflejo de una reflexión colectiva; es también una manera de cuestionar, desde la práctica, las dinámicas de poder que se implantan por inercia dentro de las colectividades; dinámicas que se dan por supuestas debido a una cultura adultocéntrica. Una expresión común de ésta es que, dentro de estructuras organizativas, el rol de las juventudes suele acotarse al aprovechamiento de su “fuerza física”, a su facilidad con el uso de tecnologías y redes sociales, y/o a su “capacidad creativa”. El actuar de las juventudes dentro de los movimientos y las colectividades debe ser tan amplio como amplias son las capacidades de las personas, y ser parte activa de la dinámica de los procesos colectivos en el campo y la ciudad. Asimismo, el diálogo intergeneracional es una herramienta para recuperar la memoria colectiva y, con ella, los referentes históricos, las experiencias cercanas y la posibilidad de nuevas utopías. La urgencia de este diálogo se hace patente en el contexto político actual. En los últimos años, durante las discusiones alrededor del modelo del libre comercio, y particularmente sobre la renegociación del TLCAN (ahora llamado Tmec), fueron evidentes las dificultades y la falta de información de las generaciones más jóvenes para tomar una postura crítica y consciente respecto a las implicaciones de dicho modelo. Las personas jóvenes tenemos el reto de recuperar la memoria histórica sobre el origen de la actual situación de precariedad y despojo generalizado, por un lado, y las esperanzas gestadas principalmente en el sur del país y del globo, por el otro; y para ello es necesario escuchar a las personas que, haciéndose cargo de su realidad, ya reflexionaron y se siguen organizando y actuando por la construcción de alternativas al neoliberalismo. Este cruce entre el diálogo intergeneracional y la alianza con los movimientos campesinos en México nos lleva a comprender que el campo es nuestra primera línea de defensa de otros derechos humanos. A las denuncias históricas del desmantelamiento de la economía y del tejido social de las comunidades indígenas y campesinas, dado en las últimas décadas del siglo XX y las del presente siglo, se aúna que la crisis de derechos humanos que se vive actualmente en el país es consecuencia, entre diversas razones, de este paulatino desmantelamiento, que tuvo como resultado enormes flujos migratorios a las ciudades, así como la proliferación del narcotráfico y el crimen organizado precisamente en las zonas rurales. De igual manera, las políticas económicas que afectaron la producción campesina y proliferaron la importación masiva de alimentos desencadenó la epidemia de malnutrición que hoy aqueja a la población. Las organizaciones campesinas y las alianzas que éstas han generado (tal es el caso de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País) son un potencial punto de encuentro para fomentar el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes, en el que se puede y debe aprovechar las condiciones actuales que favorecen posturas a favor de la soberanía alimentaria y
Crisis de DH en México ante próximo Examen Periódico Universal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El informe «La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA» da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 17 de julio de 2018 Por: Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura Callejas El próximo 7 de noviembre México se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para ser sujeto del Examen Periódico Universal (EPU), donde se evaluará la situación de los derechos humanos en el país. A través de este semanario realizamos una primera entrega donde explicamos la relevancia del EPU, sus objetivos, alcances y el papel de México en este mecanismo (Contralínea 5 de junio de 2018). En esta segunda entrega se abordará el contexto y situación de derechos humanos con el que llega México a su próxima evaluación, a partir del informe paralelo a la información oficial el gobierno actual, presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDH Vitoria), organización independiente y sin fines de lucro con más de 30 años en la defensa de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerabilizados, y la Dominicans for Justice and Peace, asociación de derecho suizo y representante de la Orden de Predicadores (Dominicos) ante las Naciones Unidas en Ginebra, creada en 1998, con estatus consultivo ECOSOC desde el año 2002. El informe titulado La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA es un documento que presentaron ambas organizaciones como insumo para el EPU de México, y da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. Asimismo, hace explícita la falta de compromiso en materia de cumplimiento y seguimiento de acuerdos y recomendaciones que ha recibido México por parte de mecanismos internacionales y relatores del sistema de Naciones Unidas. El diagnóstico paralelo señala que el sistema de justicia