Derecho a la Ciudad, que sea para todos y todas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Para garantizar el derecho a la Ciudad de las mujeres, es necesario atender con responsabilidad a la solicitud que se ha dado a levantar la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 30 de enero de 2018 Por: Alejandra Santamería García, Pollo Garduño y Layla Vázquez Flandes* Ante las recientes declaraciones de Miguel Ángel Mancera y Patricia Mercado acerca de que no es necesaria la Alerta de Violencia Género en la Ciudad de México (que porque se quiere usar la violencia hacia las mujeres como un “tema político” y que, con la entrada en vigor de la nueva Constitución de la Ciudad de México, los derechos de las mujeres estarán garantizados), pareciera necesario recomendarles una lectura de fondo a las cifras sobre violencia y feminicidios en la Ciudad. En especial, si en sus últimos meses como cabeza del gobierno desea respaldar a la Constitución y su novedoso reconocimiento al derecho a la Ciudad, de las que tanto presumió como logro durante su último informe de gobierno. En este mismo sentido, Mancera afirmó que no se privatizarán derechos, tales como el del acceso al agua, siendo que lo que podemos ver en la Ciudad es el desplazamiento y la distribución inequitativa de los bienes comunes de la Ciudad. En la Carta de la Ciudad de México, el Derecho a la Ciudad se concibe como el disfrute de todo lo que se produce dentro de ésta, bajo los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. El reconocimiento al derecho a la Ciudad en la Constitución significa que ésta deberá ser garantista, democrática, solidaria, productiva, incluyente, habitable, segura, de libertades y derechos, educadora y del conocimiento, toda la ciudadanía deberá gozar plenamente de la Ciudad bajo estas características. Hay grupos de la sociedad lejos del disfrute pleno de sus derechos y que no pueden esperar hasta la entrada en vigor de la nueva Constitución para el reconocimiento de sus derechos y demandas. Uno de estos grupos son las mujeres de la Ciudad, quienes han sido objeto de diversas formas de violencia que afectan directamente su desarrollo individual y su uso y disfrute de la Ciudad. Basta con mencionar los 101 casos de feminicidio ocurridos entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, entre éstos los de Lesvy Berlín y Abigail Guerrero Mondragón. O como otra muestra de violencia hacia las mujeres, se encuentra la impunidad en la que permanecen los casos de transfeminicidio, como son los de Paola Ledesma y Alessa Flores, asesinadas ambas en octubre de 2016 y para quienes aún no hay justicia. La Constitución de la Ciudad de México también estipula que, para lograr una Ciudad incluyente, “las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres”. Teniendo esto en cuenta, es pertinente preguntarnos: ¿qué bases nos deja el actual gobierno a las habitantes de la Ciudad de México para ejercer nuestro derecho a la Ciudad? ¿Qué bases le deja a la futura Constitución para lograr una Ciudad con las características que menciona? Esto, siendo evidente su negativa a reconocer que son necesarias medidas inmediatas para nuestra seguridad y bienestar; que, a pesar de sus avances en políticas públicas incluyentes, la Ciudad aún tiene un gran rezago respecto al disfrute pleno y equitativo del espacio público. Por otra parte, otra problemática que atañe hoy en día a la Ciudad es la privatización de los bienes comunes, lo cual afecta principalmente a los pueblos y barrios originarios. En la Ciudad de México se encuentran 139 pueblos y 58 barrios originarios, que conforman 197 comunidades. Los pueblos y barrios originarios conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión; y en muchas ocasiones sus estructuras organizativas se contraponen a los intereses económicos de explotación masiva, ya que representa la transgresión a sus espacios y sus formas de vida. En estos casos, se reconoce el derecho a la consulta previa, el cual es un derecho llave para acceder a otros y les permite impedir la privatización de los bienes comunes que se encuentran en sus territorios, así como ejercer la libre determinación de su condición política, su desarrollo económico, social y cultural, así como la autonomía de los pueblos. En este sentido, recientemente pueblos y barrios originarios interpusieron dos amparos en contra de la Ley de Sustentabilidad Hídrica, considerando que implicaría el control del acceso al agua, así como de los ríos y pozos situados en sus territorios, favoreciendo a los empresarios y a zonas privilegiadas de la Ciudad a costa del bienestar de los pueblos. No negamos el reconocimiento que ha tenido el Gobierno de la Ciudad de México a los derechos humanos y a las personas defensoras de los mismos, pero debemos subrayar que el reconocimiento implica atender las demandas y problemáticas de quienes habitamos y transitamos por la Ciudad. En este sentido, para garantizar el derecho a la Ciudad de las mujeres, es necesario atender con responsabilidad a la solicitud que se ha dado a levantar la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México. Igualmente es necesario dar plena defensa y reconocimiento a la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad sustentada en sus habitantes, sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas; la escucha y defensa de estos sectores posicionaría a la Ciudad de México como un ejemplo para todo el país porque reconocería las necesidades, problemáticas y demandas de todas las personas que conforman a la Ciudad. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Galo Cañas [siteorigin_widget
Criminalización de la ANUEE y la protesta social
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 03 de noviembre de 2017 Por: Marisol Feria* y Carlos Ventura* La limitación de protestas sociales, acompañadas de detenciones arbitrarias, se han convertido en uno de los métodos de disciplina y control social más usados por autoridades mexicanas en la administración de Enrique Peña Nieto. Éstas son cometidas contra organizaciones sociales y personas de presencia y liderazgo importante entre procesos de resistencia que se oponen a megaproyectos, que se organizan para defender sus territorios y especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), por mencionar algunos. En la última década, se ha consolidado un régimen de despojo que se ha gestado desde hace ya varios lustros con la imposición de políticas neoliberales, que protegen intereses económicos de las transnacionales e incentivan la mercantilización de bienes comunes naturales y de derechos, que son vistos como bienes de capital. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), donde participan más de 70 mil personas, ha sufrido en lo que va del presente año agresiones y detenciones arbitrarias en contra de sus integrantes, que han mantenido una larga lucha con carácter social en contra del desmantelamiento del sector energético y las diversas problemáticas que entraña éste en distintos ámbitos y dimensiones de la vida individual y colectiva. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria acompaña este movimiento en la documentación de hechos violentos relacionados con la defensa del derecho humano a la energía eléctrica, acompaña movilizaciones, e insiste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la importancia de reconocer y proteger este derecho, también se ocupa de la defensa integral de las personas que han sido detenidas. Apenas el pasado 19 de agosto fueron detenidas de forma arbitraria dos personas en Naucalpan, Estado de México. Se habían comenzado trabajos de “modernización” en infraestructuras eléctricas, razón por la cual vecinos salieron de sus casas a solicitarle a trabajadores y contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) información sobre esas obras, en ejercicio del derecho de petición e información, sin embargo de forma intencionada se les negó, llamándolos “indios cerrados”. Posteriormente, el día 14 de octubre de 2017 en ese mismo municipio, policías municipales realizaron violentos actos de represión y detuvieron a otras dos personas. Incluso, sobre estos hechos, se denunció tortura sexual en uno de los casos: quien policías sacaron de su automóvil y arrastraron por el pavimento a una de esas personas, para luego ser inmovilizada contra el suelo por dos policías de sexo femenino, sentándose en sus piernas y golpeándola, mientras alrededor se encontraban otros agentes del sexo masculino indicándoles a aquéllas donde golpear para someter a la víctima, mofándose y vociferando insultos como: “¡Eres una puta!, ¡te lo sacaste por revoltosa!” A lo que siguió la puesta a disposición y posterior traslado al seguro social, porque no había un médico legista. Todo con una violencia brutal y un trato degradante. La mayoría de los casos de detenciones y criminalización de integrantes de la ANUEE se realizó bajo la denuncia y puesta a disposición en la Procuraduría General de la República (PGR), y la subsecuente imputación del delito de oposición a obra o servicio público, el cual se encuentra en el artículo 185 del Código Penal Federal. Delito que debiera ser considerado inconstitucional, toda vez que ahora se usa discrecionalmente cada vez más contra quienes se “oponen” a obras públicas. En medio de este conflicto, el pasado 16 de octubre, en el penal de máxima seguridad número 1 del Altiplano, Estado de México, se realizó la audiencia de formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso por los hechos del 19 de agosto; se generó un precedente importante en la lucha contra la criminalización de la protesta. En ese proceso personas asesoras jurídicas del Centro Vitoria, que acompañan a la ANUEE, dejaron registro ante el juez del exceso que significa judicializar una problemática social, cuando se pretende aplicar todo el “rigor de la ley” y lanzar una agresiva maquinaria penal contra quienes ejercen el derecho a la protesta social, el derecho a disentir y resistir. Lograron la no vinculación al delito y llamó la atención la argumentación del juez, que protegió a estas personas señalando sus derechos a la libertad de expresión, manifestación y protesta social. Un paso contundente que de forma inmediata las autoridades federales buscan anular, ya que la PGR continúa en su pretensión de criminalizar este movimiento. Sin embargo, obvia reconocer que con ello incurre en graves violaciones a derechos humanos y actúa como defensora no del pueblo, sino de empresas e intereses particulares. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Arturo Vázquez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Tepoztlán, frente al ecocidio del gobierno de Morelos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 20 de agosto de 2017 Por: Layla Ahlam Vázquez Flandes/Carlos A Ventura Callejas En los últimos años, a lo largo de todo el país hemos visto el incremento de los conflictos causados por la imposición de megaproyectos de todo tipo: mineros, turísticos, inmobiliarios, energéticos, monocultivos y de construcción de autopistas. Estos megaproyectos, a cargo de grandes empresas, se ven impulsados por la complicidad de los diversos niveles y órdenes del gobierno mexicano, y por las intenciones del Estado de fortalecer cada vez más al sistema neoliberal por medio de las reformas estructurales y de los tratados de libre comercio. Asimismo, ante el avance de estos proyectos violatorios de los derechos humanos y contrarios al buen vivir de las personas y de los pueblos, la gente afectada por ellos se ha organizado para defender sus territorios y la vida que de éstos depende. Éste es el caso del pueblo de Tepoztlán, Morelos, que ha luchado contra el gobierno de Graco Ramírez y contra el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos (Centro SCT Morelos) desde 2013, por la construcción de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla. Las y los habitantes de Tepoztlán denuncian que esta obra se inició sin contar con los permisos necesarios: la Asamblea de Comuneros no ha autorizado la construcción sobre 16 de los 21 kilómetros correspondientes al megaproyecto, los cuales son de propiedad comunal; y el resto, de carácter ejidal, fueron entregados al Centro SCT Morelos por el Comisariado Ejidal a cambio de 12 millones de pesos, de modo que las tepoztecas y los tepoztecos hablan de que tal permiso fue “amañado”. La construcción de dicha autopista representa el ecocidio de más de 121 hectáreas de bosque, el equivalente a más de 3 mil árboles de los cuales depende el ecosistema tepozteco, sin contar las hectáreas afectadas por la construcción de casetas y otras obras aledañas; además de violar dos decretos presidenciales que protegen el territorio (el decreto que declara Parque Nacional El Tepozteco, los terrenos que rodean el pueblo de Tepoztlán, y el decreto por el que se declara el área de protección de la flora y fauna silvestres, ubicada en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, Morelos), así como el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Morelos. Por otro lado, la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla ha traído a Tepoztlán el desabasto del agua, pues la empresa constructora utiliza grandes cantidades del vital líquido para la obra, despojando a las y los tepoztecos de un derecho humano consagrado en el Artículo 4 constitucional. Aunado a esto, se prevé que agravaría el desabasto del agua y la contaminación del aire en la región, toda vez que existe una ampliación parte del Plan Integral Morelos (PIM) que busca industrializar la región oriente del estado, centrándose en la construcción de dos plantas termoeléctricas. En suma: despojo del territorio de los pueblos originarios y del agua, ecocidio del bosque y la polarización entre la población de Tepoztlán es, todo ello, consecuencia de la imposición del megaproyecto que contempla la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla, violando los derechos a la autonomía de los pueblos, a la consulta previa, libre e informada, a un medio ambiente sano y al agua, amén de la descomposición del tejido social que se sustenta en una cultura diversa en tradiciones, y de las cuales las y los habitantes de Tepoztlán están orgullosas y orgullosos. Contra toda esta serie de amenazas a la dignidad y al buen vivir, los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán se han organizado para evitar que este megaproyecto, perjudicial para la vida de este pueblo, siga avanzando; ejerciendo presión política, social y jurídica para mostrar la arbitrariedad con la que han actuado las autoridades de Morelos para imponer la ampliación de la autopista ya mencionada. En las últimas semanas, las y los integrantes de los Frentes impulsaban sostener una reunión de trabajo, tanto con el gobierno del estado como con el Centro STC Morelos, mas dicha reunión fue cancelada debido a que no había nadie para recibirlos. A raíz de ello, personas de los Frentes se instalaron en plantón dentro del Palacio de Gobierno de Morelos hasta que alguien los recibiera; durante este acto de protesta, se les negó el acceso a los baños, a agua y a alimentos para quienes se encontraban dentro de la sede gubernamental. Ahora los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán se encuentran a la espera de que se reagende la reunión de trabajo con las instancias estatales ya mencionadas, en conformidad con los acuerdos a los que se llegaron tras el plantón, en la cual se permita conocer íntegros los supuestos permisos de la ampliación de la autopista, y se priorice la protección del corredor ecológico del Tepozteco y la vida digna y plena para el pueblo de Tepoztlán. Es deber del gobierno de Morelos atender de manera integral y urgente las demandas de estas comunidades, casi 4 años, desde iniciado el conflicto, no le parecen suficientes a las autoridades para entender que la razón asiste a los pueblos, y que su imposición autoritaria de megaproyectos no hace sino violentar sistemáticamente derechos de pueblos y comunidades en Morelos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] *Colaboradorxs del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: desinformemonos.org [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Ley de Seguridad Interior: detrimento del poder civil frente al poder militar
Ley de Seguridad Interior: detrimento del poder civil frente al poder militar 12 de marzo de 2016 Por: Sayuri Herrera Román En los últimos días hemos escuchado sendos debates sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que presentaron el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso, de principio, y a los que respondieron con iniciativas similares Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Un reclamo del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, bastó para movilizar a los representantes de las bancadas partidarias, que en un tris saltaron apresurados a congraciarse con el que parece ser un aliado importante para que alguno de sus candidatos gane la silla presidencial en las próximas elecciones y se mantenga ahí todo el sexenio. Por encima de la voz del secretario de la Defensa Nacional no parece haber voz ciudadana que alcance la potencia suficiente para ser escuchada y atendida. Las víctimas civiles de esta “guerra”, cuyo clamor diario escuchamos en las calles, noticieros, foros y asambleas, no tienen un ejército detrás y no les basta un reproche para mover a un Congreso. Las Fuerzas Armadas, en cambio, tienen viento favorable para permanecer en las calles, carreteras, estaciones migratorias y estratégicos puestos de responsabilidad pública en el control de la seguridad, con el consecuente crecimiento de su poder fuera de los márgenes de vigilancia civil. Personas defensoras de derechos humanos, investigadores e investigadoras, intelectuales y víctimas de la acción de los militares hemos exigido, no de ahora, sino de años, el retiro programado de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública. Programado porque sabemos que hay lugares del país en donde las instituciones civiles fueron carcomidas por la corrupción, pero no sólo de las policías, también de quienes ostentaban cargos de representación. Esa corrupción endémica, endemoniada, fue la justificación perfecta para quienes veían y aún ven en el ejército a “la única institución incorruptible” en un país en el que torcerse es la regla. Si observamos con más detenimiento nos daríamos cuenta de que poco o nada sabemos de lo que sucede dentro de las Fuerzas Armadas y sus abogados trabajan para que se mantengan así las cosas: herméticas, reservadas, en secreto y opacidad. De ahí que se conserve está imagen en lo general pulcra, que no se puede tocar ni con el pétalo de una solicitud de información o una comisión de la verdad para el esclarecimiento de crímenes del pasado. La política de seguridad actual está dentro de ese terreno de lo inaccesible y opaco: discusiones secretas, resultados oficiales indecibles y ocultos, tan vergonzantes y atroces que sólo mediante filtraciones algo llega a saberse entre la ciudadanía. Informes como el publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el reporte emitido por el Instituto Belisario Domínguez del Senado dan cuenta del aumento de violaciones a derechos humanos en proporción directa con el mayor número de efectivos militares involucrados en tareas de seguridad pública. Con la ley que pretende aprobarse no cambiará esta situación; por el contrario, se hará más profunda la brecha entre el poder civil y el poder militar; se profundizará la influencia política de los militares. Pese a todo, es claro que “la guerra contra el narcotráfico” no ha sido eficaz para desmantelar las organizaciones criminales que trafican droga a Estados Unidos; tampoco ha bajado el volumen del producto que se introduce en aquel país y los indicadores demuestran que el consumo de drogas de los estadunidenses ha ido en aumento; lo que sí ha ocurrido es que mientras se dotó a las Fuerzas Armadas de mayor presupuesto y margen de maniobra, las policías continuaron corrompidas, sin presupuesto y sin capacitación suficiente; situación que no favorece la desmilitarización del país y que representa una amenaza grave al cumplimiento de los derechos humanos. Por ello es preciso capacitar y fortalecer a las policías civiles para que asuman honrada y eficazmente la tarea de salvaguardar la seguridad pública en el país; paralelamente habrá que dialogar y trabajar en una propuesta de retiro programado de las Fuerzas Armadas así como repensar la política de drogas. Desde luego, nada de lo que decimos aquí se logrará a punta de plumas y micrófonos, será necesaria la organización y la movilización de los pueblos para defender su derecho a la paz, la democracia, la libertad y la vida frente a esta verdadera amenaza. *Sayuri Herrera Román es colaboradora del área Jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Pateando Piedras Entradas relacionadas: Territorialización de la reforma energética Incumplimiento de recomendaciones ¿Cómo se enfrenta a la minería? Vicisitudes para 2015 El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2 de octubre, deberes incumplidos El derecho humano a vivir en paz Educación, resistencia y derechos humanos Las mujeres y los Desca Escalada contra defensores
Contra el tratado de asociación transpacífico
Contra el tratado de asociación transpacífico Este noviembre se ha convertido en un mes de resistencia y oposición al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) en México y en toda América. El viernes 4, en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, diversas organizaciones y personas de todo el hemisferio levantaron la voz contra la ratificación del TPP, y denunciaron también el ataque sistemático contra las democracias en América Latina, y rechazaron el caos actual en el que nos ha colocado el modelo neoliberal en sus crisis profunda. 27 de noviembre de 2016 Por: Layla A Flandes Vázquez /Carlos A Ventura Callejas En el caso de México, se advierte cómo la ratificación del TPP se traduciría en un retroceso en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, pues deja completamente desprotegidos los derechos laborales, los saberes y territorios de los pueblos indígenas y originarios, el cuidado del medio ambiente, el acceso a la salud para los sectores de mayor atención prioritaria, y que se ven afectados por los intereses de las empresas farmacéuticas (entre los cuales se encuentran las personas con VIH), la libertad de expresión y la privacidad en internet, y la soberanía alimentaria al imponer patentes de semillas, impulsado por grandes trasnacionales, entre las cuales destaca Monsanto. Es igualmente alarmante la creación de mecanismos supranacionales (tribunales internacionales), en donde las empresas pueden demandar a los Estados que “afecten” sus inversiones, o bien que a juicio de ellas mismas les generen impedimentos para la seguridad en sus inversiones económicas. Así, en estos tratados comerciales se genera un mecanismo que tira por la borda la soberanía de los pueblos y países, y deja en total descuido el derecho humano a decidir sobre el bienestar al que se aspira, las formas de cómo hacerlo y organizarlo, así como decisiones del presente y futuro de un determinado país. Nos enfrentamos a la negociación del TPP en un país como México que ya vive una crisis en materia de derechos humanos. Por ello, diversas organizaciones campesinas, sindicales, de derechos humanos, de derechos digitales, entre otras, han denunciado, por medio de una confluencia, agrupada en la Convergencia México Mejor Sin TPP, todos los riesgos que ese tratado conlleva. También han exigido por diversos medios al Estado mexicano, que no se ratifique sin que sea puesto bajo escrutinio de la ciudadanía, especialmente de los pueblos indígenas y originarios. Para expresar su postura en contra de este tratado, en el que se ven implicados 12 países, la Convergencia México Mejor Sin TPP convocó a una concentración en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, señalando cómo la ratificación del TPP sepultaría las victorias de las luchas sociales por los derechos humanos y por una vida digna y plena para todas y todos. Se evidenció al TPP como “una nueva embestida neoliberal que intenta revertir la derrota sufrida en la aprobación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los avances logrados por los gobiernos progresistas en el cono Sur de nuestro Continente. Ahora pretenden, los de arriba, consolidar un modelo neoextractivista depredador”. Esto es especialmente preocupante en la medida que vamos dando cuenta, alrededor del mundo y de manera especial en el Continente Americano, cómo las posturas de la derecha más extrema se han impuesto de diversas maneras: el arribo de gobiernos neoliberales en Brasil y en Argentina, el no a los acuerdos de paz en Colombia, el reavivamiento de los discursos de odio promovidos por la derecha religiosa y ultraconservadora contra las personas LGBTTTI, y, más recientemente, por el ascenso del republicano Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. Las personas y las organizaciones que nos oponemos al TPP hemos señalado que en este tratado se encuentra implícita la estrategia de Estados Unidos –a pesar de la supuesta negativa de Donald Trump a su aprobación–, de algunos gobiernos de la Unión Europea (UE), de otros países con poder económico en el mundo y de las grandes empresas trasnacionales para defender sus intereses en Latinoamérica y en Asia; además, busca confrontar y blindarse ante el avance económico de China y otras economías emergentes. Esto es más claro al considerar que dentro de esta estrategia se encuentran otros tratados de libre comercio, como el Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), negociado entre Estados Unidos y la Unión Europea; el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), negociado entre Canadá y la UE; y el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA), enfocado en los mal llamados “servicios”, como son el agua y la energía eléctrica, por ejemplo, y donde están tomando parte alrededor de 23 países. Por todo ello, tanto el viernes 4 como el martes 8 de noviembre de 2016 (día en que se realizó una marcha de la embajada de Estados Unidos a la sede del Senado de la República), la presencia de la ciudadanía en las calles de la Ciudad de México se concentró en exigir al Poder Legislativo, responsable de la ratificación del TPP, que se detuviera la estrategia neoliberal plasmada en este tratado, por medio de un documento redactado entre las organizaciones de la Convergencia y entregado al Senado, y donde se esgrimen una serie de exigencias que incluyen la consulta amplia e informada a la ciudadanía –por medio de una consulta popular establecida en el marco jurídico mexicano–, la generación de estudios independientes sobre los impactos del TPP y la respuesta puntualmente argumentada de parte del Estado mexicano a la carta que redactaran las y los relatores y expertos de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual expresaron a los diversos Estados su preocupación por la garantía, respeto y vigencia de los derechos humanos ante la posible ratificación de este tratado. Además de señalar que no podemos aceptar las simulaciones que se llevan a cabo en las audiencias públicas durante este noviembre, pues no son de ninguna manera mecanismos idóneos y adecuados para la consulta de temas que implican
Educación, resistencia y derechos humanos
Educación, resistencia y derechos humanos l Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) en México y en toda América. El viernes 4, en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, diversas organizaciones y personas de todo el hemisferio levantaron la voz contra la ratificación del TPP, y denunciaron también el ataque sistemático contra las democracias en América Latina, y rechazaron el caos actual en el que nos ha colocado el modelo neoliberal en sus crisis profunda. 12 de junio de 2016 Por: Layla A Flandes Vázquez /Carlos A Ventura Callejas En medio de un ambiente de expectativa, escuchamos a los profesores invitados. Las reflexiones que abrieron el espacio de diálogo hicieron hincapié en la esperanza, surgida en la solidaridad mostrada por padres y madres de familia, estudiantes, organizaciones sociales y pueblos de todo el país, que es enorme, y se ha unido a las movilizaciones en apoyo al movimiento de la CNTE alrededor de México. “La huelga y la movilización ha cobrado relevancia… ha roto con las expectativas que nosotros mismos nos habíamos planteado”, declaró uno de los profesores. También aludió el contexto de criminalización, estigmatización y violencia que han vivido las maestras y los maestros desde el inicio de las jornadas de lucha nacional de parte del magisterio. Recordó que las y los manifestantes de la CNTE han sido desalojados ya tres veces de los plantones instalados en la Ciudad de México, siendo el más emblemático el desalojo de la Plaza de Santo Domingo, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el pasado 21 de mayo. “Nos tienen arrinconados. La pretensión del Estado es que no salgamos, que callemos”, mencionó uno de los profesores presentes en el diálogo. Aunado a esto, los maestros relataron cómo el Estado mexicano ha ejercido amenazas, detenciones, desapariciones e incluso asesinatos contra las y los trabajadores de la educación que conforman el movimiento disidente magisterial; además, lo que sucede con los despidos masivos y las campañas de criminalización ejercida a través de los medios masivos de comunicación. Otro de los maestros presentes recordó que “desde el 2013 tenemos compañeros encarcelados, asesinados, perseguidos y exiliados por alzar la voz”. De acuerdo con lo que compartimos con las y los maestros presentes en este encuentro, el Estado ha vuelto a usar las prácticas “tradicionales” de represión en su contra y, con ello, sin duda se configuran graves violaciones a derechos humanos de las y los integrantes de la CNTE. A pesar de esta violencia dirigida en su contra por parte del Estado, las maestras y los maestros seguirán en pie de lucha por medio de diversas acciones enmarcadas en su derecho a la protesta social, al tiempo que, como ellas y ellos mismos han señalado, intentan abrir el diálogo con la sociedad y el gobierno, pues están en la protesta y la propuesta, mientras que el gobierno federal en la cerrazón total. Los maestros presentes en este conversatorio reiteraron las demandas que se manifestarán a lo largo de sus acciones políticas: la no implementación de las reformas estructurales, haciendo hincapié en la reforma educativa; la estabilidad laboral de las maestras y los maestros; la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; la reinstalación inmediata de las y los profesores que están en proceso de despido; la no retención de los salarios de las y los miembros de la CNTE que se han movilizado y negado a presentar la evaluación impuesta por la Secretaría de Educación Pública; el alto a la persecución de las y los luchadores sociales; y la libertad de todos los presos políticos del país, especialmente de aquellos que han sido detenidos a raíz del movimiento magisterial: en total, son 11 los maestros que fueron detenidos a lo largo de las movilizaciones. A la par de esto, mencionaron que es urgente, con la solidaridad de todas y todos, revertir el efecto que ha tenido el “operativo mediático” para desprestigiar y criminalizar a las y los profesores de la CNTE; es necesario reconocer y promover que el magisterio disidente hacen ejercicio y uso de su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la protesta social. El control de los medios masivos de comunicación ha invisibilizado también el movimiento que se ha dado en otros estados del país contra la Reforma Educativa. Cabe señalar que diversas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron ante la criminalización de la que han sido objeto y demandaron al gobierno tanto de la Ciudad de México como el federal, cesar todo intento de represión o impedimento a la exigencia de derechos que los docentes realicen. Estamos frente a un autoritarismo que a rajatabla violenta derechos sin costo alguno, y el caso de la CNTE ahora es todavía más emblemático en esta lamentable situación de crisis de derechos humanos. De lo recogido en este diálogo con profesores, recalcamos que la CNTE ha estado al lado de muchos otros movimientos sociales, por ello es de reconocerse la trascendencia que tiene el movimiento magisterial en México, pues también representa una de las tantas luchas que convergen a nivel internacional contra los modelos neoliberales de desarrollo y, en este caso, de modelos educación basados en una lógica de control y calidad empresarial. Uno de los maestros afirmó que se enmarcan dentro de “la primera revolución social del siglo XXI”. A lo largo del diálogo, los maestros reafirmaron la posición de la CNTE: “Queremos una evaluación de dignidad, no de calidad”; reiteraron que la calidad a la que aluden en los pasillos de la SEP responde a las exigencias de una lógica empresarial y no al principal objetivo de la educación, que son las personas, su contexto y su historia. De viva voz, escuchamos que, si ha de haber un mecanismo de evaluación de la educación, éste no debe ser el impuesto por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sino uno que sea continuo, formativo
Restricción y suspensión de derechos y garantías en México
Restricción y suspensión de derechos y garantías en México 17 de abril de 2016 Por: Miguel Concha Tras la ingenua afirmación de que el Estado tiene que “vivir”, suele ocultarse generalmente la voluntad desbordada de que el Estado viva en la forma que estiman correcta aquellos que se aprovechan para sus fines particulares de la justificación del “Estado de necesidad política” Hans Kelsen Cuando hablamos de suspensión de garantías nos estamos refiriendo al mecanismo especial para la adopción de medidas jurídicas urgentes ante situaciones que amenacen la independencia o seguridad de un Estado. Esta figura contempla la parálisis temporal de algunas instituciones fundamentales del modelo constitucional y la suspensión o restricción de derechos, lo que no conlleva la instauración de un nuevo orden constitucional. La suspensión de garantías, conocida en otras latitudes como régimen de excepción o estado de sitio, se aplicó en México por única ocasión en junio de 1942, con motivo de la declaración de guerra a las potencias del Eje en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El artículo 2 de la Ley de Prevenciones Generales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 1942, señalaba que la suspensión duraría todo el tiempo que México permaneciera en estado de guerra con Alemania, Italia y Japón, o con cualquiera de esos países; y que sería susceptible de prorrogarse a juicio del Ejecutivo hasta 30 días después de la fecha de cese de las hostilidades. Otras coyunturas en las que se ha considerado suspender las garantías, aunque sin llegar a materializarse, fueron, por ejemplo, ante el sismo que afectó gravemente a la Ciudad de México en 1985; en el contexto del levantamiento armado en Chiapas en 1994, como lo explica Héctor Fix Fierro, y en el marco de los lamentables hechos de violencia derivados del combate al crimen organizado, en pleno siglo XXI. El Artículo 29 constitucional, que a raíz de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011 presentó cambios relevantes, recoge en México dicha figura. La restricción y suspensión de derechos y garantías es una facultad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien la ejerce con la aprobación del Congreso de la Unión y la supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene que ser excepcional y contener de manera expresa y puntual los límites formales y materiales a observarse ante una situación de peligro. Pero ello no implica que las conductas de los gobernantes se aparten de la legalidad. El principio de proporcionalidad debe ser contemplado cuando se determine la suspensión de garantías, pues las medidas aplicadas ante dicha situación tienen que ser estrictamente necesarias, racionales y suficientemente justificadas, toda vez que estamos hablando de la suspensión o restricción en el ejercicio de derechos humanos. Es importante mencionar que se restringe únicamente el pleno y efectivo ejercicio de derechos, y no el derecho mismo, pues la titularidad de los derechos humanos no puede suspenderse en ninguna circunstancia. Además, en los decretos que se expidan no pueden restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre y a la nacionalidad. Tampoco pueden restringirse ni suspenderse los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y de no retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y de la tortura, así como las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el fin legítimo y único de los estados de emergencia es la defensa de la democracia, de las instituciones del estado de derecho y del respeto de los derechos humanos. Incluso el derecho internacional ha establecido estándares mínimos que deben ser observados en estas situaciones excepcionales, tal como lo interpreta Pedro Salazar Ugarte, como el principio de proclamación, que implica que una vez que se proclamó de manera oficial el estado de emergencia, el Estado se encuentra obligado a informar a las personas cuáles serán las limitaciones que se impondrán a sus derechos; el principio de legalidad, que significa que el estado de emergencia debe ser declarado y aplicado de conformidad con la normatividad nacional e internacional en la materia, y el principio de temporalidad, que establece que el estado de emergencia debe tener una duración específica en cuanto a su aplicación. Por su parte, el comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, refiere que debe establecerse la posibilidad de que una vez concluido el tiempo autorizado para la restricción de garantías y/o derechos humanos, se restituya de manera inmediata y sin trámites burocráticos de por medio a las personas en sus derechos. Ve necesaria además la inclusión de mecanismos normativos que vayan de la mano con la Ley General de Atención a Víctimas para que sea posible la reparación del daño a aquellas personas a las que se les restrinja un derecho fundamental de manera injusta, infundada o contraria a tratados internacionales. No deja de ser preocupante que en el momento en que escribo estas líneas el reglamento del Artículo 29 de la Constitución ha sido ya aprobado en el Senado, y que lo mismo se haya hecho en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Es menester, sin embargo, que todavía se discuta y apruebe en otra de las comisiones que la han recibido, y posteriormente en el Pleno de la Cámara. Confiamos en que esto se haga tomando en cuenta las obligaciones nacionales e internacionales del Estado mexicano en materia de democracia y derechos humanos, y no como un falso expediente para pretender legalizar autoritariamente un Estado represor, que busca controlar arbitrariamente a la población. *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos
Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos
Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) en México y en toda América. El viernes 4, en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, diversas organizaciones y personas de todo el hemisferio levantaron la voz contra la ratificación del TPP, y denunciaron también el ataque sistemático contra las democracias en América Latina, y rechazaron el caos actual en el que nos ha colocado el modelo neoliberal en sus crisis profunda. 21 de febrero de 2016 Por: Diana López Santiago La falta de voluntad para ejecutar políticas ambientales con una perspectiva de género es evidente: del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el rubro “Igualdad para hombres y mujeres”, de 35 millones 244 mil pesos se disminuyó a 10 millones 660 mil 540 pesos de 2013 a 2016; desapareció el Programa Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): despidieron a personas expertas de la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; esto aún cuando el pasado noviembre el presidente Enrique Peña Nieto reiteró, en la Cumbre de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, el compromiso de generar condiciones adecuadas para la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, así como favorecer la igualdad de género transversalizando dicha perspectiva en políticas como el Plan Nacional de Desarrollo. Así lo denuncia la Red de Género y Medio Ambiente en una carta dirigida al Ejecutivo federal y a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez. De acuerdo con el diario La Jornada, en 2015 el presupuesto asignado a la Semarnat (incluida la Comisión Nacional del Agua y otros organismos desconcentrados) fue de 67 mil 976 millones de pesos; para 2016, el Ejecutivo presentó una iniciativa presupuestal de 57 mil 490 millones de pesos. Además, disminuyeron 80 por ciento los subsidios para 20 programas ambientales, quedando sólo siete de ellos; lo que se traduce en 1 mil 549 millones. Este recorte al presupuesto incide en forma negativa, principalmente en mujeres rurales e indígenas, pues limita la posibilidad de emprender acciones para disminuir las inequidades de género que existen en el acceso, usos y control de los recursos naturales. Contrario a lo establecido en tratados internacionales y leyes nacionales en materia de derechos humanos, las políticas medioambientales se orientan a beneficiar a inversionistas extranjeros que llegan con discursos neoliberales de progreso y estabilidad económica para el país a costa de la devastación ambiental, la concesión de territorios, el desplazamiento de comunidades enteras, de afectaciones a la salud de mujeres y hombres y de una serie de derechos colectivos. El compromiso del gobierno mexicano se materializa en ejemplos como Tajamar, proyecto inmobiliario de devastación ambiental que asesinó a especies animales y vegetales indispensables para el sostenimiento de la vida, con el fin de construir zonas residenciales, estacionamientos, oficinas, un centro comercial y un centro religioso. La resistencia del grupo Salvemos Manglar Tajamar logró que el Juzgado Segundo de Distrito ordenara la suspensión definitiva de la obra de desmonte, relleno y construcción, por lo menos hasta que se emita la sentencia de amparo, pues el Fondo Nacional de Fomento al Turismo aún podría impugnar dicho amparo. El caso es relevante para México y para el planeta, pues hay graves afectaciones a los ecosistemas que tienen una relación directa con problemas mundiales, como el calentamiento global. En 2012, de entre las recomendaciones generadas al Estado mexicano por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se señala que para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio es fundamental incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas; por lo que más allá de la voluntad de la actual administración, es una obligación jurídica internacional. Aún con la homologación de la legislación interna, estas leyes no se traducen en acciones contundentes que eliminen la discriminación hacia las mujeres en materia ambiental. Para evitar caer en más retrocesos en materia de género, medio ambiente y derechos humanos, es necesario estar pendientes de la Sexta Cumbre Mundial de Alcaldes C40, que se llevará a cabo en noviembre de 2016, e incentivar la participación de espacios con una postura progresista y una apuesta política feminista. *Diana López Santiago es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea Entradas relacionadas: Derechos humanos y despojo de territorios “Dulce agonía”: epidemia de obesidad y diabetes Desarrollo con inclusión social Derechos comprometidos Educación, resistencia y derechos humanos Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos Ayotzinapa: insuficientes consignaciones Violaciones sistemáticas a derechos humanos de las juventudes La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Contra el tratado de asociación transpacífico
Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas
Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas El 20 de junio de 2015, Iván Juárez Torrijos, estudiante mexicano de maestría en ecología internacional en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), México, y la Universidad de Sherbrooke, Canadá, realizaba una estancia en la comunidad de Steadfast del Distrito Stannd Creek, al Sureste de Belice, cuando fue atacado brutalmente por dos sujetos que le causaron múltiples heridas: cuatro en la cabeza, una en la espalda, fracturado el cubito del brazo derecho y cortados tendones y flexores profundos y superficiales de cuatro dedos de la mano izquierda. Fue necesaria una cirugía para salvar su mano. 10 de enero de 2016 Por: Johana Sánchez Este terrible hecho fue notificado a la licenciada Marbella Michel, de la sección consular mexicana en Belice, quien sugirió el traslado de Iván a México; para ello le ofreció pagar el boleto de avión y que después le repusiera el dinero a la Cancillería mexicana. Dadas las circunstancias, el estudiante aceptó de inmediato, pues en su cuenta de depósito de beca no tenía dinero. El lunes 22 de junio, la familia de Iván se vio presionada por el Consulado para pagar el boleto de avión (no como se había acordado) aludiendo en una llamada telefónica que de lo contrario perdería el brazo o el dedo. Fue trasladado en una camioneta del Consulado a Chetumal, Quintana Roo, después lo depositaron en el avión. Ya en la Ciudad de México lo esperaba una persona de Cancillería quien simplemente cumplió con esperarlo y entregarlo a su familia, sin preguntar más sobre las necesidades de traslado al hospital, por ejemplo. Su familia lo llevó en taxi al Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Ignacio Zaragoza, y ahí fue operado al día siguiente. La agresión física fue apenas el inicio del tormento que Iván Juárez ha vivido desde hace 6 meses, ante el desinterés y la falta de sensibilización por parte de los responsables de Ecosur, la Universidad de Sherbrooke y la Cancillería mexicana. Ahora sabemos también sobre el incumplimiento de Ecosur en la oferta diversificada para realizar prácticas profesionales en el extranjero. La maestría se promueve con una oferta de prácticas en el extranjero, que incluye países de Latinoamérica, Estados Unidos o incluso África. Los grupos en los cursos incluyen estudiantes tanto mexicanos como canadienses. En diciembre de 2014 se les informó a los estudiantes mexicanos que los sitios para las prácticas eran en Belice y sólo había un lugar para Canadá; en el caso de los alumnos canadienses, se les ofertaron países como Chile, Argentina, Guatemala o Marruecos. De esta manera no se respetó la oferta educativa que se ofreció en principio. La beca resultó insuficiente para una estancia digna. Para efectos del apoyo económico de estudios de la maestría, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorgó una beca mixta, la cual usualmente cubre 12 meses de apoyo en intercambio extranjero. Sin embargo, el Conacyt (sólo a partir de la generación de Iván) no continuó el apoyo completo de 12 meses de beca mixta y lo redujo a 8, en el entendido de que, de acuerdo a como está formulado el Programa de Maestría en Ecología Internacional, el intercambio efectivo con la universidad canadiense en Sherbrooke aplicaba sólo por 8 meses de la estancia. Las prácticas profesionales posteriores se realizan en otro país (Belice) diferente a la universidad canadiense, sede del intercambio. A pesar de lo anterior, la Coordinación de Maestría los envió a realizar la práctica al extranjero sólo con la cobertura de una beca nacional que no era suficiente para que los alumnos y alumnas cubrieran los gastos de transporte, vivienda, alimentación y, mucho menos, un seguro médico. Hay una ausencia de protocolo o plan de actuación ante casos de emergencia o accidentes. Nicolás, compañero de grupo de Iván, apareció afortunadamente minutos después del ataque. Fue quien le brindó los primeros auxilios y lo transportó en su vehículo a la clínica más cercana. No había un plan de acción previsto en casos como éste por parte de Ecosur. De hecho el contacto se generó hasta 3 días después, ya que Iván Juárez estaba en México y mediante una grabación de voz en el teléfono. Literalmente Birgit Schmook, coordinadora de la maestría en México, dijo que no había recibido el correo que mandó Nicolás y reconoció que no existía ningún teléfono previsto para dar a conocer de emergencia un caso como éste. Hasta la fecha no ha habido ningún contacto formal de la Coordinación de la Maestría en Canadá, sólo una comunicación vía Facebook recibida hasta 16 días después. En el portal de internet del Programa de Maestría en Ecología Internacional de la Universidad canadiense se colgaron las medidas de seguridad solamente hasta después de lo ocurrido. En el portal mexicano simplemente no existen. Por lo anterior, se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El 11 de noviembre de 2015 se presentó una queja ante dicha Comisión por los actos u omisiones de Ecosur y la Cancillería mexicana, específicamente por la falta de medidas y condiciones de seguridad, así como de atención y protección consular. Es necesario e importante que la CNDH reconozca que Iván Juárez fue violentado en sus derechos humanos, que se repare el daño ocasionado y se brinden garantías de no repetición, para que otros mexicanos becados en el extranjero puedan continuar con sus estudios y vean garantizado su derecho a la educación de calidad, a una vivienda digna, a la alimentación adecuada, salud, seguridad y protección consular. La reparación del daño no puede quedar a la buena voluntad de las instituciones responsables, como lo hizo ver Ecosur, pues en un intento por reparar el daño ocasionado a Iván, el 9 de julio se presentó en su domicilio Birgit Smoock, dejándole a su madre una computadora en franco deterioro, sin operar el audio ni la batería. Pidió firmar un cheque suyo por el pago del boleto de avión (2
Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán
Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán Las comunidades situadas en el municipio de Huitzilan, Puebla, han padecido por muchos años el acoso y los ataques constantes a su integridad como pueblos indígenas y campesinos. Su integridad física, espiritual y cultural está en grave riesgo. Por poco más de 4 décadas, el control territorial de grupos político-partidistas, como Antorcha Campesina, les ha mantenido en una dinámica de opresión y exclusión. 06 de diciembre de 2015 Por: Asminda Navarro González/Carlos A Ventura Callejas Las comunidades situadas en el municipio de Huitzilan, Puebla, han padecido por muchos años el acoso y los ataques constantes a su integridad como pueblos indígenas y campesinos. Su integridad física, espiritual y cultural está en grave riesgo. Por poco más de 4 décadas, el control territorial de grupos político-partidistas, como Antorcha Campesina, les ha mantenido en una dinámica de opresión y exclusión; generación tras generación han visto cómo sus derechos humanos les han sido conculcados, debido a prácticas autoritarias y violentas imbricadas en los malos gobiernos sin conciencia alguna sobre sus obligaciones para con los derechos de estos pueblos, y agravada por el uso de grupos, como Antorcha Campesina, para imponer esta situación. El actual régimen olvida frecuentemente que en junio de 2011 tuvo lugar en México la reforma constitucional en derechos humanos, la cual cimenta en el texto constitucional el respeto a la dignidad de las personas y pueblos. Amplió también su protección, ya que contempla no solamente las disposiciones de derecho interno, sino aquellas que más beneficien a la persona, sean normas de derecho interno o internacional. En este sentido, el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversas obligaciones en materia de derechos humanos para las autoridades. En primer lugar les impone, en el ámbito de sus competencias, las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En concordancia con estas primeras obligaciones, la parte final del Artículo 1 menciona que “en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En México, los derechos humanos se han orientado para proteger a las personas de los abusos del Estado, pues éste ostenta cierto poder que le fue delegado. Sin embargo, nos preguntamos si en la actualidad, y con base en relaciones histórico políticas, existen casos que especifiquen aún más la complejidad que alberga la protección amplia de la dignidad de las personas. Si revisamos la legislación, vemos que la Ley General de Víctimas establece como violación de derechos humanos, no solamente la que comete alguna autoridad, sino incluso un “particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público” (artículo 6). Sobre esto mismo, el artículo 1 de la Ley de Amparo menciona que se protegerá a las personas también por actos de particulares equivalentes a la autoridad. Ahora bien, con base en las reformas constitucionales y la expedición de las respectivas leyes reglamentarias en materia de derechos humanos, se ha comenzado a describir también la figura de non State actors, entendidos como actores que violan derechos humanos. Es decir, en casos donde se registran graves violaciones a derechos humanos, identificamos también que algunos de los actores son distintos al Estado, y que en sus relaciones con particulares, ejercen algún poder político, económico o social; por ello, es necesario limitar el ejercicio de este poder, de tal forma que la dignidad de los pueblos siempre prevalezca con paz y justicia. En el ámbito internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), del cual México es parte, ha responsabilizado a los Estados internacionalmente debido a la actuación de actores privados o non State actors en supuestos como: la imputación de actos o acciones de personas jurídicas (morales o físicas) que lesionen derechos, se equiparen a instituciones de carácter público o a personas con capacidad estatal. También, cuando a través de sus autoridades actúan con complicidad o aquiescencia respecto de afectaciones a los derechos humanos de las personas causadas directamente por particulares o non State actors. Asimismo, si omiten prever, de manera diligente, ilícitos cometidos por non State actors. Y por último, cuando no garanticen que particulares no discriminen a terceros. Para el caso específico de Huitzilan de Serdán, Puebla, las comunidades son objeto constantemente de violaciones a sus derechos humanos por parte del grupo particular (non State actor) denominado Antorcha Campesina, quienes tienen presencia política importante en la región, y regularmente usan las agresiones, amedrentamientos y ataques físicos contra las y los habitantes, con la finalidad de conservar sus intereses particulares, todo ello, a decir de las personas que allí habitan, en colusión con los tres niveles de gobierno. De acuerdo con la documentación realizada, y con el testimonio de miembros de las comunidades indígenas afectadas, Antorcha Campesina es un grupo que ejerce presión sobre comunidades enteras, y hoy se sabe que también es una de las estructuras más poderosas afiliadas a algunos partidos políticos, como el Partido de la Revolución Institucional (PRI). Por tal razón, quienes pertenecen a esta agrupación son protegidos por las autoridades, y los delitos que cometen quedan en total impunidad. Resulta sumamente preocupante la situación de violencia física y sicológica de la que han sido objeto las y los pobladores de Huitzilan de Serdán por parte de esta agrupación política. Por ejemplo, en 2003, se denunciaron los homicidios de más de 150 indígenas en este municipio y del municipio de Xochitlán de Suárez, en poco más de 3 décadas; en la actualidad, la situación no cambia; por el contrario, se agrava. En Huitzilan, alrededor del 89 por ciento de la población que conforma el municipio son personas indígenas, en su mayoría nahuas, a quienes se les discrimina de manera recurrente, no les escucha ni respeta. Hasta la fecha no existe un procedimiento adecuado y, en su caso, la sanción correspondiente contra los miembros de Antorcha Campesina y/o las autoridades que tengan responsabilidad en esta
