Alerta de género para la Ciudad de México
Sábado 30 de noviembre de 2019 Miguel Concha Es innegable que hoy nuestro país está permeado por un contexto de violencia generalizada. Sin embargo, es fundamental reconocer las violencias e impactos diferenciados en la sociedad. Por lo que la violencia contra las mujeres debe nombrarse, reconocerse y atenderse con sus particularidades y necesidades. El pasado 25 de noviembre miles de mujeres en todo el mundo salieron a las calles a manifestarse, exigiendo la erradicación de las violencias en su contra: el cese de feminicidios, de violaciones sexuales, de desaparición de mujeres y niñas, y de cualquier otro tipo de agresión. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de enero a octubre de 2019 ocurrieron en México 833 asesinatos de mujeres clasificados como feminicidio, y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas contó 9 mil 522 mujeres y niñas sin localizar al corte de abril pasado. La Ciudad de México no es la excepción; el Sesnsp registró 50 víctimas de feminicidio de enero a finales de noviembre de este año. En este contexto, se hace urgente que las autoridades capitalinas atiendan esta problemática de manera contundente. Apenas este 21de noviembre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo , dio a conocer la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la Ciudad de México, la cual entró en vigor el 25 de noviembre, mediante su publicación en la Gaceta Oficial, cuyo acto saludamos y reconocemos. La AVGM, mecanismo estipulado en la ley local y federal, está relacionada con el derecho de las mujeres a acceder a una vida li-bre de violencia y pretende la realización de acciones de gobierno urgentes para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en una determinada entidad. La reciente declaratoria de la capital se basa en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y se emitió a solicitud de la Secretaría de las Mujeres. Para el seguimiento de su implementación,la declaratoria contempla la participación de seis organizaciones de la sociedad civil (OSC), y entre las 11 medidas para su puesta en marcha sobresale la atención a la violencia sexual. No obstante, es necesario recordar que desde el 7 de septiembre de 2017 las organizaciones Justicia Pro Persona AC y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC solicitaron la AVGM para la Ciudad de México ante instancias federales, con base en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dicha solicitud no sólo denuncia la grave situación de la violencia feminicida y las deficiencias en el sistema de procuración e impartición de justicia, sino que muestra diversas áreas de oportunidad. De este procedimiento se derivó la constitución de un grupo de trabajo encargado de atender lo relacionado con la solicitud, el cual, mediante entrevistas con grupos de víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, organizaciones acompañantes y defensoras de los derechos de las mujeres, así como visitas in situ a las instituciones, entre otras metodologías, realizó un informe que dio cuenta de la situación de la violencia feminicida en la capital del país, y en el que determinó 20 medidas y seis acciones urgentes, cada una con sus respectivos indicadores de cumplimiento, que el gobierno de la ciudad tendría que cumplir en un lapso de seis meses. Casi con dos años de retraso, el 7 de junio de 2019, y considerando sólo 13 acciones que la nueva administración había emprendido, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), no encontró elementos suficientes para declarar la AVGM en la capital, y de manera sorprendente estableció 17 medidas a evaluar nuevamente en un plazo de seis meses; el plazo está a punto de cumplirse. Frente a esta resolución, las organizaciones peticionarias interpusieron un amparo que fue resuelto a su favor, por lo que, a su vez, la Conavim interpuso ante el Poder Judicial un recurso de revisión, pendiente aún de resolverse. Es importante reconocer que por lo menos desde 2017, aún con el gobierno anterior, las víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, en conjunto con las OSC, han hecho un ejercicio de visibilización y denuncia del aumento de esta violencia, que propició la emisión de medidas y procedimientos para enfrentarla. Asimismo, es necesario aclarar que la situación de las declaratorias de alerta de género para la Ciudad de México de-vela una revisión del mecanismo que establece la ley, con el ánimo de perfeccionar, fortalecer y aumentar las capacidades de esta herramienta, usada por víctimas y organizaciones para hacer frente a la violencia feminicida. En este sentido, vale decir que la AVGM es importante, no como un fin en sí misma, sino como un medio para la erradicación de la violencia feminicida. Por lo que la capital se encuentra nuevamente ante una oportunidad para que todas las mujeres que habitan y transitan por ella puedan vivir una vida libre de violencia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Angélica Díaz Molina
Expectativas en la CNDH
Sábado 23 de noviembre de 2019 Miguel Concha La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una institución que desde su fundación en la década de los noventa ha enfrentado los retos de consolidar su autonomía y dirigir eficazmente todos sus esfuerzos a la atención de personas y grupos que han padecido violaciones a sus derechos humanos. El largo y lento camino en la realización de estos derechos en México pasa también por contar con instituciones autónomas encargadas de la vigilancia de su ejercicio por quienes habitan o transitan por el país. Quien ostenta la presidencia de este órgano autónomo tiene en su fuerza moral su principal herramienta para acompañar a víctimas y colectivos que acuden a ella para resolver y atender sus necesidades derivadas de hechos violatorios a sus derechos. Asimismo, esta institución tiene tareas pendientes muy importantes que observar, no sólo en cuanto al proceso de designación de su titular, sino en el cumplimiento de los preceptos constitucionales que la norman, pues hace ya algunos años que dejó de ser un órgano desconcentrado de la administración, para pasar a ser una institución constitucional de Estado. Es decir, la CNDH es