Encuentro de Arantepacua
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Uno de los principales retos de este gobierno tiene que ver con poner efectivamente al centro de su quehacer los derechos humanos, y, para avanzar en tan importante asunto, a las víctimas y sus organizaciones acompañantes como principales interlocutores. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 27 de abril de 2019 Miguel Concha Los meses pasan y los diversos asuntos por atender se complejizan desde la transición de gobierno, la toma de protesta y los días efectivos de trabajo del nuevo gobierno. La agenda de los derechos humanos –particularmente la atención a víctimas de graves violaciones– se ha visto sin duda resentida en ese proceso de cambio de titulares y grupos encargados de atender las necesidades de aquellas personas que padecen las secuelas de agresiones que han afectado fuertemente sus proyectos de vida. Uno de los principales retos de este gobierno tiene que ver con poner efectivamente al centro de su quehacer los derechos humanos, y, para avanzar en tan importante asunto, a las víctimas y sus organizaciones acompañantes como principales interlocutores. Los pasados 3, 4 y 5 de abril se llevó a cabo en la comunidad indígena de Arantepacua, Michoacán (https://bit.ly/2H2HO6G) el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país. Participaron diferentes víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos, así como personas defensoras de derechos e integrantes de colectivos y movimientos sociales provenientes de por lo menos 10 estados de la República y de diversos países. En dicho encuentro, derivado del Primer Encuentro realizado en Nochixtlán, Oaxaca, del cual di cuenta en estas mismas páginas ( La Jornada, 24/11/18), se pudieron escuchar más concretamente valoraciones sobre las acciones del gobierno en relación con los temas más preocupantes de víctimas y sobrevivientes. Por un lado, sigue en efecto la incógnita relacionada con el proceso que el mismo gobierno detonó en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo que en su momento se llamó justicia transicional, pues abrió una expectativa que hasta ahora, en palabras de diversas víctimas y sobrevivientes, no se ha visto reflejada en propuesta concreta alguna. Ni, según su decir, mucho menos se han sentido incluidas en algún proceso de construcción de política pública referente al tema, si es que existe. Por las mismas colectividades de este encuentro se ha definido por otro lado que los tiempos del actual gobierno y sus priorizaciones no necesariamente empatan con los tiempos de las víctimas y sobrevivientes. Por ello definieron la necesidad de movilizarse para abrir canales de diálogo efectivos que permitan poner sobre la mesa asuntos de urgencia, seguimiento y atención que les lleven a condiciones más dignas, para revertir así situaciones estructurales que están propiciando de manera generalizada impunidad y violaciones a derechos. La agenda de las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos no se reduce únicamente a medidas de atención inmediata. Por el contrario, la mirada de estos grupos de víctimas es de largo plazo. Buscan también que se reviertan de raíz las condiciones estructurales que han generado que la violencia no cese y las graves violaciones a derechos humanos resulten casi imparables. Los y las más excluidas toman de nueva cuenta en sus manos la tarea de visibilizar sus demandas, y con ello apuntalar una agenda efectiva que sirva para las miles de víctimas que han padecido los estragos de la violencia. Los grupos que se dieron cita en la comunidad purépecha de Arantepacua tienen entre sus objetivos, conforme se expresó en sus definiciones políticas, continuar con su exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición. En ello se incluye la atención efectiva a sus casos, en los que se cuentan las violaciones a derechos humanos que han padecido integrantes de la comunidad de Arantepacua, quienes en el contexto de este encuentro conmemoraron el segundo año de las agresiones a esa comunidad, el 5 de abril de 2017. Así como la atención efectiva a casos, como los muchos pendientes que dejaron a la comunidad de Nochixtlán los ataques del 19 de junio de 2016, y la debida atención a familias de víctimas de feminicidio, que también acudieron a la cita; a integrantes de la comunidad de Amatán, Chiapas; a familiares y amigos de mujeres y hombres jóvenes desaparecidos o ejecutados en la Ciudad de México; a comunidades indígenas desplazadas, como la de Chenalhó, y muchas otras personas que acudieron a encontrarse y compartir sus demandas. Entre las acciones legítimas de estos grupos de víctimas para obtener verdad y justicia se incluye la movilización del pasado miércoles 24 de abril, cuando acudieron a la Ciudad de México para buscar atención en la Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llegaron desde sus diversas comunidades y lugares con la esperanza de ser escuchadas y ver garantizados sus derechos. Con la genuina voluntad de exigir lo que es suyo: verdad, justicia, reparación y no repetición. Toca ahora a los órganos autónomos, al gobierno federal y a los gobiernos locales atender lo que se pidió. Para que eso suceda, apoyemos lo más posible como sociedad civil. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDH Antonio Esteban | Utopía 21 [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Soberanía y suficiencia alimentaria
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los gobiernos neoliberales apostaron por importar alimentos en lugar de producir en el país, y abandonaron el campo y los apoyos a la investigación nacional. ¿Cómo empezar a revertir esta situación? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 20 de abril de 2019 Miguel Concha El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) es la institución pública más importante de México. Desde hace 75 años, desde que las instituciones antecesoras iniciaron actividades en 1943, desarrolla investigación agrícola, pecuaria y forestal. A partir de 1985 se transformó en el Inifap. Las innovaciones tecnológicas y las variedades mejoradas sustentaron el Milagro del Campo Mexicano, reconocido en el mundo por el crecimiento económico, que en el campo fue de 1945 a 1970 de 7 por ciento, el doble de lo que crecía el país. El milagro se sustentó en la investigación de más de mil 400 variedades mejoradas de los cultivos de importancia para México: más de 300 variedades de maíz; más de 160 de frijol; 250 de trigo; 60 de arroz; 50 de papa; 30 de cebada y 45 de soya, y en la estructura de producción, abandonada después por el neoliberalismo. Las inadecuadas políticas agropecuarias, el cierre de fertilizantes mexicanos, de la Productora Nacional de Semillas, de la extensión agrícola, el seguro y el crédito agrícola, y la escasa inversión en investigación, llevaron al país, a la crisis alimentaria de México más grave de su historia, con importaciones cada año de 16 millones de toneladas de maíz, 5 de trigo, 85 por ciento de arroz, 97 por ciento de soya y 400 mil toneladas de frijol, con la consiguiente fuga de divisas, abandono del campo, y crisis en la cantidad y calidad de la alimentación de los mexicanos. Los gobiernos neoliberales apostaron por importar en lugar de producir en el país, y abandonaron el campo y los apoyos a la investigación nacional. Con la intención equivocada de traer tecnología de otros países, en 2003 Vicente Fox pretendió cerrar el Inifap. Al no lograrlo, decidieron extinguirlo, cancelando plazas y limitando su presupuesto y apoyo a la investigación –pretendiendo con ello que desapareciera por inanición–, a la vez que otorgaron los apoyos al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), cuya misión y objetivos no corresponden con los del Inifap y suplantan las responsabilidades de las instituciones nacionales. Para formalizar, en acuerdo con Sagarpa y Cimmyt, la autorización de Masagro (Programa de Modernización de la Agricultura Tradicional), colocaron desde la Sagarpa, ahora Sader, a un nuevo director general, y, para dirigir la investigación y transferencia de tecnología, al doctor Salvador Fernández Rivera como director de Investigación y Vinculación, y pusieron al servicio de este programa otros recursos federales y estatales (fundaciones, extensionistas). Cometiendo además dumping contra investigadores nacionales, entregaron la responsabilidad de incrementar semillas. En el Inifap se mantuvo por 10 años al director general y a su director de Investigación y Vinculación, quienes fraguaron la colusión con Sagarpa, Cimmyt y Masagro. Este último programa ofreció en 10 años el incremento de la producción de maíz y trigo en varios millones de toneladas, así como la sustitución de 1.5 a 3.0 millones de hectáreas de criollos por híbridos. Después de ocho años de operación, Masagro no ha cumplido sus compromisos, como lo confirman artículos científicos y otros documentos de investigadores como el doctor Antonio Turrent Fernández. El 16 de julio de 2018 Enrique Peña Nieto designó como director general en el Inifap al doctor Fernando de la Torre Sánchez, y por parte de Sader está a cargo de la relación con el Inifap el doctor Salvador Fernández Rivera. Sin embargo, su actuación durante siete años en el propio instituto no permite una adecuada interlocución con el Sindicato de Investigadores Independientes del propio Inifap. El movimiento de huelga del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Siiinifap), que agrupa a 75 por ciento del total de investigadores del Inifap, iniciado el 20 de marzo, demanda solución y firma del contrato colectivo de trabajo (CCT), cuyos puntos principales privilegian la investigación urgente para México. Los investigadores agrupados en el Siiinifap no piden un incremento en el presupuesto fiscal del Inifap, ni el aumento de salarios u otro beneficio personal. Solicitan que del recurso con el que ya cuenta el Inifap se asignen 100 millones de pesos para 302 proyectos en 77 campos experimentales a escala nacional, pues hasta ahora el recurso se ha otorgado en forma discrecional y sesgada. Piden también que se respete la integración de comisiones mixtas de planeación, evaluación de resultados y seguimiento de proyectos. Ambos puntos, que fueron firmados en el CCT de 2017, atienden a las prioridades del país y apoyan la agenda del gobierno hacia la suficiencia y soberanía alimentaria de México. La solución evitaría que se pierdan este año las investigaciones en el ciclo de cultivos básicos y oleaginosos. Para que la Cuarta Transformación llegue al Inifap, es urgente para el bien de México la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Premio Sergio Méndez Arceo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El trabajo en la defensa de los DH requiere un constante compromiso, por eso desde hace 27 años algunas organizaciones de inspiración cristiana han acompañado el reconocimiento y visibilización de personas y colectividades mediante el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 13 de abril de 2019 Miguel Concha El trabajo en la defensa de derechos humanos requiere de un constante compromiso y fortaleza para la construcción de un mundo más justo. Razón por la cual desde hace 27 años algunas organizaciones de inspiración cristiana han acompañado el reconocimiento y visibilización de personas y colectividades que defienden derechos humanos, mediante el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. Cada año éste reconoce a diferentes personas, colectividades u organizaciones que desde su praxis fortalecen experiencias comunitarias e individuales, dentro de cada coyuntura política particular. Este año por ejemplo resalta la coyuntura de un nuevo gobierno, que entre las múltiples interrogantes que suscita destaca aquella que nos hace reflexionar sobre el ejercicio de los derechos humanos y el respeto y protección de quienes los defienden. Al respecto es importante tomar en cuenta que es menester reconocer que, aunque México tiene un nuevo gobierno, existen otras formas de hacer y pensar en la izquierda, entre ellas las que apuestan a la defensa de la tierra y el territorio frente a megaproyectos. Como segundo elemento, es también importante no dejar de nombrar que el número de personas defensoras y periodistas asesinadas sigue arrojando cifras elevadas. Pensar entonces el ejercicio de los derechos humanos, así como la protección de quienes los defienden, implica reconocer que hay ciertos derechos que se ven garantizados, porque están de acuerdo con las propuestas políticas del nuevo gobierno. Pero también hay otros que parecen contraponerse con dichas propuestas. Ante ello, es importante no olvidar los principios en derechos humanos, que nos invitan a considerar su interdependencia y progresividad. La emisión número 27 del Premio Sergio Méndez Arceo, que hoy se entrega en Cuernavaca, se posiciona ante la coyuntura, y reconoce en la categoría individual a Teresa Castellanos Ruiz, y en la grupal a Tequio Jurídico AC. Teresa Castellanos Ruiz es una mujer que acompaña actualmente la lucha contra el Proyecto Integral Morelos, defendiendo los derechos a la vida, la salud, el medio ambiente sano, la libre determinación de los pueblos, el agua, y una vida libre de violencia para las mujeres. Como coordinadora del Comité Huexca en Resistencia, inició su camino en 2011 en la defensa de los derechos humanos, ante la indignación y preocupación por la vulneración de su calidad de vida, la de sus hijas y la de su comunidad, a raíz de la construcción de una central termoeléctrica en Huexca, al nororiente de Morelos. Cuando la comunidad recibió la información de que una planta de esa magnitud se construiría en su localidad, las y los pobladores decidieron hacer un plantón que duró casi seis meses, hasta que fue reprimido por policías. Teresa, junto con otras compañeras, fue agredida físicamente. No obstante dicha represión, Teresa ha continuado en la defensa de su territorio, fungiendo también como mediadora de paz entre las y los habitantes de las comunidades que han experimentado diferentes actos de hostigamiento y división por parte de la CFE. Participa también activamente en diferentes espacios para vincular a los pueblos del estado de Morelos en resistencia a la imposición de megaproyectos, en la defensa de su territorio y sus recursos naturales. Lo cual la ha llevado a enfrentar una serie de hechos, producto de la violencia de género que las defensoras suelen experimentar, al ser leídas como mujeres en un sistema patriarcal. Lección que le ha permitido alzar la voz no sólo en defensa de su territorio, sino también de las mujeres que lo habitan. Tequio Jurídico por su parte nació a finales de 1997, por iniciativa de estudiantes de Derecho, pertenecientes a diferentes pueblos indígenas. Su motivación fue el compromiso con el trabajo comunitario y con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Se inspiran en las luchas de las comunidades zapatistas, y su trabajo se centra en generar e implementar estrategias de formación, capacitación, investigación, difusión, asesoría y defensa jurídica, con el fin de aumentar las capacidades y habilidades organizativas de las comunidades, asambleas, autoridades agrarias y municipales, defensoras y defensores del territorio indígena, así como en la difusión de los derechos de las mujeres indígenas, la búsqueda de espacios que permitan el intercambio, y el rescate de los elementos de identidad indígena. Mediante acciones legales contra proyectos mineros que las amenazan, acompañan procesos de organización regional en comunidades que realizan la defensa del territorio chontal. Viven el tequio como práctica de un derecho colectivo que se funda en la cosmovisión de los pueblos, y tiene como fin el beneficio comunitario y la construcción de su autonomía. Su lema, Desde abajo y en la tierra sembramos autonomía, hace frente al capitalismo neoliberal que se sostiene en el despojo, la represión, la explotación y la discriminación en todas sus formas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Sergio Méndez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Treinta años del Frayba
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En un contexto político como el de ahora hacer memoria de nuestras organizaciones, inspiradas muchas de ellas en las espiritualidades liberadoras, nos ayuda a entender el presente desde la comprensión de nuestra historia en la defensa de los derechos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 06 de abril de 2019 Miguel Concha El obispo Samuel Ruiz García fue sensible y visionario al fundar en 1989 un espacio de defensa de derechos humanos en la diócesis de San Cristóbal de las Casas: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido familiarmente como el Frayba. Desde entonces, este centro atendió las necesidades más sentidas de las comunidades indígenas de la región de los Altos de Chiapas, aportándoles solidaridad, información y acciones efectivas en la defensa de sus derechos. Vale la pena citar partes de la Carta Fundacional del Frayba, pues no sólo se trata de una declaración de principios, sino sobre todo de un camino a seguir en y con los pueblos. Con aquellas y aquellos que históricamente han sido excluidos. El Frayba se entiende, pues, como sujeto de su propio destino, aprendiendo a caminar en su lucha de resistencia y en la construcción de la esperanza los caminos de la liberación que caminaron nuestros antepasados. Y es que su andar se articula con El Caminante, es decir, con el propio don Samuel, quien sin reparo alguno se colocó al lado de los más pobres. Él, con la Iglesia liberadora, leyó acertadamente los signos de los tiempos. En ese entonces, cuando creó el Frayba, eran los tiempos de las secretas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de las riesgosas reformas al artículo 27 de la Constitución, a punto de concretarse. Eran también los años convulsos por el fraude electoral registrado en 1988 y los de los gobiernos represores en Chiapas y en diversos lugares de la República Mexicana. Fue en ese contexto cuando don Samuel vio la necesidad de generar un espacio institucional para la defensa de los derechos humanos. Treinta años después El Caminante continúa vivo en el Frayba, y quienes han colaborado y ahora colaboran en este centro de derechos humanos, han contribuido con su dedicación y entrega al trabajo colectivo por la justicia, la dignidad de los pueblos y los derechos humanos. En un contexto político como el de ahora hacer memoria de nuestras organizaciones, inspiradas muchas de ellas en las espiritualidades liberadoras, nos ayuda a entender el presente desde la comprensión de nuestra historia en la defensa de los derechos. Y así tenemos que conforme pasan las décadas se desarrolla una particular mística en el acompañamiento a pueblos y comunidades, en el caminar junto a las víctimas, en la defensa de sus derechos y en el entretejido de organizaciones locales y de base que buscan hacer de este mundo un lugar más solidario y digno. Un lugar donde se cuida toda forma de vida, frente al criminal y depredador sistema capitalista. El Frayba es un emblemático ejemplo de esta mística en la defensa de los derechos humanos. Retomando de nuevo su Carta Fundacional, en el Frayba sus integrantes se saben, desde sus orígenes, seguidores de esa mística emancipadora, pues su andar, comprometido en las luchas de liberación, y en la tradición de una Iglesia involucrada en la situación de los pueblos excluidos y marginados, destinatarios del anuncio de liberación y constructores de alternativas al sistema de muerte, está marcado con la visión de la esperanza. (Pueblos) desde el principio sujetos de derechos y en búsqueda de la paz con justicia y dignidad de la mano. Estos 30 años han sido ejemplo de cómo, siendo sensibles a las demandas de las comunidades, se viven los derechos desde abajo. Y de cómo solidarizarse haciendo vivas las propuestas alternativas que ellas nos presentan frente a la crisis de civilización en el mundo. Las y los compañeros del Frayba no dudan en asegurar que los derechos humanos son una herramienta fundamental para el fortalecimiento de procesos organizativos en la defensa y el ejercicio de un proyecto de vida en el que se construyen alternativas frente a la exclusión y marginación de este sistema patriarcal y capitalista neoliberal. Por lo que también declaran estar en contra de la cultura de violencia que éste nos impone. Desde esta mística de la liberación, la historia de nuestras organizaciones defensoras de derechos humanos nos alienta a que vengan muchos más años de trabajo. Hasta que la justicia sea una realidad. Hasta que se reviertan las estructuras de dominación y cesen las violaciones de derechos humanos. Mientras exista la injusticia y la violencia, nuestro trabajo no claudicará. Además, estos 30 años del Frayba también coinciden con la celebración de una década de trabajo de la organización Voces Mesoamericanas, y con la realización de la 58 Asamblea de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todas y Todos. Dadas las denuncias en el contexto del #MeToo, en dicha asamblea las organizaciones acordaron un total rechazo a la violencia contra las mujeres y la salvaguarda de sus derechos (https://t.co/0EwuArBgSc). Celebremos estos 30 años del Frayba. Celebremos la vida y nuestros esfuerzos colectivos autónomos, materializados en las organizaciones sociales que luchan dignamente contra toda dominación patriarcal, capitalista y colonial. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHVitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Las oportunidades del PND
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Tras las elecciones de 2018, es el momento de hacer concretas las expectativas, y discutir qué y cómo es alcanzable con realismo el cambio en el país, a lo largo del sexenio recién iniciado. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el primer y más importante paso de este proceso de planeación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 30 de marzo de 2019 Miguel Concha Las elecciones pasadas expresaron la avidez de la sociedad por un cambio de rumbo en el país. Como ocurre con los procesos electorales, tiende a predominar el rechazo a lo anterior y las esperanzas de lo nuevo. Ahora es el momento de hacer concretas las expectativas, y discutir qué y cómo es alcanzable con realismo el cambio en el país, a lo largo del sexenio recién iniciado. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el primer y más importante paso del proceso de planeación, pues de él se derivarán los programas sectoriales. Se han previsto tres: paz, democracia y Estado de derecho; desarrollo económico, y bienestar social. Estos sectores deben ser atravesados por tres ejes: inclusión, combate a la corrupción y desarrollo sostenible. La coordinación de la elaboración del PND corresponde a la Secretaría de Hacienda, que deberá tener lista la propuesta el 30 de abril de este año, para que el Presidente la envíe a los diputados. A diferencia de otras ocasiones, ahora le corresponde al jefe del Poder Ejecutivo la elaboración del PND, y su aprobación final a la Cámara de Diputados. Así lo estableció la reforma constitucional de 2014, que tuvo como antecedente la propuesta elaborada por diversas organizaciones campesinas, civiles y sindicales, presentada al Senado de la República en noviembre de 2013, por medio de cuatro de sus miembros, y asumida después por los partidos políticos. La intención de sus promotores iniciales fue que se abriera al debate público la definición de las políticas sexenales, más allá de los acuerdos cupulares, como la experiencia del Pacto por México, de no muy feliz memoria. El actual gobierno ha manifestado que en esta ocasión sí se tomarán en cuenta las propuestas, para que el PND sea asumido por toda la sociedad. Que un plan deba tener consenso, ha quedado demostrado en los países con experiencias exitosas, mismas que ponen de manifiesto cuán importantes son la capacidad técnica y el consenso para que la planeación genere resultados positivos. En la situación actual del país hay tres asuntos que vuelven imprescindible una buena planeación, en los dos sentidos señalados: a) más allá de la discursiva, podría establecer la ruptura concreta con el modelo neoliberal, que, puesto que confía más en los vaivenes del mercado, rechaza abiertamente la planeación; b) si no se hace sólo para cumplir con las formas, con la intervención real de la sociedad en la planeación, ésta significaría también el inicio de la implantación real de la democracia participativa, rompiendo así con el monopolio gubernamental sobre las decisiones públicas, propio de las democracias elitistas; y c) permitiría trazar la ruta del desarrollo que paulatina y decididamente se aparte del neoliberalismo. Para alcanzar estos tres propósitos, no se necesitan actos de magia. Existen ya propuestas hechas del conocimiento público por grupos de académicos y de organizaciones de la sociedad civil, formuladas en los diversos cambios de gobierno, pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política para ser tomadas en cuenta. Me atrevo a añadir algunos aspectos de procedimiento que podrían contribuir a la apropiación social del PND: 1. Que el gobierno dé a conocer la sistematización de las propuestas recogidas en los distintos foros y mecanismos de consulta que se han realizado. En el pasado ha sido común que muchas personas participen en las consultas, pero queda en el más grande misterio qué opinaron y si fueron consideradas sus propuestas. Si esto cambiara, sin duda que generaría un PND más próximo a la gente. 2. Incluir en los objetivos a alcanzar las propuestas de los diversos sectores sociales, pues el PND no puede incluir sólo los propósitos del partido gobernante. No hay duda que fue electo para dirigir al país, pero en democracia nadie lo puede hacer con exclusividad. 3. Lograr que la aprobación del PND por la Cámara de Diputados no sea sólo un trámite de aplicación automática por la mayoría del partido del presidente. La aprobación de las distintas fuerzas políticas es el paso indispensable para comprometerlas con los propósitos del plan. Lo que permitirá que tanto el gobierno como la sociedad les pueden exigir congruencia a la hora de ejercer sus facultades. 4. Construir consenso social. Mal harían los distintos partidos si suponen que el consenso es igual a un nuevo pacto de élites. Los diputados tendrán que convocar a toda la ciudadanía a discutir sobre la propuesta presidencial y a ser consecuentes con lo que escuchen. Será la oportunidad para que la sociedad opine, no ya sobre los problemas del país, sino sobre la estrategia que proponga el Ejecutivo para resolverlos. Esto plantea el reto de los instrumentos para captar la opinión pública, más allá de los foros. Será muy conveniente que desde ahora se inicie su discusión, pues queda sólo un mes para que se les envíe la propuesta del Ejecutivo, y dos más para aprobarla. La democracia participativa también requiere parlamento abierto. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Darij & Ana [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Recomendaciones al Estado mexicano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las 262 recomendaciones de la comunidad internacional permiten identificar buen número de los asuntos relacionados con la grave crisis de derechos humanos que vivimos y la impunidad estructural prevaleciente que requieren mayor atención. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 23 de marzo de 2019 Miguel Concha En noviembre de 2018 México estuvo sujeto por tercera ocasión al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Recibió entonces un total de 264 recomendaciones de más de 100 estados parte. Este mecanismo permitió también hacer una evaluación de la situación de los derechos humanos en el país, principalmente bajo la administración de Peña Nieto. Para los distintos países que emitieron sus recomendaciones, los temas de mayor preocupación fueron la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso e impartición de justicia, relacionados sobre todo con la violencia hacia las mujeres y los altos índices de feminicidios. La protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para garantizar el respeto y pleno ejercicio de su labor, y el tema de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades, relacionados con el riesgo que para ellos representan los megaproyectos, fueron otras de sus principales preocupaciones. De este modo, en el contexto del 40 periodo de sesiones del consejo, el pasado jueves 14 de marzo el Estado mexicano aceptó en Ginebra, Suiza, 262 recomendaciones, entre las cuales destacan: realizar investigaciones prontas, minuciosas, independientes e imparciales de los ataques cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, y asegurarse de que los autores puedan ser llevados ante la justicia y sometidos a un juicio con las debidas garantías. El Estado mexicano debe asegurarse también de que el mecanismo federal de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos reciba financiación y apoyo político a largo plazo. Además, los Estados parte recomendaron a México garantizar la labor sin trabas de los defensores de los derechos humanos y establecer un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad, con el mandato de investigar los delitos atroces, las violaciones graves de los derechos humanos y los actos de corrupción conexos. Los Estado s fueron igualmente enfáticos en la relevancia de estudiar y generar una normativa necesaria para eliminar la incertidumbre legal y procedimental en la aplicación del mecanismo de alerta en materia de violencia de género. Llamó también la atención la importancia que le dieron a la necesidad de seguir celebrando con las comunidades indígenas consultas previas como herramienta fundamental para lograr el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos. Si bien la delegación mexicana, al aceptar casi la totalidad de las recomendaciones y reconocer la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país, reiteró la oportunidad que representan los mecanismos multilaterales para hacer frente a los retos en la materia, y manifestó su disposición de colaborar con estos mecanismos, también sigue preocupando el discurso adoptado a veces por parte del Ejecutivo federal sobre el reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones para hacer frente a la crisis. En este sentido, y mediante una declaración oral presentada ante el consejo en la misma sesión de aceptación del Estado, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDH Vitoria), y la organización Dominicans for Justice and Peace (http://derechoshumanos.org.mx/ epu2019) reafirmaron la importancia de establecer un diálogo franco y propositivo del Gobierno federal con las organizaciones sociales, fundamental para el seguimiento y construcción de una agenda que permita hacer frente a esta crisis de derechos humanos. En su oportunidad el Estado mexicano mencionó que para la atención, seguimiento y cumplimento de las recomendaciones colaborará con los distintos poderes y niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil. Es relevante que en estas sinergias se reconozca el aporte histórico de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en la vigencia de los derechos y la democratización del país. El gobierno actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la responsabilidad de generar abierta y transparentemente, para el establecimiento de una ruta de implementación y seguimiento que permita construir una agenda derivada de las recomendaciones de esta tercera evaluación, los mecanismos necesarios de participación y colaboración con los distintos actores involucrados. Por ejemplo, las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, sus colectivos y las víctimas. Las 262 recomendaciones permiten identificar buen número de los asuntos relacionados con la grave crisis de derechos humanos que vivimos y la impunidad estructural prevaleciente que requieren mayor atención. Debido a que se trata de una evaluación que ha surgido de diferentes intercambios y diagnósticos, tanto de parte del Estado mexicano, como de organismos internacionales, personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, su incorporación dentro de la agenda pública es necesaria. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Empoderamiento ciudadano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los cuarenta años que cumple este año el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM) han significado un caminar que apuesta por el derecho a la participación ciudadana, esperanzadora y siempre abierta a los desafíos que la realidad compleja de México plantea cada día. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de marzo de 2019 Miguel Concha Año de 1510. Desembarca en la isla La Española, hoy Santo Domingo, la primera comunidad de frailes dominicos. Entre ellos viene Fray Antón de Montesinos. Llegan a evangelizar a las tierras recién descubiertas. Al arribar les impacta la terrible situación en la que están los indios. Bajo el sistema de la encomienda (grupo de indios encomendados a un español) son tratados con brutalidad, desgastados, expoliados, esclavizados. Esta injusticia estructural causa sufrimiento y muerte. Pensando y actuando antisistémicamente, Montesinos denuncia, a nombre de su comunidad, que no hay religión ni fe ni creencia que legitime y justifique esta barbarie. Y lanza su famoso grito: “¿Con qué derecho…?”. El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM) cumple en este 2019 cuarenta años de lucha y anhelo por construir una sociedad justa, equitativa y solidaria, donde viviendo en auténtica fraternidad quepan todos los seres humanos. Siempre con una mirada que considera a la par de una ética liberadora, cuya raíz es el cristianismo de liberación, y la perspectiva de género como eje transversal a los derechos humanos como el trasfondo profundo de su quehacer. El CAM ya ha recorrido un largo camino en el fortalecimiento de sujetos sociales, para que sean ellos quienes decidan y construyan de manera digna su vida y su porvenir. Su metodología ha consistido en proporcionar herramientas formativas y capacitación para que diversos actores sociales adquieran habilidades y destrezas para gestionar las necesidades vitales que les permiten un buen vivir en las diferentes dimensiones de su existencia: síquica, social, económica, política, cultural y espiritual. Esto es lo que llamamos reconocer y fortalecer el poder de las personas para actuar en sus comunidades como ciudadanos que aportan ideas y estrategias para la incidencia en lo público y en las políticas que abonan al buen vivir y al bien común, a nivel comunitario, municipal y estatal. Así, el CAM ha sido un actor civil que ha colaborado en el impulso a la democracia representativa que en las décadas de los años 60 y 70 se fue conquistando como elemento radicalmente importante para el ejercicio del derecho a la participación política y social. El derecho a la participación en el ámbito público hace que los actores puedan contribuir en el diseño, seguimiento, implementación y evaluación de las políticas públicas. En los años 90 fue una de las organizaciones que, junto con muchas otras, aportó a la formación y capacitación de actores sociales y civiles comprometidos con la lucha por el ejercicio de la democracia, participando junto con ellos en articulaciones que ayudaron a la transición democrática. Entre ellas, Alianza Cívica y el Movimiento Ciudadano por la Democracia. Sin esta lucha histórica, hoy tendríamos una ciudadanía resquebrajada, insignificante y considerada sólo como beneficiaria. Ha coadyuvado en ese mismo sentido para que las mujeres reconozcan sus derechos y luchen por el ejercicio de los mismos, tanto en sus propios hogares como en sus comunidades, logrando, por ejemplo, colocar regidoras de equidad de género en sus municipios. También ha logrado que grupos de campesinos intercambien saberes para el desarrollo de proyectos sustentables en lugares donde falta el agua; donde existe contaminación de las tierras, y donde el deterioro del campo ha causado su abandono por las nuevas generaciones para buscar oportunidades en las ciudades. Y en relación con actores eclesiales (personas creyentes vinculadas orgánicamente a grupos u organizaciones de iglesias), el CAM es una de las organizaciones civiles que desde su fundación ha aportado reflexión ética y teológica, así como estrategias prácticas para que grupos y comunidades, cuya inspiración de sentido está fundamentada en el cristianismo, puedan articular una fe con sentido transformador y liberador con las dinámicas sociales, políticas y culturales. Articulación que se hace siempre respetando la laicidad y la secularidad de los procesos civiles, de modo que su acción no sea desde la confesionalidad, sino desde el compromiso ciudadano, ético liberador y humanista. En los últimos años el CAM se ha especializado en la prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual, elaborando informes con la finalidad de incidir en la política pública sobre el fenómeno. Así lo ha venido haciendo, tejiendo para ello alianzas estratégicas y participando en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México con el fin de que se dé cumplimiento a las líneas de acción de dicho programa, y con ello se pueda erradicar este fenómeno que va en aumento en nuestro país y afecta sobre todo a mujeres, niños y niñas. Cuarenta años han significado un caminar que apuesta por el derecho a la participación ciudadana, esperanzadora y siempre abierta a los desafíos que la realidad compleja de México plantea cada día. El CAM ya es parte de esta historia de búsqueda de un México con paz, y en justicia, derechos y dignidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CAM [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Las OSC y la democracia en México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es necesario que el Presidente de la República distinga a las OSC que han resistido al neoliberalismo y a los proyectos de muerte, de las organizaciones clientelares o las que impulsaron un campo de golf, que no dejan de ser una excepción y deben, en efecto, rendir cuentas. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de marzo de 2019 Miguel Concha Durante el siglo XX losregímenes autoritarios, posteriores a la Revolución tuvieron en el presidencialismo, el partido de Estado y las formas clientelares y corporativas, la fórmula de un control político basado en mucho gobierno, poca sociedad civil y grandes privilegios para pequeños grupos. Este modelo está en los orígenes del enriquecimiento de unos cuantos y la polarización profunda de la sociedad mexicana, a tal grado que en 2019 un puñado de 10 personas tiene en su haber lo mismo que ganan en un año 118 millones de personas. En 1981 el modelo económico capitalista de nuestro país empezó a formar parte de la estrategia política y económica del neoliberalismo que a partir de entonces fue acumulando mayor riqueza con base en salarios bajos, sindicalismo corporativo, represión, incremento de la violencia, tolerancia del narcotráfico y creciente corrupción en la administración pública federal. En México el neoliberalismo no implica sólo gobiernos corruptos, sino políticas de enriquecimiento de pocos, represión, desorganización de las oposiciones y destrucción del medio ambiente. Frente a esta política, desde principios de la década de los 60 empezaron a surgir agrupaciones ciudadanas autónomas de gobiernos, iglesias y partidos políticos, interesados en participar en el bien público, para impulsar la promoción de todos los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, que tomaron la forma de asociaciones civiles no lucrativas. Después del movimiento estudiantil de 1968 se multiplicaron los entonces llamados organismos no gubernamentales (ONG) especializados en diferentes campos como la libertad de presos políticos y asociaciones de profesionales para impulsar políticas de salud pública, educación popular y derechos humanos. Entre éstos los derechos de las mujeres, los niños, así como la vivienda popular y asesorías en proyectos productivos, el cuidado del medio ambiente, las culturas indígenas y otros campos de la vida de la sociedad nacional. Estas organizaciones, instituidas entre los gobiernos y los individuos, nunca se situaron en una lógica del llamado clientelismo político, ni como intermediarias de recursos públicos, sino como instrumentos para combatir las causas de la pobreza y generar opciones para mejorar las condiciones de vida, trabajo y el cuidado del medio ambiente, al lado de las organizaciones y movimientos populares y sociales. Desde la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, el 6 de febrero de 2004, aún vigente, el Estado mexicano ha fomentado las actividades de las denominadas OSC mediante recursos aprobados en la Cámara de Diputados que se ejercen conforme a reglas de operación; convocatorias abiertas y transparentes para proyectos de coinversión; dictaminación por órganos tripartitas integrados por gobierno, academia y sociedad civil, sujetos a rendición de cuentas e informes oportunos. Sin embargo, en este periodo los recursos para el fomento de las actividades de las OSC han sido escasos, como lo expresa el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins: sólo el equivalente a la cuarta parte del promedio internacional; a la quinta parte del promedio en los países desarrollados y a menos de la mitad que en las naciones en desarrollo. Aparte del escaso monto de las partidas asignadas a las OSC en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 69.4 por ciento fue entregado en 2007 a organizaciones paraestatales y sólo 30.6 por ciento llegó a las verdaderas OSC. Es entonces necesario que el Presidente de la República distinga a las organizaciones de la Sociedad Civil que han resistido al neoliberalismo y a los proyectos de muerte, trabajando sin descanso para impulsar la democracia, el cuidado del medio ambiente, la atención a personas vulnerables y la promoción de los derechos humanos, de las organizaciones clientelares o las que impulsaron un campo de golf, que no dejan de ser una excepción y deben, en efecto, rendir cuentas. El fondo del problema es que las sociedades modernas impulsan con energía las organizaciones intermedias entre gobierno y ciudadanos, precisamente para llevar adelante iniciativas de la sociedad civil que difícilmente pueden ser atendidas por los gobiernos. Organizaciones que instituyen mediaciones profesionales y empáticas con los grupos más vulnerables como migrantes, mujeres violentadas, familiares de personas desaparecidas. Mediaciones que promueven colectivos para impulsar la democracia y el cuidado de la naturaleza y que colocan, siempre en el centro la vigencia plena de los derechos humanos, el cuidado de la naturaleza, el respeto a las personas vulnerables como sujetos de derechos, el agua como derecho humano (no como mercancía), la justicia y la democracia, son contrapesos necesarios para evitar nuevas formas de autoritarismo y corporativismo, buscando siempre abordar las causas de los problemas que han generado tanto la corrupción como el autoritarismo y el neoliberalismo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHVitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Soberanía científica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del Conacyt, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener los cambios propuestos por la nueva dirección. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de marzo de 2019 Miguel Concha El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, próximamente Conahcyt, por la inclusión de las humanidades en el título de la institución, se encuentra hoy en un proceso de transformación que no gusta a muchos. Cuenta ya por desgracia con una larga lista de críticas que han recibido, tanto la directora general recién nombrada, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, como sus propuestas de restructuración. No obstante, y más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del consejo, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener estos cambios. Entre algunas de las propuestas más sobresalientes está el incluir las humanidades en los ejes transversales de la institución. Lo cual permitirá, particularmente en los planes nacionales estratégicos, una visión holística. Éstos serán una herramienta para, partiendo de los grandes problemas nacionales, articular capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas que se enfoquen en dar soluciones a temas como violencia, inseguridad, soberanía alimentaria y agua, entre otros. Estos rubros requieren, para su traducción en políticas públicas y procesos de investigación, necesariamente de una visión social y de derechos humanos. Es un avance importante, asimismo, enfocar la ciencia en la propuesta de soberanía científica. Este concepto apuesta por lograr la independencia tecnológica y por redefinir la relación entre ciencias, humanidades y el sector productivo. Lo que por décadas se redujo a transferencias directas de recursos y productos, beneficiando únicamente a intereses privados. Hoy implica desarrollar un vínculo más sano entre la ciencia pública, producida en las universidades y en los centros de investigación nacionales y el desarrollo económico y social del país. Por otro lado, las diferentes propuestas que orientan a la ciencia hacia el bienestar de la sociedad son también pieza clave en la consolidación de una sociedad más democrática. Entre los rubros en los que se planea enfocar recursos del Conahcyt, están la promoción de industrias limpias y la generación de energías renovables; el desarrollo urbano sustentable; la promoción de proyectos para mejorar mecanismos de prevención y reacción ante desastres naturales, así como investigaciones en materia de racismo y discriminación, y propuestas con enfoque preventivo, sistémico y social en materia de salud. Entre muchas otras iniciativas que marcan un claro sentido humanístico y social de la institución, están también la innovación en sistemas agroecológicos y proyectos de ciencia ciudadana y comunitaria en materia de alimentación. Un factor que demuestra más dicha perspectiva en el nuevo proyecto del Conahcyt es el énfasis que se le está dando a la búsqueda de la apropiación social de la ciencia y la comunicación científica. Valorándose, por un lado, el diálogo de saberes con las comunidades indígenas y campesinas y planteando, por otro, iniciativas de articulación comunitaria y con organizaciones de la sociedad civil, en trabajo con infancias y juventudes en el ámbito escolar, y en proyectos de intersección entre artes-ciencia-humanidades y tecnologías, para la visualización de problemáticas sociales. La concatenación de todas estas medidas, propuestas por la nueva directora del Conahcyt, coadyuvarán a la promoción del derecho humano a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. El cual, según la Experta Independiente de Naciones Unidas en el campo de los derechos culturales, exige tomar medidas para garantizar a todas las personas, especialmente a los grupos marginados, el acceso a disfrutar de dichos beneficios; que su aplicación esté dirigida a propiciar una vida digna para todos, y que exista la información necesaria para que la sociedad participe en las áreas de investigación y desarrollo y en la toma de decisiones. No obvio decir que algunas de las críticas hechas a la reciente iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías son importantes, como las relacionadas con el supuesto nivel de centralización de las decisiones en la Dirección del Conahcyt. Éstas aún podrán ser discutidas y, de ser el caso, ser incluidas, pues en el Congreso ya se ha anunciado una convocatoria a foros para discutir dicha propuesta a partir del 6 de marzo. Lo discutido en esos foros será también utilizado para consolidar un eje transversal en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Durante este proceso, será importante retomar otros esfuerzos en materia de ciencia, innovación y tecnología, como el convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018 bajo el título de Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y exhortar a la comunidad científica a ser partícipe de las discusiones, en un diálogo respetuoso, propositivo, riguroso, profundo y constructivo, como al que ha invitado la misma titular del Conahcyt. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Lucy Nieto [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Justicia transicional
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] ¿Qué opciones tenemos que seguir impulsando para lograr la libertad de todos los luchadores sociales presos injustamente? Indulto, amnistía, excarcelación, revisión de expedientes… ¿Qué rutas son posibles? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 23 de febrero de 2019 Miguel Concha Va lenta la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a todos los presos políticos y de conciencia del país. Cada día que pasa es un día más de prisión injusta para alrededor de 100 personas, presas por motivos políticos que todavía esperan la justicia, y con ello la libertad. Qué más quisiéramos que de un plumazo salieran todos y se rencontraran con una vida trunca por la injusticia. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja, y la voluntad política presidencial no es tan grande como pensamos. ¿Qué opciones tenemos que seguir impulsando para lograr la libertad de todos los luchadores sociales presos injustamente? Hay por lo menos cinco posibilidades. Trataremos de ir una por una, de la más noble, hasta la más restrictiva. La primera opción, la más completa y más rápida, es que se promulgue la Ley de Amnistía General. Sus beneficios no nada más son los de liberar a todos los presos por motivos políticos, también incluiría el cese de la persecución que obliga a muchos defensores de derechos humanos a seguir huyendo del largo brazo de la injusticia y permitiría, además, que en muchos casos, como el de los hermanos Cerezo –que cumplen precisamente 10 años de haber obtenido la libertad–, se limpie su fabricado expediente criminal. La amnistía también es el único reconocimiento explícito del Estado mexicano de que existen personas, injustamente, presas por disentir con el modelo económico neoliberal, incluso si alguno de estos luchadores sociales hubiera cometido algún delito, como el de ataques a las vías de comunicación o motín, se le liberaría, al reconocer que fue obligado a cometer dichos delitos ante la cerrazón del Estado para resolver de fondo las problemáticas sociales que dieron origen al ejercicio del derecho humanoa la protesta. Esta salida no es además un perdón a delitos, cometidos o no, sino que es la libertad arrancada por años de lucha de familiares y organizaciones sociales. Es un mecanismo que urge al Presidente mismo a presentar una iniciativa de ley para que la mayoría de los legisladores de Morena la apruebe. Necesitamos mayor voluntad política que haga realidad esta opción de libertad para esa gente en prisión. Una segunda opción de excarcelación, mucho más limitada, es la que se ha empleado en los 16 primeros casos de presos que recién han obtenido su libertad, y consiste en el desistimiento de la acción penal por desvanecimiento de pruebas. Esta opción es la envoltura jurídica de la voluntad política presidencial de liberar a los presos por motivos políticos. Sus desventajas son, debemos señalarlas, que se limita a los actualmente presos; no incluye a los perseguidos y tampoco reconoce las injusticias que se cometieron contra aquellos que tienen que vivir con el pesado estigma de tener antecedentes penales. Lo cual por supuesto no les facilita la vida, ni la laboral ni la social. Una tercera opción es la reposición del proceso, y en ese nuevo comienzo aplicar el desistimiento de la acción penal, como fue el caso de los seis presos defensores del agua de San Pedro Tlanixco, estado de México, que posibilitó la libertad inmediata de tres de ellos, y posiblemente permitirá la libertad de los tres restantes. Si bien se trata de una decisión política presidencial que toma forma jurídica, no quiere decir que la lucha de familiares, organizaciones de derechos humanos y sociales no haya sido fundamental. Al contrario, es la fórmula que le da celeridad a los casos. Sin embargo no es general, y por tanto los demás presos tienen que esperar su turno en la fila de la incertidumbre de la tan anhelada libertad. Una cuarta opción, más restrictiva, pero que también permite la libertad, es una revisión del expediente jurídico de tal manera que dé lugar a identificar los vicios del mismo proceso jurídico penal. Lo cual, como en la opción anterior, llevaría a la reposición del proceso y a la libertad y a que los presos salgan libres, por tecnicismos jurídicos. Es decir, debido al reconocimiento de que no se respetó el derecho humano al debido proceso. Aunque, como en el caso de Florence Cassez Crépin, la opinión pública mantenga la idea de que sí fueron culpables del delito de secuestro, y que la mala actuación del Estado permitió su libertad. Lo que es lo más importante. Una quinta opción es el indulto, fórmula que casi ningún preso por motivos políticos quiere, ya que significa un perdón presidencial de delitos que no cometieron, pero que, sin embargo, se convierte en una opción política para casos como el del profesor Alberto Patishtán, que ante el costo político generado por las organizaciones de derechos humanos, sociales y parte de la sociedad civil, obligaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto a otorgar este perdón no solicitado. Las últimas cuatro opciones también pueden beneficiar a los que están siendo perseguidos por motivos políticos y que por azares del destino pudieron escapar y viven huyendo. Aunque ahí la cifra y lo nombres son un asunto que debe partir de los perseguidos mismos o de sus familiares. Y de ponerlos a la vista para saber quiénes son y cómo pueden ser liberados de esas cadenas invisibles que no les permiten vivir libres del todo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Alejandro Barragán [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
