La lucha de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Victor Manuel Chima Por: Miguel Concha Sábado 10 de octubre de 2020 La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee) cumple hoy 10 años desde su fundación. Su nacimiento se dio poco después del decreto presidencial que dispuso en 2009 la extinción de Luz y Fuerza del Centro, de los excesivos, impositivos, arbitrarios e impagables cobros de luz en los recibos que comenzaron a recibir millones de personas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como del inicio de la privatización de la industria de la energía eléctrica y la reforma energética de 2013. La asamblea ha pasado por momentos complejos: las crisis civilizatoria y de derechos humanos, el contexto de violencia estructural y sistemática, y las generalizadas violaciones a derechos fundamentales por parte de las autoridades. Se ha enfrentado igualmente a las fallas estructurales de los sistemas de administración e impartición de justicia, a la desigualdad social, a la pandemia por el Covid-19, y al desmantelamiento del sector energético. Pese a todos estos obstáculos, la lucha de la Anuee es desde 2010 hasta la fecha un rayo de esperanza que irradia la agenda de derechos humanos y los procesos de exigencia de otros sujetos, no sólo a lo largo y ancho del país, sino en otros lugares de Latinoamérica. A sabiendas de que estas líneas serán insuficientes para hablar de los numerosos aportes que la asamblea nos ha legado, resulta oportuno mencionar algunas de sus conquistas. En tanto organización social, nos ha enseñado el fuerte potencial emancipatorio y liberador de las luchas populares; de aquellas que vienen desde abajo, desde la base, reivindicando así la relevancia y trascendencia de los propios movimientos sociales y las conquistas del pueblo, en tanto mecanismos necesarios para la consolidación de la democracia. La Anuee exige a las autoridades una serie de demandas. Entre ellas están el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, el establecimiento de una tarifa social justa y la aplicación del borrón y cuenta nueva no sólo en el estado de Tabasco, sino para todas las personas que han recibido cobros excesivos por parte de la CFE. Por otro lado, lucha además por la renacionalización de la industria eléctrica y la reversión de la reforma energética y de igual forma por el cese de la represión, por la libertad de expresión, y contra la criminalización y judicialización de la protesta social. Cabe destacar también que desde su práctica ha desarrollado una comprensión y uso alternativo, crítico y contrahegemónico de los derechos humanos. De ahí su exigencia por el reconocimiento y la constitucionalización de la energía eléctrica como un derecho humano, porque ella no es un mero servicio o mercancía lujosa que sólo puede ser adquirida por quienes tienen recursos suficientes para pagarla. Es en cambio un bien público, una condición indispensable para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de todas las personas a una vida digna y a una vivienda adecuada. Por lo que ninguna persona debería verse en la necesidad de elegir entre tener pan en la mesa de su casa o pagar la luz de su domicilio. En este sentido, la Anuee ha propiciado que los derechos humanos dejen de ser leídos desde interpretaciones tradicionales, como meras cualidades inherentes de todas las personas por el sólo hecho de serlo, y repensarlos y emplearlos como demandas políticas y herramientas de lucha, mediante las cuales puedan hacerse exigibles y justiciables. Entre éstas se encuentran las mesas de negociación con autoridades de diferentes dependencias del gobierno federal, los plantones, los mítines, las marchas y las movilizaciones pacíficas. También sobresalen las estrategias jurídicas y políticas, la documentación de violaciones a derechos, la presentación de iniciativas ciudadanas ante el Poder Legislativo, los procesos formativos, y la comunicación popular y estratégica. La asamblea es asimismo un polo articulador entre diversos actores sociales que promueven planes de acción conjunta, los cuales buscan incidir no sólo en sus agendas, sino también en otras, buscando siempre bienes comunes que beneficien a la sociedad. Ejemplos de ello son la llamada Legislación Popular, el Movimiento Nacional de Usuarios, las campañas nacionales y las jornadas de lucha, sólo por mencionar algunos ejemplos. Todo lo cual se realiza de la mano con otros referentes, como el Sindicato Mexicano de Electricistas; Agua para Todos; Agua para la Vida; la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; Damnificados Unidos de la Ciudad de México; el Comité del 68, y los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Saludamos finalmente la histórica lucha de la Anuee, la cual muestra, entre otras cosas, cómo se construye y reconoce colectivamente un nuevo derecho humano, como lo es el derecho a la energía eléctrica. Y por mostrarnos su firme determinación por construir un país más digno y democrático, con justicia, paz y dignidad para todos.