un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, y en ello radica la razón de su existencia. Bajo ninguna circunstancia ésta debe ponerse en riesgo, pues funciona como un contrapeso a todas las instituciones de gobierno. Y con ese carácter promueve la legalidad, progresividad y creatividad para recomendar y orientar de manera efectiva lo que los gobiernos deben prevenir o corregir en su actuar, cuando violentan los derechos humanos de los ciudadanos. Dependiendo de la correlación de las fuerzas políticas, y conforme a los grupos en el poder, o en la oposición en el momento el modo de proceder de la CNDH en su historia ha sido constantemente cuestionado. Lo cierto es que desde la labor de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan, la exigencia es firme y la expectativa principal es la misma, independientemente de la persona titular o de las fuerzas políticas partidistas: la centralidad de los derechos humanos, el acompañamiento a las víctimas y el trabajo comprometido, libre de conflictos de interés, para hacer frente a la crisis de derechos humanos que padecemos en el país. Y en este sentido, en el contexto político actual, se hace necesario recurrir a los principios que debieran guiar las estrategias de fortalecimiento de instituciones autónomas relacionadas con la vigencia de los derechos humanos. Quiero decir que, en mi reflexión, y echando mano de mis experiencias a lo largo de los años, debemos recordar que un gobierno, particularmente el Poder Ejecutivo, se desenvolverá necesariamente en función del Estado. Un Estado constitucionalmente democrático que está en función del pueblo, garante y respetuoso de los derechos humanos. Me explico: el gobierno y el régimen se deberán conducir bajo principios en relación con el Estado, que en el caso mexicano, y conforme a lo que establece la Constitución, tiene su vocación en la centralidad de los derechos humanos y en su protección, garantía, respeto y promoción. Un Estado a su vez que está en función y realiza acciones a partir del mandato del pueblo. Debemos reflexionar más a fondo sobre si en el actual momento político del país estamos o no en un escenario que pudiera llevarnos a todo lo contrario: un pueblo que es subsumido por el Estado, sin la centralidad en los derechos humanos; y éste subsumido al régimen, al gobierno, donde sólo tiene centralidad el Poder Ejecutivo. Llama la atención que este tipo de principios parecieran estar siendo obviados del debate y las tensiones que se han estado generando en diversas ocasiones durante casi el primer año del gobierno actual. Volver a los principios propios de un Estado garante de derechos humanos, que se conduce en función del pueblo, será una especie de brújula en medio de tanta confusión, posibilitando muy seguramente mínimos de entendimiento para pedagógicamente comprender qué puede llevarnos a avanzar en la consolidación de la democracia y de un Estado garante de derechos que responda al pueblo, alejándonos de la tentación de subsumir todo al régimen de gobierno. El proceso que venimos atestiguando desde hace dos meses para designar a la nueva ombudsperson, ha dejado señales de una limitación parlamentaria en el Senado, el cual debiera aceptar que estuvo viciado de origen, falto de transparencia y de fundamento. Pareciera estar dirigido conforme a los intereses de un determinado régimen, y no por principios de un Estado garante de derechos humanos, mandatado por el pueblo. Hagamos votos para que la CNDH no sea más debilitada y cuente con una presidencia con bríos renovados para impulsar aún más el cumplimiento de su mandato constitucional: protección de los derechos humanos, ejerciendo plenamente su autonomía, y un contundente compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos ocasionadas por las propias instituciones del Estado. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Ignacio Ellacuría y los pobres
Sábado 16 de noviembre de 2019 Miguel Concha Como informé en mi colaboración anterior, hoy se cumplen 30 años de la matanza de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador (UCA), y de sus dos trabajadoras domésticas. Recordé también que según un informe de la ONU de 1993, el principal objetivo de la agresión era Ignacio Ellacuría, filósofo, teólogo, analista político y rector de la UCA, a causa de la rabia que le causaban a la oligarquía salvadoreña sus explicaciones estructurales sobre el origen de la injusticia y la violencia, a pesar de que por razones particulares éticas y teológicas él siempre tuvo reparos frente a la violencia física revolucionaria. Por la trascendencia de este acontecimiento en la memoria de los pobres del continente, pensamos que su conmemoración no puede pasar desapercibida en El Salvador, en México y en toda América Latina. Ignacio Ellacuría fue un gran mediador del conflicto armado salvadoreño. Pugnó siempre por el diálogo entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la entonces fuerza guerrillera y hoy partido político que ha llegado a gobernar ese país, tras firmar la paz en el Castillo de Chapultepec, tres años después de la masacre de los jesuitas. Para el proceso de paz salvadoreño, el legado de Ellacuría no puede entenderse sin la vigencia de su pensamiento teológico y filosófico, pues Ellacuría creía en una paz con justicia social. Además, como creyente, veía en los pobres del continente el rostro del Cristo Crucificado por la opresión de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Como aporte original, en su tiempo como rector impulsó la cátedra de la Realidad Nacional, que hoy lleva su nombre y se imparte en muchas universidades jesuitas y no jesuitas en varios países de Iberoamérica. En esas sesiones se hacía un agudo análisis de las razones que dan cuenta de las injusticias que se cometen contra los pobres por razones ideológicas e intereses económicos y políticos particulares. Su formación filosófica le enseñó a buscar la verdad de las intenciones de quienes dicen trabajar por el desarrollo, pero esconden intereses que benefician a unos pocos, en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías populares. El legado de Ellacuría en teología y en filosofía puede resumirse en las frases, que retomando al filósofo vasco Xavier Zubiri, desarrolló en sus escritos: hacerse cargo de la realidad (momento noético), cargar con la realidad (momento ético) y encargarse de ella (momento práxico). Lo que significa reconocer las injusticias del mundo a través del análisis, asumirlas como inaceptables y hacer algo para cambiarlas. Una obra, como la desarrollada por él, es en sí misma de gran actualidad, porque pretende desentrañar analíticamente las claves de esa realidad, para transformarla en beneficio del pueblo crucificado. En El Salvador de hoy, como en México y en muchos países de América Latina, las condiciones sociales y económicas son prácticamente las mismas: una enorme desigualdad social, en la que millones de personas viven en condiciones de pobreza y sufren violaciones de sus derechos humanos, que contrasta con una pequeña minoría que acumula riquezas y provoca de facto la imposibilidad de una verdadera democracia, y la impunidad por sobre el poder mismo del Estado. Como recién dijo Lula, es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sabe convivir con la democracia. La región vive hoy en medio de una globalización económica, en la que el crimen organizado –narcotráfico, trata de personas y delitos de cuello blanco– juega un rol preponderante y profundiza esta polarización social en los distintos países, imponiéndose en los territorios a través de la fuerza y de las armas. La exclusión social que viven niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, frente a las escasas oportunidades de empleo y las pocas posibilidades de reconstrucción del tejido social, se expresan en la migración y la sobrevivencia de sus familias. El análisis de las condiciones de vida de los conflictos específicos que viven las mayorías populares, puede haber cambiado respecto a los conflictos armados de los años 70 y 80 del siglo pasado. Pero los intereses rapaces delas grandes corporaciones, el neo-extractivismo, el desarrollo de ne-gocios en telecomunicaciones, el propio narco, y el tráfico de personas y armas, al amparo del poder político, siguen el mismo patrón de acumulación capitalista, con unos pocos beneficiados y unos muchos excluidos, enajenados y oprimidos. El método, el pensamiento y la obra de Ignacio Ellacuría siguen vigentes para analizar lo que nos está pasando. Sin embargo, habrá que buscar releer sus escritos con nuevos ojos, para desentrañar cómo podemos salir de la barbarie en la que nos encontramos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Reuters
Mártires de la UCA
Sábado 09 de noviembre de 2019 Miguel Concha El próximo 13 de noviembre se cumplen 30 años de la masacre de los seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, y dos de sus trabajadoras, por efectivos del batallón de élite Atlacatl. Se tiene además noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos despeja el camino para extraditar, por fin, al coronel salvadoreño que ordenó su muerte. Ellas y ellos son, Elba Ramos, ama de llaves; su hija adolescente, Celina; Ignacio Ellacuría, rector; Ignacio Martín-Baró, vicerrector y jefe del Departamento de Psicología; Segundo Montes, profesor de teología; Juan Ramón Moreno, director espiritual y ex presidente de la Conferencia de Religiosos de Panamá y Nicaragua; Amando López, profesor de filosofía, y Joaquín López y López, director de los Colegios Fe y Alegría de El Salvador. En entrevista concedida el pasado 24 de octubre al semanario estadunidense National Catholic Reporter (https://www.ncronline.org), el P. Jon Sobrino S.J., quien venturosamente se libró de ser ejecutado, por encontrarse en esos días en una conferencia de teología en Tailandia dirigiendo un taller sobre Jesús crucificado, recuerda el coraje que le dio el asesinato de las dos primeras personas, pues al fin y al cabo el de los jesuitas en aquellos días era hasta cierto punto previsible, pero el de las dos mujeres inocentes resultaba totalmente inexplicable. En un mundo entonces políticamente polarizado entre el oriente, ateo y comunista, y el occidente, cristiano y democrático, era muy fácil, en efecto, estigmatizar en bloque a los partidarios de la teología de la liberación como absolutamente marxistas y comunistas. Y un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (1993) planteaba que el objetivo principal de la agresión era el rector Ellacuría, y que los demás fueron asesinados para eliminar testigos. Recuerdo que entonces la Universidad Nacional Autónoma de México publicó, de manera extraordinaria, en los principales diarios de circulación nacional una esquela en la que subrayaba la saña con la que los soldados se habían cebado contra la cabeza de Ignacio Ellacuría, destruyéndola a culatazos, como símbolo de la aversión que le producía su pensamiento estructural sobre la injusticia y la violencia de la oligarquía salvadoreña. Vano intento por tratar de aniquilar la libertad de pensamiento y el compromiso ético de la inteligencia por la verdad y la justicia, pues hoy en día son muchas las investigaciones que se han venido haciendo para comprender mejor y desarrollar su pensamiento, y muchas de las cátedras e instituciones académicas que, sobre todo en Iberoamérica, llevan su nombre o se encuentran inspiradas por él. Prueba de ello es el libro Ignacio Ellacuría en las Fronteras, coordinado por Óscar Arturo Castro Soto, Luis Mauro Izazaga Carrillo y Helena Varela Guinot, de la cátedra de análisis de la realidad política y social, del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, que también lleva su nombre, y que próximamente será presentado en varias sedes y exposiciones, dentro y fuera del país. Como explica Jon Sobrino en el reportaje mencionado, para Ellacuría los males que debían superarse, y que de alguna manera desgraciadamente siguen, eran obvios: pobreza, empeoramiento de la explotación, la escandalosa brecha entre ricos y pobres, la destrucción ecológica, así como la perversión de los avances reales en democracia y la manipulación ideológica de los derechos humanos. Como explican los autores del libro mencionado, para Ellacuría Las violaciones a los derechos humanos son en sí mismas aspectos negativos de la historia y la humanidad tiene que liberarse de ellos. Sin embargo, el proceso de liberación tiene que caminar hacia algo distinto, hacia la utopía de un mundo mejor. Así, la liberación no es la libertad en abstracto, sino el tránsito de una situación negativa a otra positiva en permanente reconocimiento y construcción histórica (p. 11). Por ello, en repetidas ocasiones habló contra la deshumanización, la degradación y la prostitución del espíritu, sobre las cuales se decía y todavía se dice muy poco. Para Sobrino, como para Ellacuría, su mentor, para sanar a una civilización que está muy enferma, necesitamos de alguna manera el aporte de los pobres y las víctimas. Y por cierto, a propósito de Jesús crucificado, del que se ocupaba Sobrino en Tailandia, mientras sus hermanos eran salvajemente ejecutados, el 15 de octubre pasado, con ocasión del 40 aniversario del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, el teólogo español Juan José Tamayo recordaba en un conversatorio que cuando sacaban de su habitación el cadáver de Ignacio Ellacuría, cayó inesperadamente de uno de los estantes sobre su cuerpo el libro de Jüngern Moltmann El Dios crucificado, la cruz de Jesucristo como base y crítica de toda teología cristiana, el cual quedó impregnado con la sangre del rector recién sacrificado. Lo que desde entonces dejó profundamente impresionado a su autor. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Comunica EDU
Pacto por la Casa Común
Sábado 02 de noviembre de 2019 Miguel Concha Evocando el llamado Pacto de las Catacumbas, por el que un conjunto de obispos católicos latinoamericanos se comprometieron a partir de 1965 a vivir una vida sencilla, cercana a los pobres y alejada de riquezas, propiedades y privilegios, los participantes en el Sínodo Pan-Amazónico, que concluyó el 20 de octubre, decidieron acordar –también ese día– ante las iglesias que conforman los nueve países de la región, las de América Latina y El Caribe, y las solidarias de África, Asia, Oceanía, Europa y el norte de América, un pacto por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana, que denominaron Pacto de las Catacumbas por la Casa Común. Dada la trascendencia social amplia que puede traer consigo su puesta en práctica, me parece oportuno traer a colación los 15 compromisos eclesiales que decidieron asumir: 1. Ante la amenaza del calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales, el compromiso de defender sus territorios y la selva amazónica en pie. 2. Reconocer que no somos los dueños de la madre Tierra, sino sus hijos e hijas, f ormados del polvo de la Tierra (Génesis 2:7-8), huéspedes y peregrinos (1 de Pedro 1:17b y 1 de Pedro 2:11), llamados a ser sus celosos cuidadores y cuidadoras (Génesis 1:26). Para ello se comprometen con una ecología integral en la que todo está interconectado, el género humano y toda la creación, porque todos los seres son hijas e hijos de la Tierra y sobre ellos aletea el Espíritu de Dios (Génesis 1:2). 3. Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con todo lo creado. 4. Renovar en las iglesias la opción preferencial por los pobres, especialmente por los pueblos originarios, y junto con ellos garantizar su derecho a ser protagonistas en la sociedad y en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, lenguas, historias, identidades y espiritualidades. Crecer en la conciencia de que éstos deben ser respetados local y globalmente y, en consecuencia, fomentar por todos los medios que sean acogidos en pie de igualdad en el concierto de los demás pueblos y culturas. 5. Abandonar, en consecuencia, todo tipo de mentalidad y postura colonialista, acogiendo y valorando, en un diálogo respetuoso con todas las tradiciones espirituales, la diversidad cultural, étnica y lingüística. 6. Denunciar todas las formas de violencia y agresión a la autonomía y a los derechos de los pueblos originarios, a su identidad, a sus territorios y a sus formas de vida. 7. Anunciar la novedad liberadora del Evangelio en la acogida al otro y a lo diferente. 8. Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristianas en el anuncio inculturado y liberador del Evangelio. Y en solidaridad con los pueblos originarios, con los pobres y los pequeños, caminar con otras religiones y personas de buena voluntad en la defensa de sus derechos y en la preservación de la Casa Común. 9. Instaurar un estilo de vida sinodal, donde representantes de los pueblos originarios, misioneros y misioneras, laicos y laicas, en razón de su bautismo y en comunión con sus pastores, tengan voz y voto en las asambleas, en los consejos, y en todo lo que concierne al gobierno de las comunidades. 10. Empeñarse en el urgente reconocimiento de los ministerios eclesiales ejercidos por agentes pastorales, catequistas indígenas, ministras y ministros de la Palabra, ya existentes en las comunidades, valorando en particular su cuidado frente a los más vulnerables y excluidos. 11 . Hacer efectivo en las comunidades el paso de una pastoral de visita a una pastoral de presencia, asegurando que el derecho a la Mesa de la Palabra y a la Mesa de la Eucaristía sea real. 12. Reconocer los servicios y la auténtica diaconía de gran cantidad de mujeres que hoy dirigen comunidades en la Amazonía, y buscar consolidarlas con un ministerio adecuado de animadoras de comunidad. 13. Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades, con el protagonismo de los laicos y los jóvenes, con atención a sus periferias y a los migrantes, los trabajadores y los desempleados; con atención a los estudiantes, educadores, investigadores, y al mundo de la cultura y de la comunicación. 14. Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida sobrio, sencillo y solidario con los que poco o nada tienen; reducir la producción de basura y el uso de plásticos; favorecer la producción y comercialización de productos agroecológicos, y utilizar más el transporte público. 15. Ponerse al lado de los que son perseguidos por su servicio profético de denuncia y reparación de injusticias, de defensa de la tierra y de los derechos de los pequeños, de acogida y apoyo a los migrantes y refugiados. Cultivar verdaderas amistades con los pobres. Visitar a las personas más sencillas y a los enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo, que traen aliento y renuevan la esperanza. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Vatican News
El Sínodo de la Amazonia
Sábado 19 de octubre de 2019 Miguel Concha Del 6 al 27 de octubre, el papa Francisco convocó en Roma al Sínodo de obispos para la región panamazónica. El anuncio se dio desde el 15 de octubre de 2017, y por medio de 65 mil consultas y 2 mil 200 reuniones, en su preparación participaron 87 mil 200 personas. En estos días se reúnen en aquella ciudad 180 obispos, arzobispos y cardenales con otros tantos especialistas, teólogos, laicos y agencias católicas de desarrollo. En la Iglesia católica un sínodo es un grupo de obispos, escogidos de varias regiones de la Tierra, que en determinadas épocas se reúnen para fomentar la unión estrecha entre ellos y el Papa, en orden a robustecer la integridad e incremento de la fe, las costumbres y la disciplina eclesiástica, prestarle ayuda con sus consejos, y para tratar los temas relativos a la acción de la Iglesia en el mundo. El documento preparatorio, que suele elaborarse a partir de las opiniones de las conferencias nacionales de obispos de la región, sirve para orientar los temas a debatir durante los sínodos, pide en lenguaje teológico para este Sínodo señalar nuevos caminos. Es decir, pasar de una pastoral y ministerios de visita esporádica, dado lo alejado de las comunidades, sobre todo indígenas, y la insuficiencia de los sacerdotes célibes para atenderlas, así como la ausencia de la mujer de las instancias de decisión de la Iglesia, a una pastoral y ministerios de presencia. Lo que implica abrirse de nuevo en la Iglesia al espinoso debate de la posibilidad de la ordenación sacerdotal, ahora para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por sus comunidades, aunque ya tengan una familia constituida y estable, y al acceso de la mujer al ministerio ordenado diaconal. Pide también que los pueblos originarios se adueñen de la Iglesia, y que en un proceso deinculturación de la fe sean sujetos activos de la evangelización, y la Iglesia adquiera un rostro amazónico. En contraste, el misionero debe dar el protagonismo a la comunidad local. Todo esto implica cambios estructurales que de algún modo han venido siendo preparados, aunque sea remotamente, desde el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965) y las Conferencias Episcopales de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida, Brasil (2007). Pero también el reconocimiento de derechos fundamentales postergados en la Iglesia, como el que tiene toda comunidad cristiana a sus ministerios ordenados y a la misma celebración eucarística, fuente y culmen de la vida cristiana, y que no es tanto una prerrogativa, cuanto más bien un derecho. De acuerdo con la enseñanza de Francisco, en su Encíclica Sobre el cuidado de la casa común del 24 de mayo de 2015, el documento de trabajo pide que la Iglesia supere la ecología verde y asuma junto al pobre, aunque escuchándolos, el cuidado de la casa común (la Tierra), con todas sus implicaciones. Como se sabe, la Panamazonia es una región que comparten nueve países latinoamericanos –Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Suriname, Guyana y Guyana Francesa– y está habitada por 34 millones de personas, de las cuales más de 3 millones son indígenas, pertenecientes a más de 390 grupos étnicos. Muchos de sus desafíos, empero, son compartidos por otras naciones de la región y el mundo, México entre ellas. Como explica en uno de sus últimos textos a este respecto, el teólogo colombiano Edgar Beltrán, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, también buscó la conversión estructural de un ministerio sacerdotal importado a un ministerio sacerdotal autóctono indígena, fruto de sus mismas comunidades. No creía en el diaconado permanente (de varones casados), porque no solucionaba el celebrar la Eucaristía, y en cambio le restaba al laico lo poco que ya había adquirido. No obstante, llegó a ordenar unos 400 diáconos permanentes indígenas. Pero intuyó siempre ese ministerio como una etapa necesaria a escala antropológica, histórica y sacramental, hacia un sacerdocio autóctono en sus mismas comunidades indígenas. Para allá iba en su proceso pastoral. Con un grupo de obispos, a escala colegial, quiso llegar a la ordenación sacerdotal de indígenas. Esta acción de potestad colegial la había explicitado el Concilio en el número 4 del decreto sobre los obispos, y un buen número de ellos estaba conformando esa potestad colegial para la ordenación sacerdotal de indígenas. Pero el mismo Concilio, a petición de Paulo VI, requería que el Papa aprobara cualquier acción colegial o la aceptara libremente. Y eso no fue posible en este caso. Todos esos diáconos eran realmente viri probati, varones probados. No en el sentido usado vulgarmente de ancianos de sexo cansado. Estaban arraigados en sus comunidades y eran parte permanente de ellas, con una pastoral de permanencia. Las comunidades necesitaban la Eucaristía, los candidatos a celebrarla estaban probadamente listos, y así lo demandaban a su pastor. Pero la autoridad eclesiástica suprema lo impidió. ¿Será posible ahora? Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Vatican News
Violencias e interseccionalidad
Sábado 26 de octubre de 2019 Miguel Concha El pasado 15 de octubre se llevó a cabo un seminario de derecho crítico titulado Violencias extremas y cotidianas: una mirada interseccional, el cual tuvo como objetivo reflexionar, en un diálogo plural, sobre violencias extremas dirigidas a personas y sus cuerpos, grupos, comunidades y modos de vida particulares, como el feminicidio, el genocidio y la desaparición forzada. Con una visión interseccional, se discutieron además aquellas violencias cotidianas vividas por causa del entramado social en que nos encontramos, mismas que están sostenidas por categorías cuestionables que atraviesan la realidad de las personas: raza, género, clase, etnia y orientación sexual, entre otras. Se identificó una estructura política, social y económica que impone un sistema de jerarquías desde el que se valora que existen vidas que no son dignas de ser vividas y muertes que no son dignas de ser lloradas. Y, asimismo, la mirada crítica se dirigió hacia otras categorías que generan barreras lingüísticas y epistemológicas para nombrar e identificar esas violencias extremas, así como hacia las corporalidades y comunidades que son objeto de ellas. Para referir la violencia extrema contra mujeres indígenas se problematizó igualmente la base teórica, jurídica y el uso de conceptos como feminicidio o genocidio, cuestionando si el uso de una u otra favorece la explicitación de la forma y el sentido en que operan las violencias estructurales o si tienen el efecto de invisibilizar la propia cosmovisión de las comunidades. Otro de los ejes de la discusión fue el análisis de la interrelación entre el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo en el mantenimiento de una estructura de poder mediante distintos mecanismos operados en muchas ocasiones por acción u omisión del Estado. Por ejemplo, la violencia y el control ejercidos de manera selectiva contra mujeres y pueblos indígenas. Y de la misma manera la violencia del crimen organizado en la región latinoamericana, expresada en la desaparición forzada y la explotación de la vida en favor de la concentración de la riqueza. Todo lo cual está relacionado con despojos de bienes comunes y con el desplazamiento de comunidades campesinas que habitan territorios de gran interés para capitales trasnacionales. Estas estructuras de poder, con ejercicios extremos de violencia vividos cotidianamente, han generado en décadas recientes una gran cantidad de víctimas y sobrevivientes, a quienes los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la verdad para conocer las razones por las que fueron violentadas. Así como su acceso a la justicia, y ésta no sólo desde sistemas occidentales. Para ello es indispensable que los Estados incorporen las aportaciones de los distintos campos disciplinares que se aproximan a una comprensión integral de las violencias, como es el caso de las nuevas ciencias forenses que favorecen el acceso a la verdad de las víctimas, pues problematizan y documentan las violencias con un enfoque diferenciado. Por otra parte, la antropología permite comprender y esclarecer quiénes son las personas que están siendo afectadas por conflictividades actuales. Y de esta manera, en la medida en que se identifiquen las prácticas diferenciadas y focalizadas de violencia, se podrán impulsar mejor los procesos de justicia y la reparación para las diversas víctimas. Por consiguiente, es obligatorio que los Estados dispongan de recursos para llevar a cabo acciones encaminadas a la verdad y la justicia, garantizándose igualmente la reparación integral. Es cierto que la violencia extrema genera pérdidas irreparables, como la vida, por lo que vale la pena preguntarnos ¿qué entendemos por reparación y para qué buscarla? En el seminario se abordaron a este respecto prácticas de pueblos indígenas en las que la reparación es un proceso colectivo que busca que los perpetradores entiendan y reconozcan los agravios cometidos y las afectaciones al territorio, buscando un proceso afianzado en su relación con la naturaleza. Es decir, al hablar de reparación se hace necesario generar narrativas transformadoras y reivindicativas sobre los distintos modos de vida. Es necesario contraponerse a los ejercicios revictimizantes de las instituciones y sus esquemas de mantenimiento de estructuras de poder violentas. De ahí que también la reparación, como una de las principales medidas de no repetición, busque transformar al Estado. Finalmente, el seminario convocado por el Ciesas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, forma parte de la larga y fecunda relación de diálogos y reflexiones articulados entre colectivos de víctimas de violencia, academia y organizaciones de la sociedad civil. Por lo que estos lugares apuntan a ser fundamentales para la participación amplia de diversos actores en la construcción de espacios de reflexión y acción que permitan vislumbrar condiciones de vida más justas y dignas. Consultar artículo en La Jornada Imagen destacada: Angélica Díaz Molina
Criminalización de los campesinos mexicanos
Sábado 12 de octubre de 2019 Miguel Concha El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) reconoce la importancia de la autosuficiencia alimentaria y la crisis que vive el campo. Establece que el sector agrario ha sido uno de los más devastados por las políticas neoliberales, y que las políticas oficiales han favorecido la implantación de agroindustrias y megaproyectos (que) han condenado al abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Ello no obstante, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamentario de Morena, presentó el pasado 19 de febrero una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) de 1996, que no sólo contradice lo establecido en el PND, sino que pone en riesgo a nuestros alimentos básicos y a millones de pequeños y medianos productores, pues criminaliza el libre intercambio de semillas nativas entre campesinos. Entre sus motivos iniciales, la propuesta expresa que se requiere imperativamente una política de Estado que incremente en el mayor grado posible el desarrollo y acceso a las innovaciones de última generación en materia de variedades vegetales y semillas que contribuya a la producción de alimentos en México (autosuficiencia alimentaria) bajo un modelo de sustentabilidad, además de asegurar la conservación y aprovechamiento de nuestra biodiversidad, así como la generación de empleos bien remunerados que propicien el arraigo al medio rural. Menciona que, en caso de no atenderla, se pone en riesgo la productividad del campo e incluso se favorece el aumento en la importación de alimentos y, en consecuencia, la dependencia alimentaria. Por ello, la reforma concluye que para revertir la situación es necesario reconocer la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales, y que, con ello, se ampliaría el abanico de opciones disponibles de semillas de nuevas y mejores variedades en los diversos cultivos estratégicos y de alto valor para México. El proponente de esta LFVV ignora el sistema milenario de agricultura mexicana, la domesticación de una gran variedad de especies vegetales nativas de nuestro país, como maíz, chile, frijol, calabaza, aguacate y amaranto, entre muchas otras, y que este libre intercambio da lugar a nuevas variedades de plantas en cada ciclo agrícola. De aprobarse su contradictoria e incoherente propuesta se afectaría directamente a cerca de 3 millones de pequeños y medianos productores, que representan 85 por ciento de la producción nacional, al criminalizar el libre intercambio de semillas nativas. Además, se privatizarían las semillas; se fomentaría la agroindustria; se protegerían los intereses de grandes trasnacionales, a costa de los campesinos y de los sectores económicamente más vulnerables; se promovería la propagación de semillas transgénicas y, junto con ellas, la contaminación de semillas nativas. Lo que pondría en riesgo nuestra biodiversidad y permitiría el monopolio de la agricultura por trasnacionales, violentaría nuestros derechos humanos fundamentales y pondría en riesgo la existencia misma de comunidades enteras. La propuesta de reforma a la LFVV plantea, además, en el artículo 54 criminalizar con penas de entre dos a seis años de cárcel y multas de entre 10 mil a 40 mil unidades de medida y actualización (UMA) a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas. A pesar de la magnitud del castigo propuesto, los mecanismos y las atribuciones para vigilar, analizar y juzgar dichos delitos carecen de claridad y transparencia, pues se dota al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Snics) de atribuciones autoritarias, siendo necesaria sólo una petición del acusador para tomar medidas preventivas contra el acusado, sin necesidad de pruebas o evidencia. Textualmente, sólo basta con la declaración de una posibilidad de sufrir un daño irreparable o el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren. Una receta, pues, para la impunidad, el abuso de autoridad, la extorsión y las prácticas empresariales desleales. La reforma tampoco toma en cuenta la alta probabilidad de contaminación de cultivos de manera involuntaria, ya que según los mecanismos descritos, al aprovecharse de una variedad vegetal protegida, la víctima se convertiría en un criminal y, así, su cosecha sería requisada o destruida, y él sería sujeto a un juicio penal. Pero eso no es todo. Las atribuciones totales del Snics no sólo lo facultan para vigilar, analizar y castigar este nuevo tipo de delitos. Le permiten también para fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con la violación a los derechos del obtentor. Es decir, tiene la posibilidad de ser al mismo tiempo juez y parte. Lo cual es aberrante. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar
Consejo judicial ciudadano
Sábado 05 de octubre de 2019 Miguel Concha La Constitución Política de la Ciudad de México (CDMX), que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, es quizás una de las constituciones más modernas y progresistas de México y del mundo. Habida cuenta de los vectores de la protección de los derechos humanos y la participación ciudadana, que permean todo su texto, en el artículo 37 se estableció la creación de un Consejo Judicial Ciudadano (CJC), integrado por 11 personas propuestas por instituciones académicas, civiles o sociales designadas por el Congreso de la ciudad. Su encargo no sería remunerado, pues sus integrantes no serían servidores públicos, sino ciudadanos, a quienes se les designa para funciones específicas. Y entre éstas, la de nombrar a los integrantes del Consejo de la Judicatura, que como todos sabemos es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. El consejo se encargaría de proponer al Congreso a los candidatos a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con lo que se planteó un cambio fuerte respecto a la manera de nombrar a los magistrados, pues hasta entonces la propuesta de éstos era facultad del jefe de Gobierno, y su ratificación o aprobación de la entonces Asamblea Legislativa. Con ese cambio se eliminaba una de las circunstancias que más cuestionan la autonomía de los magistrados, con lo que esto podía acarrear de subordinación de ellos al titular del Ejecutivo, con la consiguiente posibilidad de consignas, obediencia a indicaciones de éste en asuntos o casos importantes. Por otra parte, en la Constitución el CJC quedó también facultado para integrar las ternas para fiscal general de la Ciudad, fiscal anticorrupción y fiscal para delitos electorales. En el primer caso, para enviar la terna a la jefa o al jefe de Gobierno, con el fin de que sometan la designación al Congreso; y en los otros dos casos para enviarlas directamente al propio Congreso, para que éste resuelva. Con esta participación del CJC se fortalece la búsqueda de la autonomía de esas fiscalías de la Ciudad de México. Como se sabe, lamentablemente la primera de las facultades, la de nombrar a los consejeros del Consejo de la Judicatura, fue anulada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), cuando en junio dictó una sentencia sobre una controversia constitucional interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJ). De esta manera, una disposición constitucional que abría el camino a la participación ciudadana y a la transparencia en los nombramientos del TSJ fue anulada, y con ello lo que hubiera sido un avance en el derecho de acceso a la justicia. Felizmente, despuésde la resolución de la Suprema Corte subsistió la facultad del CJC para integrar las ternas de los fiscales. Lo que puede significar un avance en la procuración de justicia, y, por tanto, así fuera de manera indirecta, en el acceso a la misma. El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado viernes 27 de septiembre, por 50 votos a favor, la integración del CJC y tomó protesta a sus 11 integrantes. Para darle una dimensión no sólo jurídica, sino también social a las necesidades y expectativas que tendrán que tomar en consideración en la designación de los futuros fiscales, con ello dio también cumplimiento a la disposición constitucional de que siete de sus miembros sean profesionales del derecho y cuatro no. Igualmente, porque se estableció que se tratara de un consejo paritario, en el que seis de sus integrantes son varones y cinco son mujeres. Desde mi punto de vista, y a pesar de la resolución adversa de la SCJN, que castró, en parte, nuestra propuesta de autonomía del Poder Judicial en la Ciudad de México, el establecimiento del CJC es muy importante para la democratización, autonomía y mayor eficiencia del órgano de procuración de justicia, pues en el ánimo del constituyente y de quienes elaboraron y aportaron al proyecto de Constitución, estaba la dependencia que se tenía de la procuraduría respecto del Ejecutivo. Ahora éste sólo podrá seleccionar a uno o una de la terna que le presente el CJC y el Congreso lo o la ratificará. Y en esta designación, si el voto del Congreso fuera negativo, el proceso regresará al CJC tantas veces como fuera necesario. Con ello el proceso de selección de los aspirantes a la Fiscalía General de la Ciudad se acerca también a la ciudadanía, toda vez que en el CJC confluyen profesionales vinculados en muchos casos a distintas organizaciones de la sociedad civil, y sostienen distintas posiciones ideológicas. Es, además, pertinente que el CJC sea integrado por personas especializadas en distintas disciplinas, teniendo en cuenta que el perfil y responsabilidades de la nueva Fiscalía General van más allá que las de la anterior Procuraduría: establecer una política de persecución criminal que le permita gestionar estratégicamente los delitos del fuero común, y diseñar los protocolos para la observancia de los derechos humanos de los sujetos intervinientes en el proceso penal. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Día Nacional del Maíz
Sábado 28 de septiembre de 2019 Miguel Concha Cada 29 de septiembre, durante los pasados 10 años, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País ha celebrado el Día Nacional del Maíz. La campaña es una articulación de organizaciones campesinas, defensores de derechos humanos y colectividades dedicadas al cuidado de los bienes comunes y del medio ambiente, así como a la defensa de la tierra y de los territorios. Es una red de redes viva y actuante, que en los pasados 12 años ha impulsado la soberanía alimentaria y arraigado su presencia mediante décadas de lucha social por el campo, sus campesinos y comunidades. La celebración del Día Nacional del Maíz se ha convertido en un día central para mostrar el relieve que esta planta tiene en la vida de nuestra nación. Es pertinente recordar que México es el centro de origen del maíz, en el que se dio un proceso histórico de constitución de lo que hoy conocemos como milpa: pequeño ecosistema capaz de producir alimentos suficientes y sustentables para alimentarnos, como maíz, calabazas, chile, jitomate y demás plantas comestibles que conviven en ese sistema. Sobre éste se forjó buena parte del desarrollo histórico de Mesoamérica y se generó en la región un sentido simbólico, espiritual y social, imprescindible en la construcción de la vida de pueblos y comunidades. Durante todos estos años esas celebraciones –que se caracterizan por revalorizar al maíz como elemento clave para hacer frente a las crisis que hoy enfrentamos en todas sus dimensiones: derechos humanos, climática y económica; en pocas palabras, la crisis de la civilización occidental–, se han multiplicado en muchas partes del país e incluso en la mayor parte de Centroamérica. La milpa en su conjunto, con sus maíces diversos, es piedra de toque y esperanza para transformar a la nación. La diversidad de actores que han mostrado interés en la protección del grano ha realizado acciones trascendentes en el campo judicial. Tal es el caso de la Colectividad en Defensa del Maíz Nativo, conformada por personas y organizaciones dedicadas a este cultivo, quienes interpusieron una demanda colectiva al constatar que desde los pasados dos sexenios existió la irresponsable contaminación de maíces nativos por granos transgénicos. Proceso judicial de más seis años de trabajo en defensa de nuestros derechos y por el cuidado de nuestros maíces frente a empresas trasnacionales. Durante el sexenio pasado la Colectividad enfrentó además el litigio de instituciones del gobierno en contra de esta demanda. Recién más de 200 personas y 30 organizaciones solicitaron al Presidente un decreto para asegurar un México sin transgénicos y una política pública eficaz sobre medidas de bioseguridad (https://bit.ly/2lNEqnm). En continuidad con estos esfuerzos, saludamos que el Senado haya aprobado la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, así como la declaración del Día Nacional del Maíz cada 29 de septiembre; lo que hace justicia a esta celebración surgida en la sociedad. Por otro lado, son indudables los retos que enfrenta la 4T para hacer efectivos el respeto y protección de los campesinos en un cambio de régimen, focalizando esfuerzos hacia los pequeños y medianos productores, el cuidado de la naturaleza y la protección de las más de 64 razas de maíces nativos e infinitas variedades. Organizaciones sociales y movimientos campesinos seguiremos por ello impulsando el ejercicio efectivo de nuestra soberanía alimentaria, el rescate del campo, el ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada, y la urgente centralidad de la milpa en las políticas públicas del Estado en torno al desarrollo rural y agrícola. Además de reconocer que en el actual gobierno se da un lugar importante al campo, enmarcado en un proyecto de país acompañado de la prohibición de transgénicos. Resulta muy importante estimular la participación de las mujeres y las juventudes en este objetivo de rescate del campo y defensa de la tierra y el territorio. Secretarías, como las encargadas del medio ambiente, la agricultura, el bienestar social y el desarrollo agrario tienen el reto de coordinarse entre sí para fortalecer esta estrategia: incentivar la producción campesina con perspectivas de género y de juventudes, interseccional e intergeneracional, encaminadas a brindar buenos y nutritivos alimentos a la población que habita o transita por el país, así como el cuidado y fortalecimiento de los territorios y la vida que en ellos surge. Porque de eso se trata, de apostarle a fortalecer al campo, el cual se abandonó en décadas pasadas, y con notable celeridad desde la entrada en vigor del TLCAN. Este año no faltará la celebración del maíz. Mediante diversos actos tendrá lugar desde las 10 y hasta las 18 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde ahí seguiremos diciendo contundentemente ¡Sin Maíz No Hay País! Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar
