Un manual de investigación para defender derechos humanos
Un manual de investigación para defender derechos humanos El Centro Vitoria ha elaborado el Manual de Investigación para la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, con el objetivo de contribuir con herramientas metodológicas de investigación, documentación y análisis que puedan ser puestas en práctica por aquellas personas o movimientos sociales que deseen realizar sus propios diagnósticos o ejercicios de documentación y análisis sobre la situación de los derechos humanos en sus comunidades. 04 de marzo de de 2016 Por: Salomé Almaraz Reyes La dignidad en nuestras manos Luego de 13 años de realizar investigación y análisis sobre la situación de los derechos humanos en el país, el Centro Vitoria ha elaborado el Manual de Investigación para la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: Herramientas para la documentación y Análisis con perspectiva de derechos humanos. La primera parte del manual es una memoria de la experiencia de la organización en la elaboración de informes con perspectiva en derechos humanos (PDDHH), principalmente derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En los apartados consecutivos se presentan los conceptos básicos de la investigación y las perspectivas utilizadas a lo largo de estos años, tales como derechos humanos, pobreza, equidad de género, juventudes y No discriminación. Finalmente, se presenta un breve ABC en el estudio específico de seis derechos: alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente y derechos laborales. La objetivo del manual es contribuir con herramientas metodológicas de investigación, documentación y análisis, explicadas de forma accesible, para que puedan ser puestas en práctica por aquellas personas o movimientos sociales que deseen realizar sus propios diagnósticos o ejercicios de documentación y análisis sobre la situación de los derechos humanos en sus comunidades. Un hecho o fenómeno social generalmente es analizado desde diversos puntos de vista o incluso desde una simple descripción, pero el estudio desde la perspectiva de derechos humanos implica reconocer cómo esas acciones o sucesos se entrelazan con las obligaciones de garantizar, proteger, promover y respetar estos derechos que han adquirido los Estados, e identificar violaciones y problemáticas y quienes serían los responsables tanto de cometerlas cómo de resarcirlas y resolverlas, respectivamente. Una investigación y análisis con perspectiva de derechos humanos no sólo sirve para dar a conocer un hecho, también nos permite contar con información actualizada. Este tipo de ejercicios son una herramienta que promueve, defiende y difunde los derechos humanos. Su importancia radica en la aportación al estudio de la realidad social para identificar y dar cuenta de las necesidades a resolver en diferentes ámbitos, sobre todo para que éstas ya no existan. La perspectiva de derechos humanos permite: analizar políticas públicas y otros programas sociales, políticos o económicos y cómo impacta en la población; verificar si la legislación existente protege o violenta los derechos o, si es el caso, ni siquiera existe un marco normativo que de protección y garantía, y documentar situaciones y hechos donde el estado con su actuar u omisión esté incumpliendo sus obligaciones y violentando directamente derechos de las personas o comunidades. Al contar con este tipo de estudios se pueden identificar los vacíos o las fallas estructurales existentes, de tal modo que se examinan las posibles violaciones, avances o retrocesos que en materia de derechos humanos se llevan a cabo como consecuencia del actuar de las autoridades e instituciones gubernamentales. La información generada permite a las personas y comunidades afectadas crear e impulsar proyectos y programas sociales que atiendan las problemáticas inmediatas o estructurales que les impiden ver plenamente satisfechos sus derechos. Es decir, es una herramienta que puede impulsar procesos de empoderamiento, articulación y participación ciudadana. La investigación y análisis con perspectiva de derechos humanos es una herramienta de exigibilidad y defensa que nos da la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos, cómo exigirlos y a quienes dirigirnos para ello, al tiempo que avanzamos en la construcción e implementación de una política pública más justa y equitativa a partir de nuestra realidad social. Las herramientas de análisis, investigación, documentación y difusión de la defensa de los derechos humanos que las organizaciones no gubernamentales generamos, se basan en nuestra experiencia de acompañamiento de casos y monitoreo de la situación de los derechos humanos en México, con base a su vez en los instrumentos internacionales y el marco institucional interno. Sin embargo, estas herramientas son estériles si las personas, colectivos y pueblos no las usa, ya que las experiencias sistematizadas se hacen y rehacen a partir de que otras luchas se las apropian, las adecuan a sus contextos y vuelven a sistematizar para compartir con otras personas y colectivos. Es un proceso constante de defensa y promoción de derechos humanos. * Salomé Almaraz Reyes es colaboradora del Área de Investigación del Centro Vitoria. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Centro Vitoria Entradas relacionadas: Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedo a su suerte) Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia La amenaza del fracking Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes Juventudes alzan la voz por una vida digna Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala
Obstáculos a la transparencia
Obstáculos a la transparencia 01 de marzo de 2015 Por: Miguel Concha La reciente discusión en el Senado sobre la ley secundaria que da forma a la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, aprobada apenas el año pasado, ha generado preocupación e incertidumbre. Sorprende la rapidez con que los titulares del Banco de México y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República han intervenido para colocar candados en algunos rubros sensibles para labores de seguridad y estabilidad económica. Esta situación hizo que se propusieran poco más de 80 modificaciones al proyecto de dictamen, sobre todo impulsadas por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México. De esta forma intentan echar por tierra el trabajo de cientos de horas de organizaciones profesionales de la sociedad civil, expertos en la materia, periodistas y la participación del propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Los 10 puntos argumentados por el Ifai contra tal intento hacen énfasis en la participación plena de órganos autónomos garantes en casos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y evitar con ello que haya alguna aprobación previa de “autoridad competente”, pues eso se ve como una limitación importante que revierte el avance logrado en esta materia. En este mismo sentido se pide que se haga una mayor definición en lo que se refiere