La CDHDF que queremos
La CDHDF que queremos Sábado 2 de septiembre de 2017 Miguel Concha Dentro de pocas semanas la actual titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concluirá el periodo del mandato para el que fue designada, es decir, del 5 de noviembre del 2013, al 31 de octubre del 2017. Para sustituirla o ratificarla el artículo 107, inciso a) de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal señala que faltando 60 días naturales a la conclusión de su encargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa convocará al número de organismos no gubernamentales que considere conveniente por haberse distinguido en la promoción y defensa de los derechos humanos; a las asociaciones y colegios vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos y, en general, a las entidades, instituciones y personalidades que estime convenientes, a proponer a una o un candidato para hacerse cargo de la presidencia de la comisión, propuestas que deberán hacerse a más tardar siete días después de haberse publicado la convocatoria. Y tomando en cuenta los tiempos establecidos en la misma Ley, dicha convocatoria tendrá que hacerse a más tardar el próximo 5 de septiembre. Por tal motivo el pasado martes alrededor de 80 organizaciones civiles locales y nacionales se pronunciaron públicamente por la implementación de un proceso transparente, objetivo, imparcial y participativo, con el fin de garantizar la indispensable autonomía de la institución, prescrita en su propia ley, y para que ejerza toda su capacidad como contrapeso democrático frente a las autoridades de la Ciudad. Al emitir su mensaje ofrecieron también una evaluación en torno a cinco bloques interrelacionados de preocupación sobre la actual gestión, titulada La CDHDF que queremos: Atención a víctimas; Gestión interna; Relación con el Consejo Consultivo; Relación con la sociedad civil, y Relación con el gobierno. En su documento las organizaciones expresan su preocupación por el número de quejas de violaciones a los derechos humanos que desde la calificación inicial prácticamente se concluyen por las siguientes causales: improcedencia, incompetencia, falta de interés del quejoso, desistimiento, sin elementos suficientes, no violación a derechos humanos y solucionada, sin haber entrado al estudio de fondo; así como por la presión a las víctimas para conciliar y poder concluir casos en los que se acreditaron violaciones a los derechos humanos, e incluso al personal de la comisión para que concluya precipitadamente los expedientes en trámite. En contrapartida, las organizaciones lamentan el escaso número de recomendaciones, su oportunidad, su probable selectividad discrecional, la dilación en las investigaciones, la falta de contundencia para exigir a las autoridades responsables las informaciones necesarias, la insuficiencia en la tipificación del número de derechos humanos violados, así como en los puntos recomendatorios de las medidas para asegurar la reparación del daño a las víctimas. Y por lo que se refiere a la gestión interna, las organizaciones lamentan una falta de continuidad y calidad del trabajo, y un debilitamiento y desmantelamiento a su vez del servicio profesional de carrera, debido sobre todo a la alta rotación del personal, sin una sustitución, en algunos casos, de cuadros del nivel profesional y experiencia de quienes son despedidos. Como dato significativo apuntan que durante los ocho años de gestión de Emilio Álvarez Icaza fueron relevados únicamente dos visitadores, y seis, aunque uno de éstos fue reacomodado en otra visitaduría, durante los cuatro años de la gestión de Luis González Plascencia. En cambio, durante los cuatro años de la actual administración han sido ya removidos 18 visitadores. Además de las afectaciones que esta situación causa a la continuidad y calidad de los trabajos de la comisión, esta política de despidos ha generado gastos por más de 40 millones, que bien podrían haberse empleado en otras actividades de la comisión. Y por lo que se refiere a la relación con el Consejo Consultivo, las organizaciones lamentan que en su seno se haya perdido la voz de importantes personalidades, y que su remplazo haya sido realizado con amplias irregularidades desde su convocatoria y durante el proceso mismo de su elección. Como datos significativos apuntan que los rumores señalan que el PAN, el PRI y el PRD simplemente se reparten los lugares, y que, sin ninguna explicación de por medio, la y los dos consejeros electos en el proceso más reciente no han sido citados para tomar protesta ante el pleno de la Asamblea. Finalmente, las organizaciones lamentan que al interior del consejo la actual dirección haya limitado las discusiones estructurales y sensibles para el quehacer de la comisión, y que más bien las haya convertido en sesiones informativas, de carácter cuantitativo, que no permiten valorar el cumplimiento de su mandato, e incluso profundizar en los contenidos de las recomendaciones, refiriendo los límites de las atribuciones del consejo a las nuevas políticas de protección de datos personales, o a la existencia de conflictos de interés. Y por lo que se refiere a la sociedad civil, las organizaciones lamentan que se ha visto disminuida aquella relación de acompañamiento y colaboración que se había construido con el movimiento amplio de derechos humanos, por medio incluso del establecimiento de grupos de trabajo temáticos; y que se ha perdido el respaldo de un sector de la academia. Por todo ello, estas organizaciones se pronuncian porque la CDHDF recupere su posición como ejemplo de progreso, libertad y autonomía a nivel nacional, y como una institución de contrapeso, no una observadora pasiva y permisiva de violaciones a los derechos humanos. Lo cual exige un relevo en la presidencia de la CDHDF. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Pablo Leautaud Entradas relacionadas: Reparaciones de daños en el Alto Atoyac Un obispo de la liberación del pueblo Otro esfuerzo indígena a contracorriente Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala
Reparaciones de daños en el Alto Atoyac
Reparaciones de daños en el Alto Atoyac Sábado 26 de agosto de 2017 Miguel Concha Los pobladores de varias comunidades de los municipios de Ixtacuixtla, Tepetitla, Nativitas, Huejotzingo y San Martín Texmelucan, en los límites de Puebla y Tlaxcala, libran desde hace más de 20 años una lucha por su derecho a la justicia ambiental, como aspecto inherente a la justicia social que les ha sido negada por el Estado. Los integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida presentaron en 2011 una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que ésta, con base en el examen de evidencias testimoniales, documentales y científicas, determinara si las autoridades federales, estatales y municipales estaban violando los derechos humanos de los pobladores de las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Atoyac, Xochiac y Zahuapan (cuenca del Alto Atoyac). Ríos gravemente contaminados con descargas de agua residual de origen municipal, y, peor aún, con descargas altamente tóxicas de origen industrial, provenientes de no menos de dos mil empresas de todo tamaño asentadas en esos cinco municipios, y que incluso ascienden a más de 10 mil, si se incluyen todas las empresas instaladas en la cuenca. En marzo de este año, seis años después de presentada la queja, la CNDH