Los feminismos ¿una opción política?
Los feminismos ¿una opción política? Resulta absurdo observar cómo a pesar de todos los aportes que han heredado los feminismos, hoy en día sigue existiendo un fuerte estigma hacia éstos y hacia las personas que se asumen como feministas. 22 de junio de 2017 Por: Diana López y Zuleyma Ramos La dignidad en nuestras manos A lo largo de cuatro siglos los feminismos se han posicionado como un movimiento revolucionario, construido desde diversos frentes y distintas corrientes políticas. En este movimiento podemos encontrar puntos de convergencia que logran colocar al centro del análisis a las mujeres y logran evidenciar que el sistema patriarcal genera relaciones de poder asimétricas entre nosotras y los hombres. Además, es este mismo sistema patriarcal el que históricamente ha colocado a las mujeres y otras corporalidades feminizadas en condiciones de vulnerabilidad. Aunado a ello los feminismos han cuestionado los privilegios que otorga el sistema patriarcal a su sujeto hegemónico, asimismo cuestiona la manera en cómo se articula con el capitalismo, el colonialismo, el antropocentrismo y otros sistemas opresores. Por ello, si hablamos y luchamos por la eliminación de la violencia hacia las mujeres no podemos dejar de señalar que la opresión no sólo está motivada por cuestiones relacionadas con el género sino que pertenecemos a determinada clase social, a determinada etnia y a determinada cultura. Resulta absurdo observar cómo a pesar de todos los aportes que han heredado los feminismos, hoy en día sigue existiendo un fuerte estigma hacia éstos y hacia las personas que se asumen como feministas. En el imaginario social sigue prevaleciendo la idea de que “los feminismos buscan anular a los hombres” y que ahora las mujeres queremos obtener el poder sobre ellos. De igual manera, los diferentes movimientos y luchas sociales se rehúsan a reconocer que los aportes de los feminismos se han convertido en luchas ganadas para los derechos de las mujeres. Ante ello y ante la alarmante realidad en la cual vivimos, es preciso seguir sumando fuerzas desde los feminismos para transformar dicha realidad. Sin embargo no podemos hacerlo si no miramos con ojo crítico el desarrollo de los mismos. En primer lugar es importante tomar en cuenta que las corrientes de los feminismos son amplias y sus demandas diversas, por lo que uno de sus grandes retos es generar puentes, abrir espacios de diálogo entre feministas y mujeres de los movimientos sociales, de luchas locales, mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres de otros sectores, en fin, es preciso que todas las mujeres nos escuchemos las unas a las otras evitando diálogos en los cuales se intente imponer quién vive más violencia que la otra, pues el enemigo no está entre nosotras, el enemigo está en el patriarcado. Por otro lado es imprescindible insistir en la construcción y el ejercicio de la sororidad como principio político y ético feminista, pues éste no existe sólo por nombrarlo; es fundamental generar alianzas políticas entre las mujeres frente a los sistemas que nos quieren individualizadas, fragmentadas, aisladas y rotas. Además, es necesario seguir apoyando y defendiendo la autonomía de los espacios de mujeres dentro de las organizaciones políticas y de los procesos organizativos, como estrategia política. Es importante reconocer que los derechos de las mujeres no son privilegios, son logros ganados. Por ello es importante que todo movimiento sume otros logros ganados para fortalecer el suyo. En ese sentido no podemos hablar de derechos de las mujeres sin un desmontaje del patriarcado; éste es un ejercicio que los hombres, principalmente, tienen que asumir como un compromiso. Por lo anterior y para finalizar, estamos convencidas de que sin la opción feminista como una crítica y una praxis política y ética integrada a nuestros procesos políticos, difícilmente podremos incidir en esta crisis que es mundial y que es civilizatoria. *Diana López Santiago y Zuleyma Edain Ramos colaboran en el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C. (@CDHVitoria). Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Después de los estragos… La amenaza del fracking Militarización, ¿más que balas y cuarteles? Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedó a su suerte) Vicisitudes para 2015 Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! Un manual de investigación para defender derechos humanos Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo
Líneas de acción para una visión de futuro
Líneas de acción para una visión de futuro Sábado 17 de junio de 2017 Miguel Concha Recientemente la Comisión Episcopal para la Pastoral Social dio a conocer una serie de reflexiones y compromisos éticos y pastorales que vale la pena conocer, ante lo que califica con razón como la múltiple emergencia humanitaria que enfrenta México. Para los obispos que encabezan las siete dimensiones en las que está organizada la pastoral social de la Iglesia católica en el país, nos enfrentamos a una emergencia humanitaria, política, económica y social, que en general afecta a toda la nación, y en particular a sus diferentes regiones, y cuya profundidad contribuye incluso a la caída de símbolos y esperanzas, modelos y narrativas. Para estos obispos, que declaran querer ver de frente la realidad, para actuar conforme a su conciencia, e identifican como el mayor desafío el cambiar las injusticias, la corrupción y las violencias, vengan de donde vengan, la situación de México requiere cambios estructurales profundos, fruto del diálogo y la no imposición, que deben ir a la raíz de las problemáticas y no ser solamente respuestas coyunturales. Convocan por ello a todas las personas cercanas y adversarias a responder desde ya, mediante el diálogo y la colaboración, a esta crisis multidimensional, con el fin de contribuir a una sociedad, una economía y una política transformadas. Para ello se comprometen y proponen tres líneas de acción clave para responder con visión de futuro: construir una vida en paz y propiciar el diálogo en México y con los demás pueblos; una nueva economía para un verdadero desarrollo, y construir una política al servicio del pueblo. Por lo que se refiere a la primera línea de acción, en su documento establecen que no es con más violencias, guerras o supresión de libertades como se sientan las bases para la paz, sino que se tiene que actuar con verdad y justicia, y cambiar los modelos económicos, políticos, sociales y culturales, en función del respeto a los derechos humanos personales y colectivos. Los obispos proponen y se comprometen entonces a ampliar también el diálogo de nuestra sociedad con las sociedades del mundo exterior, en particular a nivel latinoamericano, y con Estados Unidos y Canadá. A nivel latinoamericano, para colaborar unidos y luchar para que no existan muros ni militarizaciones entre comunidades hermanas, ante la urgencia de las respuestas en favor de los migrantes. A nivel de Estados Unidos y Canadá, para avanzar juntos en la resolución de nuestros problemas comunes. Y a escala mundial, para que México trate de integrar en el desarrollo todos los elementos que lo hacen verdaderamente tal, frente al dominio de una visión unilateral, las divisiones y las guerras entre naciones, las desigualdades y las luchas. Y a propósito precisamente de una nueva economía para un auténtico desarrollo, el documento –que con el papa Francisco rechaza una economía que mata, y sí en cambio acepta una economía que incluya a los pobres y use las ganancias para crear comunión– subraya la urgencia de la acción solidaria de todos para propiciar la cohesión social, ante la emergencia del empobrecimiento de comunidades y regiones que dependen de las remesas. Plantea igualmente que el debate actual sobre el salario mínimo debe verse con carácter de urgencia, exhortando al mismo tiempo a las empresas y grupos privilegiados a la responsabilidad social. “Todos tenemos que contribuir ante las dificultades con creación de trabajo –afirma–, especialmente cada empresario cristiano, que no debe ser un mero homo economicus, un autómata que reacciona a estímulos, sino “un ciudadano responsable que goza de sus ganancias para el bien común. Hoy la creación de empleos dignos con salarios decentes y la reactivación de la economía interna –expresa– son un imperativo”. El documento se refiere igualmente al consumo con responsabilidad social, mediante una vida sobria y la adquisición de productos mexicanos, así como a la prioridad que debe darse al campo para recuperar nuestra seguridad alimentaria, por un deber de justicia actual y una deuda acumulada durante años con nuestros campesinos e indígenas, a quienes no se les ha dado su parte. Sobre la renegociación de los tratados económicos, en especial el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo con la Unión Europea, el documento –que recuerda que cuando el primero se negoció con severas asimetrías, se propició que en nuestro país hubiera sectores ganadores y sectores olvidados y perdedores–, pide que se hagan con sumo cuidado, y que en una nueva negociación los pobres no pueden volver a quedar abandonados. Mejor aún, se tiene que prevenir y compensar a quienes entonces resultaron afectados. Los tratados –señala también con razón– deben contribuir al bienestar especialmente de los pobres y no exacerbar la desigualdad, llevando a un mundo más pacífico”. Y añade que durante la negociación deben estar vigilantes ciudadanos representantes de las naciones implicadas que defiendan los derechos de los pobres, los pueblos originarios y el cuidado de la creación, mediante mecanismos de participación y diálogo entre iguales. Y a propósito de la construcción de una política al servicio del pueblo, el documento subraya la necesaria participación activa y libre de todos los ciudadanos en los procesos electorales, actuando siempre con honestidad y exigiendo honestidad por parte de todos los participantes, con una ética civil común para todos los mexicanos. Pide por ello que se exija que programas y personas estén comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la prevención de las violencias (en especial contra los comunicadores y defensores de los derechos humanos), el sufrimiento de todas las personas víctimas de estas violencias, y la superación urgente de la pobreza y las desigualdades lacerantes. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar
Simulación e impunidad en Tlaxcala
Simulación e impunidad en Tlaxcala Sábado 10 de junio de 2017 Miguel Concha Durante décadas hemos vivido en México un desvío de poder del Estado generado por la globalización capitalista, en el cual lo más importante son las ganancias sin respeto alguno por la vida. Ante ello diversas organizaciones civiles a lo largo y ancho del país han asumido la responsabilidad de luchar por ella, y por mostrar la violación sistemática de los derechos humanos, la simulación, la impunidad y la violencia que se vive en México. El trabajo de estas organizaciones es fundamental para generar contrapesos a las lógicas de explotación y muerte que intentan imponerse desde el poder. Una de estas organizaciones es el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local de Tlaxcala, que en mayo pasado conmemoró su 15 aniversario. El religioso dominico Julián Garcés, nombrado por Carlos I de España y V de Alemania protector de los indios, fue en 1525 el primer obispo de la Nueva España en Tlaxcala, y defendió la condición humana de los indígenas y sus derechos. Por ello, ante hechos graves de violación a derechos humanos, incluyendo daños a la salud por la contaminación del río Atoyac y el delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, el centro que lleva su nombre surgió del diagnóstico realizado por comunidades católicas congregadas en la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala en 2002. El Fray Julián, como cariñosamente lo llaman, con su trabajo cotidiano con las comunidades sigue construyendo la vigencia de los derechos humanos y de la dignidad de los pueblos como herramienta transformadora. Acompañando a colectivos y organizaciones, ha logrado en estos años reconocimiento público, incluso de algunas autoridades que no han podido más que reconocer la veracidad de sus denuncias ambientales y sociales. Además, su labor ha sido fundamental en la adecuación de marcos legislativos y en la elaboración de políticas públicas que aún hoy los gobiernos locales se niegan a aplicar de manera integral. Gracias a este trabajo constante, ha puesto igualmente de manifiesto el desinterés de los gobiernos por enfrentar los problemas, y su falta de compromiso por aplicar estrategias que combatan la impunidad y la simulación, pues así como las autoridades se dicen preocupadas, también omiten actuar para darles solución. La perseverancia del Fray Julián logró que en marzo pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera la recomendación 10/2017 por la violación a derechos humanos ocasionada por la contaminación del río Atoyac, tolerada durante décadas por el Estado. La recomendación por cierto ratifica las denuncias de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, colectivo formado para exigir el saneamiento del río y la atención a la crisis de salud en la cuenca. Ambas organizaciones pudieron demostrar que desde hace 25 años existen evidencias sobre la presencia de contaminantes altamente tóxicos, varios de ellos potencialmente cancerígenos, que repercuten no sólo en la calidad del agua, sino en la salud de las personas que habitan en su ribera, en muchos casos provocando su muerte. Al afirmar por primera vez que la exposición crónica de la población a los tóxicos presentes en un río la hace susceptible para contraer enfermedades graves, como cáncer o insuficiencia renal –situación que habían negado sistemáticamente las autoridades del sector salud–, esta recomendación es de relevancia nacional. Obliga además a elaborar un plan de saneamiento emergente, en el que resultará crucial que se permita participar activamente a las comunidades afectadas, para no repetir las simulaciones anteriores. En relación con la trata de mujeres y niñas, que no se ha logrado erradicar, el Fray Julián ha demostrado igualmente la prevalencia de la impunidad y la simulación de la autoridad, pues aún teniendo el marco legislativo y de política pública contenida en la Estrategia Estatal contra la Trata y su Plan, este delito se ha incrementado. Pasó de estar presente en 23 municipios en 2008, a 35 en 2014. Además, de 200 denuncias interpuestas entre enero de 2011 y diciembre de 2016, sólo 13 alcanzaron sentencia. Tan graves son los impactos nacionales de las redes de trata de mujeres y niñas, que en agosto de 2016 se presentó, ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la primera solicitud de alerta de violencia de género en el país que hace referencia a la trata, para algunos municipios de Tlaxcala, por violencia sexual y trata de mujeres. Debido a esta solicitud, se han hecho también recomendaciones al gobierno estatal, mismas que aceptó en noviembre de 2016, pero que en su afán por responder mediáticamente, simula y también retrocede en el respeto de los derechos humanos, exhibiendo además su desconocimiento de los principios pro persona, de convencionalidady progresividad, como lo evidencia la presentación de la iniciativa para derogar la Ley para Prevenir la Trata de Personas, pues plantea la reelaboración de una política pública que existe desde 2011 y que aún no se aplica y evalúa. Plantea igualmente obligaciones para el gobierno estatal y municipal que desde hace varios años ya están claramente establecidas en la ley general en la materia, y violenta el principio de progresividad, al pretender reducir la participación de la sociedad civil en el Consejo Estatal contra la Trata. Al igual que con otras redes defensoras de derechos humanos, y el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, celebramos la existencia y permanencia del Centro Fray Julián Garcés, reconocemos su lucha frente a problemáticas reales, y nos sumamos a sus justas demandas para que los gobiernos garanticen el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a vivir libres de explotación sexual. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Centro Fray Julián Garcés Entradas relacionadas: Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don
Revisión del TLCAN y participación social
Revisión del TLCAN y participación social Sábado 03 de junio de 2017 Miguel Concha Es de tal dimensión la situación actual de crisis en la que nos ha colocado el sistema capitalista en su fase neoliberal que pone en riesgo toda forma de vida en el planeta. La liberalización de las economías y la refuncionalización de los estados, al servicio de las grandes corporaciones, son elementos que han sido plasmados y positivizados en instrumentos internacionales que regulan el libre comercio entre países. Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el primero de enero de 1994, el mismo día que, por cierto, se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional contra el mal gobierno. A más de 20 años de su instrumentación, las consecuencias han sido desastrosas. Hoy vemos la manera en que, durante décadas, México se ha vuelto aún más dependiente de Estados Unidos, pues se ha dejado de lado la soberanía nacional y se ha sustituido más bien por una relación integral subordinada, cada vez más preocupante y mayor. Este año, y debido a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se anunció la renegociación del TLCAN, bajo el supuesto de que es un tratado comercial que no ha beneficiado a Estados Unidos. Imagínense qué ha pasado con México si el gobierno de Trump piensa que es un mal tratado para su país. Urge entonces voltear a ver sobre todo hacia las comunidades indígenas y campesinas, las y los trabajadores, y las juventudes, quienes han visto y vivido el despojo y la precarización de sus vidas. Esto probablemente ayudaría a Trump para mirar que sus propias actividades empresariales han causado efectos nocivos en nuestros territorios, y, entonces sí, cambiar todo, pero de raíz, estructuralmente. La pretendida renegociación ha despertado de nueva cuenta el interés de redes de redes –como diría don Pablo González Casanova– de organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México, para discutir las consecuencias del TLCAN, pero también para proponer nuevas alternativas de integración y cooperación internacional. Y por ello en el Palacio de Medicina de la UNAM en la Ciudad de México se dieron cita los pasados 26 y 27 de mayo poco más de cien organizaciones trinacionales, con el propósito de reflexionar sobre los resultados de este tratado. El encuentro convergió en que primeramente los efectos de este acuerdo son negativos; que la realidad de los países no mejoró, sino que por el contrario, empeoró, y que solamente se han visto beneficiadas empresas trasnacionales y algunos grupos económicos y políticos en el poder. Esta primera coincidencia entre las organizaciones nos lleva a pensar entonces sobre la conveniencia de mantener el TLCAN o no. ¿Por qué mantener un tratado que ha sido negativo para los tres países? ¿Conviene modificar algunos de sus contenidos, o cambiarlo todo sobre otras bases y otros principios que guíen las relaciones comerciales entre países? Mediante una declaratoria (https://goo.gl/lTW0cw ), las organizaciones de México fijaron su postura en dicho encuentro, y aseguraron contundentemente que el modelo de relación comercial que promueven acuerdos como el TLCAN afectan el cuidado del medio ambiente y la conservación de los bienes comunes; y que, por el avance descontrolado de la frontera agroindustrial, ese libre comercio ha estimulado la deforestación, el aumento en la generación de desechos tóxicos, la contaminación del agua, y el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros impactos que se miran casi como irreversibles. Para nuestro país es indudable el bajo crecimiento económico durante varias décadas. Por el contrario, se registra un creciente desempleo y una clara precarización del empleo; expansión de la pobreza; aumento de la desigualdad y de la exclusión social; profundización de las asimetrías económicas y sociales entre nuestros países, y un crecimiento de la migración forzada en condiciones indignas e inseguras. Las organizaciones de los otros dos países también se posicionaron expresamente sobre la inconveniencia del TLCAN, y es a partir de aquí desde donde podemos construir juntos, en un diálogo trinacional, posibilidades y propuestas concretas, de cara a la tan mentada renegociación. Es claro que el TLCAN y el modelo económico que lo inspiró no funcionaron ni cumplieron con sus promesas de un supuesto desarrollo y bienestar más equitativo. Entonces se hace urgente cambiar todo de raíz, sabiendo que ya no aguantamos más este sistema. Al término del encuentro, las distintas organizaciones regresaron para trabajar en concretar las acciones que en cada país y trasnacionalmente realizarán frente a sus tres gobiernos. Aunque para este proceso es fundamental fomentar la participación social amplia y plural, pues, como bien se dijo al final de esta reunión, ello fortalecerá y generará mayor legitimidad y fuerza entre la sociedad civil, para hacer frente a la renegociación del TLCAN. Éste será seguramente uno de los muchos esfuerzos trinacionales que buscarán revertir la amenaza que representan Trump y su gobierno para la región de Norteamérica y el mundo. Por ello convocaron también a los pueblos de los tres países para encontrarse en la construcción de un movimiento amplio y diverso que construya estrategias y propuestas de interlocución política. Todo ello con miras a lograr mayor incidencia en la reorientación de la globalización, las políticas públicas y la construcción de alternativas de desarrollo basadas en el cuidado de la naturaleza y de toda forma de vida, y en el que los beneficios de estas relaciones comerciales lleguen a todos los grupos sociales por igual. Los esfuerzos de las organizaciones sociales se centran, sí, en exigir mayor transparencia y participación en el proceso de revisión del TLCAN, aunque sabiendo que se necesita otro modelo de comercio. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Steven Taylor Entradas relacionadas: Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras
Libertad de realización y justicia
Libertad de realización y justicia Sábado 27 de mayo de 2017 Miguel Concha Con ocasión del vigésimo aniversario de la desaparición física del ingeniero Heberto Castillo Martínez, desde el pasado 5 de abril de exhibe en la Sala de Temporales del Memorial del 68, en el Centro Cultural Universitario-Tlatelolco, el histórico cuadro titulado La universidad en Lecumberri, que el ingeniero pintó en 1970, durante su injusta reclusión como prisionero político del movimiento del 68, del 13 de mayo de 1969 al 13 de mayo de 1971. En un lienzo de 152.5 por 102.2 centímetros, el ingeniero Castillo se pintó con maestría junto con sus 10 compañeros de la crujía M del Palacio de Lecumberri. En él aparecen bien identificadas las figuras de un churrero de la época, un campesino, dos trabajadores ferrocarrileros, tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dos estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, un abogado laboral, y con modestia su propia figura en un rincón del cuadro. En su plasticidad, pues, toda una expresión gráfica de las personas y luchas reprimidas en aquellos tiempos, y de las prioridades que el propio ingeniero les otorgaba en su compromiso moral y político. El cuadro será próximamente donado a la pinacoteca de la UNAM por la fundación que lleva su nombre, que preside con gran acierto y dedicación la maestra Teresa Juárez Carranza, su infatigable compañera de toda la vida, una vez que esté terminado el protocolo que asegure la donación. Son muchas las cualidades éticas que podemos relevar del ingeniero Castillo, todas ellas luminosas para los tiempos que corren, comenzando precisamente por su convicción de que de ninguna manera están reñidas la ética y la política. Pero para mí sobresale por el ejercicio responsable y a toda prueba de la libertad; la búsqueda inclaudicable de la verdad; el respeto y apertura a las opiniones de los demás; la tolerancia y la solidaridad; el compromiso apasionado por la justicia; la constante lucha por la democracia; la defensa insobornable de la soberanía nacional; el ejercicio de la política como servicio público, y el establecimiento y consolidación de la paz. Y como añade José Luis Hernández Jiménez –un fiel compañero y seguidor del ingeniero hasta su muerte–, en su libro Cuando correteábamos utopías, sobresale también por haber hecho esfuerzos especiales y honestos para unir a la izquierda, esfuerzos que desde la propia izquierda, siempre tan miope y egoísta, le han regateado, como le regatearon muchas otras cosas. Como expresa el mismo José Luis Hernández, el ingeniero Castillo fue un ser humano algo especial, ya que tuvo una vida intensa como ingeniero civil, científico, inventor, pintor, dibujante, amante de las matemáticas, periodista, líder de opinión, empresario, escritor, político congruente de izquierda, conferencista y demás. Le quedaría ciertamente muy corto referirnos a él como un renacentista mexicano. Fue más bien, como expresó el maestro Julio Scherer, en el mensaje que envió al homenaje que se le rindió el 12 de abril de 1997 en el Palacio de Bellas Artes, un hombre para los demás, cuyos restos mortuorios se encuentran ya, con toda justicia, en la Rotonda de Personas Ilustres. Y como también dice Hernández Jiménez, una persona que alrededor de veinte horas diarias escribía, calculaba en su pequeña computadora, dibujaba, daba entrevistas, asistía a reuniones, leía, esculpía, pintaba, atendía su despacho, supervisaba obras, estudiaba, atendía a su familia, daba conferencias, viajaba, recibía llamadas y amenazas, en fin… (p. 80). Un maestro universitario que constantemente recordaba a sus alumnos de la UNAM que nuestros héroes, a quienes estudiaba con ahínco y seguía con devoción, no fueron ni burros, ni huevones (sic), por lo que tenían que dedicarse al estudio y a la transformación de su sociedad. Pero quien mejor interpretó el talante ético y político de Heberto Castillo fue nuestro notable filósofo y amigo Luis Villoro Toranzo, articulista de La Jornada, y el otro hermano de Heberto, como expresa también José Luis Hernández (p. 487), quien en el mismo homenaje en Bellas Artes expresó que la popularidad de Heberto entre la gente se debía en primer lugar a su decisión de decir siempre No “a la falsedad que rige en la sociedad; No a la corrupción y a la injusticia que la corroe; No a toda situación, cualquiera que ésta sea, donde se muestre la mentira social. “Sobre la capacidad de negación –añadió– está la decisión de convertir la propia vida en testimonio de la verdad que se afirma”. Y a que esperaba que el partido se guiara siempre por el principio histórico de unir a la izquierda, no por una doctrina o sumisión a un líder, sino por la fidelidad a las grandes corrientes que expresaron los anhelos de justicia del pueblo, los de las comunidades indígenas, los trabajadores y los desempleados urbanos; los estudiantes y científicos, y los pequeños empresarios al borde de la ruina; en síntesis, las múltiples manifestaciones de la sociedad civil ( cfr. p. 490). Así como por el principio ético de la libertad de realización, un concepto que el maestro Villoro desarrolló admirablemente después en las conferencias que dictó en 2003 dentro de la Cátedra Alfonso Reyes, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y publicó después en su pequeña obra titulada De la libertad a la comunidad. Algo que descubrió en la actuación del ingeniero Castillo: Antes que en una ideología que se pretendía científica, el nuevo partido debería basarse en la reivindicación de valores olvidados, pero que siempre fueron el patrimonio de la izquierda: la libertad y la justicia ante todo; pero no sólo la libertad de cada quien de opinar, pensar y elegir su propia vida, sino la libertad de poder realizar lo que se elige (pp. 488 y 489). Y esa libertad se finca en la justicia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Fundación Heberto Castillo A.C. Entradas relacionadas: La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la
La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica
La Anuee y el derecho a la energía eléctrica Sábado 20 de mayo de 2017 Miguel Concha El pasado 17 de abril cientos de personas marcharon de la Estela de Luz hacia las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Paseo de la Reforma 164. La marcha concluyó con un plantón que continúa con carácter indefinido a las afueras de dicha sede. Quienes realizaron esas acciones fueron mujeres, hombres, personas jóvenes, adultas y adultas mayores, principalmente de la ciudad y el estado de México, pertenecientes a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee). Luego de que el gobierno de Felipe Calderón decretó en 2009 la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro –que implicó el lanzamiento al desempleo de 44 mil electricistas y que la CFE asumiera sus tareas y la prestación del servicio–, miles de mexicanas y mexicanos vieron que sus recibos de luz empezaron a llegarles con saldos realmente absurdos, elevadísimos e impagables, sin relación alguna con su consumo. Fueron los llamados cobros locos. Esta situación se agravó con la privatización del sector energético puesta en práctica en la contrarreforma de agosto de 2013. Desde entonces se confirma la errónea política energética instaurada por el gobierno federal, en la que identificamos que no se consulta a la ciudadanía, se imponen reformas privatizadoras y se violentan derechos humanos elementales. Para defenderse de estos cobros excesivos nació la Anuee hace poco más de siete años. Se trata de una organización independiente, integrada de manera libre por ciudadanos y ciudadanas. Una de sus primeras acciones fue promover quejas masivas contra la CFE por esos cobros abusivos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Sin embargo, los agravios de la CFE contra las personas usuarias no se limitan a los cobros excesivos y arbitrarios, pues la empresa ha emprendido una serie de medidas encaminadas a fiscalizar, vigilar y hostigar a las personas usuarias, tales como la instalación de medidores de prepago sin su consentimiento y la sustitución de la red de líneas de cobre por aluminio, llegando incluso al extremo de abrir procesos penales contra quienes se oponen a estos actos o contra quienes se oponen, mientras no se resuelva su queja ante la Profeco, a pagar el servicio de energía eléctrica. En estos años la Anuee ha avanzado no sólo en la cantidad de miembros y organización: también ha avanzado en la compresión del problema que busca resolver y en la construcción de soluciones. La Anuee ya no lucha solamente contra cobros excesivos, lucha también por el reconocimiento de la energía eléctrica como derecho humano. Para que el derecho humano a la energía eléctrica sea elevado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna a rango constitucional, su planteamiento a la sociedad y al Estado pone de nuevo en el centro del debate que los bienes y recursos de nuestro territorio deben ser para bien de los pueblos y comunidades que habitan en él. El movimiento social de la Anuee merece, pues, reconocerse. La fuerza y la relevancia social y política que ha construido confirma que debemos apostar a la organización social para luchar por que nuestras necesidades básicas sean reconocidas por el Estado como derechos humanos y no como mercancías. La energía eléctrica por sí misma cuenta con los elementos necesarios para ser considerada dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), que se relacionan directamente con las necesidades básicas de toda la humanidad para vivir con dignidad. Tenemos entre ellas la alimentación, el agua, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la cultura y el medio ambiente sano. Los Desca, como los derechos civiles y políticos, deben ser también respetados, protegidos, promovidos y garantizados por el Estado, según señala el artículo primero constitucional. Además, por su naturaleza, deben contar con disponibilidad; asequibilidad, tanto física como económica, y calidad adecuada y adaptabilidad cultural. La energía eléctrica se ha convertido en una necesidad para la vida digna de las personas, las familias y las comunidades. Se necesita para el estudio, el trabajo, la conservación de alimentos y medicamentos, las comunicaciones y la seguridad. De ninguna manera una persona debe verse compelida a elegir entre comer el pan de cada día o pagar la luz. De ninguna manera se debe privar de los Desca a nadie por ninguna razón, menos por razones económicas. La lucha de la Anuee muestra vivamente cómo se construye y reconoce un nuevo derecho humano y confirma que los derechos humanos, todos, son producto de las luchas de los pueblos. No se necesitan concesiones de los de arriba. La Anuee lleva un mes en plantón y reclama toda nuestra solidaridad a sus demandas: reconocimiento del derecho humano a la electricidad; tarifa social justa; borrón y cuenta nueva a los adeudos generados desde 2009; empleo digno para la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro; cobertura en todo el territorio nacional de manera adecuada, asequible y respetuosa de las costumbres de comunidades y pueblos, y, finalmente, renacionalización de la industria eléctrica. Su lucha no es sectorial, es de todos y todas, pues todos y todas usamos la energía eléctrica. Este artículo se escribe también en memoria del compañero Gerardo Mata Mendoza, quien falleció la madrugada del 29 de abril en el plantón de la Anuee víctima de un paro cardiaco. Pese a su delicada salud, pues padecía diabetes, Gerardo Mata se entregó a la lucha con alegría y entusiasmo. Ofreció su vida para conquistar un derecho más para el pueblo mexicano. Pongamos el hombro a la lucha de la Anuee para que su sacrificio no sea en vano. Hoy sabemos que la lucha de esta asamblea de usuarios y usuarias es ya un referente de defensa colectiva de derechos humanos y un aliento para continuar en la construcción de un país digno y en paz. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Facebook Entradas relacionadas: Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada
Derecho al agua y al saneamiento en México
Derecho al agua y al saneamiento en México Sábado 13 de mayo de 2017 Miguel Concha El señor Léo Heller, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, tuvo la oportunidad, durante los pasados 10 días de su visita oficial a México, de observar, escuchar y documentar la situación que guardan estos dos derechos objeto de su mandato en nuestro país. Por el primero, toda persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico. Y por el segundo, también toda persona, sin discriminación, tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, proporcione intimidad y garantice la dignidad. Su visita cobra especial relevancia, debido a la constitucionalización en 2012 del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en México, incluidos en el párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución. Más todavía por los intentos de aprobar una Ley General en la materia, que contraviene estos derechos y pretende poner en manos de privados la gestión de tan importante líquido. Discusión que en México lleva por lo menos un año, además de que, en un contexto nacional de derechos humanos sumamente complejo y doloroso, ha sido escasa la atención a los graves problemas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), tanto por parte de las autoridades, como por los organismos públicos de derechos humanos, e incluso por el escrutinio internacional, pues en 20 años han sido sólo cuatro las visitas sobre los Desca. Por ello, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua; el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos; la Alianza mexicana contra el fracking; la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos; el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Red de Género y Medio Ambiente; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos; el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, y un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, especializadas en estos temas, se articularon con grandes expectativas de cara a la misión del señor Heller, y se dieron a la tarea de elaborar un informe conjunto sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, que puede consultarse en http://bit.ly/2q66vG2. El documento analiza críticamente, tanto las cifras oficiales que aparentan una amplia cobertura de servicios, como el marco jurídico y el modelo de gestión hídrica en el país, al tiempo que expone los siguientes problemas y obstáculos estructurales para la realización de estos derechos. Efectos negativos de los procesos de privatización; impactos de la reforma energética, el extractivismo y los megaproyectos; obstáculos para la justiciabilidad de esos derechos; criminalización de las personas, comunidades y organizaciones en el contexto de la defensa del agua en México, y discriminación e impactos diferenciados de las violaciones a estos derechos en la población. Asimismo, las organizaciones y redes reportan haber documentado y entregado al relator una compilación de 72 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento ocurridas en 16 entidades federativas, dando con ello cuenta de las acciones y omisiones de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, que constituyen severos incumplimientos del Estado mexicano a estos derechos. Adicionalmente a la información que por escrito le presentaron, la articulación de organizaciones y redes prepararon reuniones sobre temas de especial preocupación, como la contaminación de fuentes de agua; los impactos de la privatización, y los desafíos legislativos y obstáculos para el acceso a la justicia. Propusieron y acompañaron además al relator en recorridos de campo a las localidades de las tres entidades que decidió visitar: Veracruz (municipio de Filomeno Mata y ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Papantla), Ciudad de México (barrios de las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco) y Chiapas (colonia en Tuxtla Gutiérrez y comunidades de El Manzanillo y El Duraznal en el municipio de San Cristóbal de las Casas). En dichos lugares pudo constatar la precariedad de las condiciones de vida de la población por la falta de cumplimiento cabal de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Pudo también escuchar directamente los testimonios de mujeres y hombres afectados, así como dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales durante las audiencias de casos que se efectuaron en el contexto de esas visitas. Si bien la problemática nacional es más amplia y compleja de lo que pudo observar y escuchar este relator especial a lo largo de 10 días, la experiencia vivida en nuestro país sin duda le ha proporcionado un panorama bastante ilustrativo que, al contrastarlo con la información obtenida en las reuniones y diálogos con las autoridades, le ayudará a arribar a algunas conclusiones y a formular recomendaciones puntuales al Estado mexicano, que han de ser incluidas en su informe de misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre próximo. Las y los defensores de los Desca, y en particular los defensores de los derechos al agua y al saneamiento, tienen puesta su atención y esperanza en dicho informe, pues seguramente será una herramienta valiosa para el gran trabajo que aún queda por hacer, con el fin de impulsar medidas efectivas para la atención y solución de los actuales problemas y desafíos, y prevenir muchos más. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : CIDH Entradas relacionadas: Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada
Militarización, ¿más que balas y cuarteles?
Militarización, ¿más que balas y cuarteles? La militarización es un proceso que no se limita a que soldados y marinos estén fuera de los cuarteles, sino a la adopción de una lógica de guerra que se estructura también en los valores más íntimos y subjetivos. 05 de mayo de 2017 Por: Carla Lovera y Jorge Aguilar La dignidad en nuestras manos En los últimos meses hemos presenciado el esfuerzo de múltiples grupos políticos para imponer la Ley de Seguridad Interior y otras iniciativas relativas a la seguridad pública que destapan la voluntad estatal de profundizar y legalizar un modelo de seguridad, que como nos hemos pronunciado diversas organizaciones en múltiples mensajes, es en sí mismo contrario al respeto y protección de los derechos humanos y a los valores de una sociedad democrática. La militarización que denunciamos no se limita a las iniciativas que con ambigüedades pretenden legalizar la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, sino a la voluntad de instalar la lógica belicista —que funciona a partir de la figura de un enemigo interno a eliminar— en la actuación de las policías civiles, las retóricas de varios medios de comunicación y los organismos de procuración de justicia, entre muchos otros espacios. Las autoridades han insistido en la última década en reforzar la figura del crimen organizado y el narcotráfico como “el enemigo” a abatir. Los resultados de la actuación de las fuerzas de seguridad, militares o civiles, en este contexto nos hace vislumbrar a ese presunto enemigo como un sujeto presente en todas partes y en ninguna, lógica que ha llevado al Estado mexicano a luchar contra su propia población, alejando sus operaciones del clásico enemigo exterior para dirigir sus balas contra cualquier persona que encuadre en su opaca definición de amenaza o que se encuentre en el lugar y momento equivocados. De ello han dado cuenta múltiples estudios de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Belisario Domínguez, así como informes de organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos que describen cómo la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública ha concluido en el uso de balas en lugar de investigaciones tendientes al esclarecimiento de hechos. La asimilación del personal y las técnicas militares por las autoridades civiles ha llegado al punto de priorizar el uso de la fuerza máxima sobre cualquier otra alternativa de combate al crimen. Por otra parte, ante la supuesta excepcionalidad de la situación, las agencias de investigación tienden a sustituir el debido proceso y los procedimientos legales y científicos por prácticas recuperadas y naturalizadas en contextos de guerra como la tortura, el acoso y el abuso sexual, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales; es decir, se sistematizan las violaciones a los derechos humanos. Sin duda el gobierno no es responsable de todos los actos de violencia, pero la escalada de la misma sí es atribuible de manera segura a su estrategia que coloca en el centro la muerte y no la justicia. De esta forma, la militarización es un proceso que no se limita a que soldados y marinos estén fuera de los cuarteles, sino a la adopción generalizada de una lógica de guerra, basada en prácticas de control territorial, material e informático a través de cualquier medida antes que la implementación de una política pública de prevención y sanción del delito. La militarización de la sociedad en sus formas más explícitas normaliza la violencia y prácticas contrarias a la dignidad humana. En su alcance más sutil pero igual de trascendente que lo anterior, se estructura también en los valores que constituyen lo más íntimo y subjetivo de la sociedad; ejemplo de ello son las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien días después del ataque ocurrido en el Colegio Americano del Noreste anunció la creación de preparatorias militarizadas para “arreglar” a las y los jóvenes que en sus palabras, “no hacen caso de sus padres”. La apuesta del Estado por la militarización implica la imposición de valores como la obediencia sin crítica, la violencia como la ruta para el tratamiento de las problemáticas cotidianas, la misoginia fáctica, la comprensión del “ellos” y nosotros enfrentados e irreconciliables. Con la misma laxitud que las iniciativas de Ley de Seguridad Interior, la lógica militar define como amenazas a la seguridad del Estado a los movimientos y a las colectividades que cuestionan el orden hegemónico. ¿No es cuestionable el uso de la fuerza letal cuando es claro que la problemática de la violencia en México responde a más factores, como la pobreza y la desigualdad, que la mera desobediencia a la autoridad? ¿De verdad la única alternativa que tienen las autoridades es fortalecer y legitimar una lógica que promueve el orden monolítico, el fortalecimiento de las jerarquías, el no cuestionamiento a las realidades y el debilitamiento de formas más horizontales de participación y articulación ciudadana para la resolución de conflictos? Es necesario seguir dialogando en torno a las alternativas y horizontes que existen y defendemos desde la pluralidad de voces que nos imaginamos una paz sostenible, con justicia, una paz digna construida desde las comunidades y los barrios, que respete el territorio y la cultura de los pueblos, que reconozca a las y los jóvenes como sujetos de derechos y no como pasivos a merced de la criminalidad, que elimine la violencia sistemática contra las mujeres en lugar de aumentarla. El próximo sábado 6 de mayo desde el Centro Vitoria proponemos un espacio para encontrarnos, seguir dialogando sobre el tema y generar nuevas posibilidades para lograr la paz. El Foro: Militarización y Juventudes se llevará a cabo en el Centro Universitario Cultural (Odontología 35. Col. Copilco-Universidad) desde las 11 de la mañana, la entrada es libre. Más información en nuestra página web y redes sociales. *Carla Lovera y Jorge Aguilar colaboran en el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C. (@CDHVitoria). Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: La historia
Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX
Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Sábado 29 de abril de 2017 Miguel Concha El pasado miércoles apareció en diversos medios de comunicación virtuales e impresos, y en la página 12 de La Jornada, un pronunciamiento suscrito por 161 organizaciones, movimientos y colectivos de la sociedad civil –entre ellas de defensa de derechos humanos, vecinales, urbano populares, etcétera–, y por más de 150 personas –académicos, intelectuales, artistas, escritores y dirigentes de organizaciones civiles y sociales–. Su propósito es bastante explícito: denunciar la forma concertada como diversas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre la recientemente aprobada Constitución de la CDMX. Si uno contrasta estas acciones promovidas por el Ejecutivo federal –que además de carecer de fundamento jurídico, ponen en riesgo la credibilidad de algunas instituciones, como la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debiera ser siempre su activo principal–, con las opiniones sobre la Constitución de la Ciudad vertidas por organismos de las Naciones Unidas, como la Unesco y la Comisión Económica para América Latina, y más recientemente por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que alaban enfáticamente el avance en el reconocimiento y protección de los derechos humanos, en la promoción de políticas públicas para poder realizarlos concretamente, y en la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos y en el control del gobierno en ese texto, uno no puede menos que preguntarse por qué las opiniones del gobierno federal son tan diametralmente opuestas a las de estos organismos, que gozan de tanto prestigio en la opinión pública internacional. El texto promovido por ciudadanos y colectivos expresa una hipótesis, al señalar que se trata de un intento de freno conservador al avance de los derechos y la democracia en la Ciudad de México, y, por lo mismo, se convierte en un freno a cualquier avance en el régimen político del país. Ciertamente el temor a que se multiplique en las distintas entidades la innovación política en la vida pública de la capital, y a que también se vuelva una exigencia de actualización de la Constitución del país, es algo que puede preocupar a una perspectiva conservadora de la política. Si así fuera, uno no puede dejar de preguntarse cómo un gobierno que presume de ser altamente modernizador en la economía, puede con su discurso y su práctica, altamente conservadores, no conciliar con la política. Es claro entonces que la perspectiva del ex presidente Salinas de Gortari sigue imperando. Cuando se le preguntó al final de su gobierno por qué había hecho la apertura económica sin hacer la correspondiente apertura política, respondió utilizando el ejemplo de la caída de la Unión Soviética, afirmando que ese hecho demostraba que no podía haber perestroika (modernización económica), al mismo tiempo que glasnost (transparencia política). Habrá que reconocer que en ese aspecto quienes en ese tiempo y ahora detentan el poder gubernamental en el país, tienen razón, pues no se pueden hacer reformas económicas impopulares y a la vez aceptar el avance de la democracia. Ésta terminaría con aquéllas, y por ello todo avance democrático les resulta incómodo. A la anterior hipótesis puede sumarse otra, que antes que contradecirla, es más bien una de sus consecuencias. Uno de los principales obstáculos a la garantía de los derechos humanos en el país son las graves deficiencias en la impartición de justicia. El capítulo correspondiente en la Constitución de la CDMX estableció correctivos bastante claros a las tendencias prevalecientes, pues propone terminar con el control que el Poder Ejecutivo ejerce sobre el Judicial –control real, aunque algunos le llamen eufemísticamente autonomía–, toda vez que es quien propone al Legislativo los magistrados que ha de confirmar. La Constitución de la Ciudad establece que estas propuestas al Legislativo tienen que estar a cargo de un cuerpo colegiado, seleccionado por un grupo de ciudadanos electos por el Legislativo, a partir de las propuestas de centros de educación superior y organizaciones de la sociedad civil, ambos de reconocido prestigio. Con lo cual también se termina con el sistema de reparto de posiciones entre los partidos políticos. Es claro que habrá quienes tengan razón en suponer que perder el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial puede ser riesgoso para sus intereses. A pesar de ello, y contrariamente a lo que han venido sosteniendo algunos opinadores, con la convocatoria a la sociedad civil que realizan los grupos de ciudadanos que promovieron este pronunciamiento a defender la Constitución, queda claro que sí hay ciudadanos interesados en continuar la democratización de la ciudad. Para ello proponen informar a la opinión pública internacional sobre estas supuestas acciones concertadas de inconstitucionalidad y controversia que atentan claramente contra la democracia y contra los derechos humanos; argumentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la figura de derecho internacional amicus curiae, y sobre todo informar más ampliamente a toda la sociedad acerca de los contenidos, implicaciones, beneficios y ventajas para su convivencia de la Constitución de la CDMX, pues revertir la situación artificial creada es tarea tanto del gobierno como de la sociedad civil. Ello no obstante, esta última ha dado ya un paso decisivo en el necesario proceso de defensa, y a ello estamos convocados todos los que aspiramos a que los derechos y la democracia sean los pilares de nuestra vida pública. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ·júbilo·haku· Entradas relacionadas: Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX
Biodiversidad amenazada
Biodiversidad amenazada Sábado 22 de abril de 2017 Miguel Concha Una vez más, la voz de las comunidades indígenas y campesinas se está silenciando, mientras el vínculo ancestral que guardan estas comunidades con la custodia de la biodiversidad es estratégico para el desarrollo nacional, la seguridad, la soberanía alimentaria y la salud en general de la sociedad. Más todavía en un país megadiverso, como México, en el que se reconocen sus beneficios para las generaciones actuales y futuras, y donde cada vez somos más conscientes de que, como seres humanos, debemos aprender a convivir armónica y respetuosamente con la madre Tierra. Resulta que al calor del debate que se tendría antes y durante la conferencia de las partes, COP13, sobre Convención de Diversidad Biológica, que se realizó en Cancún en diciembre pasado –de la que me ocupé en La Jornada ampliamente el 7 de enero–, el 25 de octubre de 2016 se presentó en el Senado una iniciativa de Ley General de Biodiversidad. Qué paradoja, que apenas pasada la discusión al final del año, ahora se acelere la aprobación de su dictamen en Comisiones Legislativas, antes de que el periodo ordinario legislativo termine el 30 de abril. El proyecto que se discute busca integrar en un sólo ordenamiento lo relativo a la biodiversidad, previsto en el Título Segundo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que incluye las áreas naturales protegidas y las zonas de restauración, flora y fauna silvestre. Pretende asimismo aplicar los preceptos del Protocolo de Nagoya, tan cuestionados en la COP 13, e integra también en este ordenamiento la Ley General de Vida Silvestre. Toda esta sumatoria se convierte en normas administrativas para la distribución de competencias concurrentes en dichas materias; pero se deja de lado el pleno reconocimiento y protección de los derechos a la biodiversidad y su conservación, que sin embargo se atribuyen con un sesgo antropocéntrico a las y los ciudadanos. ¿Qué esconde este proyecto de dictamen? Organizaciones académicas y de la sociedad civil, como la Caravana de la Diversidad Biocultural y otras, han expresado con argumentos sólidos, y desde su experiencia, su rechazo a este proyecto y a la premura con la cual se la quiere aprobar. Resaltan como alarmantes algunos aspectos. Por ejemplo, que la propuesta de ley omite derechos humanos reconocidos en el artículo primero de nuestra Constitución, y contraviene acuerdos internacionales de derechos humanos y en la materia, como el Convenio de Diversidad Biológica, y, en específico, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Por otro lado, la materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural: genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes, en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Además, este proceso legislativo adolece de mecanismos de difusión y debate de forma amplia, democrática y plural, en las diferentes lenguas de los pueblos y comunidades indígenas; y no otorga el debido tiempo para garantizar su participación efectiva. Urge una amplía deliberación más allá del Congreso, en la que las voces de los guardianes ancestrales de la biodiversidad, es decir, los pueblos campesinos e indígenas, sean debidamente escuchados, ya que ellos han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común; lo cual les permitió generar, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica fondos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semidomesticados, plantas medicinales, conocimientos tradicionales y formas simbólicas de apropiación de territorios. La iniciativa afecta además gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y echa por tierra el reconocimiento de México como un Estado pluricultural, basado en su conformación diversa y en el reconocimiento de derechos. Al proponer una política pública destinada a regular el ordenamiento territorial, las actividades productivas, y el uso de los recursos naturales en una amplia porción de los territorios, donde habitan los pueblos indígenas, sin haber efectuado la más mínima consulta, pasa en efecto por alto el artículo 2 de la Constitución, que establece claramente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Violenta igualmente los derechos establecidos en la fracción IV de ese mismo artículo, que establece la obligación del Estado a preservar, enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad; así como la fracción V, que define el derecho a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, y la fracción VI, que instituye su derecho al respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, establecidas en la Constitución, así como al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades. En resumen, lo que se propone en el Poder Legislativo se inclina a la explotación comercial de los recursos genéticos y de sus conocimientos asociados, dejándolos a disposición de lo que se denomina biopiratería, una práctica de las empresas privadas interesadas en la bioprospección, sin contemplar mecanismos reales para evitar privatizaciones y garantizar su conservación. Dicho proceso debe suspenderse hasta que se conozcan las opiniones de diversos sectores de la sociedad, mediante un amplio debate nacional que incluya, de manera prioritaria, a los pueblos indígenas y comunidades campesinas en México. Un agravio más a los pueblos campesinos e indígenas es inadmisible. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Bandelier Entradas relacionadas: En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras
