Ciudadanizar la Constitución
Ciudadanizar la Constitución Sábado 9 de enero de 2016 Miguel Concha i no ocurre algún desacuerdo entre los principales partidos políticos, será un hecho que en febrero de 2017 la ciudad de México tendrá su propia Constitución. Al contrario de lo que algunos han sostenido, sí ha habido un sector de la ciudadanía que se ha interesado en este asunto desde tiempo atrás. Interés que se expresó en diálogos públicos en las universidades, publicaciones en los medios, entrevistas con legisladores, pronunciamientos de organizaciones sociales y civiles. Incluso en la elaboración de una iniciativa de reforma constitucional asumida por cuatro senadores de diversos partidos, quienes la presentaron formalmente al Senado en noviembre de 2013. Única iniciativa, por cierto, que, contrariamente a las reglas parlamentarias, no fue considerada en el dictamen que dio paso a la reforma de la Constitución General de la República para dotar de Carta Magna al hasta ahora DF. Algunos medios se interrogan sobre la utilidad que esto pudiera tener para el ciudadano común. La referida iniciativa de las organizaciones propuso tres asuntos fundamentales que han estado en la agenda de la ciudadanía: 1) la centralidad de la garantía de todos los derechos humanos como eje de la Constitución de la ciudad; 2) establecer los instrumentos de democracia directa y democracia participativa para la más amplia intervención ciudadana en los temas que le afecten, y 3) que el proceso de elaboración, discusión y aprobación del texto constitucional fuera en sí mismo participativo, desde la conformación del órgano que lo elaborara y discuta, hasta su aprobación final en un referendo constituyente. ¿Cuál sería entonces la utilidad? Ni más ni menos que la ciudadanía pueda definir el tipo de ciudad y de gobierno que convenga a sus intereses. Desafortunadamente esta esperanza está a punto de frustrarse por el temor a la profundización de la democracia que tienen los partidos representados en el Congreso federal, y por la cortedad de miras de los poderes que de factointervinieron en la elaboración de las reformas constitucionales. El primer error cometido, que más bien habría que calificar de afrenta, es pretender tutelar a la ciudadanía de la capital, al introducir una absurda proporción de 60 por ciento de diputados constituyentes electos por la sociedad, y 40 por ciento designados por los poderes ya constituidos, llegándose al extremo de eliminar la división de poderes, al convertir a los poderes ejecutivos federal y local en legisladores constituyentes por medio de sus representantes. Seis de cada uno de ellos. Como consecuencia de este desatino, lo que se tendrá son grupos parlamentarios con dimensiones construidas artificialmente, y no como producto de la voluntad de los electores. Además, con la composición establecida por el Congreso para la asamblea constituyente, el partido gobernante en el país tiene asegurado, aunque los votos ciudadanos en la capital no le favorezcan, el grupo de diputados constituyentes más grande. De paso esta fórmula asegura de hecho que en los años venideros el tema dominante de la agenda electoral de la ciudad sea la construcción de la coalición legislativa, que en años posteriores pueda realizar los cambios en la Constitución de la ciudad de México, que el capricho federal le niega ahora. Situación absurda, si se supone que un texto constitucional es para el largo plazo. Pero no toda esperanza está perdida. Aún es posible rectificar para lograr que esta sea ocasión para consolidar la democratización de la vida pública, y con ella la construcción del bienestar de sus habitantes, y la legitimidad de las instituciones políticas. La fórmula de la rectificación es simple de enunciar: ciudadanizar el proceso de elaboración de la Constitución, lo cual se puede hacer en tres frentes simultáneos. 1) Persuadir a los partidos políticos y a los ejecutivos federal y local, para que en sus listas incorporen a especialistas y personas con liderazgo social, como lo expresaron diversas organizaciones en un desplegado publicado en La Jornada el 8 de diciembre para avanzar, en vez de retroceder, en la democracia participativa. Sabemos que en múltiples espacios académicos y sociales existen personas que reúnen las características mencionadas. Qué mejor que ellas fueran las opciones que tuviera la ciudadanía, y que se reforzaran con las designaciones que hicieran el Presidente y el jefe de Gobierno. 2) Influir en la elaboración del proyecto de Constitución. La reforma constitucional aprobada por el Congreso federal, en proceso de aprobación por los congresos locales, señala como facultad exclusiva del jefe de Gobierno elaborar el proyecto de texto que será discutido por la constituyente. De paso habrá que decir que es muy probable que buena parte de este texto se mantenga en la versión final, puesto que nuestro constituyente local tendrá escasos tres meses para conocer, discutir, consultar y aprobar la Constitución de la Ciudad. Este mandato de las reformas aprobadas no es lo mejor, pero también no hay que dejar pasar la ocasión para que la ciudadanía participe en la elaboración del mencionado proyecto. Ya el mismo día de la aprobación en el Senado de los cambios constitucionales, un senador le pidió al jefe de Gobierno abrirse a la participación ciudadana, y esta misma semana Miguel Ángel Mancera convocó a la ciudadanía a participar. Sin embargo, para que esta convocatoria sea efectiva, será necesario crear el instrumento y el método idóneos para que la creatividad social se exprese y sea realmente tomada en cuenta. Sabemos que en múltiples espacios partidarios de la sociedad civil y de la academia se están produciendo propuestas para el texto constitucional. Se requiere una instancia que a su vez cuente con participación de ciudadanos, y que de manera transparente y sujeta al escrutinio público encauce ordenada y eficazmente las iniciativas de la sociedad. 3) Se necesita también que la sociedad lleve adelante campañas informativas y deliberativas en todos los rincones de la ciudad, para que los ciudadanos hagamos nuestra la Constitución; y que se cree la coalición de fuerzas necesarias para impulsar las propias iniciativas sociales, con la capacidad para hacer pagar los costos de no abrirse a aquello en lo
Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán
Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán Las comunidades situadas en el municipio de Huitzilan, Puebla, han padecido por muchos años el acoso y los ataques constantes a su integridad como pueblos indígenas y campesinos. Su integridad física, espiritual y cultural está en grave riesgo. Por poco más de 4 décadas, el control territorial de grupos político-partidistas, como Antorcha Campesina, les ha mantenido en una dinámica de opresión y exclusión. 06 de diciembre de 2015 Por: Asminda Navarro González/Carlos A Ventura Callejas Las comunidades situadas en el municipio de Huitzilan, Puebla, han padecido por muchos años el acoso y los ataques constantes a su integridad como pueblos indígenas y campesinos. Su integridad física, espiritual y cultural está en grave riesgo. Por poco más de 4 décadas, el control territorial de grupos político-partidistas, como Antorcha Campesina, les ha mantenido en una dinámica de opresión y exclusión; generación tras generación han visto cómo sus derechos humanos les han sido conculcados, debido a prácticas autoritarias y violentas imbricadas en los malos gobiernos sin conciencia alguna sobre sus obligaciones para con los derechos de estos pueblos, y agravada por el uso de grupos, como Antorcha Campesina, para imponer esta situación. El actual régimen olvida frecuentemente que en junio de 2011 tuvo lugar en México la reforma constitucional en derechos humanos, la cual cimenta en el texto constitucional el respeto a la dignidad de las personas y pueblos. Amplió también su protección, ya que contempla no solamente las disposiciones de derecho interno, sino aquellas que más beneficien a la persona, sean normas de derecho interno o internacional. En este sentido, el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversas obligaciones en materia de derechos humanos para las autoridades. En primer lugar les impone, en el ámbito de sus competencias, las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En concordancia con estas primeras obligaciones, la parte final del Artículo 1 menciona que “en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En México, los derechos humanos se han orientado para proteger a las personas de los abusos del Estado, pues éste ostenta cierto poder que le fue delegado. Sin embargo, nos preguntamos si en la actualidad, y con base en relaciones histórico políticas, existen casos que especifiquen aún más la complejidad que alberga la protección amplia de la dignidad de las personas. Si revisamos la legislación, vemos que la Ley General de Víctimas establece como violación de derechos humanos, no solamente la que comete alguna autoridad, sino incluso un “particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público” (artículo 6). Sobre esto mismo, el artículo 1 de la Ley de Amparo menciona que se protegerá a las personas también por actos de particulares equivalentes a la autoridad. Ahora bien, con base en las reformas constitucionales y la expedición de las respectivas leyes reglamentarias en materia de derechos humanos, se ha comenzado a describir también la figura de non State actors, entendidos como actores que violan derechos humanos. Es decir, en casos donde se registran graves violaciones a derechos humanos, identificamos también que algunos de los actores son distintos al Estado, y que en sus relaciones con particulares, ejercen algún poder político, económico o social; por ello, es necesario limitar el ejercicio de este poder, de tal forma que la dignidad de los pueblos siempre prevalezca con paz y justicia. En el ámbito internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), del cual México es parte, ha responsabilizado a los Estados internacionalmente debido a la actuación de actores privados o non State actors en supuestos como: la imputación de actos o acciones de personas jurídicas (morales o físicas) que lesionen derechos, se equiparen a instituciones de carácter público o a personas con capacidad estatal. También, cuando a través de sus autoridades actúan con complicidad o aquiescencia respecto de afectaciones a los derechos humanos de las personas causadas directamente por particulares o non State actors. Asimismo, si omiten prever, de manera diligente, ilícitos cometidos por non State actors. Y por último, cuando no garanticen que particulares no discriminen a terceros. Para el caso específico de Huitzilan de Serdán, Puebla, las comunidades son objeto constantemente de violaciones a sus derechos humanos por parte del grupo particular (non State actor) denominado Antorcha Campesina, quienes tienen presencia política importante en la región, y regularmente usan las agresiones, amedrentamientos y ataques físicos contra las y los habitantes, con la finalidad de conservar sus intereses particulares, todo ello, a decir de las personas que allí habitan, en colusión con los tres niveles de gobierno. De acuerdo con la documentación realizada, y con el testimonio de miembros de las comunidades indígenas afectadas, Antorcha Campesina es un grupo que ejerce presión sobre comunidades enteras, y hoy se sabe que también es una de las estructuras más poderosas afiliadas a algunos partidos políticos, como el Partido de la Revolución Institucional (PRI). Por tal razón, quienes pertenecen a esta agrupación son protegidos por las autoridades, y los delitos que cometen quedan en total impunidad. Resulta sumamente preocupante la situación de violencia física y sicológica de la que han sido objeto las y los pobladores de Huitzilan de Serdán por parte de esta agrupación política. Por ejemplo, en 2003, se denunciaron los homicidios de más de 150 indígenas en este municipio y del municipio de Xochitlán de Suárez, en poco más de 3 décadas; en la actualidad, la situación no cambia; por el contrario, se agrava. En Huitzilan, alrededor del 89 por ciento de la población que conforma el municipio son personas indígenas, en su mayoría nahuas, a quienes se les discrimina de manera recurrente, no les escucha ni respeta. Hasta la fecha no existe un procedimiento adecuado y, en su caso, la sanción correspondiente contra los miembros de Antorcha Campesina y/o las autoridades que tengan responsabilidad en esta
Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres
Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes
Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes La disminución del impuesto a las bebidas azucaradas atenta directamente contra la salud de los niños, niñas y adolescentes mexicanos, pues de acuerdo a la ASA y los estudios internacionales que se han presentado en esta coyuntura, este tipo de bebidas están especialmente dirigidas a ese público. 29 de octubre de de 2015 Por: Miguel Concha La dignidad en nuestras manos A través de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) sabemos a detalle en las dos últimas semanas acerca de las modificaciones a la Miscelánea Fiscal 2016 que se impulsaron en la Cámara de Diputados para reducir el impuesto que se había logrado implementar a las bebidas azucaradas el año pasado, gracias al trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil. Consideramos que la disminución de ese impuesto a las mencionadas bebidas atenta directamente contra la salud de los niños, niñas y adolescentes mexicanos, pues de acuerdo a la ASA y los estudios internacionales que se han presentado en esta coyuntura, este tipo de bebidas están especialmente dirigidas a ese público. En efecto, en evidente complicidad con las empresas refresqueras, la Cámara de Diputados aceptó que se redujera en un 50 por ciento el impuesto implementado a aquellas bebidas azucaradas que contuvieran 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, cuando lo recomendado por expertos nacionales e internacionales es que dicho impuesto se suba 20 por ciento por encima de lo que estaba estipulado. En palabras de Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor (EPC), es urgente evidenciar que “los diputados y las diputadas se han aliado con la industria refresquera para bajar el impuesto, atentando en especial contra la salud de los niños en México, en un país en que las y los niños tienen una de las más altas cifras de sobrepeso y obesidad en el mundo. Se estima que uno de cada tres niños mexicanos nacidos a partir del 2010, desarrollará diabetes en su vida, y los diputados y diputadas están contribuyendo a ello. Los legisladores y legisladoras están actuando a favor de las refresqueras y en contra de la salud de la población, especialmente de los niños pequeños”. Esta pretendida reducción del impuesto a bebidas azucaradas hace que éstas sean más accesibles para niñas, niños y adolescentes, lo cual incentiva que las consuman de manera cotidiana. Las y los legisladores obvian reconocer y hacerse cargo de la obligación de proteger los derechos de todas las personas, en particular ahora los derechos a la salud y la alimentación; y conforme a nuestra Constitución el Estado mexicano en su conjunto tiene la obligación de proteger de terceros que atenten contra la dignidad y bienestar de las personas. Paradójicamente desde el año 2014 ya se había logrado que se implementara un impuesto a las ya mencionadas bebidas; política que ha sido aceptada por el Estado mexicano para promover y proteger el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes del país. Sobre la base del riesgo que las empresas productoras de alimentos y bebidas provocan con sus cabildeos y conflictos de intereses a la salud de los mexicanos y mexicanas, denunciamos en ese entonces cómo estas grandes corporaciones logran que el Estado se mantenga casi al margen en cuanto a la regulación de sus productos, a la distribución de los mismos y a sus técnicas publicitarias; ahora nuevamente lo hacemos. Siguiendo este tenor, pareciera que las empresas refresqueras y los diputados federales se proponen ahora también echar por tierra este logro ciudadano, única medida lograda con esfuerzo para regular la venta de las ya mencionadas bebidas, que constituía un avance en la procuración del derecho a la salud y a la alimentación de las personas. De acuerdo a la Sociedad Latinoamericana de Nutrición Capítulo México, el impuesto implementado el año pasado logró reducir en un 6 por ciento el consumo de dichas bebidas, reduciendo a la larga los índices de diabetes que ya son alarmantes dentro del país, y que ya representan un gasto mayúsculo para el sector salud. Aunque un 6 por ciento pudiera parecer una cifra muy pequeña, cabe mencionar que el incentivar por medio del impuesto en cuestión que los niños y niñas consuman menos bebidas azucaradas, a la larga evita que ellos y ellas se vuelvan consumidores regulares de las mismas conforme van creciendo, reduciendo así el riesgo de padecer diabetes y/o sobrepeso con los años; de tal manera que a largo plazo se reduce el índice de adultos afectados por dichos padecimientos. Así, en vista de que la nueva iniciativa pone en riesgo la salud y la buena alimentación de la población mexicana en general; de la victoria lograda hace un año respecto a la regulación de los precios de las bebidas azucaradas, y de la ya alarmante situación de las mexicanas y los mexicanos que padecen de los males relacionados con las mismas, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestamos nuestro total desacuerdo ante tales modificaciones a la miscelánea fiscal. Sabemos que al momento que se publica este artículo el Senado de la República modificó oportunamente la adición hecha por los diputados; sin embargo, y conforme al proceso legislativo, ahora regresa a la Cámara baja, donde deberá aprobarse la minuta enviada por el Senado. Estemos alerta para que bajo ningún pretexto se ponga en riesgo de nueva cuenta la salud de las infancias y juventudes en México. Y por ello Organizaciones de la Sociedad Civil dirigimos la siguiente Carta a los representantes del Poder Legislativo Federal. Además, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición Capítulo México lanzó una petición en Change.org para recoger firmas ciudadanas que muestren el descontento con la reducción del impuesto a las bebidas azucaradas recién aprobado por el Legislativo Federal. Participemos. *Miguel Concha Malo es Director General del Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria» O.P. A.C. Consultar en Animal Político. Imagen destacada (modificada) : Orlando Entradas relacionadas: Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX La historia de
México ante el escrutinio internacional
México ante el escrutinio internacional 18 de octubre de 2015 Por: Miguel Concha Uno de los mensajes que compartió el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al cierre de su visita a México, fue que en lugar de matar al mensajero nos enfoquemos en el mensaje. Esta frase engloba dos situaciones particulares. Por una parte, las reacciones que ha tenido el gobierno en contra de las personas que en lo individual o de manera colectiva han cuestionado las políticas y acciones que claramente están en contra de la seguridad jurídica y la integridad física y sicológica de las personas que viven y/o transitan por territorio mexicano. Las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso del sistema de justicia penal en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que exigen justicia y verdad es el mejor ejemplo de ello. Y por otra parte describe la respuesta del gobierno después de que dos de los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU visitaron al país y dieron a conocer sus conclusiones y recomendaciones preliminares: el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, y el relator Especial sobre la Tortura. De este último, incluso se puso vergonzosamente en tela de juicio su ética y profesionalismo. La historia se repitió después, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las observaciones preliminares de su visita, con las que se ratificó la grave crisis de derechos humanos, sustentada por los altos niveles de impunidad y corrupción. Con estas reacciones, el mensaje que está dando el gobierno no sólo en México, sino a nivel internacional, es que su política exterior en materia de derechos humanos es la “negación de la realidad” y una simulación de “apertura al escrutinio internacional”. Y esto porque se invita a organismos internacionales y regionales a visitar el país y observar el estado que guardan los derechos humanos; pero cuando emiten sus informes finales, se les cuestiona, rechaza y descalifica. Lo que sí es real y palpable para la sociedad y el mundo es que México vive una crisis generalizada de derechos humanos, situación que fue confirmada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su mensaje final, respaldando así las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, y la visita de la CIDH hace unos días, en las que los temas centrales fueron igualmente las desapariciones forzadas, las ejecucionesextrajudiciales y la tortura, así como la inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia, la impunidad y la situación de las y los periodistas, las defensoras y defensores de derechos humanos, y la de otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. Otros argumentos utilizados por altos funcionarios del gobierno consideran las conclusiones como aisladas, no actualizadas y alejadas de la realidad. Al respecto, es importante recordar y reconocer el importante trabajo histórico de visibilización de la realidad que han realizado personas y organizaciones de derechos humanos cuando se denuncia la situación, por ejemplo, de personas migrantes ejecutadas o desaparecidas durante su tránsito por México; por lo que esos argumentos no tienen ni fundamento ni sentido. Con la esperanza de que la historia no se repita, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares presentaron ante el Alto Comisionado un panorama sobre el estado que guardan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en México. Los temas de preocupación que le expresaron en ese encuentro fueron desde el impacto de la implantación de las llamadas reformas estructurales hasta las desapariciones de personas y ejecuciones extrajudiciales, pasando obviamente por la denuncia constante de problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, la impunidad y la corrupción, haciendo especial énfasis en la falta de voluntad política y la incapacidad institucional del Estado para investigar, juzgar y llevar ante la justicia a los responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos, bien sea por parte de autoridades, crimen organizado o inclusive de empresas que operan en connivencia con el Estado. Las organizaciones civiles enfatizaron también la importancia de crear una comisión internacional e independiente contra la impunidad y la corrupción en casos de violaciones graves a derechos humanos en México, como ocurrió recientemente en Guatemala. En su declaración final, el Alto Comisionado reconoció sin ambages los avances normativos que ha tenido y puede seguir teniendo el país –con la participación activa de la sociedad civil– en materia de derechos humanos; pero por otra parte reflexionó sobre la “venenosa combinación de miedo, ambición e impunidad crónica que están sufriendo millones de personas en México, y que una vez fraguada es difícil de eliminar”. Por ello enfatizó en cuatro medidas iniciales claves: 1. Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país, para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo. 2. Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía, para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza. 3. Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública. 4. Ejecutar las recomendaciones del GIEI, y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves. Otro de los temas que fue abordado en la reunión con las organizaciones de la sociedad civil fue el papel de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en un contexto de problemáticas estructurales, donde se requiere el apoyo del gobierno en líneas como la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las víctimas. Se espera que de cara al seguimiento a estas importantes visitas, la respuesta del gobierno sea de humildad y construcción de una ruta positiva de trabajo, que contemple a organizaciones, periodistas, academia, víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, así
Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia
Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia Para destrabar el conflicto del Parque Reforma Social no basta con la buena voluntad de los nuevos funcionarios y la disposición de los dueños de llegar a una negociación, es indispensable hacer cumplir la ley. En primer lugar la ambiental y de protección a la tierra, que prohíbe cambios de uso de suelo en áreas verdes como parques con el fin de evitar la especulación inmobiliaria. 09 de septiembre de de 2016 Por: Johana Sánchez Rojas La dignidad en nuestras manos caret-down caret-up caret-left caret-right “En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos”. Gandhi En 2011 Animal Político abordó el caso del Parque Reforma Social, un predio ubicado entre las colonias Lomas de Chapultepec y Reforma Social que desde el 26 junio de 2010 pretende ser destruido para dar paso a un condominio de SEIS torres con mil 200 departamentos de lujo. Durante cinco años, la Asamblea de Vecinos por la Defensa del Parque Reforma Social ha realizado una lucha social por la conservación de este pulmón de la ciudad, pero la situación que vive el parque es aún compleja. Los supuestos propietarios del parque presentaron dos amparos: el 532/2013 y el 873/2014. El primero busca el cambio de uso de suelo y está pendiente su resolución; el segundo, contra el proceso de expropiación, y ya fue sobreseído. Ambos tramitados en el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Las acciones llevadas a cabo por la delegación Miguel Hidalgo, desde el arranque de la administración de Víctor Hugo Romo Guerra, han sido hacia la recuperación del inmueble a través de la expropiación o la compraventa. Cabe mencionar que entre las instancias involucradas destacan Consejería Jurídica y dicha delegación, las cuales consideraron llevar a cabo la expropiación como primera opción. Para ambos se requería contar con recursos; fue entonces que la diputada Gabriela Salido, en noviembre de 2013, propuso, mediante punto de acuerdo, la creación de un Fideicomiso público para la adquisición del parque por cualquiera de las dos vías mencionadas. En diciembre de 2014, el entonces delegado Víctor Hugo Romo Guerra aseguró que ya se contaba con un fideicomiso por 100 millones de pesos para la adquisición definitiva del Parque e incluso prometieron expropiar el predio. Sin embargo, estos recursos jamás fueron exhibidos ni transferidos a la cuenta del Fideicomiso. Cabe mencionar que ni siquiera el millón etiquetado por la Asamblea Legislativa para la creación del Fideicomiso fue solicitado, de acuerdo con lo señalado por el Procurador Fiscal Alejandro Ramírez Rico, en marzo de 2015. En numerosas ocasiones Víctor Romo, así como el diputado local Roberto Candia, hablaron respecto de los supuestos recursos obtenidos en la bancada del PRD (diciembre de 2013). Asimismo, en prensa señalaron la constitución del Fideicomiso Rescate Reforma Social, subsidiario del Fideicomiso Social Miguel Hidalgo, el cual es privado y su presidente es el Sr. Miguel Ángel Cheschistz Rocha. Es importante señalar que este fideicomiso durante año y medio de existencia no ha intentado siquiera acercarse a los propietarios a pesar que su objetivo dice ser realizar la compra del parque. Para destrabar el conflicto no basta con la buena voluntad de los nuevos funcionarios y la disposición de los dueños de llegar a una negociación, es indispensable hacer cumplir la ley, en primer lugar la ambiental y de protección a la tierra, que prohíbe cambios de uso de suelo en áreas verdes como parques con el fin de evitar la especulación inmobiliaria. El valor del parque, aseguran los vecinos, sólo lo conocen aquellos que lo defendieron la madrugada del 23 de septiembre de 2013, cuando fueron agredidos por aproximadamente 400 hombres que pretendían cercarlo. A pesar de las adversidades, continúan con su lucha social organizada y pacífica, así como con el proceso jurídico. La lucha por el Parque Reforma Social forma parte de aquellas otras luchas opositoras a diversos megaproyectos capitalinos, como el deprimido vehicular Mixcoac-Insurgentes, las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES), el corredor Chapultepec y el club deportivo que pretende construirse en el Cerro de Xochitepec; megaproyectos que son manejados por grandes inmobiliarias y constructoras y en muchos de sus casos tienen vínculos con servidores públicos tanto locales como federales, francamente en conflictos de interés. Es importante reconocer y agradecer a estos colectivos, comités, asambleas, frentes o agrupaciones que a diario hacen esfuerzos transformadores; su labor voluntaria es trascendental en la exigencia del respeto al derecho humano a la vivienda digna y al medio ambiente sano en una megaciudad como es la Ciudad de México. Mayor información en la página Salvando el Parque, en Facebook y en las cuentas de Twitter @parqueRS y @comunicacionRS * Johana Sánchez es colaboradora del área jurídica del Centro Vitoria. Este texto fue elaborado con información proporcionada por la Asamblea de Vecinos por la Defensa del Parque Reforma Social. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : ComunicacionParqueRS Entradas relacionadas: La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedo a su suerte) Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres
Juventudes alzan la voz por una vida digna
Juventudes alzan la voz por una vida digna Los colectivos y organizaciones juveniles expresan dolor y rabia ante la dinámica de muerte; denuncian que tanto los gobiernos federal y locales han declarado “una guerra sin fin hacia las personas jóvenes”, por lo que exigen un cambio en la política de seguridad, que en vez de ser autoritaria, represora y de control social, debe estar basada en un modelo ciudadano y garante de derechos. 14 de agosto de de 2015 Por: Aarón Hernández La dignidad en nuestras manos En el marco del día internacional de la Juventud, el 12 de Agosto, “no hay nada qué celebrar”, afirman diversos colectivos juveniles, organizaciones civiles de juventud y jóvenes defensoras y defensores de derechos humanos a través de un pronunciamiento realizado durante el Foro “Participación Política de las Juventudes: Retos y Riesgos”, convocado por el @CDHVitoria. Durante el foro se reflexionó sobre los alcances, logros, retos y riesgos que, a partir de diversos ejercicios de participación política, experimentan las juventudes en México. Este análisis ineludiblemente identificó el contexto de violencia que se vive en el país y que se manifiesta en la gran cantidad de feminicidios, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, reclusión o confinamiento y criminalización de la protesta social, cuestiones que tienen como principales víctimas a las juventudes, en especial a aquellas que viven en pobreza y/o que participan en el activismo y en la defensa de los derechos humanos. Al compartir sus experiencias e impresiones, las juventudes identificaron un sentir en común de indignación frente a esta ola de violencia y la serie de casos de violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos, por el cual surgió la necesidad de alzar la voz con el mensaje de ¡Basta ya de represión y muerte contra las juventudes en México! Sería absurdo asumir que los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingan han quedado olvidados; por el contrario, siguen estando presentes en la memoria de la población y en especial de las juventudes mexicanas y que, desgraciadamente, aunado al contexto de la tortura y asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete a inicios del mes en la Ciudad de México, se configuran como hechos que “…obligan a gritar, denunciar y trabajar fuertemente en colectivo…”. Ahora bien, lejos de mantenerse en una postura desesperanzadora, los colectivos y organizaciones juveniles cierran filas a través de una consigna: “por una vida digna para todas las personas jóvenes”, cuestión que no es poca cosa pues no se trata sólo de agrupaciones que se dedican al tema de juventud, sino que es una articulación de quienes defienden el territorio frente al despojo y los derechos de grupos históricamente excluidos y discriminados como las personas en movilidad humana y los pueblos indígenas, la disidencia sexo-genérica y las mujeres, entre otros; también desde posiciones políticas como el feminismo, todas teniendo como elemento en común el estar formadas en su mayoría por personas jóvenes. Las juventudes que ahora suman sus voces hoy dicen: “se equivocan quienes nos miran desde arriba”, pues no se encuentran abatidas ni atemorizadas. El encontrarse y reconocerse como ejemplos de lucha les hace renovar y sumar ánimos y fuerzas para continuar con sus respectivas labores de exigibilidad de derechos humanos. Continuarán articulándose para hacer frente a los embates del sistema económico y político que se basa en las relaciones de explotación y enriquecimiento desmedido, en el autoritarismo y la demagogia; seguirán apostando por la transformación hacia un sistema basado en la justicia y la garantía de derechos y libertades y así poder vivir en “un país más justo y digno”. Los colectivos y organizaciones juveniles expresan dolor y rabia ante la dinámica de muerte; denuncian que tanto los gobiernos federal y locales han declarado “una guerra sin fin hacia las personas jóvenes”, por lo que exigen un cambio en la política de seguridad, que en vez de ser autoritaria, represora y de control social, debe estar basada en un modelo ciudadano y garante de derechos. Las palabras de este pronunciamiento también se hicieron presentes durante el acto público de promulgación de la nueva “Ley de Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México”, donde Balance A.C. haciendo uso de la tribuna como una de las organizaciones que impulsaron dicha ley, las retoma para denunciar las violaciones graves en contra de las juventudes y exigir una verdadera política de juventud que sea integral, transversal y fundada en el enfoque de derechos humanos. Igualmente, haciendo eco de la voz de organizaciones a las que representaba en dicho acto, demandó presupuestos adecuados para salud, educación y empleo digno, que sean acordes a los derechos cobijados por esta nueva ley, y que la impartición de justicia para las personas jóvenes sea una realidad al respetarse el debido proceso. No hay que olvidar que el proceso de construcción y publicación de esta ley (que duró más de cinco años) es un intento de garantizar que no se vuelvan a repetir hechos como los ocurridos en 2008 en la Ciudad de México, donde nueve jóvenes y tres policías murieron asfixiados en un operativo de seguridad mal realizado en la discoteca New´s Divine. Si bien el día de hoy algunas entidades ya cuentan con una ley en materia de juventudes, no habrá cambios sustantivos en la vida de las personas jóvenes si no se transforma toda la política social y de seguridad abandonando el autoritarismo y el asistencialismo con que éstas se rigen. Es necesario apostar por nuevos modelos que tengan como eje rector el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas en general y en particular de las juventudes que han sido violentadas por el régimen. Consulta el Pronunciamiento por Una Vida Digna para Todas las Personas Jóvenes aquí. * Aarón H. Hernández es colaborador en el Área de Investigación del Centro Vitoria. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia
La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses
La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses 26 de julio de 2015 Por: Miguel Concha La revelación por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) de la existencia de una orden a elementos militares para “abatir delincuentes”, apenas unas semanas antes de la emblemática masacre de Tlatlaya, ha reavivado un debate indispensable en una sociedad que se pretende democrática: la actuación del Ejército dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos, y su responsabilidad institucional en la comisión de graves violaciones contra la población civil. La gravedad, de que se haya dado una orden que pudo incentivar la ejecución arbitraria de civiles a manos de elementos castrenses, fue inmediatamente expuesta por las organizaciones que acompañamos la presentación del informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Instituto Mexicano para la Democracia y los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Amnistía Internacional y Artículo 19. Inmediatamente después se dio la reacción de actores internacionales oficiales, como el relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el señor Christof Heyns. Después de un cuidadoso análisis del documento, el relator Heyns señaló que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales”, y llamó al gobierno mexicano a considerar la orden castrense revelada por el Centro Prodh como nueva evidencia, y a castigar tanto a los responsables materiales de las ejecuciones arbitrarias, como a los de la emisión de dicho tipo de órdenes. Las organizaciones civiles internacionales también se pronunciaron. Amnistía Internacional, Washington Office on Latin-America y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional exigieron una investigación de las responsabilidades dentro de la cadena de mando del Ejército. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló que “el documento que dio a conocer el Centro Prodh pone sobre la mesa una discusión legítima sobre las órdenes y reglas para el empleo de la fuerza por parte de las autoridades militares, y que ésta debe darse no sólo en el marco de una discusión pública, sino también ante los tribunales, para establecer las responsabilidades penales en la cadena de mando”. El 7 de julio, después de que el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, pretendiera dar por zanjado el asunto, reduciéndolo a una discusión estrictamente de diccionario, negando que “abatir” signifique privar de la vida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en las que demandó la revocación o modificación de documentos u órdenes vigentes en los que se utilizaran términos como “abatir” u otro similar, sin precisar sus significados y alcances específicos, y la exhortó a tomar medidas para evitar la utilización de lenguaje confuso que pueda derivar en acciones violatorias de los derechos humanos. Así, la CNDH dio la razón al informe del Centro Prodh, y se sumó a las voces que han expresado su preocupación por las implicaciones de la orden revelada. Sin embargo, al publicar este artículo, aún no hay constancia de que la Sedena haya respondido favorablemente a la solicitud de medidas cautelares, mediante la suspensión de las órdenes que incentivan la violación de los derechos humanos. Incluso el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, tuvo que señalar casi 1 semana después de la revelación que la redacción de la orden de marras fue un “lamentable error”, atribuyéndolo a una mala transcripción. Sin embargo, en su primera reacción, 2 días después de la emisión del informe, la Sedena no aludió a ningún error de transcripción. Tampoco negó la autenticidad o integridad del documento, ni el significado del término “abatir”, aunque insistió en que la intención de la orden era proteger los derechos humanos. En este contexto, que el responsable de la defensa nacional sugiera que es posible que por “errores de transcripción” se ordenen conductas contrarias a derechos humanos no resuelve el asunto, sino que le añade otra dimensión de análisis, pues de ser cierto este endeble argumento, es altamente preocupante que en las Fuerzas Armadas mexicanas pueden alterarse tan ligeramente las órdenes superiores en las transcripciones. En todo caso, el general no contradice el informe del Prodh, y al hablar de un error de transcripción parece no disputar que en la jerga militar “abatir” sea matar. Por eso ya se alzan algunas voces dentro del Poder Legislativo que exigen una comparecencia del general secretario. Además de la existencia de la orden de abatir civiles, el informe del Centro Prodh llama la atención sobre la falta de justicia y verdad en el caso, pues mientras la Procuraduría General de la República (PGR) acusa a siete militares por la muerte de ocho personas, la CNDH apunta a que entre 12 y 15 de las 22 personas que perdieron la vida habrían sido ejecutadas una vez que se rindieron ante los soldados. Pero incluso podría tratarse de un número mayor, incluyendo a la menor de edad Érika Gómez. Esta parte de la verdad tendrá que aclararse al mismo tiempo que se explique por qué y cómo sucedió la masacre, incluyendo la citada e ilegal orden de relevo en la dirección del “operativo”, así como los responsables por cadena de mando. Otro aspecto que de ninguna manera puede dejarse de lado es la exigencia de un trato digno hacia la testigo y sobreviviente conocida como Julia, madre de la menor Érika, pues, de no ser por su valiente testimonio, esta masacre sería hoy, a ojos de la opinión pública, lo que siempre quisieron hacer parecer las autoridades: muertes producto de un enfrentamiento y no ejecuciones arbitrarias. Es indispensable que las autoridades respeten jurídicamente y reconozcan cabalmente su condición de víctima; sobre todo es fundamental que se garantice su seguridad. Ante el caso específico de Tlatlaya, la PGR tiene la obligación
Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia!
Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! Texto escrito por Marisa Mendoza Cahuantzi, pareja de Julio Cesar Mondragón, quien fue torturado y ejecutado extrajudicialmente entre la noche y madrugadas del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y quien este 4 de junio cumpliría 23 años. 04 de junio de de 2015 Por: Marisa Mendoza Cahuantzi La dignidad en nuestras manos caret-down caret-up caret-left caret-right In memoriam Julio César Mondragón Fontes (4 de junio de 1992 – 26 de septiembre de 2014) “Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte,ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado”. Apocalipsis 21:4 Hoy no es un día cualquiera porque hoy puedo ver las maravillas que hay en la eternidad, junto a nuestro señor, nuestro Dios; ahora comienzo a escribir unas cuantas líneas como solía hacerlo en cualquier día, a cualquier hora y cualquier lugar. Solo quiero decirles que hoy no es un día cualquiera: es mi cumpleaños; sé que habrá festejo, mi familia estará reunida para celebrar. Ya puedo ver a mi madre cocinando mi comida favorita y el delicioso pastel que siempre me preparaba cada que iba a visitarla. Veo a mi esposita adornando la casa para sorprenderme como siempre acostumbraba hacerlo. Si me preguntara Dios cómo me siento, le diría que feliz, porque es el primer cumpleaños que paso con mi ratita hermosa, mi hija Melisa, ansío ver su carita, sus ojitos, sus brazos estirados para felicitarme y escucharla decirme papá. En este día quiero agradecerte Dios Padre, porque es el día más especial e importante: mi familia estará reunida celebrando la vida, mi vida, la vida de Julio, la vida de un padre enamorado de su esposa. Pero… algo está pasando y no entiendo, no hay nada de adornos, ni comida, no recibo abrazos de las personas que tanto esperaba; al contrario, veo con tristeza, coraje y desaliento a mi familia y en lugar de escuchar felicitaciones escucho exclamaciones de ¡JUSTICIA! ¡JUSTICIA! Y ahora recuerdo… Ya no estoy con ellos, ya no podré celebrar; no estaré ni con mi madre, ni con mi esposa, ni con mi hija, ni con mis hermanos, ni con mis amigos, en fin con nadie y me pregunto ¿por qué? ¿Por qué me arrebataron la vida? ¿Por qué no me permitieron llegar a la meta y ser un maestro rural? ¿Por qué no me dejaron ver crecer a mi hija, mi Melisa? ¿Por qué no me dejaron progresar junto a mi pequeña familia? No me resigno a no estar, a no disfrutar de la compañía de mi hija, mi esposa, mi madre y toda mi familia. Me siento impotente porque no solo desapareció mi cuerpo, me arrebataron mis ilusiones, mis sueños, mis esperanzas e ideales y todavía pregunto ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Si me faltaba tanto por hacer en este mundo, en esta vida. Si lo único que quería hacer era superarme, quería servir a los que como yo no teníamos tantas oportunidades, quería sobresalir, compartir con mi esposa esa profesión que tantas satisfacciones deja; también quería construir un futuro juntos. El ser maestro era mi ilusión más grande, el deseo ferviente de escuchar de la voz, de esas voces inocentes y sinceras, que sólo un niño puede decir “maestro” y sobre todo de escuchar de mi hija decirme con tanto amor “papá” y ya nunca podré jugar con ella. Tampoco la veré crecer, no guiaré sus pasos; quisiera gritar, exigir justicia ante mi muerte aunque sé que no me escuchan, pero sí puedo imaginar a mi familia sufriendo, a ti Marisa derramar muchas lágrimas, quizás esas lágrimas sean amargas en tu vida porque sé cuánto me amas al igual que yo a ustedes y no sabes cuánto deseo estar contigo y con nuestra ratita hermosa. Pero de lo que si estoy seguro es que tu dolor, bebé, será también tu fortaleza y coraje para no dejar mi muerte impune. También te pido que luches, que no claudiques, que no pares, que nadie ni nada te detenga para que se me haga justicia. Porque juntos, yo a tu lado aunque no me veas en cuerpo, lucharemos, porque mi muerte no haya sido en vano, que sea un testimonio de la impunidad en la que está sumido nuestro país. Por favor, mi amor, no desistas; lucha, persiste hasta el final, que nuestra hija sepa que sus padres son unos guerreros y nunca se dieron por vencidos. Bueno, ahora sé que tú me recordarás toda la vida y que le platicarás a nuestra hija lo mucho que nos amamos, lo felices que éramos cuando sabíamos de su existencia y cómo el día que nació todo fue tan especial que se guardará en mi mente y mi corazón. Por favor, dile a Melisa que su papi la quiso mucho, cuídala, dale amor como yo quería darle a chorros, dile que la amas como yo alguna vez te dije “te amo”, corresponde a sus preguntas y dile que por siempre yo la cuidaré desde el cielo y muéstrale todas la fotos que nos tomamos cuando estábamos llenos de amor. Por último, quiero decirte que a donde yo vaya tú y la bebé también irán, me las llevaré por siempre en mi corazón. Escucha la palabra de Dios, te invito, y allí encontrarás asilo para todo miedo y fuerza para tu debilidad, pase lo que pase aprieta el paso no agaches la mirada para que tus lindas lágrimas no caigan; te amaré eternamente, solo piénsame encomiéndate a Dios y ahí estaremos presentes en el mismo pensamiento. * Marisa Mendoza Cahuantzi es pareja de Julio Cesar Mondragón, quien fue torturado y ejecutado extrajudicialmente entre la noche y madrugadas del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Este texto hace referencia al onomástico de Julio César, quien cumpliría 23 años este 4 de junio. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad
Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad 15 de marzo de 2015 Por: Aarón Emmanuel Hernández Hernández Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), dentro del universo de los derechos humanos, son aquellos que están directamente ligados con el nivel de vida adecuado, es decir, con aquellas condiciones sustantivas que permiten a las personas vivir, en un sentido amplio, con tranquilidad y seguridad. En este grupo podemos encontrar los derechos a la vivienda, la alimentación, el medio ambiente sano, la salud, la educación, los laborales, al agua, la tierra y el territorio, así como los derechos culturales. Si bien los derechos civiles y políticos se consideran como la primera generación con relación a los DESCA (por el momento histórico en el que se da su reconocimiento), de ninguna forma podría decirse que los primeros son más importantes que los segundos o viceversa. ¿Quién se atrevería a afirmar que la libertad de expresión y la justicia son más importantes que la educación y la cultura? O que ¿sólo con cumplir con los derechos civiles y políticos ya se garantiza una democracia plena? En efecto, todos y cada uno de los derechos humanos son interdependientes e indivisibles entre sí, por lo que sería absurdo pensar en una jerarquización no sólo filosófica, sino material. Desafortunadamente, en la realidad, vemos que unos derechos se encuentran más violentados que otros y esto responde a la visión que tienen las instituciones gubernamentales sobre el bienestar y la dignidad de las personas. Desde el trabajo que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil, se denuncian continuamente las violaciones a los derechos humanos tanto civiles y políticos como a los DESCA; sin embargo, aunque ya hay toda una labor sobre vivienda, medio ambiente, salud, educación y laborales, ¿qué pasa con los derechos culturales? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) indica que los Estados parte reconocen los derechos culturales, los cuales considera que son: a) Participar de la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Los derechos culturales han sido fundamentales para la reivindicación de la identidad indígena y la defensa de los derechos de los pueblos, sin embargo y sin dejar de reconocer la importancia que tienen estas luchas, podríamos preguntarnos: ¿qué está pasando con el ejercicio de los derechos culturales de la población en general? Y, ¿cómo se viven en las comunidades rurales y urbanas no indígenas? Antes de contestar a lo anterior habría que definir a los derechos culturales y su contenido desde los estándares internacionales de derechos humanos y, sobre todo, verificar si las políticas culturales mexicanas están armonizadas con estos últimos. Si bien desde la antropología no existe un consenso sobre una definición de cultura (podría decirse que “todo es cultura”), en la Observación General 21 (OG21), del Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC), aunque no logra colocar una definición clara sobre ésta, sí la entiende como un “proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo que tiene un pasado, un presente y un futuro”. Por otra parte, la Declaración de Friburgo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), expresa que el “término cultura abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da su existencia y a su desarrollo”. Si tomamos en cuenta ambas definiciones, podemos decir que los símbolos, los signos, los significados, la cosmovisión, la identidad, etcétera, no son estáticos ni permanentes, si no que tienden a la transformación en el espacio y en el tiempo poniendo siempre en el centro la dignidad de las personas. Los símbolos patrios como el Himno, el Escudo y la Bandera nacionales son elementos identitarios del pueblo mexicano desde el ámbito institucional; sin embargo, existen otros elementos que, sin caer en el nacionalismo, forman parte de nuestro acervo cultural, como es el caso del maíz y el frijol, la tortilla, los templos prehispánicos, las tierras sagradas, las lenguas indígenas, la música, los rituales y las ceremonias; este acervo queda fuera del reconocimiento institucional que pudieran tener las bellas artes y las investigaciones científicas realizadas por las grandes instituciones culturales, pero no por ello pueden dejar de promoverse, protegerse, respetarse y garantizarse desde una visión de derechos humanos. En lo referente al derecho a participar de la vida cultural, la OG21 lo define como “el derecho a escoger su propia identidad, a participar de la vida política de la comunidad”. Es evidente en este derecho que para poder cumplirse es necesario el ejercicio de los derechos civiles y políticos, como la identidad individual, la participación ciudadana y política, la no discriminación, el derecho a decidir (en un amplio sentido), la libertad de expresión y de asociación, así como a la protesta social y el derecho a defender derechos humanos. Para participar de la vida cultural es necesaria la disponibilidad de bienes y servicios culturales como bibliotecas, museos, teatros, auditorios, salas y deportivos; espacios abiertos como parques, plazas, calles, avenidas; dones naturales como ríos, lagos, bosques, montañas, flora y fauna; y valores intangibles como símbolos, lenguas, memoria histórica y monumentos. Además de existir físicamente, deben ser accesibles económicamente, es decir, el ingreso económico no puede representar un obstáculo para hacer uso del espacio, bienes, servicios y los valores intangibles. También es necesario que las leyes, políticas y demás acciones estatales para el ejercicio de los derechos culturales sean aceptables para la población a través de consultas a las personas y las comunidades a fin de proteger la diversidad cultural. Dichas medidas gubernamentales deben de ser adaptables y flexibles con la finalidad
