Megaproyectos y criminalización
Megaproyectos y criminalización Sábado 19 de marzo de 2016 Miguel Concha El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, iniciativa conformada por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura, con el objetivo de prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra defensores de derechos humanos, presentó el pasado 25 de febrero el informe La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina. El escrito toma de referencia casos concretos de activistas criminalizados en el contexto de la extracción de recursos naturales y megaproyectos en ocho países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. Documenta lo ocurrido a personas y comunidades, muchas de ellas campesinas o indígenas, que defienden sus derechos relacionados con la tierra y el territorio, y evidencian un patrón similar y recurrente en el uso indebido del derecho penal como forma de hostigamiento e intimidación contra las y los defensores. El rol de las empresas en la criminalización de éstos es preocupante en toda la región. Con frecuencia son los actores privados quienes emprenden procesos penales en contra de líderes y dirigentes comunitarios para desestructurar los movimientos en defensa de las tierras y salvaguarda de los bienes comunes, y quienes hacen uso de mecanismos de seguridad privada que promueven amenazas, hostigamiento y ataques físicos en su contra. La criminalización comienza generalmente por el etiquetamiento y la estigmatización de las personas que, de forma individual o colectiva, manifiestan pacíficamente su descontento por los impactos de dichos proyectos en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y la consideración de que las y los defensores se oponen al desarrollo o son enemigos del Estado, motivan campañas de desprestigio que los coloca en especial riesgo, los hace blanco de la fabricación e imputación de delitos como ataques a la paz pública,robo, oposición a obras públicas o a extracción de recursos naturales, entre otros. Todo ello con el propósito de silenciar sus denuncias y reivindicaciones. El de Juan Carlos Flores Solís es un ejemplo emblemático de este preocupante fenómeno de criminalización. Portavoz del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, se ha opuesto a la construcción del gasoducto Morelos desde 2006, parte del megaproyecto de energíaMorelos, liderado por empresas españolas e italianas. Dicho proyecto ha sido fuertemente criticado por no haber consultado previamente a las comunidades afectadas, y por suponer violaciones a sus derechos a la vida, salud y agua. Sin embargo, como resultado de la labor de documentación y defensa de las comunidades aledañas al volcán Popocatépetl afectadas por el megaproyecto, Juan Carlos fue detenido y privado de la libertad en un centro de reclusión por los delitos deoposición a obras públicas yataques a obras hidráulicas. Su caso evidencia la falta de una política de protección efectiva de los defensores amenazados, así como la falta de independencia e imparcialidad de las instancias judiciales. En efecto, éstas contribuyen a su criminalización, pues en ocasiones privilegian los intereses de poderes políticos y económicos por encima de los de las comunidades. Hay que destacar el incumplimiento de los estados en su obligación de respetar y proteger los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas por proyectos de inversión a gran escala, pues no sólo tienen la obligación de proteger a la población ante situaciones que puedan ponerla en riesgo, sino también la de consultar a las personas que podrían resultar dañadas, e incluso obtener su consentimiento libre, previo e informado. De acuerdo a los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, y pese a que los estados no son en sí mismos responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes privados, incumplen sus obligaciones internacionales cuando no adoptan medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por ellos. Bajo el marco proteger, respetar y remediar, tales principios se han convertido en la herramienta autorizada por los estados para enfrentar los abusos y violaciones a derechos humanos en las que las empresas están involucradas. De igual forma, los Principios reconocen la labor de las y los defensores de derechos humanos en la mitigación de los efectos adversos de las operaciones de las empresas. Por ello los estados deben emprender acciones por medio del desarrollo de leyes y políticas públicas adecuadas. El panorama, no obstante, se vislumbra desalentador. Berta Isabel Cáceres Flores, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, quien luchó por los derechos del pueblo indígena lenca en la recuperación de sus tierras, frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, de la empresa Fichosa, fue asesinada el 3 de marzo en su natal Honduras. El informe del Observatorio ya documentaba esa constante criminalización, así como los hostigamientos y represalias que padeció en el ejercicio de su labor de defensa, la cual, de manera trágica, culminó efectivamente con su silenciamiento. Al momento de escribir estas líneas, el militante ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, testigo directo y víctima de ese asesinato, todavía se encontraba irregularmente retenido en aquel país, con el consiguiente riesgo para su vida y su libertad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: UMWoman Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? 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Avances y retos en protesta social
Avances y retos en protesta social Sábado 12 de marzo de 2016 Miguel Concha El primero de diciembre de 2012 fuimos testigos de uno de los momentos más evidentes en cuanto a retrocesos en materia del derecho a la protesta social y la libertad de expresión. Cientos de personas vieron afectados sus derechos en el antes DF por la represión que padecieron de agrupaciones policiacas federales y locales. Era el inicio de una serie de fechas relacionadas con hechos de criminalización, que a lo largo de tres años hemos padecido y denunciado no sólo en la Ciudad de México, sino en diversos estados de la República. Para el caso de la primera, ya desde diciembre de 2012 y echando mano del esfuerzo de diversas organizaciones y colectividades que denunciaron esos hechos represivos y exigieron la inmediata liberación de las personas aprehendidas injustamente, pedimos que se derogara el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal (La Jornada,21/12/12), ya que con justa razón argumentamos que se trataba de un delito que por su redacción y contenido se prestaba al uso discrecional de agentes del Estado, para procesar a personas que se manifiestan en el espacio público. Ahora uno de los casos de las personas detenidas arbitrariamente entonces llegó hasta el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Para nuestra fortuna, el máximo tribunal del país dio inicio en semanas pasadas al proceso judicial para declarar inconstitucional el delito de ataques a la paz pública en esta ciudad. Tres ministros de la SCJN votaron contra el proyecto que sostenía la constitucionalidad de dicho delito, y ahora se deberá realizar una nueva propuesta. Organizaciones sociales por su lado hicieron un llamado a la Corte para que refrende la posición mayoritaria asumida, pues los ministros ya estimaron que no es constitucional el delito de ataques a la paz pública, y han solicitado que la discusión se dé con perspectiva de derechos humanos y bajo los más altos estándares de protección. Como lo argumentan, este fallo favorecerá la vigencia de derechos y libertades democráticas en la Ciudad de México, que se han visto afectados por prácticas autoritarias que criminalizan las expresiones de disenso y de manifestación pública, utilizando para ello el derecho penal como un mecanismo de resolución de conflictos sociales. Como afirman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, así como la organización I(dh)eas, que presentaron sendosamicus curiae, en los que argumentaron cómo este delito es contrario al respeto y garantía de los derechos humanos, y no cumple con el principio de taxatividad, tan importante para los marcos legales en materia penal. En estas mismas semanas de nueva cuenta el tema de la protesta social y la libertad de expresión estuvieron a debate en el pleno de la SCJN. Pero en esta segunda ocasión se decidió sobre la inconstitucionalidad de delitos de ultrajes a la autoridad. Los pasados 3 y 7 de marzo el pleno debatió los amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015, y seis de los 11 ministros se pronunciaron en favor de la inconstitucionalidad del delito, por considerar que viola el principio de legalidad. La ministra Norma Piña refirió que cualquier persona debe saber con certeza cuál conducta es prohibida y cuál permitida; si la descripción tipifica que la conducta sólo se puede precisar después, mediante una interpretación, no se satisface la taxatividad. Este delito, a decir de las mismas organizaciones mencionadas, ha sido usado igualmente de forma reiterada por las autoridades de la Ciudad de México para criminalizar la protesta social. La declaración de la inconstitucionalidad de este artículo supone entonces también un claro llamamiento a las autoridades para eliminar, tanto en su legislación como en su práctica, las previsiones y actos que atentan contra la libertad de expresión, y contra las protestas que se lleven a cabo en esta ciudad. Estos dos ejemplos nos ayudan a comprender mejor la manera en qué el derecho penal es empleado contra las personas y colectivos que se organizan políticamente, de tal forma que se convierte en la herramienta que mayormente usan los gobiernos para contener o limitar las expresiones de disenso. Las protestas sociales han sido medios por los cuales se visibilizan situaciones en el país que menoscaban derechos de determinados grupos, sobre todo de aquellos que históricamente han sido excluidos y marginados. Los derechos ejercidos en el espacio público con ocasión de estas protestas debieran ser protegidos por las autoridades, y en todo caso limitar siempre el uso de la fuerza del Estado, y no limitar el ejercicio de derechos. México atraviesa por un momento grave de autoritarismo, impunidad y corrupción. Con la finalidad de conservar sus privilegios y sostener la estructura impune y criminal que favorece a unos cuantos de manera recurrente, este Estado autoritario lleva a cabo lo que se ha denominado desviación de poder. Muestra es el uso del aparato estatal de seguridad para criminalizar a toda persona o grupo que se organiza para defender sus derechos. Por ello las instituciones de la Ciudad de México encargadas de revisar lo que la SCJN resolvió respecto de estos dos delitos deberán en congruencia eliminar cuanto antes del Código Penal este tipo de delitos contrarios a derechos humanos. No se espera menos. Pero además, estas resoluciones de la Corte son también un llamado a otros gobiernos estatales del país, que en su afán por controlar el espacio público y limitar los disensos, han generado delitos de este tipo, o leyes que directamente habilitan la criminalización, a cambiar su visión sobre las protestas sociales. No debemos, sin embargo, quitar el dedo del renglón. Las normas contrarias a derechos humanos no deben existir. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra
Informe de la CIDH sobre México
Informe de la CIDH sobre México Sábado 5 de marzo de 2016 Miguel Concha Como resultado de la visita in loco que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 28 de septiembre y 2 de octubre del año pasado, ahora contamos con el Informe sobre la Situación de derechos humanos en México, que confirma, sin lugar a dudas, la crisis de derechos humanos en que se encuentra el país. Salta a la vista que en dicho documento la CIDH da cuenta amplia de las informaciones que recibió, los testimonios de víctimas y organizaciones sociales que recabó, las entrevistas que sostuvo con diversos representantes del Estado en sus tres órdenes y niveles de gobierno, así como de los datos oficiales que las propias instituciones del gobierno le proporcionaron. Y no sólo de lo que observó durante su estancia, sino también del seguimiento y atención que ha dado en otros momentos a las audiencias temáticas sobre México, y al procesamiento de medidas cautelares, visitas de las relatorías, o peticiones y casos que hasta su oficina han llegado desde nuestro país. El informe que la CIDH dio a conocer el pasado miércoles es ciertamente resultado de esta última visita, pero igualmente del conocimiento que tiene de la grave situación que padecemos en México; por ejemplo, desde que se inició la llamada guerra contra el narcotráficodurante el sexenio encabezado por Felipe Calderón. Lo anterior cobra relevancia, pues con base en ello podemos afirmar que es inobjetable la crisis en que estamos y que no existe posibilidad de que en las conclusiones presentadas hallemos sesgos o equivocaciones, y por tanto bajo ningún concepto se puede demeritar el arduo trabajo que realizaron las y los comisionados y su secretario ejecutivo. En este sentido, el informe recoge una caracterización de esta crisis, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como en la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad y las situaciones de vulnerabilidad a las que se ven sujetos los periodistas, los defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos afectados por el contexto de violencia. El informe da cuenta a detalle de la desaparición y desaparición forzada que se registra en grandes extensiones del territorio mexicano, cuyo número asciende a 26 mil 798 personas no localizadas, y subraya que es innegable la participación de agentes del Estado en muchos de esos casos. En cuanto a tortura, concluye que sólo 0.6 por ciento del total de las investigaciones han obtenido sentencias condenatorias contra funcionarios gubernamentales a nivel federal, y refrenda la aseveración del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan E. Méndez, sobre que esta práctica es generalizada en el país. También se documentó la situación sobre ejecuciones extrajudiciales, en las que sobresalen los casos de Tlatlaya, en el estado de México; Apatzingán, y lo sucedido en los límites entre Ecuandureo y Tanhuato, en Michoacán, donde, de acuerdo con el informe, todo apunta