Trigésimo aniversario de Ednica
Sábado 18 de enero de 2020 Miguel Concha La coyuntura del último año nos ha involucrado en una reflexión sobre el papel de la sociedad civil en México. La discusión ha sido seria, fecunda y apasionada. En otros de mis textos me he referido conceptual e históricamente a la importancia de la sociedad civil para promover avances en los derechos humanos, exigir rendición de cuentas, forjar agendas e identificar problemáticas sociales nuevas o con la finalidad de proponer y fortalecer políticas públicas, y al mismo tiempo trabajar en campo con las personas y grupos más excluidos, mantener presencia en áreas en las que el Estado no tiene una acción efectiva. No me explayaré en ello porque lo he abordado de forma constante y la literatura es amplia. No obstante, esto me abre la puerta para presentar el trabajo de Ednica IAP (Ednica), una organización de la sociedad civil en la Ciudad de México, que el 12 de enero cumplió 30 años de labores en la promoción y defensa de los derechos humanos de personas en situación de calle. Como contexto, recuerdo que en su ar-tículo 11 la Constitución local reconoce que las personas en situación de calle son un grupo de atención prioritaria. Y, asimismo, que en la Ciudad de México hay poco más de 6 mil personas que viven, vale decir mejor, sobreviven en espacios públicos. Existen también miles de niñas y niños que sólo van a las calles a trabajar, pe-ro que no viven en ellas. En este caso se trata de niñas y niños que, casi siempre en compañía de sus familias, cuidan coches, venden algunas baratijas, recogen basura, atienden puestos o cuando son muy pequeños, acompañan a sus madres, quienes han encontrado en las calles la oportunidad de desempeñar alguna actividad económica. En el informe anual que la organización dio a conocer el pasado 15 de enero con ocasión de su 30 aniversario –y que puede ser consultado en www.ednica.org.mx/ conoce-mas/informes– se da cuenta de diversas cuestiones estratégicas: cómo se gestionan recursos para operar y quiénes son los aliados que aportan a la institución; las vicisitudes de 70 jóvenes, niños y niñas que son parte del proceso que les permite acceder a un espacio rentado para reiniciar su vida fuera de la calle; 128 niñas, niños y adolescentes que realizaban alguna actividad económica en calle y que ahora, siendo parte de Ednica, van a la escuela, desde prescolar hasta bachillerato. También acerca de la presencia institucional en espacios de participación ciudadana y defensa de derechos. Destaco también que en la presentación del informe de este año participaron en la conducción de la ceremonia con un rol protagónico dos mujeres jóvenes (Xochitl y María Isabel), así como dos niñas (Lesli y Cesia) y un niño (Pablo) que trabajaban en la calle. Cada quien compartió algunas palabras sobre lo que les ha implicado ya no trabajar en las calles, y qué cambios han experimentado en sus vidas. Cesía, de 10 años, dice que los alrededores del que era su lugar de trabajo son ruidosos, sucios y que no se siente segura; se refiere a las inmediaciones de un paradero del Metro, donde su madre vende tacos. Si Cesia sigue en Ednica cinco o seis años más, quizá sea la primera mujer de su familia que concluya la secundaría, ingrese al bachillerato y tenga el impulso para acceder a un trabajo que le dé mayores oportunidades, logrando con ello una vida menos adversa. En el informe pueden encontrarse más testimonios de niñas y niños que hablan sobre los cambios que han realizado en sus familias, en sus trayectorias escolares y en sus planes de vida. Contradictoriamente, el mismo 15 de enero, ya entrada la noche, un joven que vivía en la calle falleció en alguna zona aledaña al Centro Histórico. Este joven, sin familia, con más de 15 años de vivir en las calles, murió a consecuencia de daños asociados a su adicción a los solventes. Al personal de Ednica le correspondió intervenir, como acontece en casos similares, pues algunas vecinas informaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que en Ednica tenían datos del chavo. Por lo que el personal se trasladó a la esquina donde se encontró el cuerpo y constató su identidad. Acto seguido cumplieron con los trámites para recuperar el cuerpo y el joven pudiese ser sepultado dignamente. En México y en nuestra capital en concreto, existen organizaciones de la sociedad civil que tienen mucha historia, que hacen un trabajo que no está haciendo el Estado, y que en su mayoría son transparentes, con una rigurosa administración de recursos. Organizaciones con gran legitimidad en las comunidades en las que trabajan, y que desde una lógica ciudadana y de derechos humanos impulsan la vida digna y la autonomía de personas excluidas. Por ello tenemos que mantener la exigencia de que el Estado vea a las organizaciones de la sociedad como aliados, no como competidores. Felicidades a Ednica por sus 30 años. Como dicen: nadie debería vivir, ni trabajar ni morir en las calles. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHVitoria
Responsabilidad del Poder Judicial federal
Sábado 04 de enero de 2020 Miguel Concha Homún es un pueblo maya del estado de Yucatán, con características que lo hacen privilegiado por albergar en su territorio áreas naturales protegidas. Entre ellas, las denominadas Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de los Cenotes y Parque Estatal Lagunas de Yalahau, certificadas como sitios fundamentales por el Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional. Una de las actividades económicas más importantes de la zona es la turística, de la cual se beneficia un amplio porcentaje de la población. A pesar de ser una de las principales reservas de agua de la península de Yucatán, en 2017 diversas autoridades, entre ellas el presidente municipal de Homún, la Secretaría de Medio Ambiente de Yucatán y la Comisión Nacional del Agua, otorgaron permisos para la construcción y operación de una mega granja porcícola que albergaría aproximadamente 49 mil cerdos, propiedad de Producción Alimentaria y Porcícola (Papo), poniendo en riesgo un elemento trascendental como lo es el agua. Dicha granja comenzó a operar en septiembre de 2018, no obstante la oposición de la comunidad de Homún. Ante esto, y como parte de los diversos recursos jurídicos, que integrantes de la comunidad presentaron, un colectivo de niñas y niños indígenas mayas promovieron un amparo indirecto (1128/2018) en el juzgado cuarto de distrito del décimo cuarto circuito de Mérida. En él, la jueza Miriam Cámara Patrón determinó conceder la suspensión definitiva, con lo que se ordenó el cese de las operaciones de la granja, hasta que se resolviera el amparo. Frente a dicha determinación, Papo ha intentado por todos los medios reanudar su actividad, desde la presentación de múltiples recursos en contra de la determinación dictada por la jueza, hasta la violación a la suspensión. Ninguno ha prosperado. Ante ello, la empresa recurre ahora a una nueva estrategia de litigio, una chicanada, consistente en nombrar un nuevo representante legal, Pedro Carbajal Jiménez, quien fungía como abogado de la jueza del juzgado cuarto en un asunto que se ventila ante el Consejo de la Judicatura Federal. Este acto obligó a la jueza, quien se había mantenido firme frente a los intentos de levantar la suspensión, a declararse impedida para continuar conociendo y mantener el amparo. Frente al impedimento de la jueza, el juicio fue turnado al juez segundo de distrito de Yucatán, quien en otros casos presentados por personas de Homún se ha mostrado parcial en favor de la empresa porcícola. Al turnarse el asunto a un favorable a los intereses de la granja, una de las principales preocupaciones de la comunidad es que Papo vuelva a plantear el Incidente de Modificación de la suspensión, y que, con el nuevo juez, éste resulte favorable. Lo anterior significaría no sólo el levantamiento de la suspensión, con la consecuente reanudación en la operación de la granja, sino que podrían quedar sin efecto los Incidentes de Suspensión 1/2019, bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y la solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 647/201, bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mismos que resolverán sobre los recursos de revisión interpuestos por Papo, de la cual la comunidad de Homún solicitó que fueran atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y donde se abordarán temas de gran trascendencia, no sólo para este caso, sino para muchos otros, donde estén en juego los derechos humanos ambientales. La importancia y trascendencia que reviste el caso quedó en concreto determinada en la solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 116/2019, en la que la primera sala estimó que el presente caso representa una oportunidad para desarrollar diversos parámetros en torno a las medidas cautelares o suspensionales en materia del derecho a un medio ambiente sano. De igual forma, se estableció que “el desarrollo jurisprudencial de este alto tribunal en relación con el derecho a un medio ambiente sano resulta aún incipiente –por lo que– es necesario realizar un pronunciamiento que guíe el actuar de jueces y juezas al momento de resolver sobre las suspensiones solicitadas, tomando en cuenta el desarrollo internacional que existe sobre el tema”. Finalmente, otro de los asuntos que este alto tribunal podrá determinar al momento de resolver la revisión en Incidente de Suspensión 1/2019, bajo la ponencia de la ministra Piña Hernández, es sobre los principios de prevención y precaución. Sobre estos dos principios “… debe determinarse cómo operan en la materia de la suspensión, pues existe debate sobre los elementos a tomar en cuenta para determinar su aplicación”. Es indispensable que el Consejo de la Judicatura y la SCJN vigilen el actuar de los jueces y magistrados que tienen bajo su conocimiento los juicios del caso de Homún, para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, garante de los derechos fundamentales en el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Empresas monopsónicas
Sábado 21 de diciembre de 2019 Miguel Concha Estamos viviendo a escala mundial un momento de malestar generalizado de las clases medias y pobres, que se ha venido expresando por medio de manifestaciones, disturbios y procesos electorales que ya han tenido efectos sociales, políticos y económicos en diversos países. En la mayor parte de esos países el malestar se origina por los altos niveles de pobreza, y aun de pobreza extrema que sufre su población. En algunos otros por la evidente desigualdad social que dificulta y hace ríspida la convivencia. Y en los países desarrollados por el estancamiento en el progreso de las clases medias. En nuestro país la pobreza alcanza niveles de más de 50 millones de personas, de los cuales nueve se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Es decir, que no tienen ingresos suficientes para comprar sus alimentos básicos. Por el contrario, uno por ciento de la población obtiene 21 por ciento de los ingresos totales de la nación. Desde luego cabe preguntarnos si el modelo de economía global de mercado, utilizado para el desarrollo económico de prácticamente la totalidad de los países del mundo ha sido el origen y la causa de tal malestar. Como se sabe, la economía de mercado tiene un principio fundamental, que es otorgar al propio mercado la facultad de distribuir la riqueza creada colectivamente. Sin embargo, para que el mercado pueda cumplir su objetivo de repartir la riqueza en forma razonablemente equitativa, es condición imperativa que las transacciones de compra o venta de productos o servicios se den en un medio en el que prevalezca la competencia. Lo anterior implica la posibilidad de que los compradores, al tomar sus decisiones de adquirir los productos o servicios que desean, puedan elegir entre una amplia gama de oferentes los precios y condiciones que prefieran. Cuando la condición de competencia no se presenta, y el comprador no tiene opciones, sino que debe comprarle obligadamente a una empresa, se considera que esta empresa está efectuando prácticas monopólicas. Nuestro país está plagado de empresas cuyos resultados dependen fundamentalmente de su actividad monopólica, pese a que su práctica está expresamente prohibida en el artículo 28 de nuestra Constitución. Sin embargo, en esta ocasión me referiré a otra alteración del proceso de distribución equitativa de la riqueza generada colectivamente, y que se origina también por la falta de competencia. Me refiero a la que se denomina monopsonio, del griego mono, uno, y psonios, compra, que consiste en que los fabricantes vendedores de productos o servicios se encuentran ante el hecho de que en su mercado sólo participa un comprador, o en el mejor de los casos unos cuantos, quienes prácticamente fijan unilateralmente y a su criterio los precios y las condiciones de las compras, pues el proveedor no tiene otra opción, y se ve obligado a aceptar la propuesta que se le impone. En las transacciones de compra, la empresa monopsónica, generalmente de gran tamaño, incorpora conceptos intimidatorios, como son no te volveré a comprar y, ya efectuada la operación, amplia discrecionalmente los plazos de pago u otras prácticas similares. Las empresas gigantes que practican el monopsonio son las grandes cadenas comerciales. La mayor de ellas es una trasnacional estadunidense que por su volumen de ventas y número de empleados es una de las compañías más grandes del mundo. Estas empresas justifican la procedencia de su actuación por medio de eslogans como siempre los precios más bajos, y promocionando que supuestamente protegen al consumidor final. La realidad es que eventualmente lo logran, pero mediante imponer condiciones que acaban con la vida de sus pequeñas y medianas empresas proveedoras, y sin sacrificar nunca sus amplios márgenes de utilidad. Como información lateral, es interesante observar el efecto social que ha tenido la gestión de las cadenas comerciales monopsónicas en nuestra vida diaria, pues el desarrollo de las ciudades, y aun de las pequeñas poblaciones, se lleva a cabo en los grandes espacios de terrenos seleccionados por las cadenas comerciales para establecer sus instalaciones, con la consiguiente plusvalía que se crea en beneficio de desarrolladores y de las propias cadenas. Lo anterior ha traído también aparejada la desaparición de los tradicionales paisajes citadinos, de farmacias, tiendas de abarrotes, misceláneas, ferreterías, etcétera. Se puede afirmar que su efecto en la sociedad, de supuestos precios bajos, seguramente se daría también sin su presencia, que descansa en una buena parte en la presión que aplican sobre sus proveedores para obligarlos a reducir al mínimo sus gastos. Lo que también implica que sus trabajadores y empleados queden sujetos a salarios cada vez más bajos y aun a ser despedidos. Considero que la anterior situación y la competitividad son un reto y ofrecen una oportunidad real a la 4T para reducir la pobreza y la desigualdad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : La Jornada
En defensa de la sociedad civil organizada
Sábado 14 de diciembre de 2019 Miguel Concha Este 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fecha que nos interpela y obliga a mirar cómo vamos en el mundo y en nuestro país en cuanto al progreso de esa aspiración universal. En esta ocasión nos ocupamos del ejercicio de derechos de la sociedad civil, actor fundamental en el avance de la democracia participativa, que en razón de la gobernabilidad implica un entorno propicio para el diálogo político y la incidencia en lo público de la sociedad civil organizada. Hoy en un gran número de países se enfrentan retrocesos por el progresivo cierre de espacios cívicos de participación social y ciudadana ganados a costa de sacrificios de quienes se movilizaron por la democracia y el ejercicio de sus derechos de expresión y asociación a lo largo de décadas. Por eso la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la Efectividad del Desarrollo (AOED), a la que se sumaron varias organizaciones y redes en México, decidió impulsar el Día mundial de acción contra la reducción de espacios cívicos: trabajando juntos para defender los derechos humanos y el espacio cívico para un mundo justo y sostenible, para valorar sus actuales circunstancias, identificar las opciones de salida de una situación crítica y demandar el diálogo político con el actual gobierno. Desde la acción nacional, en la que participaron OSC y redes, recuperamos aquí lo expresado. La AOED convocante revela que en muchos países se enfrentan entornos que limitan y coartan el espacio cívico. Los actores sociales de distintos sectores están siendo amenazados y perseguidos. El hostigamiento, mediante arresto arbitrario, detención, uso selectivo de medidas legales y regulatorias, incluyendo restricciones en las finanzas, se han convertido en una experiencia común entre las OSC. En México, a pesar de la situación crítica que enfrenta a causa de las medidas tomadas por el gobierno, que la estigmatiza y desconoce sus derechos, la sociedad civil organizada y comprometida con el progreso del país, sigue actuando por sus valores y objetivos. Su larga lucha por una cobertura legal dio lugar a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC (Lffarosc), un marco legal que les reconoce como actores de interés público y ofrece argumentos claros para su fortalecimiento. Por ello, la Circular Uno que emitió el gobierno el 14 de febrero para eliminar el acceso a recursos públicos para las acciones que realizan, contradice lo establecido en la Lffarosc. A esa decisión se agrega la descalificación de años de trabajo y acción por la democracia del país de un conjunto de OSC calificadas (descalificadas) de intermediarias. Hoy un número notable de OSC trabaja con los mínimos; otro, lamentablemente, ha ido desapareciendo o ha decido concluir su trabajo ante un escenario adverso, producto de un gobierno que considera que no requiere actuar y gobernar con la sociedad civil. De entre las propuestas hechas en el Foro de las OSC en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el pasado 6 de diciembre, para avanzar hacia procesos políticos más inclusivos y erradicar el cierre de los espacios cívicos, destacamos: que la participación pública en la toma de decisiones es un derecho que tenemos las personas, grupos, pueblos, comunidades y las OSC; por tanto, es obligación del Estado crear un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, generales y específicos. Es necesario que se tomen medidas adecuadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente los daños por amenazas, ataques, violencias o delitos cometidos en contra de personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y del territorio y de OSC. Preservar y fortalecer los mecanismos de participación o consulta existentes y que sean vinculantes; además de crear nuevos dispositivos de participación y consulta conforme a estándares internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos. Los participantes demandaron el pleno reconocimiento del papel de las OSC en el desarrollo social; la defensa de los derechos humanos para todas las personas, y su reconocimiento como instituciones de la democracia que el Estado está obligado a proteger y fortalecer, destinando fondos públicos suficientes y respetando su autonomía institucional. Además, demandaron espacios de diálogo y colaboración que permitan detonar un proceso democrático, deliberativo, efectivo, inclusivo, sustantivo, transparente, con metodología y criterios públicos claros, que den certeza sobre el alcance, tiempos, espacios y consecuencias de cualquier espacio de consulta y participación existente. Y para una nueva relación gobierno-sociedad, solicitaron abrir un diálogo político con representantes responsables del Ejecutivo de la participación ciudadana. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
¿Hacia dónde ir configurando el horizonte político educativo?
23 de noviembre de 2019 Por: Víctor Chima, Yoxmara González, Leslie Melo y Sinayini Ruiz Aguilar La vigente situación de violencia y de suma de opresiones pone un escenario que demanda que las personas de manera individual y colectiva realicemos acciones dirigidas a la modificación de nuestra realidad cotidiana. Entre las organizaciones que hacemos trabajo en derechos humanos sabemos que la apuesta por los procesos formativos es una tarea fundamental, generosa y fructífera. El CDH Vitoria pone de sí con un esfuerzo formativo llamado “Escuela para Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos”. Desde hace 17 años “La Escuelita”, como es conocida cariñosamente, es un espacio que brinda herramientas y experiencias desde los derechos humanos, con la firme convicción de que la transformación social se construye de la mano de las juventudes. Fundamentada en los aportes de la educación popular, para la paz y teniendo como núcleo la aproximación alternativa y crítica a los derechos humanos y teniendo como ejes el diálogo intergeneracional y la mirada interseccional. Existe un discurso dominante y estereotipado en torno a lo que es ser joven, sin embargo desde nuestra experiencia sabemos que esto no es más que un conjunto de falsas creencias ya que las juventudes nutren continua y profundamente el esfuerzo de construir una vida más digna para todas las personas. Víctor Manuel Chima, quien fue parte de esta última generación de La Escuelita, pone énfasis en la comunicación digital como una herramienta para fomentar la participación de las juventudes en la defensa de derechos humanos. Comenta: “La información relacionada con los derechos humanos y los procesos de defensa y acompañamiento es vasta, por lo que es necesario pensar en formas y narrativas creativas de socialización con la intención de posicionar las discusiones en el debate público, visibilizar –sin revictimizar- a las víctimas de violaciones de derechos humanos y acompañar las exigencias de verdad, justicia y reparación, dando voz a quienes les ha sido arrebatada”. En sus palabras, afirma: La Escuelita, como espacio de compartición de saberes, nos invitó a repensar e intercambiar experiencias y herramientas siempre con el claro objetivo de ayudar a tener buenos resultados en el “acompañamiento digital de determinados procesos. Saber cómo contar historias desde la empatía, fortalecer los procesos de memoria colectiva, transmitir emociones a partir de las imágenes y generar conexiones desde el uso de las tecnologías de la información y plataformas digitales, pueden impactar en el imaginario de la sociedad y particularmente de las personas jóvenes, además de motivar la construcción de espacios para el diálogo intercultural e intergeneracional”. Yoxmara González Tapia es otra integrante de esta última generación que después de ocho meses de formación en la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos presentó un proyecto que plantea elaborar un diagnóstico y reconocimiento territorial y social de la relación de los jóvenes con el campo. Yoxmara, quien es etnóloga de formación nos dice que a pesar de los esfuerzos por incorporar a las y los jóvenes indígenas al sector a la educación superior, se ha invisibilizado lo que realmente buscan. Los diversos caminos que se pueden optar más allá de la profesionalización suelen ser muy variados y por ello es necesario pensar en mejorar no sólo las oportunidades en el ámbito escolar sino también en otros aspectos como lo laboral, en donde el trabajo campesino debe reconocerse como eso, trabajo, visibilizando los derechos que implica esto. Por último, otro aspecto relevante es el cambio generacional, los jóvenes indígenas que no precisamente optan por la educación, buscan espacios que los representen pero estos no siempre son cedidos. Estos elementos influyeron de manera profunda en su decisión de buscar y aprender en espacios como La Escuelita. Ella comenta: “la formación como defensores, considero, va más allá de la crítica y la enunciación, es reconocernos y reconocer a quienes van en el camino, visibilizando otros aspectos que contribuyen a la construcción del panorama complejo de lo social. Las herramientas que se brindan en la Escuela para juventudes defensoras no sólo se enfocan en la defensa sino que invitan a reconocer y construir las formas de acompañar procesos. Cuestionar, reflexionar, proponer y accionar son el siguiente paso que nos toca como personas jóvenes y defensoras. Hoy, nos enfrentamos a diversos retos y, ante un contexto de violencias y precariedad, necesitamos transformar nuestras relaciones y espacios, construyendo oportunidades, buscando metas y compartiendo saberes”. Por último tenemos la experiencia de Leslie Joryet Melo Gama, quien es una firme defensora de los derechos humanos de las mujeres y acompañante en temas de violencia de género. “Mi paso como parte de la Escuelita del Centro Vitoria, ha sido muy diferente a los espacios de formación de los que he sido parte, pues el aprendizaje se comparte desde las experiencias y del corazón. Éste es un espacio seguro, ya que al ser todas personas jóvenes, con interés y compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, se genera un ambiente de confianza y compartición. Ante el contexto tan violento que atravesamos, espacios como este son sumamente necesarios para reflexionar colectivamente desde cada una de nuestras interseccionalidades, entretejernos y resistir desde otras formas creativas que nos permitan seguir construyendo y apostando a otras realidades posibles. En este sentido, es que a través de este proceso de formación en derechos humanos, se nos invita a la apropiación de las diversas herramientas compartidas, para fortalecer el trabajo que cada una de las personas desarrolla día a día desde sus diferentes espacios, sin desdibujar el trabajo de defensa como un proceso transformador de realidades en el mundo que habitamos, siendo nosotras, las diversas juventudes, parte del mismo al que se desea intervenir para recrear, retejer y reconstruir la dignidad de todas las personas que aquí existimos.” Conocer las experiencias de estas personas jóvenes que hablan desde su vivencia y convicción, pone en evidencia cómo conectar con un deseo de transformación frente a la injusticia, siendo el punto de partida para trabajar por el ejercicio de los derechos humanos al servicio de las personas y los
Resistencia del pueblo chontal
Sábado 07 de diciembre de 2019 Miguel Concha Las diversas luchas contra el extractivismo en México se han convertido en una constante en todas sus formas, con presencia en buena parte del territorio nacional. En su mayoría, son comunidades y pueblos indígenas y campesinos los que directamente enfrentan despojos de sus territorios y bienes comunes. Para los tiempos que corren, no ha dejado de ser un tema recurrente, incluso se perfila como un modelo económico hasta cierto punto de continuidad, basado de manera importante en la extracción de recursos naturales. Habrá que recordar y reafirmar primero que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional, emanada de la norma internacional de los derechos humanos, de proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y que uno de los instrumentos internacionales más referido en este asunto es la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esos documentos, debidamente interpretados, posibilitan también una seria tarea para el gobierno actual: revertir o dejar de hacer todo aquello que impida la realización de los derechos de estos pueblos Por desgracia, hasta ahora son muchos los ejemplos de comunidades indígenas que tienen que luchar por sus propios medios contra las industrias extractivas. Tal es el caso de la comunidad agraria indígena del pueblo chontal de Santa María Zapotitlán, perteneciente al municipio de Santa María Ecatepec, distrito de San Carlos Yautepec, en Oaxaca. En dicha comunidad existe el riesgo de que proceda un megaproyecto minero que abarcaría poco más de 5 mil 412 hectáreas, poniendo en riesgo la existencia de la comunidad chontal. Esta concesión minera, denominada Zapotitlán 1, según la Secretaría de Economía, pertenece a la empresa minera Zalamera SA de CV. Cuando un proyecto a gran escala llega como amenaza a alguna comunidad indígena, como ahora lo vemos, la pone en riesgo, pues la explotación de recursos en su territorio puede generar el desplazamiento forzado de su población, como ya lo hemos visto en casos similares. Se podría dar el abandono de sus tierras, ríos, bosques y de sus hogares y escuelas; dejando además de lado sus templos y lugares ceremoniales, de convivencia y realización de su vida comunitaria. Hemos constatado que de proceder estos megaproyectos, se podría romper el tejido vital de las comunidades. En el caso que ahora reportamos, esta inversión de la minera pone directamente en riesgo las tierras comunales de al menos cinco comunidades vecinas, entre las que se cuentan San Juan Alotepec, San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, Santa Lucía Macaltepec y San Matías Petalcaltepec, pertenecientes a los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita, San Miguel Tenango y Santo Domingo Tehuantepec, todas de Oaxaca. Urge que las autoridades atiendan y dimensionen la afectación enorme que traería a toda esa región. Además, se ha comprobado que, por los desechos que se generarían, existen riesgos indirectos ambientales y de salud para las comunidades. En este caso las que se ubican en la zona chontal baja. Hasta la fecha las comunidades, en búsqueda de la protección a sus derechos, han recurrido al Poder Judicial. Y, dado el riesgo que corren, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su solidaridad y mostrado su preocupa-ción ante los impartidores de justicia. Hacemos votos para que toda sentencia que se emita del caso sea hecha con el ánimo de hacer prevalecer los derechos de esta comunidad chontal, los cuales incluyen su derecho a la libre determinación, su autonomía y el respeto irrestricto de su derecho al territorio. Esto frente al interés particular de la empresa minera y de la propia Secretaría de Economía. Ayudaría mucho que en casos como este las empresas inversoras y las propias instituciones del Estado hicieran un esfuerzo mayor para conocer la forma de vivir de la comunidad y el riesgo que significa la procedencia de la concesión minera para tales territorios y región. No sobra decir que en situaciones como la que narramos debe primar el deber judicial de realizar control de constitucionalidad y convencionalidad, como una función ineludible del juzgador. Hago un reconocimiento a la organización defensora Tequio Jurídico AC, que ha acompañando a la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio por varios años. En particular acompaña la estrategia jurídica y de defensa del territorio que la comunidad de Santa María Zapoti-tlán lleva a cabo. Sin duda y frente a la crisis de civilización, en la que incluyo la crisis de derechos humanos, ambiental y climática, la experiencia de resistencia de esta comunidad es esperanzadora, pues centra su interés en la vida misma. Es decir, en toda forma de vida que habita en sus territorios. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Alerta de género para la Ciudad de México
Sábado 30 de noviembre de 2019 Miguel Concha Es innegable que hoy nuestro país está permeado por un contexto de violencia generalizada. Sin embargo, es fundamental reconocer las violencias e impactos diferenciados en la sociedad. Por lo que la violencia contra las mujeres debe nombrarse, reconocerse y atenderse con sus particularidades y necesidades. El pasado 25 de noviembre miles de mujeres en todo el mundo salieron a las calles a manifestarse, exigiendo la erradicación de las violencias en su contra: el cese de feminicidios, de violaciones sexuales, de desaparición de mujeres y niñas, y de cualquier otro tipo de agresión. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de enero a octubre de 2019 ocurrieron en México 833 asesinatos de mujeres clasificados como feminicidio, y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas contó 9 mil 522 mujeres y niñas sin localizar al corte de abril pasado. La Ciudad de México no es la excepción; el Sesnsp registró 50 víctimas de feminicidio de enero a finales de noviembre de este año. En este contexto, se hace urgente que las autoridades capitalinas atiendan esta problemática de manera contundente. Apenas este 21de noviembre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo , dio a conocer la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la Ciudad de México, la cual entró en vigor el 25 de noviembre, mediante su publicación en la Gaceta Oficial, cuyo acto saludamos y reconocemos. La AVGM, mecanismo estipulado en la ley local y federal, está relacionada con el derecho de las mujeres a acceder a una vida li-bre de violencia y pretende la realización de acciones de gobierno urgentes para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en una determinada entidad. La reciente declaratoria de la capital se basa en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y se emitió a solicitud de la Secretaría de las Mujeres. Para el seguimiento de su implementación,la declaratoria contempla la participación de seis organizaciones de la sociedad civil (OSC), y entre las 11 medidas para su puesta en marcha sobresale la atención a la violencia sexual. No obstante, es necesario recordar que desde el 7 de septiembre de 2017 las organizaciones Justicia Pro Persona AC y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC solicitaron la AVGM para la Ciudad de México ante instancias federales, con base en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dicha solicitud no sólo denuncia la grave situación de la violencia feminicida y las deficiencias en el sistema de procuración e impartición de justicia, sino que muestra diversas áreas de oportunidad. De este procedimiento se derivó la constitución de un grupo de trabajo encargado de atender lo relacionado con la solicitud, el cual, mediante entrevistas con grupos de víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, organizaciones acompañantes y defensoras de los derechos de las mujeres, así como visitas in situ a las instituciones, entre otras metodologías, realizó un informe que dio cuenta de la situación de la violencia feminicida en la capital del país, y en el que determinó 20 medidas y seis acciones urgentes, cada una con sus respectivos indicadores de cumplimiento, que el gobierno de la ciudad tendría que cumplir en un lapso de seis meses. Casi con dos años de retraso, el 7 de junio de 2019, y considerando sólo 13 acciones que la nueva administración había emprendido, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), no encontró elementos suficientes para declarar la AVGM en la capital, y de manera sorprendente estableció 17 medidas a evaluar nuevamente en un plazo de seis meses; el plazo está a punto de cumplirse. Frente a esta resolución, las organizaciones peticionarias interpusieron un amparo que fue resuelto a su favor, por lo que, a su vez, la Conavim interpuso ante el Poder Judicial un recurso de revisión, pendiente aún de resolverse. Es importante reconocer que por lo menos desde 2017, aún con el gobierno anterior, las víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, en conjunto con las OSC, han hecho un ejercicio de visibilización y denuncia del aumento de esta violencia, que propició la emisión de medidas y procedimientos para enfrentarla. Asimismo, es necesario aclarar que la situación de las declaratorias de alerta de género para la Ciudad de México de-vela una revisión del mecanismo que establece la ley, con el ánimo de perfeccionar, fortalecer y aumentar las capacidades de esta herramienta, usada por víctimas y organizaciones para hacer frente a la violencia feminicida. En este sentido, vale decir que la AVGM es importante, no como un fin en sí misma, sino como un medio para la erradicación de la violencia feminicida. Por lo que la capital se encuentra nuevamente ante una oportunidad para que todas las mujeres que habitan y transitan por ella puedan vivir una vida libre de violencia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Angélica Díaz Molina
¿Qué pasa con los derechos civiles y políticos en México?
27 de noviembre de 2019 Por: Donovan Ortega (@donoortega), Isis Alves y Laurence Blattmer (@ Doms_at_UN) México recibió recomendaciones en más de 20 temas por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, derivado de la evaluación de la que fue sujeto hace unas semanas. Organizaciones de la Sociedad Civil presentamos información ante el Comité para exponer la grave situación de los derechos humanos que vivimos. Asimismo, estuvimos presentes en Ginebra (Suiza) durante los días de la evaluación, momento en el que pudimos confirmar los grandes retos que se tienen en la materia en temas como la militarización del país, los altos niveles de violencia de género, la impunidad, la situación de las víctimas, la libertad de expresión, la migración, la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, la discriminación racial y las grandes fallas del sistema judicial. La delegación mexicana que asistió a la sustentación mencionó los avances principalmente en el marco jurídico, así como las nuevas acciones y medidas que se están adoptando; no obstante, el Comité mostró preocupación por la falta de respuestas precisas, principalmente con respaldo en datos y estadísticas. En algunos casos la información mencionada no correspondía exactamente a la pregunta hecha; o había mención a una acción del gobierno y procesos en desarrollo, pero no se logró demostrar los resultados concretos de estas medidas. Las autoridades mexicanas admitieron la existencia de problemas graves como la violencia de género, la falta de información sobre poblaciones específicas como la LGBTI+ y los altos índices de desaparición forzada. Sin embargo, la delegación se negó a reconocer varios puntos importantes colocados en la discusión, por ejemplo el hacinamiento en las cárceles federales y las intervenciones médicas forzadas en personas menores de edad intersexuales. Tras el examen, el Comité emitió sus observaciones finales2, algunos de los asuntos de mayor interés y preocupación son los siguientes: Sistema de Atención a Víctimas El Comité mencionó que la implementación de la Ley General de Víctimas ha sido insuficiente, lo cual ha violentado directamente a las víctimas en su proceso de atención y reparación. Se reconoció que varias entidades federativas aún no cuentan con un organismo encargado de aplicar la ley y los existentes tienen grandes carencias financieras. Sobre el personal que ahí labora se señaló que no está adecuadamente calificado para brindar la atención especializada que se necesita en el trato con víctimas del delito, lo que hace del reconocimiento de la calidad de víctima un aparato burocrático que a menudo resulta revictimizante. El Comité recomendó a México generar las condiciones necesarias para garantizar que las víctimas reciban una reparación integral que atienda aspectos culturales y de género. Además de proveer de los recursos necesarios y del personal capacitado en tan importante tarea. Violencia de Género El Comité mostró su preocupación por el aumento en los niveles de violencia contra las mujeres que el Estado mexicano no ha podido atender y por la falta de armonización del delito de feminicidio en los códigos penales estatales. Además, reconoció la necesidad de que el Mecanismo de la Alerta de Violencia de Género debe ser fortalecido financieramente y hacer de su implementación un proceso de máxima transparencia. Recordó que todos los hechos violentos en contra de mujeres y niñas deben ser investigados con perspectiva de género y diligentemente, facilitando el acceso a la justicia y la reparación integral. Modelo de seguridad militarizado El Comité mencionó que el Estado mexicano debe alejarse del enfoque militarizado que ha adoptado en los últimos años y que se mantiene con la Guardia Nacional; señaló la importancia de garantizar que sea constituida como una fuerza de carácter civil y a su vez, que se establezca un plan gradual y ordenado que haga real la retirada de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. De igual forma realizó recomendaciones en materia del uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales, así como, su debida investigación y sanción. Política migratoria El Comité informó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes: casos de tortura, extorsión y trata de personas, entre otras. Reconoció que le preocupa bastante la nueva política migratoria adoptada por el gobierno que pareciera estar caracterizada por el uso generalizado de la detención y la fuerza pública. Entre las recomendaciones que emitió se encuentran la importancia de evitar la detención administrativa de solicitantes de asilo y migrantes, abstenerse de privar de la libertad a niños y niñas migrantes o solicitantes de asilo y la separación de sus familias. Libertad de expresión y asociación El Comité reconoció el alto de nivel de violencia e intimidación al que se enfrenta las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la falta de una política integral por parte el Estado mexicano en materia de su protección, además de que las medidas existentes son insuficientes. Se instó a fortalecer el Mecanismo de Protección desde la integración de una perspectiva de protección integral, la asignación adecuada y suficiente de recursos y el personal capacitado para la atención. Finalmente, tras esta evaluación, el Estado mexicano tiene dos años para informar sobre la aplicación de todas las recomendaciones hechas por el Comité, para lo cual debe responder de manera integral y efectiva, cumpliendo con sus responsabilidades internacionales en la materia y su deber de avanzar en la protección de los derechos de todas y todos en el país. *Donovan Ortega (@donoortega) es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., Isis Alves y Laurence Blattmer (@Doms_at_UN) son colaboradoras de la organización Dominicans For Justice and Peace O.P. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Angélica Díaz Molina
Expectativas en la CNDH
Sábado 23 de noviembre de 2019 Miguel Concha La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una institución que desde su fundación en la década de los noventa ha enfrentado los retos de consolidar su autonomía y dirigir eficazmente todos sus esfuerzos a la atención de personas y grupos que han padecido violaciones a sus derechos humanos. El largo y lento camino en la realización de estos derechos en México pasa también por contar con instituciones autónomas encargadas de la vigilancia de su ejercicio por quienes habitan o transitan por el país. Quien ostenta la presidencia de este órgano autónomo tiene en su fuerza moral su principal herramienta para acompañar a víctimas y colectivos que acuden a ella para resolver y atender sus necesidades derivadas de hechos violatorios a sus derechos. Asimismo, esta institución tiene tareas pendientes muy importantes que observar, no sólo en cuanto al proceso de designación de su titular, sino en el cumplimiento de los preceptos constitucionales que la norman, pues hace ya algunos años que dejó de ser un órgano desconcentrado de la administración, para pasar a ser una institución constitucional de Estado. Es decir, la CNDH es un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, y en ello radica la razón de su existencia. Bajo ninguna circunstancia ésta debe ponerse en riesgo, pues funciona como un contrapeso a todas las instituciones de gobierno. Y con ese carácter promueve la legalidad, progresividad y creatividad para recomendar y orientar de manera efectiva lo que los gobiernos deben prevenir o corregir en su actuar, cuando violentan los derechos humanos de los ciudadanos. Dependiendo de la correlación de las fuerzas políticas, y conforme a los grupos en el poder, o en la oposición en el momento el modo de proceder de la CNDH en su historia ha sido constantemente cuestionado. Lo cierto es que desde la labor de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan, la exigencia es firme y la expectativa principal es la misma, independientemente de la persona titular o de las fuerzas políticas partidistas: la centralidad de los derechos humanos, el acompañamiento a las víctimas y el trabajo comprometido, libre de conflictos de interés, para hacer frente a la crisis de derechos humanos que padecemos en el país. Y en este sentido, en el contexto político actual, se hace necesario recurrir a los principios que debieran guiar las estrategias de fortalecimiento de instituciones autónomas relacionadas con la vigencia de los derechos humanos. Quiero decir que, en mi reflexión, y echando mano de mis experiencias a lo largo de los años, debemos recordar que un gobierno, particularmente el Poder Ejecutivo, se desenvolverá necesariamente en función del Estado. Un Estado constitucionalmente democrático que está en función del pueblo, garante y respetuoso de los derechos humanos. Me explico: el gobierno y el régimen se deberán conducir bajo principios en relación con el Estado, que en el caso mexicano, y conforme a lo que establece la Constitución, tiene su vocación en la centralidad de los derechos humanos y en su protección, garantía, respeto y promoción. Un Estado a su vez que está en función y realiza acciones a partir del mandato del pueblo. Debemos reflexionar más a fondo sobre si en el actual momento político del país estamos o no en un escenario que pudiera llevarnos a todo lo contrario: un pueblo que es subsumido por el Estado, sin la centralidad en los derechos humanos; y éste subsumido al régimen, al gobierno, donde sólo tiene centralidad el Poder Ejecutivo. Llama la atención que este tipo de principios parecieran estar siendo obviados del debate y las tensiones que se han estado generando en diversas ocasiones durante casi el primer año del gobierno actual. Volver a los principios propios de un Estado garante de derechos humanos, que se conduce en función del pueblo, será una especie de brújula en medio de tanta confusión, posibilitando muy seguramente mínimos de entendimiento para pedagógicamente comprender qué puede llevarnos a avanzar en la consolidación de la democracia y de un Estado garante de derechos que responda al pueblo, alejándonos de la tentación de subsumir todo al régimen de gobierno. El proceso que venimos atestiguando desde hace dos meses para designar a la nueva ombudsperson, ha dejado señales de una limitación parlamentaria en el Senado, el cual debiera aceptar que estuvo viciado de origen, falto de transparencia y de fundamento. Pareciera estar dirigido conforme a los intereses de un determinado régimen, y no por principios de un Estado garante de derechos humanos, mandatado por el pueblo. Hagamos votos para que la CNDH no sea más debilitada y cuente con una presidencia con bríos renovados para impulsar aún más el cumplimiento de su mandato constitucional: protección de los derechos humanos, ejerciendo plenamente su autonomía, y un contundente compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos ocasionadas por las propias instituciones del Estado. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Los peligros de una reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales
23 de octubre de 2019 Por: Víctor Manuel Chima Ortíz El pasado 19 de febrero, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Cabe señalar que esta ley fue aprobada por primera vez el 25 de octubre de 1996 durante el mandato de Ernesto Zedillo y reformada por última ocasión en abril de 2012, recién iniciado el periodo de Enrique Peña Nieto. Según el artículo 1 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, ésta “tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales”, otorgando a la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) atribuciones como “fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor”, “difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas”, y “actuar como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de los obtentores”, de acuerdo con su artículo 3. En la iniciativa de reforma del diputado Eraclio Rodríguez, se contempla la posibilidad de generar y registrar nuevas variedades que estén adaptadas a nuestro territorio, además de “fortalecer las sanciones por violaciones a la ley para reducir la piratería de semillas, el uso de semilla ilegal y el engaño y daño a los agricultores causados por estos efectos”. Aunque uno de los argumentos presentados en esta iniciativa es favorecer la productividad del campo mexicano, lo cual reduciría la importación de alimentos y la dependencia alimentaria de nuestro país, la productividad de la que se habla en ella no contempla la participación de las comunidades productoras de pequeña y mediana escala ni el apoyo a formas tradicionales de producción agrícola, las cuales representan alrededor del 75 por ciento de la producción total en el país; por el contrario, únicamente beneficiaría a grandes productores –principalmente transnacionales– que producen industrialmente y con base en el monocultivo, permitiéndoles registrar variedades de semillas nativas como propiedad privada. En efecto, con la aprobación de esta iniciativa de reforma se corre el riesgo de privatizar y monopolizar las semillas nativas y variedades vegetales que ya se producen en México –y que son el sustento de dichas comunidades productoras y campesinas–, y de que nuestro país se ciña a las disposiciones en materia de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec), ratificado ya por el primero, por lo que con esta iniciativa se adoptarían las disposiciones del Acta UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales). El Acta UPOV 91, en términos generales, permite que variedades de semillas nativas sean patentadas y por lo tanto privatizadas, lo cual limita sobremanera a las productoras y productores campesinos, quienes las han utilizado e intercambiado de manera tradicional durante múltiples generaciones. Además, al introducir semillas híbridas patentadas al campo mexicano, los maíces nativos se contaminarían, lo que abre la posibilidad para que los maíces nativos con genes patentados pasen a ser propiedad de quienes poseen dichas patentes. De igual manera, el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales abriría la puerta a semillas transgénicas como el maíz, además de que se criminalizaría a quienes usen las semillas registradas sin permiso o autorización. Por lo tanto, es claro advertir por lo menos dos cosas: primera, que las semillas nativas están en serio peligro, y segunda, que con esta reforma las empresas transnacionales podrían patentar semillas que por generaciones han sido mejoradas con procedimientos basados en conocimientos de domesticación de semillas, practicados por comunidades campesinas. La iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales no busca atender la situación de riesgo en la que se encuentra la productividad del campo mexicano, sino que, por el contrario, afectaría las formas tradicionales de producción en comunidades indígenas y campesinas, a productoras y productores de pequeña y mediana escala, y particularmente a las diferentes razas de maíz nativo. Por tales motivos, desde la sociedad civil se han implementado e impulsado acciones jurídicas y de incidencia política para evitar que reformas como la presentada por Eraclio Rodríguez Gómez sean aprobadas, siempre con el fin de proteger las variedades vegetales nativas de México, defender a las comunidades campesinas, garantizar el libre intercambio de semillas entre ellas y fomentar las formas tradicionales de producción como la milpa. Por ejemplo, la Demanda Colectiva Maíz ha sido un esfuerzo que durante 6 años ha evitado que el maíz transgénico ingrese a nuestro país, y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, desde la construcción de un nuevo modelo agroalimentario, apoya la producción de alimentos campesinos para alcanzar la soberanía alimentaria. Ahora que la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria revisará la iniciativa de reforma, ni ella ni la sociedad civil podemos permitir su aprobación, porque esta ley busca abrir las puertas a semillas transgénicas a partir de la ratificación del Tmec, que criminaliza abierta y contundentemente el libre intercambio de semillas nativas entre campesinas y campesinos. Finalmente, si bien es cierto que reconocemos los esfuerzos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han realizado en la materia durante los últimos meses, entre ellos el proceso de aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y la declaración del Día Nacional del Maíz, la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de las Variedades Vegetales no solo cuestionaría fuertemente la legitimidad de las estrategias para reactivar el campo mexicano, apoyar a los campesinos y campesinas y alcanzar la soberanía alimentaria de nuestro país, sino que también atentaría contra las pequeñas y medianas comunidades productoras y campesinas, contra los pueblos y comunidades indígenas, la biodiversidad y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las mexicanas y los mexicanos. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro
