Protesta social creativa
Sábado 03 de agosto de 2019 Miguel Concha El alza al transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara y la aprobación de la llamada ley garrote en Tabasco, tienen algo en común: la criminalización de la protesta social. Ambos acontecimientos violan y ponen en riesgo varios derechos humanos importantes, cuyo reconocimiento ha sido la consecuencia de una larga serie de luchas sociales a lo largo de la historia. Por ejemplo, los derechos a la libertad de reunión y asociación, a la libertad de expresión, de petición y de participación, los cuales se expresan de una manera particular mediante la protesta social o manifestación pública. Es pertinente volver a repetir que la protesta social tiene entre sus principales cometidos colocar en el espacio público exigencias o denuncias de personas o grupos afectados por la acción, omisión o aquiescencia de las autoridades en torno a una problemática legítima que no ha sido debidamente atendida o resuelta, buscando ante la sociedad su visibilización para incidir en actores clave, contar con el apoyo social y lograr que el Estado actúe adecuadamente y restituya los derechos violentados. Resulta por ende necesario volver también a preguntarnos qué podemos hacer ante este contexto que pareciera que sigue absurdamente criminalizando la protesta social y cómo podemos generar mecanismos ciudadanos creativos para realizarla. Además de la indispensable lucha constitucional, legal y política, de la que nos ocuparemos en nuestra próxima colaboración, organizaciones de la sociedad civil (OSC) nos proporcionan una vez más una guía concreta para responder a los cuestionamientos anteriores, el Manual de Protesta Creativa, realizado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), conformado por diversas OSC y personas defensoras de los derechos a la libertad de expresión y a la protesta social. Sólo para puntualizar más el fondo del asunto, recordemos que un manual es un instrumento, que además de ser un texto de divulgación, caracterizado por su fácil comprensión, tiene como finalidad principal brindar una serie de pasos específicos para que personas o grupos logren un determinado propósito. Tal es el caso del Manual de Protesta Creativa, el cual contiene valiosas recomendaciones para realizar creativa y eficazmente protestas sociales. Básicamente, el manual propone las siguientes siete herramientas: 1) Planeación y creación, con el fin de modificar el orden de cosas injustas o de situaciones que violentan los derechos humanos. Lo cual exige indiscutiblemente un conjunto de acciones colectivas cargadas de planeación. Es decir, de visión u horizontes, objetivos generales, específicos y estrategias (jurídicas, políticas, organizativas, comunicativas) que nos ayuden a cumplir las metas, así como de acciones concretas para la creación de un cambio social. 2) Generación de procesos creativos, con lo cual se busca potenciar la creatividad de las organizaciones y/o colectivos sociales, para que éstos desarrollen estrategias de comunicación y protesta que incidan eficazmente. 3) Diseño de la protesta. Se recomienda pensar detenidamente cómo diseñar la campaña para impulsar cambios sobre ideas, valores, políticas y/o prácticas en la sociedad. Dicho diseño comprende algunos pasos. Por ejemplo, elaborar un mapa de actores que influyen o trabajan el problema. 4) Creatividad y protesta en acción. Su intención es poner sobre la mesa los elementos básicos de las protestas sociales para que, a partir de ellos, se propongan una serie de herramientas, técnicas y sugerencias que potencien el diseño creativo de las organizaciones y/o colectivos sociales. 5) Amplificación del mensaje. La elaboración de una estrategia de comunicación debe ser un elemento imprescindible en las protestas sociales creativas, porque ella permitirá que llegue a más personas mediante la difusión efectiva, empleando, por ejemplo, una cobertura mediática, las redes sociales y/o las calles. 6) Seguimiento. Una protesta no sólo tiene un antes y un durante, sino también un después. De ahí que éste sea clave para valorar el impacto obtenido por la protesta creativa o la campaña. Informar al público y mejorar futuras acciones son también parte del seguimiento. 7) Redirección. Lo cual significa enfrentarse a situaciones indeseadas o inesperadas. Esto implica que nos preguntemos si la forma en que estamos realizando la protesta es la mejor para no quemarla acción. Por ello, en caso de ser necesario, debemos considerar el cambio de la acción de protesta creativa, incluso cuando esté en marcha. Sin temor a equivocarnos, el Manual de Protesta Creativa es una herramienta para reflexionar y hacer, para planear y actuar, para tomar las calles y levantar puños, voces, mantas y carteles, para luchar y exigir derechos, para organizarnos y manifestarnos creativa y pacíficamente en el espacio público, aún en medio de contextos que criminalizan la protesta social. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : FLEPS
Municipio en defensa del maíz
Sábado 27 de julio de 2019 Miguel Concha Con fundamento en las atribuciones que le otorgan la Constitución federal y estatal, así como las leyes locales y los ordenamientos municipales, y teniendo en cuenta los tratados, convenios y disposiciones legales internacionales, nacionales, estatales y municipales aplicables en la materia, el 19 de marzo se aprobó en la capital poblana el dictamen que permite emitir la declaratoria para La Protección De Los Maíces Nativos de ese ayuntamiento, uno de los documentos de mayor relevancia en la nueva administración municipal. Con ello adquiere una vez más protagonismo a escala local el interés de establecer instrumentos e implementar acciones encaminadas a proteger las razas de maíz nativo, ahora en el territorio agrícola del municipio de Puebla, con el firme propósito de preservar esta especie y sus variedades locales, garantizando su conservación y utilización sostenible e inhibiendo la siembra y cultivo de semillas genéticamente modificadas. Tal acontecimiento, que se aprobó por unanimidad de las diversas bancadas de los partidos políticos que integran ese cuerpo colegiado, tuvo lugar en sesión de cabildo. Esa disposición convergente demuestra que el ayuntamiento de Puebla está decidido a poner todo su empeño en prohibir el mal uso del suelo y evitar el problema de consumir organismos genéticamente modificados, salvaguardándose con ello la seguridad alimentaria. Lo que ha sido bien recibido por los críticos del gobierno de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco. Pareciera entonces que la ciudadanía municipal poblana cuenta con el respaldo de sus autoridades para rescatar la producción y consumo de productos-milpa cosechados de manera saludable. Con ello, la comuna deja en claro que se halla a la altura en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para que los pequeños productores puedan continuar conservando la diversidad genética, social, cultural y ambiental como parte de su patrimonio. Además, diversas dependencias municipales, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, la Secretaría de Turismo, la Coordinación General de Comunicación Social y la Secretaría de Desarrollo Social municipales, con las que se pretende asegurar el mejor manejo de la milpa en todo su territorio, tendrán un papel primordial en la política antitransgénica. La primera, por ejemplo, promoverá el uso de semillas nativas para conservar la biodiversidad en el municipio y fomentará la creación de un padrón de productores encargado de conservar y mejorar los recursos genéticos del maíz. Llevará a cabo acciones de muestreo con la finalidad de establecer un área geográfica libre de maíz genéticamente modificado e impulsará la mejora del suelo con vocación agrícola encaminada a la siembra de semillas nativas. Igualmente, estimulará con incentivos la producción de maíz entre quienes realicen las mejores producciones, ferias, intercambios y promociones de actividades productivas. La segunda, la Secretaría de Turismo, promoverá el patrimonio cultural del maíz, mediante la creación de rutas gastronómicas y agroecoturísticas relacionadas con la milpa, y asesorará proyectos turísticos que incluyan el maíz nativo, con el propósito de valorizar las tradiciones y el patrimonio tangible e intangible del municipio de Puebla. Finalmente fortalecerá la colaboración con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas para promover el patrimonio biocultural, priorizándose el uso del maíz nativo e impulsando la gastronomía poblana como elemento de identidad. La tercera, la Coordinación General de Comunicación Social, propiciará el desarrollo de planes y programas de inclusión de enfoques de igualdad sustantiva de género en grupos indígenas y fomentará la incorporación del lenguaje incluyente y no sexista, el lenguaje de señas mexicano, así como la traducción a lenguas indígenas en los mensajes de comunicación gubernamental. Finalmente, la cuarta, la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá que impulsar el desarrollo de las capacidades de la población indígena, al promover su inclusión, la equidad social y la igualdad de género, con apego a su cultura y costumbres, su identidad y los derechos humanos, así como realizar acciones que mejoren las condiciones de vida de la población indígena y fortalezcan su identidad, con inclusión e igualdad entre géneros y generaciones. Los poblanos proyectan con todo ello la mejora en la productividad y competitividad, así como el mejoramiento en ingresos y en su calidad de vida, salvaguardándose siempre los derechos y la inclusión de la población indígena. Ahora se espera que el recientemente electo gobierno estatal ponga su granito de arena para que la política de la capital poblana permee en todo la entidad. Eso esperamos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Twitter
La tortura en México
Sábado 13 de julio de 2019 Miguel Concha La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas define a la tortura como todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con la finalidad de obtener de ella información o una confesión, castigarla, intimidarla o coaccionarla, a ella o a otras, cuando dichos dolores o sufrimientos sean causados por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. En la historia de México la tortura ha sido una práctica regularmente empleada por autoridades y fiscalías para la obtención de información respecto de delitos y movimientos sociales o políticos. Sin embargo, en años recientes se ha empleado como medio para castigar y generar terror entre la población, causando con ello graves violaciones a los derechos humanos y dejando una gran cantidad de víctimas. Tal fenómeno ha alcanzado en el país niveles tan alarmantes, que diversos organismos internacionales han puesto su mirada en México. Claro ejemplo es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace poco sentenció al Estado mexicano en el caso Atenco por hechos de tortura sexual. El Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1988, tiene entre sus principales tareas evaluar periódicamente a los diferentes Estados parte de la Convención Contra la Tortura, y por ello en diversas ocasiones (siete) el Estado mexicano se ha sometido a este escrutinio, siendo la última en mayo pasado. Organizaciones de la sociedad civil presentaron informes paralelos frente al CAT, en los que dan cuenta de que la tortura en México es una práctica generalizada que impacta de manera diferenciada a ciertos grupos poblacionales más vulnerables, y que parte de la impunidad estructural que persiste en distintas instancias y niveles de gobierno. Durante la reciente revisión ante el comité denunciaron que la delegación mexicana no pudo respon-der a los cuestionamientos realizados, entre otros factores por la falta de una implementación efectiva de los instrumentos jurídicos existentes. Entre las observaciones finales, el CAT resaltó que si bien en años recientes se han presentado avances legislativos en el tema, como lo es la implementación de la Ley General contra la Tortura –que homologa en toda la nación los tipos penales sobre tortura y malos tratos, y prescribe, además, la imprescriptibilidad para la investigación y sanción de tal delito– la tortura en México presenta niveles alarmantes de incidencia, ya que conforme a datos proporcionados por el propio Estado, en enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4 mil 296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por este delito. Asimismo, entre 2013 y 2018 los tribunales federales dictaron 45 sentencias condenatorias por actos de tortura. Lo cual no solo indica que dicha práctica se ejerce constantemente, sino que también revela que miles de casos quedan en la impunidad. Factor que ha fomentado la continuidad de esta práctica. Uno de los casos más recientes fue el de Carlos Canto Salgado, que se conoció mediante la difusión de un video en redes sociales. En él se muestra a un hombre atado de manos, con los ojos vendados con cinta adhesiva, y a personas, a las que se identifica como elementos de seguridad de Guerrero, que lo torturan e interrogan respecto a los hechos relacionados con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tal suceso no únicamente refleja el crudo panorama de la tortura en la República Mexicana, también demuestra uno de sus efectos más graves, como lo es la toma de declaraciones y recolección de pruebas a partir de tormentos y tratos crueles. Dicho caso es particularmente alarmante, pues desde hace alrededor de un año organismos internacionales denunciaban que la mayoría de las declaraciones retomadas en la llamada verdad histórica para el caso Ayotzinapa carecían de legitimidad al presentar señales de tortura, dejando al descubierto una línea de investigación ya totalmente desacreditada. Ante este panorama, la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador tiene la tarea de generar líneas de acción encaminadas a combatir tal problema. Y entre sus principales encomiendas está la de diseñar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura correspondiente a este sexenio, el cual deberá tomar en cuenta las experiencias y opiniones de las diversas organizaciones de la sociedad civil que por años han trabajado para visibilizar y erradicar dicha práctica, además de recoger las voces de aquellas personas y sus familiares que han sido víctimas de diversos episodios de tortura en los sexenios anteriores. Ello con la finalidad de diseñar una política pública contra la tortura en apego a los más altos estándares internacionales en derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Acceso a la justicia
Cada vez se generaliza entre las organizaciones civiles la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) el ejercicio de su facultad de atracción para garantizar el acceso a la justicia Sábado 06 de julio de 2019 Miguel Concha Cada vez se generaliza entre las organizaciones civiles la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) el ejercicio de su facultad de atracción para garantizar el acceso a la justicia en casos graves de derechos humanos que quedan impunes a escala estatal. Hoy me ocupo urgentemente de uno de ellos. La noche del 13 de diciembre de 2018 Leonardo Reyes Cayente fue presuntamente ejecutado extrajudicialmente por Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato en hechos que hasta ahora no se han investigado a fondo, debido a la complicidad que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEG) tiene con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Leo, como lo conocían sus familiares, era un migrante mexicoamericano de 23 años que residía en Texas desde cinco años antes, originario de la comunidad Corralejo de Abajo, en San Miguel de Allende. Había viajado con sus padres desde Texas a pasar las fiestas navideñas en Guanajuato, y lo que encontró fue la muerte. Esta comunidad, de menos de 200 habitantes, tiene un grado de marginación alto y no cuenta con servicio telefónico. Por ello, para hacer llamadas y conectarse a Internet, sus habitantes requieren trasladarse a un lugar en el cerro denominado La Caseta, rumbo a San Damián. Según los familiares, Leo había regresado de un partido de futbol y se trasladó a La Caseta para llamarle a su novia en Estados Unidos. Y ahí es cuando la historia de la familia difiere diametralmente de la versión oficial del gobierno del estado. Según ella, escucharon tiros, se acercaron entre los matorrales y presenciaron cómo elementos de la policía estatal movían el vehículo de Leo y disparaban sobre la camioneta para hacer cuadrar su dicho: “Vamos a meterle tres balazos a los asientos de la troca”, dijo uno de ellos. Por su parte, la versión oficial señala que Leonardo viajaba con dos supuestos acompañantes que huyeron, y que fueron ellos quienes dispararon primero a los oficiales. Es importante mencionar que el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU presentó en 2014 las conclusiones de la visita que realizó un año antes a México. En éstas señala que el derecho a la vida está gravemente amenazado en nuestro país, y que se debe actuar decididamente para evitar más muertes. Señala también que con el fin de castigar a los responsables y otorgar reparación a las víctimas o a sus familiares, se deben investigar sin demora las muertes de migrantes. Se entiende que una ejecución extrajudicial es la privación de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga. De conformidad con lo narrado al Ministerio Público por los familiares, Leonardo fue ejecutado extrajudicialmente por policías de Guanajuato. Señalan incluso que en el transcurso de la noche y después de los disparos escucharon con vida a Leonardo, sin que los oficiales hicieran algo para salvarlo. La FGJEG, cuyo titular fue fuertemente cuestionado por haber sido nombrado por medio del denominado pase automático, no ha investigado a fondo la ejecución de Leonardo Reyes. Con ello comprueba su falta de autonomía. El Ministerio Público en el que se inició la denuncia amenazó además a la familia e intentó que firmaran una declaración que no habían hecho. Han pasado seis meses y la investigación no ha avanzado. Mención aparte merece la tibia intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, que inició de oficio su investigación sobre el caso, y cuyo titular se negó a recibir a los familiares de Leo en febrero pasado. El gobernador ha señalado que en este caso es buscar que se aclaren los hechos; he estado al pendiente de derechos humanos (en la investigación de la procuraduría). Ello durante una protesta que realizaron familiares de Leonardo en el consulado de Texas, cuando el gobernador realizaba una visita oficial. Cuatro meses después los hechos no han sido aclarados. El padre Alejandro Solalinde se ha unido también a la exigencia de justicia que han hecho la familia y organizaciones de migrantes residentes en Estados Unidos, reforzando la petición de que la FGR atraiga el caso. La ejecución extrajudicial es una violación grave a los derechos humanos, y la FGJEG carece de autonomía en esta investigación. Así lo han señalado familiares que han solicitado desde el primer momento la atracción del caso, al indicar que no existen garantías para una investigación independiente en Guanajuato, y que la participación de funcionarios o servidores públicos puede incluso obstaculizarla. Por ello la atracción federal abriría una oportunidad para el acceso a la justicia en el caso de Leonardo Reyes. En ello coincide el pleno del Senado de la República, que el 30 de abril aprobó un exhorto para que la FGR atraiga el caso. Me sumo públicamente a la petición de todas aquellas personas que demandan que la FGR atraiga el caso. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Nochixtlán: tres años de impunidad
