Deudas con los periodistas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los ataques que padecen, la estigmatización que los discrimina, la criminalización que sufren, las amenazas, los altos índices de homicidios y la desaparición forzada, representan la amenaza más desafiante a la libertad de expresión en el país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 30 de junio de 2018 Miguel Concha México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Oficialmente, desde 2010, 73 periodistas han sido asesinados y 12 han sufrido desaparición forzada. Además, se registraron otros 44 intentos de asesinato. Estas alarmantes cifras tuvieron como consecuencia que en diciembre de 2017, tras la invitación del gobierno mexicano, tuviéramos la visita histórica de dos relatores del sistema universal y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos: el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes visitaron el país para analizar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos para con los periodistas. Luego de su visita, el pasado 11 de junio publicaron su informe final. En él destacan con preocupación la grave crisis de seguridad e impunidad que hay en México, así como el debilitamiento del Estado de derecho y de su gobernabilidad. Apuntaron que el homicidio, las agresiones físicas y amenazas, así como las desapariciones forzadas, son un grave problema que demuestra el panorama catastrófico en contra de los periodistas en el país, lo que ha logrado silenciar la libertad de expresión en México. Más de 12 comunicadores fueron asesinados en 2017, incluyendo a Miroslava Breach Velducea y a Javier Valdéz Cárdenas, periodistas cuyo trabajo de investigación y documentación constituyó la fuente principal para la labor de visibilización de las víctimas de desplazamiento interno que ha realizado en años recientes la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Como destacaron los relatores, a esta situación dramática se le añade el grave contexto de impunidad, pues 99.6 por ciento de los delitos contra periodistas aún no han sido esclarecidos. Los especialistas consideraron en su informe como inadmisibles estos niveles de impunidad, pues incluyen una falta de independencia de las autoridades locales, altos índices de temor, desconfianza de las víctimas y sus familiares, carencia de investigaciones eficientes y falta de preservación de la evidencia, entre otros problemas. En consecuencia, instaron a México a remplazar este paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, juzgamiento y vigilancia, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Destacaron igualmente el caso del desplazamiento interno forzado, que también afecta a los periodistas. Los relatores reconocen que los comunicadores víctimas de esta dramática situación no reciben ayuda por parte del Estado. Señalaron que las medidas de protección que les otorgan no son suficientes cuando se desplazan a otra entidad, muchos abandonan a sus familias y tienen dificultades para realizar su labor periodística en el nuevo estado. Como mencionan los relatores, en definitiva, no existe una estrategia adecuada para periodistas desplazados, ni garantías para asegurarles un retorno seguro o para reubicarlos adecuadamente. Con el fin de tomar medidas para su regreso seguro o, cuando esto no sea viable, medidas para integrarlos en una nueva comunidad; para el caso de periodistas desplazados, los relatores recomendaron fortalecer el mecanismo de protección. Por considerar el impacto negativo que tiene sobre el acceso a la información y las tareas de supervisión que otorga a las fuerzas armadas, y por las facultades que les atribuye sobre el uso de la fuerza en manifestaciones y protestas, así como las implicaciones que tiene en temas de facultades de inteligencia que también les brinda, es muy importante que los relatores hayan expresado su preocupación por las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, y que hayan instado a las autoridades a derogarla. La definición amplia y ambigua de seguridad nacional de dicha ley despertó también la preocupación de los relatores, quienes señalaron que estas disposiciones suponen un retroceso sobre los avances en temas de transparencia y acceso a la información en el país. En conclusión, México tiene una inmensa deuda con los periodistas. Como destacan los relatores, los ataques que padecen, la estigmatización que los discrimina, la criminalización que sufren, las amenazas, los altos índices de homicidios y la desaparición forzada, representan la amenaza más desafiante a la libertad de expresión en el país. Luego de este informe, y de cara a un nuevo sexenio, confiamos en que las autoridades realicen trabajos sustantivos para fortalecer el trabajo de los periodistas, tomen medidas efectivas y reales para combatir la impunidad, y reconozcan que la libertad de expresión es fundamental para la preservación de la democracia en México. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eduardo Jiménez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Cuestionamientos juveniles abiertos
El horizonte de las preguntas de las y los jóvenes apuntan directamente a un cuestionamiento frontal y global del régimen político existente, del modelo neoliberal predominante y de la oligarquía. Sábado 23 de junio de 2018 Miguel Concha En las próximas elecciones presidenciales estarán llamados a votar 25 millones de jóvenes; lo cual equivale a un tercio del padrón electoral. En un país signado por la desigualdad, la corrupción, la violencia, la falta de democracia y la ausencia de oportunidades para la juventud, resultan revitalizadores los esfuerzos críticos que provienen de dicho espectro de la sociedad y ponen el acento sobre temáticas que, infelizmente, no se han discutido a profundidad por los candidatos a la Presidencia. La iniciativa ¿Quién sacará a México de la barbarie? 73 preguntas que los candidatos presidenciales no se atreven a responder, difundida por medio de un video (https://bit.ly/2t5D1rT) y una petición en change.org (https://bit.ly/2sWcSMM), es un esfuerzo que resulta destacable en varios sentidos. En primer lugar por sus emisores, quienes en su mayoría son jóvenes de diversas profesiones y condiciones. Este grupo expresa la urgente necesidad que tiene la juventud, y diversos sectores de nuestra sociedad, por consolidar espacios autónomos de acción y discusión política ante la adversidad y la falta de representación en las instituciones y los partidos políticos. Y por apuntar de manera central a la impunidad y el cinismo con los cuales las instituciones se manejan en nuestro país. De hecho, el inicio del texto, dedicado a cuestionar la candidatura de Meade, comienza de esta manera: ¿es posible olvidar los grotescos casos de Odebrecht, la estafa maestra o la casa blanca? ¿Acaso un discurso repetitivo puede borrar la indignación y la memoria de los casos de los Duarte, los Yarrington, los Herrera? En ese mismo tenor, y cuestionando el discurso de Ricardo Anaya, se menciona: ¿Cómo pueden ofrecer justicia y respeto a los derechos humanos sin condenar y hacer justicia en el caso Tlatlaya? ¿O en Apatzingán? ¿Cómo pueden hacer robustos discursos sin mencionar la palabra feminicidio? Y nos preguntamos –añaden–, ¿Cómo pueden los candidatos ir repartiendo abrazos sin nombrar las palabras que indignaron a miles y miles de personas? ¿Recuerdan esos lugares? ¿Guerrero? ¿Iguala? ¿Ayotzinapa? La iniciativa resulta también vital por su contenido, ya que aborda temas que en el marco de la coyuntura electoral no se han discutido: ¿No hablarán nada sobre los cientos de conflictos por el despojo de tierras, agua y bosques que sufren los pueblos indígenas en todo el país? ¿Será que las responsables del despojo son las mismas empresas a las que llaman con vehemencia para que inviertan en México? Como en otras ocasiones, es la juventud la que atina en colocar el lente de la crítica en la ausencia de derechos para sectores marginados: ¿No les merecen ni siquiera una mención las formas de gobierno de los pueblos indígenas que hoy existen en muchas partes de la nación? ¿Olvidan que el Estado mexicano se comprometió a reconocer sus derechos como pueblos indígenas? ¿Seguirán ignorando ese compromiso? ¿Podrían enunciar sin balbucear los derechos de las mujeres? ¿Por qué evaden nombrar a las personas discriminadas por su género y su identidad sexual? En el caso de los cuestionamientos lanzados al candidato de Morena conviene destacar que la crítica proviene desde una lógica antisistémica: ¿López Obrador realmente cree que la corrupción existente puede desmontarse con el ejemplo? ¿O que los problemas del país pueden reducirse a la corrupción, sin afectar la obscena concentración de la riqueza? ¿Por qué cree que es posible establecer alianzas progresistas con sectores de la mafia en el poder y con algunos de los grandes empresarios? ¿Por qué pactar con el gran capital? ¿Por qué pactar con la derecha ultraconservadora? ¿Un gobierno de izquierda puede someter a consulta los derechos humanos? Para poder emprender algún tipo de cambio, ¿no cree necesario refundar por completo las instituciones mexicanas? En términos generales, los elementos enunciados hasta aquí apuntan directamente a un cuestionamiento frontal y global del régimen político existente, del modelo neoliberal predominante y de la oligarquía. Dicho horizonte, en mi opinión, es vital para emprender un cambio desde la raíz para nuestra sociedad. Finalmente, este saludable ejercicio apunta a continuar el esfuerzo mostrado por las movilizaciones sociales de los años recientes. Hemos sido –dicen– miles las personas que salimos a las calles en contra de las desapariciones forzadas; las violencias machistas; los fraudes electorales y el maíz transgénico, igual que en oposición a la reforma educativa y la minería extractivista. Miles hemos gritado e inundado las calles para exigir justicia por los bebés de la guardería ABC; por los migrantes desaparecidos y asesinados; por Atenco; por Nochixtlán; por Mara; por Lesvy y los cientos de feminicidios; por memoria, verdad y justicia para Pasta de Conchos, Aguas Blancas y Acteal. Por los estudiantes de Ayotzinapa y de Guadalajara. ¿No es acaso necesario seguir luchando? Quienes firmamos esta carta –concluyen–, pensamos que es esta última pregunta la única que tendrá respuesta. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Armando Simonin
Alianza por la tortilla
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestras manos está la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos pues nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de junio de 2018 Miguel Concha Cuando se habla de alimentación, pocas veces se piensa que ésta sea una cuestión de derechos humanos, y, por ende, de legislación y política pública que atienda las obligaciones del Estado para garantizarla y protegerla. Esto es de suma importancia y urgencia, dado que actualmente se observan graves afectaciones a la salud de la población, como el incremento de la obesidad, la desnutrición y la diabetes, por mencionar algunos de los padecimientos más comunes. En la dieta de los mexicanos siempre ha existido un consumo considerable de alimentos preparados a base de maíz, siendo la tortilla el más ordinario. A pesar de ello, en el panorama nacional podemos observar desgraciadamente el gradual abandono de la dieta tradicional mexicana y de tradiciones culinarias cuya base es el maíz. Que bien podría llamarse el alimento milenario de México y de toda la región mesoamericana. Para la elaboración de tortillas es necesario que el maíz pase por un proceso llamado nixtamalización, que se lleva a cabo desde hace 3 mil 500 años aproximadamente, y consiste en la cocción del maíz con agua y cal para obtener así el nixtamal, el cual se muele para dar origen a la masa de maíz. Se ha comprobado científicamente que este proceso da lugar a cambios nutricionales en la tortilla, aumentando hasta 30 veces la cantidad de calcio, dando como resultado un alto valor nutritivo a nuestras tortillas nixtamalizadas, pues también son fuente de fósforo, hierro, zinc, fibra y proteínas, así como de vitaminas B1, B2 y B3. Pero, ¿qué pasa cuando el proceso de elaboración de la tortilla no se da de esta forma? Lo primero que notamos es un cambio sensible en su sabor, ya que al incluir productos procesados en su elaboración, o al ser resultado de algún tipo de maíz transgénico, pierde las propiedades naturales que la caracterizan, disminuyendo con ello su sabor original y sus propiedades nutritivas, llegando incluso a generar a largo plazo daños en el organismo a causa de los tóxicos que contiene. Ello no obstante, son pocas las veces en las que nos ponemos a pensar de dónde provienen las tortillas que consumimos. Algo realmente alarmante, pues gran parte de ellas contienen harinas procesadas, o dejan de ser completamente provenientes del maíz nativo y criollo, pues los cultivos son por lo general transgénicos, aunados muchas veces al uso de insecticidas y pesticidas. Todo esto ha sido de poca o nula importancia para el Estado, que no ha llevado a cabo acciones para difundir la información acerca de la procedencia, ingredientes, procesos, aditivos y sustancias tóxicas de las tortillas industrializadas que se consumen a diario, violentando con ello el derecho a la información que tienen los consumidores para conocer la composición de los productos, sus características, calidad, precio real y riesgos que puedan representar. De igual manera, es importante mencionar que todas las personas que habitamos o transitamos por México tenemos derecho a recibir información por parte del Estado sobre una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y a contar con las condiciones suficientes en el país para producir maíz y tortillas de calidad y libres de riesgos para la salud. Por desgracia hoy en México este derecho a la alimentación y a la tortilla no está siendo garantizado, ya que, como se ha dicho, la tortilla industrializada contiene elementos químicos que generan daños a largo plazo en la salud, tanto de quienes la consumen como de quienes la producen, y daños al medio ambiente y a la biodiversidad. El suelo donde nacen las semillas de maíz, contaminado con agrotóxicos, pone en riesgo la calidad del alimento, así como la vida de los animales que habitan dentro del área. Siendo ésta una de las principales razones para apostar por los policultivos, es decir, cultivos vistos como pequeños ecosistemas, como por ejemplo el sistema milpa, en los que no se cosecha un único producto, sino múltiples, que a su vez favorecen la diversidad de plantas herbáceas y evitan de esta forma la susceptibilidad que los monocultivos tienen a las plagas, evitando así el uso de insecticidas o pesticidas. Este método, usado por nuestros ancestros se llevaba a cabo con éxito y sin la necesidad de productos ajenos durante su cultivo, pues se pensaba acertadamente que en la naturaleza existía un balance tan armónico y perfecto que no había necesidad de ellos. Por esta preocupación, y por los riesgos a la salud que las tortillas industrializadas pueden causar, por el uso de productos químicos, diversas organizaciones han decidido sumar voces y acciones para defender de la agroindustria al maíz mexicano y evitar la inclusión de productos químicos o procesados durante la elaboración de las tortillas. Y esto, para defender las tortillas que queremos. Quienes integran la Alianza por la Tortilla buscan exigir al Estado que garantice nuestros derechos como mexicanos, y en general como consumidores, toda vez que observamos que no se respeta nuestro derecho a decidir sobre los productos que deseamos consumir y no existe información sobre su procedencia. Debido a la falta de producción de tortillas cien por ciento nixtamalizadas, y a la ausencia de apoyos del Estado a los productores campesinos, se impone otro modelo alimentario. En nuestras manos está también la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural, pues también origina la diversidad gastronómica que poseemos, considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Thomassin Mickaël [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La Ley de Seguridad Interior es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para actuar contra conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de junio de 2018 Miguel Concha El 21 de diciembre de 2017 fue publicada la Ley de Seguridad Interior (LSI), instrumento legal solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional, quien en múltiples ocasiones y de manera pública manifestó la necesidad de que se le diera certeza jurídica sobre el actuar de sus elementos en tareas de seguridad pública. Como ya ha sido ampliamente discutido, la LSI, lejos de dar certeza jurídica a las fuerzas armadas, establece una serie de atribuciones y facultades que por su propia naturaleza cuestionan el carácter civil de la seguridad pública, reconocido por la Constitución (CPEUM). Ante este problema, y muchas otras atribuciones inconstitucionales, organizaciones de la sociedad civil tramitaron amparos que buscaban que el Poder Judicial de la Federación (PJF) determinara si la LSI atentaba contra los derechos humanos. Uno de estos amparos fue el tramitado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), cuya sentencia, emitida el 10 de mayo pasado por el juez octavo de distrito en materia administrativa de Ciudad de México, es un primer e importante paso hacia el posicionamiento del PJF sobre la suerte de la LSI. La CMDPDH y la R3D en su amparo plantearon, de inicio, un tema fundamental que afecta a todas las organizaciones de derechos humanos: la falta de certidumbre sobre el uso que se le dará a la LSI. Es preciso recordar que en México existen muchas organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos. Con esta labor visibilizan públicamente problemáticas que se encuentran ocultas; vigilan y llevan a instancias judiciales de control la actuación del Estado; apoyan y acompañan el derecho de las víctimas a denunciar, e impulsando la vigencia del estado de derecho y detonando transformaciones hacia una sociedad más justa, luchan en contra de la impunidad. Como consecuencia de la inseguridad jurídica de muchas de sus disposiciones, en opinión de la CMDPDH y de la R3D, la LSI viola los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 129, 89 y 129 de la CPEUM, lo cual afecta de manera perniciosa e inhibitoria la defensa de los derechos humanos, en cuanto aumenta el miedo o temor de que las actividades de defensa puedan ser consideradas como riesgos a la seguridad interior. De acuerdo con estas organizaciones, la ley es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para identificar, prevenir y atender de manera permanente conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. Con ello establece obstáculos al acceso a la información, y aumenta los costos de la defensa de derechos humanos, como la vida, la integridad, la propiedad y el territorio, derechos que en el contexto de inseguridad, criminalización y riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las colocan en mayor peligro. Señalaron que estos elementos derivan en un efecto inhibidor indebido de actividades constitucional y convencionalmente protegidas, como lo es la defensa de derechos humanos. Otras acciones inconstitucionales que se derivan de la LSI es lo relacionado con su artículo 51, ya que contraviene el texto que señala que la información pública se podrá clasificar como reservada temporalmente por motivos de seguridad nacional conforme a lo establecido en las leyes de la materia. Además de que todo tipo de información que se genere a raíz de la LSI será considerada de seguridad nacional e incluso podrá ser clasificada como reservada a priori. Ante éste y otros argumentos que se esgrimen en las más de 100 hojas que componen la demanda de amparo inicial, el juez Fernando Silva García ofreció una sentencia que se deben celebrar, ya que encuentra en su principal conclusión que la LSI es inconstitucional, como consecuencia de que dicha ley incorpora a las fuerzas armadas en funciones de seguridad interior en tiempos de paz, en contravención a lo señalado en el artículo 129 de la Constitución. Con una afirmación contundente, el juzgador señaló que la LSI es “una pieza más de un proceso tendente a institucionalizar la militarización de la seguridad pública y seguridad interior del Estado en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada”. Y en el ámbito específico de las afectaciones a la sociedad civil, determinó que tanto la CMDPDH como la R3D pueden cuestionar mediante el juicio de amparo diversos aspectos de la política pública en tareas de seguridad que suponen un riesgo a los derechos humanos. Los efectos de la sentencia son algo que debe considerarse con detenimiento. La CMDPDH y R3D fueron amparadas y protegidas por la justicia de la Unión, por lo cual no pueden ser susceptibles de ningún acto de privación o molestia como consecuencia de la aplicación de una disposición señalada en la LSI. Más importante aún es la determinación de que 13 de los 34 artículos que componen la LSI fueron señalados como inconstitucionales (artículos 4, fracciones I y IV; 6, párrafo primero; 9 y 11, párrafos primero y último; 15, segundo párrafo; 16, 17 y 20, fracciones I, II y III y IV; 21, 22, 26, 30 y 31), poniendo en evidencia las graves consecuencias e impactos que tiene la LSI en el ámbito de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. La sentencia no es perfecta. Adolece de un análisis más profundo ante la ambigüedad de la LSI. Y si bien la batalla por determinar su inconstitucionalidad no ha terminado, ya que aún falta para que estas determinaciones queden firmes, lo que esperamos del PJF y de la participación de la SCJN es una decisión garantista y centrada en un análisis de lo que ha vivido México en años recientes, como consecuencia de la militarización. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Alejandro Melendez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Campañas y políticas públicas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El modelo económico actual ha privilegiado al mercado y anulado la capacidad del propio Estado para atender las necesidades de la población, dejando sin fundamentos la formulación de políticas sociales en el contexto electoral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 26 de mayo de 2018 Miguel Concha Para que la población votante tenga más información y criterios el 1 de julio, la ciudadanía espera que quienes aspiran a la Presidencia comiencen a definir las ofertas al electorado. Entre tanto se han observado distintos esfuerzos por elevar el nivel propositivo de las campañas, con énfasis en los temas de la política social y económica. En su edición de abril , la revista Brújula Ciudadana recoge varias reflexiones respecto a la insuficiencia de las políticas social y económica impulsadas en el país, las cuales impiden salir de la crisis y orillan desde hace décadas a buena parte de la población a vivir en pobreza y cruzar, o intentar pasar, la frontera con Estados Unidos. Un primer tema que merece nuestra atención son los riesgos y amenazas que enfrenta la política social como tal en México. Un artículo de la revista destaca que dicha política se ha vuelto cada día más compleja por su fundamento en concepciones simplistas del modelo económico predominante, que ha privilegiado al mercado y anulado la capacidad del propio Estado para atender las necesidades de la población. Parte del problema, dicen los analistas, está en el error de igualar la política social y los programas diseñados para superar la pobreza. Quienes igualan la política social y dichos programas, se escudan en la supuesta falta de capacidad de las personas para aprovechar todas las oportunidades abiertas por el libre mercado. Este pensamiento no ha hecho más que degradar el nivel de vida de la población, agudizar el problema de la desigualdad y la discriminación y, al mismo tiempo, generar el caldo de cultivo para la violencia crónica que se ha expandido por todo el país. Son políticas para administrar la pobreza, no para superarla. La referencia es directa a los programas de transferencia monetaria focalizados, que fomentan el individualismo al tiempo que desmantelan las visiones colectivas, comunitarias y solidarias. Un segundo tema que llama la atención es la política salarial, que en uno de los artículos de Brújula Ciudadana se describe como una antipolítica social, porque va en sentido contrario a la dignificación del trabajo, desincentiva a la juventud y mantiene en la pobreza a gran parte de las familias del país. Pese a los escasos o nulos resultados de la política social, es preocupante observar cómo han proliferado los programas sociales. Los datos de Coneval señalan que existen más de 6 mil 400 programas de este tipo en los tres niveles de gobierno. Además de los problemas ya apuntados, la mayoría funciona en total desarticulación y es común que se dupliquen, haciendo que algunas personas se benefician de varios servicios o apoyos, mientras otras no reciben ni uno. A todo ello se suma la facilidad con que la clase política utiliza los programas sociales en tiempos electorales para ampliar o mantener sus clientelas a nivel nacional. Se trata de una de las manifestaciones de la corrupción más arraigadas en las estructuras partidarias que resisten a cualquier tipo de blindaje, como en más de una ocasión se ha intentado, porque cada año se destinan a ellos millones, y su verificación se ha hecho muy difícil hasta hoy. De esto da cuenta el reportaje titulado La Estafa Maestra, que rastrea el destino de los fondos aprobados para la Sedesol en 2013 y 2014. Otro de los textos de la revista profundiza en el tema salarial, y explica cómo el modelo de crecimiento económico predominante en México ha fomentado tres grandes problemas: una caída de la ocupación en el campo de casi 1.7 millones de personas; la ampliación del sector dedicado a actividades por cuenta propia, y el flujo de migrantes hacia el país del norte. No sólo eso, la población que tuvo la suerte de tener un empleo, se tuvo que contentar con negocios de muy baja productividad (micronegocios), en contraste con las proyecciones que se tenían de que se ubicarían en empresas más modernas del sector exportador. A esto se le denomina precarización del empleo. Un problema al que también ha contribuido la liberación de los mercados y la inserción de México en el mercado global. Al depender de la exportación de manufacturas y de tratados comerciales como el TLCAN, México ha consolidado una política laboral que tiene como fundamento principal el deterioro planeado de la calidad del empleo para atraer y preservar inversiones. En este contexto de desigualdad social también puede uno referirse al tema de la política educativa, que debería ser uno de los pilares para generar mejores condiciones para el desarrollo personal y la dinámica social. Según otro artículo de Brújula Ciudadana, los esfuerzos que un gobierno tiene que hacer en el área de la educación deberían concentrarse en el desarrollo profesional del magisterio y el fortalecimiento de la escuela pública. Sin embargo, la política educativa en México se desvió de esas metas y se pusieron todos los esfuerzos en una reforma educativa que padece tres grandes problemas: le asignó a la evaluación una función correctiva que intenta resolver problemas de naturaleza administrativa y política, con lo cual se alentó la simbiosis SEP-SNTE; no se ha planteado en la administración Peña Nieto cómo mejorar la calidad educativa en los centros escolares, y uno de los puntos de partida de la reforma ha sido la desconfianza hacia los docentes, la escuela y las autoridades de los estados. Urgen más acciones sistemáticas educativas y menos publicidad envolvente. Poner el acento en la necesaria reorientación de los programas sociales y las políticas salarial y educativa, es un desafío importante que no debe soslayarse. Por el contrario, se requieren más esfuerzos para que las campañas electorales trasciendan los espots, y se asuma en serio la discusión de los temas nacionales y sus soluciones. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eneas De Troya [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Recomendación en el caso Lesvy
