Discriminación social contra migrantes
Discriminación social contra migrantes Sábado 6 de agosto de 2016 Miguel Concha La Ciudad de México es frecuentemente identificada como una entidad en la que los diferentes movimientos y reivindicaciones sociales han permitido avances que la distinguen del resto del país, por el reconocimiento que en ellas se da de los derechos humanos de grupos de personas que, debido a la desigualdad y violencia estructural, han enfrentado discriminación y vulneración a su integridad. La discriminación, entendida de manera amplia, tiene que ver con distinciones que atentan contra la dignidad humana y tienen como consecuencia la negación de derechos. De manera afortunada, ha sido considerada como principio fundamental para la convivencia y una de las bases para la formulación e interpretación de leyes y políticas públicas. Ello no obstante, percibimos que el tema tiene aún muchos pendientes, y que la reflexión es tanto más necesaria cuando nos enteramos de que ocurren hechos como los de días pasados durante la inauguración del Centro de Protección Internacional para Adolescentes en el Camino. Como se sabe, dicho albergue, en la colonia El Recreo, de la delegación Azcapotzalco, abrió sus puertas recientemente para proporcionar estancia y acompañar a niñas, niños y adolescentes migrantes con destino a Estados Unidos. Sin embargo, su apertura hizo otra vez visible el enorme desconocimiento y la poca sensibilidad de la sociedad en general que dan pie a que se produzcan actos de discriminación y de violencia, como el altercado ocurrido ese día, cuando grupos inconformes llegaron incluso a golpes para manifestar las supuestas consecuencias negativas que el lugar conllevaría para la colonia, según relatan testigos y notas periodísticas. Los argumentos que dichos grupos esgrimían se basan en imaginar ese lugar de acogida a los migrantes como un foco de violencia, asumiendo además que las personas centroamericanas en tránsito por nuestro país traen mañas y peligro a la Ciudad de México. Llama la atención que esos prejuicios motiven la desaprobación del albergue por parte de vecinas y vecinos de la zona, que incluso han reunido firmas con la intención de solicitar que sea cerrado, y los jóvenesregresados a su país. Este tipo de conflictos es la confirmación en la ciudad de la difícil situación que enfrentan las personas en tránsito, en medio de un sistema de gobierno que no les garantiza el ejercicio pleno de sus derechos. Lo anterior se agrava cuando se generan políticas públicas y distorsiones en medios de comunicación de hechos relacionados con la migración, que tienen su origen en actitudes racistas, políticas y discriminatorias. Ante esto cabe recordar que la Ciudad de México debe ser incluyente, en la que se reconozcan el derecho a la movilidad humana y social, por lo que toda persona pueda transitar por su territorio y decidir libremente su residencia, lugar de trabajo o estancia, sin ser criminalizado e independientemente de su situación migratoria. Para ello las autoridades deben adoptar medidas de todo tipo, que les garanticen entre otras cosas integridad personal, seguridad jurídica y acceso a servicios públicos con enfoque de hospitalidad. Y tampoco hay que olvidar que entre las obligaciones generales de los estados en materia de derechos humanos se encuentra protegerlos contra vulnerabilidades que lleven a cabo terceros, particulares o colectividades. Este tipo de situaciones muestra también que las personas migrantes siguen siendo una población que no sólo encara el riesgo de las fallas y lagunas de un sistema jurídico mexicano que muchas veces no los protege y de una política gubernamental que los criminaliza, sino además el rechazo de sectores de la población civil, lo que aumenta su vulnerabilidad y la proliferación de actos que a todas luces son discriminatorios, por la pertenencia a grupos de diversas identidades culturales, por el color de la piel, el sexo, el origen nacional o la condición de pobreza. La problemática es compleja, ya que se corre el riesgo de multiplicar este tipo de discursos xenófobos y abiertamente antimigrantes, como los que se escuchan en el marco de las elecciones en Estado Unidos. Es contradictorio que mientras desde nuestro país se condenan expresiones xenófobas en el vecino, simultáneamente quedan casi desapercibidas en nuestra sociedad acciones con las mismas motivaciones discriminatorias y de rechazo a la diferencia. Ante esto es preciso reconocer que la diversidad sociocultural enriquece a nuestro país, y que la misma Ciudad de México es el resultado de la interculturalidad sustentada en las identidades de los pueblos originarios que la habitan, de las personas que desde diferentes puntos del país la hemos poblado, y de las personas que con diferentes orígenes, lenguas, nacionalidades y creencias han conformado una población, cuya identidad debe ser la diversidad y el reconocimiento de los otros. De esa forma es como debe ser reconocido y respaldado institucional y socialmente el trabajo de las personas que defienden y dan atención a las y los migrantes; no atacado y rechazado, como ha ocurrido con el albergue inaugurado en Azcapotzalco. En la labor de defensa de los derechos humanos es necesaria la participación activa de las autoridades para proteger también los derechos de quienes se organizan para acompañar a migrantes o a cualquier otro grupo de atención prioritaria. Los gobiernos, en sus diferentes niveles, deben cumplir con sus obligaciones de respeto, protección, promoción y garantía de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, colaborando en la implementación de una cultura basada en el respeto de los derechos humanos, mediante la implementación de leyes, políticas, programas y acciones que reconozcan la dignidad de todas las personas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : pies cansados Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? 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Debate sobre la protesta social
Debate sobre la protesta social Sábado 30 de julio de 2016 Miguel Concha Las protestas sociales se han convertido, entre los diversos grupos y movimientos sociales que se ven afectados en aspectos importantes para lograr una vida digna, en uno de los ejercicios más necesarios para los procesos de resistencia, exigencia de derechos y organización colectiva. Combinado con otras estrategias que han movilizado nuestra historia, ello ha permitido por siglos transformar realidades de injusticia en cambio y emancipación. Hoy podemos decir que es un derecho humano que involucra otros derechos interrelacionados, reconocidos tanto en nuestra legislación interna como en la internacional. Las protestas sociales son también encuentros de personas y colectividades que se sienten convocadas en forma reflexiva e intencionada, con la finalidad de coadyuvar en la construcción de una democracia con paz y justicia. Este tipo de consideraciones cobran relevancia ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a resolver dos acciones de inconstitucionalidad (96/2014 y 97/2014), en relación con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. En ellas, interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se argumenta ampliamente sobre tres artículos (212, 213 y 214) que violentan principios y derechos reconocidos en