Buscamos que este tercer aniversario de las agresiones contra la comunidad de Nochixtlán en Oaxaca se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de la masacre. Sábado 29 de junio de 2019 Miguel Concha Han pasado tres años desde aquel 19 de junio de 2016, cuando la comunidad de Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, fue atacada por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, dejando como saldo una cantidad de víctimas incalculable hasta la fecha. En la mañana de ese día integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaban en la carretera México-Oaxaca contra la reforma educativa. En cuestión de minutos las y los maestros que se encontraban en el bloqueo fueron atacados sin ningún aviso previo de persuasión por los contingentes de policías, sino únicamente mediante un ataque frontal y directo. Éste no sólo se quedó en el bloqueo de la carretera, ni exclusivamente se limitó hacia los integrantes del magisterio, ya que la situación se extendió a la comu-nidad de Nochixtlán y a otras de la entidad oaxaqueña, como San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, donde la violencia contra la población se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, la gran cantidad de personas detenidas y heridas por armas de fuego, y lo peor, la comisión de ejecuciones arbitrarias. A raíz de estos hechos, el 17 de octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una polémica recomendación, en la que calificó estos acontecimientos como graves violaciones de derechos humanos detonadas a partir de un enfrentamiento entre elementos de la policía e integrantes del magisterio. Por considerarla revictimizante, tal recomendación ha sido criticada por las víctimas y sus familiares, pues de acuerdo con lo que han manifestado, parte del supuesto de que los miembros del magisterio tienen cierto grado de responsabilidad en ellos. Versión que en un escenario, en el que casi un millar de policías irrumpieron violentamente, disparando a la población con armas de fuego, y en medio de un ejercicio ciudadano de libertad de expresión y protesta social pacífico, simplemente no tiene cabida. Tres años después no podemos compartir la idea de un enfrentamiento, cuando todos los fallecidos fueron civiles desarmados, porque simplemente eso es totalmente desproporcionado. Tres años después, cuando todavía no hay avances significativos en las investigaciones, sanciones y reparaciones correspondientes del daño, la impunidad continúa. Es, pues, necesario que las autoridades abandonen el silencio. Debo reconocer que son justo las víc-timas y sus familiares quienes se organi-zan para impulsar las demandas de jus-ticia, como es el caso del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio de Nochixtlán, colectivo que atiende la representación jurídica de algunas de las víctimas ante diversas instancias. Para compartir experiencias de lucha y resistencia, se han entretejido además redes con muchos colectivos de víctimas de todo el país. Esfuerzos que se tradujeron, por ejemplo, en la realización del Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, en Nochixtlán, Oaxaca, del que ya me ocupé anteriormente ( La Jornada 24/11/18). Ante la llegada de la actual administración federal, las demandas y exigencias por parte de las víctimas y sus familias siguen siendo legítimas y vigentes: acceso a la verdad, impartición de justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Es indispensable, también, insistir a propósito del tercer aniversario de Nochixtlán, que para poder hablar verdaderamente de posibles transiciones y auténticos cambios de regímenes, la justicia efectiva y verdadera juega un papel fundamental. Y así, la manera como se atienden las demandas de los afectados, y las formas de sancionar a los responsables, podrían ser indicadores que nos permitan saber el grado de autonomía y disrupción que tiene el gobierno actual con respecto a administraciones anteriores. Con ello, sin duda, vislumbraríamos algún mínimo avance en el cambio incluso estructural. Ahora bien, aunque en una de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comentario en el sentido de que, si era necesario, se instalaría por decreto una comisión semejante a la del caso Ayotzinapa, para darle seguimiento al caso de Nochixtlán, hasta el día de hoy las víctimas continúan sin ser efectivamente atendidas. Por el contrario, seguimos escuchando de algunas de ellas que persisten de forma constante los hostigamientos de autoridades locales y, más grave aún, ninguno de los responsables de más alto rango ha comparecido ante los tribunales. Porque no hubo discusión, sino únicamente imposición, el caso de Nochix-tlán reflejó la incapacidad del anterior gobierno para atender inconformidades frente a las reformas estructurales de ese sexenio. Además, demostró cuál fue el doble papel que jugó el Estado mexicano en los pasados años: por una parte violador de los derechos humanos y por otra principal encubridor y promotor de impunidad. Que este tercer aniversario se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de los ataques en Nochixtlán. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar
El T-MEC
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Frente a la imposición del T-MEC, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos el reto de no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias que conocemos en el país mismo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de junio de 2019 Miguel Concha Ante la ratificación del dictamen sobre el nuevo acuerdo de libre comercio o Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), por parte del Senado de la República, es necesario reflexionar seriamente y advertir algunas de las graves consecuencias de su aprobación para nuestro país, en su controversial estado actual. Especialmente dos, que de manera indiscutible están relacionadas con los derechos humanos: la participación ciudadana y las serias afectaciones que el T-MEC traerá en diversos ámbitos. Uno de ellos el que comprende al mundo agrícola, al cuidado de la naturaleza y al rescate del campo. De conformidad con lo dicho, una primera problemática del T-MEC es la violación del derecho a la participación ciudadana, estrechamente vinculado con el de información. Por desgracia, el éxodo centroamericano de miles de personas que siguen cruzando nuestro país para llegar a Estados Unidos, en búsqueda de una vida mejor, así como la amenaza de la administración del presidente Trump de imponer aranceles a México, si no detiene a como dé lugar los flujos migratorios, entre otros acontecimientos, han sido el escenario perfecto para que las autoridades mexicanas implicadas en el T-MEC lo negocien en la oscuridad y a espaldas de la opinión pública. Por ello, más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil solicitaron el lunes pasado a las senadoras y senadores la aplicación del Parlamento Abierto en las deliberaciones acerca del T-MEC, antes de su ratificación. Recurso que no buscaba otra cosa que la puesta en marcha de los derechos a la información y a la participación que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para conocer con transparencia lo que realmente sucede, con el fin de poder emitir nuestra opinión sobre las decisiones que afectan al país, y que ésta sea considerada, una de ellas precisamente la ratificación del T-MEC. Sin duda alguna, la aplicación del Parlamento Abierto habría generado las condiciones para transparentar el proceso de la negociación del T-MEC y contrarrestar los intereses empresariales y del sector privado que están comprometiendo el ejercicio de los derechos humanos, así como para fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana de personas expertas, académicas e integrantes de las distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el T-MEC, y la de los grupos más directamente implicados. Ahora bien, una segunda problemática radica en las afectaciones que el T-MEC traerá a diversos ámbitos, debido a las asimetrías y desigualdades económicas, políticas, tecnológicas y culturales entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son, pues, algunos de esos ámbitos? Entre ellos destacan el laboral, el campesino, la salud, la alimentación, las mujeres, el medio ambiente, la resolución de controversias entre empresas y Estados, el enfoque intergeneracional y los movimientos sociales. Sólo para explicitar ciertas afectaciones a uno de esos ámbitos, pongamos por ejemplo la vulnerabilidad agroalimentaria que traerá la ratificación del T-MEC, porque, de conformidad con declaraciones de personas investigadoras y especialistas, permitirá, entre otras cosas patentar genes y variedades de semillas, limitará el uso e intercambio de éstas por parte de los agricultores, atentará contra la biodiversidad y abrirá la posibilidad del cobro de regalías por parte de empresas trasnacionales. Asimismo, por el consumo de alimentos potencialmente dañinos y riesgosos para la población, como son los procedentes de numerosos cultivos transgénicos, los ultraprocesados, y aquellos con aditivos químicos, la ratificación del T-MEC afectará el derecho a una buena alimentación. Dicho de otra manera, por no exigir suficientes barreras y restricciones que verdaderamente lo garanticen, la ratificación del T-MEC violará el derecho humano a la alimentación. Desde la falta de transparencia en las negociaciones, hasta la afectación contra los grupos más vulnerables y más directamente implicados de la sociedad, resulta evidente que la presurosa ratificación del T-MEC por parte del Senado mexicano pondrá en riesgo la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho a la alimentación de las mexicanas y los mexicanos. Finalmente, es indispensable manifestar el desconcierto de la ciudadanía por la falta de apertura a la aplicación del Parlamento Abierto, por la ausencia de la discusión pública y la participación ciudadana, así como por las afectaciones que empiezan a tener la ratificación del T-MEC. Pero no sólo eso, sino que, frente a su imposición, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos un gran reto por delante: no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias de comunidades, movimientos, redes, organizaciones, productores, y personas expertas y académicas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Bernardino Hernández, Cuartoscuro. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Exigencias al gobierno mexicano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Diversas redes defensoras de Derechos Humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de junio de 2019 Miguel Concha El Colectivo de Información y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste, integrado por organizaciones defensoras de derechos de las personas en contextos de movilidad en México, ha venido realizando desde el último trimestre del año pasado una estricta vigilancia de la situación que viven las personas que transitan, buscando mejores oportunidades de vida, y en muchos casos incluso salvaguardarla, principalmente por territorio chiapaneco. Realizan supervisión en los lugares en los que el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con otras fuerzas de seguridad del Estado, lleva a cabo el control migratorio, así como en centros de detención, como la Estación Migratoria Siglo XXI, y en garitas a lo largo de la costa chiapaneca. Con la finalidad de fortalecer este trabajo, alrededor de una veintena de organizaciones y colectivos, provenientes de Centroamérica, México y Estados Unidos, realizaron del 29 al 31 de mayo un trabajo de documentación y reuniones de estudio con albergues de la sociedad civil, autoridades federales y municipales de cinco ayuntamientos de la costa de Chiapas, Organismos Públicos de Derechos Humanos y oficinas de agencias de las Naciones Unidas, como el Alto Comisionado para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional para las Migraciones. La estrategia de desgaste, control y disuasión para que las personas migrantes y solicitantes de protección no sigan su camino; la mirada perdida de niñas, niños y adolescentes al ser detenidos por agentes migratorios y de seguridad pública; la desesperación de mujeres y hombres al ser subidos a los camiones que los llevarían a la Estación Migratoria más grande de América Latina; la incertidumbre de las personas que esperaban bajo la lluvia a ser atendidas en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y las condiciones precarias en las extensiones migratorias, fueron imágenes constantes durante el trabajo de vigilancia. De cara a esta situación, las autoridades federales y municipales argumentaron de manera constante la insuficiencia de recursos financieros, humanos y de infraestructura; la falta de claridad de la política migratoria del Estado mexicano y de facultades y protocolos de actuación, como los relacionados con el uso de la fuerza; la escasa coordinación entre diversas instituciones y, sobre todo, la vinculación con el tema de la seguridad pública y la seguridad nacional. Algo que se observó y documentó puntualmente fue el actuar de la Guardia Nacional en labores de revisión y salvaguardia de la Estación Migratoria. Y ello incluso antes de las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores respecto a que se enviarían a la frontera sur 6 mil agentes de ese cuerpo de seguridad. Ante esta situación, redes, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, formulan al gobierno mexicano una exigencia para, a) transitar hacia una política de Estado garantista de derechos no sólo en el contexto federal, sino también en el estatal y municipal, y no únicamente desde el punto de vista migratorio; b) brindar una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos, asegurando la participación de organizaciones de la sociedad civil; c) eliminar la detención migratoria como una medida de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional y como una estrategia de disuasión para la defensa de sus derechos, como es el derecho al asilo; d) resolver de manera inmediata y con garantías de no repetición asuntos de salud física y mental, como pueden ser deshidratación, problemas gastrointestinales, crisis nerviosas y depresión, sobre todo en los grupos considerados con mayores condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser el de menores de edad, el de las mujeres embarazadas o el de las personas con algún padecimiento particular; e) ofrecer información clara, completa y accesible sobre las formas y trámites de adhesión a la protección internacional y a la regularización migratoria, ya que muchas de las personas serán deportadas sin que necesariamente se haya realizado una valoración seria de sus casos y sin que las causas estructurales por las que salieron de sus lugares de origen hayan mejorado. Esto, además, contribuiría a evitar la incertidumbre y desincentivación, así como a erradicar la corrupción y los abusos tanto de autoridades como de particulares. Hacen, además, un llamado al Poder Legislativo para que el próximo año se asigne un presupuesto suficiente para la operación efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas, como pueden ser la Comar y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por último, y haciendo eco de las opiniones respecto a los recientes acontecimientos de la agenda entre Estados Unidos y México en materia migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Colectivo Monitoreo Sureste [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Los derechos de las OSC
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las OSC son un activo de una sociedad con una visión progresista que reivindica su derecho a organizarse, expresarse y participar en la esfera pública. Las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte y en favor del ejercicio libre. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de junio de 2019 Miguel Concha Como se ha reiterado, en México existe una sociedad civil organizada que desde su origen se comprometió con los problemas nacionales, el logro del bienestar, los derechos humanos y la democracia deliberativa. A pesar de la situación crítica que enfrentan, hoy las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) continúan impulsando esos valores y estrategias, ya que tienen un compromiso especialmente con los diversos grupos en exclusión, con los que contribuyen a transformar su perspectiva en clave de derechos. Con ello impactan también en el entorno social, la cultura de la no discriminación y la incidencia en la elaboración de las políticas públicas. Las OSC y otras expresiones articuladas, como frentes y movimientos sociales y comunitarios, han hecho una contribución sustantiva a la alternancia en el poder y a la incorporación de los derechos humanos en la gestión de los poderes del Estado exigiéndoles el cumplimiento de sus obligaciones. Dada la diversidad de las OSC que actúan en la nación y de aquellas que en las pasadas tres décadas han luchado por un cambio de paradigma democrático y se consideran parte de la izquierda social –de la que proviene el actual gobierno–, en la coyuntura electoral de 2018 emergieron múltiples agendas. Han sido críticas ante decisiones contrarias a los derechos y animan a la ciudadanía a defenderlos. Por ejemplo, frente a los proyectos que se impulsan desde los ámbitos federal o local, defender el derecho a la consulta previa, libre e informada entre las poblaciones que habitan en los territorios involucrados. Durante más de una década las Organizaciones de la Sociedad Civil abogaron por una cobertura legal, lo que dio lugar en 2004 a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC. Un marco legal quizás insuficiente, pero que por el reconocimiento de estas organizaciones como actores de interés público, y porque ofrece argumentos claros y fundamentados para su fomento y participación, hace la diferencia. Dicha ley, motivo de múltiples propuestas de reforma, especialmente para asegurar una efectiva política pública de fomento en toda la nación, adquiere vigencia y relevancia ante la suspensión de recursos públicos para los procesos y proyectos de las OSC que han actuado con transparencia, autonomía y, claro, con apego a la normatividad. Por ello diversas OSC se han encontrado para reflexionar sobre el cambio de escenario político con el nuevo gobierno, esperando correspondencia con la agenda de quienes luchan por las mismas causas. Pero ahora, y como consecuencia de sus declaraciones y decisiones –que las desacreditan y debilitan ante la opinión pública y los grupos de personas con las que trabajan, así como frente a las instancias nacionales e internacionales que históricamente las han reconocido y han sido solidarias con su compromiso en favor de la democracia, el desarrollo y los derechos humanos– coinciden en que no se vale hacer tabula rasa de todas ellas. Considerando el horizonte colocado por el Presidente, de una profunda transformación (la Cuarta Transormación), pensamos que la construcción de una nueva relación gobierno-sociedad no es imaginable sin la participación activa de la sociedad civil organizada, la cual tiene mucho que aportar desde su experiencia, capacidades y compromiso social. Lo que implica, en reconocimiento de sus derechos, un entorno que lo facilite. Un entorno favorable para la sociedad civil que está determinado por una serie de prácticas interrelacionadas (normas legales, administrativas, fiscales, informativas, etcétera) que contribuyen al fortalecimiento de sus capacidades para participar de manera efectiva y contribuir en los procesos de desarrollo sustentable. Como ha sido reconocido desde distintos instrumentos internacionales, con base en la experiencia internacional se han identificado en efecto principios, normas y buenas prácticas que facilitan y contribuyen a que las OSC sean eficaces en el cumplimiento de su papel. Tales como la libertad de asociación, el derecho de reunión, el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión y, al mismo tiempo, a ser reconocidas legalmente y operar sin interferencia del Estado para cumplir con sus propósitos legales. Incluidos además los derechos a buscar y obtener recursos y la obligación positiva del Estado de proteger sus derechos. Las OSC no necesariamente son un camuflaje de la democracia en un régimen neoliberal. Son un activo de la sociedad con una visión progresista que reivindica su derecho a organizarse, expresarse y participar en la esfera pública. Las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte y en favor del ejercicio libre de acciones que no la desincentiven o vulneren. Frente a las actuales circunstancias, las estrategias que las OSC relevan son cuidar y defender sus derechos; revertir el descrédito en el que han sido colocadas; visibilizar lo que hacen y pretenden, y avanzar en una nueva relación gobierno-sociedad, componente fundamental en el tránsito hacia la Cuarta Transformación y a la gobernanza, bajo los valores de autonomía, solidaridad y actitud crítica. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Victor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Uso de la fuerza y la protesta social
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El FLEPS llamó la atención a que en la reciente aprobación y publicación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza se nota una falta de rigor jurídico en diversos artículos que pueden ser usados de manera discrecional en casos en los que el Estado valore, sin control o definiciones claras, que una manifestación rompe con los criterios de licitud o de ser pacífica. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 01 de junio de 2019 Miguel Concha El ejercicio de la protesta social está hoy en México más que reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de los que nuestro país es parte. Los derechos de libertad de expresión, asociación y participación en asuntos públicos, así como los de acceso a la información y reunión, son algunos que, al ser interpretados conforme al artículo 1 de la Constitución, no dejan lugar a dudas de que protestar es un derecho. Además, de manera casi única, este derecho está explícitamente reconocido en el artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México. Pues bien, tan sólo este contexto nacional e internacional hace que la reciente aprobación y publicación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza resulte cuestionada, ya que algunos de sus contenidos pasaron por alto las anteriores normas y los aportes de organizaciones sociales que se han dedicado al análisis y elaboración de propuestas, para contar en nuestra nación con un cambio real en el paradigma de seguridad y protesta social. Un paradigma de protección de los derechos de las personas y grupos en contextos de manifestación en los que se reconoce como idóneo para avanzar en procesos de democratización este derecho y su ejercicio. Y ya no un paradigma de control de multitudes, que concibe a las manifestaciones como amenazas o afectaciones. Llamó la atención sobre este asunto el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps), una plataforma conformada por diversas organizaciones dedicadas desde hace alrededor de cinco años a la denuncia de acciones de gobierno que intentan criminalizar la protesta. Más información sobre esto aquí. El Fleps afirmó, y con ello coincidimos, que en los contenidos de esta ley se denota una falta de rigor jurídico en diversos artículos que pueden ser usados de manera discrecional en casos en los que el Estado valore, sin control o definiciones claras, que una manifestación rompe con los criterios de licitud o de ser pacífica. Esto es delicado, pues el citado frente ha dado cuenta de cómo en estas redacciones se anidan potenciales violaciones a los derechos, ya que pareciera que estas formulaciones amplias y medianamente taxativas regulan poco el uso de la fuerza y, por el contrario, amplían el margen discrecional de algún agente o institución del Estado. Tenemos en el sexenio pasado evidencias contundentes que debieran ser parámetro para no repetir esos errores. Sin embargo, y a decir del mismo Fleps, no se puede dejar de reconocer que existen en la ley aspectos importantes, como la inclusión de principios internacionales en la materia; la determinación de los niveles de uso de la fuerza; la obligación de los agentes policiales de emitir informes sobre el uso de la fuerza que realicen, y la planeación y estrategia de operativos. Sin embargo, algunos otros artículos se tornan peligrosos. Por ejemplo el 16 y el 40, en los que se hace más explícito un modelo de control de multitudes y no de protección de derechos. Preocupa, asimismo, la definición de objeto lícito, pues este término ha sido implementado en otras naciones de América Latina con la intención de censurar previamente una manifestación pública, impedirla, o en su caso reprimirla. No es asunto menor el hecho de que informes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hayan invitado a los Estados a remover toda norma que lleve a la censura previa o legalización de la represión de manifestaciones que de manera discrecional se consideren ilícitas. Aunado a esto, el Fleps señala la ambigüedad que presenta el artículo 28, en razón de que establece la activación y el escalamiento del uso de la fuerza cuando las manifestaciones se tornen violentas. Y sobre esto mismo los artículos 7 y 15, que al parecer habilitan al agente del Estado a usar algunas armas, que aunque se dice que son “incapacitantes y menos letales», en realidad no es así, pues a decir del Fleps permiten el uso de instrumentos, como dispositivos que generen descargas eléctricas, o el bastón PR-24. Hoy sabemos que este tipo de armas son potencialmente letales, pues el golpe en órganos vitales con un bastón, o con una descarga eléctrica pueden derivar, sin duda, en la muerte. Estos son algunos aspectos de preocupación y por ello frente a ella y a la duda que genera la recién publicada ley, se requieren por lo menos dos acciones. Una, observar rigurosamente su aplicación ya que entró en vigor. Y dos, que dadas las incertidumbres jurídicas y los riesgos de violar derechos, los organismos públicos autónomos de protección de los derechos humanos deberían hacer una revisión exhaustiva e, incluso, activar acciones de inconstitucionalidad, con la firme intención de que los marcos normativos estén apegados a los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Teniendo en cuenta que dadas las condiciones políticas del país, este ejercicio de intercambio y diálogo nos llevarán al fortalecimiento de un Estado garante de los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
¿Por qué importa el Plan Nacional de Desarrollo?
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Si el PND es un documento estratégico para pensar y hacer un nuevo gobierno, en ello la participación puntual, adecuada y fortalecida de las organizaciones sociales será fundamental. De eso también depende que logremos cambios de régimen. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 25 de mayo de 2019 Por: Romina Vázquez y Carlos Ventura Antes de su entrega definitiva a la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) debió discutirse y definirse en el marco de espacios estratégicos de encuentro. El gobierno federal actual intentó cubrir el requisito de participación amplía, a través de tres foros a nivel nacional, 32 foros estatales, numerosas mesas sectoriales y foros especiales que tuvieron intención de priorizar la participación de los diversos grupos, sectores y personas que habitamos o transitamos el país. Sobre la versión final del PND, vinieron diversas perspectivas sobre el documento que el Ejecutivo federal entregó. Se ha dicho que en lugar de un PND son dos: uno, con sendas elaboraciones ideológico-políticas, cosa que en algunos grupos no ha gustado; y el otro, con los requerimientos mínimos que marca la Ley de Planeación. Ambos se han conjuntado en la Gaceta Parlamentaria y sobre esos documentos habrá que trabajar. Sin duda, podrían darse algunas confusiones por contar con dos documentos. De ahí que debamos monitorear el debate y aprobación entre diputadas y diputados. Sin embargo, reconocemos que proyectar y planear un país por un sexenio es, sin duda, una lucha también ideológico-política. Hasta ahora se han puesto en marcha distintos mecanismos de difusión con el objetivo de fomentar el involucramiento social en la elaboración del PND; sin embargo, hace falta recalcar no sólo su importancia para la construcción y aliento de una democracia participativa durante este sexenio, sino también la urgencia de edificarlo sobre un eficaz enfoque de derechos humanos. Para ello, es importante definirlo con precisión y conocer a profundidad las líneas en que opera. El PND es un mecanismo gubernamental que, junto con la activa participación de diversos actores sociales, busca sistematizar de forma clara y concisa las prioridades nacionales que orientarán la elaboración de políticas públicas con el fin de impulsar una vida más digna y justa en nuestro país. Éste deberá regirse por tres ejes generales: Justicia y Estado de Derecho; Bienestar, y Desarrollo, los cuales, deben conjugarse con tres ejes transversales: inclusión e igualdad sustantiva, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, además de territorio y desarrollo sostenible. (1) Ante esto, consideramos que la base primordial debe constituirse, necesariamente, por el respeto, protección y cumplimiento irrestricto a los derechos humanos. En este sentido, y de manera breve, retomando la intervención del doctor Miguel Concha en el Foro en Materia de Derechos Humanos, Migración y Población celebrado en la Secretaría de Gobernación los días 19 y 20 de marzo, se destacó el papel de los derechos humanos como pilar fundamental en la vida democrática del país y que, desde hace ya varias décadas, éstos han coadyuvado a la articulación y visibilidad de todo tipo de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Lamentablemente, el panorama es poco esperanzador y los datos e informaciones reflejan hendiduras profundas entre el cumplimiento de la ley y la situación en el país. Por esta razón, no podemos bajo ninguna circunstancia soslayar el principio de realidad en el país: una crisis grave de derechos humanos, evidente en las constantes ejecuciones arbitrarias, feminicidios, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, despojo de territorios, y violaciones constantes a derechos sociales, y por desgracia, la continuidad del modelo de seguridad y militarización, de la impunidad sistemática que se escuda y legítima tras la falta de voluntad política para reparar el daño, asegurar la no repetición de los agravios a personas, así como las sanciones correspondiente a los responsables en todos sus niveles. “Con el fin de erradicar esta situación, vemos que el enfoque de derechos humanos debe ser un eje transversal en todas las instituciones del Estado, ya que no pueden verse como elementos aislados, sino como directrices que deben acatarse por todos los poderes de la Unión y en todos los niveles de gobierno (…)”, señala puntualmente Miguel Concha. (2) Es por eso que, con el fin de potenciar los objetivos y acciones del PND, no puede obviarse la vital importancia de los derechos humanos en todo el proceso de su estructuración; se debe explicitar de forma detallada y contundente. Asimismo, es indispensable contar con los enfoques de género, intergeneracionalidad e interseccionalidad, con el fin de integrar labores específicas para necesidades. En esto, resaltamos la importancia de incluir la participación de la sociedad civil organizada en la observación a corto, mediano y largo plazo del PND y, para ello, proponemos el desarrollo de una plataforma permanente que tenga el objetivo de informarle a la sociedad mexicana sobre los avances de las actividades programadas de manera periódica. Esto, con la intención de facilitar mecanismos de monitoreo sobre el cumplimiento o no a los derechos humanos en cada resultado obtenido. Para ello, también requerimos que el gobierno actual reconozca y fortalezca la importancia del aporte democrático que han significado las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el país a lo largo de las últimas décadas, pues desde mediados del siglo pasado, gran parte de la ciudadanía interesada en participar activamente en la resolución de alguna problemática de interés público optó por asociarse de manera autónoma y sin fines de lucro en lo que hoy conocemos como OSC. Si el PND es un documento estratégico para pensar y hacer un nuevo gobierno, en ello la participación puntual, adecuada y fortalecida de las organizaciones sociales será fundamental. De eso también depende, que logremos cambios de régimen y, por qué no, estructurales. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Romina Vázquez y Carlos A. Ventura colaboran en el CDHVitoria Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
