Congreso sobre resistencias y espiritualidades
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Del 28 al 30 de mayo se realizó en la Ciudad de México el congreso internacional ¡Resiste! violencias, resistencias y espiritualidades, dedicado a la escucha mutua entre colectivos sociales, académicos, religiosos y artísticos, que viven sus resistencias con dignidad y esperanza. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de mayo de 2019 Miguel Concha La violencia global tiene diversos rostros, escenarios y procesos, así como muchas causas que la explican. Afecta radicalmente, tanto a la humanidad entera, como a la casa común que compartimos con 8 millones de especies animales y vegetales, de las cuales, según reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, un millón está hoy en riesgo de extinción. Los movimientos sociales de las llamadas víctimas sistémicas no sólo padecen los estragos de esta crisis civilizatoria, sino que al mismo tiempo son fuente de resistencias para defender de la inminente catástrofe a la humanidad y a la casa común. Los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, las universidades, las iglesias y la comunidad artística están en este escenario de violencia sistémica en estado de vigilancia crítica para colaborar, mediante experiencias, miradas y alianzas, que nos permitan tejer nuevos lazos de vida en común, en la superación de esta crisis. Del 28 al 30 de mayo se realizará con este fin en la Ciudad de México el congreso internacional ¡Resiste! violencias, resistencias y espiritualidades, dedicado a la escucha mutua entre colectivos sociales, académicos, religiosos y artísticos, que viven sus resistencias con dignidad y esperanza. Para analizar las violencias, cuatro ejes transversales serán el cauce de 11 mesas de conversación: la economía extractivista, los patriarcados, los desplazamientos forzados y el retorno de la ultraderecha. En cada mesa se escucharán diversas voces de los movimientos sociales en resistencia, la sociedad civil organizada, la academia y las teologías. Como una narrativa provocadora, las artes se harán presentes por medio del grabado, el teatro popular centroamericano y la coreografía de cuerpos emancipados. Preguntando por lo que nos permite mantener viva la utopía de un cambio de mundo en esta hora incierta, cada una de estas narrativas abonará, con sus experiencias y reflexión crítica, con sus territorios vulnerados en cuerpos y subjetividades negadas, a buscar caminos en defensa de la vida común. La revista internacional de teología Concilium es una de las instituciones convocantes, fundada en 1965, al concluir el Concilio Vaticano II de la Iglesia católica, fue una de las publicaciones pioneras de teología moderna que puso en práctica, en diálogo con las ciencias naturales y sociales, la interpretación de los signos de los tiempos, con sus anhelos de emancipación, justicia y pluralismo cultural, en relación con la presencia salvífica de Dios en la historia, que el cristianismo ha recibido como anuncio para la humanidad. Fue concebida por un grupo de teólogos que participaron como asesores conciliares y pensaron el aggiornamiento o actualización de la vida y el pensamiento cristiano en una década marcada por la emancipación de los movimientos estudiantiles en las sociedades autoritarias, así como por la irrupción de los pobres en un mundo dominado por la civilización del mercado. A lo largo de medio siglo, Concilium ha logrado consolidar en teología un trabajo interdisciplinario, con el sello del pensamiento intercultural y ecuménico. Además, con énfasis en lo ecuménico y en la equidad de género, en los recientes lustros ha acontecido un cambio generacional, por lo que hoy integra en su consejo editorial a 20 teólogas y teólogos de los cinco continentes. Los pasados congresos se realizaron en París, en 2016, sobre las racionalidades teológicas diversas; en 2017, en Manila, sobre la inculturación de la fe en contextos asiáticos y del Sur global, y en 2018, en Fráncfort, en torno a las ciudades como desafíos globales. Subrayando con nuevo vigor la incidencia social del conocimiento, para contribuir a la generación de una sociedad más justa, equitativa, próspera y pacífica, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en colaboración con Concilium, aporta a este congreso su inspiración ignaciana. Por su parte, el Centro Universitario Cultural de los dominicos ratifica con este congreso su vocación de ser un espacio de diálogo con la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en la línea de dos coloquios memorables, el de 1974, sobre Liberación y cautiverio, y el de 1989, sobre la teología de la liberación, en un momento crítico, luego de la caída del Muro de Berlín, un foro para la teología latinoamericana. El congreso de 2019 contará con la participación de 55 ponentes y dos conferencistas para animar el diálogo crítico: Rita Laura Segato y Raúl Zibechi. Para escuchar a los movimientos sociales de víctimas, con sus resistencias, sabidurías e indignaciones éticopolíticas y espirituales, que contribuyen a la vivencia de la esperanza crítica en el corazón de la historia rota de la humanidad, en diálogo con las teologías católica y ecuménica el congreso encuentra en el pensamiento colonial, propio de las epistemologías del Sur, su inspiración. Quienes deseen participar, pueden inscribirse endiplomados.ibero.mx Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Victor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Justicia mancillada
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es importante que los tribunales en los que se imparte justicia tengan principios claros para actuar siempre bajo la legalidad, rompiendo a la vez con la espiral de la corrupción, que ha llegado a nivel extremo en nuestra nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 18 de mayo de 2019 Miguel Concha Exigir justicia en México ha sido una lucha permanente de sectores populares y organizaciones de la sociedad civil. A pesar del declarado Estado de derecho, no se garantiza su impartición, ni se vela por los derechos humanos en tiempos del capitalismo neoliberal, ya que, impulsado por el poder económico y político de las trasnacionales y los corporativos, que logran corromper a autoridades de todos los niveles, se impone el criterio del capital. La corrupción ha llegado a nivel extremo en nuestra nación. A escala internacional, de 180 países, México ocupa el sitio 138. Obtuvo una calificación de 28 puntos sobre 100, donde cero es muy corrupto. Con su pacto por México, este problema se agudizó mucho más en el sexenio del gobierno priísta. Sin embargo, este aumento de la corrupción sólo es posible si hay impunidad. En 2018 el Índice Global de Impunidad señala que México es el cuarto país más impune a escala global. A pesar de ello, en el Estado de derecho las leyes tendrían que aplicarse para garantizar la vida digna de las personas. Roland Dworkin considera que la aplicación e interpretación de las leyes dependen de los jueces, pero que, en un contexto en el que con frecuencia hay corrupción e impunidad, se genera incertidumbre entre la ciudadanía, porque las resoluciones pueden estar condicionadas por la presión de los intereses de quienes ostentan el poder económico y político. Es importante que los tribunales en los que se imparte justicia tengan principios claros para actuar siempre bajo la legalidad, rompiendo a la vez con la espiral de la corrupción, como lo señala el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1996. Resaltamos el primer y tercer principio. 1. Ser magistrado de un tribunal es un cargo de confianza que conlleva la obligación de actuar en pro del interés público. 3. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de otro modo del poder y la autoridad que les han sido conferidos. El Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur, organización popular al sur de Tlalpan, en la Ciudad de México, que lleva 46 años de lucha permanente por justicia y vida digna, es un ejemplo de la exigencia de justicia y de luchar por la vida contra la corrupción e impunidad. Desde hace casi ocho años ha sostenido en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un proceso jurídico contra la imposición de una gasolinera ilegal que pone en riesgo la vida del pueblo originario de San Pedro Mártir, como lo dictaminó la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT), la cual subraya que en dicho lugar no puede haber gasolineras. Dicho expendio pertenece a CorpoGas, corporativo que ostenta al menos 176 gasolineras en siete estados del país, y fue el mayor vendedor de gasolina entre 2003 y 2008 ( Proceso, 3/02/19). Hoy varias autoridades de la Ciudad de México, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la alcaldía de Tlalpan, que interpusieron juicios de lesividad, reconocen la ilegalidad de dicha gasolinera. La PAOT y los vecinos son terceros interesados. Miembros de la organización señalan que no obstante el TJA sigue actuando en favor de la gasolinera ilegal, porque sus integrantes sobreseyeron los juicios de lesividad, como puede constatarse en la última resolución de la quinta sala ordinaria, a cargo de los magistrados María Eugenia Meza Arceo, Erwin Flores Wilson y Hugo Carrasco Iriarte. Este último además revocó la suspensión de actividades. Los afectados resaltan en un boletín de prensa que “–CorpoGas– tiene todo el poder económico para corromper a los magistrados del tribunal para que resuelvan en su favor”. Frente a esto, interpusieron ante Estela Fuentes, nueva magistrada presidenta del TJA, su exigencia de que, por la presunta corrupción de dichos magistrados, y para que se vaya al fondo del asunto en los juicios, se turne la investigación al pleno general de dicho tribunal. Esta experiencia es muestra de cómo la justicia es mancillada por un tribunal, y de cómo desde la organización popular se busca luchar contra la corrupción judicial. Expresan su hartazgo por la corrupción que impera en ese tribunal, con alguna excepción. “Durante ocho años –dicen– este caso se ha resuelto ilegalmente contra el pueblo, aun cuando no hay un argumento legal que sustente la presencia y operación de la gasolinera”. Y ello porque no quieren que se legalice lo ilegal y se resisten a creer que este corporativo tenga más poder que las autoridades mencionadas. Se trata de una organización de resistencia que cree en las palabras de José María Morelos: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : María Meléndrez | La Jornada [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Iniciativas legales ciudadanas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La participación social debe ser activa, propositiva y crítica, por lo que es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para que las demandas y expectativas de la sociedad sean escuchadas y se logre construir en común acciones concretas y soluciones. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 11 de mayo de 2019 Miguel Concha La participación social es fundamental en todos los ámbitos de la vida de cualquier Estado democrático, pues no sólo favorece la legitimación de las decisiones y del actuar de un gobierno, sino que, al crear procesos de consulta y diálogo entre los diversos actores gubernamentales y sociales, contribuye a la prevención y mitigación de posibles conflictos sociales. Sin embargo, tal participación no debe ser limitada y menos encasillada en la elección de representantes populares cada tres o seis años. Dicha participación debe ser activa, propositiva y crítica, por lo que es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para que las demandas y expectativas de la sociedad sean escuchadas y se traduzcan en acciones concretas que puedan construir una posible solución. Ante dicha problemática, nuestro marco jurídico parece ofrecer una alternativa bastante importante: las iniciativas ciudadanas. El artículo 71 fracción IV de nuestra Constitución le otorga a la ciudadanía la posibilidad de presentar iniciativas de ley o reformas, cumpliendo con el requisito de contar con el respaldo de 0.13 por ciento de la lista nominal de electores. Tal mecanismo parece ser una posibilidad para los diversos grupos y sectores de la sociedad que no se sienten representados del todo en los espacios comunes, y cuyas problemáticas no han sido atendidas, para que, haciendo propuestas sobre legislación, de manera organizada puedan incidir directamente en la agenda legislativa. En este sentido, el pasado 30 de abril diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) e integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, entre otras, marcharon desde la plancha del Zócalo capitalino hasta la Cámara de Diputados con el propósito de hacer entrega de un paquete de iniciativas ciudadanas, respaldadas por poco más de 130 mil firmas. Entre las propuestas se encuentra la derogación del artículo 185 del Código Penal Federal, por considerar que dicho artículo constituye una limitante al derecho a la protesta social, pues permite la criminalización y persecución de aquellas personas que se oponen y resisten a la realización de obras públicas. Cuestión sumamente preocupante en un país como México, donde los conflictos relacionados con mega proyectos y la defensa del territorio son una constante, y cuya situación se ha visto agravada en los años recientes por el aumento de los asesinatos de defensores ambientales u opositores a proyectos de privatización de derechos. Otra propuesta se refiere a la iniciativa presentada con anterioridad por la ANUEE, consistente en una reforma constitucional para integrar el uso y goce de la energía eléctrica doméstica como un derecho humano, partiendo de la relevancia e importancia que tiene en la mayoría de las actividades que realizan las personas y para transitar de su consideración meramente mercantilista hacia una visión en que la energía eléctrica es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas. Por ello consideran que el Estado deberá garantizar su disposición y suministro de manera eficiente, estableciéndose tarifas acordes con la realidad y el contexto económico en el que se encuentran la mayoría de las familias en México para cumplir así con sus obligaciones como Estado, teniendo en cuenta las condiciones de cumplimiento de tal derecho, como son su accesibilidad física y su asequibilidad económica. La miscelánea legislativa también incluye la presentación de una nueva Ley de Reconstrucción para los damnificados de los sismos a cargo del Presupuesto Federal, así como la creación de una nueva Ley de Pensiones que restablezca el reparto solidario, y la alianza con otras articulaciones para impulsar una Ley de Aguas. Existen, sin embargo, diversas barreras e impedimentos estructurales para lograr alcanzar una legislación popular. Entre ellas destacan la falta de voluntad política de los legisladores para escuchar y recibir las demandas serias y ordenadas de la población, y la ausencia de procedimientos claros y transparentes para hacer efectivo tal mecanismo. La importancia de impulsar legislaciones populares podría servir para el desmantelamiento, por medio de procesos de organización social, del monopolio del actuar legislativo que por muchos años han concentrado algunos de los mismos actores políticos. Es, sin embargo, fundamental exigir apertura de aquellos espacios tradicionalmente cerrados a la ciudadanía, a la par del establecimiento de procesos claros y efectivos para que las propuestas ciudadanas sean escuchadas. Uno de los principales objetivos de la legislación popular es regresar a la sociedad, al pueblo, la capacidad de construir de manera autónoma soluciones a sus problemáticas frente a fuerzas políticas partidistas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Las OSC y el futuro de México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Si bien las declaraciones del presidente López Obrador sobre las organizaciones de la sociedad civil han causado revuelo y confusión, son también la oportunidad para reflexionar acerca del aporte que han hecho y sobre el papel que podrían tener en la construcción de la vida pública de México. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de mayo de 2019 Miguel Concha Las declaraciones del presidente López Obrador sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han causado revuelo y confusión. Aunque también son la oportunidad para reflexionar acerca del aporte que han hecho y sobre el papel que podrían tener en la construcción de la vida pública de México. Un grupo numeroso de personas que han participado desde décadas atrás en las organizaciones civiles del país, constituyeron con esta pretensión una plataforma a la que llamaron las cuatro D, en referencia a los valores fundamentales que orientan a una posición de izquierda contemporánea: la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la diversidad, a partir de la cual elaboraron un pronunciamiento que denominaron Las Organizaciones Civiles en el Futuro de México, La Jornada 2/5/2019. No es propósito de ese pronunciamiento convencer al Presidente, aunque sería magnífico que éste fuera uno de sus resultados. Lo que sí se quiere es contribuir a un profundo proceso de reflexión, en interlocución con los diversos sectores sociales, entre las propias OSC, para responder a la interrogante sobre lo que a cada quien le toca hacer para lograr el tan anhelado cambio verdadero del país. El manifiesto aclara que las OSC no son toda la sociedad civil, pues ésta es diversa. “Una parte de ella –dice–, muy amplia, y que se manifiesta a través de múltiples organizaciones, desde hace décadas ha sido defensora de innumerables causas populares, de los derechos humanos, de la democracia y de los intereses nacionales”. El recuento que realizan es breve, pero en cada uno hay sin duda una parte de la historia contemporánea del país que hoy todos vivimos, como lo fue el apoyar el diálogo, contribuir a la construcción de la paz e impedir el genocidio en Chiapas como respuesta al levantamiento del EZLN; oponerse al despojo de tierras de indígenas y campesinas; apoyar a las víctimas de los sismos del 85 y de 2017, e iniciar la observación electoral, de la que por cierto el primer caso fue en Tabasco. Lo anterior y mucho más como parte de un sentido histórico más amplio. Por ello afirman: “De esa manera hemos combatido al neoliberalismo; también lo hemos hecho pugnando por políticas económicas que dejen de ser concentradoras del ingreso y promotoras de la desigualdad, y por políticas sociales que no se limiten a distribuir dádivas entre ‘beneficiarios’, sin que se atiendan las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza”. Eso llevó a las OSC a promover lo que es aún un pendiente de importancia. Vale decir, recuerdan, la democracia participativa, esto es, la obligación de abrir a la participación ciudadana el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. También por ello para estas OSC la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y su posterior aprobación en la Cámara de Diputados son la ocasión obligada para abrir los asuntos de interés fundamental a la opinión del público y tomar realmente en cuenta las propuestas que de él surjan. Los planteamientos anteriores, disponibles en la página http://bit.ly/lacuatrod, invitan a las OSC a participar en el debate de estos temas, a los que añado. ¿Durará todo el sexenio de AMLO su malestar con las OSC? Parece poco probable que eso ocurra, aunque para estas organizaciones no sería nuevo actuar sin la autorización del poder político, pues esa ha sido su experiencia desde hace décadas. Lo que de cara al futuro, y a las propuestas que ha reiterado el Presidente, queda en duda, es si los programas sociales que pretende llevar a cabo serán posibles sin el concurso de la sociedad civil. No para recibir recursos a través de ellos, sino para generar las capacidades organizativas de la población que les permitan desarrollar sus capacidades productivas. Si se pensara que tales propósitos serían alcanzados sólo con la participación de la burocracia, esto conllevaría el riesgo del fracaso económico o, peor aún, del intento de reconstruir el corporativismo estatal, contra el cual han luchado las organizaciones civiles y sociales, y cuyo resultado ha sido la apertura de caminos democráticos. Si no se pretendiera la confrontación permanente, entonces habrá que pensar cómo podría realizarse –con autonomía– la colaboración entre gobierno, organizaciones civiles y los múltiples actores de la sociedad. Su punto de partida deberá ser el diálogo, y para ello hay que crear condiciones; la primera es el reconocimiento mutuo. El diálogo deberá ser en torno de las prioridades del país –el Plan Nacional de Desarrollo es una estupenda ocasión– y por lo mismo sería también sobre la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la diversidad. México tiene ahora la oportunidad de cambiar, pero nadie puede lograrlo solo con los actores políticos. Se requiere también de la sociedad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Encuentro de Arantepacua
