Recuperar el territorio y la vida
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Recuperar el territorio y la vida significa acabar con la corrupción que facilita el despojo en condiciones humillantes para la nación y para las comunidades, pero también implica generar alternativas al desarrollo capitalista para hacer valer las capacidades del país hacia su autodeterminación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 01 de diciembre de 2018 Miguel Concha stá a la puerta un cambio de gobierno. Uno de los principales retos consiste en el cuidado y respeto de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y de nuestros bienes comunes. El gobierno que hoy asume funciones debiera tomar en consideración la experiencia acumulada de los pueblos para detener los procesos de despojo, los cuales, dentro de su vida colectiva, tienen presente el cuidado de la naturaleza y de toda forma de vida. Con el sexenio que termina descubrimos dos cosas en el proceso de defensa y cuidado de los bienes comunes. Primero, que las resistencias, desde los territorios, son fundamentales para entender los conflictos socioambientales y experimentar al mismo tiempo alternativas. Y enseguida el descubrimiento de los saberes profundos que los pueblos indígenas y campesinos poseen para configurar acciones concretas y hacer así frente a la crisis multidimensional que enfrentamos. Es decir, la crisis civilizatoria que encaramos. Existen también diversos esfuerzos ciudadanos, acompañados de propuestas venidas desde las comunidades y pueblos que dan cuenta del panorama de despojo. Tal es el caso de Por México Hoy, un espacio político progresista, abierto, incluyente y plural, que promueve la participación y organización ciudadana para imaginar, proponer y construir una nación de todas y todos. En dicho espacio participamos también diversos movimientos y colectivos en defensa de la tierra y el territorio y de él surgió un documento valioso que contiene información fundamental para entender y atender las centenas de conflictos territoriales con los que ahora contamos por toda la República. El documento Recuperar el territorio y la vida es en efecto una herramienta de análisis y propuestas, pues en él se condensan las experiencias de lucha de comunidades y pueblos que han enfrentado el sistema neoliberal imperante en México. Es importante señalar que éste surge de diversos recorridos que Por México Hoy, incluido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha realizado por el país, proponiendo la discusión sobre un nuevo proyecto de nación que pueda plasmarse en una nueva constitución. Estos recorridos, encuentros y conversatorios abarcaron de febrero de 2016 a inicios de 2018 a más de 27 entidades. Fue en ellos constatable el despojo territorial y de bienes comunes naturales que sin el debido cuidado hacen imposible hacer valer la independencia y la soberanía del país. Recuperar el territorio y la vida significa acabar con la corrupción que facilita el despojo en condiciones humillantes para la nación y para las comunidades, pero también implica generar alternativas al desarrollo capitalista, buscando y haciendo reales propuestas que estén basadas en el aprovechamiento y conservación, no en la explotación, para hacer valer las capacidades del país hacia su autodeterminación. El documento parte de las resistencias. Para ellas todo nuestro reconocimiento y deseo de articulación de una visión integral y de largo plazo, con la finalidad de plantear un proceso de debate amplio, que oriente las definiciones sobre este tema con el gobierno que recién inicia. Como bien explica Carlos Lavore, coordinador del texto, la importancia de reconocer los esfuerzos y trabajos de resistencia en México nos hacen también pensar en un mosaico de propuestas que se extiende por todo el territorio nacional, confrontando el modelo hegemónico, la estructura institucional vigente y el relato mediático de despojo y criminalización. Urge cambiar de rumbo, pues como bien se dice, hoy la humanidad consume una vez y media más de lo que el planeta puede dar. Sólo 23 por ciento de su superficie no ha sido intervenida por mano humana, mientras hace un siglo era 85 por ciento. Los recursos energéticos se están agotando; de cada siete barriles de petróleo consumidos se descubre uno y de él depende 95 por ciento del transporte mundial. Metales no renovables, bosques, fauna, hielo, tienen un horizonte de ruptura de sustentabilidad planteado hacia 2050. Y valga decir que esa crisis y dinámicas de despojo van siempre acompañadas de violencia, corrupción e impunidad. Qué hay detrás del despojo, nos preguntamos durante los encuentros y al momento de sistematizar el documento. Claramente respondimos que a escala global, de la región latinoamericana y de México, existe una hegemonía con alta concentración de poder económico, financiero, político, institucional y mediático. De ahí que insistamos en que no basta con un cambio de gobierno; urge y es necesario un verdadero cambio de régimen, pues de lo contrario la crisis se acrecentará, el despojo se perpetuará y las violaciones a los derechos humanos no cesarán. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que se dé ese cambio de régimen, y de modelo económico y desarrollo. El inicio de un nuevo gobierno para los próximos seis años es una oportunidad. En ello la sociedad civil y el gobierno debemos jugarnos, desde la crítica libre y la propuesta responsable. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHDF [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Justicia transicional mexicana
La importancia del encuentro de Nochixtlán radica en que fue desde las víctimas, a quienes debe ponerse al centro, desde donde se debe socializar y recoger inquietudes sobre un proceso temporal en México de justicia transicional. Sábado 24 de noviembre de 2018 Miguel Concha Bajo el nuevo escenario que han dejado en México las últimas elecciones, y con el propósito de desatar, desde la diversidad de sus experiencias, luchas y resistencias un proceso propio de justicia transicional, que considere a todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país, entre el 19 y 21 pasados tuvo lugar en Nochixtlán, Oaxaca, un Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas sobre esta importante materia. Acudieron aproximadamente 500 personas, muchas de ellas víctimas y sobrevivientes de la violencia, aunque también personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, estado de México y Ciudad de México, así como personas expertas en la temática de Alemania, Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y España. Durante el encuentro se consideró que los procesos de justicia transicional se componen de