instrumentos internacionales. Por lo cual, a decir de esas instituciones públicas de derechos humanos, aunque también de las organizaciones sociales, la SCJN debe declarar inconstitucionales esos artículos, toda vez que su redacción actual, y su implementación por parte de las autoridades, seguramente ocasionará violaciones a garantías básicas como la libertad de expresión, derecho a reunión y asociación, y a defender los derechos humanos, que están implicados de manera tangible en las protestas sociales en sus diversas formas. En un amicus curiae que presentó el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), y que la SCJN debería retomar en esta discusión, se razona y discute ampliamente sobre los aspectos que contravienen derechos humanos en esa ley. Con relación al artículo 212, que enuncia la perfecta licitud de las manifestaciones, el FLEPS sostiene que en realidad existe una censura previa, que analiza a priori la licitud de una manifestación, dejando de lado su presunción de legitimidad. Además de que la observancia de esos calificativos produce un efecto inhibidor en el ejercicio de derechos de las personas que participan en una protesta social. En el mismo artículo se establece que las personas que quieran ejercer el derecho a la protesta deberán dar aviso previo y por escrito; sin embargo, y conforme a los estándares internacionales, el ejercicio de los derechos humanos no puede estar sujeto en ningún momento ni supuesto a una autorización previa por parte de la autoridad o sometimiento a un examen previo. Además, en la actual ley se prevé que las obligaciones correspondientes a las autoridades queden condicionadas a un aviso previo de 48 horas por parte de los ciudadanos, con lo que se origina una burocratización del ejercicio de los derechos humanos, y se deja de lado una visión garantista del Estado. Por lo que hace al artículo 213, se impone una prohibición absoluta para utilizar el espacio público, pues no podrán utilizarse las vías primarias de circulación continua para la realización de manifestaciones. La SCJN deberá resolver también si, dada su naturaleza, las manifestaciones públicas requieren de la utilización de espacios para garantizar su visibilidad y publicidad, como medio de expresión, o deliberadamente se pueden establecer límites a ésta. A decir del FLEPS, las protestas también necesitan de la ocupación de vías primarias de circulación continua, aun cuando ello genere ciertas molestias que en principio debieran ser toleradas. Y afirma que corresponde al Estado tomar las medidas necesarias para reorganizar el tráfico, brindar rutas alternas y servicios de transporte público que generen que las restricciones al tránsito afecten lo menos posible. Además, tanto autoridades, como la sociedad en general, deberíamos ampliar nuestra percepción sobre el espacio público, y considerarlo y utilizarlo como un lugar de debate político y ejercicio de derechos encaminados a consolidar nuestra democracia. Por último, el artículo 214 hace mención a que la Secretaría de Seguridad Pública tomará lasmedidas necesarias para evitar bloqueos, pero se considera ambigua y abierta la redacción tal y como está, lo que conllevaría a su uso discrecional por parte de las autoridades, y por tanto a violentar derechos humanos. El artículo además no es taxativo, y por ello no permite la certeza jurídica, ya que no señala claramente qué podrán hacer los elementos de seguridad pública, abriendo así la posibilidad de un uso de la fuerza desproporcionado e irracional, pues no menciona ni gradúa las medidas necesarias para evitar bloqueos. Este tipo de legislación que se debate en la SCJN es ejemplo de cómo se usa la ley para limitar derechos, y de cómo el legislador declina su deber de robustecerlos. Luego del receso al que entró el máximo tribunal del país, es menester que los magistrados indiquen sus valoraciones sobre este asunto, cuanto más porque en México tenemos un clima de constantes protestas, indicativas de los problemas de fondo que tenemos que resolver. Intentar acallar las voces, censurar las protestas e inhibir los derechos de la gente, mediante legislaciones caóticas, no hará más que agravar la crisis de derechos humanos que padecemos en México. La Corte deberá estar a la altura, y declarar inconstitucionales dichos artículos de la Ley de Movilidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
Defensa contra megaproyectos mineros
Defensa contra megaproyectos mineros Sábado 23 de julio de 2016 Miguel Concha La defensa del medio ambiente y de los bienes comunes naturales por las comunidades y pueblos se concreta también en materiales como el que ahora conocemos como Manual para la defensa de los derechos econ ómicos, sociales, culturales y ambientales(DESCA) de los pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México, elaborado por organizaciones con vasta experiencia en el acompañamiento de casos y situaciones relacionadas con empresas mineras, cuya actividad causa en muchas ocasiones daños irreversibles. No se trata sólo de un manual, ni siquiera sólo de un informe muy detallado y completo de las luchas integrales que llevan a cabo los colectivos y movimientos sociales en la defensa de sus territorios frente a los megaproyectos de inversión de compañías nacionales y extranjeras. Tampoco se trata únicamente de una sencilla demostración de cómo defienden legítimamente sus posesiones. Es un instrumento que muestra con detalle cómo pueden defender de esas invasiones sus bienes naturales y territorios, llevando a la práctica el uso crítico, alternativo y creativo del derecho desde las propias luchas, el que existe y/o aquel del que carecemos, pero que deberíamos tener; por ello, es más que nada un instrumento de aprendizaje para poder seguir ampliándolas y consolidándolas. Para ello, echa mano de categorías como la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en su sentido más amplio, pues en todo momento los reconoce como medio, no como fin y como una posibilidad de acompañamiento y fortalecimiento de los procesos en defensa del territorio y los bienes comunes. Hace ya algún tiempo las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe definieron la exigibilidad como un proceso social, político y legal, y agregaron que la forma y medida en que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESCA no solamente ha de ser materia del escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil, como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía (Declaración de Quito no. 19, 1998). Este manual de defensa contra los megaproyectos asociados a la minería recoge precisamente experiencias de esa exigibilidad de derechos, y traza algunas rutas acerca de cómo puede usarse el derecho, imbricado con el tema de la participación de todas las personas involucradas en los conflictos, y la de todas aquellas que quieran colaborar para revertir las violaciones a derechos humanos, con el fin de transformar la lógica de acumulación y despojo imperante en nuestros tiempos. Por ello, el manual está sobre todo dirigido a quienes día con día defienden sus derechos y sus bienes comunes. Como algunos otros materiales, pocos, por cierto, dedicados a estas materias, éste lo hace frente a la minería. Hoy es conocida ampliamente en el país la cantidad de concesiones para la explotación minera, otorgadas por una cantidad enorme de años y con la posibilidad de ampliarlos todavía más, lo que contrasta con otros países de América Latina. Según afirma el propio texto que comentamos, solamente en dos entidades de la República, la Ciudad de México y Quintana Roo, no se registra actividad minera, lo que indica la magnitud de la ocupación de los territorios en el país, y sabemos que todo eso está relacionado con este modelo de desarrollo neoliberal y extractivo que pone al centro la acumulación de la riqueza y desplaza la dignidad de la vida humana y toda forma de vida, gracias en gran parte al sentido crítico que movimientos y organizaciones han construido con el paso de los años. Sabemos además que hoy en día el uso pervertido del derecho puede también incorporar una perspectiva facciosa, cuando la misma ley no existe o está destinada para proteger los intereses de unos cuantos, como lo analiza el manual cuando se refiere a la Ley Minera y a la reciente reforma energética. Aparejado con ello, vemos cómo se comienza por violentar los derechos a la información y a la consulta, recurriendo incluso a la criminalización y represión del Estado contra quienes legítimamente se organizan para defenderse. Este cuadro de violaciones a los derechos humanos podría revertirse en la medida en que de diversas maneras, y con diferentes estrategias combinadas, encaminemos y acompañemos esfuerzos colectivos hacia, por ejemplo, la conservación y el uso adecuado de los bienes comunes, el respeto de los derechos de las comunidades y pueblos, y su protección frente a terceros por el Estado, en las que la herramienta de los derechos humanos, en su concepción contrahegemónica, pueda incluir posibilidades de apoyo, evitando en todo momento desmovilizar los procesos organizativos. Los movimientos y colectivos son justamente eso: movimiento y colectividad. En ellos la participación de todas y todos, de manera organizada y compartida, cuenta, y por ello el manual evidencia que la interrelación entre los procesos jurídicos y los contextos en que se dan las luchas convoca a una polifonía de saberes y experiencias que entre sí se complementan y apoyan para entender la complejidad que se origina con la implementación de los megaproyectos mineros, para poder transformarla. Por ejemplo, el capítulo destinado a las afectaciones ambientales y a la salud de las comunidades y trabajadores de las minas, no es posible sin la participación de personas dedicadas de tiempo atrás a ese tipo de investigación medioambiental y sanitaria. En la defensa de los derechos humanos es efectivamente condición imprescindible el carácter multidisciplinar que conlleva, ya que se interrelacionan, y a la vez se interconectan con otras esferas de la vida social. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Víctor Cuevas Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social
Una consulta trucada
Una consulta trucada Sábado 16 de julio de 2016 Miguel Concha La Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada dio a conocer el pasado miércoles su tercer reporte sobre ese proceso de consulta que se inició hace unos meses, del cual di cuenta en este espacio ( La Jornada, 14/5/16). Llama la atención la rapidez con la que avanza, estimulado sospechosamente por las autoridades encargadas de realizarlo, como son la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Aunque a decir verdad, acelerado igualmente, y de manera amañada, por empresas trasnacionales como Monsanto, que velan por sus intereses en la siembra de soya transgénica en la península. Pero incluso con este tipo de corporaciones detrás haciendo el juego sucio, las comunidades mayas han dado pasos firmes en la primera fase en que se encuentra esta consulta. Por el reciente informe de la misión de observación sabemos, por un lado, que las autoridades encargadas deberán apegarse a los tiempos que las comunidades solicitaron, para que conforme a sus costumbres y mediante sus formas organizativas deliberen sobre la pertinencia o no de la realización de la consulta en los términos que plantean esas autoridades en el denominado programa de trabajo, entregado los pasados 30 de junio y 1º de julio en los municipios de Hopelchén y Tenabo, Campeche. La misión de observación resalta que esto es relevante, pues las comunidades mayas han establecido que por lo menos en octubre próximo tendrían una respuesta sobre ese programa de trabajo. Y ello después de consultar a sus comunidades y deliberar sobre si es adecuada o no para ellas. Pareciera necedad y que se trata de pérdidas de tiempo; sin embargo, de acuerdo con la experiencia de las comunidades en estos procesos, en los que ponen en juego sus usos y costumbres, y lo establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, hoy es innegable que es un derecho de las comunidades y pueblos indígenas ser consultadas en casos en los que se vean afectados por algún tipo de actividad administrativa o legislativa, mediante procedimientos adecuados y conforme a sus instituciones representativas. Esto implica que quienes son titulares de estos derechos establezcan debidamente las formas con las cuales procede la consulta indígena, pues de lo contrario se vulneran principios importantísimos, como son los contenidos en los estándares internacionales, entre ellos el de ser de manera previa, libre e informada consultados, así como el que dicha consulta deba realizarse de buena fe y encaminada a hallar el consentimiento de los pueblos. En este sentido, la misión observa que estos principios se han vulnerado de nueva cuenta en las reuniones recientes entre representantes de las comunidades y las autoridades responsables. Durante el desarrollo de éstas se identificó en efecto la presencia de grupos ajenos a las comunidades convocadas para la consulta, e incluso se presume que estos grupos –entre los que se cuenta una centena de menonitas, así como representantes de comunidades mayas y mestizas de otros municipios no sujetos a ser consultados– fueron manipulados por empresas y autoridades con la intención de presionar a las comunidades para que aceptaran los términos de la consulta y se avanzara en la realización de la misma, atropellando de ese modo su derecho a una consulta libre e informada. El principio de buena fe se vio en efecto también claramente disminuido con la actitud omisa de las autoridades ante la presencia en esas reuniones de personas asociadas con las empresas involucradas, permitiendo además que grupos ajenos generaran un clima hostil y de desconfianza e insultos contra los representantes de las comunidades sujetas a consulta. Las autoridades dividieron igualmente en dos grupos a las comunidades consultadas, y por tanto no se generó un clima de confianza mutua en este proceso. La narración que la misión hace de estos lamentables sucesos durante la realización de esta consulta –que se puede revisar con detalle en la página de Internet consultaindigenamaya.org– demuestra que por sus omisiones o complicidades, las autoridades encargadas, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fungió como garante del proceso, están quedando lejos de realizar esta consulta conforme a estándares internacionales. Es lamentable además que estas autoridades no cumplan cabalmente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, como sabemos, ordenó la realización de esta consulta. Un asunto además que, como ha sucedido con otros procesos de consulta indígena, se ha convertido en un tema de interés nacional debido a su relevancia para la protección y garantía de los derechos humanos de grupos como los pueblos y comunidades indígenas, que en este país han visto en las recientes décadas vulnerados su dignidad y sus derechos en razón de una concepción de desarrollo basada en la explotación de los bienes naturales y la extracción desmedida de recursos naturales y energéticos. A eso tendríamos que sumar ahora lo relacionado con un modelo de agricultura extractivista a gran escala, basada en el monocultivo y el uso peligroso de los organismos genéticamente modificados. Para la realización de la consulta se requiere de la buena fe de las autoridades y que se apeguen a derecho, tomando en cuenta, lo cual es irrenunciable, la opinión de las comunidades consultadas. De lo contrario el espíritu y el proceso de la consulta indígena queda anulado. El Estado debe garantizar a las comunidades mayas consultadas seguridad, respeto y un ambiente en el que estén libres de toda hostilidad o cooptación por parte de terceros. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Consulta Indígena Maya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la
Otra oportunidad fallida para la justicia
Otra oportunidad fallida para la justicia Sábado 9 de julio de 2016 Miguel Concha El pasado 6 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía la importante oportunidad de pronunciarse sobre un caso que, sin duda, es paradigmático de lo que ocurre en un sistema de justicia, en el que a falta de investigación adecuada la única herramienta posible es la tortura y la fabricación de pruebas. Con la detención y sentencia de Nino Colman, la organización Alto al Secuestro y la propia sociedad lacerada por un terrible delito parecían tener una victoria. El costo de esa victoria es el mantener dentro de la prisión a una persona con fuertes evidencias que indican en cambio su inocencia. El proceso de Nino Colman, en efecto, no tiene sentido, a pesar de que se le acusó de la creación de cuentas de correo electrónico que buscaron negociar y cobrar un rescate por un secuestro. Al día de hoy es la única persona acusada del delito; no obstante, si hubiera sido el responsable, su participación hubiera sido mínima. Los verdaderos responsables de secuestrar a la víctima, por el contrario, siguen libres e impunes. Nino Colman fue señalado desde el principio por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en razón de una suerte de discriminación: soltero, de nacionalidad colombiana y naturalizado mexicano. Cuando lo detuvieron, los insultos de pinche colombiano fueron constantes. La PGJDF buscó entre los ex empleados del padre de la víctima a la persona que les pareciera más sospechosa. El ciudadano colombiano debía ser el culpable. Con base en ese prejuicio, y cobijados en la falta de protocolos que permitieran verificar la fiabilidad de la información que obtuvieron, se dedicaron a la fabricación de pruebas que culparan al señor Colman. El amparo en revisión 4624/2015 ante la SCJN planteaba –con base en las mismas evidencias que actualmente engrosan el expediente penal 271/2009– cómo las pruebas con las cuales se le acusó fueron obtenidas sin órdenes judiciales y sin protocolos que permitieran verificar que la información fuera verídica. Es decir, con base en información que es claramente contraria a lo establecido en el artículo 16 constitucional. A todas luces existían elementos de inconstitucionalidad que significaban avances que siguen siendo relevantes para todos los mexicanos. Por ejemplo, verificar si se había hecho la solicitud formal ante un juez federal para intervenir comunicaciones privadas, y de esta forma obtener las supuestas evidencias digitales (dirección IP) sobre la creación de las cuentas de correo electrónico, así como el tratamiento y resguardo que se les debía dar a dichas pruebas, con el fin de evitar que pudieran ser alteradas durante el proceso de obtención, y con ello garantizar que las mismas fueran válidas para ser utilizadas como pruebas dentro de un proceso penal. Se solicitó además a la Suprema Corte que analizara el alcance de la protección del derecho a la asistencia consular reconocido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, por tratarse de un ciudadano colombiano. Se le pidió igualmente que se analizara si el derecho a la defensa adecuada de Nino había sido resguardado, ya que su defensa penal había sido asumida por tres diversas defensoras de oficio desde la última etapa probatoria del proceso, así como en la apelación de la sentencia condenatoria, y, por lo tanto, que se analizara también cómo la mala actuación de esas defensoras de oficio tuvo como consecuencia directa que el indiciado fuera sentenciado por un delito que no cometió, en razón de que dichas defensoras no se percataron de la ilegalidad de la pruebas que sirvieron para enjuiciarlo, hecho que incluso ha sido reconocido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al emitir la recomendación 10/2014. Finalmente, se le solicitó que se pronunciara sobre el papel de las autoridades encargadas de administrar justicia al momento de obtener pruebas digitales que implican la intervención de comunicaciones privadas, en pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas imputadas, así como de las propias víctimas, asegurando con ello que se cumpliera con todos los requisitos constitucionales que se han establecido para cumplir con las garantías mínimas del debido proceso, en conformidad con lo señalado en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución. A la fecha, el señor Nino Colman y la organización que lo representa no tienen los argumentos de por qué fue desechado por la SCJN su proceso. El dictamen no fue publicado, y de acuerdo con lo manifestado por los ministros, el caso carecía deinterés y trascendencia. Con ello de nueva cuenta evitaron entrar al fondo del asunto, y no se pronunciaron sobre los temas de constitucionalidad, como es su obligación. La muy pobre actuación de la SCJN es, una vez más, una clara evidencia de la falta de imparcialidad al momento de tomar decisiones. Para el Poder Judicial discutir la situación legal de un acusado de secuestro –inocente o no– es tabú. Es una determinación políticamente incorrecta. Es atentar contra las víctimas. Esas víctimas que de cualquier forma no tendrán justicia, por no tener acceso a un proceso con verdad. Ello a pesar de que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ha expresado que las pruebas irregulares que no reúnen los requisitos mínimos de admisibilidad, o de las que no se puede establecer exactamente el correcto procedimiento por medio del cual fueron obtenidas, deben excluirse por falta de valor probatorio. Y de que la misma Coridh ha afirmado que el derecho a un debido proceso judicial es equiparable a un juicio o aprocedimientos judiciales justos. Lo cual requiere que el operador judicial efectúe un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Javier Rubilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra
Tlatlaya: caso abierto
Tlatlaya: caso abierto Sábado 2 de julio de 2016 Miguel Concha Frente a la crisis de derechos humanos que vive el país, la respuesta del gobierno federal se ha movido entre lo errático y lo negligente. A los reiterados señalamientos que al respecto no terminan por generar una respuesta de Estado a la altura de la crisis, el gobierno federal ha respondido con iniciativas de reformas legislativas que ni siquiera se han materializado. Así, por ejemplo, miles de víctimas siguen esperando la Ley General para Prevenir y Sancionar las Desapariciones, anunciada en noviembre de 2014, pero la crisis que vive el país es de tal magnitud que no puede atenderse sólo con modificaciones legales. Se necesita una verdadera política de Estado frente al quiebre generalizado de la vigencia de los derechos humanos. Ésta debería, entre otras cosas, impulsar con claridad el acceso a la justicia de las víctimas en aquellos casos que por su carácter emblemático rebelan el rostro real del país. Esta necesidad, empero, ha sido ignorada por el Ejecutivo federal y por el Poder Judicial de la Federación. Lejos de impulsar la justicia, ambos poderes se han abocado a consolidar la impunidad. El caso Tlatlaya, cuyo segundo aniversario conmemoramos en días pasados, es ejemplo de ello. Los hechos son conocidos: la noche del 29 de junio de 2014 elementos del 102 Batallón de Infantería se enfrentaron a un grupo de personas guarecidas en una bodega de dicha localidad. Entre estas personas se encontraban presumiblemente algunos integrantes de un grupo delictivo, así como otras retenidas en el sitio contra su voluntad, incluidos menores de edad. Después de la refriega, los militares entraron a la bodega, pero en vez de liberar a quienes estaban privados de la libertad y de detener a quienes podrían encontrarse cometiendo algún delito flagrante, para ponerlos a disposición de inmediato de una autoridad civil, cometieron un número indeterminado de ejecuciones extrajudiciales. No actuaron como una fuerza de seguridad obligada a respetar los derechos humanos y a conducir a quienes pudieron cometer un crimen ante las autoridades competentes, sino como una fuerza de guerra facultada para usar indiscriminadamente la fuerza letal contra quienes son considerados enemigos. Las ejecuciones fueron encubiertas por los propios mandos militares y las autoridades mexiquenses –incluido el gobernador–, así como por la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, la verdad emergió poco a poco. Primero, con trabajos periodísticos de reporteros que no se conformaron con los boletines gubernamentales, sino que acudieron al lugar de los hechos, donde constataron la inverosimilitud de la versión oficial. Después, con el valiente testimonio de una de las sobrevivientes –a quien se unieron más tarde otras dos víctimas– que evidenció cómo el Ejército y las procuradurías habían mentido. Finalmente, las investigaciones de dos instancias oficiales del Estado mexicano concluyeron, no sólo con base en testimonios, sino también en prueba balística, que habían existido ejecuciones extrajudiciales. Por un lado, la PGR ejercitó acción penal contra varios militares por la ejecución de al menos ocho personas, y por otro lado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que entre 12 y 15 personas habían sido ejecutadas. El caso, emblemático del uso desproporcionado de la fuerza letal, y de la falta de rendición de cuentas de las fuerzas armadas, estremeció a la comunidad nacional e internacional. Tanto es así, que el relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, Christof Heyns, demandó que se deslindaran las responsabilidades. La exigencia de justicia aumentó cuando, gracias al acompañamiento legal brindado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se documentó que la unidad militar involucrada había recibido unos días antes de la masacre la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad. Dada la evidente gravedad del caso, y su carácter icónico, era de esperarse que la actuación de las instituciones de procuración de justicia fuera pulcra y expedita. Era de esperarse que Tlatlaya no quedara en la impunidad, como tantos otros casos de graves violaciones a derechos humanos, pero esta expectativa ha sido defraudada. A dos años de los hechos, no hay ningún militar procesado por la masacre. Recientemente, un magistrado de oscuro historial revocó el auto de formal prisión que les había sido dictado a los mílites acusados de homicidio, invocando criterios inusuales que difícilmente aplicaría a civiles acusados por crímenes similares. El resultado es que hoy Tlatlaya se ha topado con la impunidad castrense. Por el contrario, hay que denunciar los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika González, sin cuyo valiente testimonio no habría podido salir a la luz la verdad, pero el caso está lejos de estar cerrado. La PGR puede corregir las deficiencias de su investigación y acusar nuevamente a los responsables. Habiendo emitido una recomendación en la que estima probadas las ejecuciones, la CNDH está llamada a vigilar que esto suceda. Las temerarias denuncias presentadas contra el ombudsman por actores afines al estamento militar no deben arredrar a la comisión del cumplimiento de esta tarea. El caso Tlatlaya sigue abierto. Sucesos como los acaecidos recientemente en Nochixtlán dan cuenta de la necesidad de que el uso desproporcionado de la fuerza letal genere investigaciones y procesos legales efectivos, de suerte que los funcionarios que usen las armas contra la población de una manera contraria a los estándares internacionales sean debidamente investigados y sancionados. Justamente, es eso lo que la sociedad sigue esperando en el caso Tlatlaya. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Centro ProDH Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? 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Diálogo incluyente y verdadero
Diálogo incluyente y verdadero Sábado 25 de junio de 2016 Miguel Concha La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE) ha dado una muestra de resistencia y defensa digna por una educación pública, laica y gratuita. Por desgracia, en los últimos acontecimientos derivados de la reforma educativa, también ha visto violentados sus derechos fundamentales y los de otras personas que se solidarizan con su causa. Los hechos del pasado domingo en Nochixtlán, Oaxaca, nos dieron idea del nivel de error en la respuesta que está dando el actual gobierno federal al conflicto: 10 personas ejecutadas, decenas de heridas y golpeadas en el intento de la Policía Federal por desalojar a quienes mantienen expresiones de protesta en las entradas a la capital oaxaqueña, y decenas de detenidas arbitrariamente. Además, habría que agregar los agravios que en semanas pasadas sufrieron las maestras y maestros en la Ciudad de México, cuando fueron desalojados y expulsados, así como la decena de detenciones de líderes de la Coordinadora. Todo esto configura un escenario de graves violaciones a los derechos humanos, donde lo que menos queremos es el incremento de la violencia y la represión del Estado. El régimen debe entender que una salida viable y pacífica al conflicto es el diálogo de cara a la sociedad, respetuoso de los derechos de las y los maestros que se oponen a la llamada reforma educativa, y por supuesto el esclarecimiento de los hechos registrados en Nochixtlán. Por desgracia tuvieron que acontecer estos sucesos tan lamentables, para que el actual gobierno volteara con renuencia hacia intentar un diálogo, como el que se llevó a cabo en Bucareli, el pasado miércoles con el titular de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, hoy entre la sociedad mexicana sabemos que este diálogo debe ser uno que vaya al fondo del conflicto. Con ello me refiero a que el principal reto que se nos presenta a todos, y a las partes en conflicto, el gobierno federal y la CNTE, es resolverlo de manera que logremos una reforma educativa acorde con las necesidades de las personas y las comunidades. Es decir, una reforma alternativa de la educación. Retomando algunos aportes del Premio Nobel de la Paz 1958, Dominique Pire, se requiere entonces de algunos elementos que me permito esgrimir a continuación. Urge, primeramente, que se ponga entre paréntesis lo que se es y lo que se piensa para tratar de entender el punto de vista del otro, aunque no se comparta, lo que conlleva a escucharse, hablarse de frente y tratar de comprenderse. Que exista, pues, una voluntad de diálogo verdadero. En segundo lugar, será igualmente importante no pretender reducir al otro a la propia posición; es decir, no querer asimilarlo, y, peor aún, rechazarlo, y finalmente, intentar en todo momento buscar una posición incluyente entre ambas partes, en aras de integrar una verdad más plena. Con estos elementos podría avanzar un diálogo respetuoso y de fondo. Además de lo que el propio contexto nos vaya indicando. Por ello, ahora, en los intentos por llevar a cabo un diálogo por la educación pública, laica y gratuita, urgente e imprescindible, las partes deben mostrar su disposición a dialogar, y en todo momento atender a las causas del conflicto. Debo decir que esta postura abierta al diálogo la mostró la CNTE, sobre todo en los últimos meses, y que quienes se cerraron, y pretenden seguirlo haciendo, son por desgracia los funcionarios del régimen. Ayudaría mucho que para este diálogo el gobierno federal mostrara su voluntad mediante la suspensión de la implementación de la reforma, pues con ello contribuiría a que se construyan condiciones adecuadas para iniciarlo. Existe un amplio consenso en la sociedad civil mexicana, y cada vez más en otros países del mundo, para que este diálogo sea tal que vaya a los orígenes del conflicto, que es, sin duda, la política educativa del Estado mexicano, política educativa que no podemos aceptar por la vía de la imposición y la violencia, sino a través de la información, la consulta, la participación y el consenso. De lo contrario sería una manifestación más de la pérdida de ejercicios democráticos. Es importante subrayar que este diálogo que se logre por la educación es un tema de toda la sociedad, y no sólo de las y los profesores de la CNTE. Hoy reconocemos que son las y los maestros quienes conocen de primera mano la situación educativa en el país. Evitemos por ello descalificar su experiencia y conocimientos en la resolución de este conflicto, aunque seguramente ayudará también contar con voces expertas venidas de las ciencias de la educación, de las y los defensores del derecho a la educación y de sectores representativos de la sociedad en general. Para el buen rumbo del diálogo, nos toca a todos exigirlo y acompañarlo, buscando siempre el respeto de los derechos de las y los profesores, y apostando por un paradigma de educación que verdaderamente sea necesario para el futuro soberano de México. Asimismo, es urgente seguir mostrando nuestro rotundo rechazo a la violencia y la represión, pues para la estabilidad del país y la gobernabilidad del Estado, nunca puede ser aceptada la imposición de una política de gobierno por la vía de la violencia. Como personas comprometidas con una educación digna y acorde con las necesidades de las personas y pueblos, y con el futuro soberano de México, debemos sentirnos convocados a participar en la solución de este conflicto, en aras de una educación pública, laica y gratuita. No cabe justificación alguna para perseguir, reprimir y lastimar a quienes disienten. Hoy son muchas las personas que no aceptan el manejo que el actual régimen da a los conflictos, pues no se trata de administrarlos, sino de resolverlos. El actual gobierno tiene la oportunidad de abrir el diálogo y evitar cancelar la democracia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): Eneas de Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y
Constituyente y ciudadanía
Constituyente y ciudadanía Sábado 18 de junio de 2016 Miguel Concha Con las elecciones del pasado 5 de junio, para elegir a 60 por ciento de los miembros de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, concluyó una etapa de este proceso. Con la votación para los representantes, para algunos habría concluido la participación de la ciudadanía. Para otros, los resultados electorales demandan la intervención más a fondo de todas las personas que habitamos esta entidad, a cuyos aportes los representantes y funcionarios deberán estar más atentos. Habrá también que interrogarse por los resultados del proceso de comicios. Llama la atención la baja participación de votantes en comparación con elecciones anteriores. Para algunos, esto demuestra la faltad de interés ciudadano por la existencia de una Constitución para la ciudad. Me resulta difícil pensarlo, pues casi a diario sé, soy invitado o participo en múltiples reuniones que diversas organizaciones realizan para analizar el proceso constituyente, estructurar sus propuestas y diseñar sus estrategias para que se incluyan en el texto constitucional. Otros dirán que la baja afluencia fue un acto de rebeldía ante la decisión del Congreso de reducir la capacidad decisoria de la población a sólo tres quintas partes de los constituyentes. Algunos más dirán que esta situación refleja igualmente el hartazgo ciudadano ante los magros resultados del sistema de partidos, que tampoco parece estar siendo superado por las candidaturas independientes que, en esta circunstancia, no despertaron el entusiasmo civil. Quienes salen en defensa de los partidos sostienen que éstos son necesarios en todo sistema político, afirmación que no está en duda, aunque de lo que sí hay fundada certeza es de que éstos de ninguna manera son suficientes para encauzar la vida pública de una sociedad tan rica y compleja como la que tenemos en la Ciudad de México. En medio de tan diferentes argumentos, podríamos estar de acuerdo en que la Constitución es una cuestión muy importante, como para dejarla sólo en manos de los partidos. Lo real es que los miembros de la Asamblea serán quienes tengan la decisión última sobre la cual regirá la vida pública de la ciudad. Su composición está ya prácticamente definida. Conocemos el número de diputados que corresponde a cada partido, con algunos previsibles cambios de nombres de personas. El Congreso ya ha casi también designado a todos sus representantes, los que dada su designación a partir de su pertenencia partidaria vendrán a modificar la correlación resultante de las urnas. Está pendiente, sin embargo, conocer todavía las designaciones de los ejecutivos local y federal, quienes tienen ante sí la disyuntiva de reforzar las tendencias que los números ya reflejan o fortalecer la presencia ciudadana en el proceso constituyente, con el fin de que se pueda evitar el posible entrampamiento en que podría quedar el texto constitucional. Dado que todas las decisiones de la constituyente deben tomarse por las dos terceras partes de sus miembros, si no se modifican las tendencias actuales que reflejan los números, los acuerdos solamente serían posibles con la aceptación de tres de cuatro partidos, y la decisión sería a cada paso cuál de los cuatro queda excluido. Menos probable, aunque no imposible, es que los acuerdos no sean tomados por las cúpulas partidarias, sino por las afinidades de los distintos miembros del constituyente, toda vez que algunos partidos decidieron incorporar entre sus listas a militantes sociales e intelectuales independientes. De esta manera, existe la posibilidad de acuerdos entre personas con independencia del grupo parlamentario al que nominalmente pertenezcan. Una situación así contribuiría a refrescar tanto el ambiente político de la ciudad como del país, así como a construir una lógica de acción sin monopolio partidario. Que esta posibilidad avance o no, dependerá en mucho del reglamento interno del órgano constituyente. Éste podrá servir para fortalecer la autonomía de los constituyentes o para robustecer el control partidario sobre ellos, tema que no puede eludirse en las deliberaciones ciudadanas. Cualquiera que sea la valoración que se tenga de los motivos de la baja participación en las elecciones, no puede eludirse el asunto de la legitimidad de la constitución resultante, ni puede desconocerse que al respecto hay diversas posiciones en la sociedad. Están quienes piensan que hay ilegitimidad de origen, y que por tanto, sea cual sea el texto aprobado, no le reconocerán validez. Otros, sin negar los problemas de origen, plantean que el texto constitucional es ocasión de ampliar las libertades y derechos de la ciudadanía, y que para ello habrá que presionar a los decisores por medio de acciones cívicas, como una asamblea alternativa, similar al papel que juegan en algunos países de Europa los gabinetes a la sombra, para circular información y debatir los mismos temas que se abordan en los espacios institucionales. Otros más se proponen acciones para influir sobre los constituyentes, como foros, debates y actos públicos de diverso tipo. Por supuesto, las dos últimas modalidades no son excluyentes. Su combinación podría potenciarse mutuamente en la conocida estrategia de actuación adentro y afuera. No creo que en su diversidad la ciudadanía deje de participar en las siguientes etapas, y antes de verla como una amenaza debemos verla como una oportunidad para tener una constitución reconocida por todos, y de legitimidad indudable, porque ello conduciría a tener una vida pública más rica y estable en la Ciudad de México. Demostraría también nuestro compromiso ciudadano con la democracia, consecuente con el principio de que leyes y gobierno son el poder instituido, y que es el pueblo nuestro único poder instituyente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: David Cabrera Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura
Veinte años de Serapaz
Veinte años de Serapaz Sábado 11 de junio de 2016 Miguel Concha En los años 90, México vivía momentos claves que hicieron posible que se concretaran proyectos alternativos y de resistencia que permitieron la maduración de espacios organizados, los cuales ahora reconocemos como referentes entre los movimientos y organizaciones sociales y que trabajan día a día por la justicia, la dignidad y la paz entre los pueblos y personas. Tal es el caso de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); como sabemos, fue en gran parte depositaria de los saberes y experiencias que se generaron en la búsqueda de una paz con justicia y dignidad en Chiapas, durante la labor mediadora de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Retomando lo que sus propios integrantes comparten en algunas de sus presentaciones, después de 1998 Serapaz se integró como organización que busca contribuir al fortalecimiento de capacidades de actores sociales como sujetos de la transformación positiva de sus conflictos, en procesos que conduzcan a una solución justa, constructiva, democrática y no violenta, no a una mera administración de los conflictos, como sucede en muchas instancias oficiales. En medio de una crisis de civilización, como en la que estamos, la importancia de una organización hermana como esa radica en colaborar para transformar las realidades injustas y deshumanizantes que amenazan toda forma de vida. Su trabajo camina hacia la liberación, la emancipación y el respeto de la dignidad y la vida. Su labor de construcción pasa también por el reconocimiento honesto del conflicto, de la conflictividad que hoy está muy presente en el país. Parte del principio de realidad que reconoce que su tarea no es nada sencilla: por lo menos 450 conflictos asociados por tierra, territorios y bienes comunes, según lo reportado en meses pasados por Víctor Toledo o los otros 256 casos documentados por organizaciones sociales y por el trabajo de investigación que el semanario Proceso recientemente dio a conocer, los cuales fueron originados en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En este escenario, Serapaz se ha convertido en un medio por el cual se gestan y entretejen la solidaridad y la paz. En un espacio de aliento para todas aquellas personas y colectivos que, preocupados por la actual crisis, se suman y son parte de procesos creativos de organización para contrarrestar el actual autoritarismo y la grave situación de los derechos humanos. Quienes durante 20 años han sostenido este trabajo de equipo, tienen entre sus referentes, sin duda, aTatic Samuel Ruiz García (†), obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, e inspirados y motivados en su trabajo, continúan caminando al lado de las comunidades y pueblos, no sólo en Chiapas, sino en todo el territorio nacional. Tomando en cuenta además experiencias de construcción de justicia y de paz en América Latina y el Caribe, se hacen cargo, cargan y se encargan de la realidad, como se ha hecho en la línea liberadora del pensamiento crítico y emancipador, tan arraigado en los pueblos del Sur. Hoy reconocemos que con escucha atenta, paciencia y creatividad, han sabido leer los signos de los tiempos; y que, cultivando la humildad, han sabido hacerse presentes entre los procesos organizados que creen y trabajan por ese otro mundo posible al que muchas y muchos aspiramos. Es indudable que, después de 20 años, la experiencia de Serapaz también se ha compartido entre otros espacios organizados, por ejemplo, a través de su Escuela de Paz, en la que cientos de integrantes de comunidades, pueblos y movimientos han cultivado las metodologías de la transformación positiva de conflictos, y se han hecho poco a poco sembradores de paz, justicia y resistencia. Vale la pena mencionar aquí la reciente articulación de 179 comunidades, pueblos, barrios y organizaciones en defensa del territorio que acompaña Serapaz en la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, donde, junto con músicos, académicos, religiosos, actores y escritores se comparten y articulan esfuerzos para revertir la actual cultura de muerte y despojo, y defender a la madre tierra. Ejemplos como éstos nos hacen reconocer que 20 años son por ahora muestra del trabajo sostenido y solidario, nacido del amor y la esperanza, de la visión transformadora que tienen quienes han sido y son parte de Serapaz. Durante la celebración de sus 20 años, la semana pasada, decenas de representantes de estos colectivos reconocieron la labor incansable de esta organización. Quedó claro un mensaje que tiene que ver con el entretejido fino y sostenido de la diversidad de experiencias organizativas con que contamos en México. Y es que solas y solos no podemos. En ese momento, y ahora, amigas y amigos en la construcción de la paz celebramos la vida, la esperanza y los procesos de construcción de una realidad más justa y digna. Un signo es Serapaz, signo de trabajo colectivo, pues esta organización, junto con otras más, reconocen que, como dijo don Samuel en enero de 1994, durante una homilía dominical, la paz en nuestro país, que creíamos tan firme, mostró su fragilidad, porque estaba basada en una situación de injusticia, que aún no superamos. Y reconociéndose hermanadas en estos anhelos, saben que, como don Samuel también señaló, lo que queremos es una paz que posibilite avanzar hacia la construcción de un México nuevo, estructurado por los grandes valores humanos de la fraternidad, de la democracia, de la verdadera libertad, del respeto de todos los derechos humanos para todos. Y así caminan y desean que Serapaz lo siga haciendo por muchas más décadas, hasta erradicar toda forma de opresión. Siempre teniendo a la paz como objetivo y al establecimiento de la justicia como estrategia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: SERAPAZ Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso
Autoritarismo y conflictividad social
Autoritarismo y conflictividad social Sábado 4 de junio de 2016 Miguel Concha La conflictividad registrada en los últimos años en México entre diversos grupos de la sociedad y el Estado u otros actores a quienes éste les genera afectaciones en sus vidas, parece incrementarse, y difícilmente vemos que las instancias oficiales logren disminuirla y evitar las violaciones a derechos humanos que acarrea. Por el contrario, es alarmante que sea tan generalizada y constante la información que circula en medios, redes sociales y plataformas de comunicación sobre casos en los que se registran agresiones a personas y grupos por agentes de seguridad del ámbito civil y militar. Hemos visto, por ejemplo, los recurrentes actos de represión y violencia contra las maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un caso en que la mano dura del autoritarismo de este siglo XXI se hace muy evidente. En él se ha evidenciado que a la par del uso de la fuerza en contra de los integrantes de la CNTE se activan mecanismos mediáticos de criminalización contra los docentes, dirigidos al consumo del grueso de la población, que en ocasiones lamentablemente desaprueba en consecuencia todas las manifestaciones de la Coordinadora, lo que se debería revertir. Pero luego de dirigir gran parte de la opinión pública en sentido negativo contra los maestros, sigue sin reparo alguno el uso de la fuerza pública, y nos damos cuenta de que antes de proteger la integridad y derechos de quienes se manifiestan, se utiliza, por ejemplo, para expulsarlos de la Ciudad de México, reprimirlos y hostigarlos en su derecho a protestar, disentir y hacer exigibles sus derechos, así como a transitar por el país de manera libre y segura. El caso de las y los profesores se inscribe en un contexto de evidente retroceso en el respeto y garantía de derechos relacionados con el uso del espacio público con fines de manifestaciones políticas. Con base en la documentación y monitoreo de la situación de la protesta en México, tan sólo en la última decena de meses hemos registrado por lo menos un acto de hostigamiento, agresión y violencia por semana. Es decir, en diversos lugares del país conocemos de un conflicto cada semana que no se resuelve por las vías institucionales, al que los gobiernos no dan respuesta oportuna, en los que no hay diálogo, y en los que, frente a la exigencia de derechos en las calles, la respuesta del Estado es la violencia contra quienes son precisamente titulares de esos derechos que se reclaman. Qué paradoja que el Estado desvíe su poder, y que en lugar de garantizar derechos, los violente sistemáticamente para mantener sus privilegios y estatus. Sólo con repasar cotidianamente los diversos medios de comunicación o revisar las acciones de denuncia que hacen organizaciones defensoras de derechos humanos –por ejemplo, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social– es evidente que existen hoy algunos estados de la República donde se registran en mayor medida este tipo de violaciones a derechos humanos. Encabezan desde luego la lista: Veracruz, Oaxaca, estado de México, Guerrero y Chiapas, aunque en la revisión detallada se coloca en primer lugar a la Ciudad de México. Es importante este dato, en tanto que esta ciudad es sede de los poderes de la Unión y alberga gran parte de la actividad política del país; es por lo tanto un centro político de toma de decisiones y debate. Las autoridades federales y de la ciudad no deben obviar estas consideraciones, ya que para la vigencia de derechos es necesario que la ciudad sea concebida como lugar propicio de gran importancia para procesos de exigibilidad de derechos. La expulsión de las y los profesores de la Plaza de Santo Domingo, el pasado 21 de mayo por la madrugada, cuando los obligaron a subir a autobuses de forma ilegal y arbitraria, representó un agravio casi sin precedente. No se recuerda este tipo de actos violatorios de derechos humanos, por lo menos desde la década de los 70, en plenaguerra sucia. Preguntémonos, pues, si estamos en retroceso o no en estos tiempos. En este sentido, resulta también significativo que en diversos casos son exigencias de derechos que se relacionan, por ejemplo, con el agua y la vivienda, o con derechos laborales lo que está en el centro de las disputas. Sobresalen también los conflictos vinculados a la tierra y los territorios, en los que el despojo es el fondo del asunto. Es indudable, igualmente, que la actuación de las fuerzas policiacas y militares está cada vez más coordinada y presente en el campo de la seguridad, encaminada al control social, y desdibujando las fronteras entre asuntos de seguridad nacional y pública. Este uso del Ejército es palpable sobre todo en estados donde la militarización está presente, por desgracia, en la vida cotidiana de las personas, como en Guerrero y Oaxaca. En el periodo mencionado se registra además el uso de gases lacrimógenos y balas de goma en media decena de casos. Lo que en medio de esta crisis de derechos humanos se nos devela es una conflictividad, producto del desconocimiento y exclusión de los titulares de derechos y principales actores en la realización de la vida de este país; es decir, toda persona, comunidad o grupo, y la formulación y ejecución de un modelo de país que no se corresponde con las necesidades reales de la población. En este contexto, el caso de las y los profesores de la CNTE exige una actitud dialogante e incluyente por parte del Estado. Sin un diálogo en el que se escucha y se propone, y sin apertura de las autoridades, la conflictividad entonces es mayor, las violaciones a derechos son todavía más preocupantes, y el autoritarismo de nuestros tiempos se asienta sin impedimento alguno en nuestro país. Contrarrestemos ese panorama desolador. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada:Eneas De Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización
