Participación ciudadana, democracia y gobernanza
Participación ciudadana, democracia y gobernanza 26 de mayo de 2013 Por: Miguel Concha El grado de complejidad de las sociedades contemporáneas requiere del concurso de los diversos actores sociales y de la ciudadanía para la regulación de la vida social. De aquí que la legitimidad de un gobierno democrático y la eficacia de sus funciones dependan hoy, en buena medida, de su capacidad de concertación con los distintos grupos de la sociedad y de su capacidad para garantizar a éstos su condición de ciudadanos. Los avances en la gobernabilidad pasan por reformular y democratizar la relación entre el gobierno y la sociedad, y por propiciar medidas tendientes a instrumentar o formalizar diversas mediaciones y procesos de interlocución a través de: 1) mecanismos abiertos de relación con los distintos sectores de la sociedad; 2) mecanismos innovadores para la gestión de las demandas sociales; 3) una política de inclusión e interlocución con los actores sociales en los procesos de decisión pública; y 4) el diseño e impulso de distintas formas de representación de la sociedad civil. Como explicaron las analistas Lucía Álvarez y Laura Becerra en su ponencia “Participación ciudadana en México” (2010), la participación ciudadana es componente esencial de la construcción democrática porque: 1) fortalece, legitima al gobierno y contribuye a la eficacia de su desempeño; 2) interviene en la funcionalidad de la gestión pública y otorga mayor legitimidad a las políticas públicas; 3) amplía el espectro de la representación de la pluralidad social; 4) es una vía que propicia la inclusión de los intereses sociales en la agenda pública; 5) involucra a la ciudadanía en los procesos decisorios y en la regulación de la vida pública; y 6) valida la función de la sociedad civil y contribuye a su fortalecimiento. Gracias a la lucha por la exigibilidad y reconocimiento de los derechos humanos en México, en las últimas décadas hemos observado un relativo avance cuando se habla de participación ciudadana y democracia. Sin embargo, aún persisten sectores en los que la visión de la democracia se identifica exclusivamente con los procesos electorales y acciones específicas directas o indirectas de representación en el gobierno, como la elección libre de representantes y gobernantes, el derecho a votar y ser votado o tener acceso a los cargos públicos. Esto se debe a que durante muchos años las estructuras gubernamentales han promovido la participación ciudadana como algo meramente electoral y procedimental. Empero, la sociedad civil ha pugnado por un proceso social y político encaminado a transformar las condiciones en las que se ejercen sus derechos. Y los espacios de participación ganados, incluso en la legislación, provienen generalmente de una exigencia social y no de la voluntad política de los gobernantes; ni de un dispositivo institucional que los propicie, los cuales, cuando ya están formalmente establecidos, como es el caso del Distrito Federal, poseen un carácter meramente consultivo, y su eficacia y funcionamiento está a merced de la buena voluntad de los funcionarios. Por ello es necesario que se establezcan mecanismos orientados a garantizar a los ciudadanos su participación permanente en los procesos decisorios y en la regulación de la vida pública. Como lo comenté en el Foro sobre Gobernabilidad, Seguridad y Participación Ciudadana, de la Consulta sobre el Plan General de Desarrollo del Distrito Federal (2013-2018), en la Ciudad de México es posible mencionar algunos esfuerzos en los que la participación ciudadana y social incide en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Las reformas constitucionales de 1993, así como aquellas introducidas en el diseño del gobierno a partir de 1994, marcaron una etapa en la organización política y jurídica de la capital. Las elecciones de 1997 fueron la muestra, pues por primera vez los habitantes de la capital pudieron elegir libremente a sus autoridades locales. Más adelante, con la realización del plebiscito, se puso de manifiesto el reclamo ciudadano de democratizar el gobierno en la Ciudad de México. Posteriormente, la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal marcó una etapa fundamental de este proceso, al articular a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil en la elaboración, ejecución, institucionalización legal, seguimiento y evaluación de una política pública. La participación ciudadana en la elaboración de los planes generales de desarrollo representa una oportunidad para avanzar en un nuevo sentido de la gobernanza, a condición de que los encargados de elaborarlos tomen en cuenta las propuestas de los distintos sectores de la población involucrados y las conviertan en objetivos, metas y acciones institucionales. En México, los movimientos sociales han promovido la participación activa de la sociedad como un derecho a participar en el ejercicio de la toma de decisiones, han ayudado a generar mecanismos de exigibilidad de sus derechos y han logrado demandar y construir una vida digna para todas y todos. En el caso de la Ciudad de México han conseguido abrir formalmente espacios de participación en los que la ciudadanía tiene voz e incluso algún peso en la toma de decisiones. Ello no obstante, aún se identifican varios retos y desafíos. El principal es que con dicho proceso no sólo se busque una mera pantalla para legitimar a las autoridades, sino que sus resultados y ejecución contribuyan de hecho a la eficacia del desempeño del gobierno. Otro de los retos será lograr la construcción de una metodología que permita dar seguimiento y evaluar las fases de ejecución. En tal sentido, es también necesario garantizar a la sociedad un sistema eficaz de acceso a la información y de rendición de cuentas, ya que una sociedad mejor informada tiene más herramientas para fundamentar sus exigencias, y que éstas ejerzan un contrapeso indispensable frente al gobierno, puesto que una verdadera democracia busca que exista un mejor equilibrio de poder en la toma de decisiones en beneficio de toda ciudadanía respecto a las acciones gubernamentales. *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada:
México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 01 de abril de 2013 Por: Miguel Concha La crisis de los derechos humanos en México se ha generado a partir de la ausencia del estado de derecho en varias regiones del país. La política de militarización y guerra iniciada en la pasada administración se ha extendido en la actual y se ha radicalizado ante la falta de compromisos claros por reforzar un sistema respetuoso de los derechos humanos. La elevada actividad, ausente de controles en el uso de la fuerza pública por parte de policías y militares, ha seguido generando abusos contra los derechos humanos. El gobierno ha vuelto a señalar que los principales responsables de la violencia son los grupos al servicio del crimen organizado, aseveración con la que elude la responsabilidad de sus agentes de seguridad. El reconocimiento constitucional de los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales y del principio propersona han sido puestos en riesgo a partir de que legisladores emanados del Partido Revolucionario Institucional presentaron, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, sus intentos de contrarreformas. La finalidad de esos retrocesos tiene precisamente como principal objetivo restringir la aplicación de los instrumentos internacionales más protectores de la persona. El diputado responsable de la primera iniciativa, Francisco Arroyo Vieyra, al atender al reclamo social de no legislar regresivamente, señaló que no defendería el proyecto que había presentado el pasado 3 de enero. Sin embargo, no lo desdijo ni lo retiró. Por su parte, la propuesta del senador Raúl Cervantes hecha el 5 de marzo pasado, al igual que la anterior, restringe la posibilidad de reconocer los derechos consagrados en los instrumentos internacionales en beneficio de las personas cuando sus garantías se antepongan a las reconocidas en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, y contrariamente a la apuesta de los legisladores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Silva Meza, señaló, frente a representantes del Internacional Crisis Group, que las recientes reformas en materia de derechos humanos y amparo buscan acabar con la impunidad y la inseguridad. Es cierto, México es un país donde la impunidad e inseguridad son condiciones de vida que se acentúan en virtud de la falta de perspectivas de derechos humanos en la institucionalidad estatal. El respeto y garantía de derechos, el acceso a la justicia, el debido proceso, la no discriminación y la reparación del daño han estado ausentes en muchos casos de víctimas. Es este sistema de impunidad el que ha obligado a defensores y defensoras de derechos humanos a accionar sistemas judiciales alternos al mexicano, para encontrar en instancias supranacionales el resarcimiento de la dignidad humana. Por ello, ante gestiones de la sociedad civil, el pasado 14 de marzo el gobierno mexicano fue convocado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, para celebrar seis audiencias sobre el acceso a la justicia, y la garantía y justiciabilidad de los derechos humanos en el país. Los temas abordados fueron los casos denominados como “Digna