diversas herramientas teóricas que pueden permitir abrir horizontes que posibiliten que cada una de las víctimas pueda construir desde su experiencia procesos de justicia que abonen a la reconstrucción del tejido social y a la generación de mecanismos operativos que hagan efectiva la justicia y la garantía de los derechos humanos. Planteamientos que también nos llevan a la discusión sobre cómo se tendría que superar el dolor y la adversidad después de las violencias ejercidas en los cuerpos, la tierra y los territorios. Sin embargo, el conjunto de víctimas y sobrevivientes se mostró en este encuentro con cautela ante un proceso de justicia transicional desde el Estado, ya que, aunque se percibe la intención de atender de manera integral las graves violaciones a los derechos humanos, es importante y necesaria la centralidad y participación de las víctimas, quienes no sólo deben ser concebidas como pasivas, sino como activos dinamizadores de diversos procesos de defensa de derechos humanos y de búsqueda de verdad, memoria y justicia, dentro y fuera de las organizaciones y colectivos. Son además las que han fortalecido activamente los procesos de exigencia, a partir de la organización y movilización social. Se resaltó por ello que para que los tiempos de esta justicia tan necesaria se den desde sus propios tiempos, habría que organizarse desde las propias víctimas y las organizaciones que las acompañan. Se identificaron además algunas necesidades y propuestas concretas que abonen a un proceso de justicia transicional efectivo, para lo cual es fundamental respetar el papel de las víctimas, reconociéndolas como actores y sujetos de derechos. Y desde su diversidad y la de los sobrevivientes se consideraron algunas tareas a fortalecer y construir que tendrían que tener en cuenta los siguientes aspectos comunes. 1) La construcción de redes y alianzas con otras organizaciones para sumar esfuerzos, saberes y experiencias. 2) La construcción de estrategias de comunicación para visibilizar las diversas luchas. 3) La generación de procesos de memoria colectiva y la reapropiación de espacios públicos contra el olvido. 4) La generación de más espacios de diálogo y reflexión en torno al significado y la utilidad de la justicia transicional, con el objeto de identificar sus implicaciones. 5) La consideración de la necesidad de generar herramientas jurídicas y de acompañamiento psicosocial. 6) La generación de un diagnóstico certero e integral para identificar las raíces de las causas de las violencias, y 7) Que los familiares deben seguir generando y fortaleciendo espacios seguros y de confianza para dialogar y diseñar procesos en común que pueden variar y son una oportunidad para encontrarse y narrar las historias, y sanar espiritual, emocional y físicamente. Se consideraron igualmente algunos puntos controversiales, como el iniciar un proceso de justicia transicional cuando los responsables están identificados y son parte del gobierno, así como el construir un proceso de justicia transicional en el que no se tomen en cuenta las condiciones de precariedad y constante despojo de territorios y bienes comunes, y el importante papel de las juventudes en estos procesos. Es imprescindible, se reiteró, reconocer a las víctimas colectivas en los casos de despojos de tierras y territorios, y deben discutirse los posibles aportes que puede generar la conformación de la Fiscalía Autónoma de la República. La importancia de este encuentro radica en que fue desde las víctimas, a quienes debe ponerse al centro, ya que ningún proceso de justicia transicional se ha dado sin ellas, preocupándose genuinamente por socializar y recoger inquietudes sobre un proceso temporal en México de justicia transicional. Por otro lado, el encuentro reconoció la iniciativa del Comité de Víctimas de Nochixtlán, quien tomó la iniciativa, lo convocó y lo enriqueció con sus propias experiencias y las de las víctimas de otros colectivos y movimientos sociales, como las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Mitos y realidades de la migración
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Según datos de la Encuesta Nacional 2017 sobre Discriminación más de la mitad de las personas encuestadas opina que a los migrantes se les debe dar refugio hasta que puedan regresar a su país, apenas 1% habría opinado que «deberíamos cerrar la frontera» y uno de cada diez que habría que deportarles a su país de origen. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 17 de noviembre de 2018 Miguel Concha Cumpliendo con su atribución de colaborar en la educación de la población contra la discriminación, el Consejo Nacional que previene su realización publicó un análisis sobre los mitos o prejuicios que suelen darse en el mundo contra la migración, los cuales más allá de las reales expresiones de sensibilidad, comprensión y solidaridad que han acompañado preponderantemente al éxodo centroamericano en nuestro país, han tenido, sin embargo, diversas manifestaciones en algunos individuos y grupos de México. En primer lugar, el estigma de calificarlos como personas analfabetas, pobres, holgazanas, pandilleras, asesinas, lo peorcito, expresiones clasistas y xenofóbicas que reproducen el odio y la discriminación que en otras latitudes se ejerce contra nuestros propios connacionales. Y ello sin siquiera asumir o percatarse que no representan la opinión de la mayor parte de nuestra población. En efecto, en México, según datos de la Encuesta Nacional 2017 sobre Discriminación (Enadis) más de la mitad (53 por ciento) opina que a los migrantes se les debe dar refugio hasta que puedan regresar a su país y una tercera parte (33 por ciento) piensa que se les debe documentar para que puedan vivir y trabajar aquí. Por lo demás, la opinión de que deberíamos cerrarles la frontera y devolverlos a su país es francamente irrelevante (1 y 12 por ciento, respectivamente). En segundo lugar, su criminalización, culpabilizándolos por ejercer su derecho a existir, huyendo, en la mayoría de los casos, de sus lugares de origen como única alternativa, y sin tomar en cuenta que estas personas no son sólo víctimas en sus propios países, sino también víctimas potenciales de delincuentes ocasionales, grupos del crimen organizado y autoridades en sus trayectos. Ciertamente, de conformidad con diversos diagnósticos, más de 10 por ciento de las personas migrantes en tránsito por México es víctima de algún delito que, en la mayoría de los casos, no se denuncia y mucho menos se persigue legalmente. En tercer lugar, el no considerar y rehuir la responsabilidad jurídica y política que tiene México a brindar, mediante una acogida integradora, atención humanitaria a quienes necesitan refugio y protección internacional, así como a colaborar regionalmente en la búsqueda de soluciones para combatir las causas estructurales que propician la migración irregular, el desplazamiento forzado y el tráfico de migrantes. El ayudar a estas personas y no a las nuestras nos perjudica, es otra de las supuestas razones completamente falsas, pues lo que verdaderamente nos ha hecho mucho daño desde hace años es la desigualdad de oportunidades y el déficit en el ejercicio pleno de derechos, con su consiguiente falta de recursos. Pensar lo contrario es simplemente defender los privilegios de algunas minorías, hacer caso omiso de nuestras obligaciones éticas, jurídicas y políticas, no participar en la disminución de las migraciones en Centroamérica, y negarse a aprovechar las aportaciones económicas, sociales y culturales de la región. Es igualmente cuestionable el hecho de argumentar que la migración nos quita empleos, pues en primer lugar ésta es una de sus causas, no la única, además de que la evidencia internacional demuestra que no implica competencia por los puestos de trabajo de la población nativa, ya que se concentra en segmentos laborales muy específicos en la base de la pirámide o en empleos muy especializados. El que la migración se nos presente ahora como masiva, por la búsqueda organizada de seguridad por parte de los migrantes, no significa comparativamente con otros países en el mundo que se trate de una invasión, pues son menos de 10 mil personas, la mayoría de las cuales ni siquiera busca establecerse en México como primera opción. Además, tal cantidad equivale apenas a 0.008 por ciento de nuestra población; es decir, únicamente 1 por ciento de la población mexicana nacida en el extranjero, cuando con cifras de 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que alrededor de 68.5 millones de personas se encuentran desplazadas a la fuerza en todo el mundo, y que, de ellas, alrededor de 40 millones son desplazadas internas, en el caso de 25.4 millones se trata de personas refugiadas, y 3.1 millones solicitantes de asilo político. Como contraste con nuestra realidad, Alemania, Irán y Líbano han recibido alrededor de un millón de refugiados cada uno; Pakistán y Uganda cerca de millón y medio cada uno, y Turquía ha acogido a más de 3.5 millones. Finalmente, el pensar que si dejamos que entren éstos, llegarán más, tampoco es razón que valga para negarnos a la migración, pues a decir del Acnur, y en comparación con la población mundial, el número de migrantes internacionales y personas refugiadas y asiladas se ha mantenido relativamente estable desde la década de los años 60 del siglo pasado: alrededor de 3 por ciento. De cualquier manera, la solución no consiste en el cierre de fronteras y el rechazo a este flujo, sino en realizar los cambios que se requieren para evitar su emergencia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Espinosa [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Alerta de género en Ciudad de México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Teniendo en cuenta que la Alerta de Género es un mecanismo útil para la erradicación de la violencia feminicida, se vio la necesidad de crear un ente ciudadano que vigile, fiscalice y participe activamente en el proceso de elaboración de la declaración de alerta en la capital. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 10 de noviembre de 2018 Miguel Concha El Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México (Comité Alerta CDMX) presentó el pasado 30 de octubre el Informe Sombra, que ya ha sido respaldado por más de 132 organizaciones y siete personas. Tiene como propósito fundamental proporcionar al Grupo de Trabajo una herramienta que contribuya a la Declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en CDMX, ciudad en la que tan sólo de enero de 2012 a septiembre de 2017 se registraron 292 casos de feminicidios y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres. El comité es un órgano de ciudadanas provenientes de la academia, colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil, que nació por la preocupación de la grave situación de violencia feminicida que permea en la capital del país. Teniendo en cuenta que la AVGM es un mecanismo útil para la erradicación de la violencia feminicida, se vio la necesidad de crear un ente ciudadano que vigile, fiscalice y participe activamente en el proceso de elaboración de la declaración de alerta. Se trata de un ejemplo acerca de cómo la ciudadanía puede y debe apropiarse y hacer uso de los mecanismos institucionales. Es menester señalar que la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) propició la creación de la AVGM, mecanismo único en su tipo que pretende enfrentar y erradicar la violencia feminicida por conducto de acciones legislativas, judiciales y de política pública en determinados estados de la República que presentan situaciones graves de violencia de género. Ahora bien, el proceso de la declaratoria de la AVGM en Ciudad de México tiene una génesis muy concreta: la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de las mujeres, así como la grave situación de violencia feminicida en la capital del país. Mediante la solicitud realizada al gobierno de la ciudad por parte de las organizaciones Justicia Pro Persona, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OPAC, dicho proceso inició el 7 de septiembre de 2017. Razón por la que posteriormente se conformó el Grupo de Trabajo, entidad responsable de investigar y dictaminar la viabilidad o no de la declaración de la AVGM. El Informe Sombra se compone de siete capítulos, a través de los cuales el Comité presenta en sus páginas: 1. Los principales aspectos sobre los hallazgos del Grupo de Trabajo contenidos en las 20 conclusiones de su informe. 2. Las comprobaciones del propio comité a lo largo de la investigación sobre la identificación de la ejecución o incumplimiento del gobierno capitalino respecto a las conclusiones del Grupo de Trabajo, por medio de las solicitudes de información hechas a diversas instituciones gubernamentales, entre ellas la procuraduría capitalina, la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. 3. Lo que el comité propone como la esfera del deber ser, es decir, el ideal de lo que debería haber realizado el Estado mexicano para atender de manera adecuada las conclusiones del Grupo de Trabajo 4) La Mesa de Trabajo Interinstitucional, para dar seguimiento a los casos de muertes violentas. 5) La pertinencia de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México. Con base en lo anterior, el Comité Alerta CDMX consideró que las acciones estatales han sido hasta ahora insuficientes para enfrentar y erradicar los graves y altos índices de violencia feminicida en la capital del país, porque, entre otras cosas, y de acuerdo con la información que se obtuvo, el gobierno incumplió numerosos y cruciales indicadores fijados por el Grupo de Trabajo. Por ejemplo, la elaboración de planes de formación con perspectiva de género para el personal que atiende a mujeres víctimas de violencia y el clima de impunidad, que lejos de disminuir el problema, motiva la persistencia de la violencia feminicida y de la violencia de género. Si consideramos que la declaración de la AVGM se propone enfrentar la violencia feminicida de manera urgente y atender la falta de acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, entonces concluyamos los siguientes puntos: 1. La AVGM debe ser declarada en CDMX, lo cual no es sólo algo conveniente, sino absolutamente necesario para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en la capital de la República, pues con su declaratoria este mecanismo permite cambios estructurales. 2. La declaración de la AVGM obligará al Estado mexicano a realizar acciones de emergencia que, tal como señala el artículo 21 de la LGAMVLV, garanticen la seguridad de las mujeres, cese la violencia en su contra, y se eliminen las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. 3. El informe del Comité Alerta CDMX debe ser considerado por el Grupo de Trabajo como un valioso insumo para la decisión de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México. Si desea consultar más información vaya a: derechoshumanos.org.mx/comitealertacdmx Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Esx Queso [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Éxodo centroamericano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Parte de ese éxodo huyen de la violencia, de las pandillas y otras violaciones a derechos humanos. Lo que se esperaría de México en este contexto es congruencia con lo que se pide al gobierno de Estados Unidos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 03 de noviembre de 2018 Miguel Concha Organizaciones de la sociedad civil en México y Honduras, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han monitoreado y expresado su preocupación por las formas de violencia sistemática y sistémica en aquel país, y han hecho referencia al papel que juegan los problemas estructurales como la pobreza, la marginación, la corrupción y la impunidad en la migración forzada de personas. El pasado 13 de octubre se dio a conocer que cerca de siete mil personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, saldrían de Honduras con la finalidad de llegar a México y posteriormente a Estados Unidos. De conformidad con las propias personas parte de ese éxodo huyen de la violencia, de las pandillas y otras violaciones a derechos humanos, como producto de la pobreza y de la falta de oportunidades. Lo que se esperaría de México en este contexto es congruencia con lo que se pide al gobierno de Estados Unidos (EU) respecto al trato de migrantes mexicanos en el exterior. Sin embargo, por medio de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal (PF), éste ha puesto en marcha operativos de control, llevando a cabo acciones de detención y amedrentamiento, como dejar a las personas migrantes, incluyendo niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, varadas en condiciones climáticas extremas en el puente de la frontera entre Chiapas y Guatemala, sin agua, alimentación, ni servicios de salud y sanitarios. Algunas de las consecuencias de esta actuación pudieran significar tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y es un mensaje de aquello a lo que se enfrentarán si insisten en ingresar al territorio mexicano sin un documento acorde con lo establecido por la Ley de Migración y su reglamento. Diversas organizaciones civiles y albergues que trabajan en Chiapas y Oaxaca han logrado monitorear la situación y han denunciado la falta de información veraz sobre el derecho a solicitar y recibir asilo; el uso de la fuerza por parte de la PF; la privación de la libertad de personas que solicitan protección internacional en las estaciones migratorias; la falta de alimentación, agua, servicios de salud y sanitarios, y el condicionamiento a recibir servicios a cambio de entregarse al INM para comenzar su proceso de deportación. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, además de apoyar en la coordinación de la ayuda humanitaria, trabaja de la mano con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), intentando resolver un rezago de solicitudes de protección que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo el año pasado más de 14 mil solicitudes, de las cuales 50 por ciento sigue sin resolución. Lo que representa que más de cuatro mil personas solicitantes de asilo están en la incertidumbre. En este contexto es fundamental que el Estado mexicano respete, proteja y garantice todos los derechos de las personas en contexto de migración internacional, por medio de: 1) el establecimiento de mecanismos de detección y atención integral, particularmente para mujeres, menores de edad, personas con discapacidad y solicitantes de protección internacional, entre otros, brindándoles además asesoría legal sobre el derecho a solicitar y recibir asilo y atención a su salud física y sicológica. 2) No privar de la libertad por motivos migratorios a personas solicitantes de asilo, y mucho menos a niñas, niños, adolescentes y sus familiares. 3) Fortalecer el trabajo de monitoreo y denuncia de Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) a escala federal y estatal, así como vigilar y dar seguimiento a la implementación de medidas cautelares solicitadas por la CNDH. 4) Implementar garantías de no repetición de actos de uso de la fuerza pública en contra de las personas migrantes, como los sucedidos el 19 de octubre. 5) Coordinar diversas entidades del Estado, como las Procuradurías de Protección a la Infancia, la Comar y los OPDH en el acompañamiento durante la ruta del éxodo centroamericano, y su coordinación con la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas. 6) Elaborar estadísticas desagregadas por edad, nacionalidad, sexo y condición de viaje que permitan contar con una base de datos para la puesta en marcha de acciones humanitarias, acompañamiento legal y asignación presupuestal. 7) Garantizar la seguridad de las personas en albergues, casas de migrantes y centros de derechos humanos, así como el respaldo y facilitación de su trabajo de monitoreo. 8) Respetar el principio de no devolución y expulsión masiva. Es también imperante que en las acciones de ayuda humanitaria y de atención integral se tomen en cuenta las condiciones a las que se enfrentarán en el norte, como son las largas esperas para solicitar asilo en EU; las temperaturas, que pueden bajar a menos de 10 grados centígrados; el control del territorio por parte del crimen organizado, y las políticas del presidente Trump para que los países de origen y tránsito pongan en marcha medidas de control. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Espinosa [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Justicia para Tepoztlán
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Requerimos un sistema de justicia que ayude a poner fin a conflictos que profundizan los problemas sociales y abren la posibilidad de salidas negociadas ilegalmente. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 27 de octubre de 2018 Miguel Concha En 1995 Tepoztlán llamó la atención del mundo por oponerse a la construcción de un club de golf que se anunciaba como el más moderno de América Latina. Este proyecto implicaba cortar árboles, sembrar hectáreas con un solo pasto, aplicar herbicidas, desperdicio, contaminación del agua y la construcción de un fraccionamiento de lujo. A todas luces un grave daño al medio ambiente. Para impedirlo, el pueblo luchó con el apoyo de personas avecindadas, y otras aliadas a escala nacional e internacional. La historia inició desde la década de los años 60 del siglo pasado, cuando para construir el club de golf algunos empresarios se apropiaron ilegalmente de 280 hectáreas de las tierras comunales de Tepoztlán. En ese entonces el pueblo se opuso y lo detuvo con la movilización y una trágica muerte. Sin embargo, 30 años después el proyecto nuevamente revivió. En los años 90 el triunfo costó otra vida y el megadesarrollo se paró. En ese entonces se destituyó también a las autoridades que lo habían autorizado y se nombraron otras en asamblea. Con la fuerza acumulada, en 1999 el pueblo decidió acudir a los tribunales, pues sólo de esa manera se pensaba que no volvería la amenaza a su territorio. Con fundamento en la resolución presidencial, por la que el gobierno le reconoció a Tepoztlán la propiedad de 26 mil hectáreas, se planteó e inició un juicio de restitución en contra de la empresa Pirámide y Convento. El proceso judicial cumple 19 años y ha pasado por diversas instancias. Ha recibido cuatro resoluciones en su favor del Tribunal Unitario Agrario, y siete del Superior Agrario. Con poca fortuna, el pasado 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público un proyecto de sentencia que propone amparar a la empresa, el cual sería votado por su segunda sala. La resolución sería contraria a los derechos de la comunidad por varias razones. La primera, porque durante estos 19 años la empresa no ha logrado probar que la superficie en disputa es privada, pues la normatividad señalaba que para que éstas procedieran era necesario cumplir con estos requisitos: 1) La resolución presidencial debió señalar la existencia de propiedades particulares dentro de su perímetro comunal. Esta posibilidad no se abrió en la resolución de Tepoztlán. 2) La solicitud de exclusión debió presentarse dentro de los cinco años posteriores a la titulación de Tepoztlán (1929). Por tanto los interesados tuvieron hasta 1934 para iniciar el procedimiento de exclusión; lo que no sucedió. 3) Los interesados debieron acreditar la posesión cuando menos cinco años antes de la fecha de la solicitud del núcleo agrario (1921); lo que tampoco sucedió. 4) Dentro del supuesto procedimiento de exclusión se debió oír a la comunidad, y ésta debió manifestar su conformidad; lo que nunca tuvo lugar. 5) El procedimiento de exclusión debió culminar con una resolución administrativa del Cuerpo Consultivo Agrario, lo que tampoco sucedió, pues los oficios de exclusión presentados por la empresa fueron firmados por un funcionario menor, sin las atribuciones de ley, y por tanto resultan inválidos. En consecuencia la superficie en disputa es comunal, y por naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable. Además, el proyecto de la SCJN en ninguna de sus páginas hace alusión a alguna normatividad de origen nacional o internacional relacionada con pueblos originarios. ¿Dónde queda entonces la obligación de proteger los territorios indígenas establecida en los artículos 1, 2 y 27 constitucionales? ¿Y el parámetro de regularidad constitucional conformado por todos los instrumentos internacionales ratificados por México aplicables a estos pueblos? Ante esta omisión, el proyecto no puede ser aprobado. Se puede entender que el proyecto de sentencia que perfila la SCJN apoya los intereses económicos que están involucrados, como los del ex presidente Luis Echeverría y sus hijos; los de Óscar Fernández Malvido, del grupo Maizoro; los del empresario salinista Luis Slim Sayeg, del Grupo Carso; los de Xóchitl de Garay, Gabriel Haddad y Eduardo Abud, del Grupo ICA; así como los de Rafael Fernández McGregor, del Grupo Ixe; de Carlos González Barquera, de Té Laggs y de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, como lo documentó en 2012 el investigador Luciano Concheiro Bórquez en su libro Zapata cabalga por el Tepozteco. El tema de fondo es si se respeta la decisión de las comunidades de seguir manteniendo sus tierras, protegiendo el ambiente y conservando sus costumbres. En suma, decidir el modelo de vida que quieran seguir, o si se les impondrán ilegalmente proyectos depredadores llamados de muerte. Exigimos que la SCJN resuelva en favor de la comunidad de Tepoztlán y dé por concluido un problema que por tantos años genera tensión social y amenaza con la imposición de un club de golf. Requerimos un sistema de justicia que ayude a poner fin a conflictos que profundizan los problemas sociales y abren la posibilidad de salidas negociadas ilegalmente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : EjAtlas [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Parlamento abierto
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las decisiones que nos afectan a todos ya no pueden ser monopolio de las autoridades electas, sino que la ciudadanía tiene el derecho humano de intervenir en las mismas, tal y como lo establece Declaración Universal de los DH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 20 de octubre de 2018 Miguel Concha Diversos son los temas en los que la Constitución política de Ciudad de México pretendió innovar en la conducción de la vida pública, y cuya puesta en práctica podría contribuir al mejoramiento de las prácticas políticas, no sólo de la capital, sino de todo el país. Una de estas innovaciones es la que establece el artículo 29.A.4, que reza: El Congreso de Ciudad de México se regirá por los principios de Parlamento Abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado. Desde hace varios años se ha venido discutiendo este asunto, no siempre entendido de la mejor manera. Para algunos, por gobierno o por Parlamento Abierto se entiende que dispongan de páginas electrónicas; para otros que abran su información al público, y que ésta sea proporcionada con datos abiertos. Tales cosas son importantes y necesarias, pero no suficientes. Trascender las nociones inmediatistas del asunto, requiere tener en cuenta dos cambios fundamentales que se han operado en la vida pública. Por un lado, que las decisiones que nos afectan a todos ya no pueden ser monopolio de las autoridades electas, sino que la ciudadanía tiene el derecho humano de intervenir en las mismas, tal y como lo establece el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la observación general correspondiente, en el sentido de que las legislaciones establezcan las facultades y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos. Lo que se ha reconocido como democracia participativa. Por otro lado, la ciencia política ha avanzado en esta misma línea, cuando pone en el centro de la discusión contemporánea de la vida pública el tema de la gobernanza, comprendiendo por ello la intervención en el gobierno de actores no estatales, y la formación de redes entre actores de la sociedad civil y gobiernos. Con apoyos conceptuales tan fuertes como éstos, algunos especialistas hablan no sólo de gobierno abierto, sino incluso de Estado abierto, lo cual implica no únicamente los datos, sino también los procesos. Esta tendencia se asienta en valores fundamentales, como la transparencia, el hacer pública la información que de suyo es de todos, pero también la participación, entendiendo por tal el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de políticas públicas, y el colaborar y aportar así a las administraciones el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos. Es cierto que la mayor parte de las reflexiones y experiencias son más sobre el Poder Ejecutivo que sobre el Legislativo, pero crecientemente se demanda lo mismo a los parlamentos. Lo que tiene que ver con tres asuntos básicos para la democratización en la formulación de las leyes: a) circular la información de manera accesible, apropiada y reutilizable, con el fin de que se pueda hacer el monitoreo a los legisladores; b) establecer canales para recabar la información de las propuestas de los ciudadanos, con el propósito de que tengan respuesta en las leyes, y c) establecer, para el mayor alcance y legitimidad del resultado legislativo, instrumentos eficaces para la deliberación entre las comisiones parlamentarias y el público interesado. Tales asuntos podrían parecer un exceso en las demandas de participación de la ciudadanía, pero en el propio proceso de elaboración de la Constitución de la ciudad las prácticas de Parlamento Abierto fueron más benéficas que perjudiciales. Cuando la Asamblea Constituyente abrió las puertas, se recibieron diversas iniciativas de temas o capítulos, tanto de legisladores como de grupos académicos y civiles, y de cerca de mil 500 recibidas, casi dos terceras partes fueron de la ciudadanía, mismas que fueron sistematizadas y puestas también a disposición del público. Quienes elaboraron propuestas tenían abierta la opción de ir a argumentar a favor de sus planteamientos con las comisiones correspondientes. Con todo ello la Constitución no sufrió ningún retraso en el tiempo establecido para su promulgación y sí, en cambio, enriqueció sus contenidos, generándose un texto cuya calidad ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia, a partir de la respuesta que dio a las diversas impugnaciones políticamente intencionadas que se formularon. La puesta al día de la vida pública de la ciudad, por medio de su democratización, es un asunto que continúa estando en los primeros lugares de la agenda de las organizaciones civiles. Particularmente de aquellas que han anunciado su proposito de promover el Parlamento Abierto en la ciudad, especialmente necesario ahora que se abre la discusión sobre las leyes que le darán mayor concreción a los mandatos constitucionales. Esperemos que esta colaboración ciudadana se transforme en las normas, canales e instrumentos que nos permitan tener mejores leyes y más democracia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Defensor de los derechos de los pobres
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Monseñor Romero defendió los derechos humanos de los pobres no desde fuera, como persona que contempla el conflicto desde la neutralidad, sino implicándose en él hasta mancharse las manos y tomar partido. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 13 de octubre de 2018 Miguel Concha Mañana, domingo 14 de octubre, Francisco proclamará oficialmente como santo en el Vaticano a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador entre los años 1977 y 1980, y quien fuera asesinado por un sicario cuando celebraba misa el 24 de marzo de aquel año, como resultado de una conspiración en la que estuvieron envueltos el mayor del ejército salvadoreño Roberto d’Aubuisson y el capitán Álvaro Rafael Saravia. Con ello el Papa da cumplimiento a las expectativas de muchos creyentes y no creyentes, quienes desde su muerte lo reconocieron como profeta y mártir de la justicia en América Latina y el Caribe. Esclarecidas las incomprensiones y animadversiones de las que fue objeto, incluso por parte de algunos de sus hermanos en el episcopado, y seguido puntualmente el proceso canónico que aprueba sus enseñanzas y actuación como pastor en la Iglesia católica, el 23 de mayo de 2015 fue también declarado beato a nombre de Francisco por el cardenal italiano Angelo Amato, prefecto de la congregación católica para las causas de los santos, en una celebración multitudinaria. Son muchas las significaciones que en el mundo han pretendido desentrañarse de su trayectoria y, sobre todo, de su obra como pastor de la arquidiócesis de San Salvador en los años previos a la guerra civil en este hermano país. Por razones de brevedad me quiero referir aquí a las que subraya Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la conferencia inaugural del Encuentro Internacional sobre Cultura de Paz en El Salvador, Educación, Memoria y Justicia Transicional, en septiembre del año pasado. Para este teólogo español, preocupado por las mistificaciones acríticas que pueden hacerse de la figura de Monseñor Romero después de su canonización, y quien forma parte de la red Amerindia de católicos con espíritu ecuménico, abiertos al diálogo y a la cooperación interreligiosa con otras instituciones, es necesario en nuestros días recuperar su figura como modelo y ejemplo de un cristianismo liberador y de una ciudadanía crítica, activa y participativa. Además de estas dos especificaciones, Tamayo también subraya su pedagogía conscientizadora desde la opción por los pobres; su profunda espiritualidad cristiana liberadora; el haber sido para creyentes de diferentes religiones, y para no cristianos de distintas ideologías, un referente en la lucha por la justicia; su rescate de la democracia participativa, hoy sometida al asedio del mercado y acorralada por múltiples sistemas de dominación más fuerte que ella, que amenazan con derribarla; su trabajo por la paz y la justicia por conducto de la no violencia activa y su invitación a la utopía, hoy excluida de todos los campos del saber y del quehacer humano y natural. Pero de todas las características que pueden señalarse, me interesa destacar su defensa histórica y concreta, no de manera genérica ni conforme a un universalismo abstracto, sino en la realidad salvadoreña, donde eran sistemáticamente pisoteados por los diferentes poderes del Estado y la oligarquía en santa alianza de los derechos humanos de los pobres. Para Tamayo, el teólogo europeo quizá más cercano a los postulados y contenidos de la teología de la liberación de América Latina, Monseñor Romero defendió los derechos humanos de los pobres no desde fuera, como persona que contempla el conflicto desde la neutralidad, sino implicándose en él hasta mancharse las manos; no evadiéndose, bajo la justificación de que su misión era sólo religiosa y espiritual, sino tomando partido críticamente en el conflicto por las mayorías y organizaciones populares, defendiendo siempre con integridad y valentía los derechos humanos de las personas y colectivos, a quienes se les negaba. Especial atención prestó –añade– a la defensa de la vida de quienes la tenían más amenazada, de quienes, como dijera Bartolomé de las Casas de los indígenas, morían antes de tiempo. Tamayo encuentra además un paralelismo entre las enseñanzas sociales de Francisco y el pensamiento pastoral de Óscar Arnulfo Romero. Pareciera que aquél hubiera leído sus homilías y se hubiera inspirado en ellas cuando escribió la exhortación apostólica titulada La Alegría del Evangelio, en la que en noviembre de 2013 expresa sus razones más radicales de rechazo del actual modelo capitalista en su versión neoliberal: NO a una economía de la exclusión (nn. 3, 54); NO a la nueva idolatría del dinero (nn. 55 y 56); NO a un dinero que gobierna, en lugar de servir (nn. 57 a 58), y NO a la inequidad que genera violencia (nn. 59 y 60). Probablemente esto explique el aprecio que el papa Francisco ha tenido de Monseñor Romero desde muchos años antes de que fuera designado por el cónclave de cardenales como sucesor de Pedro. Y por ello hoy lo presenta al mundo como un modelo al que hay que seguir, pues es siempre ésta una de las razones principales para canonizar en la Iglesia católica a las personas santas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eric E Castro [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La revocación del mandato
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La revocación de mandato implica que si después de un periodo prudente el electo no cumple con sus promesas, se le retira el mandato, sin esperar a que termine de descomponer la vida de un país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 06 de octubre de 2018 Miguel Concha Por décadas el mundo de la política ha estado reservado a los partidos, figura hasta ahora necesaria, pero de ninguna manera suficiente para el ejercicio de la soberanía ciudadana, fundamento de la democracia. Ha predominado la idea de que la intervención del ciudadano en la política queda reducida a la emisión del voto, y que al término del periodo para el que se hubiera electo el ganador se vuelva a emitir el sufragio para reiterarle su confianza. Entretanto, si el gobernante tiene mal desempeño, al ciudadano no le queda más que esperar la conclusión de su mandato y confiar en que el próximo sea menos malo que el actual. Así ocurre hoy en la democracia estadunidense, y es el modelo que estuvo detrás de los promotores de la reforma política de 2014, la cual estableció la relección de parlamentarios, bajo el supuesto que ello significaría mayor control de los ciudadanos. No puede dejarse de lado que en esa misma reforma se estableció la consulta popular vinculante, negada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su primer intento de ejercicio, cuando cerca de 5 millones de ciudadanos demandaron ser consultados con relación a la reforma energética. El modelo de democracia hasta ahora vigente, que cada vez demuestra más sus limitaciones, es, por sus actores y la manera de concebir el papel de los ciudadanos, reducido a consumidores pasivos de las ofertas de las élites –que generan propuestas para los electores y deciden cuál de ellas comprarán con su voto, lo que le asegurará al que obtenga la mayoría el monopolio de las decisiones públicas–, el de la democracia elitista o teoría económica de la democracia. Contra esta visión del ciudadano se han gestado múltiples iniciativas de la sociedad civil que demandan no sólo intervenir en decidir quién gobernará, sino cómo lo hará. Dentro de éstas, que se han convertido en ley en algunos países, está la revocación de mandato, que significa no esperar estoicamente a que termine su mandato el mal gobierno de los electos para darle la confianza a otro, con la esperanza de que ahora sí cumpla con sus promesas. La revocación de mandato implica que si después de un periodo prudente el electo no cumple con sus promesas, se le retira el mandato, sin esperar a que termine de descomponer la vida de un país. Este mecanismo, al disminuir el monopolio de las decisiones, acota el poder de las élites y de los partidos, algunos de los cuales serán reticentes a que se instaure en nuestro país. La revocación de mandato fue establecida en la Constitución de Ciudad de México en su artículo 25, letra G 1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos 10 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. En su momento, el malestar de la élite política se expresó mediante la Procuraduría General de la República, que interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, aduciendo que la revocación añadía nuevos requisitos para la elección de los gobernantes, y que con ello se violentaba la Constitución. En un brillante proyecto de dictamen, que fuera aprobado por el pleno de la SCJN, el ministro Laynez argumentó que los requisitos se habían modificado con la reforma de 2014, al establecer la relección, por lo que su recíproco resultaba válido. La iniciativa de reforma al artículo 108 constitucional, para que la revocación del mandato del Presidente sea posible, que el partido Morena presentó la semana pasada, debe ser saludada con entusiasmo por la ciudadanía. Establece que de manera concurrente con las elecciones federales para diputados, el titular del Ejecutivo puede ser sometido a consulta sobre su revocación a la mitad del mandato presidencial, siempre y cuando participe al menos 40 por ciento del electorado, y se pronuncie en tal sentido la mitad más uno de los votantes. Podrán solicitar la consulta el mismo Presidente, el 33 por ciento de cualquiera de las dos cámaras del Congreso federal o los ciudadanos en un número igual a 33 por ciento de los que hayan participado en la elección presidencial. Sin embargo, habrá que decir enfáticamente que este último requisito debe ser modificado. En las elecciones pasadas participaron 56 millones 611 mil 27 votantes, lo que implicaría que para que los ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho de votación se requerirían 18 millones 681 mil 71 firmas que lo solicitaran. Cifra difícil de obtener si no se pone en juego de manera encubierta la maquinaria organizativa de los partidos, y, de esta manera, lo que es un derecho ciudadano, no se podrá ejercer sin los partidos. Otros han anunciado su intención de presentar iniciativas para que el requisito para los ciudadanos sea con relación a un porcentaje del padrón electoral, lo que en números lo hace más bajo, pero aún a distancia del ciudadano. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jose Luis Granados Ceja [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Recomendaciones internacionales a México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El EPU (Examen Periódico Universal) tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la ONU, permite exponer al escrutinio internacional, la situación y desempeño de cada país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 29 de septiembre de 2018 Miguel Concha El Examen Periódico Universal (EPU), establecido en marzo de 2008, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización. Con su funcionamiento genera una serie de recomendaciones que, de implementarse, podrían ayudar a superar las deficiencias que se tengan en el cumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los derechos humanos. Su relevancia se debe a que es un ejercicio político de alto nivel que permite exponer y conocer la situación de los derechos humanos en cada país. Además, las recomendaciones se hacen entre pares, por lo que tiene un impacto político directo en las agendas públicas de los Estados. Para realizar la evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, en la presentada por el Estado sujeto a evaluación. Segundo, en la información recabada por expertos independientes y grupos de trabajo de la ONU. Y tercero, en la presentada por otras partes interesadas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil. Como aporte a la evaluación de México, más de 200 organizaciones civiles nacionales denunciaron, en un esfuerzo de articulación, la crisis de derechos humanos que padecemos en nuestro país, por conducto del Colectivo EPU MX. En él se parte de un diagnóstico sobre las causas estructurales que derivan en las graves violaciones a derechos que conocemos. De la misma manera, se enfatiza la triple crisis que afecta la vida de miles de personas en la nación: violencia, corrupción e impunidad. El informe reconoce avances en materia legislativa, que en su mayoría ha sido el resultado del trabajo de organizaciones y movimientos que históricamente buscan hacer efectivos sus derechos. Ello no obstante, y a pesar de contar con un marco normativo avanzado, la implementación de dichas leyes es deficiente. La falta de reconocimiento de la crisis de derechos humanos por parte del Estado mexicano, ante los mecanismos internacionales, ha impedido, además, que esta situación sea conocida del todo por parte de otros Estados. En los últimos dos periodos del EPU, México recibió 267 recomendaciones, y, salvo algunas excepciones, la mayoría fueron aceptadas. Sin embargo los mecanismos de seguimiento para éstas fueron limitados, y, como se expone en el informe, ello ha provocado su nulo o parcial cumplimiento. Se identifican al menos cinco aspectos generales en este mecanismo internacional que merecen ser recomendados a México, que son además demandas que organizaciones de la sociedad civil han impulsado para hacer frente a la crisis que vivimos en el país. Primero, la conformación de un mecanismo de asistencia internacional contra la impunidad, que pueda coadyuvar con el Estado mexicano en el diseño e implementación de estrategias que permitan una efectiva investigación de delitos y graves violaciones de derechos humanos cometidos en años recientes. Asimismo, la urgente derogación de la Ley de Seguridad Interior y el seguimiento de manera decidida en la transición hacia un modelo de seguridad ciudadana, ya que resulta urgente que la militarización del país, que inició por lo menos el año 2006, termine de manera definitiva. Se requiere que se fortalezcan y reformen igualmente las instituciones civiles de seguridad, para que éstas asuman las tareas de seguridad pública, siempre desde un enfoque de protección a los derechos humanos. En este sentido se hace también oportuno un programa de retiro de las fuerzas armadas de los diversos territorios de México. Como tercer elemento es igualmente apremiante combatir la impunidad mediante la justicia penal, autonómica y eficaz. Y de ahí la importancia de contar con una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, que se conduzca con la debida diligencia y tenga capacidad para atender integralmente las investigaciones. Otro pendiente se refiere al Sistema de Atención a Víctimas, pues a pesar de que contamos con la Ley General de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, éstos deben fortalecerse. Por tanto, se tiene que garantizar su debida implementación, asegurando que los procesos de atención sean adecuados, se cuente con personal eficiente y se atienda a víctimas respetando su dignidad humana, y evitando la revictimización desde las instituciones del Estado. Como quinto punto, en el informe se observa la relevancia de la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones, así como la exposición de la situación de México en los diversos foros internacionales. El CDH de la ONU debe atender a México no sólo para reconocer su labor activa en organismos multilaterales, sino, sobre todo, para evidenciar la grave crisis que se vive en el país. Y ello con el afán de ayudar, desde la solidaridad internacional entre países, a revertir de manera efectiva la actual crisis de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Selene González [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