a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas, así como a la alteración de la escena del crimen, con el fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos, e incluso a irregularidades en las investigaciones, con el propósito de eximir a agentes del Estado de toda responsabilidad. La CIDH tampoco vacila en asegurar que en gran medida el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos, y en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales. En este mismo sentido documentó los altos niveles de impunidad, así como atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y sus familiares, lo que conlleva falta de acceso a la justicia, y con ello la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, constató también amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia, lo cual ha provocado entre la sociedad mexicana amedrentamiento para acudir a denunciar las situaciones que padecen. La CIDH pone especial énfasis en el caso de Ayotzinapa; señala que es una llamada de atención nacional e internacional sobre las desapariciones y su lamentable correlato de graves deficiencias en las investigaciones, sanciones y resarcimiento de daños, así como sobre el nulo cumplimiento de garantías de que no se repetirá. De forma enfática expresa que es un caso emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado. Respalda también el trabajo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realiza en el país, e insta al Estado para que brinde acceso a las y los expertos para entrevistar a miembros de fuerzas armadas. En específico, a sus integrantes presentes en los hechos ocurridos en Iguala. Llama poderosamente la atención que el gobierno federal responda que todo este trabajo es erróneo, y que no refleja la situación de México. Sin embargo, obvia reconocer que es insuficiente argüir un marco legal, que en muchos casos, como lo han señalado repetidamente las organizaciones civiles de derechos humanos, ni siquiera se apega a los estándares internacionales, y que el principal parámetro son las víctimas, vale decir cientos de miles de personas o comunidades que ven menoscabados sus derechos. Por ello la CIDH vuelve a invitar al Estado mexicano a que efectivamente cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, y a que cierre la discrepancia que se observa entre su marco normativo y la realidad que vive el país. Si no fuera así, entonces el cuestionamiento sobre metodologías o premisas sí sería en realidad lo erróneo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): Eneas de Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para
Agenda prioritaria de un espacio de redes
Agenda prioritaria de un espacio de redes Sábado 27 de febrero de 2016 Miguel Concha Un conjunto de organizaciones civiles y sociales, con experiencias de incidencia en el país y en el anterior Distrito Federal (DF), entre las cuales se encuentran sindicatos y algunas centrales campesinas independientes, se han venido reuniendo con el fin de elaborar propuestas para una constitución progresista, incluyente y actualizada, que esté a la altura de la nueva Ciudad de México. Para varias de ellas no se trata de empezar a trabajar de cero, pues a partir de 2013 han estado activas a propósito de la reforma política del DF, y desde entonces habían calculado y reflexionado sobre la posibilidad de participar en la elaboración de una constitución social y democrática para la capital. Luego de varias asambleas plenarias y mesas particulares de trabajo, han llegado a consensuar para su discusión los siguientes temas genéricos prioritarios, que me parece importante comenzar a dar a conocer a la opinión pública, con el fin de difundir las exigencias de un sector significativo de nuestra sociedad. Derechos humanos: Centralidad de los derechos en la arquitectura de la constitución, lo que implica que éstos deben ser criterios tanto para el diseño, la planificación, la ejecución y la evaluación de las acciones públicas en la ciudad, como para que todos los derechos puedan ser exigibles y justiciables individual y colectivamente. Así, las violaciones de derechos humanos tendrán que ser siempre investigadas y garantizar su reparación. El principio pro personano debe contener restricciones, y la planeación presupuestal debe realizarse conforme a los principios de universalidad y progresividad de los derechos, atendiendo a que el agua y otros bienes naturales tienen naturaleza social y cultural, antes que económica. Democracia participativa: La garantía de los derechos se hace efectiva cuando es la propia sociedad la que interviene en la legislación y políticas que los realizan. Esto demanda que se garantice el derecho a la participación ciudadana en dos dimensiones. Primero de manera directa en las decisiones, por conducto de instituciones políticas como el plebiscito, el referendo, la iniciativa legal ciudadana, la ratificación del mandato o su revocación. Por otro lado está la intervención ciudadana de manera habitual en todo el ciclo de políticas públicas, debiendo tener las personas siempre oportunidades razonables de influir en la toma de decisiones, así como de conocer los motivos y consideraciones que sustentan la resolución final. Diversidad: Hablar de derechos y participación implica considerar toda la diversidad de nuestra sociedad. De preferencia sexual, orientación e identidad de género; de edades y de culturas, atendiendo en esto particularmente los derechos de los pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas residentes en la ciudad, mismos que deberán estar asegurados mediante normas ypolíticas de reconocimiento. Desarrollo: Con sus diversas implicaciones, la centralidad del trabajo y el desarrollo social deben ser condiciones para el despliegue de las capacidades de las personas de manera autónoma y solidaria. Un desarrollo económico como condición para la realización de las metas colectivas y un desarrollo urbano que propicie una visión de ciudad integrada, con perspectiva metropolitana. Todos estos desarrollos deberán estar orientados por la garantía de los derechos, alcanzándola de manera progresiva, mediante la utilización al máximo de las posibilidades de los recursos públicos, y dotando a las instituciones públicas de facultades para intervenir cuando los derechos humanos se vean afectados por particulares, para cumplir con la obligación estatal de protegerlos, y para que los espacios y bienes públicos de la ciudad sean utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Seguridad humana: Es necesario que la constitución incorpore esta noción para favorecer el cambio de un enfoque criminal de la seguridad, y para que se avance hacia una forma de relación en la que todas las personas tengan capacidad de tomar parte en el desarrollo, especialmente para el empoderamiento de los sectores con mayor vulnerabilidad, así como la lucha contra la violencia, la pobreza y la promoción de los derechos humanos. Debe reconocerse que todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su realización económica, política, social, cultural y ecológica, asumiendo el deber de la solidaridad y la subsidiaridad. División de poderes y régimen político: Condición fundamental de garantía de los derechos humanos y el ejercicio de la democracia participativa, lo que implica la relación entre poderes y entre órdenes de gobierno, así como la garantía del derecho humano de acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. Se destaca la reforma del sistema de justicia para garantizar su independencia, lo cual incluye la selección de sus titulares, sin intervención del Poder Ejecutivo; la integración en un sistema de las instituciones jurisdiccionales, su independencia presupuestal y el fortalecimiento e independencia de los operadores jurídicos del sistema de justicia. La constitución deberá adoptar medidas concretas orientadas a eliminar la corrupción y sus consecuencias para los derechos humanos. Organismos autónomos: La constitución deberá garantizar su autonomía e independencia, particularmente mediante procesos de selección transparentes y ciudadanizados, que requieran un alto perfil profesional, conocimiento y compromiso comprobado con los derechos humanos, y la obligación de cumplir con el derecho a la participación y consulta ciudadana en su gestión, además de que se proteja la autonomía presupuestal en el ejercicio de sus funciones. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: David Cabrera Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? 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Urgencia de seguridad ciudadana
Urgencia de seguridad ciudadana Sábado 20 de febrero de 2016 Miguel Concha El jueves pasado se presentó en la sala Octavio Paz del Senado el documental Mirar morir. Este trabajo periodístico fue traducido al lenguaje fílmico por los cineastas Coitza y Témoris Grecko, quienes solidariamente se articularon con diversos comunicadores y periodistas para construir este material audiovisual, que quedará para la posteridad como una denuncia que nace de la indignación y exigencia de justicia ante los hechos lamentables de Iguala, Guerrero. Luego de observar con atención este impactante documento, considero que, mediante testimonios y opiniones autorizadas, sistematiza y caracteriza la situación de crisis de derechos humanos que padecemos en el país. Y confirmo que los dolorosos e indignos hechos que se han dado en el tan golpeado sur del país, ahora en Iguala (donde desaparecieron forzadamente a 43 jóvenes normalistas, ejecutaron arbitrariamente a tres, y más de una veintena padecieron tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes) son con mucho una muestra del horror y la tragedia en la que nos encontramos. Sobre este lamentable caso, y otros más, el documental proporciona robustos argumentos para enfrentar esta situación. Me aventuro a afirmar que el contexto histórico y social que proyecta nos ayuda igualmente a interpretarlo aún mejor. Hay que decir, por un lado, que es errónea la decisión de mantener vigente el paradigma de seguridad nacional por encima de las propuestas de seguridad ciudadana, incluso humana, que ha sido impulsada por diversos países que padecieron los embates de una lógica de militarización y terror. Como hemos venido sosteniendo desde tiempo atrás, existe una confusión entre seguridad nacional y seguridad interior. Asunto en verdad grave y delicado que, ahora, entre otras cosas, nos ha llevado sin duda a la actual situación de crisis humanitaria y de derechos humanos. A mi parecer, del documental podemos desprender lo que estructuralmente está siendo urgente atender y transformar. Es decir, esos modelos económico y de seguridad hegemónicos, vinculados entre sí, que violentan sistemáticamente derechos humanos de personas y pueblos. Ya en otras ocasiones me he ocupado de este tema ( La Jornada, 11/06/11). Resalto de nuevo el Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó en 2009 que el concepto de seguridad ciudadana, por el que hemos pugnado desde hace tiempo diversas organizaciones, e incluso por el de seguridad humana, son reflexiones que surgieron en América Latina en el curso de las transiciones políticas a la democracia como un instrumento legítimo para diferenciar la naturaleza de la seguridad en un régimen democrático frente a la seguridad en los regímenes autoritarios. ¿Cómo se está viendo entonces la seguridad en el actual régimen? ¿Por qué sostener un paradigma de seguridad que lo único que ha hecho es colocar a personas y pueblos en situación de total vulnerabilidad? Pienso que en la denuncia que se hace en este documental no podemos dejar de considerar la lógica que impone esa concepción de seguridad nacional como medio único para enfrentar engañosamente el combate al narcotráfico. En el filme sobresalen los atinados comentarios de José Reveles, Edgardo Buscaglia, Lorenzo Meyer y Abel Barrera, entre otros, que no dejan lugar a dudas acerca del ambiente de corrupción, en diferentes ámbitos del Estado, y de la forma como éste renuncia a cumplir las obligaciones que tiene en relación con los derechos de las personas. Es lamentable observar un Estado, por un lado omiso para con sus obligaciones positivas y negativas en torno a la seguridad ciudadana y, por otro, cómo se habilita, por acción u omisión, como facilitador del avance del crimen organizado, pues, tomando en cuenta lo que anteriormente dije en relación con la seguridad ciudadana para las personas y pueblos, no hay garantías suficientes para gozar de una vida libre de la miseria y el terror. Por acción, porque vemos que este Estado es partícipe de alguna manera en el sostenimiento de la impunidad, la corrupción y el uso arbitrario de la fuerza pública, y porque intencionadamente se niega a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales. Sin duda que en esto subyace la imperiosa necesidad de atender cuanto antes y sin obstáculos la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de indagar entre los integrantes de las fuerzas armadas del 27 batallón de Iguala, Guerrero, que de algún modo participaron en los acontecimientos del 26 al 27 de septiembre de 2014. Lo que ayudaría para avanzar en cambios significativos y en la transformación de este paradigma hegemónico de seguridad nacional que siguen imponiéndonos. Recuerdo, por ejemplo, que en el contexto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), un conjunto amplio de organizaciones y movimientos sociales, así como ciudadanos a título personal, exigimos al gobierno que este paradigma de seguridad, basado en el control social y en el aumento de la militarización, es desfavorable, por no decir que hace imposible, la realización de una vida justa y digna, basada en un enfoque de derechos humanos, que erradique la violencia estructural y cotidiana que padecen las personas ylos pueblos. Hoy, nuevamente, a propósito de este documental, y como hace décadas, cuando luchamos contra dictaduras militares o cuando emergió el MPJD, surgen las exigencias sobre el cambio de paradigma de seguridad, sobre la desmilitarización de nuestros territorios y por el respeto irrestricto de los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: numbdog Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente y ciudadanía Veinte años de Serapaz Autoritarismo y conflictividad social Convergencia de agendas sociales Sociedad civil y sistema anticorrupción Consulta legal y amañada
¿Cómo se enfrenta a la minería?
¿Cómo se enfrenta a la minería? Sábado 13 de febrero de 2016 Miguel Concha La minería y sus impactos negativos, así como el análisis de activistas, organizaciones sociales y miembros de la academia, han estado cada vez más presentes los últimos años en los debates públicos, y han sido motivo de protestas y diversas acciones de los pueblos y comunidades a los que afecta. Aunque el tema ocupa cada vez más el espacio de nuestras discusiones, poco hemos conocido de los efectos perniciosos de la actividad minera desde una visión de género. Por ello es muy oportuna la publicación que ha realizado recientemente la organización Mujer y Medio Ambiente, en colaboración con la alemana Fundación Heinrich Böll, titulada Miradas en el territorio: cómo mujeres y hombres enfrentan a la minería en México. Desde el inicio, la investigación nos invita a la reflexión, y nos reta amirar de cerca, conocer mejor las realidades locales y, sobre todo, escuchar a las personas; específicamente escuchar a las mujeres. Para ello, Mujer y Medio Ambiente y la Fundación Heinrich Böll-México realizaron un estudio de tres casos: en la localidad de Carrizalillo, en Guerrero; las poblaciones de Nonoalco y Malila, en la región de Molango, Hidalgo, y la comunidad de Capulálpam de Méndez, en Oaxaca, en el que, con diferencias y matices, se muestran las relaciones entre hombres y mujeres muy tradicionales, que, sin embargo, permiten afirmar que el sistema patriarcal es funcional a la extracción minera, en cualquiera de sus modalidades. La investigación muestra también cómo el control del territorio es clave para el desarrollo de la minería. Y por ello, los derechos de propiedad de la tierra, y las decisiones en torno a su uso, son fundamentales para las comunidades. Sin embargo, el análisis, desde un enfoque de género, es importante, pues las mujeres se encuentran relegadas en sus derechos agrarios. Independientemente del tipo de propiedad de la tierra, en todos los casos estudiados las mujeres fueron excluidas de las decisiones devender, rentar o rechazar el uso de la tierra en favor de las empresas mineras. Los derechos de propiedad de la tierra han sido factores estructurales de la desigualdad de género en las zonas rurales, porque determinan el acceso a otros recursos naturales como el agua, el bosque, la flora y la fauna, y son la base de la organización y toma de decisiones en los ejidos y comunidades. Por ejemplo, en Carrizalillo las mujeres representan 34 por ciento del total de ejidatarios; a pesar de ello, las ejidatarias perciben que no son tomadas en cuenta; existe un control masculino sobre la asamblea ejidal, y su voz es limitada en las decisiones sobre el destino de la tierra, de la renta minera y de las negociaciones. En Capulálpam, paradójicamente, no existe una sola mujer comunera de forma activa. Como se sabe, la promesa de empleos, de derrama económica, y el mejoramiento de la calidad de vida son el principal argumento de las empresas para persuadir a las comunidades a concesionar sus tierras, y hay una tendencia por parte de las empresas a reivindicar a la minería como una alternativa atractiva de empleo para las mujeres. La escolaridad, no obstante, es el filtro principal, aunque no exclusivo, para el acceso al trabajo, y ello resulta más complicado para las mujeres, no sólo por la división sexual del trabajo, que las coloca en el ámbito reproductivo, sino también porque generalmente tienen menor escolaridad y participación en las carreras técnicas que demanda la industria minera. La promoción de la igualdad de género es, en este caso, bastante retórica, más bien instrumental. Las empresas dicen cumplir con los estándares de responsabilidad social, entre otras razones como un medio para mejorar su prestigio y contrarrestar las fuertes críticas, pero hacen a un lado los principales acuerdos internacionales relacionados con los derechos de las mujeres trabajadoras, como los Convenios 103 y 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre protección de la maternidad; el Convenio 100, sobre igualdad en las remuneraciones, y el Convenio 111, sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, entre otros. En mayor o menor medida, la minería ha significado cambios sustanciales en todos los ámbitos de la vida en las tres comunidades estudiadas: actividades económicas, situación de los recursos naturales, organización, servicios, salud, aspectos culturales y conflictividad social y territorial. Estas transformaciones han remodelado las formas de convivencia social y la obtención de los medios de vida, reconfigurando la noción de desarrollo local. Se observa, desde la perspectiva de género, un afianzamiento del control masculino sobre la vida de las mujeres, a pesar de que ellas son parte fundamental del sostén, no sólo de las familias, sino de las movilizaciones para hacer frente al poder de las empresas. Con excepción de la integración de las mujeres a la actividad minera, las opciones de autonomía económica son limitadas y su participación en las decisiones comunitarias son prácticamente nulas. Finalmente, la noción de futuro en estos contextos muestra diferencias entre las mujeres y los hombres. La investigación realizada en las tres comunidades muestra que para las mujeres y hombres entrevistados la minería no es deseable por los impactos negativos que trae consigo: no genera desarrollo; no mejora sustancialmente la calidad de vida y destruye al ser humano y su entorno. A pesar de ello, y con excepción de Capulálpam, no se visualizan por el momento otras formas de obtener empleo, ingresos, y de salir de la marginalidad o pobreza. Cabe preguntarse si una mayor igualdad de género en las luchas de resistencia y gestión frente al poder de las empresas mineras contribuirá a construir nuevas ideas de desarrollo local, de bienestar y calidad de vida. Los pueblos y las comunidades tienen la palabra. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): Eneas De Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate
Ley general contra la tortura
Ley general contra la tortura Sábado 6 de febrero de 2016 Miguel Concha Ll contexto de la tortura en México es realmente alarmante en los últimos años. Las cifras indican un gran número de personas víctimas de este delito de lesa humanidad. Del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 104 quejas y emitió 79 recomendaciones sobre el tema de la tortura. A ello se suman las 4 mil 404 quejas presentadas ante dicho organismo por la comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el mismo periodo, de las cuales, mil corresponden a casos relacionados con el Ejército y la Marina. Según cifras obtenidas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República recibió 4 mil 55 denuncias por tortura, e informó que sólo mil 884 casos se encuentran en investigación. De ésos, sólo en 11 se registraron consignaciones, y únicamente se tiene conocimiento de cinco sentencias por ese delito en el periodo de referencia. Esto revela un común denominador en torno a la investigación de la tortura, que es la impunidad. Las cifras que anotamos reflejan que del total de denuncias presentadas, menos de uno por ciento se consignan. El punto 27 por ciento, para ser exactos. Asimismo, menos de uno por ciento obtiene en algún momento una sentencia. Este contexto de gravedad ya había sido reconocido el 31 de mayo de 2010 por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, que en su informe sobre su visita a México destacó haber escuchado, de varias fuentes, que la impunidad generalizada de la que disfrutan los autores de malos tratos es un factor constante en el uso continuado de la tortura y otros malos tratos. También en diciembre de 2012 le había causado alarma al Comité de la ONU Contra la Tortura el aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por efectivos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, en el marco de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado. Finalmente, el relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, remarcó en su visita de diciembre de 2014 que la tortura es generalizada en México. Precisó que esta prácticaocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. La exigencia de mecanismos internacionales y de la sociedad civil experta en el tema trajo como resultado la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes de aplicación nacional, entre otras, sobre estos delitos. Por ello, el Ejecutivo federal presentó en diciembre de 2015 la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En un primer momento, fue construida por la Procuraduría General de la República, en consulta con organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicos y expertos en el asunto. El producto final, pese a que se consultó con diversos actores, fue diferente al esperado y no refleja un compromiso serio por parte del Ejecutivo para erradicar la práctica de la tortura y, en su caso, investigar, procesar y sancionar a las personas responsables de tales hechos. Entre otros, vale la pena resaltar los siguientes puntos. Al ser una ley, que a la par de los tipos penales y sanciones, establece derechos de las víctimas, debe contener como legislación supletoria la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, y el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. El concepto de víctima debe ser incluido en un sentido amplio; no sólo ceñirse a la definición de la Ley General de Víctimas, sino a estándares internacionales en materia de protección. La exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura u otros tratos crueles debe ser total en la ley, y no debe admitir excepción alguna. Es realmente preocupante cómo se formula en la iniciativa la responsabilidad de los superiores jerárquicos por la omisión de prevenir o denunciar estos delitos, ya que sólo considera a superiores jerárquicos inmediatos, dejando fuera aquienes desde los altos mandos ordenan torturar a detenidos para obtener confesiones incriminatorias. Por ello se debe retomar la formulación del artículo 28 del Estatuto de Roma. Asimismo, en el proyecto del Ejecutivo se sigue promoviendo que peritos oficiales usen una herramienta que no incorpora adecuadamente el Protocolo de Estambul, imponiendo requerimientos excesivos para la realización de peritajes independientes, que son los que usualmente se elaboran con mayor rigor y calidad, y se apegan más a los estándares internacionales. Finalmente, la facultad de atracción de casos por parte de la Federación debe estar bien definida y ser lo suficientemente amplia, para que cuando una entidad federativa no tenga la capacidad o voluntad para investigar, no se queden en la impunidad los actos de tortura. Ante la falta de eficacia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para revertir condiciones deplorables de detención y tortura, la ley debe también establecer lineamientos para un efectivo monitoreo de las condiciones de detención. Esos, entre otros, son estándares mínimos, que han sugerido organizaciones de derechos humanos expertas en el tema, y que deben ser considerados y reintroducidos en la nueva ley. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Steffi Reicherd Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo
Hacia la convergencia social
Hacia la convergencia social Sábado 30 de enero de 2016 Miguel Concha No le cabe prácticamente a nadie duda de que muchas situaciones en el país deben cambiar. La constatación de que la violación a todos los derechos humanos es sistemática y recurrente, como expresaron miles de personas que ayer por la tarde se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México, es evidente. En el documento con que convocaron a la manifestación, denominado Por una reforma social para transformar al país, las decenas de organizaciones sociales que marcharon dieron cuenta de la violación generalizada a todos los derechos humanos. Entre ellos, desde luego, los económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya defensa ha llevado a numerosas personas y colectivos a interponer recursos ante organismos protectores, como la Organización Internacional del Trabajo o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a lo cual el gobierno actual insiste en no dar cumplimiento a las recomendaciones que tales instituciones dirigen al Estado mexicano. Esta negativa tiene profundas consecuencias en el deterioro de las relaciones laborales y en la capacidad adquisitiva del salario. Todo ello, en aras de la política de atracción a toda costa del capital extranjero, que, además de incumplir sus promesas de inversión, exige a cambio de prácticamente nada la reducción de la garantía de los derechos sociales e incluso la destrucción de la Madre Tierra, con lo cual se cancela un futuro para todos, aun para los mismos depredadores, pero también la violación sistemática y continuada de los derechos civiles y políticos, como la negativa al esclarecimiento de hechos tan indignantes como las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, en el estado de México, o las graves violaciones a los derechos humanos en Apatzingán y Ecuandureo, en Michoacán, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, en medio del diagnóstico de tan desolador panorama hay una buena noticia: grandes grupos de población organizados han ido construyendo un lenguaje común incluyente basado en los derechos humanos, a partir de los cuales estructuran sus análisis y dan contenido sustantivo y generalizable a sus demandas; no obstante, aún falta un paso práctico e ineludible, ciertamente ya bosquejado en el documento de los manifestantes de ayer: Necesitamos construir la coalición capaz de llevar adelante una agenda social para transformar a nuestro país, convocando al máximo de lo posible a las fuerzas y organizaciones sociales y políticas, democráticas y progresistas. Este es ciertamente un paso tan necesario como difícil. Lo obstaculizan décadas de corporativismo, en el que la vida de las organizaciones sociales ha estado subordinada, mediada y arbitrada por el gobierno, que todavía insiste en mantener la primacía y el reconocimiento oficial sobre el más que envejecido, corrupto e ineficiente aparato político corporativo. Tomándolo como instrumento, todavía hoy pretende eliminar todo tipo de competencia en la vida de las organizaciones sociales, argumentando como pretexto la realización de las reformas estructurales. Ello no obstante que las políticas del propio gobierno traicionan sus objetivos de control, pues contribuyen a extender el descontento ante la precariedad del empleo, el abandono del