Acceso a la justicia
Cada vez se generaliza entre las organizaciones civiles la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) el ejercicio de su facultad de atracción para garantizar el acceso a la justicia Sábado 06 de julio de 2019 Miguel Concha Cada vez se generaliza entre las organizaciones civiles la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) el ejercicio de su facultad de atracción para garantizar el acceso a la justicia en casos graves de derechos humanos que quedan impunes a escala estatal. Hoy me ocupo urgentemente de uno de ellos. La noche del 13 de diciembre de 2018 Leonardo Reyes Cayente fue presuntamente ejecutado extrajudicialmente por Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato en hechos que hasta ahora no se han investigado a fondo, debido a la complicidad que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEG) tiene con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Leo, como lo conocían sus familiares, era un migrante mexicoamericano de 23 años que residía en Texas desde cinco años antes, originario de la comunidad Corralejo de Abajo, en San Miguel de Allende. Había viajado con sus padres desde Texas a pasar las fiestas navideñas en Guanajuato, y lo que encontró fue la muerte. Esta comunidad, de menos de 200 habitantes, tiene un grado de marginación alto y no cuenta con servicio telefónico. Por ello, para hacer llamadas y conectarse a Internet, sus habitantes requieren trasladarse a un lugar en el cerro denominado La Caseta, rumbo a San Damián. Según los familiares, Leo había regresado de un partido de futbol y se trasladó a La Caseta para llamarle a su novia en Estados Unidos. Y ahí es cuando la historia de la familia difiere diametralmente de la versión oficial del gobierno del estado. Según ella, escucharon tiros, se acercaron entre los matorrales y presenciaron cómo elementos de la policía estatal movían el vehículo de Leo y disparaban sobre la camioneta para hacer cuadrar su dicho: “Vamos a meterle tres balazos a los asientos de la troca”, dijo uno de ellos. Por su parte, la versión oficial señala que Leonardo viajaba con dos supuestos acompañantes que huyeron, y que fueron ellos quienes dispararon primero a los oficiales. Es importante mencionar que el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU presentó en 2014 las conclusiones de la visita que realizó un año antes a México. En éstas señala que el derecho a la vida está gravemente amenazado en nuestro país, y que se debe actuar decididamente para evitar más muertes. Señala también que con el fin de castigar a los responsables y otorgar reparación a las víctimas o a sus familiares, se deben investigar sin demora las muertes de migrantes. Se entiende que una ejecución extrajudicial es la privación de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga. De conformidad con lo narrado al Ministerio Público por los familiares, Leonardo fue ejecutado extrajudicialmente por policías de Guanajuato. Señalan incluso que en el transcurso de la noche y después de los disparos escucharon con vida a Leonardo, sin que los oficiales hicieran algo para salvarlo. La FGJEG, cuyo titular fue fuertemente cuestionado por haber sido nombrado por medio del denominado pase automático, no ha investigado a fondo la ejecución de Leonardo Reyes. Con ello comprueba su falta de autonomía. El Ministerio Público en el que se inició la denuncia amenazó además a la familia e intentó que firmaran una declaración que no habían hecho. Han pasado seis meses y la investigación no ha avanzado. Mención aparte merece la tibia intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, que inició de oficio su investigación sobre el caso, y cuyo titular se negó a recibir a los familiares de Leo en febrero pasado. El gobernador ha señalado que en este caso es buscar que se aclaren los hechos; he estado al pendiente de derechos humanos (en la investigación de la procuraduría). Ello durante una protesta que realizaron familiares de Leonardo en el consulado de Texas, cuando el gobernador realizaba una visita oficial. Cuatro meses después los hechos no han sido aclarados. El padre Alejandro Solalinde se ha unido también a la exigencia de justicia que han hecho la familia y organizaciones de migrantes residentes en Estados Unidos, reforzando la petición de que la FGR atraiga el caso. La ejecución extrajudicial es una violación grave a los derechos humanos, y la FGJEG carece de autonomía en esta investigación. Así lo han señalado familiares que han solicitado desde el primer momento la atracción del caso, al indicar que no existen garantías para una investigación independiente en Guanajuato, y que la participación de funcionarios o servidores públicos puede incluso obstaculizarla. Por ello la atracción federal abriría una oportunidad para el acceso a la justicia en el caso de Leonardo Reyes. En ello coincide el pleno del Senado de la República, que el 30 de abril aprobó un exhorto para que la FGR atraiga el caso. Me sumo públicamente a la petición de todas aquellas personas que demandan que la FGR atraiga el caso. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Nochixtlán: tres años de impunidad
Buscamos que este tercer aniversario de las agresiones contra la comunidad de Nochixtlán en Oaxaca se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de la masacre. Sábado 29 de junio de 2019 Miguel Concha Han pasado tres años desde aquel 19 de junio de 2016, cuando la comunidad de Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, fue atacada por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, dejando como saldo una cantidad de víctimas incalculable hasta la fecha. En la mañana de ese día integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaban en la carretera México-Oaxaca contra la reforma educativa. En cuestión de minutos las y los maestros que se encontraban en el bloqueo fueron atacados sin ningún aviso previo de persuasión por los contingentes de policías, sino únicamente mediante un ataque frontal y directo. Éste no sólo se quedó en el bloqueo de la carretera, ni exclusivamente se limitó hacia los integrantes del magisterio, ya que la situación se extendió a la comu-nidad de Nochixtlán y a otras de la entidad oaxaqueña, como San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, donde la violencia contra la población se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, la gran cantidad de personas detenidas y heridas por armas de fuego, y lo peor, la comisión de ejecuciones arbitrarias. A raíz de estos hechos, el 17 de octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una polémica recomendación, en la que calificó estos acontecimientos como graves violaciones de derechos humanos detonadas a partir de un enfrentamiento entre elementos de la policía e integrantes del magisterio. Por considerarla revictimizante, tal recomendación ha sido criticada por las víctimas y sus familiares, pues de acuerdo con lo que han manifestado, parte del supuesto de que los miembros del magisterio tienen cierto grado de responsabilidad en ellos. Versión que en un escenario, en el que casi un millar de policías irrumpieron violentamente, disparando a la población con armas de fuego, y en medio de un ejercicio ciudadano de libertad de expresión y protesta social pacífico, simplemente no tiene cabida. Tres años después no podemos compartir la idea de un enfrentamiento, cuando todos los fallecidos fueron civiles desarmados, porque simplemente eso es totalmente desproporcionado. Tres años después, cuando todavía no hay avances significativos en las investigaciones, sanciones y reparaciones correspondientes del daño, la impunidad continúa. Es, pues, necesario que las autoridades abandonen el silencio. Debo reconocer que son justo las víc-timas y sus familiares quienes se organi-zan para impulsar las demandas de jus-ticia, como es el caso del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio de Nochixtlán, colectivo que atiende la representación jurídica de algunas de las víctimas ante diversas instancias. Para compartir experiencias de lucha y resistencia, se han entretejido además redes con muchos colectivos de víctimas de todo el país. Esfuerzos que se tradujeron, por ejemplo, en la realización del Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, en Nochixtlán, Oaxaca, del que ya me ocupé anteriormente ( La Jornada 24/11/18). Ante la llegada de la actual administración federal, las demandas y exigencias por parte de las víctimas y sus familias siguen siendo legítimas y vigentes: acceso a la verdad, impartición de justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Es indispensable, también, insistir a propósito del tercer aniversario de Nochixtlán, que para poder hablar verdaderamente de posibles transiciones y auténticos cambios de regímenes, la justicia efectiva y verdadera juega un papel fundamental. Y así, la manera como se atienden las demandas de los afectados, y las formas de sancionar a los responsables, podrían ser indicadores que nos permitan saber el grado de autonomía y disrupción que tiene el gobierno actual con respecto a administraciones anteriores. Con ello, sin duda, vislumbraríamos algún mínimo avance en el cambio incluso estructural. Ahora bien, aunque en una de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comentario en el sentido de que, si era necesario, se instalaría por decreto una comisión semejante a la del caso Ayotzinapa, para darle seguimiento al caso de Nochixtlán, hasta el día de hoy las víctimas continúan sin ser efectivamente atendidas. Por el contrario, seguimos escuchando de algunas de ellas que persisten de forma constante los hostigamientos de autoridades locales y, más grave aún, ninguno de los responsables de más alto rango ha comparecido ante los tribunales. Porque no hubo discusión, sino únicamente imposición, el caso de Nochix-tlán reflejó la incapacidad del anterior gobierno para atender inconformidades frente a las reformas estructurales de ese sexenio. Además, demostró cuál fue el doble papel que jugó el Estado mexicano en los pasados años: por una parte violador de los derechos humanos y por otra principal encubridor y promotor de impunidad. Que este tercer aniversario se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de los ataques en Nochixtlán. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar
El T-MEC
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Frente a la imposición del T-MEC, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos el reto de no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias que conocemos en el país mismo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de junio de 2019 Miguel Concha Ante la ratificación del dictamen sobre el nuevo acuerdo de libre comercio o Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), por parte del Senado de la República, es necesario reflexionar seriamente y advertir algunas de las graves consecuencias de su aprobación para nuestro país, en su controversial estado actual. Especialmente dos, que de manera indiscutible están relacionadas con los derechos humanos: la participación ciudadana y las serias afectaciones que el T-MEC traerá en diversos ámbitos. Uno de ellos el que comprende al mundo agrícola, al cuidado de la naturaleza y al rescate del campo. De conformidad con lo dicho, una primera problemática del T-MEC es la violación del derecho a la participación ciudadana, estrechamente vinculado con el de información. Por desgracia, el éxodo centroamericano de miles de personas que siguen cruzando nuestro país para llegar a Estados Unidos, en búsqueda de una vida mejor, así como la amenaza de la administración del presidente Trump de imponer aranceles a México, si no detiene a como dé lugar los flujos migratorios, entre otros acontecimientos, han sido el escenario perfecto para que las autoridades mexicanas implicadas en el T-MEC lo negocien en la oscuridad y a espaldas de la opinión pública. Por ello, más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil solicitaron el lunes pasado a las senadoras y senadores la aplicación del Parlamento Abierto en las deliberaciones acerca del T-MEC, antes de su ratificación. Recurso que no buscaba otra cosa que la puesta en marcha de los derechos a la información y a la participación que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para conocer con transparencia lo que realmente sucede, con el fin de poder emitir nuestra opinión sobre las decisiones que afectan al país, y que ésta sea considerada, una de ellas precisamente la ratificación del T-MEC. Sin duda alguna, la aplicación del Parlamento Abierto habría generado las condiciones para transparentar el proceso de la negociación del T-MEC y contrarrestar los intereses empresariales y del sector privado que están comprometiendo el ejercicio de los derechos humanos, así como para fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana de personas expertas, académicas e integrantes de las distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el T-MEC, y la de los grupos más directamente implicados. Ahora bien, una segunda problemática radica en las afectaciones que el T-MEC traerá a diversos ámbitos, debido a las asimetrías y desigualdades económicas, políticas, tecnológicas y culturales entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son, pues, algunos de esos ámbitos? Entre ellos destacan el laboral, el campesino, la salud, la alimentación, las mujeres, el medio ambiente, la resolución de controversias entre empresas y Estados, el enfoque intergeneracional y los movimientos sociales. Sólo para explicitar ciertas afectaciones a uno de esos ámbitos, pongamos por ejemplo la vulnerabilidad agroalimentaria que traerá la ratificación del T-MEC, porque, de conformidad con declaraciones de personas investigadoras y especialistas, permitirá, entre otras cosas patentar genes y variedades de semillas, limitará el uso e intercambio de éstas por parte de los agricultores, atentará contra la biodiversidad y abrirá la posibilidad del cobro de regalías por parte de empresas trasnacionales. Asimismo, por el consumo de alimentos potencialmente dañinos y riesgosos para la población, como son los procedentes de numerosos cultivos transgénicos, los ultraprocesados, y aquellos con aditivos químicos, la ratificación del T-MEC afectará el derecho a una buena alimentación. Dicho de otra manera, por no exigir suficientes barreras y restricciones que verdaderamente lo garanticen, la ratificación del T-MEC violará el derecho humano a la alimentación. Desde la falta de transparencia en las negociaciones, hasta la afectación contra los grupos más vulnerables y más directamente implicados de la sociedad, resulta evidente que la presurosa ratificación del T-MEC por parte del Senado mexicano pondrá en riesgo la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho a la alimentación de las mexicanas y los mexicanos. Finalmente, es indispensable manifestar el desconcierto de la ciudadanía por la falta de apertura a la aplicación del Parlamento Abierto, por la ausencia de la discusión pública y la participación ciudadana, así como por las afectaciones que empiezan a tener la ratificación del T-MEC. Pero no sólo eso, sino que, frente a su imposición, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos un gran reto por delante: no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias de comunidades, movimientos, redes, organizaciones, productores, y personas expertas y académicas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Bernardino Hernández, Cuartoscuro. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Exigencias al gobierno mexicano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Diversas redes defensoras de Derechos Humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de junio de 2019 Miguel Concha El Colectivo de Información y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste, integrado por organizaciones defensoras de derechos de las personas en contextos de movilidad en México, ha venido realizando desde el último trimestre del año pasado una estricta vigilancia de la situación que viven las personas que transitan, buscando mejores oportunidades de vida, y en muchos casos incluso salvaguardarla, principalmente por territorio chiapaneco. Realizan supervisión en los lugares en los que el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con otras fuerzas de seguridad del Estado, lleva a cabo el control migratorio, así como en centros de detención, como la Estación Migratoria Siglo XXI, y en garitas a lo largo de la costa chiapaneca. Con la finalidad de fortalecer este trabajo, alrededor de una veintena de organizaciones y colectivos, provenientes de Centroamérica, México y Estados Unidos, realizaron del 29 al 31 de mayo un trabajo de documentación y reuniones de estudio con albergues de la sociedad civil, autoridades federales y municipales de cinco ayuntamientos de la costa de Chiapas, Organismos Públicos de Derechos Humanos y oficinas de agencias de las Naciones Unidas, como el Alto Comisionado para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional para las Migraciones. La estrategia de desgaste, control y disuasión para que las personas migrantes y solicitantes de protección no sigan su camino; la mirada perdida de niñas, niños y adolescentes al ser detenidos por agentes migratorios y de seguridad pública; la desesperación de mujeres y hombres al ser subidos a los camiones que los llevarían a la Estación Migratoria más grande de América Latina; la incertidumbre de las personas que esperaban bajo la lluvia a ser atendidas en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y las condiciones precarias en las extensiones migratorias, fueron imágenes constantes durante el trabajo de vigilancia. De cara a esta situación, las autoridades federales y municipales argumentaron de manera constante la insuficiencia de recursos financieros, humanos y de infraestructura; la falta de claridad de la política migratoria del Estado mexicano y de facultades y protocolos de actuación, como los relacionados con el uso de la fuerza; la escasa coordinación entre diversas instituciones y, sobre todo, la vinculación con el tema de la seguridad pública y la seguridad nacional. Algo que se observó y documentó puntualmente fue el actuar de la Guardia Nacional en labores de revisión y salvaguardia de la Estación Migratoria. Y ello incluso antes de las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores respecto a que se enviarían a la frontera sur 6 mil agentes de ese cuerpo de seguridad. Ante esta situación, redes, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, formulan al gobierno mexicano una exigencia para, a) transitar hacia una política de Estado garantista de derechos no sólo en el contexto federal, sino también en el estatal y municipal, y no únicamente desde el punto de vista migratorio; b) brindar una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos, asegurando la participación de organizaciones de la sociedad civil; c) eliminar la detención migratoria como una medida de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional y como una estrategia de disuasión para la defensa de sus derechos, como es el derecho al asilo; d) resolver de manera inmediata y con garantías de no repetición asuntos de salud física y mental, como pueden ser deshidratación, problemas gastrointestinales, crisis nerviosas y depresión, sobre todo en los grupos considerados con mayores condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser el de menores de edad, el de las mujeres embarazadas o el de las personas con algún padecimiento particular; e) ofrecer información clara, completa y accesible sobre las formas y trámites de adhesión a la protección internacional y a la regularización migratoria, ya que muchas de las personas serán deportadas sin que necesariamente se haya realizado una valoración seria de sus casos y sin que las causas estructurales por las que salieron de sus lugares de origen hayan mejorado. Esto, además, contribuiría a evitar la incertidumbre y desincentivación, así como a erradicar la corrupción y los abusos tanto de autoridades como de particulares. Hacen, además, un llamado al Poder Legislativo para que el próximo año se asigne un presupuesto suficiente para la operación efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas, como pueden ser la Comar y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por último, y haciendo eco de las opiniones respecto a los recientes acontecimientos de la agenda entre Estados Unidos y México en materia migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Colectivo Monitoreo Sureste [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Los derechos de las OSC