Justicia para Abigail
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Angélica Díaz Por: Miguel Concha Sábado 03 de octubre de 2020 Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 3 mil 894 mujeres fueron asesinadas entre enero y agosto, de las cuales sólo 626 están siendo investigadas como víctimas de feminicidio. Es decir, 16 por ciento. Las entidades con mayor número de feminicidios son estado de México, Veracruz, Ciudad de México (CDMX), Nuevo León, Puebla y Jalisco. La capital ocupa el tercer lugar a escala nacional, ya que se han registrado 48 casos en el año. Es pertinente recordar que el 7 de septiembre de 2017 varias organizaciones solicitaron la alerta por violencia de género contra las mujeres (AVGM) para la CDMX. Justicia Pro Persona, AC y el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria OP, AC, junto con Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), demandaron este mecanismo de emergencia, debido a la gravedad de la existencia y persistencia de la violencia feminicida, así como por una cuestión de acceso a la justicia. El proceso de la AVGM ha sido complejo, porque no sólo no se ha declarado, sino porque ha tenido que implicar la promoción de recursos legales, como el amparo, interpuesto ante el intento oficial por su sobreseimiento. Y si bien es cierto que la CDMX tiene una declaratoria de alerta, ésta se deriva del mecanismo local y no ha tenido el mismo procedimiento que la solicitud realizada por las organizaciones en 2017, cuyo proceso se halla en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el 9 de julio pasado la ministra Ana Margarita Ríos Farjat hizo suyo el escrito para ejercer la facultad de atracción. Así, la SCJN tiene de nuevo la oportunidad de atraer el caso por su trascendencia e interés, y con ello resolver a favor de los derechos de mujeres que habitan o transitan por la capital. En este contexto de violencia feminicida, el pasado 28 de septiembre el tribunal de enjuiciamiento del sistema procesal penal de la CDMX dictó fallo condenatorio contra Juan Velázquez Clemente por el feminicidio agravado de Mayra Abigail Guerrero Mondragón perpretado el 11 de diciembre de 2016. Mayra Abigail, o Abi, como le llamaban su madre, hermanas y amistades, tenía sólo 20 años cuando le arrebataron la vida y estudiaba el primer semestre de la licenciatura en derecho, además, de ser buena estudiante, trabajaba para colaborar en el gasto desu casa. Era una joven responsable y se hacía cargo de la cocina y ayudaba en las tareas escolares a su hermana más pequeña. Entre sus planes se contraba terminar su carrera y abrir un restaurante. Como muchas jóvenes víctimas de feminicidio, Abigail tenía un proyecto de vida, sueños y esperanzas. Ahora bien, existieron numerosas dificultades en el proceso penal sobre su caso, que evidencian aún más los graves problemas estructurales de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. En lo que respecta a la etapa de investigación, hubo autoridades que maltrataron a la madre de Abigail; fue obligada a declarar inmediatamente después del feminicidio de su hija, sin tomar en cuenta el impacto por su pérdida ni su estado sicoemocional. Por otra parte, no se incluyeron pruebas o indicios vitales, y existieron filtraciones de información a medios periodísticos, lo cual afectó la dignidad de Abigail y causó la revictimización de su familia. Igualmente, elMinisterio Público responsable perjudicóel caso de diversas formas. La etapa de judicialización tampoco fue la excepción; el caso fue judicializado como feminicidio, aunque sólo por los signos de violencia sexual, sin considerar la forma en que Abigail fue privada de la vida, ni tampoco las múltiples agresiones que sufrió, las cuales constituyen signos de lesiones inhumanas y degradantes. Estas lesiones pudieron vincularse en el proceso gracias a la interposición de un recurso promovido por las asesoras jurídicas de Abigail y su familia, con lo cual el tribunal finalmente falló tres razones presentadas en el feminicidio: signos de violencia sexual, lesiones infamantes y degradantes, así como la exposición del cuerpo en un lugar público. Por último, es oportuno resaltar la admiración hacia Araceli Mondragón Sánchez, madre de Abigail, quien incansablemente buscó verdad y justicia para su hija. En sus propias palabras, ella dice que seguirá apoyando a otras madres, sobre todo ahora que la consideran una persona defensora de derechos humanos. Pero también resulta necesario reconocer el trascendental acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, como Justicia Pro Persona y el OCNF, especialmente los de Ana Yeli Pérez Garrido y Katherine Mendoza Bautista, ambas comprometidas y entregadas a la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, a quienes también agradezco su colaboración para la redacción de este artículo.
Derechos humanos y el Covid-19
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 26 de septiembre de 2020 La llegada del Covid-19puso al descubierto los problemas estructurales que enfrentan los países de América Latina y el Caribe (ALC) que han aplicado las políticas del modelo neoliberal. Lo que ya constituía un obstáculo para el desarrollo sostenible. Con todo y lo importante que es la pandemia, no es la principal causa de la crisis actual. No se trata por tanto de la crisis del coronavirus, sino de una nueva etapa de la crisis del capitalismo. Ante semejante pandemia, los derechos humanos (DH) han sido vulnerados debido a diversos factores: los déficits prevalecientes en los servicios fundamentales; las medidas insuficientes de los gobiernos para atender a la población; el falso dilema entre proteger la economía nacional o la salud de la población, o la exclusión de los actores no gubernamentales en las respuestas ante la emergencia. Ello se muestra de manera clara en el estudio denominado Impactos del Covid-19 en Camex, coordinado por DECA Equipo Pueblo, que realizaron organizaciones civiles de la Región Centroamérica-México, con instancias que participan en la red global Alianza de OSC, para la Eficacia del Desarrollo de América Latina y el Caribe. El estudio da cuenta de las políticas públicas instrumentadas; de la participación de la sociedad civil, y, sobre todo, del impacto en los DH en cinco naciones: México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ante la crisis económica, la Cepal pronostica que en este año América Latina y El Caribe experimentarán una recesión de 5.3 por ciento en su PIB. La región llegará a 11.57 millones de desempleados, lo cual significa que la tasa de gente sin empleo crecerá de 8.1 a 11.5 por ciento, alcanzando la cifra de 37.71 millones de personas en paro. Prevé, además, un acelerado incremento de individuos en situaciones de pobreza y pobreza extrema, que en un escenario alto significará el aumento de 5.5 puntos porcentuales en los países de la región, donde los mayores cambios de pobreza extrema se darían en México, Nicaragua y El Salvador. Entre los principales hallazgos comunes en las cinco naciones, destaca que la pandemia evidenció las grandes carencias y deficiencias de los sistemas de salud: la ausencia de planificación; la escasez de infraestructura, equipos, fármacos y personal calificado, además de malos manejos y corrupción en las adquisiciones de varios gobiernos. En el contexto de la pandemia, el estudio reporta, con preocupación, el riesgo de retrasar o invisibilizar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y otras agendas fundamentales, como la ambiental y social, que de por sí han sido largamente postergadas. Las organizaciones autoras del estudio denuncian la violación creciente de los DH a la vida, a la salud y a un empleo decente. También se trastocan de manera grave el derecho a la alimentación, a la autosuficiencia alimentaria y a la educación, además del derecho a la información, a la consulta previa, libre e informada, y, considerando que en los países de la región se elevó la violencia ejercida hacia las mujeres, propiciada por el confinamiento, en muchos casos obligatorio, a una vida libre de violencia. Por todo ello, ante la alarma causada por presuntas violaciones a los DH que han ejercido los diversos cuerpos de seguridad, con la excusa de que el incumplimiento de medidas impuestas por los gobiernos ameritan sanción, demandan un trato digno. En algunos casos se reforzó la actuación de militares que reprimen y criminalizan a defensoras/es de DH. Llaman la atención, ante el entorno totalmente desfavorable durante la pandemia que viven las OSC en la región, ya que los gobiernos no las consulta. No las han considerado en la implementación de programas, y en la mayoría de estas naciones –México entre ellas– han sido objeto de descalificaciones y amenazas del Poder Ejecutivo, cancelándoles programas y presupuestos. Lo que las coloca en riesgo de desaparecer. Para elevar la calidad de la salud y la educación públicas; favorecer el trabajo digno; garantizar una movilidad segura, y, sobre todo, asumir la universalidad de los derechos, los gobiernos tendrán que atender y resolver las tensiones actuales. Sin embargo, debido a la creciente violación de los DH, la contracción de la economía, el cuantioso endeudamiento público, la pérdida de empleos formales, la situación crítica de las personas informales y las pequeñas y medianas empresas, el manejo clientelar de las ayudas y subsidios, el aumento del número de personas en pobreza y pobreza extrema, la falta de transparencia, la corrupción y decretos inconstitucionales –documentados entre otros en cinco estudios de caso–, las OSC prevén un escenario desalentador para revertir la crisis. Como concluyen las OSC participantes en el estudio: “se está priorizando más al capital que a la vida misma (…). Seguiremos cuestionando el sistema neoliberal, y coincidimos en la necesidad de un cambio profundo para alcanzar el buen vivir, con propuestas alternas y nuevos paradigmas”.
A tres años del 19s
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Alberto Ledezma Por: Miguel Concha Sábado 19 de septiembre de 2020 Hoy conmemoramos el tercer aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017 (19s), y 35 años de los ocurridos en 1985. Sin embargo, después de este tiempo, el 19s no se olvida, y ésto no sólo por todo aquello que ha quedado guardado en la memoria colectiva, sino porque el desastre sigue afectando a las personas damnificadas y a la sociedad en su conjunto. Hablando del desastre, la falta de prevención, de planificación y de acción estatal adecuada genera que fenómenos naturales, como los sismos, devengan en desastres. Y si bien es cierto que los terremotos no pueden impedirse, sí es posible reducir al máximo los daños que probablemente causarán. Como lo expone el informe Documenta desde abajo, elaborado por estudiantes, académicos, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Los efectos catastróficos de los fenómenos naturales generalmente obedecen a factores socialmente construidos (https://bit.ly/2lmAR7C). Y así, el 19s es un desastre socialmente construido, debido a las violaciones a los derechos humanos, antes, durante y después del siniestro, por la acción, omisión o aquiescencia del Estado. En este sentido, la recomendación 12/2018, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México (CDHCM), identificó violaciones a derechos, como los siguientes: nivel de vidaadecuado, a una vivienda digna, a la vida, ala integridad personal, a la seguridad jurídica, a la propiedad privada, así como el derecho a la información. Por ejemplo, en el caso del edificio que colapsó en Simón Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, donde lamentablemente fallecieron 15 personas, entre ellas doña María Teresa Lira Infante y María Elena Sánchez Lira, las autoridades responsables, al no supervisar ni inspeccionar integral y diligentemente el edificio antes del 19s, cometieron omisiones respecto a varios de estos derechos. Al igual que en Zapata 56, Saratoga 714 y Álvaro Obregón 286, cabe señalar que en Bolívar 168 se presentaron numerosas irregularidades que presuntamente propiciaron el colapso del edificio, propiedad de Inmobiliaria Inmobico SA de CV, entre ellas, la antigüedad del inmueble, la ampliación de dos plantas respecto a la construcción original, el sobrepeso de los pisos tercero y cuarto, la colocación de una antena de telecomunicaciones, y la falta de rehabilitación estructural después de los terremotos de 1985. Ante las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, víctimas, sobrevivientes y colectivos, como Damnificados Unidos de la CDMX, llevan a cabo procesos de exigencia de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición. Y lo hacen mediante demandas, como la rehabilitación y la reconstrucción de las viviendas de una forma adecuada y segura, y realizadas con fondos públicos. Su lucha se ha encontrado con la revictimización; con políticas de castigo y desatención por parte de autoridades; con obstáculos interpuestos por las empresas constructoras, y con retrasos temporales en la entrega y calidad de las viviendas reconstruidas, así como con diversas dificultades, como las afectaciones físicas, síquicas, emocionales y espirituales. Sin embargo, su lucha tiene una función transformadora, debido a su gran capacidad catalizadora para reforzar la organización y la genuina determinación en la defensa de los derechos humanos que surge desde abajo, reivindicando su posición como sujetos de derechos, no como objeto de discursos. Prueba de ello es la Jornada de lucha por la verdad y la justicia, que junto a otras personas damnificadas, organizaciones, colectivos, movimientos y sociedad en general emprenderán hoy, y que se extenderá hasta el 26 de septiembre y el 2 de octubre. Por todo lo dicho, autoridades capitalinas, como aquellas de la Comisión para la Reconstrucción, las de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Secretaría para el Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, por mencionar algunas, tienen el deber constitucional e internacional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido antes, durante y después del 19s, lo cual, según la recomendación de la CDHCM requiere de una conjunción de esfuerzos, asumida como obligación de Estado, y no como labor filantrópica o de gestión de asuntos administrativos o intereses particulares. De esta manera, se eliminarán los obstáculos para el acceso a la justicia y se logrará la certeza y claridad sobre las condiciones del suelo de la capital, así como la adecuada atención a la infraestructura urbana y la garantía del derecho a una vivienda digna. Por otro lado, para que el 19s nunca más vuelva a repetirse se promoverá la responsabilidad del Estado, una cultura de derechos humanos, la prevención de riesgos, el acceso a la información y la atención a grupos de atención prioritaria con enfoque diferencial.
Personas y organizaciones defensoras
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 12 de septiembre de 2020 Incontables personas y organizaciones defensoras de derechos humanos tienen un papel fundamental en nuestro país, pues contribuyen de manera esencial al fortalecimiento de la democracia y al respeto de los derechos de personas y comunidades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que complementan no sólo el rol de los estados, sino del mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto. Ahora bien, es cierto que debemos reconocer la diversidad en lo que respecta a personas y organizaciones. Y lamentablemente existen algunos espacios que promueven intereses particulares y buscan mantener las cosas como están. No obstante, existen muchas otras organizaciones que contribuyen a la construcción de un México en paz, con justicia y dignidad, y que lo hacen desde una opción o posición fundamental que transversaliza su ser y quehacer: la transformación de las estructuras y del mundo del trabajo por las personas más pobres. Debido a ello, asumen perspectivas de derechos humanos críticas, alternativas, progresistas y contrahegemónicas. Desde esta opción, acompañan movimientos, organizaciones sociales y colectivos integrados por quienes históricamente se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad y opresión, víctimas de tratos inequitativos y desiguales. Esto provoca su sometimiento, discriminación, marginación y exclusión. Entre estos grupos están niñas, jóvenes y mujeres, así como personas migrantes y refugiadas, la comunidad LGBTTTIQA+, y los pueblos y comunidades indígenas. Desde esta opción fundamental caminan de la mano con víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos en sus procesos de exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Impulsan del mismo modo agendas, como la participación ciudadana, la libre determinación, el cuidado del medio ambiente y de todas las formas de vida, la soberanía alimentaria, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, la igualdad de género y la no discriminación. Generan espacios de formación política, de diálogo y pensamiento crítico entre juventudes, constituyéndose así como semilleros de generaciones que impulsan cambios sociales trascendentales. Asimismo, desde esta opción, fungen como nodos para articular y generar interlocuciones fecundas con y entre diversos actores sociales. Por ejemplo, con víctimas, movimientos sociales más amplios, colectivos, organismos internacionales, academia, autoridades en todos su ámbitos y niveles e incluso con la iniciativa privada. Defienden también su derecho a defender derechos humanos, cuidando su autonomía frente a cualquier intento de cooptación o desviación de su misión. En este sentido, la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU reafirma los derechos indispensables para que las personas y las organizaciones gocen y ejerzan plenamente su derecho a defenderlos. Entre ellos la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, así como el derecho a presentar propuestas y a acompañar procesos de defensa. Su derecho, además, a ejercer legítimamente su labor como defensoras y a recibir solidariamente recursos financieros, incluso del extranjero, que contribuyan a su sostenimiento, guardando siempre su capacidad de tomar libremente sus propias decisiones. Por tanto, todas las autoridades están obligadas a asumir una política de Estado que respete, proteja, promueva y garantice su derecho a defender los derechos humanos, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos de las personas y organizaciones defensoras. En este sentido, la CIDH considera que un Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, la libertad personal y la integridad de aque-llas personas y organizaciones que defienden derechos humanos, como lo ha establecido en el Caso Valle Jaramillo y otros contra Colombia. Por su parte la Resolución AG/RES. 1671 (XXIX-O/99), de la Organización de Estados Americanos, exhorta a los estados parte a proveer respaldo a la tarea que desarrollan quienes defienden los derechos humanos, y a reconocer su invaluable contribución para su respeto, promoción, protección y garantía (https://cutt.ly/ffTjmFB). Por ello, es fundamental que las autoridades de nuestro país se abstengan de imponer obstáculos que dificulten la importante labor social de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, y más bien faciliten los medios necesarios para que libremente realicen sus actividades. Y, por el contrario, que las proteja cuando sean objeto de amenazas, para evitar atentados contra su vida e integridad. Y esto, más allá del mecanismo existente para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, mediante la generación de las condiciones efectivas para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares.
Mujeres migrantes
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Peg Hunter Por: Miguel Concha Sábado 05 de septiembre de 2020 La pandemia por Covid-19 ha visibilizado y agudizado aún más la crisis migratoria en nuestro país. Según António Guterres, secretario general de la ONU, en el contexto de la pandemia las personas migrantes encaran tres crisis que se combinan en una: sanitaria, socioeconómica y de protección (https://cutt.ly/ifx8UJ0). Éstas impactan negativa y diferenciadamente en las niñas, adolescentes y mujeres migrantes que habitan o transitan por México, y cuya condición de vulnerabilidad aumenta exponencialmente las afectaciones y la violencia diaspórica que sufren, si además son población trans o padecen enfermedades. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, 48 por ciento de los 272 millones de personas migrantes en el mundo son mujeres. Es decir, casi 131 millones. Por ejemplo, tan sólo 412 mil 12 mujeres emigraron de Honduras a Estados Unidos durante 2019, pasando por México. Ahora bien, en su tránsito por nuestro país, las niñas, adolescentes y mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo son víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades migratorias y de particulares. Considerando el principio de interdependencia de los derechos humanos, entre los derechos violados se encuentran la seguridad jurídica, el debido proceso, el acceso a la justicia, la libertad de tránsito, la unidad familiar, la salud, la integridad personal, la vida, los principios de no devolución, el interés superior de la niñez, y la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dicho lo anterior, resulta oportuno señalar que el Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras IAP y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC han acompañado el caso de una mujer hondureña, cuyo nombre será reservado para preservar su integridad. En julio ella y una amiga emprendieron un viaje hacia Estados Unidos, con la ilusión de rencontrarse con una de sus dos hijas, la cual fue separada de su lado sin su consentimiento por parte del padre biológico de la menor, quien se la llevó a aquel país. De esta forma pasaron la frontera y llegaron a Arizona, pero autoridades migratorias estadunidenses las detuvieron y deportaron a Ciudad Juárez, donde sus pares mexicanos las obligaron a firmar una deportación voluntaria, sometiéndolas, mediante coacción y violencia sicológica, a la figura del retorno asistido y amenazándolas con que permanecerían indefinidamente en la estación migratoria y no verían nuevamente a sus familias. Incluyendo su estancia en la Ciudad de México, desde Ciudad Juárez hasta Honduras se pudo constatar su incomunicación casi total con el exterior, así como la permanente exposición a contraer Covid-19 por el hacinamiento y las condiciones insalubres de las estaciones migratorias, e igualmente que éstas comparten características de los centros penitenciarios: desde las narrativas de detenciones sin conocer sus derechos en el proceso legal y prácticas de poder asimétricas con las que se estigmatiza a las personas por migrar o ser presuntamente responsables de un delito, sin tener la oportunidad de participar activamente en su proceso. La documentación y los testimonios de las propias víctimas permiten constatar que lamentablemente éste no es un caso aislado, sino que es un patrón estructural, ya que al realizar detenciones, retenciones indefinidas, retornos forzados y deportaciones, las autoridades migratorias mexicanas violan sistemáticamente los derechos humanos de la población migrante y solicitante de asilo, contraviniendo con ello no sólo la Constitución mexicana y la Ley de Migración, sino también el derecho internacional, destacando la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará y las Observaciones Finales del Noveno Informe Periódico de México, elaborado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por mencionar algunos ejemplos. Saludamos los esfuerzos del Estado mexicano en materia migratoria, pero esperamos que la queja interpuesta por este caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos genere una recomendación con una visión estructural y no sólo casuística, para que el Estado mexicano adopte en materia migratoria una perspectiva de seguridad humana y no de seguridad nacional, la cual garantice el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de la población migrante y solicitante de asilo, especialmente en el contexto de la pandemia. Y en cumplimiento de sus obligaciones generales y deberes específicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades adopten condiciones óptimas en los centros migratorios y no las simulen cuando sean supervisadas. Además, que transversalicen el principio de igualdad y no discriminación, el interés superior de la niñez, las perspectivas interseccional y de género, así como el enfoque diferenciado que considere los riesgos específicos de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes.
Les queremos de vuelta
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 29 de agosto de 2020 Mañana 30 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el cual nos convoca a expresar una palabra de solidaridad con las y los integrantes de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición que existen en México, y en el contexto de la búsqueda de sus familiares, que realizan día a día, a mostrar apoyo a sus legítimas demandas. La lucha de estos colectivos, así como la de las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que trabajan coordinadamente con ellos, se ha convertido en pieza clave para descubrir rutas de salida a la todavía profunda crisis de derechos humanos en México, y a las constantes desapariciones que no paran. En México, conforme a lo que ha informado recientemente la Secretaría de Gobernación, existen más de 73 mil personas desaparecidas en el país, y la cifra sigue aumentando. Asimismo, se registran por desgracia al menos 37 mil cadáveres acumulados en instalaciones oficiales que aún no han sido identificados, así como cuerpos humanos desmembrados y fragmentos de éstos. Y, dada la falta de resultados en las instancias nacionales encargadas de investigar las desapariciones a escala federal y local, cada vez se hace necesario que las víctimas deban acudir a instancias internacionales para seguir buscando justicia y verdad. Sobre esto último, esta semana recibimos con beneplácito que el Ejecutivo federal haya ya enviado al Senado de la República su propuesta de declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, con el fin de que éste pueda recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas víctimas de este delito, que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado mexicano, o en nombre de ellas, tal como se contempla en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, vigente para México desde diciembre de 2010. Con ese mismo ánimo, sería pertinente que la Secretaría de Relaciones Exteriores invitara sin dilación a este Comité de la ONU, que desde hace años espera conocer más de cerca la situación de las desapariciones en el país, a una visita oficial a México. Sin embargo, como han expresado los colectivos de familiares de personas desaparecidas –muchos de ellos articulados en vibrantes y activas articulaciones nacionales, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)–, se requiere además ocuparse efectivamente de la política interna, e implementar acciones efectivas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos. Por ello se ha impulsado la creación y consolidación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el cual ya ha sido creado por decreto el pasado marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, en diálogo con las instituciones del Estado, los colectivos de familiares y organizaciones sociales se encuentran en los correspondientes trabajos para su efectiva implementación. La actual administración deberá hacer todo a su alcance para que este mecanismo cuente con un grupo coordinador conformado por personas expertas, preferentemente en materia forense, y con la debida participación de las familias de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil. Como hemos venido atestiguando, el impulso que los colectivos de familias dan a la agenda de derechos humanos para implementar, por ejemplo, acciones concretas que atiendan las graves violaciones a derechos humanos, en particular las desapariciones, han generado una institucionalidad que ahora debe actuar en consecuencia. Tal es el caso del Sistema Nacional de Búsqueda. Resulta interesante que en este sistema se den cita instancias del Poder Ejecutivo, así como órganos autónomos, como es el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías locales de justicia, de las cuales se tiene grande expectativa de que presenten resultados más efectivos en materia de investigación. Será fundamental por ello, tal como lo ha comunicado el MNDM, contar con toda la participación, coordinación y voluntad de la FGR y de las fiscalías locales, para implementar adecuadamente, por ejemplo el Protocolo Homologado de Búsqueda, establecido por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Por último, en el contexto de este 30 de agosto, el MNDM ha impulsado una campaña denominada #LesQueremosDeVuelta, con la que pretende visibilizar, en medio de la pandemia, vigente en buena parte del país, las exigencias y demandas de verdad y justicia, como las que hemos mencionado hasta ahora. Nos solidarizamos con ella. Para conocer más de este esfuerzo, puede ingresarse al sitio https://cutt.ly/rffEEsR Hay que agradecer siempre el esfuerzo que cientos de familias de personas desaparecidas hacen para resistir la situación de violencia, organizarse y seguir buscando a sus seres queridos. En esta ardua tarea, y para nuestra esperanza, están generando la construcción de bases sólidas para un México con verdad y justicia.
Activismo por el medio ambiente en América Latina
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 22 de agosto de 2020 América Latina y el Caribe guardan en su historia acciones esperanzadoras en defensa de los bienes comunes,así como experiencias ejemplares en torno al cuidado de la naturaleza. Muchas de éstas son de resistencia y protección de la vida en todas sus formas frente a los reiterados intentos de despojo y violencia por parte de empresas nacionales o trasnacionales que lastiman los derechos y territorios de comunidades enteras. Desde hace décadas esta región del mundo ha estado al filo de la navaja en la disputa por la vida. Cada vez escuchamos con más frecuencia acerca de conflictos socioambientales, en los que efectivamente se pone en juego la transformación desde abajo y la posibilidad de avanzar hacia un paradigma basado en el respeto de la madre naturaleza. Para estos tiempos complejos de pandemia se hace deseable reflexionar sobre los retos que para el cuidado y defensa de la vida nos presenta el siglo XXI. Ayuda conocer de manera directa las experiencias de lucha de comunidades, pueblos, colectivos y organizaciones sociales, por los diversos medios con los que contamos, ya sean impresos, presenciales o digitales. Por ello, es una buena noticia comentar e invitar a la lectura de un nuevo libro sobre el uso alternativo y crítico de los derechos humanos en la defensa de los bienes comunes, medio ambiente y cuidado de la vida. Me refiero al texto Activismo, Medio Ambiente y Derechos Humanos en América Latina, editado por la Universidad de Cuenca, Ecuador, coordinado por Sandra Hincapié y Julio Teodoro Verdugo, que se puede descargar libremente en https://cutt.ly/Jfwnn4W. En él se contienen sistematizaciones de algunas de las luchas por los bienes comunes en el continente, en las que se apela a los derechos humanos como recurso de movilización y politización. Y por lo que se conoce, a través de las experiencias que se describen en sus textos, se hace un uso crítico del derecho, y se intenta usar el talante liberador de los derechos humanos, poniéndolos a prueba en la práctica misma. El libro se enfoca en América Latina, con casos de México, Ecuador, Colombia y Perú, todos ellos, luchas dignas de contarse, de retomarse, y de aprender de ellos para seguir en el camino de la transformación hacia un mundo más digno y justo, con armonía y equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Satisface que se comparta este libro, porque logra transmitirnos lo que comunidades y organizaciones sociales han avanzado en sus trabajos colectivos, al tiempo que nos invita a dialogar con otros grupos que buscan proteger el medio ambiente, la biodiversidad, el acceso al agua potable o sus derechos culturales y colectivos. Asimismo, el texto nos puede ayudar a seguir pensando y construyendo otras estrategias que podemos usar para continuar exigiendo nuestros derechos en su dimensión más colectiva, desde cualquier lucha en la que nos involucremos. De México, particularmente, se recogen experiencias muy significativas, como la que narra Irán Guerrero en torno a la defensa de los bosques en la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán. También se comparte la lucha por la defensa de la milpa y el maíz nativo, mediante acciones de justiciabilidad y exigibilidad, como la demanda colectiva contra el maíz transgénico, a través de un artículo de David Perlman y Carlos Ventura. Vale la pena conocer, en el caso del río Sonora, la defensa del derecho a participar en asuntos medioambientales, en la experiencia que nos cuenta María Julia Lamberti. Todas estas experiencias mexicanas se entretejen con otra media docena de textos de diversos países, cuyo eje común es la disputa por la vida, el cuidado de la naturaleza y la centralidad de los derechos humanos, vistos y usados como herramientas de emancipación. De la lectura de este texto surge un sentimiento de gratitud por el trabajo generoso realizado en estas luchas, y causa alegría saber que en estos esfuerzos en América Latina lo que importa y moviliza es cuidar el planeta, cuidarnos como personas y cuidar toda forma de vida. Hay que compartir, usar y difundir este material. Es necesario que se abran nuevas perspectivas, nuevas formas de entendimiento e intercambio de saberes en medio de una crisis tremenda: la crisis de la civilización. Hagámonos cargo de la realidad, carguemos éticamente con ella y encarguémonos de ella, pues hoy es innegable que el desastre medioambiental, ya tan presente en muchas regiones, nos exige cambiar el rumbo. No se puede postergar. Para ese cambio necesitamos aprender desde las vidas comunitarias, desde abajo, desde las experiencias sociales y populares. Este libro busca eso: comparticiones constantes entre quienes creen que otra realidad puede ser posible. Se requiere igualmente retomar los derechos humanos, evitando su sesgo antropocéntrico, intentando usarlos como herramienta útil para el cuidado de toda forma de vida.
Políticas públicas contra la trata
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 15 de agosto de 2020 Desde hace 10 años el Observatorio contra la Trata del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC (CAM) ha tenido el objetivo de analizar la legislación y la política pública que en materia de trata de personas (TdP) existe en diferentes entidades del país, bajo la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. El CAM realizó para el presente año el informe Legislación, política pública y trata de personas en Baja California, la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. La elección de las entidades del norte coincidió con que son territorios donde existe mucha migración interna e internacional. Sin embargo, llamó la atención que la TdP tiene allí más víctimas del propio país que del ámbito externo. Es decir, que la gente migra y es enganchada, sobre todo las niñas, adolescentes y jóvenes, por el desplazamiento forzoso, a causa de la violencia en sus estados, los megaproyectos o la pobreza. En todas esas entidades existe además la violencia por causa de la delincuencia organizada, que afecta directamente el fenómeno de la TdP y la impunidad. Por ejemplo, aunque existe un número de carpetas de investigación sobre trata en 2019 (Baja California tiene 17 carpetas; Ciudad de México, 194; Chihuahua, 44; Coahuila, siete; San Luis Potosí, 14 y Zacatecas, 24), el número de sentencias es mínimo: Ciudad de México 19 (10 condenatorias y nueve absolutorias); Chihuahua, siete; Coahuila, dos, y San Luis Potosí, una. De las otras entidades no se pudo obtener el dato debido a la falta de transparencia. La TdP es, pues, un delito que queda impune. En la mayoría de los estados analizados no se cubren, en efecto, los mínimos requisitos de política pública en la materia. Esto hace que la política nacional contra la trata no tenga la coherencia necesaria con las políticas de las entidades, y aún menos con la de los municipios. La mayoría de las comisiones o consejos interinstitucionales de los estados se han reunido pocas ocasiones, sin cristalizar su actuar en la elaboración del programa contra la TdPcon su respectivo presupuesto. En cuestión de albergues para víctimas de trata, sumamente importantes para su seguridad y reinserción en sus comunidades, sólo la Ciudad de México y Chihuahua tienen espacios gubernamentales. Las demás entidades carecen de ellos. Los únicos que tienen un fondo para la atención de víctimas de trata son Chihuahua y San Luis Potosí. La Ciudad de México, pese a la cantidad de casos existentes, no cuenta con un fondo específico. En un Estado neoliberal, todo se ha convertido en mercancía, y las niñas y las mujeres son las más afectadas en el negocio de la trata de personas. Los flujos migratorios y la pobreza se suman a los aspectos que posibilitan que este tipo de violaciones se presenten y tiendan a incrementarse en un contexto posCovid-19. Este informe evidencia que en la región norte del país prevalece un clima violento, en el que el Estado se encuentra debilitado por la presencia de la delincuencia organizada, así como por la corrupción que genera, lo cual dificulta las tareas de persecución, sanción y atención a víctimas de trata en todas sus modalidades. Hoy en día predomina en nuestro país una tradición que considera que los problemas públicos se resuelven con leyes. Esto es fundamental, pero no suficiente. Adentrarnos al análisis institucional y al monitoreo de políticas públicas permite incursionar en los procesos cotidianos del quehacer gubernamental donde recae, desde una perspectiva de derechos humanos, la capacidad garantista del Estado. Por todo esto el Informe recomienda: 1. Definir con claridad el problema de la TdP, en el que participen la sociedad civil y el Estado, 2. Generar sistemas de información que permitan crear un piso común para la coordinación interinstitucional y dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes de la ciudadanía, 3. Que las comisiones interinstitucionales den cuenta de su trabajo a través de informes periódicos y de mecanismos acordes con una perspectiva de gobierno abierto, 4. Diseñar, ejecutar y evaluar los programas especiales contemplados en las leyes estatales, 5. Estimar con claridad los recursos económicos destinados a la política pública sobre TdP, 6. Creación de albergues, refugios o casas de transición especiales para recibir y atender víctimas de trata, 7. Incrementar los esfuerzos institucionales y de coordinación de los gobiernos federal, estatales y municipales con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Objetivo 5 de la Agenda 2030, y 8. Abrir espacios de interlocución y colaboración gobierno-sociedad civil con el propósito de contar con diagnósticos, estrategias y mecanismos de contraloría para fortalecer las acciones que se vienen realizando.
Vacuna contra el Covid-19
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 08 de agosto de 2020 Según cifras de la Universidad JohnsHopkins, hasta hoy más de 18 millones de personas están contagiadas de Covid-19 en el mundo, y poco más de 700 mil han muerto. Recientemente México ocupó el tercer lugar de fallecidos a escala mundial a causa del virus, sólo detrás de Brasil y Estados Unidos. Ante este panorama se hace más importante la carrera científica por desarrollar una vacuna que prevenga y trate el contagio del Covid-19. Sin obviar que Rusia anunció que ya tiene una vacuna, los resultados son prometedores. Hasta el momento 10 proyectos en etapa clínica presentan avances notables, y por lo menos tres de ellos se encuentran en fase tres, lo cual significa que pronto se aplicarán en miles de personas, antes de que pueda determinarse la seguridad y efectividad de una de ellas. Y así, luego de que se superen todas las pruebas, se iniciará un proceso de aprobación por parte de autoridades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y reguladoras a escala nacional, como el Consejo de Salubridad General en México, y con ello su producción y distribución a gran escala. Sin embargo, la complejidad de esta carrera no sólo implica ir a contrarreloj para desarrollar una vacuna contra el Covid-19, sino también una serie de dilemas que han de ser problematizados y resueltos desde la bioética y los derechos humanos. De esta manera surge una pregunta crucial, ¿quiénes tendrán acceso a la vacuna, especialmente en una coyuntura de crisis multifactorial y recursos escasos? Por tanto, es fundamental definir grupos prioritarios para la vacunación contra el Covid-19, cuya delimitación habrá de justificarse mediante criterios razonables, proporcionales, objetivos y transparentes y, a su vez, considerando el respeto, protección, promoción y garantía de tres derechos en juego: a la vida, a la salud y a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones. De acuerdo con la resolución 4/2020, titulada Derechos humanos de las personas con Covid-19, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27 de julio (https://cutt.ly/ndIaJcr), en el contexto de la pandemia los estados deben velar por la accesibilidad y asequibilidad de las aplicaciones tecnológico-científicas que sean fundamentales para garantizar los derechos a la vida y a la salud. La misma resolución considera que el derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones en el campo de la salud, exige que los estados adopten, de forma participativa y clara, medidas dirigidas al acceso a las vacunas. Así, en medio de un escenario donde éstas no podrán aplicarse en una primera fase a todas las personas, parece conveniente que la medicación se distribuya a los siguientes grupos de atención prioritaria: personal de salud de primera línea; enfermos de Covid-19; adultos mayores; personas con predisposiciones o comorbilidades y aquellas que estén expuestas a un contacto humano significativo. Ahora bien, si históricamente se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas en situación de calle o en pobreza, resulta aún más indispensable defender y proteger los derechos en juego de estos grupos. Todo lo anterior plantea numerosos desafíos, los cuales deben ser considerados desde ahora. En función de esto, a principios de julio la OMS y la Organización Panamericana de la Salud anticiparon una serie de retos para los estados, entre los que destacan aspectos técnicos y logísticos, como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; el número de dosis a administrar, para lograr una protección adecuada; su seguridad y efectividad, y la preparación de la infraestructura y componentes claves para su distribución (https://cutt.ly/kda9NO5). Pueden, asimismo, presentarse otros desafíos, como la formulación de leyes y guías para evitar el acaparamiento de vacunas por parte de algunos países, tal y como sucedió durante la pandemia de gripe A/H1N1, en 2009, y con ello eliminar discrecionalidades y arbitrariedades por parte de autoridades y particulares que puedan violar derechos humanos durante su proceso de producción y distribución. Retomando unas palabras de la doctora María de Jesús Medina Arellano, se necesitará una fuerte coordinación, solidaridad y cooperación internacional entre diversos actores para el desarrollo, producción y distribución de la vacuna contra el Covid-19. Entre ellos, desarrolladores, reguladores, encargados de la formulación de políticas públicas, inversionistas, organismos de salud pública, gobiernos y sociedad civil. Saludamos los esfuerzos de quienes están involucrados en el desarrollo de la vacuna para prevenir y tratar el Covid-19. Los llamamos a adoptar una perspectiva de derechos humanos para distribuirla de manera justa y equitativa, y de esta forma garantizar su acceso en condiciones de igualdad y no discriminación.