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Uno de los principales retos de este gobierno tiene que ver con poner efectivamente al centro de su quehacer los derechos humanos, y, para avanzar en tan importante asunto, a las víctimas y sus organizaciones acompañantes como principales interlocutores. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 27 de abril de 2019 Miguel Concha Los meses pasan y los diversos asuntos por atender se complejizan desde la transición de gobierno, la toma de protesta y los días efectivos de trabajo del nuevo gobierno. La agenda de los derechos humanos –particularmente la atención a víctimas de graves violaciones– se ha visto sin duda resentida en ese proceso de cambio de titulares y grupos encargados de atender las necesidades de aquellas personas que padecen las secuelas de agresiones que han afectado fuertemente sus proyectos de vida. Uno de los principales retos de este gobierno tiene que ver con poner efectivamente al centro de su quehacer los derechos humanos, y, para avanzar en tan importante asunto, a las víctimas y sus organizaciones acompañantes como principales interlocutores. Los pasados 3, 4 y 5 de abril se llevó a cabo en la comunidad indígena de Arantepacua, Michoacán (https://bit.ly/2H2HO6G) el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país. Participaron diferentes víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos, así como personas defensoras de derechos e integrantes de colectivos y movimientos sociales provenientes de por lo menos 10 estados de la República y de diversos países. En dicho encuentro, derivado del Primer Encuentro realizado en Nochixtlán, Oaxaca, del cual di cuenta en estas mismas páginas ( La Jornada, 24/11/18), se pudieron escuchar más concretamente valoraciones sobre las acciones del gobierno en relación con los temas más preocupantes de víctimas y sobrevivientes. Por un lado, sigue en efecto la incógnita relacionada con el proceso que el mismo gobierno detonó en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo que en su momento se llamó justicia transicional, pues abrió una expectativa que hasta ahora, en palabras de diversas víctimas y sobrevivientes, no se ha visto reflejada en propuesta concreta alguna. Ni, según su decir, mucho menos se han sentido incluidas en algún proceso de construcción de política pública referente al tema, si es que existe. Por las mismas colectividades de este encuentro se ha definido por otro lado que los tiempos del actual gobierno y sus priorizaciones no necesariamente empatan con los tiempos de las víctimas y sobrevivientes. Por ello definieron la necesidad de movilizarse para abrir canales de diálogo efectivos que permitan poner sobre la mesa asuntos de urgencia, seguimiento y atención que les lleven a condiciones más dignas, para revertir así situaciones estructurales que están propiciando de manera generalizada impunidad y violaciones a derechos. La agenda de las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos no se reduce únicamente a medidas de atención inmediata. Por el contrario, la mirada de estos grupos de víctimas es de largo plazo. Buscan también que se reviertan de raíz las condiciones estructurales que han generado que la violencia no cese y las graves violaciones a derechos humanos resulten casi imparables. Los y las más excluidas toman de nueva cuenta en sus manos la tarea de visibilizar sus demandas, y con ello apuntalar una agenda efectiva que sirva para las miles de víctimas que han padecido los estragos de la violencia. Los grupos que se dieron cita en la comunidad purépecha de Arantepacua tienen entre sus objetivos, conforme se expresó en sus definiciones políticas, continuar con su exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición. En ello se incluye la atención efectiva a sus casos, en los que se cuentan las violaciones a derechos humanos que han padecido integrantes de la comunidad de Arantepacua, quienes en el contexto de este encuentro conmemoraron el segundo año de las agresiones a esa comunidad, el 5 de abril de 2017. Así como la atención efectiva a casos, como los muchos pendientes que dejaron a la comunidad de Nochixtlán los ataques del 19 de junio de 2016, y la debida atención a familias de víctimas de feminicidio, que también acudieron a la cita; a integrantes de la comunidad de Amatán, Chiapas; a familiares y amigos de mujeres y hombres jóvenes desaparecidos o ejecutados en la Ciudad de México; a comunidades indígenas desplazadas, como la de Chenalhó, y muchas otras personas que acudieron a encontrarse y compartir sus demandas. Entre las acciones legítimas de estos grupos de víctimas para obtener verdad y justicia se incluye la movilización del pasado miércoles 24 de abril, cuando acudieron a la Ciudad de México para buscar atención en la Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llegaron desde sus diversas comunidades y lugares con la esperanza de ser escuchadas y ver garantizados sus derechos. Con la genuina voluntad de exigir lo que es suyo: verdad, justicia, reparación y no repetición. Toca ahora a los órganos autónomos, al gobierno federal y a los gobiernos locales atender lo que se pidió. Para que eso suceda, apoyemos lo más posible como sociedad civil. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDH Antonio Esteban | Utopía 21 [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Soberanía y suficiencia alimentaria
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los gobiernos neoliberales apostaron por importar alimentos en lugar de producir en el país, y abandonaron el campo y los apoyos a la investigación nacional. ¿Cómo empezar a revertir esta situación? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 20 de abril de 2019 Miguel Concha El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) es la institución pública más importante de México. Desde hace 75 años, desde que las instituciones antecesoras iniciaron actividades en 1943, desarrolla investigación agrícola, pecuaria y forestal. A partir de 1985 se transformó en el Inifap. Las innovaciones tecnológicas y las variedades mejoradas sustentaron el Milagro del Campo Mexicano, reconocido en el mundo por el crecimiento económico, que en el campo fue de 1945 a 1970 de 7 por ciento, el doble de lo que crecía el país. El milagro se sustentó en la investigación de más de mil 400 variedades mejoradas de los cultivos de importancia para México: más de 300 variedades de maíz; más de 160 de frijol; 250 de trigo; 60 de arroz; 50 de papa; 30 de cebada y 45 de soya, y en la estructura de producción, abandonada después por el neoliberalismo. Las inadecuadas políticas agropecuarias, el cierre de fertilizantes mexicanos, de la Productora Nacional de Semillas, de la extensión agrícola, el seguro y el crédito agrícola, y la escasa inversión en investigación, llevaron al país, a la crisis alimentaria de México más grave de su historia, con importaciones cada año de 16 millones de toneladas de maíz, 5 de trigo, 85 por ciento de arroz, 97 por ciento de soya y 400 mil toneladas de frijol, con la consiguiente fuga de divisas, abandono del campo, y crisis en la cantidad y calidad de la alimentación de los mexicanos. Los gobiernos neoliberales apostaron por importar en lugar de producir en el país, y abandonaron el campo y los apoyos a la investigación nacional. Con la intención equivocada de traer tecnología de otros países, en 2003 Vicente Fox pretendió cerrar el Inifap. Al no lograrlo, decidieron extinguirlo, cancelando plazas y limitando su presupuesto y apoyo a la investigación –pretendiendo con ello que desapareciera por inanición–, a la vez que otorgaron los apoyos al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), cuya misión y objetivos no corresponden con los del Inifap y suplantan las responsabilidades de las instituciones nacionales. Para formalizar, en acuerdo con Sagarpa y Cimmyt, la autorización de Masagro (Programa de Modernización de la Agricultura Tradicional), colocaron desde la Sagarpa, ahora Sader, a un nuevo director general, y, para dirigir la investigación y transferencia de tecnología, al doctor Salvador Fernández Rivera como director de Investigación y Vinculación, y pusieron al servicio de este programa otros recursos federales y estatales (fundaciones, extensionistas). Cometiendo además dumping contra investigadores nacionales, entregaron la responsabilidad de incrementar semillas. En el Inifap se mantuvo por 10 años al director general y a su director de Investigación y Vinculación, quienes fraguaron la colusión con Sagarpa, Cimmyt y Masagro. Este último programa ofreció en 10 años el incremento de la producción de maíz y trigo en varios millones de toneladas, así como la sustitución de 1.5 a 3.0 millones de hectáreas de criollos por híbridos. Después de ocho años de operación, Masagro no ha cumplido sus compromisos, como lo confirman artículos científicos y otros documentos de investigadores como el doctor Antonio Turrent Fernández. El 16 de julio de 2018 Enrique Peña Nieto designó como director general en el Inifap al doctor Fernando de la Torre Sánchez, y por parte de Sader está a cargo de la relación con el Inifap el doctor Salvador Fernández Rivera. Sin embargo, su actuación durante siete años en el propio instituto no permite una adecuada interlocución con el Sindicato de Investigadores Independientes del propio Inifap. El movimiento de huelga del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Siiinifap), que agrupa a 75 por ciento del total de investigadores del Inifap, iniciado el 20 de marzo, demanda solución y firma del contrato colectivo de trabajo (CCT), cuyos puntos principales privilegian la investigación urgente para México. Los investigadores agrupados en el Siiinifap no piden un incremento en el presupuesto fiscal del Inifap, ni el aumento de salarios u otro beneficio personal. Solicitan que del recurso con el que ya cuenta el Inifap se asignen 100 millones de pesos para 302 proyectos en 77 campos experimentales a escala nacional, pues hasta ahora el recurso se ha otorgado en forma discrecional y sesgada. Piden también que se respete la integración de comisiones mixtas de planeación, evaluación de resultados y seguimiento de proyectos. Ambos puntos, que fueron firmados en el CCT de 2017, atienden a las prioridades del país y apoyan la agenda del gobierno hacia la suficiencia y soberanía alimentaria de México. La solución evitaría que se pierdan este año las investigaciones en el ciclo de cultivos básicos y oleaginosos. Para que la Cuarta Transformación llegue al Inifap, es urgente para el bien de México la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
¿Qué sigue para México después de su Examen sobre Derechos Humanos?
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] ¿Cuáles son los resultados del Examen Periódico Universal y cuáles son los compromisos que ha adquirido el Estado mexicano a nivel internacional para proteger y garantizar los derechos humanos? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 13 de abril de 2019 Por: Donovan Jiménez y Carlos Ventura A través de este semanario hemos realizado algunas entregas referentes al Examen Periódico Universal (EPU) del Estado mexicano (Contralínea 05/06/18; 17/07/18), reconociendo su importancia como un instrumento internacional que permite evidenciar la situación de los derechos humanos que se vive en nuestro país. Este mecanismo de evaluación, como lo hemos dicho, admite una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, al considerar sus aportes como algunos de los insumos de mayor importancia en el proceso de diagnóstico en el que se basa el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para realizar su evaluación. En la presente entrega, abordamos la importancia de esta tercera evaluación para México, los resultados y compromisos que ha adquirido el Estado mexicano a nivel internacional, y la importancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en este mecanismo. El 7 de noviembre de 2018, el Estado mexicano fue sujeto a su tercera evaluación frente a este mecanismo. Recibió un total de 264 recomendaciones de más de 100 Estados parte. La impunidad estructural; la falta de atención integral y el acceso a la justicia de las víctimas; los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres; los derechos de la niñez; y el reconocimiento y la protección a los grupos mayormente vulnerabilizados, discriminados y violentados en el país, fueron algunos de los temas que predominaron en las Recomendaciones. El 14 de marzo de 2019, durante el 40 período de sesiones del CDH, el Estado mexicano reconoció y se comprometió a cumplir 262 recomendaciones derivadas del EPU. Para las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, las colectivas y las víctimas es un punto de inflexión en un contexto que demanda tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de derechos humanos que se vive en México. Las recomendaciones en gran parte reflejan las demandas de amplios sectores de la sociedad y permiten identificar los asuntos que requieren mayor atención, por lo que su integración dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en la definición de una agenda de Estado en materia de derechos humanos que las incorporé resulta necesario. La Delegación mexicana se comprometió a iniciar una efectiva ruta de seguimiento para la implementación de las mismas, reconociendo que en todo momento se construirá una agenda que involucre a los distintos poderes y niveles de gobierno, la académica y la sociedad civil. Asimismo, es importante enfatizar que el Estado mexicano cuenta con un gran número de Recomendaciones a nivel internacional en materia de derechos humanos (asciende a más de dos mil), por ello, es momento de exigir una correcta implementación y seguimiento a estos nuevos compromisos internacionales. Frente al contexto actual sobre cierta descalificación al trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, esta tercera evaluación pone un énfasis particular en las responsabilidades que tiene el Estado mexicano para asegurar y garantizar el derecho a defender derechos humanos, que incluye el respeto y promoción a sus figuras asociativas legalmente establecidas. Por lo que insistir en la construcción de un diálogo sincero y propositivo que involucre a todos las partes interesadas en atender esta crisis, se vuelve un elemento primordial para la implementación y seguimiento de las recomendaciones. La amplia colaboración entre las diferentes organizaciones sociales, los movimientos y colectivos ha permitido construir y abonar al proceso de democratización de México y la vigencia de los derechos. El reciente EPU representó una oportunidad única en la construcción de redes, ideas y mensajes comunes que buscaron exponer la situación del país en materia de derechos humanos, con el objetivo de obtener una hoja de ruta que permitiera tener una agenda de atención prioritaria en la materia. Desde diferentes redes, organizaciones sociales buscamos impactar tanto a nivel nacional como internacional en los diagnósticos que fueron base para la última evaluación de México. Colaboramos en distintos niveles y con diferentes actores del sector social y público, teniendo siempre la intención de posicionar en coordinación con las víctimas, las comunidades y los grupos que han sido mayormente afectadas por esta crisis de derechos humanos, sus demandas y propuestas. A nivel nacional, buscamos generar un diálogo con instancias nacionales encargadas de recibir insumos y que posteriormente aportarían sus informes sobre la situación de los derechos humanos, siendo el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), espacios que presentaron algunas dificultades por la efectividad en la participación de las organizaciones sociales y la construcción de diagnósticos integrales. También, se buscó la colaboración con representaciones diplomáticas y con las agencias y organismos del sistema de la ONU en México. A nivel internacional, generamos diferentes alianzas para llevar las demandas de las víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Realizamos diferentes eventos que buscaron hablar sobre la crisis de derechos humanos que vivimos, focalizando los temas de mayor atención, de los cuales derivaron distintas recomendaciones. Generamos espacios de intercambio entre redes de organizaciones con la representación mexicana en Ginebra, con distintas delegaciones presentes en el CDH de la ONU, y con personas defensoras de los derechos humanos de otros países para intercambiar prácticas, experiencias y herramientas de análisis y de resolución frente a estos graves contextos. En su mayoría, las demandas más sentidas de diferentes sectores de la sociedad se vieron reflejadas en las Recomendaciones de esta tercera revisión, por lo que su atención debe ser prioritaria al tratarse de situaciones que requieren acciones urgentes, y por el compromiso internacional que ha adoptado el Estado mexicano para su cumplimiento. Mecanismos internacionales como el EPU permiten reconocer que la pluralidad de ideas, demandas y diagnósticos, y la participación de múltiples actores sociales
La frontera feminicida: una realidad entre el Edomex y la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La frontera feminicida favorece las condiciones para que miles de mujeres (quienes transitan a diario por espacios públicos entre el Edomex y la CDMX en busca de oportunidades de empleo, de educación, en resumen, de una vida digna) padezcan –cotidiana y exacerbadamente- diversas formas de violencia de género en su contra debido al alto grado de vulnerabilidad al que están expuestas en este espacio geográficamente fronterizo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 11 de abril de 2019 Por: Equipo CDHVitoria Desde esta primera línea, afirmaremos categóricamente lo siguiente: la violencia de género contra las niñas, las adolescentes y las mujeres es una de las violaciones más graves a los derechos humanos y un motivo de vergüenza para nuestras sociedades, un obstáculo para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Las niñas, las adolescentes y las mujeres mexicanas, sin importar su origen, edad, condición social, religión, identidad de género u orientación sexual, entre otras tantas variables, no sólo están expuestas, sino que padecen diversos tipos de violencia feminicida: a) por varias razones: el sexismo, el machismo, la misoginia, la desigualdad, la discriminación de género, y fortalecida por la situación de pobreza, la pertenencia étnica, la condición de discapacidad, el estatus migratorio, etcétera, etcétera, etcétera; b) en numerosos ámbitos: el hogar, la escuela, el trabajo, el ciberespacio… el espacio público, y también de forma muy acentuada en regiones como las fronteras geográficas entre una entidad y otra, una de ellas, entre el Edomex y la CDMX. Desde hace varias semanas, personas académicas, defensoras y activistas, así como colectivos, están retomando la discusión de una realidad que nosotras a partir de una lectura atenta de numerosos signos feminicidas(1) también hemos reconocido y en nuestra manera muy particular, hemos denominado “frontera feminicida”, entendiéndola como: Una gran parte del espacio público geográficamente fronterizo entre el Edomex y la CDMX, donde existe violencia ejercida contra las mujeres por razones de género (es decir, por el solo hecho de ser y/o identificarse como mujeres), la cual es perpetrada principalmente por varones cisgénero y concretizada en conductas y/o acciones diversas que les causan daños y repercusiones, entre ellos: físicos, psicosociales, sexuales, jurídicos, políticos y económicos; violencia que, si es llevada a su extremo, puede llegar a su forma más radical: el feminicidio, esto es, los asesinatos de mujeres motivados por el patriarcado. Después de examinar concienzudamente los aportes de varias personas académicas, de revisar minuciosamente la geo-estadística feminicida a nivel nacional, estatal y municipal, de analizar cuidadosamente la coyuntura feminicida actual desde varias perspectivas, de valorar profundamente los múltiples efectos de la violencia de género contra las mujeres, en fin, de leer los signos feminicidas que ya mencionabamos, constatamos la existencia de una frontera feminicida entre el Edomex y la CDMX, ya no como una mera hipótesis de investigación, ¡sino como una realidad que pide a gritos nuestra atención! Ahora bien, ¿por qué estamos dirigiendo nuestra atención a la frontera feminicida?, ¿qué propósitos perseguimos? Respondamos al “por qué” y al “para qué” de la frontera feminicida así: 1. Porque la frontera feminicida favorece las condiciones para que miles de mujeres (quienes transitan a diario por espacios públicos entre el Edomex y la CDMX en busca de oportunidades de empleo, de educación, en resumen, de una vida digna) padezcan –cotidiana y exacerbadamente- diversas formas de violencia de género en su contra, únicamente por razones de género, debido al alto grado de vulnerabilidad al que están expuestas en este espacio geográficamente fronterizo. 2. Para enfrentar y erradicar la violencia de género contra las mujeres en la frontera feminicida, y no sólo mediante medidas paliativas , sino desde la raíz, es decir, a través de mecanismos como la coordinación interestatal a nivel de procuración de justicia, de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en todas las alcaldías de la CDMX, de la segunda AVGM en siete municipios del Edomex y de las consecuencias que las implementaciones adecuadas de las Alertas podrían traer consigo en ambas entidades. Por lo tanto, ya que apostamos a la construcción de un mundo más justo y digno para todas y todos, apostemos para que, por un lado, la violencia de género contra las mujeres en la frontera feminicida sea enfrentada y erradicada, y por el otro, sean respetados, protegidos, promovidos y garantizados los derechos humanos de las miles de niñas, adolescentes y mujeres que transitan entre el Edomex y la CDMX. Estamos completamente convencidas de que no daremos ni un paso atrás y seguiremos insistiendo en luchas hombro con hombro junto a miles de mujeres que han gritado en todos los espacios, públicos y privados, la urgencia de detener la violencia feminicida. 1 | Estos signos son manifestaciones concretas de la violencia feminicida que van desde actitudes hasta acciones que pueden culminar en feminicidios [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Queso Rayones [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Premio Sergio Méndez Arceo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El trabajo en la defensa de los DH requiere un constante compromiso, por eso desde hace 27 años algunas organizaciones de inspiración cristiana han acompañado el reconocimiento y visibilización de personas y colectividades mediante el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 13 de abril de 2019 Miguel Concha El trabajo en la defensa de derechos humanos requiere de un constante compromiso y fortaleza para la construcción de un mundo más justo. Razón por la cual desde hace 27 años algunas organizaciones de inspiración cristiana han acompañado el reconocimiento y visibilización de personas y colectividades que defienden derechos humanos, mediante el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. Cada año éste reconoce a diferentes personas, colectividades u organizaciones que desde su praxis fortalecen experiencias comunitarias e individuales, dentro de cada coyuntura política particular. Este año por ejemplo resalta la coyuntura de un nuevo gobierno, que entre las múltiples interrogantes que suscita destaca aquella que nos hace reflexionar sobre el ejercicio de los derechos humanos y el respeto y protección de quienes los defienden. Al respecto es importante tomar en cuenta que es menester reconocer que, aunque México tiene un nuevo gobierno, existen otras formas de hacer y pensar en la izquierda, entre ellas las que apuestan a la defensa de la tierra y el territorio frente a megaproyectos. Como segundo elemento, es también importante no dejar de nombrar que el número de personas defensoras y periodistas asesinadas sigue arrojando cifras elevadas. Pensar entonces el ejercicio de los derechos humanos, así como la protección de quienes los defienden, implica reconocer que hay ciertos derechos que se ven garantizados, porque están de acuerdo con las propuestas políticas del nuevo gobierno. Pero también hay otros que parecen contraponerse con dichas propuestas. Ante ello, es importante no olvidar los principios en derechos humanos, que nos invitan a considerar su interdependencia y progresividad. La emisión número 27 del Premio Sergio Méndez Arceo, que hoy se entrega en Cuernavaca, se posiciona ante la coyuntura, y reconoce en la categoría individual a Teresa Castellanos Ruiz, y en la grupal a Tequio Jurídico AC. Teresa Castellanos Ruiz es una mujer que acompaña actualmente la lucha contra el Proyecto Integral Morelos, defendiendo los derechos a la vida, la salud, el medio ambiente sano, la libre determinación de los pueblos, el agua, y una vida libre de violencia para las mujeres. Como coordinadora del Comité Huexca en Resistencia, inició su camino en 2011 en la defensa de los derechos humanos, ante la indignación y preocupación por la vulneración de su calidad de vida, la de sus hijas y la de su comunidad, a raíz de la construcción de una central termoeléctrica en Huexca, al nororiente de Morelos. Cuando la comunidad recibió la información de que una planta de esa magnitud se construiría en su localidad, las y los pobladores decidieron hacer un plantón que duró casi seis meses, hasta que fue reprimido por policías. Teresa, junto con otras compañeras, fue agredida físicamente. No obstante dicha represión, Teresa ha continuado en la defensa de su territorio, fungiendo también como mediadora de paz entre las y los habitantes de las comunidades que han experimentado diferentes actos de hostigamiento y división por parte de la CFE. Participa también activamente en diferentes espacios para vincular a los pueblos del estado de Morelos en resistencia a la imposición de megaproyectos, en la defensa de su territorio y sus recursos naturales. Lo cual la ha llevado a enfrentar una serie de hechos, producto de la violencia de género que las defensoras suelen experimentar, al ser leídas como mujeres en un sistema patriarcal. Lección que le ha permitido alzar la voz no sólo en defensa de su territorio, sino también de las mujeres que lo habitan. Tequio Jurídico por su parte nació a finales de 1997, por iniciativa de estudiantes de Derecho, pertenecientes a diferentes pueblos indígenas. Su motivación fue el compromiso con el trabajo comunitario y con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Se inspiran en las luchas de las comunidades zapatistas, y su trabajo se centra en generar e implementar estrategias de formación, capacitación, investigación, difusión, asesoría y defensa jurídica, con el fin de aumentar las capacidades y habilidades organizativas de las comunidades, asambleas, autoridades agrarias y municipales, defensoras y defensores del territorio indígena, así como en la difusión de los derechos de las mujeres indígenas, la búsqueda de espacios que permitan el intercambio, y el rescate de los elementos de identidad indígena. Mediante acciones legales contra proyectos mineros que las amenazan, acompañan procesos de organización regional en comunidades que realizan la defensa del territorio chontal. Viven el tequio como práctica de un derecho colectivo que se funda en la cosmovisión de los pueblos, y tiene como fin el beneficio comunitario y la construcción de su autonomía. Su lema, Desde abajo y en la tierra sembramos autonomía, hace frente al capitalismo neoliberal que se sostiene en el despojo, la represión, la explotación y la discriminación en todas sus formas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Sergio Méndez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Treinta años del Frayba
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En un contexto político como el de ahora hacer memoria de nuestras organizaciones, inspiradas muchas de ellas en las espiritualidades liberadoras, nos ayuda a entender el presente desde la comprensión de nuestra historia en la defensa de los derechos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 06 de abril de 2019 Miguel Concha El obispo Samuel Ruiz García fue sensible y visionario al fundar en 1989 un espacio de defensa de derechos humanos en la diócesis de San Cristóbal de las Casas: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido familiarmente como el Frayba. Desde entonces, este centro atendió las necesidades más sentidas de las comunidades indígenas de la región de los Altos de Chiapas, aportándoles solidaridad, información y acciones efectivas en la defensa de sus derechos. Vale la pena citar partes de la Carta Fundacional del Frayba, pues no sólo se trata de una declaración de principios, sino sobre todo de un camino a seguir en y con los pueblos. Con aquellas y aquellos que históricamente han sido excluidos. El Frayba se entiende, pues, como sujeto de su propio destino, aprendiendo a caminar en su lucha de resistencia y en la construcción de la esperanza los caminos de la liberación que caminaron nuestros antepasados. Y es que su andar se articula con El Caminante, es decir, con el propio don Samuel, quien sin reparo alguno se colocó al lado de los más pobres. Él, con la Iglesia liberadora, leyó acertadamente los signos de los tiempos. En ese entonces, cuando creó el Frayba, eran los tiempos de las secretas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de las riesgosas reformas al artículo 27 de la Constitución, a punto de concretarse. Eran también los años convulsos por el fraude electoral registrado en 1988 y los de los gobiernos represores en Chiapas y en diversos lugares de la República Mexicana. Fue en ese contexto cuando don Samuel vio la necesidad de generar un espacio institucional para la defensa de los derechos humanos. Treinta años después El Caminante continúa vivo en el Frayba, y quienes han colaborado y ahora colaboran en este centro de derechos humanos, han contribuido con su dedicación y entrega al trabajo colectivo por la justicia, la dignidad de los pueblos y los derechos humanos. En un contexto político como el de ahora hacer memoria de nuestras organizaciones, inspiradas muchas de ellas en las espiritualidades liberadoras, nos ayuda a entender el presente desde la comprensión de nuestra historia en la defensa de los derechos. Y así tenemos que conforme pasan las décadas se desarrolla una particular mística en el acompañamiento a pueblos y comunidades, en el caminar junto a las víctimas, en la defensa de sus derechos y en el entretejido de organizaciones locales y de base que buscan hacer de este mundo un lugar más solidario y digno. Un lugar donde se cuida toda forma de vida, frente al criminal y depredador sistema capitalista. El Frayba es un emblemático ejemplo de esta mística en la defensa de los derechos humanos. Retomando de nuevo su Carta Fundacional, en el Frayba sus integrantes se saben, desde sus orígenes, seguidores de esa mística emancipadora, pues su andar, comprometido en las luchas de liberación, y en la tradición de una Iglesia involucrada en la situación de los pueblos excluidos y marginados, destinatarios del anuncio de liberación y constructores de alternativas al sistema de muerte, está marcado con la visión de la esperanza. (Pueblos) desde el principio sujetos de derechos y en búsqueda de la paz con justicia y dignidad de la mano. Estos 30 años han sido ejemplo de cómo, siendo sensibles a las demandas de las comunidades, se viven los derechos desde abajo. Y de cómo solidarizarse haciendo vivas las propuestas alternativas que ellas nos presentan frente a la crisis de civilización en el mundo. Las y los compañeros del Frayba no dudan en asegurar que los derechos humanos son una herramienta fundamental para el fortalecimiento de procesos organizativos en la defensa y el ejercicio de un proyecto de vida en el que se construyen alternativas frente a la exclusión y marginación de este sistema patriarcal y capitalista neoliberal. Por lo que también declaran estar en contra de la cultura de violencia que éste nos impone. Desde esta mística de la liberación, la historia de nuestras organizaciones defensoras de derechos humanos nos alienta a que vengan muchos más años de trabajo. Hasta que la justicia sea una realidad. Hasta que se reviertan las estructuras de dominación y cesen las violaciones de derechos humanos. Mientras exista la injusticia y la violencia, nuestro trabajo no claudicará. Además, estos 30 años del Frayba también coinciden con la celebración de una década de trabajo de la organización Voces Mesoamericanas, y con la realización de la 58 Asamblea de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todas y Todos. Dadas las denuncias en el contexto del #MeToo, en dicha asamblea las organizaciones acordaron un total rechazo a la violencia contra las mujeres y la salvaguarda de sus derechos (https://t.co/0EwuArBgSc). Celebremos estos 30 años del Frayba. Celebremos la vida y nuestros esfuerzos colectivos autónomos, materializados en las organizaciones sociales que luchan dignamente contra toda dominación patriarcal, capitalista y colonial. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHVitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