Ochoa y otros” y “Mariana Selvas Gómez y otros”, así como los llamados “Derecho a la privacidad, víctimas de delitos y personas bajo responsabilidad del Ministerio Público”, “Prioridades en materia de derechos humanos y armonización legislativa en México”, “Situación general de derechos humanos en México”, y “Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas rarámuri y tepehuán en la Sierra Tarahumara de Chihuahua”. En la audiencia relativa al caso “Digna Ochoa y otros”, las organizaciones civiles de derechos humanos solicitaron a la CIDH que dictara su admisibilidad, en virtud de haberse ya agotado las instancias en la justicia mexicana. El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló que la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa fue realizada con sesgo y parcialidad, que al final resultó ineficaz. Como se sabe, la muerte de Digna Ochoa ocurrió, según la autoridad, por suicidio el 19 de octubre de 2001. Esto, no obstante que la familia ha reiterado que la defensora fue asesinada, al dejar entrever que el riesgo que se corre al defender los derechos humanos es la causa de su muerte. Por los hechos ocurridos el 3 y el 4 de mayo de 2006 en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, en los que se registraron graves violaciones a los derechos humanos de personas por su derecho a ejercer la defensa de su tierra y la protesta social, 11 víctimas de tortura sexual (Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cueva Jaramillo) solicitaron también audiencia ante la CIDH. Durante el desarrollo de la misma se expusieron los hechos y agresiones de que fueron víctimas por parte de policías municipales, estatales y federales, así como por las omisiones del gobierno para investigarlas y hacerles justicia. En la misma sesión, la representación del gobierno mexicano a cargo de la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, declaró que el gobierno mexicano tiene “voluntad de reconocer las violaciones y ofrecer disculpas públicas a las agraviadas”. En tanto el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, pidió una “solución amistosa”. Al respecto, las denunciantes rechazaron tajantemente esa vía, porque de haber sido ésa la voluntad del gobierno, habría sido puesta en marcha desde el momento en que fueron denunciadas la agresión y las torturas, y se habría sancionado a los responsables de la vejación sexual. Las agresiones y torturas tanto físicas como sexuales, las violaciones al debido proceso y a la integridad personal, a la vida y al libre tránsito de hace 7 años en el caso Atenco, arrojaron 217 personas detenidas y con sujeción a procesos
Iniciativa desechable
Iniciativa desechable 03 de febrero de 2013 Por: Miguel Concha Malo Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia Artículo 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En marzo de 2011, diversos sectores sociales –entre ellos las defensoras y los defensores de derechos humanos– celebramos que el 8 de marzo de aquel año se aprobara, en lo general, el proyecto de decreto que modificaba la denominación del Capítulo I, del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reformaba los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 105 y el apartado B del Artículo 102, también constitucional, en materia de derechos humanos. Con ello, el país entraba a la lista de los Estados democráticos modernos y cambiaba sustancialmente el paradigma para la protección de la dignidad de sus ciudadanos y ciudadanas, de conformidad con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Pese a ello, el principio “pro persona” (una de las bases fundamentales de dicha reforma) se encuentra hoy en riesgo de ser violentado de manera regresiva, por la propuesta injustificable y retrógrada de diputados principalmente priístas, como Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara de Diputados, y Raymundo King de la Rosa, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. La llamada reforma constitucional en materia de derechos humanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, luego de una larga e incansable labor, principalmente de académicos, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, con el apoyo técnico de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debido a que en diversas ocasiones dicha reforma había sido incomprendida y quedado rezagada. Su publicación, sin embargo, fue considerada como un gran avance en un país como el nuestro, donde cada vez es más urgente el reconocimiento integral de la dignidad de todas las personas que habitan y transitan por el territorio mexicano, debido a las constantes, numerosas e inadmisibles violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo con Miguel Carbonell, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se pueden identificar más de 19 elementos importantes que se reforman sólo en el Capítulo I de la Constitución, los cuales no sólo tienen que ver con las formas de actuar de todo el Estado mexicano en sus diferentes órdenes, sino con la propia estructura gubernamental, para hacer igualmente evidentes las responsabilidades que les corresponden a los tres Poderes de la Unión. De acuerdo con Carbonell, en su artículo “Las obligaciones del Estado en el Artículo 1 de la Constitución Mexicana”, la reforma “establece claramente que las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos corren a cargo de todos los poderes, incluso considerando que algún nivel de gobierno tenga obligaciones reforzadas hacia ciertos derechos […]. Por tanto la reforma enuncia y manifiesta que los derechos humanos generan obligaciones para todas las autoridades y niveles de gobierno; además se establece que dichas obligaciones estarán reforzadas si un precepto constitucional distinto les asigna una competencia concreta”. Esta reforma es relevante no únicamente por su trascendencia en reconocer que las garantías individuales y los derechos humanos no son lo mismo, sino porque hace evidente que a partir de una serie de principios se puede administrar la justicia desde un enfoque amplio que reconozca la dignidad de las personas. El Artículo 1 de la Constitución es sustancial en su contenido para efectos de toda la reforma, ya que se presentan elementos que definen el actuar del Estado ante los derechos humanos. Por ejemplo, el rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales; el reconocimiento del principio “pro persona”; y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Uno de los elementos centrales del Artículo 1 es el denominado principio “pro persona”, que atraviesa toda la doctrina y la práctica administrativa y judicial de los derechos humanos como criterio prioritario de interpretación de normas y actuaciones de las autoridades para protegerlo en casos de conflicto; el cual tiene como fin acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos; e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Pues bien, el pasado 3 de enero se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma, con el fin de modificar el segundo párrafo del Artículo 1 constitucional, para ser establecido contradictoriamente de la siguiente manera: “Artículo 1. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su Artículo 133”. Como puede notarse a simple vista, esta propuesta de Arroyo Vieyra, impulsada ahora por King de la Rosa –a pesar de que el primero declaró públicamente que ya no la promovería– es de por sí contradictoria y no cumple con el supuesto objetivo de generar claridad en la actuación de los operadores gubernamentales y de justicia en México, a la hora de resolver conflictos entre normas y actuaciones de las autoridades; sino todo lo contrario: carece de fundamentos y confunde aspectos jurídicos y políticos. La respuesta de la sociedad civil no se hizo esperar y, por ello, se entregó al actual titular
Centro Fray Francisco de Vitoria: 28 años en la defensa de los derechos humanos
Centro Fray Francisco de Vitoria: 28 años en la defensa de los derechos humanos 11 de noviembre de 2012 Por: Miguel Concha El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, busca contribuir en la defensa y promoción de los derechos humanos, con el firme deseo de que juntas y juntos generemos una cultura basada en el respeto de la dignidad humana. En 2012 cumplimos 28 años de trabajo, tiempo en el que hemos tratado de acompañar a los pueblos y grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Desde sus inicios, el Centro Vitoria ha tenido su inspiración en las tradiciones liberadoras de América Latina. No se explica su trabajo y modo de proceder sin la fuerte influencia del pensamiento emancipador originado desde los movimientos sociales que derrocaron las dictaduras que entre las décadas de 1960 y 1980 atormentaban a Latinoamérica. Muchos años de trabajo –esperamos que sean muchos más– respaldan a este Centro, el cual fue una de las primeras organizaciones defensoras de derechos humanos en México a partir de la década de 1970. La situación por la que atraviesa actualmente nuestro país hace urgente que se fortalezcan espacios organizados, desligados de todo partido político y sin fines lucro, con el objetivo de seguir en la lucha por la vida y la dignidad de todas las personas, que tejan esperanza y reconstruyan lo que el actual sistema destruye. Requerimos, pues, de organizaciones que se pronuncien en contra de un sistema que deshumaniza a los pueblos, les borra su identidad y les arrebata su tierra. Nos hemos pronunciado durante estos años a favor de las personas marginadas y excluidas, y en contra de los intentos por devaluar la dignidad humana y el respeto a la naturaleza en México y en el mundo. En el Centro Vitoria intentamos, desde nuestra sencillez, colaborar con las luchas organizadas poseedoras de causas legítimas, por lo cual levantamos la voz al unísono con otras muchas organizaciones hermanas, pues tenemos claro que formar redes de redes solidarias es una estrategia eficaz para la defensa de los derechos. Hacemos explícita nuestra opción preferencial por las víctimas, sobre todo por las que se sitúan en grave situación de vulnerabilidad. No conocemos otro camino que no sea el de la vía pacífica y dialógica. No olvidamos nuestra postura crítica y firme frente al poder mal encauzado que detentan quienes olvidan que deben mandar obedeciendo. Consideramos al conflicto como una oportunidad para evidenciar lo que no funciona en esta estructura injusta, y lo aprovechamos para visibilizar a las personas que sufren las violaciones a sus derechos, para que sean ellas las que den testimonio de las arbitrariedades por las que pasan. Realizamos interlocución con el gobierno con una actitud responsable y participativa, pero jamás solapamos desvíos a la centralidad de los derechos humanos. No apostamos, cuando nos piden opinión, por programas asistencialistas o meros paliativos para la población, pues lo que interesa, desde nuestro punto de vista, es que haya soluciones reales a problemas concretos que repercutan en la transformación estructural de nuestra sociedad. La labor de defender los derechos humanos es un modo de vida. Así lo hemos demostrado en este caminar de 28 años. Por este Centro Vitoria han colaborado personas sensibles a los grupos más vulnerables. Ello les ha permitido incurrir, después de terminado su periodo en el Centro Vitoria, en diversos espacios, para aportar en la defensa y construcción de la dignidad humana. A todas las personas que son parte de la historia de este Centro les tenemos y les seguiremos teniendo aprecio y admiración por su compromiso con los derechos humanos. Esta labor por defender y promover los derechos humanos se torna cada vez más problemática, pues en México las cosas no son nada fáciles, y lograr que el Estado promueva, respete, proteja y garantice los derechos es un constante conflicto, incluso con el riesgo de sufrir algún ataque o amenaza por realizar este tipo de labores. Es por muchos sabido que las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos hacia defensoras y defensores ha sido una constante en los últimos seis años. Parece ser que se ha convertido en una práctica sistemática de exterminio y obstaculizaciones contra las personas que nos dedicamos a defender y promover los derechos humanos. El gobierno que termina nos deja un saldo de más de 90 mil personas asesinadas, y una cadena de impunidad que deja a la vista la sucia corrupción de la que está llena la estructura gubernamental. En este escenario, la lucha por la dignidad humana es más riesgosa, e implica exigir al Estado un compromiso claro con los derechos humanos. De igual manera es necesaria una fuerte solidaridad con los espacios que resisten los embates del poder corrupto, y luchan por crear escenarios alternativos, en los que se dignifiquen los pueblos y las personas. Felizmente, estos espacios siguen emergiendo frente a la grave crisis institucional, y nosotros colaboramos en su multiplicación. Nos atrevemos a afirmar que frente a la grave crisis civilizatoria a la que nos enfrentamos, con éstos también caminamos y seguiremos urdiendo diversas propuestas que nos lleven a una transformación de nuestra realidad y a una convivencia social más digna, al facilitar el diálogo y el empoderamiento de las personas y los pueblos. Deseamos que tengamos por delante otros 28 años de trabajo, y muchos más, pero siempre queremos que sea un trabajo sensible, coherente y comunitario, donde la solidaridad y fraternidad sean un componente básico. Durante 10 años hemos venido realizando nuestra Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles de Derechos Humanos, de la que han egresado ya poco más de 500 personas, pertenecientes a diversos espacios, que ahora construyen desde sus propios lugares una cultura alternativa de los derechos humanos. Cabe mencionar que este proyecto no hubiera sido posible sin las herramientas que la educación popular y la educación para la paz nos brindan. La experiencia de intercambio entre nuestras y nuestros egresados, y con otros proyectos similares, han hecho que hoy seamos una referencia en el