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La CDHDF ha confirmado violaciones a derechos humanos y la falta de debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, así como la negligencia en la atención a sus familiares. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 19 de mayo de 2018 Miguel Concha La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHDF), por medio de su presidenta, Nashieli Ramírez, dio a conocer el pasado 2 de mayo el contenido de la recomendación 01/2018 sobre la falta de debida diligencia reforzada en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, y la negligencia en la atención a sus familiares. Las autoridades responsables por estas violaciones a los derechos humanos son la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX), el Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPCDMX). La debida diligencia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres se traduce en la exacta aplicación del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio, así como en el uso de la perspectiva de género en cada caso. La CDHDF acreditó con rigor la aplicación negligente de las normas de protección existentes; la resistencia a investigar por razones de género; la revictimización del afectado y su familia; el mal manejo del lugar del hallazgo; la pérdida de evidencia; la falta de análisis de contexto; la obstaculización para que la sociedad y los familiares de Lesvy puedan conocer la verdad; la obstrucción para el acceso al expediente y, por consiguiente, acreditó de manera fundada la violación al derecho al debido proceso, el acceso a la justicia y al derecho a la verdad, el derecho a la integridad personal, todos ellos con enfoque de derechos humanos, en relación con el derecho a la memoria de la persona fallecida, y a derecho a la intimidad y la vida privada con perspectiva de derechos humanos. La familia de Lesvy y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria aportaron toda la información disponible para la debida integración del expediente, y facilitaron a cada momento la comunicación y el acompañamiento de la Comisión. El documento contiene un exhaustivo análisis del caso y 18 puntos recomendatorios que a continuación enumeramos, en parte: 1) Indemnización a las víctimas por daño material e inmaterial. 2) Rehabilitación de las víctimas, lo cual se traduce en proporcionarles atención médico-sicológica especializada. 3) Investigar a las autoridades que actuaron de manera negligente en la investigación penal, así como en la atención a las víctimas. 4) Implementar un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreoen la aplicación del Protocolo de Actuación Policial para la Preservación del Lugar de los Hechos, o del Hallazgo y Cadena de Custodia. 5) Contar con un sistema de información que permita determinar la efectividad del servicio que presta el personal ministerial, policial, pericial y de atención a víctimas, que interviene en investigaciones relacionadas con violencia contra la mujer y muertes de mujeres. 6) Actualizar, conforme al Sistema Penal Acusatorio, y para hacerlo más efectivo en la persecución y sanción de la violencia contra las mujeres, y en específico en materia de presuntos feminicidios, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, utilizando para ello la perspectiva de derechos humanos, con un enfoque de género diferenciado y atención a víctimas y sus familiares, con respecto a su dignidad y necesidades. 7) Revisión y actualización de la Guía Técnica para la elaboración de necropsias en caso de Feminicidios. 8) Realizar una jornada cultural que promueva las expresiones artísticas de interés para la población juvenil, cuya finalidad sea promover el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y específicamente, en honor a Lesvy, la temática del feminicidio. 9) Llevar a cabo una disculpa pública a las víctimas por los agravios sufridos. A partir de su legal notificación, las autoridades responsables cuentan con 15 días hábiles para responder a este llamado y definir si aceptan o no la recomendación. Aún nos encontramos dentro de ese periodo. El impacto que tendrían el reconocimiento de responsabilidad y el compromiso de la PGJCMDX, el TSJCDMX y la SSPCDMX en el cumplimiento de las medidas que les fueron indicadas, indudablemente se traduciría en asegurar a las mujeres que viven y transitan por la capital el acceso a una vida libre de violencia con un poderoso mensaje: se aplicarán las normas vigentes conforme al estándar más alto, y no habrá impunidad para los servidores públicos que no actúen conforme a la ley. De conformidad con el informe La Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, de la ONU-Mujeres, en 10 años, la violencia feminicida ha cobrado la vida de más de 23 mil 800 mujeres en el país. Actualmente, la incidencia asciende a ocho mujeres al día. Su atención requiere del compromiso, colaboración y coordinación de todas las autoridades y la sociedad. ¿Cuándo vamos a empezar a restar y no a sumar?, decía la madre de Lesvy, Araceli Osorio, durante la develación de la placa que en memoria de su hija fue develada el 4 de mayo en Ciudad Universitaria, refiriéndose a esta cifra atroz. Esa pregunta nos la hacemos todos. Allí está el nodo de lo que queremos. La consigna de los colectivos feministas y de mujeres #NiUnaMás, #NiUnaMenos se traduce en que comience a bajar la cifra, hasta llegar a cero. Cero muertes de mujeres por la expresión más violenta de discriminación en su contra. Ese es el indicador más claro de que las autoridades hacen su trabajo. Y en ello también depositamos nuestros esfuerzos y esperanzas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Amenazas contra el derecho a comunicar
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos al aprobar reformas mediante procesos irregulares, sin transparencia ni consulta. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 12 de mayo de 2018 Miguel Concha El 26 de abril, el Senado de la República aprobó intempestivamente una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, por la cual se adiciona el artículo 213 bis y un segundo párrafo al artículo 215, que supuestamente tiene como objetivo brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permita la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos. A pesar de estos argumentos, las modificaciones han sido denunciadas por la falta de claridad en sus preceptos y un ejercicio legislativo poco transparente. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización social especializada en temas de libertad de expresión e Internet, se pronunció en contra, utilizando para ello el hashtag #MadrugueteAInternet, y un pronunciamiento en el que señaló que se le otorga la facultad a cualquier tribunal de ordenar que una comunicación pública sea censurada, y que los servidores, enrutadores u otros instrumentos sean asegurados sin que medie investigación u orden judicial. Denunció, además, la falta de discusión previa en Comisiones legislativas, y sin llevarse a cabo un proceso de consulta abierto en el Congreso de la Unión (https://bit.ly/2I6fsFF). En efecto, dentro de un proceso que fue calificado como irregular por diversos medios de comunicación y organizaciones, debido a la nula convocatoria y falta de consulta, la reforma se aprobó con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones. Esta iniciativa tiene sus antecedentes en 2015, cuando luego de la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados, se dio a conocer la propuesta de la diputada del PRI Araceli Guerrero Eruviel. En 2016, este dictamen se tornó a la Cámara de Senadores, donde supuestamente quedó para su análisis y debida dictaminación en Comisiones. No obstante, por iniciativa del PRI y del PVEM y de senadores como Javier Lozano y Ernesto Cordero, el proyecto se retomó hasta abril del presente año. Senadores distintos a esos partidos señalaron que no se les convocó a sesión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y que tampoco existió una convocatoria, con el tiempo necesario, para su análisis. Por la falta de claridad en todo el proceso legislativo, señalaron también un dejo de impunidad y corrupción procesal; incluso algunos denunciaron que se intentó que firmaran el dictamen sin que pasara por un debate serio y abierto. Resulta cuestionable que la aprobación de la reforma se haya dado de manera tan rápida después de estar dos años en espera, sin participación ciudadana, y en un contexto electoral que bien podría beneficiar a algunos poderes fácticos que buscan censurar y lastimar derechos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de la verdad. Tampoco se consideraron los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema, como la tesis de junio de 2017, relacionada con que la protección de derechos de autor no justifica en sí y por sí misma el bloqueo de la página web, y que estas prohibiciones no se consideran constitucionalmente válidas, salvo situaciones excepcionales (https://bit.ly/2KOeYWr). Entre los puntos críticos de la reforma destacan las medidas que pretenden contrarrestar las violaciones a los derechos de autor, las cuales permitirían la suspensión de la representación, comunicación o ejecución públicas, el embargo de las entradas o ingresos y el aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos, con poca claridad en la interpretación de estas acciones, y limitando el derecho a la libertad de expresión. Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos, como el libre acceso a la información por cualquier medio, sea físico o digital. Intento claro y manifiesto con la aprobación de todo el paquete de medios en semanas recientes. Recordemos que en esos mismos días se aprobó en términos similares la ley relacionada con la publicidad oficial, de la que me ocupé en La Jornada el pasado 14 de abril, aprobada igualmente de manera rápida e intencionada, mediante procesos legislativos irregulares, sin transparencia y sin consultas ni participación de actores importantes. El ejercicio de la libertad de expresión, la existencia de medios libres y confiables, y el acceso a diferentes medios de comunicación e información, son necesarios para el fortalecimiento de la democracia. Acciones violatorias como las reformas recién aprobadas, que benefician a monopolios de comunicación y control, y a grupos de poder con intereses particulares deben, sin duda, denunciarse. Y por ello las organizaciones de la sociedad civil buscarán impulsar un juicio de amparo, y vía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y posiblemente también por medio de un grupo de legisladores, acciones de inconstitucionalidad, para ir en contra de esta reforma. Además, es importante evidenciar que existen fallas internas que reflejan la impunidad existente en todas las esferas gubernamentales, incluso en el Poder Legislativo. Fallas que como puede observarse en este caso, derivan de bancadas dominantes y falta de apertura por parte de los legisladores. Dada la falta de legitimidad del proceso legislativo para aprobar esta reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, el Ejecutivo Federal debiera abstenerse de publicarla, para que se reponga el proceso en el Congreso. De lo contrario, son más que oportunas todas las acciones legales en su contra. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Rick Payette [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Premio Don Sergio 2018
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El acceso a la justicia, tras los feminicidios y la defensa de la tierra y el territorio, fueron las luchas que este año cobijó el Premio, entregado el pasado 21 de abril en Cuernavaca. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 05 de mayo de 2018 Miguel Concha El Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo tiene desde 1992 el objetivo de reconocer el trabajo de personas luchadoras sociales, y el de destacar el compromiso que Don Sergio, VII Obispo católico de Cuernavaca, historiador mexicano y teólogo de la liberación, tuvo con la defensa de los derechos humanos en México, América Latina y el Caribe. Como cada año, las organizaciones y personas convocantes tienen el arduo compromiso de distinguir a una persona y a una organización ganadoras, teniendo en cuenta el análisis de cuatro ejes: la coyuntura actual de México, la visibilidad de la persona o agrupación, la temática que trabajan y su trayectoria. Este año fueron postuladas 11 agrupaciones y siete personas; Irinea Buendía Cortés fue galardonada en la categoría individual, y en la grupal, los Defensores del Agua del Pueblo Indígena Náhuatl, de San Pedro Tlanixco. De nueva cuenta el premio, en su edición 26, reconoce el trabajo y la defensa de los derechos humanos desde abajo. Doña Irinea, por ejemplo, es madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010. A raíz del asesinato de su hija, esta mujer realizó con tesón una investigación de manera autodidacta para esclarecer los hechos de la muerte de su hija. De esta manera se especializó en derecho y criminalística, con lo cual pudo desmentir las pruebas que se construyeron para armar la teoría oficial de un suicidio, cuando en realidad se trató de un feminicidio. El caso fue tan indignante, que en septiembre de 2013 llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), constituyéndose en un precedente histórico, pues fue el primer caso de feminicidio atraído por el máximo tribunal de justicia en México. En efecto, en 2015 la SCJN resolvió que las instancias correspondientes del gobierno del estado de México debían realizar, nuevamente, con la debida diligencia, las investigaciones, considerando la perspectiva de género (Sentencia 554/2013) y siguiendo la línea de feminicidio. Los Defensores del Agua del Pueblo Indígena Náhuatl de San Pedro Tlanixco, Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, defienden su derecho a la justicia y el derecho humano al agua. Desde la década de los años 80, cuando llegaron a su municipio en Villa Guerrero empresas floricultoras, la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido su lucha. El río Texcaltenco, que nace en San Pedro Tlanixco, fue entonces concesionado por la Comisión Nacional del Agua a empresarios floricultores, impidiendo con ello el acceso al agua de la comunidad, a pesar de que cuentan con documentos válidos que los acreditan para hacer uso de ésta. En 2003 la población de San Pedro Tlanixco fue agredida y en apego a sus usos y costumbres resistieron el embate. Aunque desde entonces este hecho acarreó también una fuerte criminalización en contra de la comunidad, y desde esa fecha los defensores de derechos humanos de San Pedro Tlanixco llevan resistiendo legalmente la falsa acusación que pesa en su contra, misma que denota, además, actos discriminatorios. El acceso a la justicia, tras los feminicidios y la defensa de la tierra y el territorio, fueron las luchas que este año cobijó el Premio, entregado el pasado 21 de abril en Cuernavaca. Para enmarcar la entrega del mismo se realizó el Foro Agenda de los Derechos Humanos Ante la Realidad Actual, que tuvo como objetivo construir una agenda mínima de derechos humanos como demanda y exigencia de la colectividad que acompaña el premio a los contendientes en las próximas elecciones. En esta línea, el foro transcurrió a partir de cuatro ejes temáticos: Ley de Seguridad Interior; agresiones a personas defensoras y periodistas; defensa de la tierra y el territorio, con especial énfasis en los pueblos y comunidades en resistencia, y feminicidios. En el foro se confirmó la necesidad de que sean más las personas y organizaciones que se sumen a las luchas desde debajo de las izquierdas sociales y democráticas. Permitió también entretejer tres retos importantes que, de cara a la coyuntura electoral, se tienen que afrontar. El primero tiene que ver con el reconocimiento de mantener puentes con la memoria histórica. La juventud tienen el compromiso de aprovechar los logros de las luchas de otras generaciones y hacerse cargo de la realidad actual. Las generaciones con más experiencia tienen, a su vez, el compromiso de acompañar las nuevas luchas de la juventud, muchas de ellas relacionadas con la identidad y las diversidades. Ninguna lucha es más importante que la otra. Todas ellas son diversas formas de acción. Otro reto relacionado tiene que ver con la importancia de reconocer el diálogo intergeneracional, el cual implica escucharse, acompañarse y descubrirse los pensamientos y sentires. Por último, es importante reconocer la mirada interseccional en las luchas. Es decir, la manera diferenciada como impacta la violencia según la identidad de las personas y grupos, apreciando al mismo tiempo la forma como construyen sus estrategias de resistencia y defensa frente a las distintas expresiones de la dominación. Esto implica reconocer que no se vive de la misma manera la defensa de la tierra y el territorio siendo mujer, mujer joven o indígena, que siendo varón. Por ello hay que insistir en que es necesario escuchar y preguntar por los propios sentipensares. Lo cual implica llevarse este compromiso a los espacios organizativos y conversar sobre la importancia de construir estos puentes, estas miradas y, más que nada, construir colectivamente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : FundDonSergio [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Ley de víctimas de CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El 19 de febrero pasado fue publicada la Ley de Víctimas para CDMX, con el fin de reconocer sus derechos y establecer mecanismos y medidas que pudieran atender su problemática. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 28 de abril de 2018 Miguel Concha La deuda del Estado con las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos es grande. Tanto víctimas organizadas como organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil denunciaron el nulo papel que los agraviados tenían en su lucha por el acceso a la justicia. Si bien la situación de las víctimas tenía una invisibilización histórica, fue en el sexenio 2006-2012, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, cuando tomó preponderancia. Las víctimas de desapariciones, secuestros, ejecuciones y desplazamiento interno se multiplicaron con cifras que incluso en valoraciones modestas llegaron a números indignantes. Entre ellos 127 mil personas asesinadas, más de 35 mil desparecidas, y alrededor de 200 mil desplazadas. No obstante, jamás se implantaron estrategias para atender a todas las víctimas, directas e indirectas, de estos actos. Razón por la cual se conformaron diversos movimientos a nivel nacional, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, creado en 2011. En 2012, a partir de las presiones de la sociedad, se aprobó por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley General de Víctimas, con el fin de reconocer sus derechos y establecer mecanismos y medidas que pudieran atender su problemática. Desde su exposición de motivos, esta Ley se describe como una respuesta concreta a la demanda, hoy universal, de visibilidad, dignificación y reconocimiento de los derechos de las víctimas del delito y violaciones de sus derechos humanos, así como del reconocimiento por el Estado mexicano de sus obligaciones directas para atenderlas. Como muestra de este extraño rasero con el que se valora a las víctimas en el país, esta ley no fue avalada por el Ejecutivo. Por el contrario, por conducto de la Secretaría de Gobernación, Felipe Calderón interpuso una controversia constitucional que impidió la publicación de la ley durante su mandato. En diciembre de 2012 tomó protesta el actual titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, quien en un acto más político que de convicción, y con el ánimo de congraciarse con el movimiento de víctimas, retiró la controversia constitucional, y publicó la Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013. Ésta contemplaba la obligación de las entidades federativas de legislar en materia local para lograr la adecuada armonización con la ley general. Sin embargo, las entidades, incluyendo Ciudad de México (CDMX), fueron omisas en adoptar las medidas pertinentes para contar con un adecuado sistema de protección a víctimas. Aunado a ello, la misma Ley General de Víctimas era ambigua y adolecía de indefiniciones sustanciales para víctimas en los estados. En específico, cuando tratándose de casos del orden del fuero común se pretendía acceder al apoyo de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Lo que motivaba la revictimización de las personas. Por ello, en 2017 se modificó la ley, misma que en su transitorio décimo establece lo siguiente: Las entidades federativas, en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas (CAV). Si bien la disposición de establecer comisiones locales no es la panacea para los problemas que enfrentan las víctimas de violación a sus derechos humanos en las entidades, el establecer un organismo responsable y, por supuesto, las disposiciones presupuestales necesarias para su funcionamiento, así como aquellas destinadas a constituir un fondo para la reparación integral, es un avance importante que pretende ayudar en la falta de definición que frecuentemente se encuentra frente a casos de carácter local. Como consecuencia de lo ordenado por la ley, el 19 de febrero pasado fue publicada la Ley de Víctimas para CDMX, en ella se reconocen los derechos de las víctimas y contempla un modelo de atención de casos, e incluye previsiones presupuestarias para su efectiva puesta en marcha. Con el fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a sus derechos, la ley contempla también la creación de la CAV en CDMX, como ente encargado de desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas, y de procedimientos y servicios. No podemos pasar por alto que la ley de CDMX establece la obligación de que la Asamblea Legislativa realice las adecuaciones normativas a otras legislaciones para su armonización, además de nombrar una persona titular de la CAV en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de su publicación. La integración de la comisión local, así como el nombramiento de su titular, no sólo es un compromiso legal derivado de una ley interna, es una obligación resultado de aquellas contempladas en el artículo primero constitucional y en los tratados internacionales que obligan a las autoridades de la capital a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las víctimas. Razón por la cual es indispensable que se considere que el plazo que la ley establece para nombrar al titular de la CAV se encuentra próximo a fenecer, y que el periodo legislativo ordinario concluirá el 30 de abril, sin que hasta hoy se haya realizado dicho nombramiento. Se corre el riesgo de que esa demora legislativa impacte en forma negativa las acciones positivas que se han dado en CDMX en torno a las víctimas, toda vez que nos encontramos en tiempos electorales complejos, ya que a partir del próximo periodo legislativo la Asamblea Legislativa contará con una nueva conformación. El apoyo a las víctimas debe verse reflejado en actos concretos, y no sólo en el blanco y negro de la ley. Estamos ante la gran oportunidad de contar con un sistema de atención. No demoremos más el cumplimiento de esta obligación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CIDH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Ayotzinapa : complicidades intocables
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Se cumplen 43 meses y la búsqueda de justicia y verdad no se rinde ante los tiempos electorales. Por el contrario, de gran oportunidad sería escuchar propuestas para resolver este doloroso episodio, quizás el que más claramente desnudó la crisis de derechos humanos que vivimos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 21 de abril de 2018 Miguel Concha Hace unos días, el diario Reforma publicó que la Procuraduría General de la República (PGR) recibió información de las autoridades judiciales estadunidenses, relativa al caso Ayotzinapa. En el marco de una investigación por el trasiego de drogas desde el estado de Guerrero hacia Estados Unidos, concretamente se trata de mensajes interceptados que sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre se habrían intercambiado presuntos mandos de la organización Guerreros Unidos. Basándose en que el presunto motivo del ataque habría sido que los perpetradores confundieron a los estudiantes con integrantes de un cártel rival, a partir de la publicación de la nota, se ha pretendido hacer una interpretación forzada en el sentido de que la información confirmaría la verdad histórica. Sin embargo, se dejan de lado aspectos fundamentales que desmienten la teoría oficial y han sido reiteradamente señalados como decisivos por las familias de los 43 muchachos y sus representantes legales. A saber: la implicación de funcionarios de distintos niveles de gobierno, y el hecho de que los estudiantes estarían vivos para cuando la imposible teoría oficial los daba por incinerados junto con sus pertenencias. En efecto, los mensajes intercambiados entre los presuntos criminales que se encontraban en Iguala y en Chicago, hacen referencia explícita a la relación del referido cártel con autoridades de Guerrero, y mencionan a otros posibles implicados, cuyos sobrenombres o apellidos apuntarían hacia integrantes del Ejército. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI), y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han dado sólidos elementos para que la PGR pueda actuar en este sentido, incluyendo a elementos federales que, aunque están identificados con nombre, no están rindiendo cuentas ante la justicia. Aquí es necesario subrayar que el GIEI –quien desde hace tres años mencionó la necesidad de investigar el trasiego trasnacional de droga, y pedir la cooperación de las agencias estadunidenses– ya había señalado que un operativo de la magnitud del desplegado, para detener y desaparecer a los muchachos, necesitaba de una amplia coordinación y dominio del territorio, imposible de realizar sin la participación por acción u omisión de distintas autoridades presentes en la zona. En forma contraria a los intentos discursivos por delimitarla a ese ámbito, la información revelada confirma que esta complicidad va mucho más allá del nivel municipal. Esto apuntala la urgencia de realizar las diligencias necesarias para agotar esta línea de investigación, incluyendo a diversas personas que hasta la fecha permanecen sin comparecer ante la justicia. Además de la información que de seguirse esta línea puede aportarse al caso en términos de justicia y verdad, llevar a cabo una profunda investigación sobre estos indicios podría dar luz sobre el modo como hoy se configuran las complejas redes de complicidad entre autoridades constituidas y el crimen organizado, no sólo en Guerrero, sino en grandes extensiones de la vida nacional, las cuales son un pilar principal de la inédita ola de violencia que se padece en México. Sólo a quienes se benefician con estas redes les conviene que su manera de operar no salga a la luz. Es lamentable que las autoridades hayan tardado tres años en concretar una colaboración que puede proveer de información sumamente útil. Entre estos datos objetivos se cuenta con uno al que hay que prestar atención: que los presuntos dirigentes del cártel aún deliberaban qué hacer con los normalistas, al tiempo que la teoría oficial sostiene que ya habían sido incinerados. Como los peritajes científicos presentados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el GIEI, como la información de telefonía obtenida anteriormente –que comprueba la actividad de los teléfonos de los muchachos horas después de su supuesta incineración–, y los indicios de que fueron desaparecidos en dos rutas y no en un grupo único, como señala la teoría del caso de la PGR, este extremo viene a reforzar el cúmulo de pruebas que desestiman la verdad histórica. Los mensajes dejan ver también que los estudiantes no estaban infiltrados por un cártel, como en distintos momentos se ha aventurado desde la parte oficial, y que los integrantes de Guerreros Unidos lo supieron muy pronto. Este cúmulo de información que obraba en poder de las autoridades estadunidenses desde 2014, más otras diligencias que todavía no se agotan, confirman no sólo que el GIEI tenía razón en pedir que se investigaran exhaustivamente estos indicios que la PGR no había querido ver. Nos recuerdan también que han pasado ya 43 meses, y que las autoridades responsables no han logrado esclarecer con pruebas firmes lo ocurrido aquella noche, ni el destino de los normalistas. El informe reciente de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que documenta el uso de la tortura como método de investigación, y en el que se sustenta, en buena medida, la teoría oficial del caso, representa un golpe más a la ya de por sí desacreditada verdad histórica, que tanto dolor ha causado a las familias. La enésima vuelta a la arena pública en estos días del caso Ayotzinapa, nos recuerda que la búsqueda de justicia y verdad no se rinde ante los tiempos electorales. Por el contrario, de mostrar sensibilidad será una oportunidad para que los candidatos a la Presidencia de la República ofrezcan en el debate de mañana propuestas para resolver este doloroso episodio, quizás el que más claramente desnudó la crisis de derechos humanos que vivimos. El gobierno actual tampoco puede irse dejando esta herida abierta en la convivencia nacional. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CIDH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
