Presos políticos y de conciencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de febrero de 2019 Miguel Concha Disentir, criticar y protestar en contra del gobierno y sus acciones ha sido objeto de persecución y criminalización en México, hasta el punto de utilizar a las instituciones de procuración e impartición de justicia para atribuir de manera injustificada delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos y activistas que en algún momento decidieron defenderse, organizarse, salir a las calles y ejercer su derecho a la protesta social. Es así como en los pasados años los centros penitenciarios del país han albergado a una gran cantidad de presos políticos y de conciencia, cuyos casos comparten las mismas características: procesos judiciales irregulares, en los que no se respetan los derechos y garantías de las personas imputadas; defensores públicos sumamente deficientes, y ausencia de traductores e intérpretes en varios casos en los que las personas acusadas no hablaban o dominaban el idioma español. Muchas de ellas han sido por tanto arbitrariamente víctimas de prisión preventiva oficiosa. Destacamos por último que un gran número de personas que se encuentran en estas situaciones han permanecido privadas de la libertad por años, sin recibir siquiera alguna sentencia en la que se les absuelva o se les condene por algún delito, ya que los jueces y procuradurías no cuentan con pruebas suficientes que puedan comprobar su participación o responsabilidad. El movimiento por la liberación de presos políticos y de conciencia, impulsado por colectivos de familiares, por diversas organizaciones de derechos humanos, y por organismos internacionales, es un tema histórico fundamental para el establecimiento de una agenda nacional en materia de derechos humanos, en un contexto en el que buscamos un modelo de justicia disruptor con el pasado. La nueva administración federal parece tenerlo en cuenta. Y por ello desde el mes de diciembre pasado se empezaron a llevar a cabo las primeras acciones en el tema. Actores clave, como la ahora senadora Nestora Salgado, entregó, para su análisis y evaluación, al subsecretario de Gobernación, una lista de 199 casos de personas consideradas presas políticas, provenientes principalmente de entidades como Oaxaca, Guerrero y el estado de México. Lo mismo hizo por su parte el Comité Cerezo. Asimismo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó sobre la creación de una Mesa de Reconciliación y Justicia, instrumento que tiene como uno de sus objetivos la revisión exhaustiva, caso por caso, de personas que se encuentren privadas de la libertad en estas condiciones. A dicha mesa han llegado ya 368 casos, de los cuales 16 personas han logrado obtener su libertad. Es pertinente mencionar que esta Secretaría sólo podrá conocer de aquellos asuntos cuyas personas están acusadas por algún delito federal, o cuyo proceso se encuentre bajo la jurisdicción de tribunales del mismo ámbito. Pero es imperativo recordar que la mayoría de los presos políticos y de conciencia se encuentran acusados y privados de su libertad por autoridades meramente locales. Situación que nos lleva a la necesidad de enfatizar nuestra crítica en la exigencia del adecuado funcionamiento de las instituciones de impartición y procuración de justicia de las diversas entidades federativas. No son aislados los casos en los que se ha visto una invasión a la autonomía del Poder Judicial local por parte de gobernadores o autoridades locales. Son también numerosos los casos en los que se ha utilizado a las procuradurías y a las fuerzas policíacas para perseguir y criminalizar a integrantes de diversos movimientos sociales. Un claro ejemplo de estos grandes contrastes entre la disposición del gobierno federal de dar respuesta a una demanda social histórica, y la resistencia a un cambio en la manera de impartir justicia por parte de diversos gobiernos estatales, es el caso de la y los presos de Tlanixco, en el estado de México. Los hechos se remontan al año 2003, en el municipio mexiquense de Tlanixco, donde habitantes del municipio se opusieron al desarrollo de empresas floricultoras en la defensa de su derecho humano al agua. Tras tales hechos, la procuraduría de esa entidad les adjudicó el delito de homicidio a seis comuneros nahuas. Luego de 15 años de prisión preventiva, y después de un proceso en el que se violaron sus garantías y no tuvieron acceso a traductores, se les condenó a 50 años de cárcel. Al apelar la sentencia, se consiguió recientemente la reposición del proceso, partiendo de las violaciones procesales ya mencionadas. Los presos de Tlanixco han pasado 15 años en prisión sin ser condenados. Sin elementos que puedan comprobar su participación en algún delito, pues no hay voluntad por parte de las autoridades del estado de México para atender este asunto. Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. Es necesario que pueda establecerse un mecanismo de fácil acceso que sea efectivo especialmente a escala local. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La pirámide del odio
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestro contexto, será necesario poner sobre la mesa el debate sobre la violencia y la necesidad de pensar de manera integral lo que significa la falta de paz y las posibilidades de construirla. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de febrero de 2019 Miguel Concha Ante las actitudes y experiencias de discriminación en México, develadas de manera integral, y explicitadas en forma transversal por la pasada Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2017), me parece oportuno dar también aquí cuenta de los distintos niveles y la trayectoria ascendente de las diferentes causas, motivaciones y expresiones de la discriminación, detectadas, analizadas e ilustradas por la Liga contra la Difamación ( Antidifamation League) con la figura de una pirámide denominada La Pirámide del Odio: actitudes prejuiciadas, actos prejuiciados, discriminación, violencia motivada por prejuicios y genocidio. Todo ello nos permitirá ampliar más el conocimiento de estas graves falencias de nuestra convivencia, para poder atenderlas y resolverlas mejor. Como explica el doctor Mauricio Meschoulam, investigador del Centro para la Paz México, a quien hemos solicitado poder hacer uso de su estudio, la pirámide manifiesta comportamientos humanos prejuiciosos o sesgados que se van agravando y volviendo más complejos de abajo hacia arriba, pues, por un lado, aunque los comportamientos de cada nivel tienen un impacto negativo en los individuos o grupos que los llevan a cabo, a medida que uno se mueve hacia arriba tienen consecuencias más peligrosas que ponen en peligro la vida. Y, por otro lado, los niveles superiores de la pirámide están apoyados en los niveles bajos, lo que significa que si las personas o instituciones tratan a los comportamientos en los niveles bajos como si fueran aceptables o normales, el resultado es que los comportamientos en el siguiente nivel se acepten más. Como resultado, la pirámide del odio demuestra que el genocidio se construye a partir de la aceptación de comportamientos que aparecen en los niveles anteriores más bajos. Y así, la Liga contra la Difamación pone en la parte de abajo de la pirámide actitudes prejuiciadas, como pueden ser los estereotipos, los comentarios desconsiderados, el miedo a las diferencias, el lenguaje no inclusivo, las pequeñas agresiones, el justificar los prejuicios buscando personas que piensen igual, el aceptar información negativa o errónea, o el descartar la información positiva. Y de allí, digo yo, la responsabilidad de los medios que difunden deliberadamente falsas noticias. En el siguiente nivel superior se encuentran ya los actos prejuiciados, como son la intimidación, la ridiculización, las burlas, las calumnias, los motes, la exclusión social, la deshumanización y las bromas prejuiciadas o denigrantes. Y más arriba nos hallamos a la discriminación, que, como sabemos, puede ser económica, política, educativa y laboral, así como tomar la forma de discriminación y segregación por vivienda, y de desigualdad en la justicia criminal. Por encima encontramos a la violencia motivada por prejuicios, la cual puede expresarse en asesinatos, violaciones, asaltos, incendios provocados, terrorismo, vandalismo, profanaciones y amenazas. Por último, en el nivel más alto encontramos al genocidio, que la Liga contra la Difamación define como el acto o intento de aniquilar deliberada y sistemáticamente a todo un pueblo. La Liga contra la Difamación es una organización fundada contra el antisemitismo y la intolerancia en 1913. Hoy continúa luchando contra todas las formas de extremismo y de odio, y proporciona distintos medios de educación en contra de los prejuicios y fanatismos. Su objetivo final es un mundo en el que ningún grupo o persona sufra sesgo, discriminación u odio. Y por su parte el Centro de Investigación para la Paz México tiene entre sus objetivos investigar de manera más sistemática y científica las situaciones de violencia que padecemos, y ofrecer propuestas concretas de política pública y/o recomendaciones para seguir profundizando el debate sobre la violencia y la necesidad de pensar de manera integral lo que significa la falta de paz y las posibilidades de construirla. Por su parte la pasada Enadis 2017, presentada apenas en 2018, proporciona con su propia metodología información significativa para conocer la prevalencia de la discriminación en México y sus permanentes y/o eventuales apariciones. Gracias a ella hoy sabemos que el tono de piel, la manera de hablar, el peso, la estatura, la forma de vestir o el arreglo personal, así como la clase social, las creencias religiosas, el sexo, la edad y la orientación sexual, son condiciones, situaciones o motivos que disparan la discriminación. Gracias a ella hoy también sabemos que 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en 2017 por alguna de esas características y/o circunstancias personales, y que 23.3 por ciento de esa misma población consideró que en los pasados cinco años se le negó injustificadamente algún derecho. Mientras la Enadis 2017 permite detectar que hay personas o grupos que padecen en sí mismas distintas formas de la discriminación, la pirámide del odio permite prevenir su radicalización y educar contra ella con mayor éxito. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : ADL [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Prisión preventiva oficiosa
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Diversos organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación respecto a esta iniciativa, que es riesgosa en un país como México, en el que las detenciones arbitrarias y la falsa imputación de delitos es una constante diaria. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de febrero de 2019 Miguel Concha El Senado de la República aprobó el pasado 6 de diciembre, con 91 votos a favor y 18 en contra, un proyecto por el cual se busca reformar el artículo 19 de la Constitución, con el propósito de aumentar el catálogo de delitos, cuya prisión preventiva es de carácter oficioso. Entre ellos destacan el abuso sexual contra menores; el feminicidio; la desaparición forzada; la desaparición por particulares; el robo a transporte en cualquiera de sus modalidades; el uso de programas sociales con fines electorales, así como delitos en materia de hidrocarburos y corrupción. Cabe señalar que la prisión preventiva es una medida cautelar contemplada en el artículo 19 de la Constitución y en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y consiste en una excepción a la libertad, que tiene por finalidad, de acuerdo con las normas, garantizar la integridad y seguridad de las víctimas y testigos, evitando así que el indiciado se sustraiga de la justicia. Es pertinente mencionar que si un delito no es contemplado en el catálogo de conductas sujetas a prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público, como lo señala el citado artículo constitucional, puede solicitarla, siempre y cuando sea justificable, obren elementos que demuestren la existencia de un riesgo para las víctimas, y que el uso de las demás medidas cautelares no sean suficientes para garantizar su seguridad. Diversos organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación respecto a esta iniciativa. En múltiples comunicaciones emitidas al Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mencionado que esta figura, además de atentar contra la libertad personal y el principio de presunción de inocencia, es utilizada como una pena anticipada, calificándola también como una intervención directa del Poder Legislativo en el Judicial, al dictar de qué manera éste debe proceder al valorar el uso de esta medida. La CIDH ha señalado, asimismo, que cuando la aplicación de la prisión preventiva se hace con base en criterios, como el tipo de delito por el que se procesa a la persona, y por tanto se vuelve obligatoria por imperio de la ley, la situación es aún más grave, porque está codificando por vía legislativa el debate judicial, y por tanto limitándose la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo al caso en específico. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha manifestado en este mismo sentido que la imposición de la prisión preventiva automática u oficiosa para ciertos delitos constituye una eliminación de la presunción de inocencia, pues aquellos acusados de dichas ofensas son detenidos automáticamente sin una consideración ponderada de las medidas restrictivas alternativas de la detención, distintas a la privación de la libertad. Tal situación es especialmente preocupante en un país como México, en el que las detenciones arbitrarias y la falsa imputación de delitos es una constante, impactando, por ejemplo, en personas de escasos recursos, defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales. Ante tal situación, no podemos ser omisos sobre la realidad de nuestra nación. La de un México que atraviesa su peor crisis en materia de derechos humanos, caracterizada por las altas tasas de delitos que quedan en la impunidad. Un país de miles de desaparecidos, cientos de fosas clandestinas y con una creciente violencia feminicida en los años recientes. Si bien es cierto que es necesaria la implementación de medidas que contribuyan a combatir estos males sociales, es imperativo regular el uso de la prisión preventiva bajo los principios de excepcionalidad, justificación, legalidad y necesidad, siempre en apego a los más altos estándares internacionales en la materia. Esto, además de la necesidad de enfocar nuestras críticas y exigencias en el adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Espacios donde se gesta el ciclo de la impunidad y la corrupción. Esta iniciativa será discutida en el periodo ordinario de sesiones que inicia la Cámara de Diputados la próxima semana, para lo cual, en un formato de audiencias públicas, se ha convocado a la instalación de mesas de trabajo con la participación de diversos académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de profundizar más en su discusión y análisis. Lo que, dado las opiniones diversas que se han manifestado, es más que pertinente. Pienso que al igual que en otros temas, en el Congreso de la Unión no debieran precipitarse y mucho menos constitucionalizar un asunto tan delicado para el futuro de la nación. Sería oportuno, además, no convertir a la Constitución en un manual de casuística, habiendo como hay, o debe haber, otro tipo de ordenamientos jurídicos y sobre todo de procedimientos institucionales eficaces, para hacer efectiva la justicia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Juanky Pamies Alcubilla [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Incertidumbre ciudadana y derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La centralidad de los derechos humanos, de la participación ciudadana y el derecho a la ciudad son algunos de los temas innovadores aprobados en la Constitución de la Ciudad de México que ahora deben ser defendidos e implementados. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 26 de enero de 2019 Miguel Concha El 5 de febrero de 2017 se aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), uno de los documentos de mayor profundidad que se han producido en las décadas recientes en América Latina. La centralidad de los derechos humanos, de la participación ciudadana y el derecho a la ciudad son algunos de los temas innovadores que, a la vez, expresaban las principales demandas de quienes habitamos en este espacio. Sin embargo dos años después, cuando debe entrar en vigor una de las principales leyes derivada de esta constitución, la Ley Constitucional de Derechos Humanos, prevalece la incertidumbre sobre su contenido. El artículo octavo transitorio de la CPCDMX estableció el primero de febrero de 2019 para el inicio de vigencia de la mencionada ley. Ahora bien, el pasado diciembre fue aprobada por mayoría de dos tercios del Congreso, como debe serlo toda ley constitucional. Pero es la hora en que el texto aprobado aún no se publica ni en la Gaceta del Congreso ni en la Gaceta de la Ciudad de México. Esta omisión ha generado diversas hipótesis de explicación. Por un lado están quienes señalan que este retraso se debe a las observaciones de la Jefatura de Gobierno, pues la propia constitución le da al Ejecutivo la facultad de hacer observaciones a las leyes y decretos aprobados por el Congreso. Éste además está obligado a discutirlas con dos opciones, incorporarlas, o bien ratificar lo aprobado por mayoría de dos tercios. Con lo cual el texto inicial queda en firme. Es difícil, sin embargo, pensar que ésta sea la razón, puesto que la propia CPCDMX exceptúa de este proceso a las leyes constitucionales, como es el caso de la de derechos humanos. En efecto, el artículo 30, 5, en el que la Constitución establece el proceso que se sigue de las observaciones del Ejecutivo, se señala que “Quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso…”. Desechada entonces la hipótesis de las observaciones del Ejecutivo, aparece otra, la de las debilidades internas de la ley constitucional. Para su elaboración se presentaron tres iniciativas, la de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, la del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y la de una diputada del grupo parlamentario del PAN. Las dos primeras eran al menos fáciles de conciliar. Por ello resulta sorprendente que a última hora los diputados –y algunas organizaciones no muy conocidas– hayan introducido añadidos y omisiones de primera importancia, que no abonaron a la mejoría de la ley y sí a su confusión. Pusieron además en cuestión el proceso participativo que había seguido la comisión de derechos humanos del Congreso, que si bien no fue todo lo amplio que hubiera sido conveniente, sí lo fue más que las opiniones de quienes introdujeron cambios de última hora. Por tanto, puesto que aún no hay publicación oficial, desde la ciudadanía no hay certeza sobre el resultado. Indagando se me envío un texto que se presenta ya como el decreto surgido del Congreso y suscrito por su presidencia. Si ese fuera el producto resultante, sería de suma preocupación que entrara en vigor el próximo primero de febrero. Veamos algunas de sus dificultades. Es difícil encontrar diferencia de fondo entre algunos artículos, pues por un lado el artículo 18 establece que las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución federal, la Constitución local, el programa de derechos humanos y los diagnósticos realizados por el sistema integral, (junto) con los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia y la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables; y por otro lado el artículo 128 prescribe que Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación el derecho internacional de los derechos humanos, los diagnósticos realizados por el sistema, los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia, y la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables. Además, se habla de que hay un programa de derechos humanos, al cual se le menciona, pero no se le define. La CPCDMX sí lo hace con toda claridad. Pero en la ley no hay ni siquiera una referencia a los artículos correspondientes. Se habla del sistema integral, aunque en el glosario de la ley éste nunca aparece, como que sí aparece con toda claridad en la Constitución. No es cualquier cosa omitir la función del sistema integral de derechos humanos, ni la del programa que le corresponde elaborar. Justo en ellos la CPCDMX incorporó la participación de la ciudadanía. Esperemos que no sea ésta la causa de la omisión de estas importantes figuras. Es difícil encontrar alternativas legales a tan grandes problemas. Es en cambio de sabios rectificar. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Plaguicidas peligrosos y derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Recomendación de la CNDH evidencia que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 19 de enero de 2019 Miguel Concha Las autoridades federales de agricultura, medio ambiente y salud han aceptado la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre plaguicidas de alta peligrosidad. Lo que debe llevar al cumplimiento pleno de sus recomendaciones y a un cambio de rumbo de la política neoliberal seguida sobre estos agrotóxicos en los pasados sexenios. La recomendación de la CNDH examina los escritos de 43 personas por actos y omisiones en perjuicio de la población; analiza la evidencia aportada por expertos en el tema, tanto del ámbito académico, como de organismos no gubernamentales, y la información enviada durante la investigación por las autoridades competentes. Concluye que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar la biodiversidad y dañar el medio ambiente. Lo cual constituye una violación a los derechos humanos, porque las autoridades responsables no han actuado con la debida diligencia. El derecho humano a la salud y a una alimentación adecuada se vulnera al permitir la autorización y el uso de plaguicidas que pueden provocar cáncer, malformaciones congénitas, efectos reproductivos adversos y alteraciones hormonales. Además de que también se violan el derecho a un ambiente sano, al acceso a agua salubre y a la información. En su informe sobre el tema que se considera en esta recomendación (A/HRC/34/48), la violación a un conjunto de derechos humanos por el uso de plaguicidas de alta peligrosidad la han señalado a escala global la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Hilal Elver, y el relator sobre las sustancias tóxicas y residuos peligrosos Baskut Tuncak. Para definir los criterios técnicos de los plaguicidas altamente peligrosos, la CNDH indica que es importante tomar en cuenta los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, y los de la Red Internacional de Plaguicidas o PAN internacional. Desde finales de 2017 miembros de esta red en México, junto con universidades y organismos no gubernamentales, dieron a conocer un informe en el que se enlistan los 183 plaguicidas de alta peligrosidad que se autorizan en México, y los 140 que, incluso prohibidos en otros países, están autorizados en nuestro país. En los criterios propuestos por PAN Internacional se propone incluir la alta toxicidad para las abejas, lo que, dadas las protestas crecientes de comunidades campesinas y productores apícolas por fumigaciones con plaguicidas es importante, al causar la muerte de las abejas, polinizadoras vitales para la producción de miel y agrícola. Para identificar e investigar los efectos adversos de los plaguicidas altamente peligrosos en suelo y en agua superficial y subterránea, la CNDH recomienda la creación de un comité especializado de expertos de instituciones académicas y la sociedad civil. Recomienda también a las autoridades competentes elaborar un plan estratégico conjunto; establecer un programa nacional de monitoreo de residuos de plaguicidas en vegetales; determinar los límites máximos de residuos en alimentos, e introducir el término de plaguicidas altamente peligrosos en la normativa legal. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le recomienda impulsar la firma del Convenio 184 de la OIT sobre la seguridad y la salud. Recomienda además a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que en un plazo de seis meses se identifique y promueva la revocación de los permisos de plaguicidas vigentes que estén prohibidos conforme a tratados internacionales, como el de Estocolmo y el de Rotterdam. Para que en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, y en los programas sectoriales de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud, así como en los de organismos como la Cofepris y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se establezcan objetivos, metas, estrategias y prioridades para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas, como una forma de alcanzar la mayor protección de los derechos humanos, reducir al mínimo los riesgos a la salud y al ambiente, y aplicar el principio precautorio, es muy importante que se cumpla esta recomendación. Además de un cambio en la regulación de los plaguicidas de alta peligrosidad, se necesita una política que apoye las alternativas agroecológicas de control de plagas y enfermedades, articulando la experiencia exitosa de los institutos de investigación agrícola del país con la de las organizaciones de productores campesinos e indígenas, mismas que han logrado no sólo reducir agrotóxicos, sino incluso producir en forma orgánica. La Cuarta Transformación pasa por el respeto a producir y consumir elementos libres de agrotóxicos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Desarrollo, democracia e independencia judicial
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Un régimen político tiene que ser capaz de ampliar la democracia, el desarrollo y, en consecuencia, los derechos humanos para la transformación de la nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado de enero de 2019 Miguel Concha Al asumir el pasado 2 de enero la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea reivindicó, entre otras cosas, la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes y órganos del Estado, aunque significativamente añadió que independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo. En el mismo sentido, aunque con distintas palabras, se expresó el pasado 7 de enero el magistrado Rafael Guerra Álvarez al tomar posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. “No sólo somos en ocasiones un notorio contrapeso –dijo-, sino más bien el reforzamiento social que implica que estamos para ayudar a aplicar la justicia pronta, imparcial y expedita, no para retardarla o destruirla. Para lo cual somos independientes y autónomos”. La autonomía, sin embargo, no debe tampoco confundirse con la autorreferencia, ni basta para garantizarla la voluntad política de sus actores o los necesarios cambios administrativos para generar una mayor confianza en la ciudadanía. Son indispensables cambios institucionales que aseguren reformas estructurales urgentes en la forma de administrar justicia. Un paso adelante se dio en este sentido con la nueva Constitución de Ciudad de México, al abrirse la Judicatura, acotar la presidencia del Tribunal Superior a un solo año y al contar con un Consejo Judicial Ciudadano designado de manera indirecta por el Congreso local, que será el encargado de nominar las ternas de las que el Legislativo elegirá a los magistrados. Todo ello, desde luego, dependiendo de que el Congreso de la ciudad elabore oportuna y congruentemente las leyes constitucionales que harán posible su vigencia, previniendo que alguien vaya a tener la mala ocurrencia de querer retroceder en conquistas ciudadanas tan importantes, avaladas por la SCJN, para apoyar la continuidad inercial en el ámbito federal. Y por lo que se refiere a los órganos autónomos, aunque en ocasiones sus integrantes hayan sucumbido también a la tentación del uso de su poder, no en beneficio de la sociedad sino de su persona o grupo político, hay que admitir que sin duda han aportado a la democratización de la vida pública del país. Ello no obstante, pensamos que para incrementar su vínculo con la sociedad, debe darse un paso adelante. La naturaleza especializada de su actividad hace que se piense en que los que ocupen sus espacios ciudadanos sean seleccionados en función de su prestigio, aunque ello no los exima de tener lazos fuertes y amplios con la sociedad y sus liderazgos. Constituye en efecto una tarea pendiente complementar su estructura con instrumentos para un contacto permanente y efectivo con amplios sectores de la ciudadanía. Añadamos que la transformación del régimen político y sus instituciones no es sólo un asunto de democracia, sino también de desarrollo. No puede haber consensos sobre la producción y distribución de los bienes generados por el país, si no se dan espacios para poder decidir democráticamente cómo incentivar la producción para crecer y distribuir a la vez. La falacia neoliberal de que primero hay que crecer y luego distribuir fue el pretexto para posponer indefinidamente la redistribución, conteniendo por la vía política los salarios y negando los recursos para salud y para educación. Las experiencias de los países llamados desarrollados demuestran que sólo se puede tener crecimiento sostenido y estabilidad política si se hacen las dos cosas a la vez. Y por supuesto que el criterio de democratización y desarrollo tiene que ser la garantía irrestricta e integral de todos los derechos humanos. En síntesis, un régimen político tiene que ser capaz de ampliar la democracia, el desarrollo y, en consecuencia, los derechos humanos para la transformación de la nación. Y para ello se requiere gobernar con la mirada puesta mucho más allá del sexenio. Es indispensable un régimen de transición que tenga como meta un futuro mejor para los mexicanos, sobre todo para los niños y los jóvenes. Para todos aquellos cuya esperanza parece a veces ser la única capaz de lograr los cambios que anhelamos y cuya frustración podría conducir a que en la desesperanza se vuelva la mirada a los mismos de siempre, o a los nuevos que propongan lo mismo de siempre. La cara del siglo XXI tiene ya tres rasgos indiscutibles: la democracia, con amplia participación de la sociedad en los asuntos públicos; un desarrollo que permita a las personas desenvolver sus potencialidades en los ámbitos económico, social, político y cultural, y los derechos humanos, única posibilidad de afirmar la dignidad de la persona. Hay sociedad que tiene propuesta y fuerzas para impulsarlos, si esto se complementa con un gobierno capaz de comprender su tarea de colaborar para construir el futuro. Podríamos entonces pensar que la patria para todos, que siempre hemos anhelado, comienza a convertirse en realidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Marte Merlos [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El sexenio de la resistencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La protesta social ha sido cultivada por las y los de abajo; vamos, por quienes enfrentan la opresión en todas sus formas: capitalista, patriarcal, colonial y otras maneras de dominación. El derecho a la protesta debe por ello seguirse reivindicando y ejerciendo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 05 de enero de 2019 Miguel Concha Después de seis años de un contexto áspero para la movilización, la crítica y la protesta social, llegamos a 2019. Lo que aconteció en el sexenio pasado ya no puede suceder en los próximos seis años: limitaciones y agresiones contra las personas y grupos que protestan y manifiestan sus inconformidades y propuestas de cambio mediante diversas formas. Para los movimientos progresistas y de defensa de los derechos humanos el espacio público se convierte en lugar idóneo para debatir los principales problemas de la nación. Si bien es cierto que las redes sociales, con sus llamadas tendencias, hoy hacen contrapesos en la opinión pública, también es verdad que, por mucho, las movilizaciones sociales en las calles tienen cargas simbólicas y políticas que convocan a una amplia diversidad de grupos en México. Durante las protestas se hace, además, un fuerte ejercicio de concientización sobre los problemas del país, e incluso a escala mundial. En las protestas se construyen y forman también sujetos sociales que se hacen cargo de la realidad. Los espacios públicos se han visto en la historia como una especie de ágora en la que se dirime sobre el bien común y se visibilizan las causas y exigencias que de lo contrario no son tomadas en cuenta. Con más dificultad hoy, si no se cuenta entre las posibilidades el acceder a herramientas y medios que generan trending topicsen redes sociales. El derecho a la protesta debe por ello seguirse reivindicando y ejerciendo sin menoscabo alguno. Y debe ser ejercido por aquellos grupos que han sido históricamente excluidos y discriminados. La protesta social ha sido en efecto cultivada por los de abajo; vamos, por quienes enfrentan la opresión en todas sus formas: capitalista, patriarcal, colonial y otras maneras de dominación. Esto es lo que aborda el reciente informe del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps), una articulación de organizaciones sociales de derechos humanos que ha dado cuenta de los abusos cometidos por las autoridades en contextos de protesta. En su informe El sexenio de la resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018 se narran, con enfoque de derechos humanos, y bajo una documentación sobre el comportamiento de gobiernos frente a las manifestaciones, algunas historias de movimientos sociales y sus protestas en el sexenio pasado. Sin duda el cambio de gobierno el primero de diciembre de 2012 fue un parteaguas. Vinieron después varios años de represiones a manifestantes: fueron golpeados jóvenes y personas adultas mayores, hostigadas e incluso supimos de casos en los que la niñez estuvo involucrada, como fue el caso del menor de edad que recibió un impacto de bala en Puebla. Vimos, asimismo, cómo se agredió a colectivos y comunidades indígenas y campesinas que defienden sus territorios, agua, y bienes comunes. Atestiguamos cómo se violentaron directamente derechos de mujeres que recibieron agresiones o amenazas de tipo sexual. Conocimos de la violencia que enfrentaron personas del grupo LGBTI, como el caso de mujeres trans violentadas en sus derechos cuando protestaban por el asesinato de una de sus compañeras. Quienes entonces gobernaban no se detuvieron con sus agresiones ni en las marchas multitudinarias por la presentación con vida de los jóvenes de Ayotzinapa. Nunca olvidaremos el 8 y 20 de noviembre de 2014, cuando en Ciudad de México los ahora extintos grupos de granaderos arremetieron brutalmente contra la población. No olvidamos tampoco que durante el sexenio anterior resistimos contra el maltrato y la estigmatización de los que fueron objeto movimientos y organizaciones sociales, así como defensores de derechos humanos y periodistas, cuyo único propósito es trabajar por un país más digno y en paz. Para ello también usamos el derecho a protestar. Decimos lo que pensamos, y trabajamos organizándonos colectivamente. El Informe del Fleps es una especie de línea base para el nuevo gobierno. Esto que ocurrió, no puede volver a suceder. Y reafirma la urgencia de transitar hacía otro modelo de seguridad, tan urgente hoy en México. La protesta social es una expresión de sociedades politizadas, que ante la ausencia de debate público y participación social efectiva, toman las calles y levantan la voz ante la discriminación, la injusticia, y la exclusión de los más pobres, con amplios criterios éticos. No es oportuno que en México y el mundo dejemos de usar las calles para expresar nuestras más genuinas necesidades de cambios de raíz que posibiliten el ejercicio de derechos. Las transformaciones se originan desde quienes habitamos o transitamos por determinado territorio. Si no hay crítica y participación eficaz, difícilmente podremos avanzar hacía un cambio de régimen. La protesta social, la crítica constructiva y las propuestas alternativas son vehículos por medio de los cuales podemos también emprender ese viaje hacia una transformación efectiva. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Cambio de régimen político
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Se ha insistido en la necesidad de discutir los valores que animan la vida de las instituciones, orientar la ética política, una que piense al poder del Estado al servicio de la sociedad y no de las élites gobernantes. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de diciembre de 2018 Miguel Concha Está por concluir el primer paso del ejercicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este mes se concluirán discusiones importantes, como la del presupuesto de egresos. Esperamos que se modifique en los recursos destinados a sociedad civil, género y cultura. A partir de enero habrá que retomar los retos que están aún más en el fondo del desempeño del nuevo gobierno. En particular el propósito reiterado de cambio de régimen político. De acuerdo con el Diccionario de Ciencia Política, coordinado por el ya desaparecido Norberto Bobbio, por régimen político se entiende el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones. En la pasada década del siglo XX, la vida pública del país estuvo signada por el reclamo democrático y la movilización política que suscitó el fraude electoral de 1988. Lo que derivó en la alternancia electoral y propició la modificación de las instituciones que regulan la lucha por el poder, si bien no de manera suficiente, como lo demostraron las elecciones de 2006. El presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de discutir los valores que animan la vida de las instituciones. Lo cual requiere derrotar al neoliberalismo en el campo de la ética económica para pasar del asistencialismo al verdadero desarrollo de las personas. Y en el de la ética política, que piense al poder del Estado al servicio de la sociedad y no de las élites gobernantes. Pero falta en la agenda del cambio de régimen político otro aspecto que se ubica al centro de sus notas constitutivas. Vale decir la modificación de las instituciones que regulan el ejercicio del poder. En nuestro país, éste se ha hecho con las instituciones emanadas de la revolución mexicana reformuladas durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. Las que, si se habla de una nueva transformación, habrá que rediseñar a fondo. El siglo XIX volvió realidad la aspiración liberal de la división tripartita del poder: el que hace las leyes, el que las ejecuta y el que juzga sobre su correcta aplicación. Con la aparición del Estado Social, el siglo XX reformuló estas relaciones, dándole mayor importancia a la función del Ejecutivo, puesto cuya tarea principal sería la realización de las estrategias para garantizar los nuevos derechos de carácter económico y social. El fortalecimiento del Ejecutivo dio lugar en América Latina a la aparición del llamado Régimen Presidencialista. En nuestro país esto se exacerbó con la centralización del poder mediante el ejercicio de las que el doctor Carpizo llamó facultades metaconstitucionales, contra las que tuvo que luchar la exigencia ciudadana de democratización. El avance de los derechos humanos requirió la aparición de los órganos de Estado autónomos para la organización de los procesos electorales, para la promoción y defensa de los derechos humanos, para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la evaluación de las políticas y programas sociales del gobierno. Al discutir el necesario cambio de régimen político, habrá que considerar toda esta herencia con sus saldos positivos y negativos. Si pensamos éste hacia su mayor democratización, las exigencias son mucho más claras, a la vez que más complejas. Para iniciar, la transformación democrática del régimen político no puede venir sólo desde el gobierno, sino que tiene que ser producto del diálogo e interacción entre gobierno y sociedad. En esto la sociedad ya lleva un largo trecho recorrido, por lo que no será mayor problema contar con sólidas propuestas para dialogarlas con el régimen. Uno de los principales asuntos es la relación entre los poderes del Estado, pues el presidencialismo volvió habitual la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo. Además, muy pocos cambios se han efectuado. Entre ellos la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Facultad que se ejercerá por primera vez el próximo año. Es también necesario ampliar las facultades del Legislativo para evaluar los programas de gobierno, vigilar más estrechamente el ejercicio del presupuesto, e inquirir y cuestionar el desempeño de los altos funcionarios. Por supuesto que ampliar las facultades al Congreso debe hacerse en la perspectiva contemporánea de un Parlamento Abierto. Es decir, permeable a la participación ciudadana. No faltará quien diga que esto equivaldría a restarle fuerza a un gobierno que ha sacado uno de los porcentajes más altos de votación. Habrá que responderle que precisamente por eso, porque la mayoría de su partido en el Congreso haría que la adopción paulatina de estas reformas fuera sin sobresaltos ni dedicatoria. El otro aspecto que conviene discutir es el de la autonomía del Poder Judicial y la vía para la corrección de sus vicios. Ni las propuestas de designación deben provenir de la Presidencia, ni la impartición de justicia y la judicatura deben ser las dos caras de las mismas personas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Armando Argandar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Comisiones de la verdad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos, también para evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que permitieron las graves violaciones a los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de diciembre de 2018 Miguel Concha Como se sabe, el pasado 3 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Verdad para conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El establecimiento de una Comisión de la Verdad para tal caso no sólo es necesario y urgente, sino que puede ser el inicio de un proceso de verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición para las víctimas y sus familiares. Sin embargo, la pregunta que salta a la vista es la siguiente, ¿y las demás víctimas de desaparición forzada no merecen también una Comisión de la Verdad? Estamos hablando de más de 40 mil desapariciones reconocidas por el anterior gobierno, y de una cifra que va desde las 70 mil hasta las 300 mil desapariciones forzadas denunciadas por los familiares y organizaciones de derechos humanos y populares. Además, en los pasados 12 años más de 170 luchadores sociales fueron víctimas de desaparición forzada y cerca de 250 fueron ejecutados de manera extrajudicial. Pensamos, entonces, que no sólo debe considerarse que es necesaria, sino que también es urgente una Comisión de la Verdad para todas las víctimas de desaparición forzada. Y ello como un primer paso para conocer su paradero y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y a los beneficiarios y los facilitadores de esta grave violación a los derechos humanos. Para ello el gobierno tiene que abandonar la política de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Lo que significa terminar con la política de seguridad de los gobiernos neoliberales anteriores, y con ello renunciar al terrorismo de Estado y sus dos pilares: la militarización y la paramilitarización. Las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos en un determinado lapso de tiempo. Lo que incluye no sólo garantizar a las víctimas el derecho humano a la verdad, sino también evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que fomentaron, permitieron o facilitaron las graves violaciones a los derechos humanos, así como visibilizar a las personas, grupos e instituciones que se vieron beneficiados por éstas, para que lo que sucedió nunca más vuelva a suceder. Desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, las comisiones de la verdad son una de las formas de intentar garantizar el derecho a la verdad, tomando en cuenta que este derecho se debe tratar en su integralidad; es decir, en su interdependencia con el derecho a la justicia, a la memoria, la reparación integral del daño y las medidas de no repetición. Por lo general, las comisiones de la verdad surgen por la exigencia de los pueblos de conocer lo que sucedió en un determinado periodo histórico, y están mediadas por la voluntad política de los gobiernos para develar la verdad de los hechos acontecidos. Sin la voluntad política real del gobierno, una comisión de la verdad sirve para tratar de legitimar a las nuevas autoridades, y se convierte en una instancia que simula buscar la verdad. Como expresa el Comité Cerezo México, la voluntad política del nuevo gobierno debe traducirse en adoptar políticas que permitan garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en tres grandes periodos. Primer periodo (1968-1994), con el fin de atender la demanda de conocer el paradero real de todas las víctimas de desaparición forzada en el contexto de la llamada guerra sucia. Segundo (1994-2000), con el propósito de atender las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de lucha contrainsurgente contra el EZLN y el EPR, así como las de la represión política contra los movimientos populares e indígenas, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Tercer periodo (2000-2018), para atender la demanda de dar a conocer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada en el país. Para ello deberán contemplarse principalmente dos tipos de poblaciones: las que por su militancia política o su labor de defensa de los derechos humanos son víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y amenazas de muerte; y las que sin tener una participación o militancia política contra el gobierno en turno son víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. El punto central para que funcione este proceso de verdad, de manera que responda a las exigencias de los millones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y esté en concordancia con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es que las víctimas, sus familiares, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones populares e indígenas, así como los expertos en la materia, académicos, intelectuales y periodistas comprometidos, participen activamente en su construcción. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Los derechos humanos ante la Cuarta Transformación
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó y los grandes retos que tenemos como nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de diciembre de 2018 Miguel Concha Para la sociedad mexicana es indudable la trascendencia histórica y política, tanto del primero de diciembre, como del primero de julio del año que termina. El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido que su victoria es producto de una expresión popular y nacional contra la corrupción y la impunidad. La implicación de esto es que, más allá de su protagonismo personal indiscutible, lo que es muy claro es el mandato popular. El saldo del sexenio pasado es de más de 37 mil personas desaparecidas –independientemente de que hayan aparecido asesinadas o vivas, sin conocer su situación– más de 150 mil ejecutadas; nueve feminicidios diarios; crisis migratoria sin precedente, y más de 500 conflictos socioambientales. Además de casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos, como los de Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochixtlán, y de corrupción en las altas esferas del gobierno, como los de la Casa Blanca, Odebrecht y la Estafa Maestra. La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó, debe ser un recordatorio de los grandes retos que tenemos como nación. En esta lógica, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todospresentó el 29 de noviembre el informe Desde la Memoria… la esperanza, donde documenta 161 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio, entre las que se encuentran defensores de territorios, pero también activistas sociales, periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos, personas que buscan a sus familiares y sindicalistas, entre otros. A los que hay que añadir 40 periodistas, asesinados a causa de su labor y 201 personas constructoras de democracia, en un país que se ostenta democrático y oficialmente no se halla en guerra. Con la claridad de que vivimos un momento histórico de transformación, pero que también es necesario salvaguardar la memoria del dolor y de la resistencia. El informe destaca motivos y territorios de estas afrentas, 26 por ciento de las 161 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena; entre los que se encuentran los pueblos yaqui, rarámuri, wixárika, purépecha, nahua, zapoteco, mixteco, tzotzil, mixe y triqui. Y 40 por ciento de los asesinados defendían los derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de éstos se enfocaban en la defensa de la tierra y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El documento informa que los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son Guerrero (28 por ciento de los casos), Oaxaca (20 por ciento) y Chihuahua (11 por ciento). Sin embargo, este informe les pone rostro a las cifras y a las luchas. Rostros como el de Rocío Mesino, nacida y crecida en Atoyac de Álvarez, donde su familia fundó la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío fue asesinada el 19 de octubre de 2013, cuando supervisaba trabajos de rehabilitación en un puente dañado por los huracanes Ingrid y Manuel o el de Juan Francisco Kuykendall, Kuy, como le decían sus amigos, fue un activista y dramaturgo que impulsó el teatro callejero y apoyó las luchas dignas desde los años 70. Resultó herido durante la represión del primero de diciembre de 2012, y murió por un paro cardiorrespiratorio en enero de 2014. Así, el informe documenta de manera contundente y dolorosa cómo el sexenio fue letal para las voces disidentes. La claridad de este diagnóstico y la contundencia del mandato popular obligan a traducir en retos concretos el compromiso del Estado y la expectativa ciudadana. En este sentido, el responsable de estos retos parece ser Alejandro Encinas, quien ha dado un primer paso al abrir un diálogo histórico sobre el caso Ayotzinapa, que sin duda protagoniza la corrupción, violencia e impunidad que tanto ha lastimado y unido al pueblo de México. La realidad multiplica por miles los casos emblemáticos. Por ello, los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto con las mil-es de mujeres víctimas de violencia cotidiana, son punta de lanza de un grito de justicia al que se suman muchas realidades dispersas en todo el país. En razón de ello, se requiere una política de derechos humanos de Estado, que considere y garantice estas luchas y demandas. Mañana, 9 de diciembre, se cumple el 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre personas defensoras. No olvidamos a las personas asesinadas por comprometerse con un mundo más digno y justo. En su nombre reivindicamos el derecho a defender derechos humanos como herramienta de lucha, resistencia y memoria. Ese debe ser el piso mínimo de la Cuarta Transformación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : _LennaRarara_ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]