campo, el deterioro del hábitat humano y las expectativas de vida de la gente. En efecto, sus políticas extienden el descontento, pero eso no es suficiente para la transformación efectiva de lo mucho que hay que cambiar en el país. Para que se dé una reforma de fondo, se requiere una intención real de convergencia de las prácticas de las organizaciones sociales en torno de un programa. Hay además condiciones derivadas de la historia de las propias organizaciones que es necesario remontar, como la disputa por los liderazgos, el reconocimiento público particular, la traslación hacia su interior de las disputas partidarias y la pretensión de la primacía de la propia agenda sobre las de los demás. Frente a ello, el interés público debe orientar el camino para trascender todas esas comprensibles, aunque no justificables, inercias. Se trata, nada más ni nada menos, que de llegar a ser capaces de modificar el pacto fundante de nuestra convivencia nacional, la Constitución Política, objetivo que diversos espacios de aglutinación social ya se plantean como meta, y que en el caso de esta ciudad es tarea inmediata y promisoria de lo que en el futuro se podría lograr. Superar todas las adversidades para la articulación social requiere entonces de enormes esfuerzos, magnanimidad y de ser capaces de ceder un poco para que todos puedan lograr algo. Es de esperarse que como respuesta a este clamor popular surjan desde ahora iniciativas de personas y organizaciones que convoquen a un amplio proceso de convergencia social para la construcción de una agenda compartida, de la que se derive una alianza estratégica, la cual no será simplemente resultado de juntar siglas o de hacer sólo la sumatoria de las propias agendas, sino de una combinación de los denominadores comunes con altura de miras. No se trata de renunciar a identidades ni a la realización de las propias acciones, sino de conjugarlas armoniosamente para ser todos más eficaces. Nadie puede por sí solo transformar al país. Las experiencias latinoamericanas nos muestran que sin un gran esfuerzo de convergencia para articular la coalición de fuerzas que hagan posibles los cambios, no se pueden avanzar. Felizmente, contamos en nuestro país con experiencias que nos dicen que ese es el camino. Atrevámonos, pues a andarlo. Me parece que ya lo hemos iniciado. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente y ciudadanía Veinte años de Serapaz Autoritarismo y conflictividad social Convergencia de agendas sociales Sociedad civil y sistema anticorrupción Consulta legal y amañada
Resistencia indígena en Jalisco contra la minería
Resistencia indígena en Jalisco contra la minería Sábado 23 de enero de 2016 Miguel Concha Hay en México muchos ejemplos de personas que enfrentan poderes fácticos y económicos para defender su dignidad, territorios, bienes y sus derechos humanos. Entre ellos se cuenta la lucha y resistencia del líder nahua-otomí del poblado Potros, Félix Monroy Rutilo, quien desde el pasado 5 de enero ha visto intensificados los ataques en su contra por una de las dos minas de hierro más grandes del país: el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA de CV, filial de la multinacional minera italo-argentina Ternium, de negro historial en el ámbito de los derechos humanos. Su resistencia y lucha se enmarcan en el conflicto histórico y jurídico, del que ya tiene conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre los gobiernos de Jalisco y Colima, por el control del territorio limítrofe, del que ya he dado cuenta en otras ocasiones(La Jornada, 18/1/14). Para los nahuas que habitan la región los mensajes son claros desde siempre, sea por la violencia y muerte que padecen, o por el despojo sistemático de sus territorios: no volverse a parar, irse de allí, y abandonar sus tierras y bienes. Sólo 16 valientes familias nahuas decidieron quedarse en la Cuenca del Marabasco para continuar su vida, su cultura y sus costumbres, y defenderse de las agresiones de los caciques de Colima. Una de esas familias es la del indígena Francisco Monroy Vital y su esposa, Dolores Sandoval, quienes tuvieron que subir sus cultivos a una parte más elevada de la sierra del Mamey, asentándose en el rancho denominado Potros. Uno de sus nietos es Félix Monroy Rutilo, quien es el último y más aguerrido sobreviviente de esa numerosa familia. Después de décadas de acoso, ataques y graves violaciones a los derechos humanos de estas familias, poco a poco quedaron sólo dos familias que se resisten a abandonar el predio Potros, por el afán de la empresa de desplazar a los indígenas. Se trata de las familias de Avelino y Félix Monroy. Sin embargo, diversos hechos violatorios de derechos se han dado en este largo conflicto provocado por la empresa. En 1985 ambas familias fueron desplazadas de forma alevosa por personal del consorcio minero, en coordinación con el gobierno municipal de Minatitlán, Colima (antes El Mamey), a una fracción de su propio predio, al fondo de una barranca y al poniente de un basurero del poblado minero. No conformes con ello, en 1986 personal de la empresa asesinó a Avelino Monroy Sandoval, padre de Félix, con lo que el poblado nahua perdió a su líder espiritual. Le destrozaron la cabeza a pocos metros del fundo minero. Para el inicio de la década de los 90, Félix fue detenido por la policía de Minatitlán, Colima. Lo acusaban de la posesión de seis rifles de alto poder. En prisión fue torturado y ultrajado, para luego liberarlo sin que pudieran hallar responsabilidad alguna. Para 1997, Félix y el resto de su familia fueron desalojados de los poblados La Piedra, Puertecito de Las Parotas y Potros por la minera, conautorización de autoridades de Colima. La empresa les hizo casas en El Platanar para pasar el rato. Al colapsar tres cortinas de retención de desechos, el 23 de septiembre de 2012 el predio sufrió la embestida de un gran alud de piedras, lodos y desechos minerales de Peña Colorada. Ninguna autoridad de Protección Civil de Jalisco o Colima llegó a auxiliar a las 20 familias afectadas por el siniestro. En 2013, Félix construyó con madera muerta de Potros un corral para un rebaño de 70 chivos que criaba. La minera, en contubernio con gente de Minatitlán, denunció a Félix ante la Profepa, en Colima, por haber talado nueve árboles, acusándolo de ser el responsable del cambio de uso del suelo en Potros. Ese mismo año la empresa lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) en Manzanillo, Colima, por despojar a Peña Colorada del mismo predio. Ahora, en 2016, La Jornada publicó la invasión de la empresa al predio de 50 hectáreas del señor Félix, quien resiste por diversos medios para evitar que lo despojen de su parcela, en el ejido de Ayotitlán (9/1/16). Sabemos que la noche de ese 5 de enero esta minera allanó el predio y comenzó la destrucción de cultivos, árboles y cercos colocados hace más de 40 años. La empresa optó por ir con todo contra Félix Monroy Rutilo. Se le ha impedido ingresar a su predio, donde ha trabajado por más de 50 años, y siete chivos de su rebaño murieron durante el violento operativo. Aunque el poblado Potros desapareció, Félix logró salvar la posesión del predio agrícola de 35 hectáreas, que ha sufrido el constante asedio del gobierno de Colima, para darle a la minera Peña Colorada un espacio libre de indios rejegos para el negocio del hierro. En su incesante lucha de 50 años, sus principales aliados y defensores han sido su padre, Avelino, y su hijo mayor, Alejandro, quienes al morir asesinados le dejaron una pesada carga. Al faltar ambos, y por ser analfabeta, un pequeño nieto suyo, hijo de su hija, ha acompañado a su abuelo materno ante diferentes oficinas del Ministerio Público, Profepa, PGR y demás instituciones que Peña Colorada le ha echado encima, para forzarlo a desistir y abandonar su territorio. Félix también se acompaña de ONG de Jalisco, y no podemos dejar de reconocer el valioso aporte de la Unión de Pueblos (Indios) de Manantlán, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, y el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC. Félix sigue resistiendo, y los gobiernos de Colima y Jalisco deben dejar de despojarle de sus bienes comunes, y garantizar sin reparo alguno el pleno goce de sus derechos como integrante de una comunidad indígena. Es lo justo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Crónica de sociales
Campaña difamatoria contra el GIEI
Campaña difamatoria contra el GIEI Sábado 16 de enero de 2016 Miguel Concha Para empezar a alcanzar justicia y verdad en el caso Ayotzinapa, el aporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en el contexto de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es fundamental. Desde la publicación de su informe en septiembre del año pasado, el GIEI ha evidenciado las falencias de la llamadaverdad histórica sobre el paradero de los estudiantes. Ha también reivindicado la centralidad de las víctimas, y puesto sobre la mesa nuevas líneas de investigación, que deben agotarse durante su segundo mandato. Para lo que requiere el más absoluto respaldo del Estado mexicano. Pero en un país donde la mentira y la estigmatización de las víctimas son cotidianas, el GIEI no sólo no ha recibido el respaldo decidido que requiere para concluir su importante labor, como comprueba la renuencia a que sus integrantes entrevisten a militares testigos, sino que incluso ha despertado el encono de quienes se oponen al pleno esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Hoy sin duda podemos afirmar que en contra del GIEI se ha desatado una abierta campaña difamatoria, que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que en México y a escala internacional ha alcanzado su trabajo comprometido con la verdad. En efecto, la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos, la apertura de espacios inusuales en ciertos medios, las filtraciones gubernamentales, y sobre todo el permisivo silencio oficial, son factores que vistos en conjunto apuntan a que se ha puesto en marcha esta dolosa campaña. El golpeteo se inició con una serie de descalificaciones infundadas en contra de Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz, las dos valientes fiscales que integran el GIEI. Sin fundamentos, ambas fueron objeto de señalamientos mediáticos, en los cuales, para poner en cuestión su credibilidad, se difundió información falsa, presentándolas como personas afines a grupos radicales durante sus ejercicios públicos. Posteriormente se filtró desde el gobierno federal a la prensa nacional el contenido de una importante reunión entre los expertos y la comisión tripartita a cargo de la interlocución con el GIEI, formada por el subprocurador Eber Betanzos, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas. Finalmente, apenas el pasado martes, con el despliegue de recursos inherente a la movilización de una delegación internacional, en una universidad privada se organizó una conferencia de prensa, donde un militar colombiano, quien fue imputado por la presunta comisión de graves violaciones a derechos humanos, denostó a la fiscal Buitrago. Pese a que la seriedad de la información difundida es muy menor, la conferencia de prensa recibió amplia cobertura en algunos medios de comunicación, llamativamente los mismos que regatean espacios a la permanente demanda de justicia de los padres y madres de los normalistas. El intento de desprestigiar al GIEI es alarmante y debe denunciarse, aunque también es a todas luces infructuoso, pues el reconocimiento de que gozan ambas fiscales en sus países y en el extranjero es irreversible. Como ha recordado en estas mismas páginas Luis Hernández Navarro ( La Jornada, 12/1/16), la abogada Buitrago es conocida en Colombia como la Fiscal de Hierro, por la firmeza con la que condujo exhaustivas investigaciones que evidenciaron los vínculos entre el narcotráfico y el poder político en Colombia. Por este compromiso indeclinable con el estado de derecho, fue a la postre interrumpida su carrera. En el caso de la jurista Paz y Paz, se trata de la primera fiscal general de Guatemala, quien tuvo la fuerza y la visión necesarias para renovar esa institución, hasta el punto de formar a la generación de fiscales que pusieron en el banquillo de los acusados a un ex presidente. La pertinente inclusión de estos perfiles en el GIEI es indiscutible, si consideramos que ningún funcionario o funcionaria de las procuradurías del nuestro reúne semejantes credenciales: ¿Qué agente del Ministerio Público es hoy nuestrofiscal de hierro por haber desafiado con la fuerza de la ley a los poderes formales y fácticos? Lamentablemente esa generación de funcionarios no ha surgido aún en México, y mientras eso no se revierta, ejercicios como el del GIEI seguirán siendo justificados y necesarios. Pero más allá de estas consideraciones, el ataque contra este grupo es infructuoso también por el carácter absurdo de las acusaciones lanzadas contra sus integrantes. De acuerdo con el registro periodístico, en la reciente conferencia de prensa el militar colombiano, quien vino a México exclusivamente para denostar a la Fiscal de Hierro, afirmó que la actuación del GIEI debía encuadrarse en el marco de la guerra que se está librando en este momento en Latinoamérica (sic); una batalla que, según dijo, no es una guerra de carácter político interna, es una confrontación entre dos sistemas. Entre el sistema democrático y el sistema comunista que quiere ser implantado a la brava, eliminando a los ejércitos latinoamericanos (sic). En un entorno pluralista caben sin duda todas las visiones sobre el papel del GIEI, sean positivas o negativas. Pero de ahí a señalar que su labor es parte de una conflagración internacional para eliminar a las fuerzas armadas e implantar el comunismo, hay sin duda un largo tramo. El mismo que separa a los análisis sensatos y serios de los señalamientos absurdos que sólo buscan difamar y confundir a la opinión pública. De cualquier modo, la creciente y coordinada campaña contra el GIEI debe alertarnos. Con su informe y su trabajo en favor de la verdad, el GIEI afecta poderosos intereses, cuyos personeros no permanecerán pasivos. Hoy más que nunca el GIEI y las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa requieren un frente común en su apoyo. En este sentido, lo que más alarma es la pasividad con que el gobierno permite los embates contra los expertos, siendo el GIEI un mecanismo de supervisión internacional pedido y aceptado por el propio Estado. Su permisivo silencio ante estos infundados embates no permite descartar que sectores oficiales estén detrás
