La diversidad biocultural en la COP
La diversidad biocultural en la COP Sábado 07 de enero de 2017 Miguel Concha Durante 2016, y a la par de los preparativos de la reunión de la 13 Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), COP 13, realizada en Cancún, Quintana Roo, del 4 al 17 de diciembre pasados, diversas organizaciones, comunidades y movimientos sociales comenzaron una serie de reflexiones y acciones en torno a las implicaciones en esa deliberación mundial. Para tratar ese trascendental tema se llevaron a cabo reuniones entre universidades, organizaciones y comunidades indígenas y campesinas. Destaca, por ejemplo, la del 29 de noviembre pasado, realizada por el Diálogo Indígena y Campesino de la Caravana de la Diversidad Biocultural, integrado por un conjunto de comunidades, académicos y organizaciones sociales que han impulsado la defensa de la diversidad biológica y cultural. En él se congregan quienes desde diversos ámbitos han luchado por la conservación y cuidado de la Madre Tierra y se oponen a la privatización y comercialización de la biodiversidad cultural. La Caravana considera que son las comunidades las legítimas poseedoras de la biodiversidad y que son ellas quienes han creado y resguardado en sus territorios, por cientos de años, la inconmensurable riqueza biocultural. Asimismo, del 9 al 11 de diciembre siguientes se realizó igualmente en Cancún la Cumbre Múuch’tambal sobre Experiencia Indígena: Conocimiento Tradicional y Diversidad Biológica y Cultural, para discutir y proponer medidas locales, nacionales y globales, con el fin de integrar saberes tradicionales de personas y comunidades indígenas en el cuidado de los bienes comunes, así como el bienestar económico y social de los pueblos. Dicha cumbre, gestionada también por comunidades indígenas, académicos y organizaciones sociales, fue convocada casi al mismo tiempo que se realizaba la reunión formal entre estados de la COP 13. Todas estas acciones evidencian la oposición que existe entre las posturas que los distintos espacios sostienen. La COP 13 dejó ver que en razón de la mayoría de acuerdos que sostuvieron, su mayor apuesta es la cooperación internacional a partir de las empresas y la iniciativa privada, las cuales claramente ponen en riesgo la diversidad cultural y biológica, al priorizar el lucro de los bienes comunes y los conocimientos tradicionales, por encima de la libre determinación de los pueblos y su relación ancestral con los ecosistemas que los sustentan. A decir de las organizaciones y comunidades, se trata de una agenda que impulsa la mercantilización de la diversidad biocultural. Por otro lado, las organizaciones integrantes de la Caravana por la Diversidad Biocultural, así como la Cumbre Múuch’tambal, entre otras redes de organizaciones que acudieron a intentar participar e incidir en la reunión de la COP 13 –que se caracterizó por su cerrazón ante las demandas sociales–, se posicionaron no sólo por atender la crisis ambiental que se da a nivel global, sino también por hacer frente al sistema neoliberal, causante de estas crisis, mediante la defensa de la autonomía de las comunidades, la legitimidad de los saberes tradicionales, el derecho a la tierra y al territorio, el derecho a la consulta y al libre consentimiento, así como al cuidado y la conservación de los bienes comunes. La Caravana de la Diversidad Biocultural se constituyó precisamente para hacer frente a los atropellos de empresas trasnacionales contra el cuidado de la biodiversidad y el bienestar de los pueblos indígenas y originarios, teniendo a México entre sus referentes, por la lucha contra la siembra de soya transgénica por parte de Monsanto en diversos municipios de Campeche. Caso en el que, como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya falló en favor de las comunidades afectadas que se detuviera la siembra de dicha planta, en vista de que los pesticidas y las modificaciones genéticas de los cultivos afectaron gravemente a las abejas y la apicultura de la región, que representa una importante actividad económica para las comunidades mayas de Campeche. Asimismo, por la lucha social y jurídica que desde hace ya más de tres años han llevado a cabo organizaciones sociales, campesinas e indígenas contra las siembras de maíz transgénico, y que gracias a ella se han detenido en su fase comercial. Y por las diversas resistencias que los pueblos y comunidades mantienen en sus territorios, contra el despojo de sus patrimonios bioculturales. Desde la Cumbre Múuch’tambal se expidió una declaración que expresa la importancia de los conocimientos de los pueblos para la protección de la biodiversidad, así como la relevancia de su uso libre, para que la biodiversidad cultural en México y el mundo no se vea vulnerada por los intereses empresariales. Las organizaciones reconocen también ampliamente, entre otros puntos, el papel de las mujeres y de las personas jóvenes en el cuidado de la diversidad biológica y cultural; el nexo ancestral entre los pueblos indígenas y originarios con la tierra y los ecosistemas; la importancia de proteger los recursos genéticos de los seres vivos; la vigencia de los organismos internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, y, para resguardar la diversidad biológica y cultural, la necesidad de la colaboración entre las comunidades indígenas y las instancias internacionales. Por su parte, la Caravana de la Diversidad Biocultural posicionó frente a la COP 13 que defender la biodiversidad de manera integral implica entender la profundidad de los sentidos culturales vinculados a todos los elementos de la Madre Tierra, la Pachamama, y los pueblos originarios. Y que es desde allí de donde parte la defensa de la vida y el bien común, con base en la organización, la cooperación y la ayuda mutua, pilares de la comunalidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): Caravana de la Diversidad Biocultural Entradas relacionadas: Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales y soberanía alimentaria Libre comercio y movilidad humana
Seguridad interior y víctimas
Seguridad interior y víctimas Sábado 24 de diciembre de 2016 Miguel Concha Transcribo lo que se lee en un chat de víctimas: ¿Qué hacer en caso de secuestro en Guerrero? 1. Mantenga la calma y levántese en armas en su pueblo, colonia o comunidad. 2. Investigue qué grupo criminal se lo llevó. 3. Secuestre a la mamá, hermanos o familia de este criminal. 4. Háblele a Héctor Astudillo y dígale que deje de proteger a sus amigos secuestradores y que sirva de mediador entre sus cuates y usted. 5. Espere unas horas en lo que el gobernador les habla a sus cuates para que se haga el intercambio de rehenes. 6. Ya que tenga a su familiar de vuelta, suelte a la mamá del secuestrador. 7. Deje que el gobernador presuma que fue él quien habló con sus amigos para que liberaran a su familiar. 8. Si vuelven a secuestrar a un familiar, repita todos los pasos anteriores. A 10 años del inicio de la escalada de la violencia, ahora epidémica, así denuncian las víctimas la ausencia de autoridad y estado de derecho en el actual contexto de macrocriminalidad. Mientras, expertos comentan la más reciente, pero recurrente queja, del secretario de la Defensa: urge un marco jurídico a las fuerzas armadas para seguir siendo los policías que no quieren ser. El argumento más inquietante, pues pareciera que piden una ley de obediencia debida, se refiere a que, si no los regulan, se les podrá imputar responsabilidad por las violaciones a derechos humanos que han cometido en la ilegalidad con que actúan. Serviciales y veloces, derrotados en sus obligaciones constitucionales y sometidos a su propia incapacidad, los representantes de las autoridades civiles, lastimosamente legisladores federales, se aprestaron a prometer a los militares la regulación de la seguridad interior, eufemismo más mentado de seguridad pública, para con ello legalizar la violación y desnaturalización de los artículos constitucionales 21, 29, 129 y 89, fracción VI, referida a la seguridad nacional, que no se atreven a reformar. Sin entrar en mayores detalles, a la fecha en el Congreso hay: 1. Una minuta del Senado, congelada en la Cámara de Diputados desde el 22 de abril de 2011, que adiciona a la Ley de Seguridad Nacional un título séptimo (de la declaratoria de afectación a la seguridad interior), propuesto por Felipe Calderón en 2009, después de que el 19 de febrero de ese año el secretario de Defensa de entonces reclamó una regulación a su función de policías. 2. Una iniciativa de ley de seguridad interior, presentada el 27 de septiembre de 2016 por el senador Roberto Gil, que propone una declaratoria de afectación a la seguridad interior, Calderón dixit, con preceptos perturbadores, como legislar el uso legítimo (faltaba más) de la fuerza, para que la fuerza armada permanente, es decir el Ejército y/o la Marina, o la fuerza especial de apoyo federal –también el Ejército y la Marina, aunque con adiestramiento y doctrina en seguridad interior (lo que sea que eso signifique), y en estricto apego a los derechos humanos (la fuerza armada permanente no está obligada a respetar derechos humanos)– pueda controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva (sic), agresiva (resic), o agresiva grave (recontrasic), bajo la vigencia de la declaratoria de afectación a la seguridad interior, eso sí, con respeto a los derechos humanos. La iniciativa del senador panista es un dechado de vacíos constitucionales que regula la irregularidad que se da cuando los elementos militares intervienen en seguridad interior/pública para impedir una serie de ambigüedades, como la infiltración o captura de las instituciones de seguridad nacional o de seguridad pública, la obstaculización de la prestación del servicio de seguridad pública o de otras funciones o servicios públicos pertenecientes a las áreas estratégicas o prioritarias, así como el que los militares presten auxilio a las autoridades constitucionales y a las instituciones de seguridad pública, o la nada ambigua violación al derecho de libre tránsito, permitiendo la inspección de personas y bienes en puestos de revisión en la vía pública (artículo 22 de la iniciativa), sin decretar suspensión o restricción del ejercicio de derechos y sus garantías, como señalan los artículos 1 y 29 constitucionales. Y 3. Una iniciativa de ley de seguridad interior, presentada el 8 de noviembre pasado por el coordinador de los diputados priístas, César Camacho, que no habla de afectación, sino de protección a la seguridad interior. Al igual que la iniciativa panista, se reproduce en parte lo que en su momento presentó Calderón, con las mismas ambigüedades: quebranto a las instituciones, a la integridad de la Federación y a la gobernabilidad democrática (sic). Ambas iniciativas parecieran confeccionadas por la misma mano: se obvia el sustento constitucional de legislar sobre seguridad interior por fuera de la seguridad nacional, y se excluye aplicar la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, como explican también los especialistas. Valga decir que esta iniciativa cuida más la forma, que no el contenido, del trato a las fuerzas armadas (con minúscula), porque no se inventa una fuerza especial de apoyo inconstitucional, y expresamente señala (artículo 9) que no se restringen ni suspenden derechos humanos y sus garantías; y que, de ser el caso, se estará a lo que dispone el 29 constitucional. Mucho oiremos sobre seguridad interior en los próximos meses. Nada nuevo en la ingobernabilidad surgida de la corrupción e impunidad sistémicas. Sin embargo, los principales afectados por esa afectación a la seguridad pública siguen sin ser escuchados, ni atendidos ni respetados en su dignidad y su derecho a la verdad y a la justicia. Las víctimas siguen siendo el gran ausente de este debate, pero las más presentes en el desastre humanitario y la rendición de las autoridades civiles. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : (*) Entradas relacionadas: Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales
Las mujeres y los Desca
Las mujeres y los Desca Sábado 17 de diciembre de 2016 Miguel Concha En la situación actual de los derechos humanos en México, es necesario mencionar que la realidad que se enfrenta en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) también es grave, a pesar de que por el discurso de que son programáticos, y porque se conciben como un grupo de derechos humanos de carácter amplio, se han dejado de visibilizar, como parte del contexto de crisis generalizada. Hoy sabemos que por el principio de integralidad e interdependencia de los derechos humanos los Desca son igualmente importantes en la construcción de un mundo y un país sin miseria, precarización ni miedo. Los derechos humanos no deben jerarquizarse bajo ninguna circunstancia, pues ninguno está por encima de los otros. Nadie puede, por ejemplo, acudir a ejercer derechos civiles o políticos si no ve también garantizados sus derechos sociales, como la alimentación o la salud, pues la ausencia de uno afecta el cumplimiento del principio de integralidad, más que necesario en la construcción de un Estado garante de los derechos humanos. En este escenario y durante este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC llevó a cabo en uno de sus proyectos una serie de encuentros entre mujeres defensoras de los Desca, que también luchan por una vida libre de violencia, en por lo menos cinco estados de la República. Y ello por dos motivos. Primero, por la situación de retroceso en la garantía de este grupo de derechos, que cada vez más son concebidos como servicios, y a los que se accede únicamente pagando, y porque además enfrentan la exacerbada y acelerada implementación de la lógica neoliberal, que ha traído consigo la precarización del trabajo, la imposibilidad de acceder a un techo y el despojo de bienes comunes, como el agua, la tierra, así como el territorio. En segundo lugar, porque en el centro se es consciente de las relaciones de poder emanadas de un sistema patriarcal basado en imperativos de género, que ha dejado a las mujeres al lado o fuera de la historia, y les ha impedido mayormente la garantía y el respeto a sus derechos humanos. En este caso, a una vida libre de violencia y el cumplimiento de los Desca. De ahí, la necesidad de hacer más evidente la importancia y la construcción de procesos de acompañamiento en la exigibilidad de derechos con perspectiva de género, no sólo para denunciar o generar soluciones ante las diferentes problemáticas a que las mujeres se enfrentan, sino también para hacer visibles los espacios y procesos organizativos de lucha y participación en que están involucradas, que en muchas ocasiones no son notorios a primera vista. Cabe señalar que la perspectiva de género debiera estar incorporada en el interior de las organizaciones en la totalidad de los espacios y en los procesos de exigibilidad, ya que de lo contrario queda reducida únicamente a un segmento, parcializándola y no considerándola transversal y guía necesaria en la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Parafraseando la Plataforma de Acción de Beijing, se afirma también con ello que la perspectiva de género debe estar integrada en todas las políticas y programas del Estado, como garantizar todos los derechos humanos de las mujeres y niñas, como parte inalienable e integral de las prerrogativas universales, llevando a cabo todas las acciones necesarias para combatir las violaciones a los mismos. Esta perspectiva se hace también necesaria al momento de generar y acompañar en el campo de la defensa desde la sociedad civil los procesos organizativos que ayudan a la realización de los derechos humanos. Al hacer el cruce entre Desca y perspectiva de género, este tipo de encuentros nos dejan ver que aún tenemos retos considerables, no sólo en la visibilización, participación y reconocimiento de las mujeres en los procesos de exigibilidad, sino también en la garantía de derechos, como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, el medio ambiente y los derechos laborales, que se entretejen con la búsqueda del derecho a una vida digna y libre de violencia. Por ejemplo, en materia de acceso a la tierra, son menos las mujeres titulares de la propiedad colectiva o individual que las que tienen su tenencia en hombres. Por otro lado, los efectos de la escasez de alimentos, o la ausencia de políticas de salud integral y de calidad, así como el poco acceso a la educación, son más impactantes en las mujeres que en los hombres, en razón de la doble vulnerabilidad en que se les coloca por razones de género. Además, en el caso del trabajo de las mujeres, hoy sabemos que, de acuerdo con el Inegi, el valor del trabajo no remunerado en las labores domésticas y de cuidado fue el equivalente a 18 por ciento del producto interno bruto, y que por cada 10 horas de carga total de trabajo remunerado y no remunerado realizados por mujeres, los hombres realizan 8.3 horas. Esta situación nos obliga a redoblar esfuerzos para que todos y todas trabajemos por revertir esta situación de desigualdad, opresión y marginación de las mujeres, desde ellas y con ellas. El proyecto Experiencias de Participación de Mujeres Defensoras de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, acompañado por el Centro Vitoria – cuyos resultados y materiales pueden revisarse en línea (http://bit.ly/2hjfP5l)–, integró y articuló con los conocimientos técnicos la participación y experiencias de mujeres que trabajan por hacer realidad sus derechos, la justicia, y por vivir una vida libre de violencia. Con ellas también aprendimos que la participación de las mujeres en la lucha por sus derechos humanos, imprime a ésta un impulso revitalizador que hace justicia a quienes son invisibilizadas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales y soberanía alimentaria
Territorialización de la reforma energética
Ilegalidad e injusticia agraria
Ilegalidad e injusticia agraria Sábado 03 de diciembre de 2016 Miguel Concha En México y en el mundo las empresas trasnacionales son un actor responsable de graves violaciones a los derechos humanos, en perjuicio sobre todo de las comunidades agrarias y los pueblos indígenas. Las principales violaciones de estos derechos, documentadas por organizaciones de la sociedad civil, son a la consulta previa, libre e informada; a la libre determinación; a la propiedad colectiva de la tierra; al medio ambiente sano, así como a la salud, al agua y al trabajo, entre otras. La mayoría se cometen cuando los proyectos tienen que ver con la industria extractiva, dentro de un supuesto modelo de crecimiento económico hacia afuera, al interior de una globalización desigual. En el caso de la minería, por ejemplo, y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, hay 269 empresas extranjeras que operan proyectos, y de éstas, 204 son canadienses. Varias organizaciones no gubernamentales han analizado distintos casos en los que son evidentes los abusos en que incurren estas empresas, aprovechándose de problemas estructurales de México, como la corrupción y la impunidad. Uno de esos casos es el de La Sierrita de Galeana, ejido ubicado en el municipio de Tlahualilo, Durango. En sus tierras se encuentran yacimientos de plata, plomo y zinc, bienes naturales explotados por la empresa minera canadiense Excellon Resources, Inc., por conducto de su filial, Excellon de México. En su primer acercamiento en 2004, la empresa amenazó y obligó a los ejidatarios a firmar un contrato de ocupación temporal injusto para los intereses de las y los propietarios de la tierra. Con el acompañamiento de la organización ProDESC, en 2008 se logró una renegociación de ese contrato, estipulando cláusulas sociales, económicas y medioambientales importantes. Sin embargo, al paso de los años la empresa no cumplió con varias de ellas. Fue así como a partir de 2011 las y los ejidatarios de La Sierrita emprendieron, mediante diversas acciones, enmarcadas siempre en la legalidad, la defensa de su tierra, haciendo para ello uso de una constante búsqueda de diálogo con la empresa, con el fin de saber la causa de esos incumplimientos. Ante una negativa sistemática de ésta para acceder al diálogo, en 2012 las y los ejidatarios de La Sierrita presentaron ante el tribunal unitario agrario del distrito sexto en Torreón, Coahuila, una demanda de rescisión del contrato de ocupación temporal. Tras cuatro años de litigio, el pasado 14 de noviembre el tribunal en cuestión finalmente emitió una resolución sobre el caso. En ella indica que la empresa debe desocupar las tierras arrendadas y pagar 5 millones 500 mil pesos al ejido. Lo anterior significaría una sentencia exitosa y una esperanza dentro del debilitado sistema de acceso a la justicia, si no hubiera otro elemento de preocupación discordante en la decisión de la magistrada Marcela Ramírez Borjón, pues así como establece un pago para la empresa, su sentencia también señala que el ejido debe pagar a la empresa poco más de 5.6 millones de pesos. Además, condiciona la entrega de las tierras a este pago, estipulando que el ejido podrá hacer uso de sus tierras siempre y cuando pague dicha cantidad. Esto último significa una suerte de embargo de las tierras de uso común del ejido, que contraviene el espíritu de la propiedad social de las tierras de los ejidos en el país, protegido por el artículo 27 constitucional, y su carácter de inembargable, protegido también por la Ley Agraria. Esta sentencia nos evidencia lo que ya veníamos observando en la conducta violatoria del Estado mexicano, pues las y los impartidores de justicia en materia agraria están emitiendo resoluciones que dejan en mayor vulnerabilidad a las comunidades, olvidando el carácter tutelar del derecho en esa materia, parte de la herencia de derechos sociales que se plasmaron en la Constitución de 1917 y dejó la Revolución Mexicana. Es menester recordarles a los magistrados de los tribunales agrarios que su función es asegurar el acceso a la justicia en un claro desbalance de poder político y económico entre las comunidades agrarias, los pueblos indígenas y las empresas trasnacionales, y que su obligación es emitir resoluciones en consecuencia. El caso de La Sierrita es sólo un ejemplo de la lucha que otros ejidos están dando por la defensa de sus tierras y sus bienes comunes, y de cómo los ejidos y los pueblos indígenas son los que de manera organizada, legal y pacífica siguen resistiendo ante amenazas, intimidaciones y hostigamiento de actores relacionados con las empresas, y en muchos casos por representantes de las mismas, que a su vez son funcionarios públicos locales, estatales y federales. Todo lo cual constituye una clara criminalización del derecho a defender derechos humanos. Aun cuando el Estado mexicano tiene provisiones, como la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, y el mecanismo derivado de ésta, es una realidad que las y los defensores de la tierra, el territorio y los bienes naturales se encuentran entre los grupos de personas defensoras con mayor riesgo y menor protección. La actuación desregulada de las empresas trasnacionales, con la anuencia de los estados, es ya motivo de preocupación y discusión en escenarios internacionales de derechos humanos. Por ello es necesario que los estados brinden protección contra los abusos de la industria extractiva y se comprometan a otorgar a las comunidades afectadas un real acceso a la justicia, para la reparación y la garantía de no repetición de los daños que les ocasionen. Es imperante que el Estado mexicano muestre su compromiso por generar condiciones legales y políticas efectivas, para que empresas como Excellon Resources respeten los derechos humanos de comunidades que defienden sus tierras, como La Sierrita. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ProDESC Entradas relacionadas: Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales y soberanía alimentaria Libre comercio y movilidad humana Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa
Ciudadanos y constitución de la CDMX
Ciudadanos y constitución de la CDMX Sábado 26 de noviembre de 2016 Miguel Concha Como fuente de legitimidad de una constitución nada puede sustituir a la identificación y apropiación que de ella hagan las personas que integran la comunidad política. Por ello es de vital importancia la intervención de la ciudadanía en el proceso constituyente. Después de un proceso que en su última versión se inició en 2014, está ya próxima la fecha en que la Ciudad de México tendrá su propia constitución. Todo parece indicar que, en efecto, en los primeros meses de 2017 tendremos el esperado texto que regulará la vida pública de quienes habitamos y transitamos en esta ciudad. Sin embargo, la participación ciudadana ha sido hasta ahora desigual. Comenzó desde tiempo atrás con propuestas formales para modificar el estatus jurídico político de la capital. Disminuyó mucho después con el proceso electoral, que no alcanzó 29 por ciento de la lista nominal de electores. Pero se incrementó con la convocatoria que hizo la mesa directiva de la Asamblea Constituyente con el fin de que la ciudadanía presentara iniciativas de reforma al Proyecto de Constitución, ya que fueron recibidas más de 800. Es deseable que la participación de los ciudadanos sea aún mayor, aunque hay dudas que conviene despejar por el bien del futuro de la vida pública en nuestra ciudad. Entre las preocupaciones válidas sobre la etapa final del proceso constituyente están las que diversas organizaciones de la sociedad civil y personalidades de la academia expresaron en un pronunciamiento que entregaron a la mesa directiva. En este parten de reconocer y saludar el esfuerzo hecho por distinguidos ciudadanos y ciudadanas que elaboraron el Proyecto de Constitución presentado por el jefe de Gobierno a la asamblea. Pero junto con el reconocimiento, advierten que consideran que este es un buen punto de partida para debatirlo y nutrirlo con la incorporación de las propuestas ciudadanas y no para disminuirlo en el proceso parlamentario. Reconocen la decisión tomada por la Asamblea Constituyente de impulsar el parlamento abierto y, con ello, permitir la presentación de iniciativas ciudadanas, así como la posibilidad de discutirlas con las comisiones correspondientes. Pero también expresan su malestar porque, como literalmente dicen, las iniciativas no siempre llegaron a las manos de las comisiones correspondientes, donde, si bien hubo constituyentes que conocían los proyectos y formularon preguntas atingentes, en muchos casos no sucedió así, y en otros éstos tenían más interés en hablar que en escuchar. Reconocen igualmente que la gran cantidad de iniciativas recibidas demuestra el interés de la ciudadanía en este proceso, aunque afirman que por lo mismo sería lamentable que no fueran debidamente sistematizadas y analizadas. Las múltiples iniciativas ciudadanas presentadas no se restringieron a darlas a conocer a la Asamblea Constituyente, sino que también fueron base del diálogo con quienes las propusieron, encontrando en ello acuerdos fundamentales. Entre los principales subrayamos los siguientes: 1) No puede haber retroceso en los derechos ya reconocidos en la ciudad y, por ello, el desarrollo social debe seguir siendo base fundamental de la relación gobierno-sociedad, y no se le puede sustituir con expresiones derivadas de menor alcance, como protección o bienestar. 2) Los derechos humanos no sólo deben estar reconocidos de manera declarativa, sino que deben contar siempre con mecanismos institucionales para su exigibilidad y justiciabilidad. 3) Aunque ciertamente es un avance de primera importancia diferenciar entre la planeación a largo plazo y las estrategias de los diversos periodos de gobierno para realizarla, es imprescindible que el órgano encargado de la planeación tenga la suficiente independencia del gobierno en turno y se acote al máximo la influencia del habitual juego de los partidos. 4) Es también imprescindible y absolutamente innegociable el reconocimiento de la función social y ambiental del suelo. 5) No es suficiente enunciar la participación ciudadana en la gestión de la ciudad pues, para ser coherentes, es indispensable que se establezca el mandato a los legisladores para que siempre normen con el mayor alcance posible en cada caso. 6) La selección de los miembros de los órganos de impartición de justicia y su desempeño deben estar abiertos en todos los casos al escrutinio de la ciudadanía, y no quedar sujetos a la autorreproducción de una élite. Es necesario separar completamente las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Los asuntos puestos de relieve por quienes suscriben el pronunciamiento van a la médula de aspectos cruciales en la discusión sobre el futuro de la ciudad, y no omiten el reconocimiento de las amenazas para la democracia en el proceso constituyente. Sabemos, afirman, que la Constituyente está recibiendo fuertes presiones de cabilderos de grupos empresariales que ven a la ciudad sólo como negocio, y que temen que la constitución limite sus privilegios. Para evitar estos riesgos formulan dos demandas básicas: 1) Que la junta directiva dé a conocer el método de sistematización de las propuestas ciudadanas y el resultado de su análisis. Y 2) Que el proceso de diálogo con la ciudadanía se mantenga hasta la aprobación final de la Constitución, y no se reduzca en esta última etapa a las negociaciones entre partidos. Si queremos una constitución legitima para la ciudad, habrá por ello que continuar abriendo las puertas y ventanas del Constituyente a la intervención ciudadana. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : A.Luna * Entradas relacionadas: Diálogos sobre protesta social No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales y soberanía alimentaria Libre comercio y movilidad humana Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX
Diálogos sobre protesta social
Diálogos sobre protesta social Sábado 19 de noviembre de 2016 Miguel Concha Debido al intercambio de reflexiones y experiencias en distintos espacios a escala internacional, diversas organizaciones sociales han sostenido que la protesta social para generar transformaciones profundas se vuelve fundamental en una época de franco retroceso en materia de derechos humanos, ascenso de discursos de odio y endurecimiento de políticas de seguridad en diversas regiones del mundo. El pasado 4 de noviembre se dieron cita en Barcelona varias redes internacionales de organizaciones y defensores de derechos humanos para discutir sobre temas de seguridad, activismo y derechos humanos. Entre estas experiencias resultó interesante explorar los esfuerzos que se hacen en diferentes regiones y países para hacer frente al modelo hegemónico de seguridad, el cual provoca serias violaciones a derechos y la criminalización de quienes individual o colectivamente disienten de un modelo económico impuesto por décadas, y que nos coloca en una crisis que pareciera no tener fin. Convocadas por la Campaña Defender a quien Defiende, integrada por movimientos y organizaciones sociales, periodistas y comunicadores, así como por grupos de investigación, abogados y juristas que hacen mayormente su trabajo en España, acudieron a la cita agrupaciones de esta coalición, al igual que integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), que trabaja en México, y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, con presencia en México y Centroamérica, entre otros. Las reflexiones entretejidas expuestas nos ofrecen algunos puntos de convergencia que ayudan a diagnosticar y ampliar panoramas sobre lo que sucede en esta época. En diversos países se ha documentado la construcción de andamiajes legales encaminados a controlar a la población y desmantelar los ejercicios de protesta en espacios públicos. Un ejemplo paradigmático de este tipo es la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, impuesta en España, que desde su implementación ha demostrado cómo la simple enunciación de seguridad ciudadana –y la supuesta intención del Estado de proteger derechos humanos– no basta cuando no se transforma culturalmente y de fondo la estructura habilitada para generar seguridad en determinadas jurisdicciones. En voz de las propias organizaciones que han hecho frente a esta ley del Estado español, se trata de un mecanismo legal, aunado también con otros de naturaleza administrativa o penal, para preservar un modelo neoliberal y controlar a la población que se opone a las decisiones que toman los gobiernos y ve afectados sus derechos, principalmente los sociales. Además, habilita el uso de la fuerza pública en contra de aquellos grupos indeseables al proyecto de nación cimentado en el neoliberalismo, impregnado de un discurso de combate al terrorismo. Por otro lado, es evidente que la concepción del espacio público en diversos países está fundamentada en procesos de securitización que provocan la instalación de modelos de seguridad que invaden la vida cotidiana e íntima de la sociedad, con los que, más grave aún, los estados, supuestamente en aras de brindar seguridad, aplastan las libertades fundamentales de las personas y pueblos. Con el afán de generar esa seguridad, que no es ciudadana, en México y en gran parte de América Latina se han impuesto políticas y acciones de gobierno más bien militarizadas, derivadas de la construcción mediática y política de la mal llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que han desembocado en la participación de cuerpos militares en asuntos de seguridad pública. Estas reflexiones se ampliaron también en otros intercambios internacionales que en su momento convocó el FLEPS los días 10 y 11 de octubre en la Ciudad de México, en relación con el espacio público, la protesta social y la participación democrática. En esa ocasión representantes de organizaciones de Argentina, Colombia, Perú, España y México coincidieron en que el endurecimiento de un modelo de seguridad contrario a derechos humanos se vislumbra como un problema global, ya que la toma de los espacios públicos para protestar, como sucedió en las primaveras árabes, los procesos del 15-M en España, el Occupy Wall Street en Estados Unidos, el movimiento #YoSoy132, o en las acciones de protesta del primero de diciembre de 2012 en México, hizo que los estados vieran ahora como riesgo y amenaza para la seguridad interior el surgimiento de grupos organizados que salen a las calles a protestar y se oponen directamente al avance de políticas de Estado y actividades de empresas que violentan sistemáticamente sus derechos, bienes comunes y territorios. En los diversos diálogos sostenidos por las organizaciones sociales fue evidente que el modelo actual de seguridad nos obliga a repensar las formas en que las personas y pueblos pueden luchar por sus propios espacios seguros, por ejemplo, en las manifestaciones y reuniones públicas, cuando es sabido que el uso de la fuerza se dirige a impedir o inhibir la realización de esas protestas y expresiones en espacios públicos. La exigencia de la construcción de una auténtica seguridad ciudadana pasa ciertamente por el reacomodo de los marcos legales y la formación y actuación desde otra óptica de los agentes del Estado, pero sobre todo por la promoción de los derechos que las personas y los colectivos tienen, y su pleno cumplimiento. No es menos importante que en la construcción de una real seguridad ciudadana pensemos en la diversidad de grupos vulnerabilizados que merecen especial atención, así como en contar con una mirada transversal de género que posibilite a las mujeres mayor participación en la construcción de modelos y procesos de seguridad que respeten la vida, la integridad y los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales y soberanía alimentaria Libre comercio y movilidad humana Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas
No discriminación por razón de edad
No discriminación por razón de edad Sábado 12 de noviembre de 2016 Miguel Concha Terminaba en 2011 una administración cuestionada en la defensa de los derechos humanos en el estado de Querétaro. Se perfilaban candidaturas de profesionales en la materia para acceder al cargo de presidente de la otrora Comisión Estatal de Derechos Humanos. Delineada la convocatoria por la competente legislatura del estado, acudieron a postularse diversos candidatos, calificados unos, advenedizos otros. Entre los primeros se encontraba José Luis César Pérez Guzmán, incansable luchador social, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y reconocido públicamente por sus 25 años en la defensa de estos derechos en México y otros países. Fundador también, entre otros cargos y distinciones, del Colectivo Encuentro por Querétaro y Coordinador del Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos. La dinámica de competencia para el puesto consistió en la presentación de una propuesta de trabajo y la comparecencia ante los diputados locales. El profesor César Pérez, así amistosamente conocido, quedó en espera de ver aceptada su propuesta, preparándose para la defensa de su candidatura. Sin embargo, los diputados decidieron no considerar su participación alegando su edad como impedimento. El profesor quedó atónito ante la discriminación que sufrió, mientras Miguel Nava Alvarado era designado presidente de la Institución Pública de Defensa de Derechos Humanos del Estado, cargo que se considera ha defendido como si fuera su privilegio personal, y al que probablemente se aferrará de nuevo, postulando su relección. El 8 de marzo de 2012 el profesor interpuso juicio constitucional ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (TSJ) por violación al derecho a la igualdad y la no discriminación por parte de la 56 Legislatura. Su acción legal, iniciada como legítimo reclamo para reivindicar su derecho a la no discriminación por razón de edad, ha cursado en diferentes instancias legales durante casi cinco años, ya que las resoluciones judiciales encontraron en el entonces designado el más férreo opositor al reconocimiento de este derecho. Dejando atrás un recurso de apelación, su revisión, y en cumplimiento de una sentencia de amparo, el 9 de diciembre de 2013 el TSJ resolvió en resumen que es procedente la acción de inconstitucionalidad reclamada por José Luis César Pérez Guzmán en cuanto a los actos e interpretación realizados por la quinquagésima sexta Legislatura del estado de Querétaro a través de la Junta de Concertación Política. Declarando también que ésta violó sus derechos humanos por haberlo descartado como aspirante, y le ordenó admitir su candidatura para ocupar el cargo público referido y analizar la documentación presentada en comparación con la persona designada, es decir, Miguel Nava Alvarado, a fin de elegir entre los dos al más idóneo para ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Querétaro. Sin embargo, este último continuó manipulando la ley, presentando denuncias infundadas y recursos improcedentes para alargar el proceso en beneficio de sus intereses y su supuesto derecho a no ser destituido del cargo. A la sentencia dictada el día 9 de diciembre de 2013 le siguieron muchos recursos notoriamente improcedentes según los propios tribunales y expertos en la materia: 1). Una denuncia penal contra magistrados del TSJ. 2). Un recurso de reclamación contra sentencia el 2 de enero de 2014. 3). Un recurso de reclamación improcedente el 3 de abril de 2014. 4). Un amparo directo también en abril de 2014. 5). El 15 de enero de 2015 se le concedió el amparo y no se revocó la sentencia dictada en 2013. 6). No obstante haber obtenido la protección de la justicia federal, en enero de 2015 interpuso un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aparentemente con la única finalidad de dilatar el juicio. 7). Un amparo directo el 30 de enero de 2015 promovido por José Luis César Pérez Guzmán. 8). Miguel Nava Alvarado interpone en agosto de 2015 un impedimento para resolver en contra de los ministros de la SCJN. 9). En enero de 2016 la primera sala de la SCJN resuelve como no legal su impedimento. 10. La segunda sala de la SCJN resuelve en mayo de 2016 como infundado un recurso de inconformidad. 11). En agosto de 2016 interpone de nuevo recurso de revisión ante la SCJN, el cual es notoriamente improcedente. Parece claro entonces que el abuso y la manipulación de los recursos legales por parte de esta persona no obedece a su voluntad de hacer cumplir los principios constitucionales y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, sino a su deliberado intento por alargar el procedimiento con el fin de poder concluir su periodo al frente de la institución de derechos humanos, sin que la legislatura del estado pueda dar cumplimiento a una sentencia dictada a su vez en cumplimiento de una sentencia de amparo del Poder Judicial de la Federación, provocando con ello la violación al derecho a la justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución y en el numeral 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En cumplimiento de una sentencia más de amparo, el 22 de agosto pasado el TSJ confirmó la sentencia dictada en diciembre de 2013, y resolvió en favor de la no discriminación del profesor Pérez por razón de edad, ordenándole a la actual 58 Legislatura admitir su candidatura para ocupar el cargo público referido y analizar la documentación que se presentó en su momento en comparación con la de Miguel Nava Alvarado, a fin de elegir, entre los dos, al más idóneo para ocupar el cargo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ddhqro.org Entradas relacionadas: No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales y soberanía alimentaria Libre comercio y movilidad humana Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas
La Constitución de la CDMX, a debate
La Constitución de la CDMX, a debate Sábado 05 de noviembre de 2016 Miguel Concha Con el fin de llegar a conclusiones en las que todas las personas participantes se reflejen y puedan por ello colaborar en la construcción de un futuro mejor, un proceso constituyente es, antes que nada, ponerse de acuerdo sobre los principios básicos que normarán la vida pública de una comunidad política, expresar con honestidad y fundadamente sus propuestas y plantear con franqueza sus desacuerdos. La elaboración de la Constitución de la Ciudad de México puede ser ocasión para que todo lo dicho se realice, aunque todavía estamos lejos de ello, a pesar de que en las últimas semanas ha habido mayores acercamientos a ese ideal. Veamos cuáles son los obstáculos para remontarlos, a fin de que todos gocemos de una vida pública saludable, porque es claramente democrática y justa. En el ámbito nacional hay muchas situaciones que tienen, con razón, molestos a amplios sectores de la población. Más allá del posible mal humor social, lo que sí existe es una mala situación para realizar las expectativas y los deseos de la sociedad. El estancamiento económico y su secuela de desempleo y privaciones; las violaciones continuas y reiteradas a los derechos humanos, que generan inseguridad ciudadana; el deterioro de las instituciones públicas encargadas de la calidad de vida de las personas, que arrastra en su caída el futuro de niños y jóvenes, etc. Frente a estas y muchas otras cosas más, es claro para muchos que hay que llevar a cabo cambios de fondo en la vida pública. La discusión sobre la Ciudad de México, más allá de sus protagonistas, es ocasión para esto. Tal vez por eso algunos preferirían que su Constitución se quedara en un mero trámite administrativo, en el que, copiando para el nivel local lo que diga la Constitución federal, hagamos sólo los cambios mínimos para que todo permanezca igual. Quizás otra de las razones de la resistencia a realizar la discusión de fondo sobre la Constitución, si bien declinante, sea que después de más de 30 años de reformas económicas adversas para las mayorías, hay quienes esperan que la población finalmente se resigne y termine aceptando, como si fueran valores, las decisiones interesadas que nos tienen en la situación descrita. Proponer que la sociedad pueda dotarse de otros valores, para con ellos orientar un camino hacia nuevas realidades, puede ser incómodo. Pero una Constitución también es aspiración a un horizonte mejor y no sólo un manual de procedimientos jurídicos. Una tercera razón podría ser que para muchos actores, que incluso han compartido la búsqueda de autonomía para la Ciudad de México, se plantee el asunto de quién cosechará los frutos de la realización de ese anhelo. Una buena Constitución no es la que otorga ganancias políticas a unos sobre otros, sino la que permite que todos diriman en paz sus diferencias y que las victorias o derrotas políticas posteriores se den en el marco de una norma superior que las legitime. Esta es la mejor ganancia política que todos podremos tener. Por tanto, si estuviéramos de acuerdo en que para mejorar hay que intentar cambiar; si también lo estuviéramos en que un cambio tiene que inspirarse en nuevos valores que desplacen a los que hasta hace unas décadas podían aparecer como innovadores, pero que hoy son viejos fracasados, y que la construcción de esos valores es mucho más importante que la disputa política inmediata, entonces tendríamos todo dispuesto para que la nación entera aproveche la experiencia del debate público sobre la Ciudad de México. Habrá que añadir que lo que ahora se discute no es producto de la voluntad de un solo gobernante. Es un producto colectivo, con todos sus aciertos y errores, de personas de los más diversos sectores sociales y corrientes de opinión. Habrá que aceptar también que esa obra colectiva no es tampoco producto del solo grupo convocado para redactar. Éste recogió las propuestas de muchos grupos de la sociedad civil, que desde años atrás se han pronunciado ya sea en procesos de amplia discusión entre diversas organizaciones sociales, como la Carta por el Derecho a la Ciudad, o en iniciativas de reformas constitucionales, como la presentada en el Senado el 21 de noviembre de 2013, entre otras. En muchas de estas iniciativas la propuesta era clara: una ciudad estructurada en torno al respeto y la garantía de todos los derechos humanos, orientada hacia el desarrollo en todas sus dimensiones (social, económica, cultural y política), reconocedora de la diversidad y preservadora del medio ambiente para las generaciones futuras; con gobiernos que rindan cuentas y con una alta participación de la ciudadanía en las decisiones públicas. Lo que el texto sometido a discusión de los constituyentes de la CDMX señala es que los derechos se alcanzarán progresivamente; es decir, de acuerdo con las capacidades públicas, pero crecientemente. Que habrá estructuras para hacer real la participación ciudadana, la impartición de justicia y la rendición de cuentas. Que habrá mecanismos para que todos ajustemos nuestros intereses, sin excluir a ninguno. Que habrá también por fin planes para hacer reales las aspiraciones. Seguro que en los medios e instrumentos hay faltantes o errores. Para corregirlos está el constituyente, pero sobre todo la sociedad, que ya presenta sus iniciativas de modificación. Para ello está igualmente la opinión pública. Parece entonces que, después de todo, ya estamos en el camino de ir debatiendo nuestra Constitución. Toca reforzar esfuerzos y propuestas, pues nos encontramos en semanas cruciales para ello. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Eneas de Troya Entradas relacionadas: Megatratados comerciales y soberanía alimentaria Libre comercio y movilidad humana Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos
Megatratados comerciales y soberanía alimentaria
Sábado 29 de octubre de 2016 Miguel Concha El mundo atraviesa por un proceso de reconfiguración de regiones en megarregiones comerciales, lo que nos convoca a reflexionar sobre el presente, aunque, con base en experiencias del pasado, sobre lo que debemos evitar para el futuro. Estamos en un momento clave para prevenir, en el caso de algunos países, o bien para evitar a toda costa en otros, la continuidad e implementación de políticas económicas basadas solamente en la lógica de la acumulación y la concentración de la riqueza. Este es, pues, un momento que nos obliga a hacernos cargo ética y políticamente de una realidad que se caracteriza por estar en medio de una crisis de la civilización capitalista que, como diría Armando Bartra, con un origen unitario, el modelo capitalista tiene expresiones multidimensionales y de alcances planetarios. Es por ello importante en este sentido cobrar conciencia de que hoy se negocian decenas de tratados comerciales que se caracterizan por abarcar dimensiones intercontinentales y conexiones entre regiones mundiales que ahora se consideran estratégicas, como la región Asia Pacífico, o que pretenden ampliar el control y la conservación de privilegios, como en el caso de algunos países de Europa, y de Estados Unidos. Todo bajo la conducción e intereses del poder corporativo, el cual se apresta a definir las reglas de esta reconfiguración mediante, por ejemplo, megatratados comerciales. Convocadas por la Comunidad de Estudios Jaina, el Instituto Agropecuario de San Andrés, así como por la oficina en Bolivia de la Fundación Friedrich Ebert, entre otras instituciones, diversas representaciones de movimientos, organizaciones e instituciones académicas críticas de Ecuador, Argentina, Uruguay, Canadá y Bolivia se reunieron del 25 al 28 de octubre en las ciudades de Tarija y La Paz en torno a las jornadas Megaacuerdos, el impacto en la soberanía alimentaria y alternativas desde los pueblos. En dicho encuentro se dieron cita también la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de México, y la Convergencia México Mejor Sin ATP, articulaciones que están contra los tratados de libre comercio y defienden la soberanía alimentaria. La discusión versó sobre los impactos de los tratados de libre comercio en los países que los han firmado, los retos a los que se enfrentan bajo la lógica de la competitividad los que todavía no lo han hecho y los desafíos que tenemos como pueblos ante esta reconfiguración mundial. La manera en que ha sido concebido el libre comercio estuvo constantemente bajo consideración. Algunos países de la región andina hablan del paradigma de la complementariedad, que estimula y alienta la solidaridad entre países. Una integración de apoyo mutuo desde abajo, que pone en el centro la dignidad de las personas, los pueblos y la Madre Tierra. Por otro lado, y contrariamente al anterior, tenemos el paradigma de la competitividad, en el que priman la ganancia y el interés de acumular riqueza. Paradigma que a costa de avasallar la soberanía de los países busca mantener los privilegios y proteger las inversiones de las grandes corporaciones. Se dio también cuenta del avance del poder corporativo, pues en países que no participan formalmente en tratados comerciales de talante competitivo se experimenta la invasión de empresas trasnacionales, así como el despojo de sus identidades y sus bienes comunes. México es el país que por desgracia ejemplifica los estragos de la implementación legalizada de tratados competitivos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) generó desde su puesta en marcha situaciones económicas que, contrariamente al sueño del crecimiento y la generación de riqueza, han colocado a la población con mayores índices de pobreza extrema. Experimenta además la invasión de megaproyectos que han acarreado enorme conflictividad y violencia en su territorio, así como la precarización del trabajo y la violación sistemática de los derechos de los pueblos y las personas. En relación con la soberanía alimentaria, en este periodo del TLCAN los diferentes gobiernos mexicanos han renunciado a su obligación de garantizarla. Por el contrario, el país tiene ahora 40 por cierto de dependencia alimentaria, lo que ha provocado el olvido del campo y la chatarrización de la alimentación, obteniendo con ello en cambio millones de personas con enfermedades asociadas a la mala alimentación. Como producto también de los tratados comerciales observamos cómo el Estado mexicano ha sido refuncionalizado para garantizar que las inversiones de las corporaciones no corran riesgos, y cómo no vacila en aceptar la claudicación de sus obligaciones de proteger y garantizar la dignidad de las personas y las comunidades. Sin embargo, afortunadamente también sabemos que hay posibilidades de revertir esta situación. Una de ellas es la conservación e impulso a un modelo campesino de producción de alimentos. En estas jornadas se compartieron experiencias de cómo los pueblos y movimientos sociales se están organizando en los países participantes para hacer frente al despojo y la crisis, reconociendo que es mediante la agricultura a pequeña escala, familiar y basada en los saberes campesinos e indígenas como podemos obtener la soberanía alimentaria que requerimos. Entendida ésta como aquella que no sólo pone atención en la disponibilidad, sino también en el modo de producción y el origen de los alimentos. Se consideró de relevancia igualmente la capacidad de las naciones para satisfacer sus propias necesidades internas y tomar decisiones de manera soberana, privilegiando un modelo de agricultura que se aleje del agroindustrial, canalizando apoyos e incentivos hacia los pequeños campesinos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Antonio Marín Segovia
