Libre comercio y movilidad humana
Libre comercio y movilidad humana Sábado 22 de octubre de 2016 Miguel Concha Del 29 de septiembre al primero de octubre se realizó en Bruselas el encuentro El libre comercio y el derecho a no migrar, al que acudieron expertos de distintas instituciones públicas y privadas de diferentes países, como la New School for Social Research; el Grupo Parlamentario de Izquierda Alemana; Peoples United Nations; el Centro Eclesiástico del África Meridional; la organización Migration Programme Coordinator of Public Services International; el Executive Committee of Development Alternatives with Women for a New Era; la Coordinación Europea de Vía Campesina y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC. En dicho acto se analizaron los impactos de los tratados de libre comercio, cuyo objetivo principal es adaptar la estructura de todas las economías, sociedades y políticas a las exigencias de las empresas trasnacionales y los gobiernos de los países hegemónicos. Esta invasión en la soberanía de los estados y las autonomías regionales crea mayor nivel de desigualdad e injusticia, en la que los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad se ven afectados de manera diferenciada. Afectaciones vinculadas con la destrucción de las economías locales, de los bienes comunes y las culturas comunitarias, mediante la aplicación forzada de la privatización, la desregulación del comercio y la liberalización, con el consiguiente incremento de la pobreza y el número de personas que se ven obligadas a migrar, en búsqueda de seguridad, trabajo y mejora de sus condiciones de vida y las de sus familias. Por ello, cuando se habla de las causas estructurales de la migración, ya sea por cuestiones económicas y/o en busca de protección internacional, no se puede dejar de lado valorar los impactos de las políticas comerciales y de seguridad nacional, e incluso militar, que les van anexas, en las distintas regiones del mundo. El segundo tema que se reflexionó fue el de la importancia de analizar las implicaciones de los tratados de libre comercio con una perspectiva y lenguaje de derechos. Puntualmente, el derecho a migrar y a no migrar. El primero encuentra su fundamento en el derecho a la libertad de circulación y de decidir el lugar de residencia; y se vincula con otros tantos derechos, como los civiles y políticos, y los económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero sobre todo implica la responsabilidad de los países de origen, tránsito y destino de generar condiciones de vida dignas y seguras, para que las personas en situación de movilidad ejerzan sus derechos de manera plena. Por su parte, el derecho a no migrar se vinculó principalmente con el derecho al desarrollo; es decir, con las condiciones sociales que los países de origen deben garantizar para evitar la migración forzada de miles de personas, incluyendo mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados, indígenas, adultos mayores, defensoras y defensores de derechos humanos, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI. Sus derechos, cuyo ejercicio debe ser una realidad, no mera retórica, están relacionados con su derecho al trabajo, a la salud, la vivienda digna, la alimentación adecuada y la justicia objetiva, pronta y expedita, entre otros. El tercer tema al que se hizo referencia en el encuentro fue la urgente necesidad de diseñar políticas de integración o de acogida, las cuales no deben ser paralelas a una política de Estado, sino parte de la misma. Ejemplo de ello es la falta de este tipo de políticas en México, así como la dramática situación de las personas haitianas y de nacionalidad africana que llegaron a Tapachula, Chiapas, hace dos meses, muchas de las cuales siguen todavía en espera de un oficio de abandono del país, para poder llegar de manera segura a la frontera norte y solicitar asilo en Estados Unidos, ejerciendo así este derecho. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ha declarado que dejará de otorgar estos oficios a personas de nacionalidad haitiana, para evitar situaciones como las de Tijuana, Baja California. Es decir, la respuesta nuevamente es la implementación de una política de administración y control de flujos migratorios, no de acogida ni respeto a la dignidad humana. Finalmente se reflexionó sobre el papel de las personas defensoras de derechos humanos, quienes están en riesgo, debido a las denuncias que realizan de violaciones a derechos fundamentales cometidas en contra de estas poblaciones. Generalmente en ellas están implicados diferentes actores, como el crimen organizado, las empresas, y desde luego la aquiescencia de distintas autoridades. Ejemplo de ello es lo ocurrido a la 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, Tabasco, el 6 de octubre pasado, cuando fueron de nuevo víctimas de amenazas e intimidación hacia su labor como defensoras y defensores de derechos humanos. Cabe mencionar que estas amenazas se realizaron apenas tres días después de que hicieron una denuncia pública sobre una nueva ola de violencia contra las personas migrantes y refugiadas; y en particular acerca del funcionamiento de las redes de secuestro contra estos grupos, así como la participación de autoridades municipales y en algunos casos federales. En síntesis, es fundamental que por una parte los estados retomen sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que habitan y/o transitan por su territorio sin distinción alguna. Inclusive frente a empresas, el crimen organizado y otros estados con mayor poder e influencia. Por otro lado, es también fundamental que asuman su responsabilidad en la eliminación de las causas estructurales que ocasionan la migración forzada, como la aprobación de los tratados actuales de libre comercio y el apoyo a los conflictos bélicos, que ya de por sí violentan la dignidad y los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: pies cansados Entradas relacionadas: Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes
Tercera cumbre mundial sobre el hábitat
Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Sábado 15 de octubre de 2016 Miguel Concha Del 17 al 20 de octubre se llevará a cabo en Ecuador la tercera Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre el Hábitat (Hábitat III), que reunirá a los gobiernos nacionales para discutir una agenda, que deberá observarse durante los próximos 20 años, sobre el desarrollo urbano y los asentamientos humanos. La primera cumbre hábitat se llevó a cabo en 1976, y acordó que se repitiera cada 20 años para su actualización. Aun cuando se consideran alcanzados los compromisos establecidos en Estambul en Hábitat II (1996), la realidad es que la situación de las ciudades y asentamientos humanos ha empeorado drásticamente durante las últimas dos décadas por causa de las políticas neoliberales que han promovido, en lugar de la función social, la competitividad y la especulación de las ciudades. Los actuales gobiernos han declarado que están comprometidos con implementar políticas que acaben con la falta de vivienda, sobre todo para las personas con menos recursos o en situación de extrema pobreza. Sin embargo, crece cada vez más el número de personas sin techo y sin un hábitat digno. En realidad los gobiernos han preferido enriquecer a los capitales inmobiliarios y de la construcción, los que no producen vivienda para los grupos más necesitados, pero sí para quienes les dejan jugosas ganancias. En estos tiempos, cuando existen decenas de millones de personas que no cuentan con un hogar, un techo seguro, y ni siquiera un sitio mínimo para vivir, violentándose en todo sentido el derecho a una vivienda digna, no es posible hablar de un hábitat adecuado, ni del cumplimiento de los derechos humanos. Tomando en cuenta los censos de población y vivienda de 1990, 2000 y 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera que en México aún existen 20 millones de personas sin acceso a una vivienda adecuada. La situación se agrava con la migración forzada que afecta a miles de personas, y es provocada por la violencia, el deterioro del medio ambiente, el desarrollo de megaproyectos y la pobreza. Todo como resultado del modelo de desarrollo vigente, que lejos de colocar la dignidad humana y la vida del planeta en su centro, busca la concentración de la riqueza en pocas manos. Ahora la humanidad enfrenta una intensificación del modelo extractivista, que lo único que le importa es la ganancia, aun a costa de la depredación y extinción de la naturaleza y del destino de las generaciones futuras. Con lo anterior se vuelve relevante que la Cumbre Hábitat III incluya el sentido y contenido del derecho a la ciudad. Sin embargo, el 3 de octubre pasado, en el contexto del Día Mundial del Hábitat, las organizaciones que conforman la Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y la Defensa del Territorio (PMDCDT) declaran con preocupación que el derecho a la ciudad ha quedado en una mera declaración de intenciones, pues en el documento de la ONU sobre el hábitat se favorece la construcción de un mundo urbano que excluye al campo y su población. Consideran que las áreas rurales y naturales sólo son vistas como objeto mercantil frente a los megaproyectos depredadores, y que se prioriza la construcción de un mundo de hierro, cemento y dispositivos tecnológicos como la visión más avanzada de la humanidad, vaciando así el verdadero contenido del derecho a la ciudad, dejándolo al servicio de los intereses del poder económico. Por ello, los movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil se reunirán en la Universidad Central de Ecuador para llevar a cabo el Foro Social Frente a Hábitat III, como acto paralelo a la cumbre oficial. Dicho foro social tiene el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos internacionales como la Alianza Internacional de Habitantes y la Coalición Internacional de Hábitat. Este foro trabajará de manera alternativa, reconociendo que el derecho a la ciudad es el resultado de décadas de creación colectiva de abajo hacia arriba, y significa el derecho de las personas y los habitantes presentes y futuros, temporales y permanentes, a usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar en paz de las ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos y sostenibles, entendidos como un bien común esencial para una vida plena y digna. El significado del derecho a la ciudad se basa en un hábitat digno para todas las personas, sin discriminación alguna. Sus principios fundamentales son la igualdad de género, el diálogo intergeneracional y el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural. Es fundamental proteger y favorecer la función social del suelo y de las ciudades, en vez de su uso comercial. La armonía entre el campo y la ciudad es posible con el cumplimiento pleno de los derechos humanos y con mecanismos garantes de consulta que le permitan a la población participar en la toma de decisiones sobre el futuro de las ciudades, los asentamientos humanos urbanos y rurales, y las exigencias del hábitat y el planeta. El derecho a la ciudad incluye el de una vida digna con una dimensión territorial e integral, pues la ciudad y el campo no deben ser antagónicos, sino complementarios. Las ciudades deben ser nodo de desarrollo para el campo, sin urbanizar áreas naturales y rurales. Implica que las autoridades deben reconocer las desigualdades espaciales que dificultan el cumplimiento de los derechos humanos en las ciudades. Por ello, la PMDCDT suma su voz y sus fuerzas con diferentes referentes del Movimiento Urbano Popular que estarán presentes en Quito, Ecuador, participando en el Foro de Resistencias Populares H3. Y desde allí instarán a los líderes mundiales a comprometerse con una definición sólida del derecho a la ciudad como eje principal de las acciones que decidan que formen parte de la nueva agenda Hábitat III. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Hector Milla Entradas relacionadas: Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión
Por el maíz y la milpa
Por el maíz y la milpa Sábado 8 de octubre de 2016 Miguel Concha El 29 de septiembre se celebró de nuevo en México el Día Nacional del Maíz. Desde hace ocho años y a iniciativa de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, festejamos en esta fecha la vida comunitaria en torno a este grano que genera comunidad, cultura, historia, proyectos colectivos e identidades diversas, y nos recuerda la importancia de la biodiversidad y su conservación. Los elotes, las mazorcas y los granos de maíz se desarrollan en los campos en un pequeño ecosistema, al que denominamos milpa. Este sistema se caracteriza por albergar una diversidad biológica y cultural inmensa, que logra además contener los requerimientos nutricionales necesarios para alimentarnos saludablemente. Se trata también de un cúmulo de saberes ancestrales conservados por nuestros pueblos y comunidades, cuyo valor inmenso radica en que hoy día es también patrimonio de la humanidad, pues las formas de cultivo y cuidado del entorno y la Madre Tierra nos han sido heredados creativamente con el paso de los siglos. Se trata además de un sistema de producción de alimentos que a nuestro país le asegura la soberanía alimentaria. Es asimismo garante de la diversidad de alimentos que ofrece la cocina mexicana, que valga decir es de las más apreciadas en el mundo. Sin embargo, no ha sido sólo un sistema de cultivo atacado, por desgracia, por las malas políticas públicas para el campo de los gobiernos en las décadas recientes, sino ahora también de manera agresiva y acelerada por las grandes empresas trasnacionales. Estos dos elementos combinados intentan poco a poco despojar a los pueblos indígenas y campesinos del sistema de milpa, para imponer el monocultivo, el cual se sostiene con el uso de agrotóxicos y la explotación comercial de la tierra. Este nuevo sistema es agresivo con el medio ambiente, elimina la diversidad y coloca ante daños considerables a la salud humana. Basa también su lógica en la ganancia y el lucro y deja de lado tanto los derechos de los pueblos y las personas como el respeto a la Madre Tierra. Estos dos paradigmas de agricultura se disputan hoy en México. Uno, incentivado y conservado por las comunidades y pueblos, y el otro, que solamente se define y se desarrolla en función de la acumulación y la ganancia. Por ello la celebración del maíz cobra sentido en medio de tantas crisis, pues reconocemos que, como bien señalaron Cristina Barros y Marco Buenrostro en su columnaItacate ( La Jornada, 20/9/2016), el maíz es un producto natural y cultural de los pueblos ancestrales que lo adaptaron a través de siglos, de generación en generación, seleccionando semillas y desarrollando variedades y tipos de maíz aptos para los climas, suelos y condiciones agroecológicas. Valga esto para saber y aceptar que en esta planta la resistencia se palpa y está viva, y que en las tierras cultivadas y en la agricultura campesina radica la esperanza ante tanta desmesura y abuso del capital, pues en torno a la milpa se constituyen pueblos que ahora siguen resistiendo, del mismo modo que lo hace esta planta milenaria. Tantos siglos han pasado, y el maíz se mantiene como el principal alimento básico de las y los mexicanos, aunque también de diversas regiones del mundo. Por esto celebramos este don que nos ha dado la naturaleza. He ahí la importancia de conservarlo en modelos de producción que lo conciben como bien común, y no como un grano que busca ser manipulado como medio de control social por ambiciosas empresas trasnacionales. En esta disputa de modelos y organizaciones agrícolas, agrupaciones campesinas e indígenas, así como colectividades ambientalistas, grupos defensores de derechos humanos y agrupaciones de consumidores se organizaron en México para hacerle frente al embate corporativo. Y para nuestra alegría se ha detenido la siembra de maíz transgénico en su fase comercial y se observan, además, con mayor atención, otras modalidades de siembra que pretenden realizar empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow Agrosciences o Dupont. La importancia de esta demanda colectiva, herramienta judicial con la cual se logró también en tribunales la suspensión de otras siembras de maíces transgénicos, radica en que se acompaña con otras estrategias de defensa de nuestros maíces nativos y de nuestro patrimonio biocultural. La oposición en los territorios contra megaproyectos hace posible este clima de lucha y resistencia, aunque también de celebración y esperanza en la vida que viene de nuestros campos y de las comunidades y pueblos que conocen las pautas del buen vivir. El embate corporativo pretende, por su parte, seguir afianzándose mediante nuevos tratados de libre comercio, como el críptico Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP). Sin embargo, la sociedad civil organizada a escala local y global está recurrentemente haciéndole frente. Por ejemplo, en relación con Monsanto, una de las empresas más dañinas del planeta y de la humanidad, próximamente se celebrará un tribunal internacional –esfuerzo colectivo que tendrá lugar en La Haya, Países Bajos, entre el 14 y el 16 de octubre–, y cuyo objetivo es que esta empresa se responsabilice de graves violaciones a los derechos humanos e incluso de crímenes contra la humanidad y ecocidio. En este contexto, jueces internacionales, entre ellos un mexicano, recogerán testimonios de víctimas y emitirán, en consecuencia, una opinión consultiva, al amparo de los procedimientos de la Corte Penal Internacional. Experiencias de organización social, como las que aquí menciono, nos dan cuenta de que, desde lo local a lo global, los pueblos se organizan, se encuentran y resisten, pero también celebran las bondades de la Madre Tierra, como el maíz y la milpa. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente
Miscelánea legislativa por las víctimas
Miscelánea legislativa por las víctimas Sábado 1º de octubre de 2016 Miguel Concha Como hace más de tres años, hoy nuevamente está en proceso una reforma a la Ley General de Víctimas, y por ello me surgen otra vez algunas preguntas al respecto. Nuestras legisladoras y legisladores, ¿han escuchado lo que realmente necesitan las víctimas? ¿Cómo se acercan las y los políticos al sufrimiento de una joven secuestrada y mutilada? ¿Desde cuándo sufren la pena de ver a un hijo acribillado? ¿Cuándo han abrazado a una madre en el momento exacto en que le avisan que su hija fue asesinada el mismo día que dejó de verla? ¿Cómo aprenden el lenguaje del dolor? Los colectivos de víctimas y las organizaciones que las acompañamos empezamos desde hace meses a trabajar un conjunto de reformas a varias leyes de aplicación nacional, con el fin de no dejar al arbitrio del Congreso federal o de los congresos locales la regulación de todas y cada una de las acciones institucionales que una víctima de secuestro, desaparición, tortura, lesiones, desplazamiento, feminicidio, violencia sexual, trata, homicidio doloso o ejecución arbitraria requiere al llegar a una dependencia federal o estatal, más allá de las fracasadas comisiones de víctimas, las cuales, por cierto, no son sólo aquellas personas que han sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos, como consecuencia, por ejemplo, de la desaparición de un familiar o allegado, sino desde luego la persona directamente afectada. A medida que se ha ido avanzando en la procuración para la protección de sus derechos, aparecía y tenía que tomarse en cuenta la aplicación de una nueva ley, como se puso de relieve en el conversatorio sobre los derechos de las víctimas realizado el 24 de agosto pasado, cuando se elaboraron las medidas para que la ley de víctimas y la que eventualmente se apruebe contra la desaparición de personas tengan correlatos normativos para hacerlas efectivas y exigibles. Queremos entonces garantizar que todas las víctimas tengan todos los derechos, y sobre todo que los puedan ejercer. La propuesta, presentada a nombre propio y de un grupo plural de senadores y senadoras de la República por la legisladora michoacana Iris Vianey Mendoza, incluye 23 nuevos ordenamientos, entre ellos la reforma a la legislación de las instituciones nacionales de salud, del Seguro Social, del Issste y de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de proteger los derechos a la salud y a la seguridad social de las víctimas. Se incluyen también reformas a las leyes de Educación, de Desarrollo Social, Vivienda y Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, con el fin de generar una política pública en el ámbito social y proveer las bases para recuperar condiciones de vida dignas, para que las y los hijos de las víctimas puedan mantener su actividad escolar o acceder a programas de vivienda y a oportunidades de desarrollo económico y social. Se precisa igualmente que el actual registro administrativo de detenciones debe ser un instrumento generado en tiempo real, para que se evite la tortura y la desaparición; por eso se propone la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es también urgente que se reconozca la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición, a través de una declaración especial de ausencia, y por ello se propone la reforma a los códigos Penal Federal, Nacional de Procedimientos Penales, Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles, así como a las leyes de Amparo, Federal contra la Delincuencia Organizada, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que faculta a los jueces para conocer del procedimiento. Teniendo en cuenta las bárbaras situaciones y los hallazgos macabros de los que hemos sido testigos en varios estados de la República, se incluyó en la Ley General de Salud y en el Código Federal Penal regulación para combatir inhumaciones oficiales irregulares o clandestinas; para penalizar a quienes exterminen a las personas, y procedimientos dignos para identificar a las personas fallecidas. Se incluyeron igualmente regulaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el propósito de poder acreditar responsabilidad a quien no cumpla con los derechos victimales, y para aliviar la carga crediticia cuando se asesina o se le priva ilegalmente de la libertad a un ser querido se propone igualmente reformar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se modifican además la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de operar un mecanismo de búsqueda urgente con información sobre tarjetas bancarias, teléfonos móviles y huellas dactilares, aunque estableciendo como excepcional la obtención de esta información, con el único fin de buscar personas desaparecidas. Esta iniciativa, que, como se ha dicho, propone reformar 23 leyes, es la primera miscelánea legislativa que se presenta para proteger los derechos y la dignidad de las personas, en este caso las víctimas. Esperamos que haya sensibilidad en las y los legisladores para analizarla y aprobarla. Queremos pensar que han aprendido a escuchar el lenguaje del dolor, y que saben que el fin de la violencia y la recuperación de la paz en nuestro país sólo puede construirse con las víctimas. Queda pendiente, desde luego, la aprobación, de conformidad con los estándares internacionales, de una ley general contra la desaparición forzada y la desaparición de personas cometida por particulares, apremiada reiteradamente al país desde hace algún tiempo por distintos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
Imputaciones falsas
Imputaciones falsas Sábado 24 de septiembre de 2016 Miguel Concha Preocupa que sintomáticamente siga habiendo elementos castrenses, incluso de alto rango, que de manera errónea o tergiversada culpen de causante de la impunidad al nuevo sistema acusatorio de justicia penal en el país, como expresó abiertamente hace algunos días un general del Ejército en uno de los estados del norte. Con ello no sólo no se advierte que posiblemente se esté denunciando, en efecto, la arbitraria puesta en libertad de presuntos delincuentes, sino sobre todo que se sigue corriendo el riesgo de criminalizar a personas inocentes, dejando en libertad a los verdaderos culpables. Tal conducta puede deberse entre otras cosas –ciertamente– a posibles fallas en la aplicación de una reforma constitucional por los agentes judiciales, quienes deben seguir siendo diligentemente capacitados para su adecuado manejo; a la falta de conocimiento y experiencia en la persecución del delito, sin violentar derechos humanos; a vicios inveterados en la persecución del delito y la procuración de justicia –como la práctica de la tortura–, pero también a la inconveniencia de que las fuerzas militares se encarguen de labores de seguridad pública, pretendiendo exacerbar al mismo tiempo las funciones de su propio sistema de justicia. Es importante recordar que ante las deficiencias que presentaba el sistema de justicia penal inquisitivo en México, como violaciones al debido proceso, retraso judicial, saturación de expedientes, corrupción e impunidad, en junio de 2008 se realizaron diversas reformas constitucionales que trajeron como consecuencia transformaciones en dicho sistema. Estas reformas implicaron la transición de un sistema de justicia inquisitivo mixto en uno acusatorio, que tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños causados por el delito. A ello se suma el mejoramiento del desempeño profesional de los operadores judiciales en la procuración e impartición de justicia; el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos durante todo el juicio, y la aplicación de los principios procesales de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, igualdad, concentración y continuidad. Para la implementación de este nuevo sistema de justicia fue necesario capacitar a quienes lo operan, crear o adaptar nuevas instalaciones y equiparlas, y realizar cambios o ajustes legislativos y financieros. Luego de cumplirse el término constitucional de ocho años que se había previsto para ello, en junio de 2016 terminó de entrar en vigencia en todo el país. Sin embargo, su implementación total aún tiene varios pendientes. Uno de ellos, fundamental, es el gasto propuesto por el Ejecutivo para la función de seguridad pública a la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual incluye las fases de prevención del delito, procuración y administración de justicia, sanción y reinserción social, y, como vigilante del escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos en todo el sistema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y es que en el presupuesto del 2016 el anexo Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos era el que hacía mayor referencia a la prevención del delito, rubro importante en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, al que corresponde la actuación de la policía preventiva y la de investigación. Ello no obstante, en el Proyecto de Egresos de 2017 este rubro desaparece completamente, a pesar de que esta reforma sigue suponiendo grandes cambios en cuanto a rancios patrones de conducta y prácticas institucionales, pues se siguen repitiendo en la actuación de las policías y en el sistema de procuración y administración de justicia violaciones procesales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como lo manifestó Juan E. Méndez, relator contra la Tortura de la ONU, al presentar en Ginebra un informe en el que señala que la tortura es generalizada en México, y que ocurre, con fines de castigo e investigación, en un contexto de impunidad, especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia. No debemos olvidar que la implementación del sistema penal acusatorio deja atrás también la idea de la readaptación social, para dar paso a la de reinserción social, la cual reconoce a las personas sentenciadas como sujetos de derechos. Sin embargo, las personas privadas de la libertad siguen estando violentadas en sus derechos humanos, pues, entre otras cosas, las prisiones en México presentan altos niveles de sobrepoblación y corrupción, lo que imposibilita condiciones dignas para vivir. Y ello sin hablar de las deficiencias cuantitativas y cualitativas en el servicio de la defensoría pública. Debe reconocerse que para que un sistema penitenciario funcione adecuadamente se precisan dos factores que se encuentran ligados al trato digno en prisión. A saber, la disponibilidad de espacios físicos con instalaciones apropiadas, y la existencia de personal penitenciario capacitado y con condiciones laborales dignas. Somos conscientes de que para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país se requiere tiempo, voluntad, cambio de mentalidad en las personas que lo operan, y la exigencia ciudadana constante a las instituciones involucradas. Sin embargo, también pensamos que los nuevos mecanismos de justicia penal, bien utilizados, y con el apoyo de suficientes recursos financieros, administrados y distribuidos de manera honesta y eficiente, permitirán una investigación y procuración e impartición de justicia adecuada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Irene Sorla Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
Nuevo constitucionalismo en la CDMX
Nuevo constitucionalismo en la CDMX Sábado 17 de septiembre de 2016 Miguel Concha Una de las principales características del nuevo constitucionalismo democrático, confrontado ciertamente con los modelos de desarrollo neoliberal, aunque esgrimido como instrumento de lucha y estrategia por los movimientos sociales de resistencia, es fundamentar la convivencia armónica de la sociedad en el cumplimiento explícito y transversal de todos los derechos humanos por del Estado, previendo para ello el establecimiento de obligaciones institucionales, normas jurídicas y disposiciones judiciales y administrativas consecuentes, con el fin de que la ciudadanía los pueda ejercer y hacer valer en la práctica. Es ésta una de las principales virtudes del proyecto de Constitución que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentó el pasado 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente, como resultado del esfuerzo que un grupo plural y apartidista de ciudadanas y ciudadanos especializados preparó durante siete meses en mesas de trabajo y plenarios de discusión. En él se declara, desde los primeros artículos, que la Ciudad de México asume como uno de sus principios el respeto a los derechos humanos y la defensa del Estado democrático y social de derechos, y a propósito del bloque de constitucionalidad y convencionalidad en los principios de aplicación e interpretación de los derechos humanos, se declara también que en ella los derechos tienen la máxima jerarquía normativa. En congruencia con esto, el proyecto define a la Ciudad de México como un espacio civilizatorio, democrático, laico, incluyente, accesible, sostenible, justo, pacífico, productivo, educador, habitable, de seguridad y movilidad humana y social para el ejercicio pleno de los derechos y el uso y disfrute equitativo de los bienes y servicios. Reconoce también la libre manifestación de las ideas como elemento integrador y esencial del orden democrático. Para llevar a cabo esto, especifica 41 diferentes derechos individuales y colectivos –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales–, que como novedad también clasifica siguiendo y complementando los lineamientos de la Carta por el Derecho a la Ciudad, surgida y negociada por diversas organizaciones del movimiento urbano popular con el Gobierno del Distrito Federal desde 2007, y concluida en marzo de 2010, con el fin de asegurar una ciudad de libertades y derechos, democrática, educadora y del conocimiento, solidaria, productiva, incluyente, habitable, segura y garantista. Además de tomar en cuenta los derechos particulares de grupos de atención prioritaria (como niñas, niños y adolescentes; los jóvenes; las personas mayores, las que tienen discapacidad; la población LGBTI; los migrantes y las personas sujetas de protección internacional; las víctimas del delito; las poblaciones en situaciones de calle; las personas privadas de su libertad; las que residen en instituciones de asistencia social; los afrodescendientes y las personas de origen indígena que no viven en pueblo, comunidad o barrio originario), encontramos en la lista la formulación de nuevos derechos, como los de las familias, al cuidado; el propio derecho a la ciudad, a la buena administración pública, a los espacios públicos y a la vía pública, y el derecho a defender los derechos humanos. Así como importantes derechos omitidos y violentados por las políticas neoliberales, como son el derecho a la vida digna, el derecho al desarrollo sostenible y el derecho al desarrollo urbano equitativo, estético y armónico. La Ciudad de México declara el proyecto, reconoce el derecho a la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, equidad y sustentabilidad, que confiere a sus habitantes legitimidad de acción y de organización para ejercer sus derechos a la autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. Y a propósito del mismo derecho, más adelante expresa que el desarrollo urbano y rural, la utilización del suelo y de los espacios y bienes públicos y privados deben otorgar prioridad al interés social, cultural y ambiental. Es también importante subrayar que en los principios de aplicación e interpretación de los derechos se establece con claridad que las autoridades deben adoptar, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias, con el fin de asegurar progresivamente la realización de los derechos sociales, estableciendo además que la política fiscal y los mecanismos presupuestarios tienen que orientarse al cumplimiento efectivo de los mismos. Otra de las características del nuevo constitucionalismo, confrontado igualmente con la simulación de la representatividad política neoliberal, aunque también esgrimida por el movimiento social en su lucha por la democracia, es la participación activa de la ciudadanía no únicamente en la elección de las autoridades, sino además en la gobernabilidad del Estado, para lo cual no sólo se establecen mecanismos de información y de consulta, sino también de participación en la toma de decisiones que la afectan. En congruencia con la tradición democrática de la Ciudad de México, esta es otra de las virtudes continuamente cuidada y procurada por el equipo civil que redactó el anteproyecto de Constitución que el jefe de Gobierno entregó a la Asamblea Constituyente, y por ello en él encontramos garantizadas no únicamente estructuras más eficaces de democracia representativa, sino también mecanismos de democracia ciudadana directa, como la iniciativa ciudadana, el referendo, el plebiscito, la consulta ciudadana y la revocación del mandato, así como de democracia participativa, como la gestión, evaluación y control de la función pública, y el establecimiento del presupuesto participativo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Luis Fernando Franco Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
Derechos humanos frente a empresas
Derechos humanos frente a empresas Sábado 10 de septiembre de 2016 Miguel Concha La reciente visita del Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuvo, dado el contexto de conflictos y violaciones a derechos humanos en los que están implicadas las grandes empresas, una característica importante: las comunidades, pueblos indígenas y campesinos, barrios y habitantes de las ciudades demostraron que su fortaleza más sólida radica en su resistencia y organización para defender sus territorios y los bienes comunes; en exigir y ejercer directamente sus derechos, usando los medios a su alcance para denunciar y defenderse de los despojos y agravios que padecen. Muestra de ello fueron los 81 testimonios que se compartieron en las reuniones con los representantes de la ONU, todos relacionados con prácticas de corrupción para imponer megaproyectos, y con la validación de reglas de comercio e inversión que protegen a estas corporaciones. Parece poca cosa que uno de los principales logros de este tipo de visitas oficiales sea que los pueblos se reconozcan a sí mismos como sujetos de derechos, y reafirmen por tanto que en ellos radica mucha de la esperanza para cambiar esas estructuras de raíz. Pero no lo es, sobre todo pensando que actualmente, a escala internacional, se debate sobre la efectividad o no de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, discusión que incluso en este mismo periódico amplió Magdalena Gómez, llamando la atención sobre algunos riesgos desde su análisis crítico ( La Jornada, 06/09/16). Sin embargo, es cierto que este tipo de ejercicios ayudan a denunciar en todo el mundo las falencias de un Estado que declina de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y también es verdad que sirven para que, en la escucha atenta, las comunidades y organizaciones encontremos algunos objetivos en común, entre los que podemos incluir el cuidado de la casa y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Todo esto cobra especial relevancia en medio de la crisis que enfrentamos. Ante todos los intentos que grandes corporaciones hacen para continuar con la refuncionalización de los estados en favor de sus intereses particulares, no podemos hacer a un lado la crítica y la denuncia. Por el contrario, estos ejercicios, revitalizados con la participación social, deberían coadyuvar necesariamente a recordar que el Estado debe proteger derechos y evitar a toda costa que las empresas se eximan de sus responsabilidades y sanciones por los daños que cometen. Por tanto, no podemos obviar que éstas tienen implicación en el sistemático despojo de territorios y explotación de recursos naturales, que nos han llevado a una situación límite y sin precedente. Los planteamientos preliminares al final de la visita de este Grupo de la ONU, dados a conocer el pasado miércoles, ponen énfasis en que las empresas están efectivamente violentando derechos humanos de pueblos y comunidades, tanto en el campo como en la ciudad, al no respetar, por ejemplo, la debida diligencia en la realización de los megaproyectos. Sin duda, la mala o nula implementación de la consulta previa, libre e informada es un hecho innegable, ya que no ha sido seriamente realizada y garantizada por el Estado. Por el contrario, y debido a la refuncionalización de sus instituciones y políticas, en la actualidad, y a voluntad de las grandes corporaciones, se instrumentaliza para garantizar que las empresas lleven a cabo todos sus proyectos. A decir de los dos integrantes del grupo de trabajo, se requiere fortalecer el derecho a la consulta y generar más vías de diálogo social que permitan resolver los conflictos. Siempre reconociendo que la razón de ser de un Estado se cimenta en el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo mismo, en la realización plena e integral de los derechos humanos de las personas y pueblos. Por tanto, el Estado tiene la obligación de rescatar una institucionalidad que le permita garantizar los derechos humanos frente a las grandes corporaciones. La visita de este grupo de la ONU permitió también conocer el proceso que se lleva a cabo para la creación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, del que desde ahora sabemos que tiene que ser más transparentado y que requiere que el grupo de actores que participan en su deliberación sea ampliado con el fin de llegar a consultar más directamente a comunidades, pueblos indígenas, campesinos, integrantes de sindicatos que luchan por sus derechos laborales y a barrios y colonias de grandes ciudades, que también se ven afectadas por la actividad empresarial, e incluir a más organizaciones sociales interesadas en estos asuntos. Es importante reconocer la visita que hizo el Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos, pues señaló puntos que vale la pena considerar. Sin embargo, debemos también ser muy claros en reconocer que el Estado, insisto, ha estado siendo refuncionalizado para garantizar no los derechos humanos, sino los derechos mercantiles, financieros y de propiedad privada de las grandes empresas y las corporaciones multinacionales. Cosa paradójica, ya que aparentemente existe la buena voluntad de las empresas y el Estado para remediar la situación de crisis que se han provocado con los megaproyectos, y no vemos del todo claro cómo efectivamente podrían garantizar su no repetición cuando casos como las reformas estructurales, la negociación de tratados comerciales y la subordinación del propio Estado ante las exigencias de las empresas configuran sin duda lo que ahora llamamos refuncionalización del Estado y desvío de poder en favor de los intereses empresariales. El Estado se devela como el ejecutor administrativo de los grandes capitales transnacionales, pero también como el brazo armado que controla a la población que disiente y se organiza frente al poder corporativo. Ese es el reto. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Lú Moguel Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social
Normalización de la represión política
Normalización de la represión política Sábado 27 de agosto de 2016 Miguel Concha Las organizaciones defensoras de derechos humanos han desarrollado tal madurez en temas de recopilación y sistematización de información que hoy podemos contar con informes periódicos y sólidos sobre la situación de esos derechos en nuestro país. Es a través del monitoreo y la documentación de sus distintas violaciones como dan cuenta de la crisis de derechos humanos por la que atravesamos, no únicamente desde los estándares de cumplimiento internacionales o locales, sino también desde los trabajos colectivos que bajo metodologías rigurosas realizan entre las organizaciones y movimientos sociales de manera independiente, en gran parte por su cercanía con las víctimas, las comunidades y los propios movimientos. Es paradójico que mientras la administración en turno se niega a aceptar el profundo malestar que experimenta la población en relación con la situación de los derechos fundamentales, la corrupción, la impunidad y la economía del país, las evidencias de la sociedad coincidan en que en lugar de atender de raíz esas inconformidades, el gobierno mexicano recurra a diversos mecanismos de represión política para acallarlas e intentar cancelarlas en la población. Quienes gobiernan se han encumbrado, en efecto, en un supuesto estado de derecho, que se sostiene por el uso de la fuerza pública militar o policial. Sobre esto mismo el pasado 24 de agosto el Comité Cerezo México, la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentaron el informe Defender los derechos humanos en México: la normalización de la represión política, que da cuenta del periodo junio de 2015 a mayo de 2016. En él pormenorizan los eventos en los que se registran graves violaciones a los derechos humanos, y describen los mecanismos mediante los cuales el actual régimen se vale para intentar controlar a la población, revertir las inconformidades y detener las protestas sociales que rechazan el proyecto de país que grupos empresariales y castas partidistas nos quieren imponer. De paso hacen un análisis comparativo de las diferencias o cambios entre las estrategias de represión en el pasado sexenio y el actual, confirmando que la mal llamada “guerra contra el narco”, que llevó al país a la militarización de la vida social, ahora se ha normalizado e incrementado con una serie de ajustes institucionales que generan acciones sutiles y casi invisibles destinadas al control social, sobre todo por el predominio de los medios de comunicación. Con base en las evidencias presentadas, se sostiene que el Estado afina su puntería contra aquellos grupos o personas que se oponen y resisten al desarrollo. Son justamente ellos quienes ahora se convierten en el principal obstáculo para el Estado y su intención de imponer la agenda neoliberal. Es decir, las reformas estructurales con las que el actual gobierno dice mover y salvar a México. El informe documenta 136 eventos que implican 446 actos violatorios de derechos humanos que afectaron aproximadamente a 165 personas, 48 organizaciones y 15 comunidades sólo en un año. De todos estos actos violatorios hoy son más comunes las agresiones, con lo que las organizaciones que presentan el informe plantean que el Estado ha pasado de hostigar o amenazar a atacar directa y principalmente a las y los defensores de derechos humanos. Vale la pena resaltar que el informe también sostiene que los eventos que se registran tienen una característica en muchos casos relacionada con que son masivos y focalizados principalmente en organizaciones de base y con estructuras organizativas sólidas, como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y la parte disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La expresión de esta represión contra la población se ilustra en las secciones relacionadas con el análisis de las detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Novecientas sesenta y ocho violaciones documentadas en los recientes seis años. El informe concluye que el mecanismo de la detención arbitraria, con el que el Estado usa de manera selectiva su aparato judicial contra los defensores de derechos humanos, es uno de los más recurridos actualmente para violentar el derecho a la protesta social. A decir de las organizaciones autoras del informe, esta radiografía de los mecanismos de represión política nos muestra que su principal objetivo es su normalización, el silenciamiento, el acostumbramiento, la naturalización y la polarización social, en tanto que ayuda a perpetuar la impunidad. El documento cierra con un listado de recomendaciones al Estado mexicano para revertir esta situación de crisis de derechos humanos y de represión generalizada. También, a lo largo del informe, las organizaciones se preguntan qué hacer frente a este panorama y no dudan en sugerir que lo que apremia es resistir. “Es necesario –proponen– no sólo formar procesos de largo aliento, que estén guiados por la organización bajo objetivos a largo plazo, y no como respuestas efervescentes que se desinflen con facilidad”. Y hoy más que nunca es también necesario que la unidad y la solidaridad caractericen al movimiento social en general, de lo contrario atacarlo será mucho más fácil. Frente a este intento de normalización de la represión política es igualmente fundamental aumentar la calidad y capacidad para documentar incidentes de seguridad, difundirlos, visibilizarlos, así como aumentar la capacidad y las formas de elevar los costos políticos de los ataques represivos estatales, “pues estamos viendo que el Estado parece dispuesto a asumir estos costos sin reparo alguno. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Comité Cerezo México Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
FSM: logros y retos
FSM: logros y retos Sábado 20 de agosto de 2016 Miguel Concha El Foro Social Mundial (FSM) es un espacio que se inició de manera alternativa y opuesta al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en Porto Alegre, Brasil, en 2001. Desde entonces ha buscado mantenerse como encuentro mundial abierto para discutir y pensar juntos articulaciones y trabajos colectivos en torno a Otro Mundo Posible. En él convergen grupos, organizaciones y movimientos de los cinco continentes que se oponen a toda forma de opresión, sea colonial, imperialista o patriarcal, y encaminan sus trabajos a la emancipación y transformación del sistema capitalista actual. Quienes llegan a esta cita mundial se asumen comprometidos con la construcción de una sociedad planetaria, orientada hacia una relación justa entre los seres humanos, y de éstos con la Madre Tierra. Este 2016 se realizó del 9 al 14 de agosto en la ciudad de Montreal, Canadá, donde se dieron cita para reflexionar y detectar los retos que a nivel mundial tenemos en las luchas y resistencias sociales, alrededor de 35 mil personas de por lo menos 125 países, quienes se congregaron en torno a 13 temas, entre los que podemos mencionar los procesos colectivos contra la dictadura de las finanzas, la imposición de los nuevos y ampliados tratados de libre comercio y la oposición al patriarcado, la xenofobia y los fundamentalismos. Se trabajaron también temas relacionados con la situación actual de los derechos de los trabajadores, las migraciones a nivel mundial y, claro está, se compartieron experiencias locales y globales que buscan visibilizarse como algunas de las alternativas económicas, sociales, solidarias, artísticas, de comunicación y movilización, para seguir pensando y creando esos otros mundos posibles. Es, sin duda, un espacio único que convoca a la diversas resistencias y luchas progresistas, altermundistas y de izquierdas, en el que estuvieron también presentes integrantes de diversas redes de México, como la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanas México Mejor Sin TPP. Para este año el FSM logró por primera vez ese intercambio en un país del Norte, lo que confirmó una idea hace tiempo compartida: la crisis es generalizada, no solamente en el Sur, sino también en ese otro punto geográfico. Es decir, que existe Sur Global en los diversos hemisferios. Baste mencionar en esta ocasión las participaciones de los pueblos originarios de Canadá, que denunciaron el despojo al que son sometidos. Durante el Foro se subrayaron también las formas en que esta crisis sin precedente afecta en sus diferentes dimensiones la vida, perjudicando incluso a quienes por mucho tiempo no habían resentido del todo los embates de un poder que acumula en unos cuantos oportunidades y riquezas, dejando sin posibilidades al resto. Se ratificó entonces que son necesarias las relaciones de solidaridad entre el Norte y el Sur, y viceversa. Sin embargo, en el interior del mismo FSM y de procesos globales de emancipación gestados en diversos pueblos y países, tenemos retos considerables. Uno es que la experiencia del Foro se amplíe a más sectores, mantenga la participación de los movimientos sociales y convoque nuevos actores emergentes en las luchas por la vida, los bienes comunes y los derechos humanos. Es importante también que se mantenga la organización de este encuentro mundial, tan necesario para entretejer esperanzas y resistencias. Ahora le toca al Consejo Mundial del FSM reflexionar a profundidad sobre lo más conveniente para futuros esfuerzos de articulación de esas dimensiones, aunque por otro lado tenemos una apremiante invitación a globalizar nuestras luchas. Es decir, a que las narrativas contrahegemónicas se basen en reconocer las peculiaridades de las resistencias comunitarias localizadas en diversos territorios del mundo, de abajo hacia arriba. Y, a modo de autocrítica, para ello es también necesario reconfigurar una globalización subordinada y dependiente de los países del Norte, con perspectivas neocoloniales, como la que tenemos en los del Sur, e incluso en el interior de los movimientos y organizaciones sociales, redes solidarias, y fuerzas partidistas progresistas de los países del Norte. Es decir, se nos presenta el reto de transformar en todo el planeta toda aquella relación que por mínima que sea avizore actitudes patriarcales o neocoloniales basadas en distinciones de raza, etnia, condición social o género, sin pasar necesariamente por el tamiz del cuestionamiento a los privilegios que este sistema hegemónico genera en unos, colocándolos por encima de los otros. Ejemplo fue que tan sólo intentar asistir esta vez al FSM puso en evidencia el sistema inequitativo en el que vivimos, pues alrededor de 200 activistas del Sur –de África y América Latina– no obtuvieron una visa para acudir a este encuentro, por la dura política migratoria del país anfitrión. Sin embargo, cuestionar las ventajas que algunos pueblos del Norte tienen, no debe ser motivo de división, sino de reconocimiento de la complejidad a que nos enfrentamos, con el ánimo de lanzarnos a interpelar con mayor profundidad la estructura que mantiene esas relaciones de desigualdad y dominación. Hoy, cuando la crisis del sistema capitalista repercute también en el Norte, y todavía más en el Sur, no debemos luchar solamente por nuestras conveniencias particulares, y menos aún para sostener nuestros privilegios, sino para transformar de raíz este sistema que ha sometido y despojado históricamente al Sur, como lo hace ahora en el Norte. Por ello, la lucha y la resistencia son globales, aunando esfuerzos para desmantelar las relaciones de explotación, despojo y opresión en las que todos vivimos. El reto ahora es que todos nos relacionemos horizontalmente, para construir transformaciones globales en el mundo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): FSM Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? 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¿Una reforma garantista con las familias?
¿Una reforma garantista con las familias? Sábado 13 de agosto de 2016 Miguel Concha El 24 de julio pasado se publicó la reforma del artículo 73, fracción XXIX-X, de la Constitución, mediante la cual el Congreso de la Unión se dio facultades explícitas para fijar las obligaciones que deben observar de modo concurrente las autoridades federales, locales y municipales en materia de derechos de las víctimas. Esto no era necesario, porque ya existe una ley general, la que impulsó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, junto con miles de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, que el Ejecutivo federal publicó el 9 de enero de 2013, después de una larga y ajetreada polémica con el entonces saliente presidente Calderón, que de facto la vetó. ¿Entonces por qué publicar esa reforma constitucional en este momento? Una clave para entender el cambio introducido por esa reforma constitucional es recordar que con la primera Ley General de Víctimas hubo gobernadores que cuestionaron los alcances garantistas de esa norma y decidieron crear leyes de víctimas locales con menos derechos y mecanismos de garantía más débiles que los previstos a nivel federal, pese a que tales derechos para todas las víctimas federales y del fuero común ya estaban vigentes desde la publicación de la ley general. En opinión de quienes integraban el Senado, ello se debió a que cuando se debatía la ley vigente faltaban facultades constitucionales explícitas para que el Congreso de la Unión publicara una norma general de víctimas en sentido estricto y que por eso se abrió injustificadamente un margen de discrecionalidad en la materia, a pesar de que el Congreso tiene facultades implícitas en materias que son indisponibles para las legislaturas locales, como es el caso del que hablamos. Así que ahora se dice que podrá superarse ese impedimento, con la salvedad de que el posicionamiento del Ejecutivo y otros actores parece traslucir que la intención es diferente: reditar la ley general con una completamente nueva, que abrogaría la vigente, bajo el pretexto, en palabras del Presidente, de que la actual es inoperable plenamente. Lo anterior lo dijo en el foro Equidad para las víctimas en el debido proceso, organizado por la asociación Alto al Secuestro, en el que su presidenta presentó al Ejecutivo una iniciativa de ley que tres días después fue presentada prácticamente en los mismos términos por la priísta Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado. Dicha iniciativa, que abroga la ley vigente, tendría los siguientes efectos más evidentes. Por una parte, dividir en dos categorías jurídicamente cuestionables: víctimas del delito yvíctimas de violaciones graves de derechos humanos, las primeras de las cuales –las de delitos cometidos por particulares– tendrían casi el doble de derechos que las segundas –de torturas, desapariciones forzadas, genocidios y ejecuciones arbitrarias, entre otras– cometidas por agentes del Estado. Y por otra, que las medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral, que se desarrollan a través de tres robustos títulos de la ley vigente, se convertirían en un ralo listado, de no más de dos cuartillas, que despojan a la ley de su potencial de transformación de las causas de la victimización, para reducirla grosso modo a una bolsa de indemnización, pedidos de disculpas públicas y terapias. Esto es precisamente lo que vuelve más alarmante que en este momento se haya publicado una reforma constitucional que daría pie a un retroceso deplorable en materia de derechos de las víctimas, y que en momentos críticos de procesos por casos como los de desaparición en Ayotzinapa, ejecuciones arbitrarias en Tlatlaya y tantísimos más, se estigmatice a las víctimas del Estado como si fueran –como lo son en el trato– víctimas de segunda. Antes que eximirse de sus responsabilidades frente a las víctimas de la violencia que el Estado produce o no previene, tanto el Ejecutivo como el Legislativo deberían volcarse a acrecentar el legado que las víctimas dejaron en la actual Ley General, para –como también reconoció el Presidente en el foro mencionado– eliminar la burocratización y facilitarles a las víctimas el acceso a la reparación integral. Pero eso es muy distinto a abrogar la actual Ley, crear seudo-categorías de víctimas y despojarlas de la gran mayoría de sus derechos. Sobre todo a las que reclaman por la violencia del mismo Estado. Si el discurso es la cancha parejaentre víctimas e imputados, entonces que haya también cancha pareja entre todo tipo de víctimas, y, más aún, que no se les discrimine, por incómodas que le sean al poder. El Ejecutivo y el Congreso de la Unión deben tomar en cuenta que el pasado 13 de abril un grupo representativo de más de 100 víctimas y organizaciones de la sociedad civil confiamos al presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, así como a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, Angélica de la Peña, un proyecto de iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas que ellos suscribieron en el acto, el cual incluye propuestas derivadas de una consulta muy amplia y seria que incluyó a muchas familias y colectivos de víctimas, así como a expertos especializados en el tema. Estos esfuerzos no deben quedar fuera del proceso legislativo. Es imprescindible que éste sea transparente e incluyente, pero fundamentalmente que tenga por insumo ineludible la voz de quienes la exigen y sufren las desapariciones. Si no, de antemano podemos prever su destino: más tiempo y vida desperdiciados en simulaciones y cálculos políticos. Debe ser rechazada cualquier iniciativa de reforma que vaya en contra de los principios sobre los derechos de las víctimas de violaciones contenidas en las normas internacionales de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): Eneas de Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña
