México ante el escrutinio internacional
México ante el escrutinio internacional 18 de octubre de 2015 Por: Miguel Concha Uno de los mensajes que compartió el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al cierre de su visita a México, fue que en lugar de matar al mensajero nos enfoquemos en el mensaje. Esta frase engloba dos situaciones particulares. Por una parte, las reacciones que ha tenido el gobierno en contra de las personas que en lo individual o de manera colectiva han cuestionado las políticas y acciones que claramente están en contra de la seguridad jurídica y la integridad física y sicológica de las personas que viven y/o transitan por territorio mexicano. Las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso del sistema de justicia penal en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que exigen justicia y verdad es el mejor ejemplo de ello. Y por otra parte describe la respuesta del gobierno después de que dos de los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU visitaron al país y dieron a conocer sus conclusiones y recomendaciones preliminares: el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, y el relator Especial sobre la Tortura. De este último, incluso se puso vergonzosamente en tela de juicio su ética y profesionalismo. La historia se repitió después, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las observaciones preliminares de su visita, con las que se ratificó la grave crisis de derechos humanos, sustentada por los altos niveles de impunidad y corrupción. Con estas reacciones, el mensaje que está dando el gobierno no sólo en México, sino a nivel internacional, es que su política exterior en materia de derechos humanos es la “negación de la realidad” y una simulación de “apertura al escrutinio internacional”. Y esto porque se invita a organismos internacionales y regionales a visitar el país y observar el estado que guardan los derechos humanos; pero cuando emiten sus informes finales, se les cuestiona, rechaza y descalifica. Lo que sí es real y palpable para la sociedad y el mundo es que México vive una crisis generalizada de derechos humanos, situación que fue confirmada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su mensaje final, respaldando así las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, y la visita de la CIDH hace unos días, en las que los temas centrales fueron igualmente las desapariciones forzadas, las ejecucionesextrajudiciales y la tortura, así como la inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia, la impunidad y la situación de las y los periodistas, las defensoras y defensores de derechos humanos, y la de otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. Otros argumentos utilizados por altos funcionarios del gobierno consideran las conclusiones como aisladas, no actualizadas y alejadas de la realidad. Al respecto, es importante recordar y reconocer el importante trabajo histórico de visibilización de la realidad que han realizado personas y organizaciones de derechos humanos cuando se denuncia la situación, por ejemplo, de personas migrantes ejecutadas o desaparecidas durante su tránsito por México; por lo que esos argumentos no tienen ni fundamento ni sentido. Con la esperanza de que la historia no se repita, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares presentaron ante el Alto Comisionado un panorama sobre el estado que guardan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en México. Los temas de preocupación que le expresaron en ese encuentro fueron desde el impacto de la implantación de las llamadas reformas estructurales hasta las desapariciones de personas y ejecuciones extrajudiciales, pasando obviamente por la denuncia constante de problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, la impunidad y la corrupción, haciendo especial énfasis en la falta de voluntad política y la incapacidad institucional del Estado para investigar, juzgar y llevar ante la justicia a los responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos, bien sea por parte de autoridades, crimen organizado o inclusive de empresas que operan en connivencia con el Estado. Las organizaciones civiles enfatizaron también la importancia de crear una comisión internacional e independiente contra la impunidad y la corrupción en casos de violaciones graves a derechos humanos en México, como ocurrió recientemente en Guatemala. En su declaración final, el Alto Comisionado reconoció sin ambages los avances normativos que ha tenido y puede seguir teniendo el país –con la participación activa de la sociedad civil– en materia de derechos humanos; pero por otra parte reflexionó sobre la “venenosa combinación de miedo, ambición e impunidad crónica que están sufriendo millones de personas en México, y que una vez fraguada es difícil de eliminar”. Por ello enfatizó en cuatro medidas iniciales claves: 1. Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país, para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo. 2. Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía, para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza. 3. Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública. 4. Ejecutar las recomendaciones del GIEI, y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves. Otro de los temas que fue abordado en la reunión con las organizaciones de la sociedad civil fue el papel de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en un contexto de problemáticas estructurales, donde se requiere el apoyo del gobierno en líneas como la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las víctimas. Se espera que de cara al seguimiento a estas importantes visitas, la respuesta del gobierno sea de humildad y construcción de una ruta positiva de trabajo, que contemple a organizaciones, periodistas, academia, víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, así
La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses
La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses 26 de julio de 2015 Por: Miguel Concha La revelación por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) de la existencia de una orden a elementos militares para “abatir delincuentes”, apenas unas semanas antes de la emblemática masacre de Tlatlaya, ha reavivado un debate indispensable en una sociedad que se pretende democrática: la actuación del Ejército dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos, y su responsabilidad institucional en la comisión de graves violaciones contra la población civil. La gravedad, de que se haya dado una orden que pudo incentivar la ejecución arbitraria de civiles a manos de elementos castrenses, fue inmediatamente expuesta por las organizaciones que acompañamos la presentación del informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Instituto Mexicano para la Democracia y los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Amnistía Internacional y Artículo 19. Inmediatamente después se dio la reacción de actores internacionales oficiales, como el relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el señor Christof Heyns. Después de un cuidadoso análisis del documento, el relator Heyns señaló que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales”, y llamó al gobierno mexicano a considerar la orden castrense revelada por el Centro Prodh como nueva evidencia, y a castigar tanto a los responsables materiales de las ejecuciones arbitrarias, como a los de la emisión de dicho tipo de órdenes. Las organizaciones civiles internacionales también se pronunciaron. Amnistía Internacional, Washington Office on Latin-America y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional exigieron una investigación de las responsabilidades dentro de la cadena de mando del Ejército. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló que “el documento que dio a conocer el Centro Prodh pone sobre la mesa una discusión legítima sobre las órdenes y reglas para el empleo de la fuerza por parte de las autoridades militares, y que ésta debe darse no sólo en el marco de una discusión pública, sino también ante los tribunales, para establecer las responsabilidades penales en la cadena de mando”. El 7 de julio, después de que el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, pretendiera dar por zanjado el asunto, reduciéndolo a una discusión estrictamente de diccionario, negando que “abatir” signifique privar de la vida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en las que demandó la revocación o modificación de documentos u órdenes vigentes en los que se utilizaran términos como “abatir” u otro similar, sin precisar sus significados y alcances específicos, y la exhortó a tomar medidas para evitar la utilización de lenguaje confuso que pueda derivar en acciones violatorias de los derechos humanos. Así, la CNDH dio la razón al informe del Centro Prodh, y se sumó a las voces que han expresado su preocupación por las implicaciones de la orden revelada. Sin embargo, al publicar este artículo, aún no hay constancia de que la Sedena haya respondido favorablemente a la solicitud de medidas cautelares, mediante la suspensión de las órdenes que incentivan la violación de los derechos humanos. Incluso el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, tuvo que señalar casi 1 semana después de la revelación que la redacción de la orden de marras fue un “lamentable error”, atribuyéndolo a una mala transcripción. Sin embargo, en su primera reacción, 2 días después de la emisión del informe, la Sedena no aludió a ningún error de transcripción. Tampoco negó la autenticidad o integridad del documento, ni el significado del término “abatir”, aunque insistió en que la intención de la orden era proteger los derechos humanos. En este contexto, que el responsable de la defensa nacional sugiera que es posible que por “errores de transcripción” se ordenen conductas contrarias a derechos humanos no resuelve el asunto, sino que le añade otra dimensión de análisis, pues de ser cierto este endeble argumento, es altamente preocupante que en las Fuerzas Armadas mexicanas pueden alterarse tan ligeramente las órdenes superiores en las transcripciones. En todo caso, el general no contradice el informe del Prodh, y al hablar de un error de transcripción parece no disputar que en la jerga militar “abatir” sea matar. Por eso ya se alzan algunas voces dentro del Poder Legislativo que exigen una comparecencia del general secretario. Además de la existencia de la orden de abatir civiles, el informe del Centro Prodh llama la atención sobre la falta de justicia y verdad en el caso, pues mientras la Procuraduría General de la República (PGR) acusa a siete militares por la muerte de ocho personas, la CNDH apunta a que entre 12 y 15 de las 22 personas que perdieron la vida habrían sido ejecutadas una vez que se rindieron ante los soldados. Pero incluso podría tratarse de un número mayor, incluyendo a la menor de edad Érika Gómez. Esta parte de la verdad tendrá que aclararse al mismo tiempo que se explique por qué y cómo sucedió la masacre, incluyendo la citada e ilegal orden de relevo en la dirección del “operativo”, así como los responsables por cadena de mando. Otro aspecto que de ninguna manera puede dejarse de lado es la exigencia de un trato digno hacia la testigo y sobreviviente conocida como Julia, madre de la menor Érika, pues, de no ser por su valiente testimonio, esta masacre sería hoy, a ojos de la opinión pública, lo que siempre quisieron hacer parecer las autoridades: muertes producto de un enfrentamiento y no ejecuciones arbitrarias. Es indispensable que las autoridades respeten jurídicamente y reconozcan cabalmente su condición de víctima; sobre todo es fundamental que se garantice su seguridad. Ante el caso específico de Tlatlaya, la PGR tiene la obligación
Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad
Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad 15 de marzo de 2015 Por: Aarón Emmanuel Hernández Hernández Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), dentro del universo de los derechos humanos, son aquellos que están directamente ligados con el nivel de vida adecuado, es decir, con aquellas condiciones sustantivas que permiten a las personas vivir, en un sentido amplio, con tranquilidad y seguridad. En este grupo podemos encontrar los derechos a la vivienda, la alimentación, el medio ambiente sano, la salud, la educación, los laborales, al agua, la tierra y el territorio, así como los derechos culturales. Si bien los derechos civiles y políticos se consideran como la primera generación con relación a los DESCA (por el momento histórico en el que se da su reconocimiento), de ninguna forma podría decirse que los primeros son más importantes que los segundos o viceversa. ¿Quién se atrevería a afirmar que la libertad de expresión y la justicia son más importantes que la educación y la cultura? O que ¿sólo con cumplir con los derechos civiles y políticos ya se garantiza una democracia plena? En efecto, todos y cada uno de los derechos humanos son interdependientes e indivisibles entre sí, por lo que sería absurdo pensar en una jerarquización no sólo filosófica, sino material. Desafortunadamente, en la realidad, vemos que unos derechos se encuentran más violentados que otros y esto responde a la visión que tienen las instituciones gubernamentales sobre el bienestar y la dignidad de las personas. Desde el trabajo que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil, se denuncian continuamente las violaciones a los derechos humanos tanto civiles y políticos como a los DESCA; sin embargo, aunque ya hay toda una labor sobre vivienda, medio ambiente, salud, educación y laborales, ¿qué pasa con los derechos culturales? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) indica que los Estados parte reconocen los derechos culturales, los cuales considera que son: a) Participar de la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Los derechos culturales han sido fundamentales para la reivindicación de la identidad indígena y la defensa de los derechos de los pueblos, sin embargo y sin dejar de reconocer la importancia que tienen estas luchas, podríamos preguntarnos: ¿qué está pasando con el ejercicio de los derechos culturales de la población en general? Y, ¿cómo se viven en las comunidades rurales y urbanas no indígenas? Antes de contestar a lo anterior habría que definir a los derechos culturales y su contenido desde los estándares internacionales de derechos humanos y, sobre todo, verificar si las políticas culturales mexicanas están armonizadas con estos últimos. Si bien desde la antropología no existe un consenso sobre una definición de cultura (podría decirse que “todo es cultura”), en la Observación General 21 (OG21), del Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC), aunque no logra colocar una definición clara sobre ésta, sí la entiende como un “proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo que tiene un pasado, un presente y un futuro”. Por otra parte, la Declaración de Friburgo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), expresa que el “término cultura abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da su existencia y a su desarrollo”. Si tomamos en cuenta ambas definiciones, podemos decir que los símbolos, los signos, los significados, la cosmovisión, la identidad, etcétera, no son estáticos ni permanentes, si no que tienden a la transformación en el espacio y en el tiempo poniendo siempre en el centro la dignidad de las personas. Los símbolos patrios como el Himno, el Escudo y la Bandera nacionales son elementos identitarios del pueblo mexicano desde el ámbito institucional; sin embargo, existen otros elementos que, sin caer en el nacionalismo, forman parte de nuestro acervo cultural, como es el caso del maíz y el frijol, la tortilla, los templos prehispánicos, las tierras sagradas, las lenguas indígenas, la música, los rituales y las ceremonias; este acervo queda fuera del reconocimiento institucional que pudieran tener las bellas artes y las investigaciones científicas realizadas por las grandes instituciones culturales, pero no por ello pueden dejar de promoverse, protegerse, respetarse y garantizarse desde una visión de derechos humanos. En lo referente al derecho a participar de la vida cultural, la OG21 lo define como “el derecho a escoger su propia identidad, a participar de la vida política de la comunidad”. Es evidente en este derecho que para poder cumplirse es necesario el ejercicio de los derechos civiles y políticos, como la identidad individual, la participación ciudadana y política, la no discriminación, el derecho a decidir (en un amplio sentido), la libertad de expresión y de asociación, así como a la protesta social y el derecho a defender derechos humanos. Para participar de la vida cultural es necesaria la disponibilidad de bienes y servicios culturales como bibliotecas, museos, teatros, auditorios, salas y deportivos; espacios abiertos como parques, plazas, calles, avenidas; dones naturales como ríos, lagos, bosques, montañas, flora y fauna; y valores intangibles como símbolos, lenguas, memoria histórica y monumentos. Además de existir físicamente, deben ser accesibles económicamente, es decir, el ingreso económico no puede representar un obstáculo para hacer uso del espacio, bienes, servicios y los valores intangibles. También es necesario que las leyes, políticas y demás acciones estatales para el ejercicio de los derechos culturales sean aceptables para la población a través de consultas a las personas y las comunidades a fin de proteger la diversidad cultural. Dichas medidas gubernamentales deben de ser adaptables y flexibles con la finalidad
Obstáculos a la transparencia
Obstáculos a la transparencia 01 de marzo de 2015 Por: Miguel Concha La reciente discusión en el Senado sobre la ley secundaria que da forma a la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, aprobada apenas el año pasado, ha generado preocupación e incertidumbre. Sorprende la rapidez con que los titulares del Banco de México y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República han intervenido para colocar candados en algunos rubros sensibles para labores de seguridad y estabilidad económica. Esta situación hizo que se propusieran poco más de 80 modificaciones al proyecto de dictamen, sobre todo impulsadas por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México. De esta forma intentan echar por tierra el trabajo de cientos de horas de organizaciones profesionales de la sociedad civil, expertos en la materia, periodistas y la participación del propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Los 10 puntos argumentados por el Ifai contra tal intento hacen énfasis en la participación plena de órganos autónomos garantes en casos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y evitar con ello que haya alguna aprobación previa de “autoridad competente”, pues eso se ve como una limitación importante que revierte el avance logrado en esta materia. En este mismo sentido se pide que se haga una mayor definición en lo que se refiere a las reservas de la información por razones de seguridad nacional, y a lo que ahora se pretende añadir subrepticiamente acerca de la estabilidad económica, financiera y monetaria, lo que nos impediría entre otras cosas, por ejemplo, conocer los convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con algunos de los grandes contribuyentes morosos y omisos, y sobre todo la situación y el manejo que se haga del fondo del petróleo. Por experiencia, en años anteriores ha resultado muy vago invocar la seguridad nacional para no responder positivamente a las demandas de información por parte de la ciudadanía, pues en realidad mucha de esa seguridad se refiere sobre todo a la seguridad de las instituciones del Estado, e incluso del régimen, y no a la seguridad de las personas y sus derechos humanos. En razón de esto, se hace urgente que el debate de esta ley secundaria lleve a la construcción colectiva y consensuada de parámetros razonables que no restrinjan el derecho de acceso a la información, pues de lo contrario estaremos frente a un retroceso más de los varios que ahora se pretende legalizar, como es también el caso, por ejemplo, del sistema nacional contra la corrupción. Resulta paradójico que, después de lograda en 2014 una reforma constitucional casi por unanimidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, relevante y aplaudida por diversos grupos políticos, académicos y sociales, ahora lleguemos a un debate nuevamente desde cero. En este sentido, y frente a la crisis de derechos humanos que vive el país, avanzar en materia de combate a la corrupción es urgente. El acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas son en esto piedra angular en este cometido. Y por lo que se refiere al mismo órgano garante de este derecho de acceso a la información, se ha hecho público que para este año el Ifai recibió un incremento de más de 40 por ciento en sus presupuestos con respecto del año anterior. Sin embargo, y de acuerdo con investigaciones periodísticas, se conoce que, a propósito de la reforma anterior, el gasto del nuevo Ifai nos deja nuevamente en zozobra con relación al diseño, implantación y gestión de las instituciones garantes, pues el costo por la garantía de nuestros derechos, en este caso los referidos a la transparencia y el acceso a la información, sigue siendo muy elevado. La legitimidad de las instituciones, en efecto, no radica sólo en el buen diseño de su andamiaje legal, lo cual desde luego ahora es importantísimo a propósito de la ley secundaria, sino también en la austeridad, efectiva gestión y eficiencia en el uso de los recursos, lo que no nos cambiaría la fórmula de “más garantías de derechos con menos costo al erario público”. Así como que el gasto sea mejor distribuido sobre todo entre quienes menos tienen en nuestro país. *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Octavio Gómez Entradas relacionadas: Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán México ante el escrutinio internacional Educación, resistencia y derechos humanos Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos Contra el tratado de asociación transpacífico Restricción y suspensión de derechos y garantías en México Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas
Ayotzinapa: insuficientes consignaciones
Ayotzinapa: insuficientes consignaciones 01 de febrero de 2015 Por: Miguel Concha Con premura y exasperación, el gobierno federal pretendió dar por concluida la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Con base en consignaciones dudosas y con endebles pruebas científicas, quiso dar carpetazo a la crisis de derechos humanos que vive el país. Pero tal y como nos lo recuerdan día a día los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos, el caso Ayotzinapa aún no está resuelto. La tríada de verdad, justicia y reparación, que debe generarse ante casos de esta magnitud, no ha sido satisfecha. Quienes quisieran ver a las familias resignadas ante la verdad oficial, deberían analizar con más calma los huecos que aún presenta ésta, así como los pendientes no resueltos en el ámbito de la procuración de justicia. El Estado mexicano no ha logrado detener a la totalidad de las personas que conforme a su teoría del caso habrían participado en los hechos. Tan sólo en cuanto a los supuestos autores materiales han sido detenidas únicamente cuatro de las 15 personas presuntamente involucradas. Continúan prófugos, además, funcionarios de Iguala y de Cocula, así como integrantes del grupo delictivo que operaba en la zona, si es que la distinción entre unos y otros puede a estas alturas considerarse válida. Por otro lado, la verdad no se ha esclarecido. Además de las serias dudas que hay sobre la hipótesis oficial, ¿cómo se explica en la narrativa oficial el cruento homicidio de Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado en las inmediaciones de Iguala? Este crimen, esencial para conocer la verdad, no ha sido aclarado. En este mismo orden de ideas, los científicos independientes comienzan a encontrar inconsistencias en la versión de la Procuraduría. Han trascendido serios cuestionamientos sobre la factibilidad científica de la hipótesis oficial. Sólo la ciencia independiente podrá responder los cuestionamientos que hoy legítimamente se expresan. De ahí que siga siendo imprescindible la participación plena del Equipo Argentino de Antropología Forense en toda la indagatoria. Tampoco puede soslayarse que el propio encuadre jurídico de lo ocurrido presenta muy graves falencias: no hay, hasta el día de hoy, un solo proceso penal iniciado por el delito de desaparición. Con ello se pretende diluir la responsabilidad estatal que con precisión fue señalada por los miles de mexicanos y mexicanas que salieron a las calles bajo la consigna: “Fue el Estado”. Los normalistas no fueron secuestrados, fueron desaparecidos. La diferencia es esencial: mientras que en el secuestro supone una privación transitoria de la libertad que persigue comúnmente un propósito, en la desaparición forzada el propósito es la desaparición misma. El secuestro es un crimen execrable de naturaleza fundamentalmente económica, tipificado en la ley penal; la desaparición, además de ser un delito igualmente aborrecible, es una violación grave a los derechos humanos de naturaleza esencialmente política, sancionada por los códigos penales, pero también por los tratados internacionales. Las recientes denuncias de los padres y de las madres apuntan a que la deficiente caracterización legal de los hechos es una responsabilidad compartida entre la Procuraduría General de la República y los jueces federales. Por medio de su representante, Vidulfo Rosales –abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, por quien debemos velar desde la sociedad, pues no son pocos los riesgos que enfrenta–, los familiares de los normalistas han denunciado que aunque el ministerio público federal ejercitó acción penal por el delito de desaparición forzada, un juez federal se negó a emitir las correspondientes órdenes de aprehensión, bajo argumentos que evidencian una profunda incomprensión de la naturaleza jurídica de la desaparición forzada. Esta denuncia confirma que la impunidad es causada por la negligencia de los tres poderes, y debería poner en la agenda pública el debate sobre el papel de los poderes judiciales frente a la desaparición forzada y las violaciones graves a derechos humanos en el México actual (tema sobre el cual sería deseable que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviese un posicionamiento más comprometido). Ante estas fragilidades de la investigación, no sorprende que los familiares demanden la apertura de los cuarteles militares. Es cierto que no es dable pensar que a cuatro meses de los hechos podría encontrarse evidencia en las opacas instalaciones castrenses. Pero es igualmente cierto que no se puede apelar a que los familiares crean a pie juntillas la versión militar, no sólo por el historial de violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas, sino también porque trabajos periodísticos han develado que el 27 Batallón de Infantería tenía información al menos desde 2013 de la captura de las policías municipales de Iguala y Cocula bajo el poder de Guerreros Unidos. Por todas estas razones, las consignaciones que hasta ahora se han anunciado son insuficientes. La gravedad de los hechos es tal, que la inminente instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas que brindarán asistencia técnica se vuelve fundamental: la verificación independiente y rigurosa que realicen sobre la investigación es la mejor garantía para que las familias alcancen verdad y justicia. Entre tanto, sigue siendo legítima la lucha que han emprendido los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Uriel López Entradas relacionadas: La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Obstáculos a la transparencia Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán Restricción y suspensión de derechos y garantías en México Contra el tratado de asociación transpacífico Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad Educación, resistencia y derechos humanos México ante el escrutinio internacional
La “victimización” del Estado y la defensa de los derechos humanos
La “victimización” del Estado y la defensa de los derechos humanos 18 de enero de 2015 Por: Melissa Vértiz Hernández De acuerdo con información publicada el 22 de diciembre de 2014 en medios y redes sociales, después de 3 años de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) entrega información desclasificada, en donde se demuestra la participación de la Policía Municipal en el secuestro y ejecución de migrantes de Centro y Suramérica en 2011. Esta situación se da después de la negativa, tanto del gobierno estatal como del federal, con respecto de la participación de autoridades en estos hechos, argumentando actos realizados por grupos organizados. Esto contrasta con la insistencia, desde esa fecha, por parte de sociedad civil y de organizaciones internacionales no gubernamentales defensoras de derechos humanos sobre la participación y/o anuencia de las autoridades para llevar a cabo estos hechos. Esta situación es botón de muestra de la impunidad, la corrupción y el desvío de poder que existen en México, pero sobre todo es un golpe contundente a la postura y al discurso oficial del gobierno mexicano de colocarse en un papel de víctima frente a este tipo de actos, realizados por el crimen organizado con su anuencia, sobre todo en lo que hace a ejecuciones y/o secuestros de personas migrantes. Recordemos también a heridos, ejecutados y desaparecidos de Iguala, Guerrero, y la clara participación del Estado en hostigamientos y asesinatos en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, hemos insistido en diferentes foros y espacios de incidencia política, sobre el vínculo que existe entre autoridades de diversos niveles con el crimen organizado, creándose así un ambiente de impunidad y corrupción, al parecer interminable, pues tampoco el sistema judicial mexicano contribuye a que las personas responsables de estos actos, sean autoridades o no, sean llevados ante la justicia. Son nulos los mensajes y acciones que permitan vislumbrar que las obligaciones del Estado al derecho a la verdad, tanto a familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, como a la sociedad en general, la reparación del daño y sobre todo las garantías de no repetición puedan ser una realidad en este país. Algo que es preocupante del mensaje de Enrique Peña Nieto, a propósito de su visita a Estados Unidos en días pasados, es el agradecimiento que da al mandatario del país vecino para seguir trabajando en materia de seguridad y combatir al crimen organizado, inclusive atreviéndose a mantener un compromiso de “mayor control en la frontera Sur del país mexicano para tener una migración ordenada y controlada”. En la práctica esto no es algo nuevo, estas acciones han tenido como resultado, entre otras cosas, abusos y violaciones a derechos humanos en contra de personas tanto mexicanas como migrantes internacionales, principalmente de Centroamérica, quienes han sido víctimas de ejecuciones, desapariciones y un interminable listado de violaciones a sus derechos humanos. En este contexto es importante recordarle a la sociedad, y sobre todo al gobierno mexicano en sus tres poderes y niveles de gobierno, cuestiones tan fundamentales en materia de derechos humanos como son los compromisos internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los cuestionamientos que como sociedad debemos hacernos justamente deben ir en este sentido, saber si el gobierno de México está cumpliendo con estas obligaciones o, por el contrario, está siendo rebasado por la propia sociedad civil, la cual genera las condiciones para ejercer sus derechos, y que ha creado y construido sus propios mecanismos de defensa y promoción de los derechos humanos. Finalmente, es necesario reflexionar sobre la importancia de apostarle a construir y, en su caso, fortalecer procesos organizativos que permitan generar cambios verdaderos tanto en las instituciones como en la vida política y pública de nuestro país. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: M-x Entradas relacionadas: Ayotzinapa: insuficientes consignaciones Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Obstáculos a la transparencia Contra el tratado de asociación transpacífico Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán Educación, resistencia y derechos humanos Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad Restricción y suspensión de derechos y garantías en México Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos
Violaciones sistemáticas a derechos humanos de las juventudes
Violaciones sistemáticas a derechos humanos de las juventudes 30 de noviembre de 2014 Por: Aarón Emmanuel Hernández En estos momentos México está viviendo una severa crisis humanitaria donde la violencia generada por el Estado es el pan de cada día que, si bien afecta a todas y todos en este país, de manera particular lo hace con las personas jóvenes. Cuando una violación a derechos humanos se realiza de manera repetitiva, ya no se trata de un “hecho aislado” o “coyuntural”, sino de un actuar sistemático del aparato estatal, que tiene la finalidad de mantener las estructuras de poder y dominación, favoreciendo los intereses de quienes ocupan las altas esferas política y económica. Las violaciones sistemáticas se han intensificado en las dos últimas administraciones, donde la implantación de megaproyectos en zonas rurales y urbanas, la “lucha contra el crimen organizado” y las reformas estructurales han detonado un gran descontento por parte de la población, traduciéndose en el levantamiento de distintos movimientos sociales como diversos frentes en defensa de la tierra y el territorio, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad o el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Los movimientos sociales en distintos momentos han mantenido una postura crítica y de exigencia ante el actuar del Estado mexicano, trastocando así los intereses de quienes detentan el poder. La respuesta del aparato estatal ha sido la criminalización, el uso del estado de excepción, delitos de lesa humanidad, la militarización y el terrorismo de Estado, acciones reiteradas en las que incurren las instituciones de gobierno con la finalidad de modificar y/o controlar el comportamiento de un grupo específico de la población. En su mayoría ha tenido como objetivo a la población joven, en especial la estudiantil, como podemos ver en distintos hechos más representativos: La masacre de Tlatelolco la noche del 2 de octubre de 1968, donde el Ejército atacó a los estudiantes dejando un importante saldo de asesinatos y desapariciones con la intención de desarticular el movimiento. En esa lógica, en 1971, un grupo paramilitar denominado Los Halcones, asesinó y dejó heridos a varios estudiantes participantes de una movilización. Estos dos sucesos se han convertido en el principal referente de criminalización de las juventudes mexicanas. Durante la huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 1999, los medios de comunicación comenzaron una campaña de estigmatización de los universitarios, señalándoles como “criminales” que tenían “secuestrada” a la máxima casa de estudios, discurso que legitimaba la ejecución de operativos de la Policía Federal, atentando contra la autonomía de esta institución, tal como lo sucedido el 15 de noviembre pasado. En 2006, la comunidad del pueblo de San Salvador Atenco, ubicada en el Estado de México, se encontraba en pie de lucha y resistencia. Se oponía a la construcción de un aeropuerto que afectaría la forma de vida de los pobladores, quienes se dedican a la agricultura. En ese contexto, el 3 de mayo de ese año se llevó a cabo un operativo policial haciendo uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. Éste registró como saldo el asesinato de los jóvenes Alexis Benhumea, de 20 años de edad, y Javier Cortés, de 14 años; cerca de 200 detenciones arbitrarias (entre ellas, las de nueve niñas y niños); casos de tortura y tratos crueles o degradantes; tortura y violación sexual de 26 mujeres, algunas entre los 18 y 27 años de edad (eran empleadas o estudiantes). La criminalización no sólo se hace presente en contra de movimientos sociales, también lo hace para crear control social sobre la población –en este caso, las juventudes–, valiéndose de la estigmatización y discriminación por edad y apariencia física (vestimenta y tatuajes), ejemplo de ello es el caso New’s Divine. En 2008 se realizó un operativo de seguridad en la Discoteca New’s Divine, ubicada en la delegación Gustavo A Madero, en la Ciudad de México. En éste fallecieron siete jóvenes, dos policías auxiliares y un agente judicial, dos jóvenes más al llegar al hospital. De los jóvenes fallecidos, cuatro eran menores de edad. En esa ocasión no hizo falta disparar algún arma: el operativo provocó pánico en el lugar y el dueño apagó las luces y el aire acondicionado, el lugar no contaba con las condiciones mínimas de seguridad, sólo había una salida de 1.2 metros de ancho, lo que dificultó la salida de alrededor de 500 personas envueltas en pánico. Este caso demostró que las fuerzas policiales no están capacitadas para realizar operativos en donde se garanticen y respeten los derechos humanos, lo que devino en la emisión de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la cual se exigen condiciones de seguridad para las y los jóvenes en la entidad, lo que demuestra la necesidad de una ley de derechos de las juventudes que genere dichas condiciones, sin embargo a la fecha no se ha podido materializar. En 2011, bajo el argumento de la “guerra” contra el crimen organizado, se agudizó la criminalización hacia las juventudes, pues se señalaba que los hombres jóvenes eran presa fácil del crimen organizado al ser involucrados como sicarios. Se identificó la utilización de menores de edad en labores del Ejército, desapariciones forzadas y tratos crueles y degradantes. Las personas jóvenes fueron las principales víctimas. En versiones oficiales se decía que su fallecimiento era a causa del “fuego cruzado”. No existen datos desagregados sobre cuántas personas jóvenes han sido víctimas de la “guerra” contra el narco. Con la identidad del #YoSoy132, en 2012 se volvió a articular el movimiento estudiantil que, entre otras cosas, exigía transparencia en los procesos electorales y mostraba su descontento por la candidatura de Enrique Peña Nieto por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por representar el regreso de dicho partido a la silla presidencial a pesar de ser responsable de los actos ocurridos en Atenco y de no atender el creciente número de feminicidios en el Estado de México (en su mayoría de mujeres jóvenes). El 1 de diciembre de ese año, durante
Producción de alimentos y amenazas para el campo mexicano
Producción de alimentos y amenazas para el campo mexicano 05 de octubre de 2014 Por: Miguel Concha Desde hace décadas se abrió en México un debate sólido sobre la situación del campo mexicano. Lamentablemente el modelo neoliberal se ha impuesto y, por ello, desde la década de 1980 se comenzó primeramente con el despojo de su valor, difundiendo la falsa idea de que el campo no es rentable ni ayuda al progreso del país. Ahora ésta logra “encumbrarse” por medio del despojo de los territorios y de los bienes comunes. Con el modelo de desarrollo que el gobierno actual sigue, el campo agoniza cada día más, no por causa de sus campesinas y campesinos, ni de los pueblos indígenas o los productores, sino porque reformas estructurales como la energética atentan directamente contra su fortalecimiento, pues amenaza a sus territorios y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Se pretende cerrar el ciclo neoliberal que abrieron durante el salinismo. El despojo y privatización de los bienes naturales es una agresión cada vez más fuerte. Hoy se nos arrebata a las y los mexicanos la posibilidad de seguir sembrando en nuestra tierra, produciendo los alimentos que eventualmente nos lleven a recuperar la seguridad y soberanía alimentaria indispensable. Por tanto, y como inmediata consecuencia, se nos condena a migrar en las peores condiciones, y se nos somete a perpetuidad a una “pobreza modernizada”. Unos cuantos se enriquecen con los pocos subsidios para el campo, pues en su mayoría los recursos están destinados a grandes empresarios agroindustriales, dejando desprotegidos a pequeños y medianos productores. En la distribución de recursos públicos se privilegia a los que más tienen, y se margina a quienes cuentan con menos recursos. Y si protestan, si exigen mayor justicia y equidad en su distribución, se les criminaliza, encierra, o se les victimiza con situaciones aún más graves. En palabras de un campesino de la Sierra Norte de Puebla, los pueblos campesinos e indígenas padecen “destierro, encierro y entierro”. Entre tanto, en nuestro país se prioriza la producción de alimentos chatarra que nos tienen mal alimentados. Empresas de alimentos procesados, refresqueras y agroindustriales son las culpables de ello, en connivencia con el propio Estado. Se hace entonces urgente hacer algo, por ejemplo, monitorear como sociedad civil el comportamiento de los estados en sus negociaciones con las empresas. Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son un primer paso, aunque en la región de América Latina requerimos todavía ampliar más el análisis y el debate en torno a ello. La actual situación económica del país arrastra al campo a morir lentamente, pues se anula a los pequeños productores que representan más de la mitad de quienes en él producen. Ahora las empresas transnacionales abusivamente se apropian de la producción, comercialización y distribución de los alimentos y de todos los bienes naturales que nuestras tierras guardan y generan: agua, minerales, semillas, bosques, aire y tierra. En este sentido, se busca también transgenizar el campo y los cultivos. Son riesgos para nuestra alimentación, y por ello actualmente lo debatimos cada vez más en México. La introducción en general de cultivos transgénicos, y en particular la siembra de maíz transgénico, agravaría aún más lo que hemos dicho. La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, integrada por organizaciones de productores, de derechos humanos y ambientalistas, entre otras, ha denunciado que el gobierno intenta legitimar la siembra de transgénicos con el falso discurso de erradicar el hambre y hacer más eficiente la producción en el campo mexicano. México hoy registra contaminación por transgénicos en siembras de maíz donde no se ha permitido la liberación al medio ambiente de estos cultivos genéticamente modificados. Aun así, el Estado omite llevar a cabo alguna política pública para garantizar la inocuidad del maíz que consumimos. Se ha documentado cómo es que las empresas pretenden poco a poco sembrar estos cultivos, aunque la sociedad en su conjunto coincide en que la emergencia alimentaria será todavía más grande si estos cultivos siguen fomentándose. Actualmente transnacionales como Monsanto intentan patentar la vida y despojar a los pueblos de su historia y de sus formas ancestrales y sustentables de producir y consumir alimentos. La siembra de estos monocultivos transgénicos implica graves violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, comunidades y productoras de alimentos, y en general a los derechos humanos de toda la población mexicana, en especial sus derechos a un medio ambiente sano, a una alimentación inocua y de calidad, a gozar de la diversidad biológica con la que el país cuenta, y a conservar su historia y cultura. En julio del año pasado iniciamos una demanda judicial a través de la figura jurídica de acciones colectivas, recientemente incluida en el marco jurídico mexicano, para exigirles al Estado y a las empresas que se prohíba y omita la siembra de esos cultivos, pues se corre el riesgo de sufrir afectaciones al medio ambiente, a la alimentación y a la salud. En el transcurso del juicio, antes que velar por los derechos de las y los ciudadanos, el Estado mexicano ha preferido litigar a favor de las empresas. Durante la consulta que el pasado 16 de agosto hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), denunciamos el conflicto de interés en el que incurren instituciones como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cuando renuncian a cumplir con sus obligaciones para favorecer a grandes empresas trasnacionales que se han convertido en un flagelo para los pueblos. La CIDH, a través de la Unidad (futura Relatoría) sobre los DESCA, mostró mucho interés en el tema. Y con razón se dijo que es un reto para toda la región de América Latina avanzar en estándares relacionados con la exigibilidad de estos derechos, incrementar las audiencias públicas regionales o por país sobre derechos relacionados con estos temas, así como atraer casos que avancen en la justiciabilidad (defensa judicial) de alguno de los
Desarrollo con inclusión social
Desarrollo con inclusión social 13 de julio de 2014 Por: Miguel Concha En junio pasado, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó a cabo su XLIV Periodo Ordinario de Sesiones. La reunión tuvo lugar en la Ciudad de Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio, sobre el tema del desarrollo sustentable y con el lema: “Desarrollo con inclusión social”. Si se toman en cuenta los altos índices de pobreza que persisten en todo el Continente Americano, la relevancia de esta consigna es evidente. Recordemos que el documento Panorama social de América Latina, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sostiene que en la región existen 167 millones de personas en pobreza y 66 millones en situación de indigencia. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en sus resultados respecto a 2012, muestra que 53.3 por ciento de la población en México vive en pobreza, y 19.7 por ciento en extrema pobreza. Gran parte de la responsabilidad recae sin duda en la falta de compromiso que los gobiernos de los países del área tienen con respecto del combate a la pobreza, pues actualmente muchos de ellos responden a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, cuyos lineamientos son íntegramente de corte capitalista liberal, y cada vez están más lejos de la sensibilidad y el respeto por los derechos humanos. Recordemos sólo que el último “consejo” dado por el FMI en 2012 proponía aumentar la edad de jubilación y bajar las pensiones ante el crecimiento de la esperanza de vida, por “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado” (El País, 11 de abril de 2012). Los gobiernos de América Latina se han puesto de acuerdo en el discurso de que es necesario impulsar el desarrollo humano y social para abatir la pobreza que aflige al Continente. En consecuencia, el desarrollo ha sido de nueva cuenta declarado como relacionado con una promesa de bienestar con relación a la calidad de vida. Es decir, el avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de una comunidad o país. Con ello, no obstante, vale la pena también destacar que esta calidad de vida se ha visto avasallada por un modelo de cálculos mercantiles, en los que la felicidad depende de la capacidad de consumo. Desde este punto de vista, el desarrollo responde a otro modelo aún más específico: el neoliberal. Dicho modelo concibe todo bajo un único estándar, el occidental, y para muchos, neocolonizador. Y en ese sentido se trata de un “desarrollo” económico “global” basado en la acumulación de riqueza, la explotación de los recursos naturales y la precariedad de las fuentes de trabajo. Y en un “progreso” político sustentado en la realización controlada de una democracia electoral, pero no participativa, que entrega el poder a unos cuantos y no toma realmente en cuenta la opinión y las expectativas de la sociedad en general. Un desarrollo cultural selectivo, que elitiza y controla los recursos culturales. El debate en torno a esta visión del desarrollo ha hecho cuestionar su validez y dirigido la atención a aspectos que se deben atender para lograr los avances y mejoras que permitan satisfacer las necesidades humanas. Por ello en los debates sociológicos actuales el desarrollo no sólo debe hacer referencia ni tener como fin la acumulación de bienes y riquezas materiales, sino que debe también comprender un concepto más amplio, como es el de desarrollo sostenible, que está ligado a lo social, lo cultural, lo económico y lo medioambiental. Por ello los Estados parte no deben olvidar sus obligaciones y compromisos adoptados en documentos regionales de protección de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional, el Protocolo de San Salvador, los cuales establecen definiciones, criterios y lineamientos para que los Estados adopten las medidas necesarias de orden jurídico, político, social y económico, a fin de lograr, progresivamente y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos humanos de las personas que habitamos este Continente. Los Estados deben garantizar un entorno socioeconómico que promueva y permita un acceso total y sin discriminación alguna a condiciones en las cuales las personas puedan gozar plenamente de sus derechos fundamentales, como son el derecho a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, los derechos laborales (como el contar con condiciones de trabajo seguras y sanas, así como con seguridad social), a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana, principalmente cuando se trata de la toma de decisiones en materia de política pública. Por ello, si se toma como marco de referencia la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos, el desarrollo sólo puede tener como propósito promover el bienestar y la libertad sobre la base de la dignidad y la igualdad inalienables de todas las personas. Por tanto, el desarrollo con inclusión social sólo puede tener como objetivo el disfrute de derechos y el acceso a oportunidades para mejorar con equidad la calidad de vida de la población, y un sistema de procuración y administración de justicia que funcione. Un desarrollo con inclusión social debe buscar ciertamente como resultado la mejora en la calidad de vida de las personas, pero también la mejora en los procesos. Hoy en día la pobreza no puede entenderse sólo como la falta de bienes materiales y oportunidades, como el consumo, el empleo y la propiedad, así como la democracia no sólo significa contar con elecciones populares y periódicas pero sin el acceso a la toma de decisiones por parte de la población. Los Estados deben garantizar instituciones que reflejen un interés fundamental por las personas y políticas públicas que tengan la cobertura más amplia, así como procesos que cuenten con la mayor participación, permitiendo con ello que los bienes materiales y oportunidades sean accesibles y asequibles para todos, sobre todo para que los grupos en situación de discriminación no queden excluidos. Sin embargo, cuando
El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal
El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal 15 de junio de 2014 Por: Sayuri Herrera / Johana Sánchez ¡Cuán diferente es el cuadro del pobre!: cuanto más le debe la humanidad, más le niega la sociedad. Se le cierran todas las puertas, incluso cuando tiene el derecho a que se le abran, y si alguna vez obtiene justicia, es con mayor pena que con la que otro hombre obtiene gracia Juan Jacobo Rousseau La capital de México padece un grave retroceso en materia de respeto y garantía de derechos humanos que alcanza todos los niveles de gobierno y poderes. Poco queda de la llamada “Ciudad de la Esperanza”, que promovió el reconocimiento de la diferencia, la justicia social, la libertad de expresión y manifestación. De acuerdo con las viejas prácticas priístas, el gobierno en turno ejerce airadamente la represión contra medios alternativos de comunicación, brigadas de información ciudadanas, grupos populares y movimientos sociales. No hay lugar para los pobres en el Distrito Federal. No hay vivienda que se pueda pagar con un salario de 60 pesos diarios, de modo que desalojos forzados, desahucios y rentas exorbitantes obligan a centenares de familias a vivir en la calle o buscar vivienda en la periferia de la Ciudad mientras se acrecienta la construcción de condominios de lujo, que sólo unos pocos pueden pagar. Ni hablar del aumento al costo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, principal medio de movilidad de los trabajadores y trabajadoras. En este escenario no es vano preguntarse si es de izquierda el Gobierno del Distrito Federal. ¿Es éste un gobierno del pueblo? Un auténtico gobierno de izquierda debe promover cambios en todos los ámbitos, entre los que destacan la procuración de justicia y una nueva política de seguridad pública no represiva ni discriminadora. No es un proceso sencillo, se tiene que luchar contra inercias, viejos hábitos y fuerzas retrógradas enquistadas en las instituciones. Es manifiesto que en los países en los que la izquierda ha llegado al poder se han dado progresos democráticos, pero en lo que se refiere al actuar de los cuerpos policiacos, la procuración de justicia y el sistema penitenciario, los cambios han sido muy lentos. Una de las razones de lo anterior es que las policías, la sociedad e incluso el nuevo gobierno tienen internalizado y estructurado el clasismo y el racismo. En la mayoría de países latinoamericanos se criminaliza la pobreza, así como el color de piel y la pertenencia a alguna etnia. En algunas ocasiones llegan al gobierno fuerzas políticas progresistas pero emanadas de las clases acomodadas, empresarios con buena conciencia, profesionistas o clases medias que buscan sacar a sus países del atraso, pero que dentro de sí llevan los viejos prejuicios contra la plebe. En realidad no son gobiernos del pueblo y, por tanto, muy en el fondo siguen sosteniendo que los pobres son, o bien ovejas a las que hay que conducir o potenciales delincuentes a los que hay que contener. Parece que los ricos, los blancos, los privilegiados que gobiernan, lo hacen a favor de intereses en los que el odio, el exterminio, el destierro y la exclusión de los pobres es política pública fundamental. Lo más grave es cuando en la gente humilde permea la ideología del oligarca y hace suyo ese odio, reproduciendo la semilla que lo genera: la ignorancia del otro, el temor y la estigmatización que genera el consenso social, que luego utilizan los gobiernos para ejecutar acciones fuera del marco de derechos humanos. La más reciente encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México revela como causas de discriminación la pobreza, con 19 por ciento; color de piel, con 17 por ciento; situación económica, con 11 por ciento; clase social, con 7 por ciento; ignorancia, 7 por ciento; y educación, 7 por ciento. Sin embargo, los porcentajes de la pobreza, la situación económica y la clase social se pueden sumar porque en realidad son tres maneras de nombrar lo mismo. En total arrojan un 37 por ciento. Por otro lado, el color de piel está relacionado con la condición social: la gran mayoría de las personas en pobreza extrema son indígenas o de piel morena o negra y, en contraparte, la gran mayoría de los magnates del país son de piel blanca. La ignorancia o la falta de educación son en buena medida consecuencia de la miseria. A la pregunta: ¿cuál es la principal forma en la que se discrimina a las personas pobres? La encuesta menciona el trato humillante; el pago menor por trabajo igual; señalamientos por la apariencia y forma de vestir; la negativa para entrar en algunos lugares, obtener empleos y oportunidades, servicios públicos y acceso a la justicia. En México 53.3 millones de personas son pobres, lo cual quiere decir que cerca de la mitad de la población del país es discriminada, despreciada y ninguneada. Esto es grave y no se soluciona únicamente con campañas de tolerancia, respeto y trato igualitario, que es como decir: “que sigan en la pobreza pero no los traten mal”. La solución de fondo está en la eliminación de la miseria. Resultado de una política económica equivocada, la pobreza tiene su mayor y más grave expresión en la existencia de poblaciones callejeras. Jóvenes en su mayoría, pobres entre los pobres, son ahora el blanco no de una política de inclusión y justicia social, sino de acoso, hostigamiento e incluso persecución por parte del Gobierno del Distrito Federal. Son víctimas de discriminación, desaparición forzada, trata de personas, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, juicios injustos y desventajosos. Esto es el indicador más revelador de la degradación de nuestras instituciones. Para muestra un botón: el desalojo forzado de poblaciones callejeras de la calle Artículo 123, el denominado “Grupo Juárez”. El 22 de abril de 2014, antes del mediodía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaron con violencia al “Grupo Juárez”. Sus pertenencias (alimentos, colchones, cobijas, carriolas, dinero, ropa, zapatos, documentos) fueron destruidas y depositadas en un camión recolector de basura