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las OSC son un activo de una sociedad con una visión progresista que reivindica su derecho a organizarse, expresarse y participar en la esfera pública. Las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte y en favor del ejercicio libre. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de junio de 2019 Miguel Concha Como se ha reiterado, en México existe una sociedad civil organizada que desde su origen se comprometió con los problemas nacionales, el logro del bienestar, los derechos humanos y la democracia deliberativa. A pesar de la situación crítica que enfrentan, hoy las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) continúan impulsando esos valores y estrategias, ya que tienen un compromiso especialmente con los diversos grupos en exclusión, con los que contribuyen a transformar su perspectiva en clave de derechos. Con ello impactan también en el entorno social, la cultura de la no discriminación y la incidencia en la elaboración de las políticas públicas. Las OSC y otras expresiones articuladas, como frentes y movimientos sociales y comunitarios, han hecho una contribución sustantiva a la alternancia en el poder y a la incorporación de los derechos humanos en la gestión de los poderes del Estado exigiéndoles el cumplimiento de sus obligaciones. Dada la diversidad de las OSC que actúan en la nación y de aquellas que en las pasadas tres décadas han luchado por un cambio de paradigma democrático y se consideran parte de la izquierda social –de la que proviene el actual gobierno–, en la coyuntura electoral de 2018 emergieron múltiples agendas. Han sido críticas ante decisiones contrarias a los derechos y animan a la ciudadanía a defenderlos. Por ejemplo, frente a los proyectos que se impulsan desde los ámbitos federal o local, defender el derecho a la consulta previa, libre e informada entre las poblaciones que habitan en los territorios involucrados. Durante más de una década las Organizaciones de la Sociedad Civil abogaron por una cobertura legal, lo que dio lugar en 2004 a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC. Un marco legal quizás insuficiente, pero que por el reconocimiento de estas organizaciones como actores de interés público, y porque ofrece argumentos claros y fundamentados para su fomento y participación, hace la diferencia. Dicha ley, motivo de múltiples propuestas de reforma, especialmente para asegurar una efectiva política pública de fomento en toda la nación, adquiere vigencia y relevancia ante la suspensión de recursos públicos para los procesos y proyectos de las OSC que han actuado con transparencia, autonomía y, claro, con apego a la normatividad. Por ello diversas OSC se han encontrado para reflexionar sobre el cambio de escenario político con el nuevo gobierno, esperando correspondencia con la agenda de quienes luchan por las mismas causas. Pero ahora, y como consecuencia de sus declaraciones y decisiones –que las desacreditan y debilitan ante la opinión pública y los grupos de personas con las que trabajan, así como frente a las instancias nacionales e internacionales que históricamente las han reconocido y han sido solidarias con su compromiso en favor de la democracia, el desarrollo y los derechos humanos– coinciden en que no se vale hacer tabula rasa de todas ellas. Considerando el horizonte colocado por el Presidente, de una profunda transformación (la Cuarta Transormación), pensamos que la construcción de una nueva relación gobierno-sociedad no es imaginable sin la participación activa de la sociedad civil organizada, la cual tiene mucho que aportar desde su experiencia, capacidades y compromiso social. Lo que implica, en reconocimiento de sus derechos, un entorno que lo facilite. Un entorno favorable para la sociedad civil que está determinado por una serie de prácticas interrelacionadas (normas legales, administrativas, fiscales, informativas, etcétera) que contribuyen al fortalecimiento de sus capacidades para participar de manera efectiva y contribuir en los procesos de desarrollo sustentable. Como ha sido reconocido desde distintos instrumentos internacionales, con base en la experiencia internacional se han identificado en efecto principios, normas y buenas prácticas que facilitan y contribuyen a que las OSC sean eficaces en el cumplimiento de su papel. Tales como la libertad de asociación, el derecho de reunión, el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión y, al mismo tiempo, a ser reconocidas legalmente y operar sin interferencia del Estado para cumplir con sus propósitos legales. Incluidos además los derechos a buscar y obtener recursos y la obligación positiva del Estado de proteger sus derechos. Las OSC no necesariamente son un camuflaje de la democracia en un régimen neoliberal. Son un activo de la sociedad con una visión progresista que reivindica su derecho a organizarse, expresarse y participar en la esfera pública. Las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte y en favor del ejercicio libre de acciones que no la desincentiven o vulneren. Frente a las actuales circunstancias, las estrategias que las OSC relevan son cuidar y defender sus derechos; revertir el descrédito en el que han sido colocadas; visibilizar lo que hacen y pretenden, y avanzar en una nueva relación gobierno-sociedad, componente fundamental en el tránsito hacia la Cuarta Transformación y a la gobernanza, bajo los valores de autonomía, solidaridad y actitud crítica. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Victor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Uso de la fuerza y la protesta social
