Convergencia de agendas sociales
Convergencia de agendas sociales Sábado 28 de mayo de 2016 Miguel Concha El pesimismo creciente, derivado de los oprobiosos hechos continuados de violación de los derechos humanos y del estancamiento de la economía, con su secuela de desempleo, precarización del trabajo y desigualdad, así como la insuficiencia de la democracia que creímos haber alcanzado, es un riesgo que enfrenta el tan necesario cambio de rumbo en nuestro país. Hay ciertamente encomiables propósitos que se expresan en las agendas de múltiples organizaciones que, pese a los ejemplares esfuerzos desarrollados, no han tenido éxito en revertir las tendencias de dolor y agravio que se extienden por nuestra sociedad. Esta situación ha llevado al convencimiento en muchas personas y organizaciones de que cada quien, aislado, o en alianzas restringidas, es poco lo que puede lograr, si no se plantea alcanzar un amplio acuerdo que surja del diálogo entre la multiplicidad de actores que reclaman derechos, desarrollo equitativo y democracia participativa. Frente a lo anterior, resulta alentador que diversas organizaciones sociales y civiles, así como políticos independientes, defensores de derechos humanos y académicos, se hayan reunido el 12 de mayo último con el fin de unir sus voces y esfuerzos para construir un espacio de diálogo que contribuya a formar la imprescindible alianza estratégica en torno de objetivos comunes, aunque conservando su identidad y autonomía. Para señalar sólo algunos pocos nombres, entre las organizaciones campesinas tenemos a la Central Cardenista Campesina y a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional. Entre las sindicales a los telefonistas, el Stunam y uniones de diversos sectores y personas, como el Frente Amplio Social Unitario y la iniciativa Por México Hoy. La facilitación de esta primera reunión denota también esta diversidad: el obispo Raúl Vera, a título personal; el dirigente sindical Francisco Hernández Juárez; el senador Alejandro Encinas; el académico y militante civil Manuel Canto. Lo mismo que la pluralidad de las voces de las personas que tomaron la palabra y los testimonios de las CRAC de Guerrero, del Sindicato de Jornaleros Agrícolas del Valle de San Quintín y la CNTE. Lo anterior es promisorio por múltiples razones. En primer lugar porque constituye una novedad en la tendencia predominante en los movimientos sociales, al ir más allá de la búsqueda de la construcción de frentes, estando éstos ya en buena parte constituidos. Partiendo de la articulación de las diversas agendas, se procede ahora a propiciar acuerdos de fondo, con el fin de construir una alianza estratégica que, persiguiendo objetivos comunes, los realice cada quien desde sus espacios y con su identidad. Liberándose para ello, como lo expresó el obispo Raúl Vera, de cualquier liderazgo personal. También constituye una novedad la perspectiva asumida en relación con los partidos políticos. El diagnóstico elaborado fue que las elecciones se suceden una tras otra sin cambiar la situación, y la ciudadanía está cada vez más desencantada de los partidos; pero no se trata de dejarlos que actúen a su antojo, ni de acabar subordinándose a alguno de ellos, sino de construir entre los actores sociales un amplio acuerdo que tenga un impacto real en la política. Para lo primero se señaló que la relación con los partidos políticos estará basada en un diálogo crítico, en el que se ofrecerá debatir sus propuestas programáticas y legislativas, y censurar abiertamente, cuando así se requiera, las decisiones que tomen. Para lo segundo, se dijo, “afirmamos enfáticamente que no pretendemos formar un partido político ni un grupo de apoyo a un candidato a la Presidencia de la República (…) Somos conscientes de que la conformación de la articulación amplia que estamos impulsando tiene, y deberá tener, consecuencias políticas; pero éstas deberán traducirse en las agendas públicas. La articulación de agendas tendrá cinco ejes iniciales, que transcribo literalmente: 1) La garantía de todos los derechos humanos como condición básica de convivencia social y del cambio político. 2) La construcción de consensos como forma de relación gobierno-sociedad. 3) La promoción del derecho al trabajo como forma de hacer frente a la crisis, fortalecer el ingreso, promover la igualdad y combatir la pobreza. 4) La justicia y la inclusión, pues la injusticia se está volviendo la norma, no la excepción. Esto tiene que cambiar y volver realidad la inclusión de todas las diversidades que integran a la nación. 5) La preservación del medio ambiente como patrimonio de las generaciones actuales y futuras. No subordinar el equilibrio ecológico a los negocios depredadores ni permitir el despojo del agua y los recursos naturales de las comunidades y pueblos. Para realizar esta articulación se harán reuniones periódicas de diálogo, y se procederá con base en consensos en un proceso que estará abierto a todas aquellas personas y organizaciones que quieran unificar sus visiones programáticas en torno de los ejes señalados. Resulta significativo que el primer pronunciamiento puesto a consideración –y que aún está en consulta– sea en torno de los derechos humanos, ya que éstos se han convertido en el lenguaje básico de diálogo entre todos aquellos que luchan por transformar al país, rumbo a la paz, la justicia y el bienestar. Otra noticia esperanzadora es que, según nos han informado quienes han venido trabajando en la sistematización de las propuestas de las diversas organizaciones sociales, una grata sorpresa pueda ser que las diferencias sean menores de lo que la mayoría se imagina, y que el esfuerzo máximo sea para construir la voluntad política que se requiere para lograr una sólida fuerza social, capaz de modificar los derroteros del país. Articular las agendas es un firme primer paso. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): Eneas de Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente y ciudadanía Veinte años de Serapaz Autoritarismo y
Sociedad civil y sistema anticorrupción
Sociedad civil y sistema anticorrupción Sábado 21 de mayo de 2016 Miguel Concha Estamos viviendo un momento importante en nuestro país, caracterizado por la evolución de una sociedad civil tradicionalmente pasiva y escéptica a una más ampliamente organizada para formular y proponer leyes que propicien incorporar lo que muchos consideran necesario para convivir en un auténtico Estado de derecho. Arranca del hecho lamentable de que la forma en que ejercen funciones nuestras instituciones de gobierno las ha vuelto incapaces de frenar el crecimiento de la impunidad, y de que se ha declarado abiertamente que la corrupción es parte de nuestra cultura. Da la impresión de que nuestros funcionarios gobiernan conviviendo con ella y que algunos evidentemente lo disfrutan. No perciben la trascendencia y urgencia que le da la sociedad a este último problema y no entienden por qué hay molestia y malestar. Prueba de ello es el esfuerzo por minimizar las leyes anticorrupción y las tácticas dilatorias para aprobarlas. Como dato significativo, el titular del Ejecutivo Federal no asistió en días pasados al Foro Mundial sobre Corrupción que tuvo lugar en Londres, al que acudieron varios presidentes latinoamericanos, y en el que se argumentó que la corrupción en el sector público es una de las causas del evidente fracaso social del modelo económico que nos agobia. Lo que indica que para él la corrupción no es prioridad. Una de las propuestas de la sociedad civil que más preocupa a los gobernantes, que de lograrse la haría ciertamente más eficaz, es el conocimiento de sus declaraciones por parte de la ciudadanía, lo que le permitiría involucrarse activamente en el proceso de identificar y difundir prácticas corruptas. La reacción de los partidos políticos, en particular del PRI y el Verde, no se ha hecho esperar. Hacen lo de siempre. Tratan de incorporar enmiendas que diluyan, castren, desvirtúen los propósitos de las leyes que los obligan a actuar apegados a la legalidad y a la ética. Sin embargo, en esta ocasión nuestros legisladores se enfrentan a un proponente diferente, con el que no están acostumbrados a lidiar, ya que cuando reciben propuestas de otros poderes o partidos siempre han podido negociar, de modo que la corrupción e impunidad prevalezcan, y sigan siendo su moneda de cambio y su manera de operar. Te permito y otorgo prebendas inmorales e ilegales, a cambio de que te subordines a las prácticas que persiguen mantener o incrementar intereses personales, pecuniarios o de poder, sin considerar en forma alguna el bien general. Las siete leyes que constituyen el sistema nacional anticorrupción tienen elementos de los que no se puede en absoluto prescindir. Tal es el caso de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, la cual debe ser efectivamente autónoma, para nada subordinada a quienes tiene que juzgar. Integrada con un conjunto de facultades que le permitan aplicar sanciones administrativas y penales, con el fin de que pueda ser realmente eficaz y llegar hasta sus últimas consecuencias, sin que se permita interferir con recursos judiciales que difieran y minimicen tales sanciones. Por ahora me quiero referir a la llamada Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su título segundo, artículo 10, incorpora la esencia de la propuestatres de tres, respaldada con 640 mil firmas de ciudadanos, pues se ha comenzado a percibir que algunos de los representantes de la sociedad civil que participaron en su formulación han empezado a claudicar y a aceptar la propuesta del PRI-Verde, aduciendo que en el citado artículo aparece la siguiente mención: Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público, con excepción de los datos estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia. La interpretación interesada y sesgada de esa mención permitiría, según algunos legisladores y representantes del sector privado, que haya dos versiones de la declaración patrimonial, una para el público –es decir, un listado de vaguedades incuantificable, que no permite en forma alguna conocer el monto del patrimonio ni cómo está constituido– y otra, la oficial, que supuestamente sí lo detallaría. Más aún, lo realmente ridículo es que se acepte como declaración fiscal el simple acuse de recibo de la misma, sin que se publique su contenido. Lo cual impediría conocer si el funcionario ha pagado correctamente sus impuestos. Es importante recordarle a esos representantes del sector privado que han comenzado a flaquear que la oferta a la ciudadanía, con la que consiguieron el apoyo de más de 600 mil personas, fue la petición concreta de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscales, y no las seudo declaraciones o acuses de recibo que no permiten conocer si nuestros gobernantes son honestos y actúan conforme a la ley, o no, que es el verdadero propósito. Nunca se les planteó que estarían facultados a negociar con la voluntad de los ciudadanos. Sería un gran freno a ese más amplio despertar de la ciudadanía, que da esperanzas de una convivencia más apegada a la moral y a la ley, el que con una actitud, tan usual en nuestro medio, sacrifiquen lo trascendente, a cambio de lograr lo posible, y acepten las propuestas del PRI y el Verde, haciendo nugatorio el esfuerzo y compromiso de la sociedad. Es indispensable que nuestros representantes exijan que se aprueben las siete leyes que integran el sistema anticorrupción, manteniendo íntegramente su autonomía, y recogiendo sin concesiones las propuestas de la sociedad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Marte Merlos Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente y ciudadanía Veinte años de Serapaz Autoritarismo y conflictividad social Convergencia de agendas sociales Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería?
Consulta legal y amañada
Consulta legal y amañada Sábado 14 de mayo de 2016 Miguel Concha Como resultado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación con las afectaciones a comunidades mayas por la siembra de soya transgénica, se ordenó realizar una consulta a las comunidades indígenas de Campeche y Yucatán. Sin embargo, y apenas comenzada la fase de acuerdos previos, ya se han registrado irregularidades en el proceso. La Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada presentó esta semana el primer reporte elaborado con base en la documentación recabada en dos comunidades de Campeche: Hopelchén y Tenabo. En él se da cuenta de manera pormenorizada de las fallas que se presentaron en este primer intento por cumplir la sentencia. Es importante señalar antes que esta Misión se constituyó a petición de las comunidades que serán consultadas, con la finalidad de que organizaciones a escala nacional, y otras propias de la península de Yucatán, acompañen testimonialmente la realización de la consulta. Lo cual cobra relevancia teniendo en cuenta que en otras consultas que ya se han hecho en México son precisamente estas misiones de la sociedad civil las que han coadyuvado para la denuncia de los procesos de consultas ilegales y amañadas contra las comunidades y pueblos indígenas. Para este caso, la Misión se ha conformado por más de 25 organizaciones sociales, a las que se suman académicos y expertos en la materia. Lo que muestra este primer reporte se relaciona con la fase denominada de acuerdos previos, pues ahora sabemos que esta consulta se realizará en cinco momentos: acuerdos previos, informativo, deliberativo, consultivo, y de ejecución y seguimiento de acuerdos. Pues bien, el proceso actual se ubica en el primero, y por desgracia ya las autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, han efectuado acciones que ponen de manifiesto el incumplimiento de la sentencia de la SCJN y omiten atender los estándares internacionales para la realización de estas consultas. La Misión reportó que mientras se realizaron las reuniones con las comunidades convocadas, no hubo en las dos primeras de ellas la presencia de traductores e intérpretes de lengua maya, toda vez que uno de los principios fundamentales de la consulta indígena es que debe ser culturalmente adecuada y en la lengua de las comunidades. Y ahonda en episodios que muestran cómo las autoridades encargadas de realizar las actas correspondientes no consignaban, en ninguna de las reuniones realizadas, lo que en lengua maya expresaban representantes de las comunidades. La Misión identificó también que las autoridades se presentaron a las reuniones con información confusa y poca disposición para explicar ampliamente las implicaciones y el significado de una consulta de este tipo, violando de esta manera el principio de buena fe y el carácter informativo que debe tener la consulta. Por si no fuera suficiente, se registraron igualmente presiones de las autoridades para imponer un calendario a quienes estuvieron en las reuniones. A lo que las y los representantes de las comunidades respondieron que sus tiempos son muy diferentes, y por ello requieren que se realice esta consulta de manera amplia, con tiempos holgados y libremente, pues en todo momento tienen que consultar a sus comunidades. Igual de grave es lo que señala la Misión respecto a la pésima actuación de funcionarios federales, quienes intentaron influir en las decisiones de los asistentes por medio del ofrecimiento de obras públicas, como una carretera, o bien proporcionando información tergiversada en relación con las abejas y su aproximación con la soya transgénica, pues funcionarios de Cibiogem argumentaban que no era verídico que la miel hubiera sido contaminada, al tiempo que intencionaban dar por sentado que las siembras de soya transgénica se realizarían de cualquier forma. Y de paso, los representantes del Estado se negaron a pagar los gastos de traslado de las respectivas representaciones de las comunidades, lo que, conforme a la sentencia de la SCJN, es obligación de las autoridades implicadas. Además, en todo este proceso los funcionarios públicos se empeñaron en que los representantes de las comunidades dieran ya su anuencia para avanzar en la siguiente fase. Por fortuna no lo lograron, pero sabemos que las presiones de las grandes corporaciones influyen sobremanera en el actuar de las autoridades. Todo lo cual demuestra que se violentan los principios de la consulta, tales como la buena fe, y el que sea libre y de carácter informativo, imparcial y culturalmente adecuada. Estos detalles pueden consultarse en (https://goo.gl/d4i0Wl). Queda muy claro que en esta consulta se hace vital que se respeten la cultura, los tiempos, y usos y costumbres de las comunidades consultadas. Las consultas a pueblos y comunidades indígenas no deben ser instrumentadas para que de cualquier forma se les impongan megaproyectos. En este caso en su versión de monocultivos nocivos. El Estado debe partir de buscar el consentimiento de las comunidades, y, en caso de no obtenerlo, anular el megaproyecto que intentaban realizar. De lo contrario se configuran graves violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. La pregunta es, ¿tendrá el Estado mexicano la voluntad de corregirse la plana y hacer una consulta con apego a los estándares internacionales y a la sentencia de la SCJN? Sigamos para ello de cerca el trabajo de la Misión de Observación y escuchemos con atención la experiencia de las comunidades mayas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Consulta Indígena Maya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? 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Incumplimiento de recomendaciones
Incumplimiento de recomendaciones Sábado 7 de mayo de 2016 Miguel Concha Luego de 14 meses de coadyuvancia con la Procuraduría General de la República (PGR), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el domingo 24 de abril, ante familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, la comunidad de derechos humanos, así como medios y personas que han seguido de cerca este caso, su informe final. El GIEI, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, señaló que no les fue posible establecer el paradero de los jóvenes desaparecidos, debido en parte a las fallas y retrasos de la PGR, así como a los obstáculos para no poder volver a entrevistar a detenidos ni obtener declaraciones de militares, líderes políticos y ex funcionarios de alto rango. Lamentaron la actitud del Estado mexicano de no apoyarlos en la prórroga solicitada, con el pretexto de que su participación ya no era necesaria. Sin embargo, no es ésta la primera vez que el gobierno mexicano obstaculiza o frena el trabajo de organismos internacionales de derechos humanos que visitan nuestro país. Recordemos que en mayo de 2015 el Relator contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, presentó en Ginebra un informe en el que señaló que la tortura es generalizada en México y ocurre especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación y en un contexto de impunidad. Esas fueron algunas de sus conclusiones, luego de reunirse entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 con altos funcionarios, representantes de la sociedad civil, víctimas de tortura y sus familiares, así como miembros de organizaciones internacionales y de la comunidad diplomática en México. Las reacciones de Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se hicieron esperar. Expresó que la actuación de Juan Méndez no era profesional ni ética, ya que, según él, dio mayor valor a premisas sin pruebas, y desestimó los argumentos oficiales. Advirtió además que ya no sería invitado nuevamente, y así fue, pues en septiembre de 2015 el relator solicitó de manera formal llevar a cabo una visita de evaluación y seguimiento del informe previamente emitido. La respuesta de México fue negativa, argumentando que se recibirían otras visitas que ya se habían previsto. El actual gobierno minimiza la información contenida en los folios 0001700300414 y 0001700020615, en los que la PGR informa haber recibido 4 mil 55 denuncias por el delito de tortura entre el 1º de diciembre de 2006 y el 30 de octubre de 2014, con solamente 15 sentencias condenatorias por dicho delito. En ese mismo lapso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del folio 00062414, afirmó haber recibido 104 quejas por tortura y emitido 188 recomendaciones por tortura y malos tratos. En un hecho inédito, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió también, en un lapso menor a un año, cinco opiniones oficiales al gobierno de Enrique Peña Nieto, en las que señala que existieron detenciones arbitrarias e irregularidades en los procesos penales de cinco defensores de derechos humanos que menciono a continuación: el periodista Pedro Celestino Canché Herrera, el activista mixe Damián Gallardo Martínez, el estudiante de la UNAM Enrique Guerrero Aviña, el abogado defensor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas Librado Jacinto Baños Rodríguez, así como Nestora Salgado García, comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero. Si bien cada caso es independiente, lo cierto es que entre los cinco tienen algo en común: todas estas personas realizaban una labor de defensoras de derechos humanos antes de su detención, repitiéndose de así el patrón de criminalización de quienes se organizan para defender sus derechos. En los casos de Gallardo y Guerrero se detectó que existe un proceso de incomunicación y violaciones al debido proceso, pues al momento de ser detenidos fueron desaparecidos, torturados y llevados a un penal federal. Estas opiniones fueron emitidas entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, pero a la fecha el gobierno no ha informado ni a la ONU ni a las familias ni a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan. Mucho menos ha dado respuesta oficial a ninguna de las peticiones que le hizo Naciones Unidas, como la de la libertad inmediata de Enrique Guerrero, Librado Baños y Damián Gallardo, ni a la correspondiente reparación del daño por parte del Estado. En los casos de Pedro Canché y Nestora Salgado, aun cuando ambos ya están en libertad, la persecución penal en su contra no ha cesado. La comandanta de Olinalá permanece en Estados Unidos ante el temor de ser detenida nuevamente, pues la Fiscalía General de Guerrero informó que apelará las órdenes de libertad emitidas en marzo pasado. Con las tres situaciones antes referidas se demuestra la falta de voluntad política del Estado mexicano para obtener insumos, observaciones y recomendaciones de organismos internacionales que permitirían fortalecer la garantía y el respeto a los derechos humanos en México. Resultan, pues, muy preocupantes las campañas de desprestigio y negación iniciadas por el gobierno mexicano contra expertos internacionales en derechos humanos, tanto de la ONU como del Sistema Interamericano, que pretenden desacreditar la importante y necesaria labor de investigación sobre violaciones a derechos humanos que ocurren sistemáticamente en nuestro país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente y
Inseguridad y control social
Inseguridad y control social Sábado 30 de abril de 2016 Miguel Concha En su afán recurrente por legalizar lo ilegal, el actual régimen muestra de nueva cuenta características del autoritarismo del siglo XXI. México se vuelve punta de lanza entre las formas de gobierno que, a decir de Giorgio Agamben, se sostienen en la suspensión misma del derecho, de acuerdo a su conveniencia y privilegios, son gobiernos en permanente estado de excepción. Ahora se nos presentan nuevas legislaciones posibles, que apuntalan más la idea de un Estado que, bajo el amparo de las normas jurídicas, excede mañosamente facultades en relación al uso de la fuerza pública, y que, conforme a lo que hemos conocido, las amplía todavía más con la fuerza militar; construye formas jurídicas sutiles que le permiten reafirmar su paradigma de seguridad y control, amparado bajo el discurso del orden y el derecho que, como hemos visto, es contrario a un Estado basado en el respeto y protección de las garantías de las personas y pueblos. Las recientes reformas al Código de Justicia Militar y la creación de un Código Militar de Procedimientos Penales, aprobadas por la Cámara de Diputados y turnadas al Senado, se convierten en una pieza más de estassutilezas legales en el actual sistema de normas jurídicas en el país. Preocupa primeramente que este tipo de legislaciones se aprueben en tiempo récord y que incluso los legisladores hayan votado sin conocer sus contenidos. Ahora sabemos que fue prácticamente hasta que se dio la discusión en el pleno de San Lázaro cuando la sociedad en general conoció las implicaciones a los derechos humanos que traería la aprobación de estas leyes castrenses. Sabemos que estas propuestas legales pretenden equiparar el nuevo sistema penal acusatorio, basado en juicios orales, con un nuevo sistema de justicia militar. No han quedado, sin embargo, claras las facultades otorgadas a militares, y hasta la fecha no se ha informado de las ambigüedades en torno a que, en este nuevo sistema de justicia militar, jueces de control puedan emitir órdenes de cateos en domicilios particulares, incluso contra instituciones del Poder Legislativo, tanto federal como local, así como órganos autónomos de protección de derechos humanos. Este tipo de conceptualizaciones y de procedimientos jurídicos, enmarcados en la racionalidad militar, resaltan el desdén que las fuerzas armadas tienen hacía los sistemas de impartición de justicia civiles. Podemos sostener que crean su propio orden judicial, que robustecen sus instituciones, les dan más facultades y, lo que es más grave, los exime de conocer violaciones a derechos humanos, cuyas víctimas son particulares o los propios militares. Sabemos que con la discusión sobre el fuero militar, ya desde hace algunos años se avanzó para que los casos en los que existan violaciones a derechos humanos cometidas por militares contra civiles deban ser juzgados por tribunales civiles y no castrenses. Pareciera, sin embargo, que este nuevo sistema de justicia militar genera procesos paralelos y busca circunscribir nuevamente al orden militar el procesamiento de sus propios miembros. En este sentido, las nuevas propuestas generan facultades para una Fiscalía General de Justicia Militar, que funge como Ministerio Público y que, bajo el sistema de jueces de control, estaría encargada de ejecutar cateos e intervención de comunicaciones de militares o de particulares. Frente a esta nueva reglamentación, ¿cómo se pretende armonizar el amplio marco de protección de derechos humanos con el sistema de justicia militar? ¿Por qué la necesidad de mantener un orden judicial castrense similar al de justicia civil? ¿Por qué, si se pretende que estas legislaciones tengan efecto únicamente en el ámbito militar, se amplían facultades para intervenir en el campo de lo civil? Ya sean casos de delincuencia organizada, o de homicidios dolosos, graves y violentos, con armas de fuego y explosivos, lo cierto es que bajo ningún argumento las fuerzas armadas pueden, en primer lugar, eximirse de darnos certeza acerca de que estos procedimientos legales que buscan establecer no generarán más violaciones a derechos humanos cometidas por militares y, en segundo, no se pueden exculpar por violar derechos humanos contra particulares, e incluso contra semejantes militares. En medio de todas estas discusiones, lo que provoca más desconcierto es el uso de fondo de las fuerzas armadas en el campo de la seguridad pública. Después de iniciada la supuesta guerra contra el narcotráfico, México vive una agravada crisis de derechos humanos, en la que el Ejército mexicano tiene un papel preponderante, tal como lo externó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe de su visita in loco, según el cual la violencia está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las diversas áreas del país de mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad. Podemos sostener que las fuerzas armadas están en franco desgaste, actúan al margen de sus obligaciones para con los derechos humanos y algunos de sus miembros se encuentran corrompidos por los mismos grupos delincuenciales que combaten. Es menester, entonces, que el Congreso informe sobre lo que legisla, asuma su responsabilidad en la aprobación de estas leyes castrenses y, desde luego, ajuste todas éstas al estricto respeto de los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Malova Gobernador Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente y ciudadanía Veinte años de Serapaz Autoritarismo y conflictividad social Convergencia de agendas sociales Sociedad civil y sistema anticorrupción Consulta legal y amañada
Derechos humanos en la Ciudad de México
Derechos humanos en la Ciudad de México Sábado 23 de abril de 2016 Miguel Concha La Ciudad de México se ha distinguido por su avance progresivo en materia de derechos humanos. Fue la primera en tener un Programa de Derechos Humanos, que sin exagerar, resultó único en el mundo, no de gobierno, sino de Estado, en cuya elaboración se reconoció y se garantizó –posteriormente por ley– una amplia participación a las organizaciones de la sociedad civil; a esta última se aseguró también su participación en el futuro mediante un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación que tiene los siguientes objetivos. I) Coordinar las acciones para el seguimiento y evaluación en el diseño, implementación, gestión, resultados, impacto, programación y presupuestación del Programa. II) Promover la institucionalización del enfoque de derechos humanos. III) Orientar a las instancias ejecutoras en la implementación del Programa. IV) Fomentar la participación de organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas y organismos internacionales de derechos humanos. V) Coordinarse y articularse con las instancias públicas, organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, organismos internacionales de derechos humanos, iniciativa privada, instituciones de generación de información, entre otras, a fin de facilitar el trabajo del Mecanismo. VI) Y a mediano plazo, realizar un diagnóstico y actualizar el Programa. Si bien la propia existencia del Programa de Derechos Humanos es sin duda un gran avance, no siempre la administración pública de la ciudad ha estado dispuesta a reconocer el aporte de la sociedad civil, y ha interpuesto incluso múltiples obstáculos a la realización plena de este mandato legal. Muestra de ello es que el diagnóstico y actualización que corresponde a la presente administración aún no ha concluido. Pero no por eso podemos desdeñar lo construido, sino asumir el desafío de fortalecer esta original experiencia, dotándola de un mejor diseño institucional, con el fin de superar los obstáculos burocráticos. El actual proceso constituyente de la CDMX, que todos aceptan, no debe retroceder en lo ya conquistado, es ocasión para avanzar en la progresividad de los derechos humanos. La constitución, además de respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos, deberá establecer mecanismos institucionales que rindan cuentas de su cumplimiento por los poderes constituidos, como lo ha venido haciendo el grupo plural de expertos que asesora al jefe de Gobierno en la elaboración de la iniciativa que éste tiene que presentar en septiembre a la Asamblea Constituyente, con el fin de que la ciudadanía constate su progresividad, para estar ciertos, de manera clara y objetiva, de que no vayamos en sentido contrario. Para ello se deberá retomar también, y hacer constar en la constitución la existencia del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos y de su Comité de Seguimiento y Evaluación, los que deberán fortalecerse preservando sus atributos, como son su carácter público y la participación mayoritaria de quienes no son parte del gobierno. En efecto, y de conformidad con la ley, este comité está integrado por 10 personas con voz y voto, de las cuales tres representan al gobierno y siete no: un representante designado por el jefe de Gobierno, quien preside y convoca a sesiones; uno de la Asamblea Legislativa, que con la reforma pasará a ser nueva legislatura; uno del Tribunal Superior de Justicia; tres de distintas instituciones académicas, y cuatro de organizaciones de la sociedad civil. Con esta configuración se dio un paso importante para terminar con el monopolio gubernamental de la vida pública, pues de acuerdo con la ley, el programa de derechos humanos que genera este organismo es público, pero está hecho por gobierno y sociedad. Retomando lo ya avanzado en la legislación, la constitución podría contener una fórmula que dijera: La Ciudad de México tendrá un Programa de Derechos Humanos elaborado por las instituciones públicas y la sociedad. Su objeto será establecer los criterios de orientación para las políticas públicas, a fin de que éstas sean consistentes con los derechos humanos; y con base en los obstáculos detectados mediante un diagnóstico, proponer soluciones, estableciendo estrategias, líneas de acción, plazos y unidades responsables, a partir del enfoque de derechos humanos en la legislación, las políticas públicas y el presupuesto (…) Este programa tendrá una instancia ejecutora compuesta por representantes de los tres poderes locales y representantes de la sociedad civil, quienes serán mayoría; y actuará con independencia del gobierno, quien le garantizará los recursos para su funcionamiento. Con una fórmula similar se aseguraría igualmente que los derechos humanos no sean sólo enunciados, sino que cuenten con los mecanismos para poder garantizarlos, con planeación, presupuestación, implementación, evaluación y rendición de cuentas, lo mismo en los programas que en las políticas públicas, la elaboración de leyes, la administración y procuración de justicia. Ello contribuiría además en la consolidación de la democracia, al incorporar a la ciudadanía en sus instancias de decisión. Y sería también un avance no sólo para la ciudad, sino para todo el país, dadas las condiciones críticas en las que se encuentran los derechos humanos en el ámbito nacional. Imprimiría incluso energía a todos los actores que promueven la vigencia de los derechos, al mostrar una ruta eficiente para la garantía y la protección de todos los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República, y en los instrumentos internacionales aprobados por el Estado mexicano. Ojalá la responsabilidad política de los constituyentes les impulse a resolver en favor de la sociedad el dilema de los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Omar Bárcena Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente y ciudadanía Veinte años de Serapaz Autoritarismo y conflictividad social Convergencia de agendas sociales Sociedad civil y sistema anticorrupción Consulta legal y amañada
Escalada contra defensores
Escalada contra defensores Sábado 16 de abril de 2016 Miguel Concha Como lo advertimos oportunamente en este espacio, el gobierno federal ha decidido endurecer sus posiciones frente al escrutinio independiente en materia de derechos humanos ( La Jornada, 26/03/16). En retrospectiva, los inicios de esta regresión autoritaria pueden rastrearse hasta los primeros enfrentamientos contra mecanismos oficiales de las Naciones Unidas, señaladamente la inusitada descalificación que emprendió la cancillería en contra del Relator contra la Tortura, Juan Méndez. Un intachable referente sobre la defensa de los derechos humanos en América Latina. Esta tendencia se mantendría a lo largo de todo 2015, año en el que los diagnósticos internacionales sobre la situación de los derechos humanos coincidieron en señalar que nuestro país enfrenta una grave crisis. Así lo consideraron el Comité contra la Desaparición Forzada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Más recientemente, la artillería descalificatoria ha apuntado, como hemos visto, en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza. Al primero, el gobierno federal no le perdona haber demostrado contundentemente las falencias de la investigación realizada en el caso Ayotzinapa, y haber alcanzado una credibilidad que desearían para sí las instancias oficiales. Y al segundo, el gobierno federal y sus aliados lo fustigan por su independencia y, mostrando un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano, le recriminan haber contribuido a las posiciones críticas de la CIDH sobre México, cuando en buena medida éstas provienen del pleno de los comisionados, quienes deciden la agenda de ese órgano con plena soberanía. En los ataques contra la CIDH y el GIEI es notoria la intervención de actores que profieren infamias y difamaciones, pretendiendo actuar de manera independiente. Así lo demuestra el fallido episodio de la inédita denuncia contra Álvarez Icaza: súbitamente, quien de forma airada aparecía en los medios como su más decidido denunciante, decidió no ratificar la denuncia, a efecto de que la procuraduría contara con una salida legal para cerrar el expediente. De la noche a la mañana, el decidido acusador no ratificó la denuncia ni interpuso ningún recurso, permitiéndole al gobierno federal anunciar el archivo del expediente durante el reciente período de sesiones de la CIDH. Esta operación denota, sin duda, que existen vasos comunicantes entre los personeros que increpan a la CIDH y a su secretario ejecutivo. En este contexto de endurecimiento contra el trabajo independiente en materia de derechos humanos, es menester señalar que los ataques contra los mecanismos internacionales de supervisión, graves en sí mismos, representan también amenazas veladas contra las defensoras y los defensores que trabajan en México. Sobre todo contra aquellos que realizan su labor en las periferias. Si el gobierno federal no se detiene cuando se trata de denostar a un referente internacional como Juan Méndez, nada bueno pueden esperar los defensores comunitarios que trabajan, por ejemplo, en Xochicuautla, estado de México, o en la Montaña de Guerrero. Estos días recientes hemos visto cómo se consolida este escenario adverso. Por un lado ha continuado en diversos medios una fuerte campaña contra colegas como Mariclaire Acosta y José Antonio Guevara, recurriendo al gastado tópico de cuestionar la procedencia de los fondos con que trabajan los organismos no gubernamentales, pese a que estos han desarrollado prácticas de transparencia. Por otro lado, en un preocupante mecanismo, que revela una escalada de la campaña de desprestigio, se han hecho públicas de manera ilegal llamadas telefónicas privadas de un integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de otro activista del Centro Prodh y de un padre de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Estas llamadas supuestamente habrían sido difundidas en redes sociales por un grupo delictivo. Como siempre ocurre en estos casos, las conversaciones reveladas requieren una explicación del fondo y del contenido. Aunque, sin negar la relevancia de esto, no puede dejarse de lado un análisis más minucioso sobre estas revelaciones. No sólo en cuanto a la ilegalidad de los escuchas, sino sobre todo en cuanto a formular preguntas básicas, que en un entorno democrático serían ineludibles: ¿El grupo criminal al que atribuyen la filtración ha tenido antes ese modus operandi? ¿Tiene la capacidad para circular en redes una llamada y lograr la atención de los principales medios nacionales? ¿Cuenta con la claridad estratégica necesaria para almacenar esas llamadas y darlas a conocer en el contexto de la inminente presentación del segundo informe del GIEI? No hay que ser avezado en el análisis del comportamiento de la delincuencia organizada para advertir que no es así. Más aún, la confusión que genera una revelación ilegal como ésta, demanda de quienes participamos en el debate público mucha claridad: no lo dudemos, sólo desde el poder gubernamental puede provenir un embate centrado en el uso de esta información. La campaña contra las defensoras y defensores va en aumento. El uso de grabaciones ilegales de llamadas privadas supone una escalada de extrema preocupación. Con dos años de sexenio por delante, y con un gobierno cuyos niveles de aceptación disminuyen mes a mes, el escenario puede empeorar. Toca a la sociedad acuerparse y acompañarse para exigir garantías, a efecto de que las defensoras y los defensores podamos continuar realizando nuestra ineludible labor. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: GIEI Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente y ciudadanía Veinte años de Serapaz Autoritarismo y conflictividad social Convergencia de agendas sociales Sociedad civil y sistema anticorrupción Consulta legal y amañada
Autoritarismo del siglo XXI
Autoritarismo del siglo XXI Sábado 9 de abril de 2016 Miguel Concha El uso faccioso de la ley se caracteriza por estar encaminado al control de la población, la implantación del terror y la violación sistemática de los derechos humanos. Es decir, una clara desviación de poder. Tiene de fondo algunos de estos elementos. Por un lado, el intento de las instituciones de un Estado criminal por mantener sus privilegios, y por otro el sometimiento de la población mediante el terror provocado por la amenaza del imperio de la ley, en especial contra quienes se organizan para defender toda forma de vida, derechos y bienes comunes. Tiene igualmente de fondo la generación de leyes criminalizantes en diversos ámbitos, como el penal o administrativo, e incluso en marcos relacionados con la llamada seguridad nacional. Se legaliza lo ilegal. Pues bien, en los últimos años se confirma en el país este tipo de caracterizaciones del uso faccioso de la ley. Recordemos que en repetidas ocasiones se ha denunciado que en sus tres niveles los gobiernos generan marcos normativos contrarios a la vigencia y goce de los derechos humanos. Los ejemplos pueden ser muchos, al menos desde 2012. La gravedad del asunto es que se inscriben en contextos en los que se da este uso faccioso de la ley. En medio de una crisis de derechos humanos, y de situaciones en las que las personas no ven garantizada una vida libre de miseria y de violencia, donde el Estado en su conjunto debiera transformar de raíz los problemas que asuelan al país; lo que predomina, en efecto, es la censura, la represión y la criminalización de las voces disidentes. Así se asoma un autoritarismo del siglo XXI, que con el discurso de la legalidad y el estado de derecho somete a las personas y pueblos a decisiones unilaterales, que por lo general son tomadas y llevadas a cabo por unos cuantos. Por ejemplo, el proceso de discusión en torno a la reglamentación del artículo 29 constitucional está mediado por este clima de criminalización de la protesta social. Por ello es que términos y definiciones ambiguas relacionados con graves peligros y violencia, entre otros, acuñados en dicha ley, saltan a la vista. Este debate se abrió a principios de 2014, cuando organizaciones defensoras de garantías ya advertían sobre la construcción de una ley que en exceso y de manera arbitraria restringiría derechos humanos en medio de un clima adverso para las protestas sociales. Vale entonces la pena preguntarse si a los legisladores les interesa integrar las propuestas y atender las preocupaciones de la sociedad civil. Por otro lado, reglas como la aprobada recientemente por el Congreso del estado de México, denominada ley Eruviel, se suman a la larga lista de legislaciones que habilitan el uso de la fuerza. Aunque cabe mencionar que ese uso de la fuerza pública inscrito en la desviación de poder se convierte en realidad en la legalización y habilitación de la represión y la criminalización de la defensa y el ejercicio de derechos, como el de protesta, reunión y libre expresión. Esta ley asume que el uso de la fuerza es prioritario, ya que en la misma redacción obvia asumir el principio internacional que establece que el Estado debe usar la fuerza como el último de los recursos en situaciones de conflicto. Además, las manifestaciones públicas también son concebidas como violentas, y en repetidas ocasiones a lo largo del texto se evade integrar el paradigma de la seguridad, basado en concebir que la principal labor de las fuerzas de vigilancia es precisamente proteger a las personas, y no, como se dice en la ley, las instituciones o bienes materiales, sean públicos o privados. Es decir, esta ley coloca de nueva cuenta en situación de vulnerabilidad a las personas que debido a sus intereses y procesos de exigencia de derechos se manifiestan en el espacio público. No queda más que exigir que esta ley no prospere, y que las instituciones autónomas hagan un arduo trabajo de evaluación de este tipo de legislaciones. Hoy para México es urgente aplicar los estándares internacionales de derechos humanos y las buenas prácticas en materia de control del uso de la fuerza y rendición de cuentas, en las que se reconozca que la centralidad de todo diseño legislativo se asienta sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas y pueblos. Sirva esto también para recordar que los estándares internacionales más recientes, como la resolución aprobada por la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas (A/HRC/31/L.21) –gracias en gran parte al trabajo del relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias–, son parte del derecho internacional de los derechos humanos que los legisladores de todo el país deben observar a detalle, ya que en estos documentos se condensan orientaciones para garantizar derechos. En este documento se hace por ejemplo un llamado a los estados a garantizar que su legislación y sus procedimientos internos relativos a los derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, y al uso de la fuerza en el contexto de la aplicación de la ley, estén en conformidad con sus obligaciones y compromisos internacionales y se implementen de manera efectiva; y [que] deben proporcionar capacitación adecuada a los funcionarios que ejerzan funciones de aplicación de la ley, en particular respecto del uso de equipos de protección y de armas no letales (número 4). Por desgracia en México se hacen leyes, como las arriba mencionadas, que dan la espalda a los derechos humanos y se niegan a reconocer que la centralidad de la dignidad de las personas y pueblos es brújula para el Estado. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la
Incidencia pública e impacto social de las OSC
Incidencia pública e impacto social de las OSC Sábado 2 de abril de 2016 Miguel Concha Por muchos años, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han promovido el desarrollo social, atienden problemáticas específicas de un grupo o localidad y defienden los derechos humanos. Reconocen, sin embargo, que buena parte del trabajo que realizan es poco visible; regularmente se pierde o no se sistematiza, pues la mayoría no lo documenta y no aprovecha los conocimientos producidos en sus buenas prácticas. Con esta afirmación se introduce el resultado de la investigación La coinversión social, factor relevante en el impacto social y la incidencia pública de las Organizaciones de la Sociedad Civil, recientemente publicada por la organización DECA, Equipo Pueblo, AC, con la intención de mostrar y relevar los aportes de las OSC en torno a una multiplicidad de ámbitos y temas urgentes. Nos recuerda, en ella, la vigencia del debate entre actores políticos y sociales sobre la pertinencia de reconocer, apoyar y fomentar a las OSC en nuestro país, aun cuando ya son reconocidas por su interés en lo público y contar con un marco normativo e institucional para sostener su trabajo y favorecer su participación. La investigación de Equipo Pueblo se planteó dialogar con OSC de cinco regiones de México acerca del impacto social que han conseguido en el contexto del Programa de Coinversión Social (PCS), del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), ya que hay mucha evidencia, no difundida, de los beneficios, resultados y cambios que las OSC logran progresivamente con sus iniciativas. Si bien cada entidad tiene progresos y dificultades particulares, en general los proyectos operados por las OSC muestran resultados tangibles e impacto social en las dimensiones analizadas: impacto social, directo e indirecto en el entorno comunitario y en procesos de incidencia en las políticas públicas. En la dimensión cultural, las OSC identificaron los cambios de actitud, conducta o conciencia que sus proyectos generan entre la población y su entorno, no sólo familiar, sino también comunitario, incluyendo a las autoridades locales. En los ejemplos ofrecidos hay un reconocimiento del significado de los apoyos del PCS, aunque también explicaron que los factores que influyen o determinan un proceso o un buen resultado son diversos, de manera que los recursos del Indesol en algunos casos son complementarios, en otros definitivos, o simplemente el punto de partida de un proceso de transformación. Sin duda, hay otros factores que influyen, como la trayectoria, experiencia y compromiso de las organizaciones, que por lo regular van acompañados de un reconocimiento público y/o de las instancias de gobierno que están cercanas a la problemática o sector con los que trabajan. Las OSC en general consideran que sus proyectos alcanzan impactos de largo aliento. Entre ellos la generación o fortalecimiento de capacidades del grupo o comunidad; mejoras en las condiciones de vida del grupo o sector atendido; concientización y/o sensibilización sobre determinados problemas; participación en procesos colectivos, alianzas con organizaciones afines para la incidencia pública y formalización de redes; procesos de desarrollo local, e impulso de iniciativas para influir en políticas públicas relacionadas con los problemas o grupos de población con que trabajan. En el marco de un proyecto, o como un efecto posterior a su desarrollo, identificaron experiencias de gestión para la incidencia en la legislación y políticas públicas dirigidas a grupos de población determinados, por lo regular precedidas de experiencias de cabildeo en años anteriores con el Legislativo y el Ejecutivo, para posicionar algún tema de su ámbito de actuación. También es común en esas iniciativas el respaldo o fortaleza que significa ser parte de una red de OSC. Si bien las OSC reconocen la importancia del apoyo del Indesol en sus procesos, identificaron también las dificultades y desafíos para que las acciones de fomento sean más efectivas y favorezcan su impacto social. Una limitante es el monto asignado a cada proyecto, con una cobertura insuficiente y lejana a las demandas de las OSC del país, a lo que habría que añadir los retrasos en la entrega de los fondos, y aunque no es responsabilidad del Indesol, en algunas entidades se genera por ello entre las organizaciones una competencia que las lleva a la división por los recursos. Otra dificultad es la temporalidad de los proyectos aprobados por el PCS, pues regularmente se deben operar en seis meses o menos, por lo que no es viable conseguir el impacto social que el Indesol coloca como horizonte. En ánimo constructivo, y considerando que las políticas de fomento para las OSC son fundamentales para que sigan siendo actoras de interés público con impacto social, se hicieron recomendaciones de distinto alcance. Que el conjunto de los programas sociales que implementa el gobierno federal tenga un vínculo mayor con las OSC, que al final son las que trabajan en los temas relacionados con la política social, lo que potenciaría su impacto, las fortalecería y le daría una vuelta de timón a los apoyos con recursos públicos. Que se consideren proyectos con mayor tiempo para su implementación (dos a tres años), se rediseñen con las participación de las OSC los indicadores de impacto social y se contribuya para que el tema fiscal y de comprobación de gastos se flexibilice y no sólo tome en cuenta la naturaleza no lucrativa de las organizaciones, sino también a las comunidades donde operan los proyectos. Se sugiere igualmente que el Indesol se muestre como una sola institución y trabaje de forma coordinada para dar seguimiento y apoyo a todas las OSC del país. Si se retoman esas recomendaciones, el PCS podría convertirse en el bastión principal de la política de fomento de las organizaciones de la sociedad civil. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Luis Fernando Franco Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la
Difamaciones y calumnias
Difamaciones y calumnias Sábado 26 de marzo de 2016 Miguel Concha El mutismo e inacción del gobierno federal ante lo que parece ser una campaña orquestada en algunos medios contra las instituciones, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, estigmatizándolos como defensores de delincuentes que de manera interesada dejan inermes a las víctimas, calumniándolos sin pruebas como mercenarios de los derechos humanos que lucran con las reparaciones de las víctimas, causa fuerte sospecha y honda preocupación. Parecería en efecto una estrategia política para inhibir y debilitar las voces críticas en el país, pues coincide con las reacciones oficiales descalificadoras de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, los denuestos en contra de algunos de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la renuencia a recibir al relator especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Si esto fuera así, habría entonces en México actores sociales que desde diversas trincheras vinculadas al poder se dedican a desacreditar a quienes exhiben los abusos de las autoridades. Sin embargo, con ello el Estado no solamente incumple sus obligaciones legales nacionales e internacionales de garantizar el derecho a defender los derechos humanos y proteger a las y los defensores contra terceros, pues los derechos humanos no solamente se violan por acción, sino también por omisión y aquiescencia, distrayendo con ello, como expresó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 15 de marzo, la atención de donde debería estar. “Descalificar la actuación de los defensores civiles de derechos humanos –subrayó–, así como a los organismos e instancias nacionales e internacionales, además de que no contribuye a la solución de los problemas, distrae la atención de donde debería estar, que es la necesidad de que la autoridad haga bien su trabajo, y lo haga conforme a derecho, respetando la dignidad de las personas”. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, previene en efecto con toda claridad contra todo tipo de agresiones hacia ellas, ya sean éstas físicas, sicológicas, morales o económicas, y obliga en cambio a las autoridades federales y locales a promover el reconocimiento público y social de su importante labor, para la consolidación del Estado democrático de derecho, que es el que pretendemos la mayoría de los mexicanos, y a condenar, investigar y sancionar por tanto las agresiones de las que sean objeto ( cfr. artículo 44). Y la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones, de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos de la Organización de Naciones Unidas, aprobada por México, obliga también a los Estados a adoptar toda clase de medidas para asegurar el derecho que tienen las personas a promover, individual o colectivamente, la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, y a esforzarse por ellos( cfr. artículos 1 y 2). Por ello, con toda razón, como informó La Jornada el pasado viernes 18 de marzo, siete organizaciones de prestigio internacional en materia de derechos humanos, entre las que se encuentran la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Organización Mundial contra la Tortura y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, pidieron al gobierno mexicano condenar de forma pública los actos de desacreditación y difamación lanzados desde hace varios meses en contra de activistas y organizaciones sociales civiles nacionales e internacionales. Y aquí en México un conjunto importante de organizaciones pidieron antes al Estado mexicano que por fin lleve a cabo campañas de dignificación de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, exigiéndole que cumpla con su obligación de proteger a quienes los defienden, contra persecuciones, restricciones o interferencias –se entiende que de terceros– indebidas. Cuando al comienzo de la década de los 90 comenzaron a establecerse los organismos públicos de derechos humanos y cobraron paulatino incremento las organizaciones civiles que los protegen, hubo voces que por ignorancia, desidia o miedo a ver afectados sus intereses comenzaron a difundir la especie de que defendían delincuentes y obstaculizaban la labor de la justicia. Junto con ellas había también voces renuentes a la transformación de los órganos de procuración y administración de justicia, que preferían, entre otras cosas, el uso de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, para resolver supuestamente los casos. Entonces sí que había allí quienes lucraban impunemente en los penales y reclusorios con la corrupción. Poco a poco, sin embargo, se fue ganando terreno en la opinión pública y frente a las instituciones, exigiendo además cambios trascendentales en la Constitución y en las leyes, así como nuevas instituciones y políticas de acceso a la justicia, en lo que todavía estamos. Hoy para muchos no es un misterio, por ejemplo, que cualquier persona acusada por cualquier delito, por más odioso que sea, tiene derecho a no ser torturada, y que si lo es, tiene también derecho a que se investigue, procese y castigue a los responsables y a la reparación integral. Ella –y no como se afirma dolosamente y sin pruebas–, sus defensores. Pensar que eso no es así es debilitar aún más la decencia del Estado y el estado de derecho. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente y ciudadanía Veinte años de Serapaz Autoritarismo y conflictividad social Convergencia de agendas sociales Sociedad civil y sistema anticorrupción Consulta legal y amañada