a las reservas de la información por razones de seguridad nacional, y a lo que ahora se pretende añadir subrepticiamente acerca de la estabilidad económica, financiera y monetaria, lo que nos impediría entre otras cosas, por ejemplo, conocer los convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con algunos de los grandes contribuyentes morosos y omisos, y sobre todo la situación y el manejo que se haga del fondo del petróleo. Por experiencia, en años anteriores ha resultado muy vago invocar la seguridad nacional para no responder positivamente a las demandas de información por parte de la ciudadanía, pues en realidad mucha de esa seguridad se refiere sobre todo a la seguridad de las instituciones del Estado, e incluso del régimen, y no a la seguridad de las personas y sus derechos humanos. En razón de esto, se hace urgente que el debate de esta ley secundaria lleve a la construcción colectiva y consensuada de parámetros razonables que no restrinjan el derecho de acceso a la información, pues de lo contrario estaremos frente a un retroceso más de los varios que ahora se pretende legalizar, como es también el caso, por ejemplo, del sistema nacional contra la corrupción. Resulta paradójico que, después de lograda en 2014 una reforma constitucional casi por unanimidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, relevante y aplaudida por diversos grupos políticos, académicos y sociales, ahora lleguemos a un debate nuevamente desde cero. En este sentido, y frente a la crisis de derechos humanos que vive el país, avanzar en materia de combate a la corrupción es urgente. El acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas son en esto piedra angular en este cometido. Y por lo que se refiere al mismo órgano garante de este derecho de acceso a la información, se ha hecho público que para este año el Ifai recibió un incremento de más de 40 por ciento en sus presupuestos con respecto del año anterior. Sin embargo, y de acuerdo con investigaciones periodísticas, se conoce que, a propósito de la reforma anterior, el gasto del nuevo Ifai nos deja nuevamente en zozobra con relación al diseño, implantación y gestión de las instituciones garantes, pues el costo por la garantía de nuestros derechos, en este caso los referidos a la transparencia y el acceso a la información, sigue siendo muy elevado. La legitimidad de las instituciones, en efecto, no radica sólo en el buen diseño de su andamiaje legal, lo cual desde luego ahora es importantísimo a propósito de la ley secundaria, sino también en la austeridad, efectiva gestión y eficiencia en el uso de los recursos, lo que no nos cambiaría la fórmula de “más garantías de derechos con menos costo al erario público”. Así como que el gasto sea mejor distribuido sobre todo entre quienes menos tienen en nuestro país. *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Octavio Gómez Entradas relacionadas: Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán México ante el escrutinio internacional Educación, resistencia y derechos humanos Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos Contra el tratado de asociación transpacífico Restricción y suspensión de derechos y garantías en México Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas
Ayotzinapa: insuficientes consignaciones
Ayotzinapa: insuficientes consignaciones 01 de febrero de 2015 Por: Miguel Concha Con premura y exasperación, el gobierno federal pretendió dar por concluida la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Con base en consignaciones dudosas y con endebles pruebas científicas, quiso dar carpetazo a la crisis de derechos humanos que vive el país. Pero tal y como nos lo recuerdan día a día los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos, el caso Ayotzinapa aún no está resuelto. La tríada de verdad, justicia y reparación, que debe generarse ante casos de esta magnitud, no ha sido satisfecha. Quienes quisieran ver a las familias resignadas ante la verdad oficial, deberían analizar con más calma los huecos que aún presenta ésta, así como los pendientes no resueltos en el ámbito de la procuración de justicia. El Estado mexicano no ha logrado detener a la totalidad de las personas que conforme a su teoría del caso habrían participado en los hechos. Tan sólo en cuanto a los supuestos autores materiales han sido detenidas únicamente cuatro de las 15 personas presuntamente involucradas. Continúan prófugos, además, funcionarios de Iguala y de Cocula, así como integrantes del grupo delictivo que operaba en la zona, si es que la distinción entre unos y otros puede a estas alturas considerarse válida. Por otro lado, la verdad no se ha esclarecido. Además de las serias dudas que hay sobre la hipótesis oficial, ¿cómo se explica en la narrativa oficial el cruento homicidio de Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado en las inmediaciones de Iguala? Este crimen, esencial para conocer la verdad, no ha sido aclarado. En este mismo orden de ideas, los científicos independientes comienzan a encontrar inconsistencias en la versión de la Procuraduría. Han trascendido serios cuestionamientos sobre la factibilidad científica de la hipótesis oficial. Sólo la ciencia independiente podrá responder los cuestionamientos que hoy legítimamente se expresan. De ahí que siga siendo imprescindible la participación plena del Equipo Argentino de Antropología Forense en toda la indagatoria. Tampoco puede soslayarse que el propio encuadre jurídico de lo ocurrido presenta muy graves falencias: no hay, hasta el día de hoy, un solo proceso penal iniciado por el delito de desaparición. Con ello se pretende diluir la responsabilidad estatal que con precisión fue señalada por los miles de mexicanos y mexicanas que salieron a las calles bajo la consigna: “Fue el Estado”. Los normalistas no fueron secuestrados, fueron desaparecidos. La diferencia es esencial: mientras que en el secuestro supone una privación transitoria de la libertad que persigue comúnmente un propósito, en la desaparición forzada el propósito es la desaparición misma. El secuestro es un crimen execrable de naturaleza fundamentalmente económica, tipificado en la ley penal; la desaparición, además de ser un delito igualmente aborrecible, es una violación grave a los derechos humanos de naturaleza esencialmente política, sancionada por los códigos penales, pero también por los tratados internacionales. Las recientes denuncias de los padres y de las madres apuntan a que la deficiente caracterización legal de los hechos es una responsabilidad compartida entre la Procuraduría General de la República y los jueces federales. Por medio de su representante, Vidulfo Rosales –abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, por quien debemos velar desde la sociedad, pues no son pocos los riesgos que enfrenta–, los familiares de los normalistas han denunciado que aunque el ministerio público federal ejercitó acción penal por el delito de desaparición forzada, un juez federal se negó a emitir las correspondientes órdenes de aprehensión, bajo argumentos que evidencian una profunda incomprensión de la naturaleza jurídica de la desaparición forzada. Esta denuncia confirma que la impunidad es causada por la negligencia de los tres poderes, y debería poner en la agenda pública el debate sobre el papel de los poderes judiciales frente a la desaparición forzada y las violaciones graves a derechos humanos en el México actual (tema sobre el cual sería deseable que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviese un posicionamiento más comprometido). Ante estas fragilidades de la investigación, no sorprende que los familiares demanden la apertura de los cuarteles militares. Es cierto que no es dable pensar que a cuatro meses de los hechos podría encontrarse evidencia en las opacas instalaciones castrenses. Pero es igualmente cierto que no se puede apelar a que los familiares crean a pie juntillas la versión militar, no sólo por el historial de violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas, sino también porque trabajos periodísticos han develado que el 27 Batallón de Infantería tenía información al menos desde 2013 de la captura de las policías municipales de Iguala y Cocula bajo el poder de Guerreros Unidos. Por todas estas razones, las consignaciones que hasta ahora se han anunciado son insuficientes. La gravedad de los hechos es tal, que la inminente instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas que brindarán asistencia técnica se vuelve fundamental: la verificación independiente y rigurosa que realicen sobre la investigación es la mejor garantía para que las familias alcancen verdad y justicia. Entre tanto, sigue siendo legítima la lucha que han emprendido los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Uriel López Entradas relacionadas: La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Obstáculos a la transparencia Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán Restricción y suspensión de derechos y garantías en México Contra el tratado de asociación transpacífico Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad Educación, resistencia y derechos humanos México ante el escrutinio internacional
La “victimización” del Estado y la defensa de los derechos humanos
La “victimización” del Estado y la defensa de los derechos humanos 18 de enero de 2015 Por: Melissa Vértiz Hernández De acuerdo con información publicada el 22 de diciembre de 2014 en medios y redes sociales, después de 3 años de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) entrega información desclasificada, en donde se demuestra la participación de la Policía Municipal en el secuestro y ejecución de migrantes de Centro y Suramérica en 2011. Esta situación se da después de la negativa, tanto del gobierno estatal como del federal, con respecto de la participación de autoridades en estos hechos, argumentando actos realizados por grupos organizados. Esto contrasta con la insistencia, desde esa fecha, por parte de sociedad civil y de organizaciones internacionales no gubernamentales defensoras de derechos humanos sobre la participación y/o anuencia de las autoridades para llevar a cabo estos hechos. Esta situación es botón de muestra de la impunidad, la corrupción y el desvío de poder que existen en México, pero sobre todo es un golpe contundente a la postura y al discurso oficial del gobierno mexicano de colocarse en un papel de víctima frente a este tipo de actos, realizados por el crimen organizado con su anuencia, sobre todo en lo que hace a ejecuciones y/o secuestros de personas migrantes. Recordemos también a heridos, ejecutados y desaparecidos de Iguala, Guerrero, y la clara participación del Estado en hostigamientos y asesinatos en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, hemos insistido en diferentes foros y espacios de incidencia política, sobre el vínculo que existe entre autoridades de diversos niveles con el crimen organizado, creándose así un ambiente de impunidad y corrupción, al parecer interminable, pues tampoco el sistema judicial mexicano contribuye a que las personas responsables de estos actos, sean autoridades o no, sean llevados ante la justicia. Son nulos los mensajes y acciones que permitan vislumbrar que las obligaciones del Estado al derecho a la verdad, tanto a familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, como a la sociedad en general, la reparación del daño y sobre todo las garantías de no repetición puedan ser una realidad en este país. Algo que es preocupante del mensaje de Enrique Peña Nieto, a propósito de su visita a Estados Unidos en días pasados, es el agradecimiento que da al mandatario del país vecino para seguir trabajando en materia de seguridad y combatir al crimen organizado, inclusive atreviéndose a mantener un compromiso de “mayor control en la frontera Sur del país mexicano para tener una migración ordenada y controlada”. En la práctica esto no es algo nuevo, estas acciones han tenido como resultado, entre otras cosas, abusos y violaciones a derechos humanos en contra de personas tanto mexicanas como migrantes internacionales, principalmente de Centroamérica, quienes han sido víctimas de ejecuciones, desapariciones y un interminable listado de violaciones a sus derechos humanos. En este contexto es importante recordarle a la sociedad, y sobre todo al gobierno mexicano en sus tres poderes y niveles de gobierno, cuestiones tan fundamentales en materia de derechos humanos como son los compromisos internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los cuestionamientos que como sociedad debemos hacernos justamente deben ir en este sentido, saber si el gobierno de México está cumpliendo con estas obligaciones o, por el contrario, está siendo rebasado por la propia sociedad civil, la cual genera las condiciones para ejercer sus derechos, y que ha creado y construido sus propios mecanismos de defensa y promoción de los derechos humanos. Finalmente, es necesario reflexionar sobre la importancia de apostarle a construir y, en su caso, fortalecer procesos organizativos que permitan generar cambios verdaderos tanto en las instituciones como en la vida política y pública de nuestro país. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: M-x Entradas relacionadas: Ayotzinapa: insuficientes consignaciones Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Obstáculos a la transparencia Contra el tratado de asociación transpacífico Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán Educación, resistencia y derechos humanos Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad Restricción y suspensión de derechos y garantías en México Graves retrocesos en género, medio ambiente y derechos humanos
Vicisitudes para 2015
Vicisitudes para 2015 Para este 2015, lo más urgente es construir un movimiento amplio, lejos de liderazgos viejos o individualistas, que dé cauce a las demandas y asuntos pendientes, y que corte de raíz lo que produce esta cadena interminable de violaciones a derechos humanos. 07 de enero de de 2016 Por: Carlos Ventura La dignidad en nuestras manos México experimenta una profunda crisis de derechos humanos. Esta frase y otras parecidas las escuchamos fuertemente en los últimos meses. Los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, arreciaron los reclamos hacia el actual régimen. Ahora, al inicio de 2015, el apoyo a las familias de los normalistas desaparecidos, ejecutados arbitrariamente o torturados deberá ser irrestricto de parte de la sociedad nacional e internacional y solidificarse aún más; las exigencias, no deben cesar. Aunado a la demanda amplia de presentación con vida de los 42 jóvenes normalistas, la reparación integral del daño y garantías efectivas de no repetición, como sociedad civil también estamos en alerta sobre algunos asuntos que muchas organizaciones defensoras de derechos humanos identificamos como parte de nuestras agendas, y prestos para incidir, construir, revertir o transformar las propuestas de los gobiernos, según sea el caso. Apremia la construcción de agendas y alianzas estratégicas que nos lancen a la transformación de los contextos de muerte, desigualdad e injusticia. En adelante, comparto sólo algunos de ellos. Uno que causó y causará tensiones entre las personas, comunidades y gobiernos es lo referente al derecho a la protesta social. El año pasado, en el mes de octubre, diversas organizaciones denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la perversa estrategia que el Estado mexicano implementa para criminalizar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y la protesta social. Durante la primera semana de diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados hizo oídos sordos a lo que aconteció en Washington y aprobaron reformas al artículo 11 constitucional, según ellos, para garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos. En razón de ello, la sociedad civil estará atenta a la ley que reglamentará dicha reforma. Ahora es necesaria la aprobación del Senado, pero igualmente la expedición de una Ley General de Movilidad, que corre el riesgo de albergar artículos que censuren y limiten las protestas, e incluso faculten a los cuerpos de seguridad para impedirlas o detener a manifestantes. Este es un tema de primera importancia. El espacio público para este 2015 debe ser concebido no sólo como lugar para el tránsito de automóviles, sino también como un lugar de debate político, donde se da visibilidad a los problemas que aquejan a las comunidades, y como un espacio que le pertenece a las y los ciudadanos. El 2014 no fue excepción en cuanto al uso del derecho penal para inhibir la labor de activistas, miembros de movimientos sociales y defensores de sus comunidades. En este año es fundamental la demanda y el fortalecimiento del trabajo colectivo para liberar a todos los presos políticos, quienes son recluidos en penales por delitos que jamás cometieron. Tal es el caso de Mario Luna y Fernando Jiménez, miembros de la Tribu Yaqui, por oponerse al despojo de sus bien naturales. Asimismo, Juan Carlos Flores, quien fue detenido a causa de su férrea oposición a la Gasoducto Morelos, y quien se dio a la tarea de acompañar en su lucha a las comunidades afectadas por la imposición de este megaproyecto. Nestora Salgado y los presos de las Policías Comunitarias, quienes fueron acusados de delitos federales como secuestro y delincuencia organizada, y encarcelados en penales de máxima seguridad. Los presos cholultecas: Adán Xicale Huitle, Paul Xicale, Albino Tlachi Valencia y Primo Manuel Tlachi, quienes son criminalizados a causa de su defensa del territorio, en San Andrés Cholula, Puebla. Asimismo, es necesario que se libere a Enrique Guerrero Aviña, joven universitario torturado, detenido arbitrariamente y preso injustificadamente en el penal de Puente Grande, Jalisco. Y así, otras tantas personas defensoras de sus derechos, que ahora deben enfrentar el duro flagelo del sistema penal en México. En este mismo terreno. Se hace urgente que para este año las juventudes criminalizadas en el marco de las protestas por Ayotzinapa, las del 8 y 20 de noviembre, así como las del 1 de diciembre, vean ya cerrados sus casos. Las organizaciones que hemos acompañado a algunos de ellos hacemos lo que está nuestro alcance para que se les declare inocentes. Sin embargo, los procesos penales siguen sin razón alguna. No entendemos por qué la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se empeña en sostener procesos que nada tienen de ciertos. El régimen sabe que inculpa a personas inocentes por hechos violentos que él mismo provoca. Esto es más que evidente hoy día. Otro tema, y que atañe directamente a defensoras y defensores de derechos humanos, es revertir la ola de ataques hacia su trabajo. Urge que se fortalezcan los mecanismos con los que cuenta el gobierno federal para atender casos de personas defensoras en riesgo. De igual manera, se requiere que los gobiernos locales implementen mecanismos de protección para defensores y periodistas. Esperamos que este año, por ejemplo, el Gobierno del Distrito Federal expida laLey para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal en consenso con la Asamblea Legislativa, pero con la participación plena de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas de esta ciudad. Y ya que hablamos de la Ciudad de México. Debemos recordar que el Senado se negó a aprobar la reforma política del Distrito Federal, lo cual implica generar una constitución exclusiva para esta Ciudad. De esta manera se convertirá en la entidad federativa número 32. Los meses que vienen son clave para que las personas que habitamos el DF participemos en la expedición de una Constitución que verdaderamente reconozca nuestros derechos humanos. Un pendiente que, de cumplirse, sería histórico en este 2015. El año pasado fue el año de las reformas estructurales del gobierno. A pesar
Violaciones sistemáticas a derechos humanos de las juventudes
Violaciones sistemáticas a derechos humanos de las juventudes 30 de noviembre de 2014 Por: Aarón Emmanuel Hernández En estos momentos México está viviendo una severa crisis humanitaria donde la violencia generada por el Estado es el pan de cada día que, si bien afecta a todas y todos en este país, de manera particular lo hace con las personas jóvenes. Cuando una violación a derechos humanos se realiza de manera repetitiva, ya no se trata de un “hecho aislado” o “coyuntural”, sino de un actuar sistemático del aparato estatal, que tiene la finalidad de mantener las estructuras de poder y dominación, favoreciendo los intereses de quienes ocupan las altas esferas política y económica. Las violaciones sistemáticas se han intensificado en las dos últimas administraciones, donde la implantación de megaproyectos en zonas rurales y urbanas, la “lucha contra el crimen organizado” y las reformas estructurales han detonado un gran descontento por parte de la población, traduciéndose en el levantamiento de distintos movimientos sociales como diversos frentes en defensa de la tierra y el territorio, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad o el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Los movimientos sociales en distintos momentos han mantenido una postura crítica y de exigencia ante el actuar del Estado mexicano, trastocando así los intereses de quienes detentan el poder. La respuesta del aparato estatal ha sido la criminalización, el uso del estado de excepción, delitos de lesa humanidad, la militarización y el terrorismo de Estado, acciones reiteradas en las que incurren las instituciones de gobierno con la finalidad de modificar y/o controlar el comportamiento de un grupo específico de la población. En su mayoría ha tenido como objetivo a la población joven, en especial la estudiantil, como podemos ver en distintos hechos más representativos: La masacre de Tlatelolco la noche del 2 de octubre de 1968, donde el Ejército atacó a los estudiantes dejando un importante saldo de asesinatos y desapariciones con la intención de desarticular el movimiento. En esa lógica, en 1971, un grupo paramilitar denominado Los Halcones, asesinó y dejó heridos a varios estudiantes participantes de una movilización. Estos dos sucesos se han convertido en el principal referente de criminalización de las juventudes mexicanas. Durante la huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 1999, los medios de comunicación comenzaron una campaña de estigmatización de los universitarios, señalándoles como “criminales” que tenían “secuestrada” a la máxima casa de estudios, discurso que legitimaba la ejecución de operativos de la Policía Federal, atentando contra la autonomía de esta institución, tal como lo sucedido el 15 de noviembre pasado. En 2006, la comunidad del pueblo de San Salvador Atenco, ubicada en el Estado de México, se encontraba en pie de lucha y resistencia. Se oponía a la construcción de un aeropuerto que afectaría la forma de vida de los pobladores, quienes se dedican a la agricultura. En ese contexto, el 3 de mayo de ese año se llevó a cabo un operativo policial haciendo uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. Éste registró como saldo el asesinato de los jóvenes Alexis Benhumea, de 20 años de edad, y Javier Cortés, de 14 años; cerca de 200 detenciones arbitrarias (entre ellas, las de nueve niñas y niños); casos de tortura y tratos crueles o degradantes; tortura y violación sexual de 26 mujeres, algunas entre los 18 y 27 años de edad (eran empleadas o estudiantes). La criminalización no sólo se hace presente en contra de movimientos sociales, también lo hace para crear control social sobre la población –en este caso, las juventudes–, valiéndose de la estigmatización y discriminación por edad y apariencia física (vestimenta y tatuajes), ejemplo de ello es el caso New’s Divine. En 2008 se realizó un operativo de seguridad en la Discoteca New’s Divine, ubicada en la delegación Gustavo A Madero, en la Ciudad de México. En éste fallecieron siete jóvenes, dos policías auxiliares y un agente judicial, dos jóvenes más al llegar al hospital. De los jóvenes fallecidos, cuatro eran menores de edad. En esa ocasión no hizo falta disparar algún arma: el operativo provocó pánico en el lugar y el dueño apagó las luces y el aire acondicionado, el lugar no contaba con las condiciones mínimas de seguridad, sólo había una salida de 1.2 metros de ancho, lo que dificultó la salida de alrededor de 500 personas envueltas en pánico. Este caso demostró que las fuerzas policiales no están capacitadas para realizar operativos en donde se garanticen y respeten los derechos humanos, lo que devino en la emisión de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la cual se exigen condiciones de seguridad para las y los jóvenes en la entidad, lo que demuestra la necesidad de una ley de derechos de las juventudes que genere dichas condiciones, sin embargo a la fecha no se ha podido materializar. En 2011, bajo el argumento de la “guerra” contra el crimen organizado, se agudizó la criminalización hacia las juventudes, pues se señalaba que los hombres jóvenes eran presa fácil del crimen organizado al ser involucrados como sicarios. Se identificó la utilización de menores de edad en labores del Ejército, desapariciones forzadas y tratos crueles y degradantes. Las personas jóvenes fueron las principales víctimas. En versiones oficiales se decía que su fallecimiento era a causa del “fuego cruzado”. No existen datos desagregados sobre cuántas personas jóvenes han sido víctimas de la “guerra” contra el narco. Con la identidad del #YoSoy132, en 2012 se volvió a articular el movimiento estudiantil que, entre otras cosas, exigía transparencia en los procesos electorales y mostraba su descontento por la candidatura de Enrique Peña Nieto por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por representar el regreso de dicho partido a la silla presidencial a pesar de ser responsable de los actos ocurridos en Atenco y de no atender el creciente número de feminicidios en el Estado de México (en su mayoría de mujeres jóvenes). El 1 de diciembre de ese año, durante
¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón?
¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón? Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia. 05 de noviembre de de 2016 Por: Sayuri Herrera Román La dignidad en nuestras manos El mensaje Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. El cuerpo no fue ocultado, sino expuesto, abandonado en una calle de Iguala. Arrancado el rostro, extraídos los ojos. Pronto esta imagen comenzó a circular en las redes sociales, alguien, no sabemos quién, le tomó una fotografía que pronto se hizo pública. El mensaje fue enviado. Es importante recuperar las significaciones inscritas en el cuerpo de Julio César, un mensaje que se ocuparon de allegarnos desde que le arrancaron la vida. Esa forma de matar, la técnica ocupada, no se practicó y planificó para no ser vista. Es la razón por la que abandonaron el cuerpo y no lo ocultaron, así fue desde que se tomó la foto y se reprodujo. Los torturadores La tortura ha tomado tales proporciones que se ha convertido ya en un instrumento de gobierno. Uno que no debemos ignorar. Las técnicas de tortura son enseñadas, mecanizadas y se exportan de un país a otro. Hay un aprendizaje de la tortura, un entrenamiento en ello y los “expertos” van ofreciendo sus servicios de “capacitación” de un gobierno opresor a otro. La tortura generalizada es evidentemente un asunto político y económico, no solamente psicológico. El psicoanalista Raúl Páramo Ortega, en el artículo “Tortura, antípoda de la compasión”, nos ofrece valiosas claves para comprender la magnitud de la tragedia a la que nos enfrentamos, así como fundamentos para señalar la responsabilidad del Estado mexicano por practicar la tortura y además generar, en distintos niveles y dimensiones, condiciones favorables para la masificación de esta práctica. Páramo comenta: “Las explicaciones a nivel de psicopatología individual siguen fracasando al querer caracterizar la personalidad del torturador. Ninguna explicación individual basta porque en realidad la personalidad del torturador corresponde a un tipo determinado de sociedad con la que se confunde. (…) si algo tiene ese tipo de personalidad es precisamente no ser a-social sino producto neto de un tipo de sociedad”. La sociedad que crea condiciones propicias para la tortura es aquella educada para la competencia, el egoísmo, la obediencia ciega, el autoritarismo y la violencia. Sin duda, todas esas características las encontramos en el México de hoy. Por otro lado, señala que: “El presupuesto fundamental, el núcleo central para que la tortura sea tortura, es el que el otro esté a mi merced. La disponibilidad –ciertamente forzada- del otro es condición previa para la tortura. En la medida en que se dé la situación de impotencia total, estará dada la invitación/seducción a cierto grado de tortura”. Los mexicanos se encuentran vulnerables e indefensos ante poderes arbitrarios y opresores como la delincuencia organizada, la policía, el ejército y la burocracia, es decir, frente al propio Estado. Esto es desde ya, nos dice Páramo, una tortura incipiente instituida: la arbitrariedad de las autoridades, el abuso de poder, el desprecio por los derechos y la dignidad de las personas por parte de los gobernantes es la antesala de la tortura, ésta es el abuso de poder llevado al extremo. Con estas condiciones de vulnerabilidad, desde luego dadas en Iguala, los torturadores enviaron su mensaje. De acuerdo con el artículo, el torturador “pretende ante todo mostrar y mostrarse que es él incuestionablemente el más fuerte. Ese es su propósito fundamental, así sea enmascarado con pretextos racionalizadores del tipo de “lo hago para obtener información útil para el Estado”, “estoy obedeciendo”, “cumplo con mi deber”, “defiendo los valores de la civilización occidental”. La tortura requiere ideología. La práctica de la tortura no viene a ser otra cosa sino la concreción más extrema del uso del poder. La tortura es la práctica por excelencia del poder total. Los torturadores son poderosos o no son torturadores”. Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia. Los responsables La tortura y ejecución extrajudicial de Julio César Mondragón Fontes es un crimen de lesa humanidad, uno que por su naturaleza agravia a toda ella en su conjunto, es un crimen de Estado. Lo es en muchos sentidos. Por la generación de condiciones sociales prevalentes para el ejercicio de la práctica y su impunidad así como por la autoría intelectual, la realización y comisión del hecho. Es así que el deslinde de responsabilidades abarca desde la policía municipal, el alcalde de Iguala y su esposa, el Gobernador del estado de Guerrero, el ejército, hasta el Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión y el presidente de la República y comandante general de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto. El gobierno, más que enfrentar a los cárteles, se ha coludido con ellos y, en cambio, silencia a víctimas, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. En México hay guerra, una que el PRI en su arribo al poder, pretendió ocultar. Una guerra bajo el lema que alguna vez prevaleció como estrategia de Estado en El Salvador: “unidos unos contra otros para que acabemos con ellos”. Terrorismo represivo de contrainsurgencia. Los cárteles y el gobierno, también los partidos (PRI, PAN, PRD) están “unidos unos contra otros” para acabar con el pueblo. El amor La imagen impactante que circulaba en redes sociales pronto llegó a los ojos de Marisa, esposa de Julio y madre de su hija, Melisa Sayuri, de apenas 3 meses de edad. Marisa y el tío Guillermo Fontes viajaron a Iguala a reconocer
Después de los estragos…
Después de los estragos… Cuando las mujeres desaparecen en Ciudad Juárez, no regresan; son desaparecidas o encontradas sin vida en lugares baldíos con el cuerpo lacerado, irreconocible, debido a las torturas a las que fueron sometidas por parte de los victimarios. La respuesta misógina de las autoridades es siempre la de responsabilizar a las mujeres por ser asesinadas, sin iniciar averiguaciones en contra de los asesinos o sin calificarlo siquiera como feminicidio, sino únicamente como homicidio. 10 de octubre de de 2014 Por: Diana López Santiago La dignidad en nuestras manos La lucha que iniciaron las madres y las familias de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez desde hace más de 10 años continúa para muchas de ellas, pues las víctimas se siguen sumando. La tragedia con la que se dio a conocer a nivel nacional e internacional el odio que existe hacia las mujeres en México fue el Caso Campo Algodonero en 2001 que, debido a la falta de responsabilidad del Estado Mexicano de cumplir con sus obligaciones y a la nula voluntad política, fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual dio como resultado que en 2009 se dictara una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana. A la fecha, esta sentencia emitida por el organismo regional no ha sido cumplida por el Estado mexicano. Cuando las mujeres desaparecen en Ciudad Juárez, no regresan; son desaparecidas o encontradas sin vida en lugares baldíos con el cuerpo lacerado, irreconocible, debido a las torturas a las que fueron sometidas por parte de los victimarios. La respuesta misógina de las autoridades es siempre la de responsabilizar a las mujeres por ser asesinadas, sin iniciar averiguaciones en contra de los asesinos o sin calificarlo siquiera como feminicidio, sino únicamente como homicidio. Frente a esta realidad en Ciudad Juárez, el pasado 22 de septiembre Silvia Banda Pedroza, madre de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida el 10 de agosto de 2010; Bertha Alicia García Ruiz, madre de Brenda Berenice Castillo García, y Malú García Andrade, hermana de Alejandra García Andrade, asesinada en febrero de 2001, iniciaron una huelga de hambre para exigir justicia para sus hijas, para sus hermanas y para las miles de mujeres que han sido asesinadas por razones de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Secretaría de Gobernación, institución a través de la cual el Gobierno Federal está obligado a actuar, a 15 días de iniciado este acto de exigencia y después de los estragos que deja la huelga de hambre en los cuerpos y en la salud de estas madres, apenas este 7 de octubre, respondió a sus demandas concretas. La acción dejó también agresiones por parte de elementos de seguridad del Distrito Federal, el robo de dos pancartas mientras el campamento se encontraba ubicado en Reforma casi esquina con Chivatito, y la tensión y acoso constante de ser agredidas mientras dormían por las noches. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es competencia de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género [1] y deberá emitirla cuando no se esté garantizando el derecho a la integridad, a la libertad, a la seguridad y a la vida de las mujeres; es decir, cuando haya violaciones a sus derechos humanos.Asimismo, cuando la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y otras entidades así lo demanden; en el caso específico de Chihuahua aun cuando se ha tipificado el feminicidio a nivel estatal y federal, ninguna de las solicitudes para declarar esta alerta ha sido aceptada; de hacerlo, significaría que el Estado mexicano ha consentido que desde la sociedad hasta las instituciones gubernamentales – que es lo más grave- haya violencia hacia las mujeres sin siquiera actuar en torno a ello; todo lo contrario, el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria es algo que casi nunca es tangible y real. La reparación del daño; es decir la no repetición de los hechos, la sanción a los responsables, el acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial, contemplada en el derecho internacional de los derechos humanos no es garantizada; prueba de ello es que cada día hay más mujeres buscando a sus hijas, a sus hermanas, y la violencia estructural por razones de género a las que se les somete no cesa. Si bien se lograron avances tras la presión política de las madres con el apoyo sororo y constante de colectivos de jóvenes, así como de personas de a pie, también es cierto que el Estado mexicano aún tiene largas cuentas pendientes, pues no debemos olvidar que existen muchas madres más y familias esperando a que los gobiernos les tomen en cuenta, escuchen sus casos y demandas, se den un tiempo, sentarse y escucharlas, además de trabajar, como es su obligación, para que no haya ¡Ni una más, ni una asesinada más! *Diana López Santiago es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O P A. C. [1] La alerta de violencia de género es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida ya sea por individuos o por la comunidad. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala La amenaza del fracking Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! Un manual de investigación para defender derechos humanos ¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón? Juventudes alzan la voz por una vida digna Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedó a su suerte) Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres Vicisitudes para 2015
Producción de alimentos y amenazas para el campo mexicano
Producción de alimentos y amenazas para el campo mexicano 05 de octubre de 2014 Por: Miguel Concha Desde hace décadas se abrió en México un debate sólido sobre la situación del campo mexicano. Lamentablemente el modelo neoliberal se ha impuesto y, por ello, desde la década de 1980 se comenzó primeramente con el despojo de su valor, difundiendo la falsa idea de que el campo no es rentable ni ayuda al progreso del país. Ahora ésta logra “encumbrarse” por medio del despojo de los territorios y de los bienes comunes. Con el modelo de desarrollo que el gobierno actual sigue, el campo agoniza cada día más, no por causa de sus campesinas y campesinos, ni de los pueblos indígenas o los productores, sino porque reformas estructurales como la energética atentan directamente contra su fortalecimiento, pues amenaza a sus territorios y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Se pretende cerrar el ciclo neoliberal que abrieron durante el salinismo. El despojo y privatización de los bienes naturales es una agresión cada vez más fuerte. Hoy se nos arrebata a las y los mexicanos la posibilidad de seguir sembrando en nuestra tierra, produciendo los alimentos que eventualmente nos lleven a recuperar la seguridad y soberanía alimentaria indispensable. Por tanto, y como inmediata consecuencia, se nos condena a migrar en las peores condiciones, y se nos somete a perpetuidad a una “pobreza modernizada”. Unos cuantos se enriquecen con los pocos subsidios para el campo, pues en su mayoría los recursos están destinados a grandes empresarios agroindustriales, dejando desprotegidos a pequeños y medianos productores. En la distribución de recursos públicos se privilegia a los que más tienen, y se margina a quienes cuentan con menos recursos. Y si protestan, si exigen mayor justicia y equidad en su distribución, se les criminaliza, encierra, o se les victimiza con situaciones aún más graves. En palabras de un campesino de la Sierra Norte de Puebla, los pueblos campesinos e indígenas padecen “destierro, encierro y entierro”. Entre tanto, en nuestro país se prioriza la producción de alimentos chatarra que nos tienen mal alimentados. Empresas de alimentos procesados, refresqueras y agroindustriales son las culpables de ello, en connivencia con el propio Estado. Se hace entonces urgente hacer algo, por ejemplo, monitorear como sociedad civil el comportamiento de los estados en sus negociaciones con las empresas. Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son un primer paso, aunque en la región de América Latina requerimos todavía ampliar más el análisis y el debate en torno a ello. La actual situación económica del país arrastra al campo a morir lentamente, pues se anula a los pequeños productores que representan más de la mitad de quienes en él producen. Ahora las empresas transnacionales abusivamente se apropian de la producción, comercialización y distribución de los alimentos y de todos los bienes naturales que nuestras tierras guardan y generan: agua, minerales, semillas, bosques, aire y tierra. En este sentido, se busca también transgenizar el campo y los cultivos. Son riesgos para nuestra alimentación, y por ello actualmente lo debatimos cada vez más en México. La introducción en general de cultivos transgénicos, y en particular la siembra de maíz transgénico, agravaría aún más lo que hemos dicho. La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, integrada por organizaciones de productores, de derechos humanos y ambientalistas, entre otras, ha denunciado que el gobierno intenta legitimar la siembra de transgénicos con el falso discurso de erradicar el hambre y hacer más eficiente la producción en el campo mexicano. México hoy registra contaminación por transgénicos en siembras de maíz donde no se ha permitido la liberación al medio ambiente de estos cultivos genéticamente modificados. Aun así, el Estado omite llevar a cabo alguna política pública para garantizar la inocuidad del maíz que consumimos. Se ha documentado cómo es que las empresas pretenden poco a poco sembrar estos cultivos, aunque la sociedad en su conjunto coincide en que la emergencia alimentaria será todavía más grande si estos cultivos siguen fomentándose. Actualmente transnacionales como Monsanto intentan patentar la vida y despojar a los pueblos de su historia y de sus formas ancestrales y sustentables de producir y consumir alimentos. La siembra de estos monocultivos transgénicos implica graves violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, comunidades y productoras de alimentos, y en general a los derechos humanos de toda la población mexicana, en especial sus derechos a un medio ambiente sano, a una alimentación inocua y de calidad, a gozar de la diversidad biológica con la que el país cuenta, y a conservar su historia y cultura. En julio del año pasado iniciamos una demanda judicial a través de la figura jurídica de acciones colectivas, recientemente incluida en el marco jurídico mexicano, para exigirles al Estado y a las empresas que se prohíba y omita la siembra de esos cultivos, pues se corre el riesgo de sufrir afectaciones al medio ambiente, a la alimentación y a la salud. En el transcurso del juicio, antes que velar por los derechos de las y los ciudadanos, el Estado mexicano ha preferido litigar a favor de las empresas. Durante la consulta que el pasado 16 de agosto hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), denunciamos el conflicto de interés en el que incurren instituciones como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cuando renuncian a cumplir con sus obligaciones para favorecer a grandes empresas trasnacionales que se han convertido en un flagelo para los pueblos. La CIDH, a través de la Unidad (futura Relatoría) sobre los DESCA, mostró mucho interés en el tema. Y con razón se dijo que es un reto para toda la región de América Latina avanzar en estándares relacionados con la exigibilidad de estos derechos, incrementar las audiencias públicas regionales o por país sobre derechos relacionados con estos temas, así como atraer casos que avancen en la justiciabilidad (defensa judicial) de alguno de los
Desarrollo con inclusión social
Desarrollo con inclusión social 13 de julio de 2014 Por: Miguel Concha En junio pasado, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó a cabo su XLIV Periodo Ordinario de Sesiones. La reunión tuvo lugar en la Ciudad de Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio, sobre el tema del desarrollo sustentable y con el lema: “Desarrollo con inclusión social”. Si se toman en cuenta los altos índices de pobreza que persisten en todo el Continente Americano, la relevancia de esta consigna es evidente. Recordemos que el documento Panorama social de América Latina, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sostiene que en la región existen 167 millones de personas en pobreza y 66 millones en situación de indigencia. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en sus resultados respecto a 2012, muestra que 53.3 por ciento de la población en México vive en pobreza, y 19.7 por ciento en extrema pobreza. Gran parte de la responsabilidad recae sin duda en la falta de compromiso que los gobiernos de los países del área tienen con respecto del combate a la pobreza, pues actualmente muchos de ellos responden a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, cuyos lineamientos son íntegramente de corte capitalista liberal, y cada vez están más lejos de la sensibilidad y el respeto por los derechos humanos. Recordemos sólo que el último “consejo” dado por el FMI en 2012 proponía aumentar la edad de jubilación y bajar las pensiones ante el crecimiento de la esperanza de vida, por “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado” (El País, 11 de abril de 2012). Los gobiernos de América Latina se han puesto de acuerdo en el discurso de que es necesario impulsar el desarrollo humano y social para abatir la pobreza que aflige al Continente. En consecuencia, el desarrollo ha sido de nueva cuenta declarado como relacionado con una promesa de bienestar con relación a la calidad de vida. Es decir, el avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de una comunidad o país. Con ello, no obstante, vale la pena también destacar que esta calidad de vida se ha visto avasallada por un modelo de cálculos mercantiles, en los que la felicidad depende de la capacidad de consumo. Desde este punto de vista, el desarrollo responde a otro modelo aún más específico: el neoliberal. Dicho modelo concibe todo bajo un único estándar, el occidental, y para muchos, neocolonizador. Y en ese sentido se trata de un “desarrollo” económico “global” basado en la acumulación de riqueza, la explotación de los recursos naturales y la precariedad de las fuentes de trabajo. Y en un “progreso” político sustentado en la realización controlada de una democracia electoral, pero no participativa, que entrega el poder a unos cuantos y no toma realmente en cuenta la opinión y las expectativas de la sociedad en general. Un desarrollo cultural selectivo, que elitiza y controla los recursos culturales. El debate en torno a esta visión del desarrollo ha hecho cuestionar su validez y dirigido la atención a aspectos que se deben atender para lograr los avances y mejoras que permitan satisfacer las necesidades humanas. Por ello en los debates sociológicos actuales el desarrollo no sólo debe hacer referencia ni tener como fin la acumulación de bienes y riquezas materiales, sino que debe también comprender un concepto más amplio, como es el de desarrollo sostenible, que está ligado a lo social, lo cultural, lo económico y lo medioambiental. Por ello los Estados parte no deben olvidar sus obligaciones y compromisos adoptados en documentos regionales de protección de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional, el Protocolo de San Salvador, los cuales establecen definiciones, criterios y lineamientos para que los Estados adopten las medidas necesarias de orden jurídico, político, social y económico, a fin de lograr, progresivamente y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos humanos de las personas que habitamos este Continente. Los Estados deben garantizar un entorno socioeconómico que promueva y permita un acceso total y sin discriminación alguna a condiciones en las cuales las personas puedan gozar plenamente de sus derechos fundamentales, como son el derecho a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, los derechos laborales (como el contar con condiciones de trabajo seguras y sanas, así como con seguridad social), a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana, principalmente cuando se trata de la toma de decisiones en materia de política pública. Por ello, si se toma como marco de referencia la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos, el desarrollo sólo puede tener como propósito promover el bienestar y la libertad sobre la base de la dignidad y la igualdad inalienables de todas las personas. Por tanto, el desarrollo con inclusión social sólo puede tener como objetivo el disfrute de derechos y el acceso a oportunidades para mejorar con equidad la calidad de vida de la población, y un sistema de procuración y administración de justicia que funcione. Un desarrollo con inclusión social debe buscar ciertamente como resultado la mejora en la calidad de vida de las personas, pero también la mejora en los procesos. Hoy en día la pobreza no puede entenderse sólo como la falta de bienes materiales y oportunidades, como el consumo, el empleo y la propiedad, así como la democracia no sólo significa contar con elecciones populares y periódicas pero sin el acceso a la toma de decisiones por parte de la población. Los Estados deben garantizar instituciones que reflejen un interés fundamental por las personas y políticas públicas que tengan la cobertura más amplia, así como procesos que cuenten con la mayor participación, permitiendo con ello que los bienes materiales y oportunidades sean accesibles y asequibles para todos, sobre todo para que los grupos en situación de discriminación no queden excluidos. Sin embargo, cuando