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El FLEPS llamó la atención a que en la reciente aprobación y publicación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza se nota una falta de rigor jurídico en diversos artículos que pueden ser usados de manera discrecional en casos en los que el Estado valore, sin control o definiciones claras, que una manifestación rompe con los criterios de licitud o de ser pacífica. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 01 de junio de 2019 Miguel Concha El ejercicio de la protesta social está hoy en México más que reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de los que nuestro país es parte. Los derechos de libertad de expresión, asociación y participación en asuntos públicos, así como los de acceso a la información y reunión, son algunos que, al ser interpretados conforme al artículo 1 de la Constitución, no dejan lugar a dudas de que protestar es un derecho. Además, de manera casi única, este derecho está explícitamente reconocido en el artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México. Pues bien, tan sólo este contexto nacional e internacional hace que la reciente aprobación y publicación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza resulte cuestionada, ya que algunos de sus contenidos pasaron por alto las anteriores normas y los aportes de organizaciones sociales que se han dedicado al análisis y elaboración de propuestas, para contar en nuestra nación con un cambio real en el paradigma de seguridad y protesta social. Un paradigma de protección de los derechos de las personas y grupos en contextos de manifestación en los que se reconoce como idóneo para avanzar en procesos de democratización este derecho y su ejercicio. Y ya no un paradigma de control de multitudes, que concibe a las manifestaciones como amenazas o afectaciones. Llamó la atención sobre este asunto el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps), una plataforma conformada por diversas organizaciones dedicadas desde hace alrededor de cinco años a la denuncia de acciones de gobierno que intentan criminalizar la protesta. Más información sobre esto aquí. El Fleps afirmó, y con ello coincidimos, que en los contenidos de esta ley se denota una falta de rigor jurídico en diversos artículos que pueden ser usados de manera discrecional en casos en los que el Estado valore, sin control o definiciones claras, que una manifestación rompe con los criterios de licitud o de ser pacífica. Esto es delicado, pues el citado frente ha dado cuenta de cómo en estas redacciones se anidan potenciales violaciones a los derechos, ya que pareciera que estas formulaciones amplias y medianamente taxativas regulan poco el uso de la fuerza y, por el contrario, amplían el margen discrecional de algún agente o institución del Estado. Tenemos en el sexenio pasado evidencias contundentes que debieran ser parámetro para no repetir esos errores. Sin embargo, y a decir del mismo Fleps, no se puede dejar de reconocer que existen en la ley aspectos importantes, como la inclusión de principios internacionales en la materia; la determinación de los niveles de uso de la fuerza; la obligación de los agentes policiales de emitir informes sobre el uso de la fuerza que realicen, y la planeación y estrategia de operativos. Sin embargo, algunos otros artículos se tornan peligrosos. Por ejemplo el 16 y el 40, en los que se hace más explícito un modelo de control de multitudes y no de protección de derechos. Preocupa, asimismo, la definición de objeto lícito, pues este término ha sido implementado en otras naciones de América Latina con la intención de censurar previamente una manifestación pública, impedirla, o en su caso reprimirla. No es asunto menor el hecho de que informes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hayan invitado a los Estados a remover toda norma que lleve a la censura previa o legalización de la represión de manifestaciones que de manera discrecional se consideren ilícitas. Aunado a esto, el Fleps señala la ambigüedad que presenta el artículo 28, en razón de que establece la activación y el escalamiento del uso de la fuerza cuando las manifestaciones se tornen violentas. Y sobre esto mismo los artículos 7 y 15, que al parecer habilitan al agente del Estado a usar algunas armas, que aunque se dice que son “incapacitantes y menos letales», en realidad no es así, pues a decir del Fleps permiten el uso de instrumentos, como dispositivos que generen descargas eléctricas, o el bastón PR-24. Hoy sabemos que este tipo de armas son potencialmente letales, pues el golpe en órganos vitales con un bastón, o con una descarga eléctrica pueden derivar, sin duda, en la muerte. Estos son algunos aspectos de preocupación y por ello frente a ella y a la duda que genera la recién publicada ley, se requieren por lo menos dos acciones. Una, observar rigurosamente su aplicación ya que entró en vigor. Y dos, que dadas las incertidumbres jurídicas y los riesgos de violar derechos, los organismos públicos autónomos de protección de los derechos humanos deberían hacer una revisión exhaustiva e, incluso, activar acciones de inconstitucionalidad, con la firme intención de que los marcos normativos estén apegados a los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Teniendo en cuenta que dadas las condiciones políticas del país, este ejercicio de intercambio y diálogo nos llevarán al fortalecimiento de un Estado garante de los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Congreso sobre resistencias y espiritualidades
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Del 28 al 30 de mayo se realizó en la Ciudad de México el congreso internacional ¡Resiste! violencias, resistencias y espiritualidades, dedicado a la escucha mutua entre colectivos sociales, académicos, religiosos y artísticos, que viven sus resistencias con dignidad y esperanza. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de mayo de 2019 Miguel Concha La violencia global tiene diversos rostros, escenarios y procesos, así como muchas causas que la explican. Afecta radicalmente, tanto a la humanidad entera, como a la casa común que compartimos con 8 millones de especies animales y vegetales, de las cuales, según reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, un millón está hoy en riesgo de extinción. Los movimientos sociales de las llamadas víctimas sistémicas no sólo padecen los estragos de esta crisis civilizatoria, sino que al mismo tiempo son fuente de resistencias para defender de la inminente catástrofe a la humanidad y a la casa común. Los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, las universidades, las iglesias y la comunidad artística están en este escenario de violencia sistémica en estado de vigilancia crítica para colaborar, mediante experiencias, miradas y alianzas, que nos permitan tejer nuevos lazos de vida en común, en la superación de esta crisis. Del 28 al 30 de mayo se realizará con este fin en la Ciudad de México el congreso internacional ¡Resiste! violencias, resistencias y espiritualidades, dedicado a la escucha mutua entre colectivos sociales, académicos, religiosos y artísticos, que viven sus resistencias con dignidad y esperanza. Para analizar las violencias, cuatro ejes transversales serán el cauce de 11 mesas de conversación: la economía extractivista, los patriarcados, los desplazamientos forzados y el retorno de la ultraderecha. En cada mesa se escucharán diversas voces de los movimientos sociales en resistencia, la sociedad civil organizada, la academia y las teologías. Como una narrativa provocadora, las artes se harán presentes por medio del grabado, el teatro popular centroamericano y la coreografía de cuerpos emancipados. Preguntando por lo que nos permite mantener viva la utopía de un cambio de mundo en esta hora incierta, cada una de estas narrativas abonará, con sus experiencias y reflexión crítica, con sus territorios vulnerados en cuerpos y subjetividades negadas, a buscar caminos en defensa de la vida común. La revista internacional de teología Concilium es una de las instituciones convocantes, fundada en 1965, al concluir el Concilio Vaticano II de la Iglesia católica, fue una de las publicaciones pioneras de teología moderna que puso en práctica, en diálogo con las ciencias naturales y sociales, la interpretación de los signos de los tiempos, con sus anhelos de emancipación, justicia y pluralismo cultural, en relación con la presencia salvífica de Dios en la historia, que el cristianismo ha recibido como anuncio para la humanidad. Fue concebida por un grupo de teólogos que participaron como asesores conciliares y pensaron el aggiornamiento o actualización de la vida y el pensamiento cristiano en una década marcada por la emancipación de los movimientos estudiantiles en las sociedades autoritarias, así como por la irrupción de los pobres en un mundo dominado por la civilización del mercado. A lo largo de medio siglo, Concilium ha logrado consolidar en teología un trabajo interdisciplinario, con el sello del pensamiento intercultural y ecuménico. Además, con énfasis en lo ecuménico y en la equidad de género, en los recientes lustros ha acontecido un cambio generacional, por lo que hoy integra en su consejo editorial a 20 teólogas y teólogos de los cinco continentes. Los pasados congresos se realizaron en París, en 2016, sobre las racionalidades teológicas diversas; en 2017, en Manila, sobre la inculturación de la fe en contextos asiáticos y del Sur global, y en 2018, en Fráncfort, en torno a las ciudades como desafíos globales. Subrayando con nuevo vigor la incidencia social del conocimiento, para contribuir a la generación de una sociedad más justa, equitativa, próspera y pacífica, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en colaboración con Concilium, aporta a este congreso su inspiración ignaciana. Por su parte, el Centro Universitario Cultural de los dominicos ratifica con este congreso su vocación de ser un espacio de diálogo con la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en la línea de dos coloquios memorables, el de 1974, sobre Liberación y cautiverio, y el de 1989, sobre la teología de la liberación, en un momento crítico, luego de la caída del Muro de Berlín, un foro para la teología latinoamericana. El congreso de 2019 contará con la participación de 55 ponentes y dos conferencistas para animar el diálogo crítico: Rita Laura Segato y Raúl Zibechi. Para escuchar a los movimientos sociales de víctimas, con sus resistencias, sabidurías e indignaciones éticopolíticas y espirituales, que contribuyen a la vivencia de la esperanza crítica en el corazón de la historia rota de la humanidad, en diálogo con las teologías católica y ecuménica el congreso encuentra en el pensamiento colonial, propio de las epistemologías del Sur, su inspiración. Quienes deseen participar, pueden inscribirse endiplomados.ibero.mx Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Victor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Justicia mancillada
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es importante que los tribunales en los que se imparte justicia tengan principios claros para actuar siempre bajo la legalidad, rompiendo a la vez con la espiral de la corrupción, que ha llegado a nivel extremo en nuestra nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 18 de mayo de 2019 Miguel Concha Exigir justicia en México ha sido una lucha permanente de sectores populares y organizaciones de la sociedad civil. A pesar del declarado Estado de derecho, no se garantiza su impartición, ni se vela por los derechos humanos en tiempos del capitalismo neoliberal, ya que, impulsado por el poder económico y político de las trasnacionales y los corporativos, que logran corromper a autoridades de todos los niveles, se impone el criterio del capital. La corrupción ha llegado a nivel extremo en nuestra nación. A escala internacional, de 180 países, México ocupa el sitio 138. Obtuvo una calificación de 28 puntos sobre 100, donde cero es muy corrupto. Con su pacto por México, este problema se agudizó mucho más en el sexenio del gobierno priísta. Sin embargo, este aumento de la corrupción sólo es posible si hay impunidad. En 2018 el Índice Global de Impunidad señala que México es el cuarto país más impune a escala global. A pesar de ello, en el Estado de derecho las leyes tendrían que aplicarse para garantizar la vida digna de las personas. Roland Dworkin considera que la aplicación e interpretación de las leyes dependen de los jueces, pero que, en un contexto en el que con frecuencia hay corrupción e impunidad, se genera incertidumbre entre la ciudadanía, porque las resoluciones pueden estar condicionadas por la presión de los intereses de quienes ostentan el poder económico y político. Es importante que los tribunales en los que se imparte justicia tengan principios claros para actuar siempre bajo la legalidad, rompiendo a la vez con la espiral de la corrupción, como lo señala el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1996. Resaltamos el primer y tercer principio. 1. Ser magistrado de un tribunal es un cargo de confianza que conlleva la obligación de actuar en pro del interés público. 3. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de otro modo del poder y la autoridad que les han sido conferidos. El Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur, organización popular al sur de Tlalpan, en la Ciudad de México, que lleva 46 años de lucha permanente por justicia y vida digna, es un ejemplo de la exigencia de justicia y de luchar por la vida contra la corrupción e impunidad. Desde hace casi ocho años ha sostenido en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un proceso jurídico contra la imposición de una gasolinera ilegal que pone en riesgo la vida del pueblo originario de San Pedro Mártir, como lo dictaminó la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT), la cual subraya que en dicho lugar no puede haber gasolineras. Dicho expendio pertenece a CorpoGas, corporativo que ostenta al menos 176 gasolineras en siete estados del país, y fue el mayor vendedor de gasolina entre 2003 y 2008 ( Proceso, 3/02/19). Hoy varias autoridades de la Ciudad de México, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la alcaldía de Tlalpan, que interpusieron juicios de lesividad, reconocen la ilegalidad de dicha gasolinera. La PAOT y los vecinos son terceros interesados. Miembros de la organización señalan que no obstante el TJA sigue actuando en favor de la gasolinera ilegal, porque sus integrantes sobreseyeron los juicios de lesividad, como puede constatarse en la última resolución de la quinta sala ordinaria, a cargo de los magistrados María Eugenia Meza Arceo, Erwin Flores Wilson y Hugo Carrasco Iriarte. Este último además revocó la suspensión de actividades. Los afectados resaltan en un boletín de prensa que “–CorpoGas– tiene todo el poder económico para corromper a los magistrados del tribunal para que resuelvan en su favor”. Frente a esto, interpusieron ante Estela Fuentes, nueva magistrada presidenta del TJA, su exigencia de que, por la presunta corrupción de dichos magistrados, y para que se vaya al fondo del asunto en los juicios, se turne la investigación al pleno general de dicho tribunal. Esta experiencia es muestra de cómo la justicia es mancillada por un tribunal, y de cómo desde la organización popular se busca luchar contra la corrupción judicial. Expresan su hartazgo por la corrupción que impera en ese tribunal, con alguna excepción. “Durante ocho años –dicen– este caso se ha resuelto ilegalmente contra el pueblo, aun cuando no hay un argumento legal que sustente la presencia y operación de la gasolinera”. Y ello porque no quieren que se legalice lo ilegal y se resisten a creer que este corporativo tenga más poder que las autoridades mencionadas. Se trata de una organización de resistencia que cree en las palabras de José María Morelos: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : María Meléndrez | La Jornada [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Iniciativas legales ciudadanas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La participación social debe ser activa, propositiva y crítica, por lo que es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para que las demandas y expectativas de la sociedad sean escuchadas y se logre construir en común acciones concretas y soluciones. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 11 de mayo de 2019 Miguel Concha La participación social es fundamental en todos los ámbitos de la vida de cualquier Estado democrático, pues no sólo favorece la legitimación de las decisiones y del actuar de un gobierno, sino que, al crear procesos de consulta y diálogo entre los diversos actores gubernamentales y sociales, contribuye a la prevención y mitigación de posibles conflictos sociales. Sin embargo, tal participación no debe ser limitada y menos encasillada en la elección de representantes populares cada tres o seis años. Dicha participación debe ser activa, propositiva y crítica, por lo que es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para que las demandas y expectativas de la sociedad sean escuchadas y se traduzcan en acciones concretas que puedan construir una posible solución. Ante dicha problemática, nuestro marco jurídico parece ofrecer una alternativa bastante importante: las iniciativas ciudadanas. El artículo 71 fracción IV de nuestra Constitución le otorga a la ciudadanía la posibilidad de presentar iniciativas de ley o reformas, cumpliendo con el requisito de contar con el respaldo de 0.13 por ciento de la lista nominal de electores. Tal mecanismo parece ser una posibilidad para los diversos grupos y sectores de la sociedad que no se sienten representados del todo en los espacios comunes, y cuyas problemáticas no han sido atendidas, para que, haciendo propuestas sobre legislación, de manera organizada puedan incidir directamente en la agenda legislativa. En este sentido, el pasado 30 de abril diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) e integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, entre otras, marcharon desde la plancha del Zócalo capitalino hasta la Cámara de Diputados con el propósito de hacer entrega de un paquete de iniciativas ciudadanas, respaldadas por poco más de 130 mil firmas. Entre las propuestas se encuentra la derogación del artículo 185 del Código Penal Federal, por considerar que dicho artículo constituye una limitante al derecho a la protesta social, pues permite la criminalización y persecución de aquellas personas que se oponen y resisten a la realización de obras públicas. Cuestión sumamente preocupante en un país como México, donde los conflictos relacionados con mega proyectos y la defensa del territorio son una constante, y cuya situación se ha visto agravada en los años recientes por el aumento de los asesinatos de defensores ambientales u opositores a proyectos de privatización de derechos. Otra propuesta se refiere a la iniciativa presentada con anterioridad por la ANUEE, consistente en una reforma constitucional para integrar el uso y goce de la energía eléctrica doméstica como un derecho humano, partiendo de la relevancia e importancia que tiene en la mayoría de las actividades que realizan las personas y para transitar de su consideración meramente mercantilista hacia una visión en que la energía eléctrica es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas. Por ello consideran que el Estado deberá garantizar su disposición y suministro de manera eficiente, estableciéndose tarifas acordes con la realidad y el contexto económico en el que se encuentran la mayoría de las familias en México para cumplir así con sus obligaciones como Estado, teniendo en cuenta las condiciones de cumplimiento de tal derecho, como son su accesibilidad física y su asequibilidad económica. La miscelánea legislativa también incluye la presentación de una nueva Ley de Reconstrucción para los damnificados de los sismos a cargo del Presupuesto Federal, así como la creación de una nueva Ley de Pensiones que restablezca el reparto solidario, y la alianza con otras articulaciones para impulsar una Ley de Aguas. Existen, sin embargo, diversas barreras e impedimentos estructurales para lograr alcanzar una legislación popular. Entre ellas destacan la falta de voluntad política de los legisladores para escuchar y recibir las demandas serias y ordenadas de la población, y la ausencia de procedimientos claros y transparentes para hacer efectivo tal mecanismo. La importancia de impulsar legislaciones populares podría servir para el desmantelamiento, por medio de procesos de organización social, del monopolio del actuar legislativo que por muchos años han concentrado algunos de los mismos actores políticos. Es, sin embargo, fundamental exigir apertura de aquellos espacios tradicionalmente cerrados a la ciudadanía, a la par del establecimiento de procesos claros y efectivos para que las propuestas ciudadanas sean escuchadas. Uno de los principales objetivos de la legislación popular es regresar a la sociedad, al pueblo, la capacidad de construir de manera autónoma soluciones a sus problemáticas frente a fuerzas políticas partidistas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Las OSC y el futuro de México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Si bien las declaraciones del presidente López Obrador sobre las organizaciones de la sociedad civil han causado revuelo y confusión, son también la oportunidad para reflexionar acerca del aporte que han hecho y sobre el papel que podrían tener en la construcción de la vida pública de México. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de mayo de 2019 Miguel Concha Las declaraciones del presidente López Obrador sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han causado revuelo y confusión. Aunque también son la oportunidad para reflexionar acerca del aporte que han hecho y sobre el papel que podrían tener en la construcción de la vida pública de México. Un grupo numeroso de personas que han participado desde décadas atrás en las organizaciones civiles del país, constituyeron con esta pretensión una plataforma a la que llamaron las cuatro D, en referencia a los valores fundamentales que orientan a una posición de izquierda contemporánea: la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la diversidad, a partir de la cual elaboraron un pronunciamiento que denominaron Las Organizaciones Civiles en el Futuro de México, La Jornada 2/5/2019. No es propósito de ese pronunciamiento convencer al Presidente, aunque sería magnífico que éste fuera uno de sus resultados. Lo que sí se quiere es contribuir a un profundo proceso de reflexión, en interlocución con los diversos sectores sociales, entre las propias OSC, para responder a la interrogante sobre lo que a cada quien le toca hacer para lograr el tan anhelado cambio verdadero del país. El manifiesto aclara que las OSC no son toda la sociedad civil, pues ésta es diversa. “Una parte de ella –dice–, muy amplia, y que se manifiesta a través de múltiples organizaciones, desde hace décadas ha sido defensora de innumerables causas populares, de los derechos humanos, de la democracia y de los intereses nacionales”. El recuento que realizan es breve, pero en cada uno hay sin duda una parte de la historia contemporánea del país que hoy todos vivimos, como lo fue el apoyar el diálogo, contribuir a la construcción de la paz e impedir el genocidio en Chiapas como respuesta al levantamiento del EZLN; oponerse al despojo de tierras de indígenas y campesinas; apoyar a las víctimas de los sismos del 85 y de 2017, e iniciar la observación electoral, de la que por cierto el primer caso fue en Tabasco. Lo anterior y mucho más como parte de un sentido histórico más amplio. Por ello afirman: “De esa manera hemos combatido al neoliberalismo; también lo hemos hecho pugnando por políticas económicas que dejen de ser concentradoras del ingreso y promotoras de la desigualdad, y por políticas sociales que no se limiten a distribuir dádivas entre ‘beneficiarios’, sin que se atiendan las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza”. Eso llevó a las OSC a promover lo que es aún un pendiente de importancia. Vale decir, recuerdan, la democracia participativa, esto es, la obligación de abrir a la participación ciudadana el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. También por ello para estas OSC la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y su posterior aprobación en la Cámara de Diputados son la ocasión obligada para abrir los asuntos de interés fundamental a la opinión del público y tomar realmente en cuenta las propuestas que de él surjan. Los planteamientos anteriores, disponibles en la página http://bit.ly/lacuatrod, invitan a las OSC a participar en el debate de estos temas, a los que añado. ¿Durará todo el sexenio de AMLO su malestar con las OSC? Parece poco probable que eso ocurra, aunque para estas organizaciones no sería nuevo actuar sin la autorización del poder político, pues esa ha sido su experiencia desde hace décadas. Lo que de cara al futuro, y a las propuestas que ha reiterado el Presidente, queda en duda, es si los programas sociales que pretende llevar a cabo serán posibles sin el concurso de la sociedad civil. No para recibir recursos a través de ellos, sino para generar las capacidades organizativas de la población que les permitan desarrollar sus capacidades productivas. Si se pensara que tales propósitos serían alcanzados sólo con la participación de la burocracia, esto conllevaría el riesgo del fracaso económico o, peor aún, del intento de reconstruir el corporativismo estatal, contra el cual han luchado las organizaciones civiles y sociales, y cuyo resultado ha sido la apertura de caminos democráticos. Si no se pretendiera la confrontación permanente, entonces habrá que pensar cómo podría realizarse –con autonomía– la colaboración entre gobierno, organizaciones civiles y los múltiples actores de la sociedad. Su punto de partida deberá ser el diálogo, y para ello hay que crear condiciones; la primera es el reconocimiento mutuo. El diálogo deberá ser en torno de las prioridades del país –el Plan Nacional de Desarrollo es una estupenda ocasión– y por lo mismo sería también sobre la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la diversidad. México tiene ahora la oportunidad de cambiar, pero nadie puede lograrlo solo con los actores políticos. Se requiere también de la sociedad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