mexicano carece de políticas sólidas y eficaces para el acceso e impartición de justicia, y la ausencia, distorsión y manipulación del mismo han resultado en un contexto de violencia generalizada y de violaciones graves a derechos humanos. A pesar de importantes avances en materia legislativa, éstos se vuelven nulos frente a la falta de capacidad técnica de las instituciones encargadas de aplicar los estándares y políticas de derechos humanos, y la ausencia de un efectivo acompañamiento y espacios poco efectivos de participación para las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. En gran medida, de ahí se explica la impunidad estructural en el país. La violencia generalizada, se explica en el informe, deriva de un proceso histórico, en donde primero estuvo focalizada y era de tipo selectiva hacia personas y/o grupos que se encontraban en contextos de resistencia; sin embargo, a partir de la estrategia de combate en contra del crimen organizado que instauró el gobierno de Felipe Calderón, la violencia se ha generalizado, y existe una falta de respuesta efectiva por parte del Estado mexicano y ha incrementado el número de víctimas. Asimismo, se señala que los grupos históricamente discriminados y vulnerabilizados se encuentran ante un panorama de mayor adversidad y riesgo, dado que las políticas y medidas diseñadas para enfrentar esta situación resultan deficientes y con grandes limitaciones, ya que las acciones en su mayoría son reactivas más que preventivas; resulta evidente la falta de una perspectiva integral, interseccional y preventiva en la política estatal y en las instituciones para atender a estos grupos. Se abunda sobre situaciones graves que enfrentan las personas y colectivos. El caso Ayotzinapa evidenció la práctica generalizada de tortura y tratos inhumanos y degradantes en el país, y el involucramiento por parte de las fuerzas de seguridad en éstas acciones. El aumento de violaciones a la libertad de expresión y la protesta social son una constante, y el uso excesivo de la fuerza deriva en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, sumado a la aprobación de legislación discrecional y ambigua en la materia; tal es el caso de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior o la llamada Ley Bala en Puebla. La violencia generalizada impacta de manera diferenciada a las mujeres, y la impunidad es una constante por la falta de perspectiva de género de instancias encargadas de atender e investigar las denuncias, resultando, en la mayoría de los casos, en la revictimización y criminalización de las mujeres. La falta de voluntad por parte del Estado mexicano queda en evidencia al no establecer mecanismos sólidos de prevención y respuesta, y la falta de reconocimiento de los altos índices de feminicidio en el país, además de la negativa a instrumentar acciones efectivas en contra de la violencia de género. La aplicación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha frenado el aumento de asesinatos y actos en contra de estas personas. En particular, la defensa de derechos en procesos de tierra y territorio encuentra una mayor adversidad y criminalización al enfrentarse a acciones por parte del Estado y actores privados. Diversos grupos que exigen la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) se ven afectados por la legislación contraria a estos derechos. Ejemplo de ello es la reforma en materia energética, que ha dejado de lado la consulta a pueblos y comunidades indígenas, y les ha sometido a los intereses corporativos y empresariales. Enfrentamos un contexto de crisis en materia de derechos humanos y el EPU servirá para evaluar la administración de Enrique Peña Nieto debido al periodo que comprende esta tercera evaluación (2013-2018). Es necesario evidenciar los grandes retos a los que deben hacer frente los actores políticos que asuman la nueva administración, para que retomen efectivamente las denuncias y propuestas que organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han expuesto en informes paralelos para esta evaluación, e incorporarlas a la agenda de derechos humanos que enfrente de manera contundente la violencia y el contexto de violaciones y
México, a Examen Periódico Universal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Conforme a lo revisado por más de 200 organizaciones sociales articuladas para el examen de 2018, se puede decir que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales respecto a sus responsabilidades de proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 05 de junio de 2018 Por: Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura Callejas Este 2018 el Estado mexicano acude a distintos mecanismo internacionales para ser evaluado por la comunidad internacional en relación con su desempeño en el cumplimiento de sus responsabilidades respecto a los Derechos Humanos. Una de esas evaluaciones es ante la comunidad conformada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pretendemos, en diferentes entregas a este medio, abordar uno de esos mecanismos: el Examen Periódico Universal (EPU) al Estado México. En esta primera entrega abordaremos lo que significa el EPU, sus objetivos y alcances. Asimismo, los tiempos del EPU 2018 y el papel de México en dicho mecanismo internacional. El 15 de marzo de 2006 se estableció el Consejo de Derechos Humanos (CDH) como un órgano de la Asamblea General de la ONU con facultades para revisar la protección y cumplimiento de los derechos humanos en todos los países miembros. Dicho Consejo cuenta con el mecanismo conocido como Examen Periódico Universal (EPU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la ONU y, de esa forma, mejorar la situación de derechos humanos en todos los países. Dicho proceso cuenta con tres etapas claves. La primera, relacionada con el examen de la situación de los derechos humanos del Estado examinado. La segunda tiene que ver con la implementación de las recomendaciones recibidas, las promesas y compromisos voluntarios hechos. Y, por último, informar en la próxima revisión de la implementación de las recomendaciones y la situación de los derechos humanos desde la evaluación anterior. Para poder realizar esta evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, la presentada por el Estado revisado en forma de un Informe Nacional, que consiste en un reporte de la condición a nivel nacional de los derechos humanos. Otra fuente es la información de personas expertas independientes en derechos humanos y grupos conocidos como procedimientos especiales, cuyo mandato ante la ONU es brindar informes y asesoría que abarca a todos los derechos humanos: civiles, culturales, políticos y sociales. También retoma de manera importante información de otras partes interesadas, en las que se incluyen las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la “institución nacional de derechos humanos” (INDH), que para México sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La revisión de la información presentada es responsabilidad de una selección de tres Estados miembros del Consejo elegidos al azar, llamada Troika. En la fase de diálogo del examen participan los 47 Estados miembros y pueden asistir otros Estados de la ONU aunque no sean parte del Consejo de Derechos Humanos, así como otros actores interesados como las ONG y la INDH. La sesión tiene una duración de 3 a 5 horas y se realiza en el Palais des Nations, la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. El objetivo del ejercicio es que el Estado examinado corrija las deficiencias en la vigencia y cumplimiento de todos los derechos humanos. Durante la sesión debe informar sobre la implementación de recomendaciones anteriores y la situación nacional de los derechos humanos a partir de la última evaluación, además de responder a las preguntas anticipadas presentadas por otros Estados miembros. Posteriormente, a partir de un diálogo interactivo, el Estado examinado debe responder a los cuestionamientos de los que sea objeto. La Troika emite y presenta un informe que resume lo discutido en el Examen. Durante las primeras 2 semanas, el Estado puede realizar modificaciones editoriales y también aclarar cualquier punto expuesto por alguno de los actores en el proceso. El Estado mexicano ha sido revisado por el mecanismo de evaluación dos veces. La primera en 2009, de la cual recibió 91 recomendaciones principalmente en materia de justicia, seguridad, derechos de las mujeres, periodistas, niñez y pueblos indígenas. Mientras que la segunda evaluación se llevó acabo en 2013, y en ésta recibió 173 recomendaciones, enfatizando nuevamente en ciertas temáticas y agregando temas como derechos de las personas refugiadas, población lésbico gay bisexual transexual e intersexual (LGBTI), y personas con discapacidades. Conforme a lo revisado por más de 200 organizaciones sociales articuladas para el examen de 2018, se puede decir que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales y que ha avanzado poco respecto a los señalamientos de exámenes anteriores. La próxima revisión del Estado México está programada para el 7 noviembre de este año. Este ciclo pretende evaluar el periodo de 2013-2018, lo que resultaría de facto en una evaluación a la administración de Enrique Peña Nieto en materia de Derechos Humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México es el encargado de sintetizar los insumos presentados tanto por la CNDH, como por otras organizaciones o colectivos que hayan realizado algún informe. Se espera que para agosto se presente el informe nacional, con lo cual el mecanismo contaría con todos los insumos necesarios para realizar la evaluación. En nuestra próxima entrega abordaremos asuntos relacionados con el contexto y situación de derechos humanos con el que llega el Estado mexicano a la cita del EPU, desde su última versión hace 5 años. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