finalmente respondió con una recomendación, la 10/2017, en la que señala la responsabilidad de autoridades federales, como la Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris; estatales, como los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, y municipales, representadas por los ediles de los municipios mencionados, en la violación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano, al saneamiento y a la información, sin olvidar que estos derechos están directamente vinculados al ejercicio de otros más, como el derecho a la vida, la salud y la alimentación. De hecho, la recomendación de la CNDH reconoce una realidad ampliamente conocida por las comunidades afectadas, pero que había sido negada durante décadas por las autoridades de los tres niveles de gobierno: la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac está directamente vinculada con la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, como cáncer, leucemia, púrpura trombocitopénica e insuficiencia renal, que abundan en la región, y cuya proliferación podría ser prevenida con una política pública de estricta regulación de las emisiones y descargas contaminantes de las industrias asentadas en la cuenca, pertenecientes, entre otras, a los ramos automotriz, de autopartes, químico, petroquímico, agroquímico, de plásticos, textil, procesamiento de alimentos, metalmecánico, maderero y papelero. Sin embargo, el gobierno mexicano ha aplicado en todo el país la política exactamente contraria; es decir, la desregulación ambiental, que no significa otra cosa que dejar a las empresas privadas, nacionales o extranjeras violar impunemente la normatividad existente, o bien adecuar dicha normatividad a que las industrias que manejan y vierten sustancias altamente tóxicas para el ambiente y la salud, aparezcan siempre como cumpliendo con la norma. La recomendación señala con claridad que las Normas Oficiales Mexicanas encargadas de determinar los límites máximos permisibles de ciertos contaminantes vertidos en aguas nacionales (NOM-001-SEMARNAT-1996), y en los sistemas de alcantarillado municipales (NOM-002-SEMARNAT-1996), no sólo son cotidianamente violadas por las miles de industrias que operan en la cuenca del Alto Atoyac y las mismas autoridades, sino que, aún cumpliéndolas, los ríos estarían igualmente contaminados, y la población seguiría sufriendo las consecuencias de dicha contaminación: enfermedades, ruina económica y muerte, en parte porque en los ríos de México, como en la cuenca del Alto Atoyac, hay presencia de decenas de contaminantes industriales que ni siquiera están contemplados por la norma. En consecuencia, la recomendación de la CNDH permite detectar un hecho evidente: la normatividad ambiental mexicana es absolutamente inoperante para la protección de los ecosistemas ribereños, los derechos humanos y el modo de vida de las personas y comunidades que habitan en la cuenca, y tendría que ser sustituida por otra que efectivamente incluya los cientos de sustancias y compuestos tóxicos que vierten directamente las empresas en los ríos y los drenajes municipales. Una normatividad que considere la medición de la carga acumulada de contaminantes vertidos por el conjunto de la industria, en vez de medirlos individualmente –lo que permite que todas las empresas prácticamente cumplan la norma–, y que imponga un sistema de sanciones que verdaderamente inhiba su incumplimiento y la impunidad reinante. La CNDH les ha establecido a las autoridades un plazo de seis meses para que, con la participación de los quejosos y afectados, diseñen un Plan Integral de Restauración Ecológica de toda la cuenca del Alto Atoyac; esto es, más allá de los cinco municipios incluidos en la propia recomendación. Un plan que incluya el tratamiento médico para la población afectada en su salud, y que requiere de atención urgente. Ello no obstante, las recomendaciones de la CNDH no tienen lamentablemente la fuerza vinculante que obligue a las autoridades a cumplir con su contenido a cabalidad, a satisfacción plena de los afectados. No ha dejado de existir en efecto el riesgo de que el daño ocasionado a las comunidades del Alto Atoyac se repita mediante simulaciones de remediación, como las que las autoridades aplicaron en esa cuenca en 2005 y 2011. Se requiere entonces de la presión y de la exigencia civil y social para que el Estado repare realmente los daños ocasionados a las comunidades, para que dejen de morir más personas y puedan vivir ejerciendo plenamente sus derechos. Lo que no se logrará sin escuchar y respetar los deseos de los agraviados. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: Un obispo de la liberación del pueblo Otro esfuerzo indígena a contracorriente Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social
Un obispo de la liberación del pueblo
Un obispo de la liberación del pueblo Sábado 19 de agosto de 2017 Miguel Concha Organizaciones eclesiales, sociales y populares conmemoraron el pasado martes en la Casa de la Solidaridad de Ciudad de México los 100 años del nacimiento de monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, sacrificado por la oligarquía mientras celebraba la eucaristía el 24 de marzo de 1980. Ocasión propicia para recordar, con el teólogo jesuita Jon Sobrino, que monseñor Romero fue defensor del pobre y del oprimido, e hizo de esa defensa función específica y fundamental de su ministerio episcopal. Con ello consiguió institucionalizar en la Iglesia la opción preferencial por los pobres, y recobró un dato fundamental del episcopado latinoamericano y caribeño, que comenzó en tiempos de la Colonia, y después desapareció: el de ser por oficio su protector. Durante el acto, convocado también para hacer ver la actualidad de la trayectoria pastoral y el pensamiento de monseñor Romero, se recordaron igualmente los principios teológicos y los criterios prácticos que fueron normando su vida como pastor cristiano, desde y al lado del proceso de liberación del pueblo. Para monseñor Romero, en efecto, la Iglesia no es adecuadamente la utopía cristiana del reinado de Dios, sino su servidora, y por ello tiene que cooperar desde dentro con todos aquellos que, aunque no fuesen cristianos, quieren de verdad una sociedad más justa. Sin embargo, debe además propiciar en el proceso de construcción de una nueva sociedad, y cuando ésta se constituya, los valores cristianos del hombre y la mujer del reino. Para él los destinatarios primeros del reinado de Dios son los pobres, pero no sólo en el sentido de que éste deba ser construido para ellos, sino en el sentido de que ellos mismos deben ser gestores de su propio destino. Y por ello ningún proceso dirigido a su construcción puede negarles su sustancial participación. Para la Iglesia entonces impedir, dificultar o anular el reino, y el hombre y la mujer del reino, es pecado, el cual se extiende a lo personal y estructural. Y su malicia tiene una gradación intrínseca, importante para juzgar sobre situaciones y procesos. Para monseñor Romero no es por tanto suficiente evangelizar a todas las personas o segmentos de las mismas con acciones adecuadas a sus condiciones y necesidades, sino que es indispensable evangelizar la totalidad. Lo que significa evangelizar también la realidad estructural de la sociedad, y por ello evangelizó constantemente, denunciando como pastor las estructuras injustas, anunciando los necesarios cambios sociales, económicos y políticos, y propiciando y acompañando aquellos proyectos concretos que mejor parecen conducir a un cambio de estructuras. Aunque para monseñor Romero todos estos principios no eran vistos solamente como cuestiones teóricas, especulativas y abstractas, sino como verdaderos criterios prácticos que orientaban sus posicionamientos frente a la realidad conflictiva y compleja de su país. Por ello historizó siempre la realidad del pobre, superando su noción espiritual, propia de lecturas ingenuas e interpretaciones interesadas, ajenas a los sufrimientos de los oprimidos, y describió su rostro concreto en El Salvador, tal y como lo hizo la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, en 1979 (nn. 31-39). Pero más allá de eso, vio en el pobre no a un individuo aislado, sino a las mayorías del país, con lo que, al mencionar al pobre, estaba mencionando el problema de su país. Concibió además a esas mayorías no como suma de individuos, sino como colectividad, como pueblo, viendo en ellas a un grupo social antagónico al grupo oligárquico, sin detenerse como pastor a hacer un análisis clasista de ambos grupos. Como afirma también Jon Sobrino en el artículo que encabeza el libro que colecciona las cartas pastorales de monseñor Romero durante los tres años que estuvo al frente de la arquidiócesis de San Salvador –titulado La voz de los sin voz, y al que nos hemos estado refiriendo–, monseñor Romero historizó también lo que significa que el pueblo debe ser gestor de su propio destino y no puro destinatario de beneficios supuestos o reales. Por ello comprendió la lógica de avanzar de pueblo a pueblo organizado, profundizando igualmente en la comprensión de la finalidad de la organización del pueblo: la defensa de sus justos derechos y su lucha legítima por sus causas reivindicativas. Vio también la importancia de la organización del pueblo para que de alguna manera accediese al poder político, o estuviese representado sustancialmente en él. Y tomando en cuenta que las iglesias gozan todavía de un prestigio social importante en América Latina y el Caribe, vale también recordar la manera como monseñor Romero entendió ese poder en la sociedad, pues para él no se trata de un poder análogo al del poder político del Estado, que tuviera a éste como su interlocutor para llevar a cabo su propia misión, como si el gobierno fuese el dialogante natural de las iglesias, y el pueblo el mero destinatario desde arriba de ambos poderes. Lo que equivaldría al viejo modelo eclesial de cristiandad. Para él se trata de institucionalizar al servicio del pueblo el poder eclesial en la sociedad, teniendo a éste como su interlocutor natural. “El poder institucional de la Iglesia –dice Sobrino- se debe realizar a través de sus propios medios, sobre todo de la palabra que crea conciencia colectiva, y no a través de medios político-eclesiásticos, buscando concesiones del Estado. Y se debe realizar en beneficio del pueblo y no de la misma institución de la Iglesia”. Por ello el pueblo considera a monseñor Romero como un modelo de lo que debe ser un obispo con fe evangélica, capaz de hacer eficaz esa fe para su proceso de liberación. Consultar artículo en La Jornada. 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Otro esfuerzo indígena a contracorriente
Otro esfuerzo indígena a contracorriente Sábado 12 de agosto de 2017 Miguel Concha En la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca, ubicada a siete horas de la capital de ese estado, habitan personas de todas las edades que cada día dedican una parte importante de su tiempo, recursos, energías, proyectos y trabajo a defender su tierra, su territorio y sus bienes naturales. Frente a la industria eólica en México, que desde hace más de una década crece, sin que el Estado mexicano haga verdaderos esfuerzos por garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, esta defensa parece inagotable. Una prueba de ello es que el pasado 29 de junio la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, otorgó un permiso anticipado a la trasnacional francesa Electricité de France (EDF) para la generación de energía eólica por conducto del parque eólico Gunaa Sicarú, que se ubicará dentro del territorio de Unión Hidalgo. Sin embargo esta comunidad zapoteca, principal afectada por cualquier cambio que traiga este proyecto, no ha sido informada formalmente ni consultada hasta ahora para obtener su consentimiento sobre la construcción de dicho parque. No fue sino mediante solicitudes de acceso a la información como se enteró que la empresa solicitó ese permiso el 27 de abril pasado, el cual se autorizó el 29 de junio siguiente. Al otorgar este permiso, las autoridades federales pasaron por alto que desde 2004 la comunidad de Unión Hidalgo, acompañada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), inició una defensa legal y pacífica, aún vigente, en tribunales agrarios, y que conformó el Comité de Resistencia por la creación del parque eólico de la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex), con el fin de recuperar su tierra comunal. Misma que por medio de engaños y hostigamientos fue adquirida por la empresa como propiedad privada, con una vigencia de más de 30 años. Para otras comunidades, cuyas vidas están siendo transformadas por la llegada de megaproyectos, ha sido emblemática la batalla que ha dado la comunidad frente a Demex, aunque para los poderes ejecutivos del gobierno del estado no ha significado nada. Desde los primeros meses de 2017, Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, y Wilson Sánchez Chevez, presidente municipal de Unión Hidalgo, hicieron pública, apenas dos meses después de la segunda subasta energética, la realización de distintas reuniones con representantes de las empresas generadoras de energía eólica, entre ellas EDF. Anunciaron además la conformación de un Consejo Estatal de Energía, en el que participan empresarios y funcionarios locales, así como la aprobación de un acuerdo en materia fiscal, protección civil, registral y social para garantizar las condiciones de certidumbre necesarias a las empresas, y la instalación del Comité Técnico de la Consulta Indígena, que hasta la fecha no ha sido notificada a la comunidad. El otorgamiento por parte de la CRE de este permiso para la generación de energía eólica representa la implementación de las reformas legislativas que desde 2013 el gobierno federal impulsó en materia energética, a pesar del rechazo de la sociedad civil y de las comunidades. Destaca también que estas reformas y su implementación se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo cual demuestra que el otorgamiento de permisos sin consulta es un acto que concretiza una visión de Estado, cuyo centro está en favorecer los intereses de los grupos empresariales, por encima de los derechos de las comunidades. Mientras tanto la comunidad de Unión Hidalgo persiste en la defensa de sus derechos, lo que significa tratar todos los días de recuperar la parcela comunal que heredaron y que les fue arrebatada con engaños por una empresa trasnacional; en aprender el lenguaje jurídico y técnico de los documentos gubernamentales, que no están traducidos al zapoteco; en prolongar la reproducción de la vida, la lengua y los símbolos de su pueblo, en una comunidad mayormente migrada; en revivir en medio de cientos de aerogeneradores su flora y fauna original, cuyos aceites y raíz de metal dañan la fertilidad de la tierra, y en reconstruir, en un pueblo que está siendo orillado a dividirse y a desconfiar entre sí, sus estructuras indígenas y agrarias, mediante los consejos de ancianos y las asambleas comunitarias. Ahora, con la posible llegada de nuevas empresas trasnacionales de energía eólica, la comunidad se ha visto obligada a invertir más esfuerzos para interponer al menos tres amparos en lo que va de este 2017, con el propósito de exigir a las autoridades que se consulte a la comunidad, antes incluso de cualquier acto administrativo, y durante cada una de las fases que impliquen la implementación de proyectos, de conformidad con los más altos estándares internacionales de derechos humanos. La comunidad exigió también por este medio que el Estado mexicano le informe sobre posibles permisos que haya otorgado a EDF, y que mientras no hayan sido debidamente consultados ni consentidos por los pueblos, los dejen sin efecto. Esto demuestra que, en esta contradicción, la defensa de la tierra y el territorio significa tener que reinventar cada día, en el contexto de la implementación de un proyecto de nación –cuya finalidad es abrir con toda concesión la puerta a las empresas extranjeras, sin priorizar los derechos humanos de las comunidades indígenas y agrarias, y cuya vida está siendo directamente afectada–, proyectos comunitarios de resistencia y de defensa de derechos. El Estado mexicano está obligado a garantizar a la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo certeza jurídica y respeto a sus derechos humanos, así como la garantía de sus derechos como pueblos indígenas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : jhderojas Entradas relacionadas: Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica
Alertas de violencia de género en México
Alertas de violencia de género en México Sábado 05 de agosto de 2017 Miguel Concha La situación de crisis que actualmente se vive en nuestro país agudizó el incremento de los delitos y las violaciones a los derechos humanos. La violencia que enfrentan las mujeres también aumentó gravemente en los últimos años. El feminicidio es una de sus expresiones más extremas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016 se cometieron 2 mil 735 homicidios de mujeres en el país, de los cuales sólo 25 por ciento fue tipificado como feminicidio. Esto refleja que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han adoptado políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia que las mujeres viven día con día, dejando de lado sus obligaciones de garantizar los derechos de las mujeres establecidos en instrumentos internacionales de los que México es parte. A escala federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la creación de una alerta de violencia de género (AVG) que obligaría a las entidades y municipios a establecer medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y de acuerdo con el artículo 22 de esa ley de acceso éstas consisten en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Cabe señalar que la violencia contra las mujeres puede ser ejercida tanto por los individuos como por la propia comunidad. Convocado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el pasado martes se llevó a cabo el foro Nadando a contracorriente: contexto y seguimiento de las alertas de violencia de género desde la sociedad civil, la academia y el Estado, el cual aportó importantes elementos para un debate público sumamente necesario e inevitable, dado el contexto que enfrentamos. Durante el foro se escucharon las experiencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Chiapas, Tabasco, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y el estado de México, peticionarias de la AVG en sus entidades, o que les dan seguimiento, ejerciendo así su derecho ciudadano. Las AVG en efecto han sido resultado del trabajo conjunto de las OSC, de la academia y de diversas instituciones, las cuales visualizaron la necesidad de implementar acciones urgentes de protección a la integridad y la vida de las mujeres, mediante medidas de seguridad, justicia y prevención. A pesar de que la declaratoria formal se realiza mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la implementación de la AVG depende de las acciones que realizan las autoridades en los estados y municipios. Sin embargo, todas las experiencias del foro coinciden en la falta de voluntad política de las autoridades, quienes están obligadas a actuar de manera urgente. Las cifras en la activación de la AVG son un indicador de que la violencia contra las mujeres no ha disminuido. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, mientras que entre julio de 2015 y junio de 2016 se emitieron tres AVG, de julio del año pasado al mismo mes de este año se han decretado sólo ocho, y actualmente hay únicamente 11 alertas decretadas. Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en los últimos meses se les ha exigido llevar a cabo las acciones necesarias a 51 municipios de Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo. Sin embargo, hay que decir que frente a esta situación no todo termina con la activación de las AVG, pues el proceso de implementación y evaluación de esas medidas son fundamentales para analizar su eficacia. Además, durante el foro las organizaciones resaltaron que en sus entidades las autoridades locales no permiten su participación en la creación y supervisión de las medidas, y se limitan a señalar la falta de presupuesto para su implementación. Es importante resaltar que, a dos años de la declaratoria de AVG en el estado de México, han sido asesinadas al menos 748 mujeres solamente en esa entidad. Las organizaciones de la sociedad civil encontraron retos relcionados con compartir información y metodologías que permitan generar procesos de seguimiento más efectivos para el apoyo a las víctimas. En general se observa que prevalecen prácticas negativas que no permiten que las organizaciones peticionarias participen de las mesas de seguimiento. En este sentido Nira Cárdenas, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, destacó la importancia de generar información objetiva y estadísticas constantes con alcance municipal, estatal y nacional. De la misma forma subrayó la necesidad de dejar de poner el foco central en la capacitación, pues ésta no ha resultado eficiente. Se destacó también la necesidad de homologar a nivel nacional la tipificación penal del feminicidio, así como la de dotar de presupuesto suficiente, y sobre todo adecuadamente enfocado, a las distintas instancias involucradas, las cuales deben de operar con criterios de interculturalidad e inclusión, pues se requieren medidas específicas que atiendan las particularidades de las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad y las mujeres indígenas, entre muchas formas de ser mujer en México. El enfoque interseccional es pues sumamente necesario en nuestro país. En suma, se requiere que el Estado demuestre la más amplia voluntad política para combatir la violencia feminicida que está matando hoy en día a miles de mujeres, y agraviando a la sociedad entera. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia
Rendición de cuentas y anticorrupción
Rendición de cuentas y anticorrupción Sábado 29 de julio de 2017 Miguel Concha Este año el gobierno y muchos de nuestros políticos han demostrado con claridad la necesidad que tienen de la corrupción y la impunidad para gobernar y desarrollar su versión de democracia. Voy a mencionar enseguida cinco hechos significativos de corrupción a partir de julio de 2016, mes en que se promulgaron las siete leyes que constituyen el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 1) La impunidad que han disfrutado algunos gobernadores estatales que han destinado recursos públicos a su patrimonio personal o a las campañas de su partido. Lo que entre cosas les permite disfrutar como de una especie de seguro, por el que las autoridades federales y locales actuarán con condescendencia y negligencia en la investigación de posibles delitos que hayan cometido, así como en la aplicación de penalizaciones una vez que terminen su periodo de gobierno. 2) La negación de evidentes conflictos de interés por parte de autoridades designadas por el gobierno, y cuyas acciones deberían estar sujetas a evaluación. 3) La utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios de alto nivel en las campañas electorales de su partido. 4) El establecimiento de los sistemas locales anticorrupción en los estados, que presenta graves atrasos y revela el interés de los gobernadores de que el sistema no entre en operación. Sólo los estados de Querétaro, Jalisco y Nuevo León han cumplido con la implementación oportuna de las medidas necesarias para que el sistema opere en la fecha prevista. Los otros 29 no lo han hecho. 5) La postergación de nombramientos de elementos determinantes para que el SNA inicie sus operaciones a nivel federal, como es el caso de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción. Como una excepción en el periodo, debe mencionarse la actuación de la Auditoría Superior de la Federación. Pese a ello el resultado de sus auditorías no es atendido con eficiencia por el poder judicial en la mayor parte de los casos. Todo lo cual, y otras situaciones más, nos permiten afirmar que la impunidad sigue en su apogeo, y que es evidente que algunas de las autoridades buscan diferir las medidas necesarias para que el SNA opere. Además, siempre habrá el riesgo de que cuando entre en operación alguno de sus integrantes designados por el gobierno, o nombrados por los partidos políticos, no actúe con la autonomía necesaria. En fin, la opacidad y la discrecionalidad que requiere la corrupción para su operación no se va a lograr eliminar mientras el gobierno en todos sus niveles sea el único responsable de que así suceda. Y sin embargo, hay muchas naciones en las que no hay corrupción, ni siquiera percepción de ella, como es el caso de los Países Escandinavos, Nueva Zelandia y otros. Por lo que cabe preguntarse qué hacen y qué han hecho sus ciudadanos para que así suceda. La primera característica común que se observa en todos ellos es el respeto al derecho ciudadano de conocer en detalle el resultado de su esfuerzo tributario, por medio de una rendición de cuentas que permita la transparencia absoluta y detallada de la gestión gubernamental. La cultura en esos países incluye la práctica de solicitar esta información en forma natural y sistemática. La rendición de cuentas es integral, y contiene entre otras las siguientes características: a) La información se proporciona en forma anónima al interesado y es fácilmente accesible. b) Está permanentemente actualizada y en línea. c) Incluye la utilización de los recursos públicos de todas las instancias de gobierno, instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, etc. d) Los contratos de obra pública y de compras, incluyendo su justificación, impacto social, procesos de licitación y otorgamiento, así como el nombre de proveedores y ofertantes. e) Litigios en proceso en el poder judicial. f) Información que permita juzgar la eficiencia de la gestión gubernamental, aún cuando no implique movimiento de recursos públicos. g) Declaraciones patrimoniales y fiscales de los funcionarios de alto nivel de todas las instancias, incluyendo currículos. En el caso de nuevos nombramientos, el currículo y el patrimonio deben ser publicados antes de la designación, y pueden ser objetados. h) Los ciudadanos pueden además difundir sus comentarios, denuncias de corrupción, posibles conflictos de interés, sugerencias, quejas, objeciones etc., mediante organizaciones de la sociedad civil establecidas para tal efecto, conservando desde luego su anonimato. La consecuencia es que la ciudadanía se convierte en el eje de la lucha contra la corrupción, y en el elemento determinante para su gradual eliminación. De hecho conviven en una democracia participativa que utiliza la rendición de cuentas para vigilar y exigir la eficiencia, la honestidad y la legalidad, en una gestión gubernamental enfocada a lograr una democracia apegada a la legalidad y a la ética, la eficiencia, la equidad en el mercado, la búsqueda eficaz del bien común, y el logro de un auténtico estado de derecho. Lo anterior no es un sueño, sino una realidad en diversos países. En nuestro país contamos ya con una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con el instituto que debe implementarla sin cortapisas. Con un SNA en vías de operar, aunque sujeto a los obstáculos descritos, y que requiere para lograr sus propósitos de la participación de la sociedad civil en forma indispensable. Operan también diversas organizaciones ciudadanas dedicadas a lograr la eliminación de la impunidad. La siguiente etapa es el lograr motivar a nuestra ciudadanía para que reconozca la importancia de su participación, y utilice sus derechos en materia de rendición de cuentas, exigiendo sin descanso información, procesándola y dándole seguimiento. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Scott Campbell Entradas relacionadas: Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua
Plaguicidas fuera de control
Plaguicidas fuera de control Sábado 22 de julio de 2017 Miguel Concha La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios define a los plaguicidas como aquellas sustancias químicas que impiden la proliferación de plagas y enfermedades de los cultivos y del ganado, y reducen o evitan las pérdidas en la producción de alimentos, contribuyendo así al control de los vectores de diversas enfermedades. Pero entre tan pocos beneficios, lo que señala a detalle son sus efectos nocivos, pues asegura que, no obstante la importancia económica de estos productos, es necesario destacar que su aplicación indiscriminada y sin control puede ocasionar daños al ambiente; por ejemplo el deterioro de la flora y la fauna silvestres, la contaminación del suelo, los mantos freáticos y las aguas continentales y costeras, así como la generación de plagas resistentes. Y agrega que el uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es peligroso para el hombre (sic), lo cual se puede manifestar por intoxicaciones de grado diverso, y por efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad y mutagénesis, entre otros.Llama la atención que en una definición tan clara sobre los supuestos beneficios de los plaguicidas, se adviertan más resultados desfavorables que favorables por el uso de estas sustancias en los cultivos, además de que se consideren contrarias al cuidado de la naturaleza y de toda forma de vida, en las que se ve implicada la vida humana. Una definición como la de esta institución, encargada de la regulación, control y fomento sanitario, devela en sí misma un debate que no podemos obviar en México, pues se ha identificado que hoy existe en el país un uso desmedido de esos plaguicidas, y, tal y como dije arriba, ya se conocen sus efectos nocivos contra los derechos de las personas, aunque también se han visto afectados bienes comunes naturales por su descontrolado uso. Organizaciones sociales han identificado que trabajadores del campo, mujeres embarazadas, niñas y niños son principalmente quienes, ante el contacto con estas sustancias, altamente peligrosas, se ven en una situación de vulnerabilidad. En este sentido la organización Greenpeace México presentó en días pasados un informe, al que denominó Derechos Humanos y Plaguicidas, en el que urge a revisar y atender el descontrol en el uso de estas sustancias, sobre todo los plaguicidas altamente peligrosos. Con base en la documentación realizada, esta organización solicita al gobierno federal la prohibición de estos plaguicidas, toda vez que, por su uso en los cultivos y sistemas agrícolas, se han visto afectadas comunidades enteras. A partir de este informe, no es poco alertar, en un marco de respeto a los derechos humanos, y la impostergable, urgente y necesaria transición hacia la agricultura ecológica, sobre la urgencia de contar con un nuevo régimen legal en materia de plaguicidas. Como hemos discutido en otras ocasiones, sabemos, a propósito de esto último, que el modelo predominante, el de la agricultura industrial –surgido principalmente después de la revolución verde, que consistió en la implementación de una serie de tecnologías, que supuestamente beneficiarían la producción de alimentos–, ha generado daños al medio ambiente sin precedentes en la historia de nuestro planeta. A decir de Greenpeace, lamentablemente en México el núcleo de los problemas, incluso sobre este asunto, aparece mayormente en la aplicación nada efectiva de la ley y las normas. Como pasa en otros temas, como el de los Organismos Genéticamente Modificados, se advierte una incapacidad estatal, a veces consciente e intencionada, para ajustar a la industria a las pautas legales y éticas. Se requiere un marco legal aplicable que efectivamente obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza. Como bien señala la organización autora del citado informe, los casos de contingencias por el uso de plaguicidas, y las complejas y trágicas afectaciones al medio ambiente, también desembocan en otras violaciones a derechos humanos, como el derecho a la salud o a la alimentación. Problemáticas que han sido también señaladas por relatores de Naciones Unidas relacionados con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), a pesar de las empresas que se empeñan en negar los daños a la salud, por un lado, y pregonan falsamente los beneficios del uso de plaguicidas químicos para aumentar la productividad de alimentos, por otro. Las violaciones a Desca por el uso de plaguicidas, evidencian la negligencia y corrupción de los gobiernos en este problema. Es decir, quedan al descubierto la opacidad y la operación irregular de esta industria. Urge pues que, como objetivos irreductibles en la gestión de plaguicidas, se ponga énfasis en la seguridad e integridad da las personas, la protección del medio ambiente y las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. Cada uno de estos problemas, que ponen en riesgo la vida humana y toda forma de vida, nos confirman que, de no ser modificados, traspasaremos el límite vital y de equilibrio del planeta. Debemos revertir el desastre ambiental que han ocasionado empresas que, motivadas por la concentración de la riqueza, nos llevan al extremo de las posibilidades de existencia en el planeta. Son estas corporaciones las que, de manera absurda, siguen contribuyendo al ecocidio. Estamos a tiempo de ponerle un alto a esta debacle, y para ello el cumplimiento de las obligaciones de los estados y las empresas puede ser de utilidad para contener, y aún más, para cambiar de raíz, el paradigma imperante de la agricultura industrial. Para incrementar y hacer más fuerte el de la agroecología, que se basa en el respeto de la naturaleza y la soberanía alimentaria de los pueblos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ivan almandoz Entradas relacionadas: Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX
Diez años de «sin maíz no hay país»
Diez años de «sin maíz no hay país» Sábado 15 de julio de 2017 Miguel Concha Debido a la entrada del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que implica la importación de maíz y frijol, desde el año 2007 se presentaba una amenaza en el país. En efecto, pueblos indígenas y campesinos, que cuentan con modelos de producción asociados al sistema milpa, veían amenazada la soberanía alimentaria y el derecho a producir y nutrirse de forma adecuada y conforme a sus necesidades y cosmovisiones. Pero la amenaza del TLCAN implicaba todavía más: la desarticulación del sistema milpa. Se pretendía eliminarlo y que se usaran y consumieran granos importados, haciendo del monocultivo la única forma de producción. Por fortuna más de 300 organizaciones campesinas, sindicales, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres y de alimentación, entre otras, se unieron el 25 de junio de ese año para convocar la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (Cnsmnhp). Se propuso que a partir de ese momento sería más agresiva la defensa de la soberanía alimentaria, la reactivación del campo, su acercamiento con la ciudad, el reflexionar sobre la importancia del derecho a la alimentación en México, y el análisis crítico en torno al uso de los organismos genéticamente modificados. En especial el poner atención al intento del gobierno por permitir en forma masiva la introducción y siembra del maíz transgénico. Ya desde hace 10 años estos temas se presentaron con carácter de urgente, y por ello fue necesario entretejer estrategias diversas y multisectoriales que permitieran enfrentar la voracidad de las grandes corporaciones monopólicas semilleras y agroalimentarias. Al revisar los 10 años de trabajos de la Cnsmnhp, llama la atención sin duda la creatividad de las organizaciones sociales para realizar denuncias y elaborar propuestas, así como para construir puentes entre los diversos lugares que abarca México. Pero sobre todo para desarrollar una identidad nacional en torno al maíz y la milpa. Y así, hoy contamos con festejos como el Día Nacional del Maíz, establecido cada año para los días 29 de septiembre, y somos conscientes de que la importancia del derecho a la alimentación sana y adecuada es tal, que ahora está incluso reconocido a nivel constitucional. Además, las organizaciones han aprendido que la herramienta de la exigibilidad de los derechos es también una forma de lucha. Han entendido que la lucha por nuestros derechos se lleva a cabo bajo el principio de la integralidad, según el cual éstos no se pueden jerarquizar, sino que, al ponerlos en acción, generan movilización, reconociendo que con ello no se agota el trabajo organizativo, sino que es tan sólo uno de los pilares que hoy sostienen las luchas sociales en el país. Es importante entonces reconocer también los diversos instrumentos jurídicos que han sido usados por parte de las organizaciones que integran la Cnsmnhp, y que confluyen en una demanda colectiva contra la siembra comercial de maíz transgénico. Con ella se han obteniendo medidas cautelares, vigentes hasta la fecha, que prohíben al gobierno mexicano otorgar permisos de siembra comercial de maíz transgénico. Esta lucha ha sido inspiración para diversas causas que utilizan también el litigio estratégico en la defensa de sus derechos, y pretenden que en todo momento éste sea un instrumento que fortalezca los procesos organizativos y de resistencia de las comunidades y pueblos. Me detengo un poco más en este asunto. Desde septiembre de 2013 los tribunales federales han dictado diversas órdenes para suspender la siembra comercial de maíz transgénico. Y en marzo de 2016 un tribunal de apelaciones sujetó también a vigilancia judicial dichas siembras con fines de investigación. Sin embargo, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha pospuesto indebidamente la tramitación de tales permisos. Desde entonces, y hasta la fecha, se cuentan 46 meses en los que no se ha autorizado en el país por mandato judicial siembra alguna de dicho maíz. Es entonces lamentable que las instituciones encargadas de velar por nuestro derecho a la diversidad biocultural y a la alimentación sean omisas ante tales resoluciones, pues estamos enterados que continúan dichas siembras en forma ilegal. Por ejemplo, y de manera descontrolada, en estados como Chihuahua; y que, aún sabiéndolo, instituciones como la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados se autolimiten en el cumplimiento de resoluciones judiciales. Para la Cnsmnhp urge cambiar el modelo neoliberal y el régimen autoritario de gobierno, por uno basado en la defensa del bien común y los derechos individuales y colectivos. Se requiere asimismo consolidar la soberanía alimentaria e hídrica del país, y garantizar nuestros derechos a seguir siendo pueblos indígenas y campesinos, y a conservar y usar nuestras propias semillas. Que todas las personas vean garantizado su derecho a una alimentación sana, adecuada y suficiente, y a contar con información veraz, clara y oportuna sobre lo que comemos. Se requiere igualmente retirar de manera inmediata y urgente la agricultura y la alimentación del TLCAN y de cualquier otro tratado de libre comercio, y prohibir definitivamente las siembras e importaciones de maíz, soya y otros alimentos transgénicos. Se deben también respetar los territorios campesinos y sus recursos, conservando la propiedad social de la tierra, y promover la siembra de cultivos agroecológicos sin uso de químicos, pesticidas y fertilizantes que dañan el ambiente y contribuyen al calentamiento global. Deben incentivarse igualmente cadenas cortas agroalimenticias, para que los alimentos de producción agroecológica sean vendidos a comunidades cercanas a precios justos y sin intermediarios. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Albert Arques Entradas relacionadas: Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur
Un nuevo estado para una nueva sociedad
Un nuevo estado para una nueva sociedad Sábado 01 de julio de 2017 Miguel Concha iscutir el proceso electoral de 2018 empieza ya a ser cansado, sea porque se manifiesta como algo ya muy visto, o porque aparece como un territorio monopolizado por los partidos, los políticos profesionales y los gobernantes. De las tres posibilidades en actitud política que establecía el célebre analista de lo público Albert Hirschman en su libro Salida, voz y lealtad (la salida como negativa a jugar, ante el convencimiento de que no se puede cambiar el orden vigente; la voz como expresión de la protesta que busca su modificación, y la lealtad como el acatamiento de las tendencias prevalecientes), pareciera que a la sociedad civil mexicana no le quedara otra alternativa que la resignación. Adaptando esta clasificación a la situación político-electoral del país, se podría decir que hoy la lealtad sería en México hacia el sistema de partidos y en general hacia el desgastado régimen político aún prevaleciente, esperando pacientemente a que, cual lotería, en algún momento surja alguien que apoye la modificación del estatus quo,dejando entretanto a éstos jugando su juego; es decir, como si realmente nos representaran y efectivamente nos gobernaran. Para todos aquellos que saben que ese juego no es real, la salida es la tentación permanente de darle la espalda a lo que ocurre en el ámbito electoral; no caer en el juego, abstenerse, no sólo de votar, sino también de disentir y de opinar. Pero como lo específico de la sociedad civil es ante todo la búsqueda de la refundación de todo el orden social, incluida la política, parece que a ésta no le queda otra alternativa que la de levantar la voz, pero haciéndose oír, no clamando en el desierto, sino en las modernas ágoras de la vida pública. Desde finales de los años 80 quedó claro que a quienes dominan la vida política no se les puede rebasar por unos cuantos puntos porcentuales, sino que se les tiene que arrasar con un gran margen de diferencia. Esto hace que quienes pretendan hacer solos la larga travesía del laberinto de la política muy probablemente tengan que seguir conformándose con ocupar una y otra vez la antesala del poder, pero no el poder mismo. Y por ello, de lo anterior se sigue la importancia del tema que ha venido cobrando cada vez más importancia en la agenda pública nacional, los frentes amplios. Ciertamente que construir uno es por demás necesario, aunque el fondo del asunto es que hay diversas maneras de lograrlo. Sin embargo, desde la perspectiva de la sociedad civil, el punto de partida para discutirlo es que no se trata sólo de un asunto de números, sino de contenidos. Por supuesto que un frente amplio tendría que ser indispensable para arrasar en las elecciones, pero para cambiar este país no basta con juntar muchos votos; hay que reunir muchas voluntades y entretejer muchos proyectos, puesto que no son menores los cambios que reclama la sociedad mexicana. Dicho frente tiene que centrarse ineludiblemente en un Proyecto Amplio para la transformación del régimen político, pues el actual está viviendo desde hace décadas tiempos extras. Se requiere de un régimen político fincado en el predominio de la sociedad sobre el gobierno. Un régimen que se realice a través de múltiples y eficaces instrumentos de participación ciudadana. Un régimen político con un verdadero equilibrio de poderes, en el que el legislativo funcione realmente como control del ejecutivo, pues ya basta de presidencialismo, y en el que el judicial, cimentado en los derechos humanos y en las leyes, sea realmente autónomo. La peligrosidad de la autonomía del poder judicial para poder enfrentar la corrupción y la impunidad, tal vez sea la razón que explique la agresividad de los ataques infundados de los políticos conservadores contra la Constitución de la Ciudad de México. Ello no obstante, la demanda de un régimen político distinto es porque urge sistemáticamente cambiar las políticas económicas y sociales. Ni la pobreza ni la desigualdad, ni el estancamiento económico ni el desempleo aguantan más. Por ello, el voto mayoritario es necesario, pero de ninguna manera suficiente. Si un posible frente amplio no se construyera sobre un programa acordado con las mayorías, los logros electorales que pudieran tener pronto se vendrían abajo, y los aliados más tardarían en llegar al gobierno que en pelearse por su reparto. Habrá que tener en cuenta también que un programa consensado no puede ser el resultado de la repetición hasta la caricatura de los spots partidarios. Se requiere por el contrario de la discusión abierta; del debate que haga posible los convencimientos y acuerdos. En estos días se han multiplicado las ofertas de candidaturas presidenciales, lo que es legítimo y puede ser democráticamente productivo. Pero está visto que nadie, ninguna oferta, puede por sí sola arrasar. Se requiere conjuntar las aspiraciones para, entre muchos, lograr un cambio perdurable, que vaya mucho más allá de quien ocupe la presidencia en el próximo sexenio, pues se trata de una tarea para varios períodos de gobierno. Se requiere también ocupar el Congreso, lo que muy a menudo se pierde de vista y se pospone para el final. Para lo anterior no basta, aunque también se requiere, que los políticos profesionales se sienten a negociar; negociación, sin embargo, que dejada sólo a entre ellos se agotaría en el intercambio de alianzas por posiciones en el gobierno. Se trata entonces de que también escuchen y dialoguen con las distintas expresiones de la sociedad, para que así el intercambio sea entre posiciones programáticas y mecanismos que aseguren que los acuerdos se van a cumplir. Y es esto lo que la sociedad civil tiene que lograr en menos de un año. Nada menos que sentar las bases para un nuevo siglo. Se trata, ni más ni menos, de la tarea de asegurar que una nueva sociedad tenga un nuevo Estado. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación
Líneas de acción para una visión de futuro
Líneas de acción para una visión de futuro Sábado 17 de junio de 2017 Miguel Concha Recientemente la Comisión Episcopal para la Pastoral Social dio a conocer una serie de reflexiones y compromisos éticos y pastorales que vale la pena conocer, ante lo que califica con razón como la múltiple emergencia humanitaria que enfrenta México. Para los obispos que encabezan las siete dimensiones en las que está organizada la pastoral social de la Iglesia católica en el país, nos enfrentamos a una emergencia humanitaria, política, económica y social, que en general afecta a toda la nación, y en particular a sus diferentes regiones, y cuya profundidad contribuye incluso a la caída de símbolos y esperanzas, modelos y narrativas. Para estos obispos, que declaran querer ver de frente la realidad, para actuar conforme a su conciencia, e identifican como el mayor desafío el cambiar las injusticias, la corrupción y las violencias, vengan de donde vengan, la situación de México requiere cambios estructurales profundos, fruto del diálogo y la no imposición, que deben ir a la raíz de las problemáticas y no ser solamente respuestas coyunturales. Convocan por ello a todas las personas cercanas y adversarias a responder desde ya, mediante el diálogo y la colaboración, a esta crisis multidimensional, con el fin de contribuir a una sociedad, una economía y una política transformadas. Para ello se comprometen y proponen tres líneas de acción clave para responder con visión de futuro: construir una vida en paz y propiciar el diálogo en México y con los demás pueblos; una nueva economía para un verdadero desarrollo, y construir una política al servicio del pueblo. Por lo que se refiere a la primera línea de acción, en su documento establecen que no es con más violencias, guerras o supresión de libertades como se sientan las bases para la paz, sino que se tiene que actuar con verdad y justicia, y cambiar los modelos económicos, políticos, sociales y culturales, en función del respeto a los derechos humanos personales y colectivos. Los obispos proponen y se comprometen entonces a ampliar también el diálogo de nuestra sociedad con las sociedades del mundo exterior, en particular a nivel latinoamericano, y con Estados Unidos y Canadá. A nivel latinoamericano, para colaborar unidos y luchar para que no existan muros ni militarizaciones entre comunidades hermanas, ante la urgencia de las respuestas en favor de los migrantes. A nivel de Estados Unidos y Canadá, para avanzar juntos en la resolución de nuestros problemas comunes. Y a escala mundial, para que México trate de integrar en el desarrollo todos los elementos que lo hacen verdaderamente tal, frente al dominio de una visión unilateral, las divisiones y las guerras entre naciones, las desigualdades y las luchas. Y a propósito precisamente de una nueva economía para un auténtico desarrollo, el documento –que con el papa Francisco rechaza una economía que mata, y sí en cambio acepta una economía que incluya a los pobres y use las ganancias para crear comunión– subraya la urgencia de la acción solidaria de todos para propiciar la cohesión social, ante la emergencia del empobrecimiento de comunidades y regiones que dependen de las remesas. Plantea igualmente que el debate actual sobre el salario mínimo debe verse con carácter de urgencia, exhortando al mismo tiempo a las empresas y grupos privilegiados a la responsabilidad social. “Todos tenemos que contribuir ante las dificultades con creación de trabajo –afirma–, especialmente cada empresario cristiano, que no debe ser un mero homo economicus, un autómata que reacciona a estímulos, sino “un ciudadano responsable que goza de sus ganancias para el bien común. Hoy la creación de empleos dignos con salarios decentes y la reactivación de la economía interna –expresa– son un imperativo”. El documento se refiere igualmente al consumo con responsabilidad social, mediante una vida sobria y la adquisición de productos mexicanos, así como a la prioridad que debe darse al campo para recuperar nuestra seguridad alimentaria, por un deber de justicia actual y una deuda acumulada durante años con nuestros campesinos e indígenas, a quienes no se les ha dado su parte. Sobre la renegociación de los tratados económicos, en especial el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo con la Unión Europea, el documento –que recuerda que cuando el primero se negoció con severas asimetrías, se propició que en nuestro país hubiera sectores ganadores y sectores olvidados y perdedores–, pide que se hagan con sumo cuidado, y que en una nueva negociación los pobres no pueden volver a quedar abandonados. Mejor aún, se tiene que prevenir y compensar a quienes entonces resultaron afectados. Los tratados –señala también con razón– deben contribuir al bienestar especialmente de los pobres y no exacerbar la desigualdad, llevando a un mundo más pacífico”. Y añade que durante la negociación deben estar vigilantes ciudadanos representantes de las naciones implicadas que defiendan los derechos de los pobres, los pueblos originarios y el cuidado de la creación, mediante mecanismos de participación y diálogo entre iguales. Y a propósito de la construcción de una política al servicio del pueblo, el documento subraya la necesaria participación activa y libre de todos los ciudadanos en los procesos electorales, actuando siempre con honestidad y exigiendo honestidad por parte de todos los participantes, con una ética civil común para todos los mexicanos. Pide por ello que se exija que programas y personas estén comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la prevención de las violencias (en especial contra los comunicadores y defensores de los derechos humanos), el sufrimiento de todas las personas víctimas de estas violencias, y la superación urgente de la pobreza y las desigualdades lacerantes. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar
