Las oportunidades del PND
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Tras las elecciones de 2018, es el momento de hacer concretas las expectativas, y discutir qué y cómo es alcanzable con realismo el cambio en el país, a lo largo del sexenio recién iniciado. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el primer y más importante paso de este proceso de planeación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 30 de marzo de 2019 Miguel Concha Las elecciones pasadas expresaron la avidez de la sociedad por un cambio de rumbo en el país. Como ocurre con los procesos electorales, tiende a predominar el rechazo a lo anterior y las esperanzas de lo nuevo. Ahora es el momento de hacer concretas las expectativas, y discutir qué y cómo es alcanzable con realismo el cambio en el país, a lo largo del sexenio recién iniciado. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el primer y más importante paso del proceso de planeación, pues de él se derivarán los programas sectoriales. Se han previsto tres: paz, democracia y Estado de derecho; desarrollo económico, y bienestar social. Estos sectores deben ser atravesados por tres ejes: inclusión, combate a la corrupción y desarrollo sostenible. La coordinación de la elaboración del PND corresponde a la Secretaría de Hacienda, que deberá tener lista la propuesta el 30 de abril de este año, para que el Presidente la envíe a los diputados. A diferencia de otras ocasiones, ahora le corresponde al jefe del Poder Ejecutivo la elaboración del PND, y su aprobación final a la Cámara de Diputados. Así lo estableció la reforma constitucional de 2014, que tuvo como antecedente la propuesta elaborada por diversas organizaciones campesinas, civiles y sindicales, presentada al Senado de la República en noviembre de 2013, por medio de cuatro de sus miembros, y asumida después por los partidos políticos. La intención de sus promotores iniciales fue que se abriera al debate público la definición de las políticas sexenales, más allá de los acuerdos cupulares, como la experiencia del Pacto por México, de no muy feliz memoria. El actual gobierno ha manifestado que en esta ocasión sí se tomarán en cuenta las propuestas, para que el PND sea asumido por toda la sociedad. Que un plan deba tener consenso, ha quedado demostrado en los países con experiencias exitosas, mismas que ponen de manifiesto cuán importantes son la capacidad técnica y el consenso para que la planeación genere resultados positivos. En la situación actual del país hay tres asuntos que vuelven imprescindible una buena planeación, en los dos sentidos señalados: a) más allá de la discursiva, podría establecer la ruptura concreta con el modelo neoliberal, que, puesto que confía más en los vaivenes del mercado, rechaza abiertamente la planeación; b) si no se hace sólo para cumplir con las formas, con la intervención real de la sociedad en la planeación, ésta significaría también el inicio de la implantación real de la democracia participativa, rompiendo así con el monopolio gubernamental sobre las decisiones públicas, propio de las democracias elitistas; y c) permitiría trazar la ruta del desarrollo que paulatina y decididamente se aparte del neoliberalismo. Para alcanzar estos tres propósitos, no se necesitan actos de magia. Existen ya propuestas hechas del conocimiento público por grupos de académicos y de organizaciones de la sociedad civil, formuladas en los diversos cambios de gobierno, pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política para ser tomadas en cuenta. Me atrevo a añadir algunos aspectos de procedimiento que podrían contribuir a la apropiación social del PND: 1. Que el gobierno dé a conocer la sistematización de las propuestas recogidas en los distintos foros y mecanismos de consulta que se han realizado. En el pasado ha sido común que muchas personas participen en las consultas, pero queda en el más grande misterio qué opinaron y si fueron consideradas sus propuestas. Si esto cambiara, sin duda que generaría un PND más próximo a la gente. 2. Incluir en los objetivos a alcanzar las propuestas de los diversos sectores sociales, pues el PND no puede incluir sólo los propósitos del partido gobernante. No hay duda que fue electo para dirigir al país, pero en democracia nadie lo puede hacer con exclusividad. 3. Lograr que la aprobación del PND por la Cámara de Diputados no sea sólo un trámite de aplicación automática por la mayoría del partido del presidente. La aprobación de las distintas fuerzas políticas es el paso indispensable para comprometerlas con los propósitos del plan. Lo que permitirá que tanto el gobierno como la sociedad les pueden exigir congruencia a la hora de ejercer sus facultades. 4. Construir consenso social. Mal harían los distintos partidos si suponen que el consenso es igual a un nuevo pacto de élites. Los diputados tendrán que convocar a toda la ciudadanía a discutir sobre la propuesta presidencial y a ser consecuentes con lo que escuchen. Será la oportunidad para que la sociedad opine, no ya sobre los problemas del país, sino sobre la estrategia que proponga el Ejecutivo para resolverlos. Esto plantea el reto de los instrumentos para captar la opinión pública, más allá de los foros. Será muy conveniente que desde ahora se inicie su discusión, pues queda sólo un mes para que se les envíe la propuesta del Ejecutivo, y dos más para aprobarla. La democracia participativa también requiere parlamento abierto. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Darij & Ana [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Recomendaciones al Estado mexicano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las 262 recomendaciones de la comunidad internacional permiten identificar buen número de los asuntos relacionados con la grave crisis de derechos humanos que vivimos y la impunidad estructural prevaleciente que requieren mayor atención. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 23 de marzo de 2019 Miguel Concha En noviembre de 2018 México estuvo sujeto por tercera ocasión al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Recibió entonces un total de 264 recomendaciones de más de 100 estados parte. Este mecanismo permitió también hacer una evaluación de la situación de los derechos humanos en el país, principalmente bajo la administración de Peña Nieto. Para los distintos países que emitieron sus recomendaciones, los temas de mayor preocupación fueron la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso e impartición de justicia, relacionados sobre todo con la violencia hacia las mujeres y los altos índices de feminicidios. La protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para garantizar el respeto y pleno ejercicio de su labor, y el tema de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades, relacionados con el riesgo que para ellos representan los megaproyectos, fueron otras de sus principales preocupaciones. De este modo, en el contexto del 40 periodo de sesiones del consejo, el pasado jueves 14 de marzo el Estado mexicano aceptó en Ginebra, Suiza, 262 recomendaciones, entre las cuales destacan: realizar investigaciones prontas, minuciosas, independientes e imparciales de los ataques cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, y asegurarse de que los autores puedan ser llevados ante la justicia y sometidos a un juicio con las debidas garantías. El Estado mexicano debe asegurarse también de que el mecanismo federal de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos reciba financiación y apoyo político a largo plazo. Además, los Estados parte recomendaron a México garantizar la labor sin trabas de los defensores de los derechos humanos y establecer un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad, con el mandato de investigar los delitos atroces, las violaciones graves de los derechos humanos y los actos de corrupción conexos. Los Estado s fueron igualmente enfáticos en la relevancia de estudiar y generar una normativa necesaria para eliminar la incertidumbre legal y procedimental en la aplicación del mecanismo de alerta en materia de violencia de género. Llamó también la atención la importancia que le dieron a la necesidad de seguir celebrando con las comunidades indígenas consultas previas como herramienta fundamental para lograr el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos. Si bien la delegación mexicana, al aceptar casi la totalidad de las recomendaciones y reconocer la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país, reiteró la oportunidad que representan los mecanismos multilaterales para hacer frente a los retos en la materia, y manifestó su disposición de colaborar con estos mecanismos, también sigue preocupando el discurso adoptado a veces por parte del Ejecutivo federal sobre el reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones para hacer frente a la crisis. En este sentido, y mediante una declaración oral presentada ante el consejo en la misma sesión de aceptación del Estado, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDH Vitoria), y la organización Dominicans for Justice and Peace (http://derechoshumanos.org.mx/ epu2019) reafirmaron la importancia de establecer un diálogo franco y propositivo del Gobierno federal con las organizaciones sociales, fundamental para el seguimiento y construcción de una agenda que permita hacer frente a esta crisis de derechos humanos. En su oportunidad el Estado mexicano mencionó que para la atención, seguimiento y cumplimento de las recomendaciones colaborará con los distintos poderes y niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil. Es relevante que en estas sinergias se reconozca el aporte histórico de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en la vigencia de los derechos y la democratización del país. El gobierno actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la responsabilidad de generar abierta y transparentemente, para el establecimiento de una ruta de implementación y seguimiento que permita construir una agenda derivada de las recomendaciones de esta tercera evaluación, los mecanismos necesarios de participación y colaboración con los distintos actores involucrados. Por ejemplo, las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, sus colectivos y las víctimas. Las 262 recomendaciones permiten identificar buen número de los asuntos relacionados con la grave crisis de derechos humanos que vivimos y la impunidad estructural prevaleciente que requieren mayor atención. Debido a que se trata de una evaluación que ha surgido de diferentes intercambios y diagnósticos, tanto de parte del Estado mexicano, como de organismos internacionales, personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, su incorporación dentro de la agenda pública es necesaria. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Empoderamiento ciudadano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los cuarenta años que cumple este año el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM) han significado un caminar que apuesta por el derecho a la participación ciudadana, esperanzadora y siempre abierta a los desafíos que la realidad compleja de México plantea cada día. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de marzo de 2019 Miguel Concha Año de 1510. Desembarca en la isla La Española, hoy Santo Domingo, la primera comunidad de frailes dominicos. Entre ellos viene Fray Antón de Montesinos. Llegan a evangelizar a las tierras recién descubiertas. Al arribar les impacta la terrible situación en la que están los indios. Bajo el sistema de la encomienda (grupo de indios encomendados a un español) son tratados con brutalidad, desgastados, expoliados, esclavizados. Esta injusticia estructural causa sufrimiento y muerte. Pensando y actuando antisistémicamente, Montesinos denuncia, a nombre de su comunidad, que no hay religión ni fe ni creencia que legitime y justifique esta barbarie. Y lanza su famoso grito: “¿Con qué derecho…?”. El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM) cumple en este 2019 cuarenta años de lucha y anhelo por construir una sociedad justa, equitativa y solidaria, donde viviendo en auténtica fraternidad quepan todos los seres humanos. Siempre con una mirada que considera a la par de una ética liberadora, cuya raíz es el cristianismo de liberación, y la perspectiva de género como eje transversal a los derechos humanos como el trasfondo profundo de su quehacer. El CAM ya ha recorrido un largo camino en el fortalecimiento de sujetos sociales, para que sean ellos quienes decidan y construyan de manera digna su vida y su porvenir. Su metodología ha consistido en proporcionar herramientas formativas y capacitación para que diversos actores sociales adquieran habilidades y destrezas para gestionar las necesidades vitales que les permiten un buen vivir en las diferentes dimensiones de su existencia: síquica, social, económica, política, cultural y espiritual. Esto es lo que llamamos reconocer y fortalecer el poder de las personas para actuar en sus comunidades como ciudadanos que aportan ideas y estrategias para la incidencia en lo público y en las políticas que abonan al buen vivir y al bien común, a nivel comunitario, municipal y estatal. Así, el CAM ha sido un actor civil que ha colaborado en el impulso a la democracia representativa que en las décadas de los años 60 y 70 se fue conquistando como elemento radicalmente importante para el ejercicio del derecho a la participación política y social. El derecho a la participación en el ámbito público hace que los actores puedan contribuir en el diseño, seguimiento, implementación y evaluación de las políticas públicas. En los años 90 fue una de las organizaciones que, junto con muchas otras, aportó a la formación y capacitación de actores sociales y civiles comprometidos con la lucha por el ejercicio de la democracia, participando junto con ellos en articulaciones que ayudaron a la transición democrática. Entre ellas, Alianza Cívica y el Movimiento Ciudadano por la Democracia. Sin esta lucha histórica, hoy tendríamos una ciudadanía resquebrajada, insignificante y considerada sólo como beneficiaria. Ha coadyuvado en ese mismo sentido para que las mujeres reconozcan sus derechos y luchen por el ejercicio de los mismos, tanto en sus propios hogares como en sus comunidades, logrando, por ejemplo, colocar regidoras de equidad de género en sus municipios. También ha logrado que grupos de campesinos intercambien saberes para el desarrollo de proyectos sustentables en lugares donde falta el agua; donde existe contaminación de las tierras, y donde el deterioro del campo ha causado su abandono por las nuevas generaciones para buscar oportunidades en las ciudades. Y en relación con actores eclesiales (personas creyentes vinculadas orgánicamente a grupos u organizaciones de iglesias), el CAM es una de las organizaciones civiles que desde su fundación ha aportado reflexión ética y teológica, así como estrategias prácticas para que grupos y comunidades, cuya inspiración de sentido está fundamentada en el cristianismo, puedan articular una fe con sentido transformador y liberador con las dinámicas sociales, políticas y culturales. Articulación que se hace siempre respetando la laicidad y la secularidad de los procesos civiles, de modo que su acción no sea desde la confesionalidad, sino desde el compromiso ciudadano, ético liberador y humanista. En los últimos años el CAM se ha especializado en la prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual, elaborando informes con la finalidad de incidir en la política pública sobre el fenómeno. Así lo ha venido haciendo, tejiendo para ello alianzas estratégicas y participando en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México con el fin de que se dé cumplimiento a las líneas de acción de dicho programa, y con ello se pueda erradicar este fenómeno que va en aumento en nuestro país y afecta sobre todo a mujeres, niños y niñas. Cuarenta años han significado un caminar que apuesta por el derecho a la participación ciudadana, esperanzadora y siempre abierta a los desafíos que la realidad compleja de México plantea cada día. El CAM ya es parte de esta historia de búsqueda de un México con paz, y en justicia, derechos y dignidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CAM [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Desde algunos espacios de la sociedad civil, para el señor presidente
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es preciso se identifique que algunas OSC –a nivel local y nacional– se han caracterizado por ser espacios de encuentro y diálogo; por acompañar procesos emancipatorios a lo largo de los años; por construir alternativas de solución ante la complejidad social; por generar vínculos profundos con y entre las comunidades; y por abonar a la recuperación del tejido social. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 15 de marzo de 2019 Por: José A. Rosano, Vidal oliver, Lorena D Quintana y Viridiana Martínez En la década de 1980, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) empezaron a constituirse con más auge, especialmente tras el terremoto de 1985, hecho que les permitió situarse y observar que, juntas y organizadas, podrían incidir críticamente para colocar en las discusiones –locales y nacionales– problemáticas que habían sido históricamente invisibilizadas. Con el paso de los años, las OSC comenzaron a tener implicaciones directas sobre personas, grupos y comunidades, adquiriendo sentido a través de las experiencias y sentires de una sociedad mexicana, que, poco a poco, encontró en estos espacios defensa, acompañamiento en la denuncia pública, incidencia y visibilidad de los actos dirigidos a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Al llegar la década de 1990, con los ánimos del levantamiento zapatista y la entrada emblemática del capitalismo neoliberal con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) a México, las organizaciones mantuvieron la visión ciudadana de esta controversia nacional, sumando esfuerzos entre movimientos sociales, colectivos, activistas y personas defensoras que abogaron por la igualdad de oportunidades, dando pie a la conformación de organizaciones, las cuales interseccionan su labor para ser, pensar y actuar por la exigencia y garantía de los derechos humanos, la dignidad y el respeto de todas las formas de vida. A pesar de ello, no fue sino hasta 2004 que en el periodo del entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox Quezada, con todo y su conservadurismo, se logró promulgar la Ley Federal de Fomento a las Actividades por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que no sólo otorgó reconocimiento legítimo a la labor profesional y sistemática de las OSC, sino que formuló un cuerpo normativo que delimitó su actuar con fines meramente sociales. Si bien es cierto que la profesionalización de las OSC a nivel nacional ha sido lenta –en comparación con las manifestaciones de la sociedad civil internacional– también es igual de cierto que han dado pauta para reconocer que las y los mexicanos podemos consolidar procesos de prevención, atención, acompañamiento, defensa de derechos humanos, evaluación, diagnóstico e incidencia política, lo que las convierte en protagonistas sociales y políticas de gran trascendencia y, sobre todo, en portavoces directas de la ciudadanía. No obstante todo esto último, en días recientes se ha instalado en la discusión pública nacional un discurso que transgrede y descalifica la labor de las OSC: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la desaparición de algunos de los programas emblemáticos como el Programa de Coinversión Social, es decir, el Programa de Subsidio Federal Único hacia las OSC, lo cual, entre otras cosas, ha intensificado percepciones de desconfianza hacia las OSC, porque se las ha caracterizado como “oportunistas políticas”, “cero profesionales”, “actoras intermediarias”, “desconocedoras de la realidad social” (e incluso se ha criminalizado su actuar como defensoras de derechos humanos). Y aunque se han sumado iniciativas como #SíConLasOSC, así como otras campañas donde se está dando a conocer el arduo, complejo y profesional trabajo de muchas de las OSC (el cual representa, además, el 3 por ciento del producto interno bruto, según lo reportado por la asociación Alternativas y Capacidades, AC, en 2019), la óptica gubernamental-federal se niega a verlas como posibles coadyuvantes y acompañantes legítimas de la población mexicana. Por lo anterior, lanzamos una pregunta al actual presidente de la República y al gobierno federal: ¿el Estado cuenta con las herramientas necesarias para hacer a un lado a las OSC? Para que respondan este cuestionamiento de una manera crítica y adecuada, creemos indispensable que, al menos: Se vea la historia y se haga memoria sobre el papel verdadero de algunas OSC en el país (que, dicho sea de paso, va muchísimo más allá de gestionar recursos económicos); muchas de ellas, por supuesto, surgidas desde las izquierdas latinoamericanas. Se identifique que algunas OSC –a nivel local y nacional– se han caracterizado por ser espacios de encuentro y diálogo; por acompañar procesos emancipatorios a lo largo de los años; por construir alternativas de solución ante la complejidad social; por generar vínculos profundos con y entre las comunidades; y por abonar a la recuperación del tejido social. Se deje de presumir y aseverar, de forma irresponsable, que todas las OSC son de tal o cual manera sin antes examinar la diversidad de ellas, ya que no existe un solo tipo de OSC. Se contemple la diversidad de problemáticas estructurales que amenazan el ejercicio de los derechos humanos de diversos grupos poblacionales, entre éstos, las juventudes que de forma sorora y solidaria (como es el caso de quienes firmamos este artículo), deciden pese a las barreras institucionales y sociales involucrarse a través de las OSC en la búsqueda de mejoras de su realidad social y en la de otras personas. Es primordial, entonces, conservar una memoria histórica ante los logros de las OSC, plasmados en programas y políticas públicas que han coadyuvado al bienestar social, no sólo de personas jóvenes, sino también de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTI+, población en situación de calle, grupos de campesinos, campesinas e indígenas, entre muchas otras, que ahora se encuentran en riesgo e incertidumbre por las descalificaciones generalizadas sin mayor fundamento y por los recortes presupuestales, que, para numerosas OSC, son apoyos fundamentales que permiten la realización de sus proyectos, los cuales no buscan otra cosa más que fortalecer y generar condiciones ligadas al bienestar social. Finalmente, repensar, escuchar y considerar todas las variables en esta discusión sobre las OSC, permitirá al señor presidente y al gobierno federal reconocerlas como personajes clave en el momento que ocurre en el país y
Las OSC y la democracia en México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es necesario que el Presidente de la República distinga a las OSC que han resistido al neoliberalismo y a los proyectos de muerte, de las organizaciones clientelares o las que impulsaron un campo de golf, que no dejan de ser una excepción y deben, en efecto, rendir cuentas. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de marzo de 2019 Miguel Concha Durante el siglo XX losregímenes autoritarios, posteriores a la Revolución tuvieron en el presidencialismo, el partido de Estado y las formas clientelares y corporativas, la fórmula de un control político basado en mucho gobierno, poca sociedad civil y grandes privilegios para pequeños grupos. Este modelo está en los orígenes del enriquecimiento de unos cuantos y la polarización profunda de la sociedad mexicana, a tal grado que en 2019 un puñado de 10 personas tiene en su haber lo mismo que ganan en un año 118 millones de personas. En 1981 el modelo económico capitalista de nuestro país empezó a formar parte de la estrategia política y económica del neoliberalismo que a partir de entonces fue acumulando mayor riqueza con base en salarios bajos, sindicalismo corporativo, represión, incremento de la violencia, tolerancia del narcotráfico y creciente corrupción en la administración pública federal. En México el neoliberalismo no implica sólo gobiernos corruptos, sino políticas de enriquecimiento de pocos, represión, desorganización de las oposiciones y destrucción del medio ambiente. Frente a esta política, desde principios de la década de los 60 empezaron a surgir agrupaciones ciudadanas autónomas de gobiernos, iglesias y partidos políticos, interesados en participar en el bien público, para impulsar la promoción de todos los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, que tomaron la forma de asociaciones civiles no lucrativas. Después del movimiento estudiantil de 1968 se multiplicaron los entonces llamados organismos no gubernamentales (ONG) especializados en diferentes campos como la libertad de presos políticos y asociaciones de profesionales para impulsar políticas de salud pública, educación popular y derechos humanos. Entre éstos los derechos de las mujeres, los niños, así como la vivienda popular y asesorías en proyectos productivos, el cuidado del medio ambiente, las culturas indígenas y otros campos de la vida de la sociedad nacional. Estas organizaciones, instituidas entre los gobiernos y los individuos, nunca se situaron en una lógica del llamado clientelismo político, ni como intermediarias de recursos públicos, sino como instrumentos para combatir las causas de la pobreza y generar opciones para mejorar las condiciones de vida, trabajo y el cuidado del medio ambiente, al lado de las organizaciones y movimientos populares y sociales. