Defensores y periodistas sin protección
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los compromisos del gobierno federal no se ha materializado, dejando en una situación de vulnerabilidad a un número cada año más creciente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de septiembre de 2018 Miguel Concha A raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico, promovida por Felipe Calderón, y cuya principal medida fue la militarización del país, se agravaron las condiciones de riesgo para quienes defienden derechos humanos y quienes informan sin tapujos sobre las corruptelas y omisiones del gobierno, y sobre las atrocidades de grupos del crimen organizado. Personas defensoras de derechos humanos y periodistas exigieron en 2010 una ley general que garantizara el ejercicio de su labor, su seguridad, su vida, integridad y libertad. Y por ello un conjunto de organizaciones de derechos humanos y periodistas impulsó y redactó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Lppddhp). Dicha ley, de carácter federal, aprobada en 2012, creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, política pública cuyo fin es ofrecer medidas de protección para los integrantes de estos colectivos que, debido al ejercicio de su labor, se encuentren en situación de riesgo. El mecanismo es operado por la Secretaría de Gobernación y está integrado por una junta de gobierno, órgano interinstitucional constituido por instancias oficiales y de la sociedad civil, por medio de su consejo consultivo. El mecanismo se encarga de analizar el riesgo de las personas defensoras y periodistas que solicitan su incorporación a él, y de diseñar planes de protección acordes a su situación de riesgo, incluyendo medidas físicas como cámaras, escoltas o refugio. El sexenio de Enrique Peña Nieto será recordado como el más violento en la historia de México. A propósito de personas defensoras y periodistas es necesario agregar, además de la violencia continuada de la guerra contra el narcotráfico, las agresiones causadas por las reformas estructurales y el impulso a proyectos de desarrollo. Desde el inicio del sexenio del presidente saliente, hasta el final de 2017, habían sido asesinadas 110 personas defensoras. Y en lo que va del sexenio han sido asesinados 45 periodistas. Sin embargo, ante esta grave situación de riesgo, el mecanismo es la única respuesta del Estado mexicano. Ello no obstante, si para el próximo mes de enero no cambia nada, el mecanismo será inoperante, pues el fideicomiso que dota de recursos económicos para la implementación y operación de las medidas preventivas, de protección y urgentes, está próximo a quedarse sin fondos. Esto se debe a que la Secretaría de Hacienda sólo depositó en abril de 2018, 200 millones de pesos de los 300 solicitados. Ante esta situación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación pidió 126 millones de pesos para hacer frente a las erogaciones de octubre de 2018 a marzo de 2019, tomando en cuenta que el presupuesto de 2019 se entrega en abril. Sin embargo sólo se ha confirmado la entrega de 76 millones, situación que aplaza el problema hasta enero. No contar con los recursos antes de enero implicaría que a inicios de 2019 el mecanismo tendría que retirar más de 3 mil 500 medidas de protección a 702 personas y 51 colectivos, cuyo resguardo y protección está a su cargo. Vale la pena añadir que este es el segundo año consecutivo en que el mecanismo se queda sin recursos. Peña Nieto y la Conago hicieron públicas el 17 de mayo de 2017 una serie de acciones para prevenir, investigar y sancionar agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, no fue hasta que cinco periodistas fueron asesinados a mayo de este año, cuando el Presidente de la República se comprometió y afirmó lo siguiente: Se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas…. Y agregó: Lucharé hasta el último día de mi mandato, a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita. Ello no obstante, esto no se ha materializado, dejando en una situación de vulnerabilidad a un número cada año más creciente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. México atraviesa una crisis de seguridad y de derechos humanos. En este contexto, la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es fundamental para luchar por condiciones de vida dignas en un país tan lastimado por la violencia y la impunidad. A meses de irse, este gobierno se encuentra ante una responsabilidad histórica que no puede ser obviada: garantizar la vida de quienes se comprometen a defender los derechos humanos y la libertad de expresión. El futuro gobierno y el actual Poder Legislativo se encuentran con la necesidad de mejorar el contexto jurídico del mecanismo y volver real las demandas de la sociedad civil por una política pública integral que atienda las necesidades de estos colectivos y solucione las carencias de la actual ley federal de protección. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Documentar desde abajo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Mediante este informe se hace evidente la falla del Estado no únicamente durante el sismo, sino posterior, pues se ha confirmado que la atención en albergues fue brindada y ofrecida principalmente por colectivos de organizaciones sociales. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de septiembre de 2018 Miguel Concha A días de conmemorar el aniversario del sismo del pasado 19 de septiembre, la iniciativa académica y ciudadana Documenta Desde Abajo 19s presentó un informe denominado Contra el desamparo del Estado: Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de las personas damnificadas por el sismo 19S. En él se da cuenta de omisiones y fallas del Estado mexicano para atender necesidades y garantizar derechos de las personas que se vieron afectadas por el sismo. Documenta desde abajo 19s es un proyecto de documentación de afectaciones desde un enfoque de derechos humanos que incluye no sólo los daños patrimoniales más visibles, sino también datos significativos sobre las mayores repercusiones en derechos humanos, como los perjuicios inmediatos a la vida, a la integridad personal, a la salud física y sicológica, y al tejido social. Así como afectaciones de más largo aliento a los derechos sociales, económicos y culturales, derivadas de la imposibilidad definitiva o temporal de volver a hogares, fábricas, escuelas, lugares de recreación y espacios que antes habitaban. Este esfuerzo articula a organizaciones defensoras de derechos, academia, sociedad civil y brigadas de estudiantes de diversas universidades, quienes los meses posteriores al terremoto se dieron a la tarea de documentar directamente dichas afectaciones en albergues siniestrados, entre damnificados y entre familiares de quienes perdieron la vida. Se trata pues de un trabajo inédito que ha construido un archivo no oficial de las afectaciones causadas por los sismos. El informe, que se dio a conocer el pasado miércoles en el Centro Universitario Cultural (CUC), se da también cuenta de la difícil situación que enfrentaron las personas y comunidades por esa circunstancia, y se subraya la responsabilidad del Estado por acción u omisión en esas afectaciones. Algo fundamental es que este informe se centra en las personas y no en los edificios que registraron daños, y porque nos muestra que los colapsos de estos inmuebles han generado daños de muy distinta índole para las personas que los padecieron. Vale decir, que es un documento que incluso se adelanta a las informaciones oficiales que a un año del sismo debieran de dar autoridades de los ámbitos federal y local, así como instituciones autónomas de derechos humanos. Se hace pues necesario leer y retomar este informe en virtud de varios de sus aspectos. Por un lado por su innovación, profesionalismo y compromiso contundente con los derechos de las personas que resultaron damnificadas por el sismo. Y por otro porque desde un enfoque de derechos contiene un aspecto metodológico que es relevante para documentar desastres naturales o desastres socialmente construidos. Me refiero a su particular metodología relacionada con recabar información de manera independiente desde brigadas ciudadanas y usando los derechos humanos como guía. De lo que resulta información importante para prevenir, denunciar y atender violaciones a los derechos humanos. Además, mediante este informe se hace evidente la falla del Estado no únicamente durante el sismo, sino posterior, pues se ha confirmado que la atención en albergues fue brindada y ofrecida principalmente por colectivos de organizaciones sociales. Incluso, gracias a la organización ciudadana hoy sabemos que hubo atención a personas que se quedaron sin hogar, pues el Estado había ya retirado su apoyo en los albergues. El documento da cuenta también de que los damnificados padecen ahora por desgracia una agudización de sus afectaciones, pues se registran pérdidas de empleo, empobrecimiento, además de que se han tenido que enfrentar a un constante abuso por parte de diversas autoridades. De conformidad con la información contenida en el documento, hoy podemos también identificar y denunciar que el trato que recibieron fue diferenciado. En efecto, quienes elaboraron el informe sostienen que hubo una evidente desigualdad en la presencia y actuar del gobierno entre la población que habita delegaciones más y menos pobres y periféricas. En estás últimas se enfrentaron a una mayor vulnerabilidad y falta de atención adecuada, dado el desamparo en que los dejó el gobierno. Además de los datos que nos proporciona y analiza este informe, nos ofrece también una clave de lectura y de interpretación frente a estas situaciones, cuando sostiene que los desastres no pueden comprenderse sólo como fenómenos naturales, sino sobre todo como procesos sociales en los que hay responsabilidad de las autoridades en términos de derechos humanos, ya sea porque dejaron de cumplir algunas de sus obligaciones, o porque cometieron actos que los violan. Con la finalidad de desplegar al interior del Estado las condiciones de cumplimiento de sus obligaciones frente a desastres socialmente construidos, y para garantizar que no haya repetición de estas desgracias, se hace urgente que se retomen las recomendaciones formuladas en este informe. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : _LennaRarara_ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Una nueva política económica y social
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las medidas anunciadas, como son las pensiones para adultos mayores, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico del país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de septiembre de 2018 Miguel Concha Después de 40 años deconvivir en un pacto social de globalización neoliberal, con reducida regulación gubernamental, el resultado desafortunadamente ha sido el incremento de la pobreza, la acumulación de la riqueza en pocas manos, y, consecuentemente, el aumento de la desigualdad social. Lo cual en esas dimensiones no sucede en países como los escandinavos y Nueva Zelanda. Por el contrario, es claramente evidente que esos efectos negativos se maximizan en aquellos países en los que su estado de derecho es débil, vulnerable, y, peor aún, corrupto. Esta situación ha generado un malestar social colectivo en muchas sociedades, que se ha visto expresado en diversos procesos electorales recientes, incluido el nuestro, con el triunfo sin precedentes y aplastante de López Obrador y Morena. En esencia, la causa principal de lo anterior es que no se ha creado una cantidad suficiente de empleos bien pagados que beneficien a la mayor parte de la población, originada en el hecho de que el ejercicio a ultranza del modelo económico y social ha provocado que la riqueza creada no se reparta eficazmente y llegue exiguamente a la mayor parte de la población. Y ello también debido a que las empresas, por la puesta en práctica de un elemento esencial del modelo neoliberal, reducen su gasto laboral, utilizando el menor número de trabajadores y empleados, con los menores salarios posibles, para lograr ser competitivas y tener costos y gastos equiparables o mejores que sus competidoras. Panorama que se ha agudizado con la incorporación de la tecnología, la robótica, el uso de la inteligencia artificial y la nueva forma de hacer negocios. Todo lo cual acentuará las posibilidades de desempleo y las actividades informales. Las medidas anunciadas por nuestro presidente electo, como son las pensiones para adultos mayores y personas pobres discapacitadas, así como las becas para el desarrollo educativo de las y los jóvenes, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social en nuestro país. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico del país. Y para lo cual es igualmente indispensable contar con nuevas políticas con perspectiva de derechos humanos, particularmente en materia económica, social y medioambiental, pues ya no se deben seguir separando la política económica y la política social. Entre las acciones que hay que desarrollar en el ámbito económico sobresale el regular con eficacia las desviaciones del mercado, eliminando los privilegios empresariales que evitan que se dé una auténtica competencia. Elemento éste fundamental en el sistema para la fijación de precios justos a los consumidores, con el que se reduciría al menos a corto plazo la pobreza y la desigualdad. Otras acciones prioritarias deberían ser el incrementar las inversiones gubernamentales en infraestructura, que a la vez que crean fuentes de trabajo impulsan la productividad en el país. Lo anterior deberá complementarse con la creación de un clima que facilite la inversión privada, simplificando los trámites, castigando la corrupción, minimizando las decisiones discrecionales de las autoridades y obligando al sistema bancario a una competencia auténtica. Todo ello en un clima de verdadera ética pública, y cortando de tajo la evasión y elusión del pago de impuestos. No es posible en efecto que las autoridades no hayan hecho nada hasta ahora para dejar que el fisco pierda cada año 2 billones de pesos por el uso de facturas apócrifas por parte de empresas bien pertrechadas para cometer estos y otros fraudes bien conocidos ahora. Y tampoco es admisible que en el medio empresarial algunos de sus exponentes hayan venido aprendiendo a vivir con la corrupción, y muchos la consideren casi como una segunda naturaleza que simplemente hay que calcular entre las pérdidas y ganancias, sin necesidad de eliminarla como prioridad. Tampoco es dable que en los años recientes se haya venido minimizando en las empresas la solidaridad con los diferentes grupos que la integran: los empleados y trabajadores, los consumidores, los agentes y los proveedores, otorgándole en cambio una prioridad absoluta a los inversionistas. Debe entonces exigirse por parte de la sociedad civil la puesta en práctica en las empresas de una auténtica responsabilidad social. Los tiempos que vienen a corto plazo van a prestarse posiblemente a problemas sociales y políticos que podrían ser graves. Y por ello la ciudadanía tendrá que preguntarse qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer para generar la injusta convivencia que mantenemos en los campos de la pobreza y la desigualdad en los que estamos inmersos. Y sobre todo qué se debe hacer ética y políticamente para evitarlo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Darij & Ana [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Protesta social y opinión pública
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Nos enteramos que la legitimidad de las protestas no está en duda para las personas encuestadas y entrevistadas, sabemos también que al menos el 70 por ciento de ellas ha participado en alguna protesta alguna vez en su vida. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 01 de septiembre de 2018 Miguel Concha El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), articulación conformada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, presentó el pasado martes 28 de agosto, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, un Estudio de Opinión sobre la Protesta Social en la Ciudad de México. En ese documento, realizado también en alianza con el Colectivo de Investigación y Análisis Estratégico en Ciencias Sociales y Salud, se da cuenta de la opinión de quienes habitan o transitan esta ciudad sobre los diferentes ejercicios de protesta que se realizan en la capital, la cual, dicho sea de paso, dado que concentra los tres poderes del país, y casi la totalidad de las secretarías del nivel federal, es el espacio donde se realizan más marchas, plantones, mítines y otros tipos de protesta. De acuerdo con información de la Cámara de Comercio y Turismo en Pequeño de Ciudad de México (Canacope), desde el año 2012 se lleva a cabo en la capital por lo menos un promedio de 26 protestas al día, lo cual da un significativo balance de alrededor de 10 mil protestas a lo largo de cada año. Estos datos hacen notar que la ciudad está indudablemente familiarizada con las manifestaciones y protestas como con un escenario constante y cotidiano, por lo que los resultados del estudio de opinión, realizado a solicitud del FLEPS, son reveladores de cara a un discurso sostenido por los grandes medios de comunicación tradicionales y por las instituciones de gobierno, que insisten y se empeñan en destacar sólo aspectos relacionados con las supuestas afectaciones que provoca este tipo de ejercicios de derechos; nunca sobre su trasfondo ni porqué se originan. En el estudio de opinión, se señala de entrada que las personas entrevistadas perciben a la protesta social como una vía legítima para resolver alguna problemática, usualmente ocasionada por la acción, aquiescencia o desatención de las autoridades. Y de acuerdo con el FLEPS es indudable que entre la población se reconoce a la protesta como un derecho humano. Lo que, hay que decirlo, hoy es también reconocido en la nueva Constitución de Ciudad de México. En 57 por ciento de las personas encuestadas se registró una percepción relacionada con el hecho de que quienes protestan lo hacen porque es un derecho, y porque las personas que se manifiestan lo llevan a cabo por la necesidad de ser escuchadas y lograr resolver un determinado problema. Este hallazgo es significativo y contrasta con el habitual razonamiento de las autoridades, quienes durante los años recientes se han dedicado a fortalecer un andamiaje jurídico que intenta legalizar la represión y cancelar la posibilidad de la protesta, como un espacio de solidaridad, encuentro y demanda de derechos. Basándonos en estudios de opinión pública tan importantes como el que ahora analizamos, nos enteramos que la legitimidad de las protestas no está en duda para las personas encuestadas y entrevistadas, y hoy sabemos con un poco más de certeza que al menos 70 por ciento del universo significativo en este estudio ha participado en alguna protesta alguna vez en su vida. Se reveló asimismo que para las personas es muy importante la presencia de las víctimas directas de violaciones a derechos humanos, o de sus familiares, como una de las razones que impulsan a las personas a participar, pues las diferentes formas de protesta social dan cabida también a expresiones de solidaridad, identificación y participación política. Aspectos éstos notables tras eventos como las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de los normalistas de Ayotzinapa, o la fuerte represión experimentada hace casi ya seis años, en el contexto de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, el primero de diciembre de 2012. Otro de los descubrimientos más reveladores de este estudio, y que también contrasta con la narrativa oficial, es que las personas entrevistadas no identifican en su percepción una serie de características específicas en el perfil de las personas que protestan, tomando en cuenta su vestimenta, su edad, su profesión o su posición socioeconómica. Con ello podemos también sostener que los estigmas de quienes protestan de distintas maneras son construidos –insiste el estudio– por los grandes medios de comunicación. Otra virtud del estudio es que se basó en la aplicación de encuestas en línea y entrevistas de profundidad con actores claves, tanto del gobierno como de la sociedad civil que inciden en la realización de protestas. Se usaron igualmente metodologías de tipo etnográfico, lo que permitió recoger in situ percepciones de personas que se manifiestan o conviven de distintas maneras con las protestas en el espacio público. Impulsados desde la sociedad civil, este tipo de ejercicios se convierten también en un importante insumo para rectificar la legislación o las políticas públicas que atentan contra tan preciado derecho para la sociedad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : FLEPS [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El sexenio de la impunidad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las violaciones a derechos humanos dejen de ser una práctica sistemática del Estado para impedir la defensa de la vida digna. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de agosto de 2018 Miguel Concha El séptimo informe de violaciones a derechos humanos (vdh) elaborado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, refleja la magnitud y gravedad de las vdh cometidas por el Estado en contra de las personas defensoras de derechos humanos, quienes, por ejercer o defender uno o varios derechos, fueron agredidas. Las violaciones documentadas en este informe son la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y las amenazas, hostigamiento y ataques físicos. En todos los casos reseñados el perpetrador es (por comisión, omisión o aquiescencia) el Estado mexicano, y los hechos documentados que constituyen la violación a los derechos humanos son consecuencia de la denuncia política o la defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima. Las tres organizaciones han elaborado y publicado desde 2012 siete informes, uno por año, y por ello prácticamente han documentado todo el actual sexenio. A ello se debe el título del actual, Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Junio de 2017 a mayo de 2018, que resume lo vivido por una parte de la población del país. Desde el punto de vista de estas organizaciones, la impunidad es consecuencia de que las vdh son resultado de una práctica sistemática y generalizada. De una estrategia de represión política dirigida con mayor recurrencia en contra de quienes denuncian que las reformas estructurales neoliberales aprobadas al final del sexenio de Felipe Calderón, y a lo largo del actual sexenio, violan legalmente los derechos humanos de grandes capas de la población. He aquí algunos datos documentados durante el año que sustentan lo que las organizaciones autoras del informe afirman: “(…) el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de vdh, quienes denuncian la reforma educativa, de corte neoliberal, aprobada en este sexenio; en segundo lugar, con 219 actos de vdh, están aquellos que ejerciendo el derecho humano a la protesta, son reprimidos; el tercer lugar, con 74 actos de vdh, corresponde a los defensores que de manera general defienden la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas, e incluso comunidades urbanas que resisten a las políticas extractivistas o privatizadoras del territorio. Y siguen los ambientalistas, con 72 actos de vdh. En el séptimo lugar, con 38 actos de vdh, agrupamos a las organizaciones sociales nacionales o grandes a escala territorial que defienden una gran variedad de derechos humanos y son reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho, sino por la labor que realizan en pro de una vida digna como sinónimo de los derechos humanos”. Desde el punto de vista de estas organizaciones, hay también una correspondencia entre el modelo económico que se ha implementado en México y el alza en el número de vdh, pues esta política económica neoliberal antepone el lucro, el despojo, la explotación y el capital, a la dignidad y a la seguridad humanas; al desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza, y entre los mismos hombres y mujeres que ocupamos distintas posiciones en el modelo de sociedad vigente. El presente sexenio todavía no culmina, y sin embargo las organizaciones hacen todavía el esfuerzo por contabilizar desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2018 las vdh más graves. He aquí los números duros, expresión sangrante del sufrimiento de miles, quizás millones, de compatriotas: Del año 2006 a la fecha 3 mil 967 personas han sufrido detenciones arbitrarias con el objetivo de interrumpir su labor de defensa de los derechos humanos o disolver actos en los que se ejerce el derecho humano a la protesta. De 2006 a la fecha 228 defensores de derechos humanos o luchadores sociales han sido ejecutados como una forma para detener su trabajo de defensa de los derechos humanos. “El uso de la ejecución extrajudicial, en el periodo que abarca este informe, se recrudece en contra de periodistas…”. E igualmente en contra de los defensores de la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas. Y por último, tenemos la cifra de las víctimas de desaparición forzada: 165 defensores de derechos humanos han sido víctimas de esta grave vdh, a pesar de que el caso de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa obligó al Estado a disminuir esta práctica y tratar de ocultarla. Ello no obstante, éste continuó con la desaparición de personas defensoras de derechos humanos. Lo que hace que para las organizaciones que documentaron esa cifra esta práctica sea sistemática, generalizada y transexenal, pues Felipe Calderón también es responsable de desapariciones forzadas por motivos políticos. Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las vdh dejen de ser una práctica sistemática del Estado para desarticular, desorganizar y controlar a la población que exige el respeto a su dignidad y el acceso a condiciones de vida dignas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El derecho al trabajo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 18 de agosto de 2018 Miguel Concha Una de las ventajas que permite el adelanto de los tiempos de la transición del gobierno en funciones al gobierno electo, es que permite la expresión de la opinión pública sobre temas de interés de la ciudadanía. Tal es el caso del próximo gobierno de Ciudad de México (CDMX) y la anunciada desaparición de la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo, y la absorción de sus funciones por la Secretaría de Economía. Se ha anunciado al respecto un proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y diversos actores del mundo del trabajo. Con el ánimo de aportar a ese importante proceso, propongo algunas ideas. El punto de partida de todo diálogo debe de ser el derecho humano al trabajo en sus dos dimensiones, tanto el derecho a trabajar, como el derecho a condiciones adecuadas en el desempeño laboral. Como todo derecho humano, tiene contenidos esenciales. Entre los principales, que el trabajo debe ser a) Disponible, es decir, con la existencia de servicios especializados para asistir y apoyar a las personas en la identificación y obtención de empleos; b) Accesible, lo que significa que debe existir un mercado de trabajo abierto a todas las personas, y c) Aceptable y de Calidad, lo que implica condiciones favorables y justas de trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones de seguridad, al derecho a formar sindicatos y a elegir y aceptar libremente el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adiciona a estos contenidos otros fundamentales bajo el concepto de Trabajo Digno, el cual añade políticas de fomento de empleo de calidad. Además, el Diálogo Social incluye, de acuerdo a la OIT, todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social. (http://www.ilo.org/public/spanish/ dialogue/themes/sd.htm). De lo anterior se sigue, a) que el derecho al trabajo no es un asunto sólo jurisdiccional, sino que incorpora múltiples dimensiones; entre ellas b) la política económica, sin que se reduzcan a ella, puesto que el trabajo digno va más allá de la creación de ocupación y empleo; c) la capacitación y asesoría para la obtención de empleos; d) la política social como redistribución de recursos y protección social, y e) la gobernanza, teniendo en cuenta que el diálogo social es entre gobierno y actores del mundo del trabajo. Una relación tan compleja como la del trabajo es a toda luz merecedora, no de acciones puntuales, sino de toda una política pública impulsada y ejecutada por una agencia de gobierno especializada y capaz de tener interlocución en plano de igualdad con las demás agencias, a fin de poder lograr una política transversal en materia laboral. Tarea que sería imposible por una instancia que esté subordinada a otra, como ocurre con las subsecretarías. Frente a lo anterior, es claro que resulta del todo plausible la preocupación del gobierno electo por la austeridad en el uso de los recursos públicos, misma que tiene una doble dimensión, por un lado evitar el desperdicio en obras o consumo suntuario, y por otro optimizar los rendimientos de cada peso que la sociedad le otorgue al gobierno. En el primer sentido, no parece mucho lo que se podría ahorrar con la supresión de la Secretaría del Trabajo, toda vez que hay recursos, como los de la inspección laboral, o la capacitación para la ocupación y el empleo, que son una parte importante de su presupuesto, y que en cualquier hipótesis de reorganización administrativa continuarán ejerciéndose. Por el lado de la optimización de recursos no parece una mala inversión aumentar incluso el presupuesto para cumplir, tanto las obligaciones que establece la modificación del artículo 123 de la CPEUM, como las nuevas obligaciones que en materia laboral impone la Constitución de CDMX. En consecuencia, el anunciado proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y las organizaciones del mundo del trabajo debe ser la gran oportunidad para que de él surja una secretaría del trabajo fortalecida que se encargue tanto de la promoción de los aspectos jurídicos, como de la capacitación, la elaboración de estrategias para el fomento del trabajo digno, la protección de los derechos laborales y el diálogo social. Así como de aquellas acciones que la adaptación del trabajo al cambio tecnológico demanda, y las estrategias para la mejor vinculación de las y los jóvenes al trabajo y la igualdad de género en el ámbito laboral para la construcción de la cohesión social. Capaz de diseñar y ejecutar una amplia política laboral en todas las líneas de acción que el tiempo actual demanda. Desde hace dos décadas las innovaciones realizadas por los gobiernos de esta entidad han servido para impulsar cambios a escala nacional. Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eneas De Troya [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Tareas apremiantes en la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En la Ciudad de México contamos con un tiempo político propicio para pensar y rehacer la vida pública de nuestra ciudad. La entrada en vigor de la Constitución y otras legislaciones pendientes que deberán empujarse para respetar y proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de agosto de 2018 Miguel Concha En la Ciudad de México(CDMX) contamos con un tiempo político propicio para pensar y diseñar la forma de hacer y rehacer la vida pública. Estamos a escasas semanas de que entre en vigor la nueva Constitución para esta ciudad, que hasta hace poco tiempo no contaba con una hoja de ruta propia para guiar la forma de hacer gobierno, impartir justicia y fortalecer la democracia. Esta Constitución es un entretejido orgánico de voces de organizaciones sociales y defensoras de derechos, integrantes de la academia y colectividades que por mucho tiempo han enfrentado retos sociales en la CDMX, buscando hacer reales la dignidad y los derechos. Ahora, con el proceso de implementación de la nueva Constitución, y con el nuevo gobierno electo, la voluntad y acción para hacer transformaciones de fondo se hacen necesarias y urgentes. Abordo algunos aspectos importantes en la agenda de derechos humanos y justicia. Para ello retomo contenidos del texto La Constitución de la Ciudad de México: realidades y retos,elaborado por un grupo de especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, juntamente con algunas organizaciones sociales, presentado esta semana. En cuanto a los derechos humanos, quienes están por asumir el gobierno, o integrarse al nuevo Congreso de la Ciudad, primeramente tendrán la ineludible tarea de mantener el espíritu de la Constitución, es decir, poner al centro el respeto y protección de los derechos humanos en todo el quehacer y hacer de la ciudad. Dada la importancia de tales derechos, su realización y avance progresivo, el gobierno electo deberá evitar cualquier acción que obnubile un mensaje y trabajo contundente para solventar tal tarea. Ahora bien, para el Congreso se contempla en artículos transitorios constitucionales ayudar, mediante la expedición de leyes, a reformar el sistema de justicia en la ciudad. El texto también mandata armonizar con él las instituciones encargadas de procurar, administrar e impartir justicia. Quienes conocemos la situación de los derechos en esta entidad, reconocemos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los más violentados. Es por ello urgente atender lo que técnica y jurídicamente debe modificarse en este sistema, respetando en todo momento los derechos de todas y todos. Y después de conocer las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las impugnaciones a algunos artículos de esta Constitución, se hará urgente conformar el Consejo Judicial Ciudadano, una figura inédita de participación directa de la sociedad civil en procesos de fortalecimiento de este sistema. La procuraduría local deberá asimismo transformarse de raíz en una fiscalía autónoma, con el nombramiento por tanto de una persona fiscal autónoma. Para ello resulta indispensable un Consejo Judicial Ciudadano a la altura, y que el Congreso lo reconozca en su conformación y con la participación debida. Apremia, además, consolidar la nueva Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Dicha sala se propone interpretar la Constitución de la CDMX y dirimir controversias para que, sin que necesariamente lleguen a la SCJN, se resuelvan lo antes posible. Aunque hay avances muy relevantes en materia de acceso a la justicia, es menester agregar que la Constitución queda en deuda con la justicia administrativa. Cierto que hubo cambios considerables en el ahora Tribunal de Justicia Administrativa, pero sería ideal que el Congreso revise con lupa las limitantes en materia de nombramientos de jueces, así como las transformaciones que amerite la propia estructura de este órgano. Por otro lado, para los primeros meses del año próximo debemos contar con una Ley Constitucional de Derechos Humanos para la Ciudad, en la que se desarrollen los principios y mecanismos de exigibilidad ya establecidos en el texto constitucional. Tarea que amerita el trabajo activo del Congreso, coordinado con la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, ya que también será el Congreso quien deba construir una ley para el funcionamiento y atribuciones nuevas que pudiera tener esta comisión. Es igualmente importante que en estos procesos se cuente con la participación de las organizaciones sociales y especialistas en los temas correspondientes, así como con la debida difusión de estas acciones y contenidos entre la ciudadanía en general. Vale también recordar que el nuevo Congreso deberá aprobar una ley que dé forma al Sistema Integral de Derechos Humanos, cuyo objetivo es, mediante el Programa de Derechos Humanos correspondiente, garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas. Este sistema se perfila como medular para transversalizar enfoques de derechos en toda la institucionalidad de la ciudad. Hasta aquí menciono algunos asuntos importantes por atender. Falta sin embargo hacer otras legislaciones que den como resultado un andamiaje legal que tenga la principal intención de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : PebblePicJay [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Crisis socio-política en Nicaragua
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, sufre desde hace tres meses una crisis profunda que inició en abril con protestas en contra de una injusta reforma al régimen de seguridad social. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 21 de julio de 2018 Miguel Concha Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, sufre desde hace tres meses una crisis profunda que inició el 18 de abril con protestas generalizadas contra una reforma injusta al régimen de seguridad social, misma que día con día se encamina hacia la renuncia del gobierno que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se registran ya casi 400 personas asesinadas y más de mil 200 heridas, como resultado de las manifestaciones populares llevadas a cabo en calles y recintos universitarios, en cuyo seno el régimen autoritario de Ortega-Murillo ha ejercido represión por medio del aparato policial y grupos paramilitares que durante la noche infunden pánico entre la población. La tierra pinolera acumula una larga historia de luchas revolucionarias. La que se emprendió en contra de la dinastía de los Somoza constituye quizá la más sangrienta y duradera de todas. Fueron casi 45 años en que el pueblo nicaragüense aguantó los embates de una dictadura que cometía incontables asesinatos y torturas, y gobernaba sin legitimidad popular. El inicio del fin de tal dinastía comenzó con la famosa gesta del poeta Rigoberto López Pérez, quien en 1956 le puso fin al poderío de Anastasio Somoza García y dejó el camino abierto al grupo que 20 años después se formó bajo los ideales de Augusto César Sandino y terminó por expulsar del país a Anastasio Somoza Debayle. Nadie, ni siquiera el partidario más ferviente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hubiera podido imaginar que hoy, en pleno siglo XXI, esta nación tuviera que padecer de nuevo violencia generada por las decisiones de despóticos que llegaron al gobierno para lograr su objetivo: hacerse de fortunas de tipo familiar, a costa del pueblo nicaragüense. A la pareja presidencial le corresponde el dominio de casi todos los canales de televisión nacional, cadenas hoteleras y negocios de casas comerciales. Los cuales les permiten a sus hijos satisfacer todo tipo de caprichos personales. Con la complicidad de Murillo, y siendo el líder absoluto del FSLN, Daniel Ortega logró en 2007 su tan ansiado objetivo, como ganador de unas elecciones que todavía se tienen por muy cuestionadas. Ahora, y a pesar de retóricas disfrazadas de lenguaje pacifista, como Nicaragua quiere paz, Aquí Nicaragua libre, Basta de odio, la única paz y amor que ha recetado al pueblo son balas de francotiradores que, para intentar destruir esfuerzos organizados de diferentes marchas nacionales, se han apostado estratégicamente en lugares altos del territorio. En la protesta del Día de las Madres, el 30 de mayo, alrededor de 15 personas fueron asesinadas por policías y paramilitares armados, y apenas el martes éstos cobraron tres muertos más y decenas de heridos, al recuperar el control policial de Monimbó, en la ciudad de Masaya. Contrario a lo que se pudiera pensar, y luego de ver a las turbas orteguistas infundiendo miedo en las calles y asesinando a quemarropa a familias completas, lo cierto es que los nicas ya le perdieron el miedo a ese gobierno. Existe un descontento contra Ortega en más de 90 por ciento de la sociedad. Sobre el Diálogo Nacional, sabemos que es una iniciativa que la Conferencia Episcopal de Nicaragua convocó, en su carácter de mediadora, para que tanto el gobierno, como quienes participan en las coaliciones que integran la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pudieran hallar alternativas no violentas ante la crisis socio-política en Nicaragua. Estudiantes, movimientos campesinos, sindicatos e intelectuales se presentaron al diálogo con una serie de 40 opciones que se dirigen a una refundación del Estado y al adelanto de elecciones generales propuestas para marzo de 2019. Sin embargo, el gobierno se ha mantenido con la idea firme de que primero debían quitarse los tranques (retenes), pues los reclamos del sector gubernamental insisten en el tema de ellos y la obstrucción que éstos generan para la economía nacional. Incluso se afirmó que la Alianza lo único que desea es un golpe de Estado suave contra el Gobierno de Reconciliación orteguista. mediante la defensa de sus derechos frente a un poder dictatorial ya tambaleante, los nicaragüenses buscan una victoria definitiva. Resulta además necesario apuntar un último aspecto: la Iglesia, asumiendo un papel de garante en el diálogo, se ha destacado por su apoyo firme al proceso de paz. Monseñor Báez, obispo auxiliar de Managua, y monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, por conducto de su defensa del pueblo y su denuncia al gobierno, han encarnado un ejemplo de cristianismo liberador. Si tomamos en cuenta la presión interna y el desprestigio internacional que Daniel y Rosario se han ganado por sus inhumanas acciones, sería oportuno decir que su gobierno autoritario está llegando a su fin. Se hace oportuno entonces que las distintas expresiones populares disciernan colectivamente el mejor camino para encontrar una solución pacífica al conflicto, y una alternativa política viable a la situación actual. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Katie Simmons [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La sociedad civil en la nueva transición
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En la sociedad civil, como en cualquier ámbito social, hay diversas orientaciones políticas e ideológicas que en la historia reciente del país se han expresado. En tiempos de reconciliación, aún de aquello que no sabemos si estuvo confrontado, es útil proponer varias aclaraciones. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 07 de julio de 2018 Miguel Concha Todo indica que iniciaremos una etapa de cambios en la vida pública. La demanda social expresada en las urnas; la oferta de cambios de fondo, y la obsolescencia de los modelos económico y político, así lo anuncian y lo hacen necesario. No sabemos sin embargo qué tan hondo se avanzará. Está el objetivo, pero falta aún el programa para realizarlo. El rezago político no permitió que las compañas fueran la ocasión para discutir los cómo, pero claramente tenemos el qué. Y por ello en este tiempo oportuno para el cambio necesitamos responder a la pregunta ¿cuál es el papel que le toca a la sociedad civil? Respuesta indispensable, porque quedaron en el aire temas surgidos a partir de la expresión desconfío de todo eso que llaman sociedad civil. En tiempos de reconciliación, aun de aquello que no sabemos si estuvo confrontado, es útil proponer varias aclaraciones. La primera es que en la sociedad civil, como en cualquier ámbito social, hay diversas orientaciones políticas e ideológicas que en la historia reciente del país se han expresado. La sociedad civil que se hizo visible en la solidaridad con los damnificados del sismo en 1985; la que propició el diálogo como salida al levantamiento indígena en Chiapas, estableciendo un cinturón de paz y una conferencia civil por la paz, entre otras iniciativas; la que logró el reconocimiento de la institución autónoma de derechos humanos y la independencia del Ejecutivo del órgano electoral, era ésa en la que predominaba el compromiso con lo popular y con los derechos económicos y sociales. Después del 2000 aparecieron nuevas agendas que destacaron la lucha contra la corrupción, el mejoramiento de la administración e impartición de justicia y la seguridad. Cada una con sus aliados y sus preferencias políticas, enfatizaron los derechos civiles y políticos. En una perspectiva de integralidad de derechos ambas son legítimas y en una de interdependencia de los derechos las dos son necesarias, pues no se pueden pensar las libertades sin la igualdad y viceversa. Además, en una perspectiva de autenticidad de los comportamientos concretos, éstos dependen de la argumentación, los resultados, la independencia respecto a los poderes y la sujeción al escrutinio social. Con el concepto de sociedad civil se comprende a todos aquellos que luchan por un cambio para democratizar la vida pública; por la justicia, el bienestar y el reconocimiento de la diversidad. Por ello le toca ser no aliada, sino punta de lanza de los cambios. Y por ello quienes tienen poder de decisión y comparten la vocación de cambio tendrán que escuchar e interactuar corresponsablemente. Lo que quiere decir, cada quién con su responsabilidad en la construcción del programa para el cambio que ordenó la sociedad mexicana. Habrá ocasiones para demostrar que esta corresponsabilidad es posible. Propongo cuatro. 1) El 31 de mayo próximo el Ejecutivo tendrá que enviar a la Cámara de Diputados la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Pero a diferencia de los sexenios anteriores ésta será la primera vez en que el Legislativo no sólo lo conocerá, sino que también lo aprobará. La mayoría del partido del Ejecutivo en el Congreso le asegura la aprobación, pero será la ocasión para demostrar que hay un real aprecio por la opinión de la sociedad, oyendo y tomando en cuenta sus propuestas. Como condensación clara del cambio, para ello la sociedad civil deberá pugnar por un gobierno y un parlamento abiertos. 2) Se demanda el fin de la corrupción. El diagnóstico del candidato triunfante se centró en ella. Hay instrumentos surgidos no sólo del gobierno anterior, sino con la participación de la sociedad civil, que se diseñaron para combatirla. El nuevo gobierno tendrá que manifestar su decisión de consolidar el Sistema Anticorrupción, y con ello de paso diferenciarse del anterior, el cual fue omiso en cumplir con el acuerdo legislado. 3) La corrupción es resultado de otros problemas, de la impunidad ciertamente, y ésta a su vez de la falta de equilibrio entre poderes. Los beneficios de una reforma del régimen político, que asegure independencia y redistribución de funciones entre ellos, trascenderán sin duda al periodo de gobierno por iniciar. Éste tiene la responsabilidad y la oportunidad única de impulsarla. Dado que el próximo presidente tiene la mayoría en el Congreso, no podrá prestarse a interpretaciones de que semejante reforma tendría dedicatoria. No sabemos si más adelante se repita esta convergencia. Por ello la sociedad civil debe poner el tema en la agenda pública. 4) El mandato social es de cambio, de fin de la corrupción. Es necesario, pero no suficiente para cambiar. La demanda de cambio es también de mejores condiciones de vida, de empleo, de seguridad social, de recuperación del campo, de mejor educación. Recuperar la agenda de los derechos sociales, relegada por la violencia y la opacidad, será otra tarea de la sociedad civil ante el posible cambio de régimen en el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Scott Campbell [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Primer balance poselectoral
La Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia centró sus esfuerzos en convocar ampliamente a participar en las acciones de observación electoral con el propósito de que estuvieran presentes el 1 de julio en distintos lugares de la República Mexicana. Sábado 14 de julio de 2018 Miguel Concha Hoy México celebra que la participación y organización ciudadana en las pasadas elecciones fueron inéditas y multitudinarias. Más aún, que la voluntad expresada por el pueblo en la jornada del 1º de julio fue respetada, aunque todavía con algunos problemas que deben atenderse para que la labor de las instituciones electorales en el país sea más efectiva. Una prueba de la copiosa organización social para incidir en esta coyuntura fue sin duda la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD). Al término de sus labores de observación electoral en campo, desde la RUCD también se ha comenzado a plantear cuál será su papel en la construcción de una democracia real en México, más allá de la coyuntura del proceso electoral 2018. Tras la jornada electoral, y en el marco de la pendiente calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las y los integrantes de la Red analizan posibles caminos para continuar exigiendo el respeto a la voluntad popular, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en los procesos de democratización real y efectiva, y coadyuvando desde espacios sociales y académicos en un cambio de régimen político. Recordemos que la RUCD se fundó en el marco de una reunión en la que integrantes de la academia universitaria, tanto nacional como internacional, y representantes de organizaciones de la sociedad civil –entre las que se encontraba el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC OP– fueron convocados por el programa de la Universidad Nacional Autónoma de México Diálogos por la Democracia. Proceso del cual me ocupé el 7 de abril de este año en esta columna. Este primer encuentro giró en torno a las preocupaciones respecto del proceso electoral que habían sido expuestas y analizadas por varias de las personas presentes en la Conferencia Internacional: Democracia y autoritarismo en México y el mundo, de cara a las elecciones de 2018. Un mes después de este primer encuentro, en marzo, y mediante una primera conferencia de prensa, se presentaron las acciones estratégicas de observación y denuncia que se tomarían en relación con el proceso electoral. Fue así como por medio de un pronunciamiento conjunto que evocaba a las cerca de 200 personas y ocho organizaciones firmantes para la fundación de la RUCD, se dieron a conocer las tres principales líneas de acción de cara a las elecciones: movilizar una vasta red de observadores y observadoras nacionales e internacionales desde la etapa de veda hasta las fechas de los conteos distritales (28 de junio-5 de julio); denunciar de manera sistemática ante las autoridades electorales y en medios de comunicación las irregularidades y delitos electorales cometidos durante el proceso, y promover de forma activa la participación ciudadana a lo largo del proceso. Algunos integrantes de la Red comenzaron a realizar en los meses siguientes estrategias de actuación en torno a la observación electoral en un sentido amplio, de manera que, con la finalidad de formar alianzas estratégicas de apoyo mutuo y denuncia conjunta, fue necesario acercarse a otras iniciativas ciudadanas. Entre los proyectos con los que la RUCD ha colaborado de forma cercana se cuentan la Red Rompe el Miedo; Observación que sí Cuente, promovida por la Universidad Iberoamericana, y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. A lo largo de los dos meses siguientes se mantuvieron igualmente reuniones en las instalaciones del Centro Universitario Cultural, en las que varios de los participantes en la Red han estado presentes para ahondar en los análisis en relación con la importancia de velar por el respeto a la voluntad popular, y por la integridad y legitimidad del proceso electoral. En este sentido, y tomando en cuenta los tres ejes de acción mencionados, la Red centró sus esfuerzos en convocar ampliamente a la ciudadanía nacional e internacional a participar en las acciones de observación electoral con el propósito de que estuvieran presentes el 1º de julio en distintos lugares de la República Mexicana, y antes de la jornada para prepararse y poder fungir como un actor importante, que si bien no puede intervenir en forma directa, sí puede con su sola presencia inhibir las acciones fraudulentas e ilícitas. Situación que experimentó la RUCD en su ejercicio de observación in situ. Con enlaces en 24 estados de la nación y despliegue de brigadas en cuatro entidades: Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México y misiones especiales en tres más: Chiapas, Tlaxcala y Veracruz. Así, con el apoyo de alrededor de un centenar de visitantes internacionales, la RUCD ha podido constatar la histórica participación ciudadana en la jornada del 1º de julio pasado, y cómo, a pesar de las distintas prácticas ilícitas y presuntos delitos electorales que documentó y que deben corregirse, es posible afirmar que la voluntad manifestada por una vasta mayoría del pueblo mexicano por medio del voto fue respetada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : José Luis Granados Ceja
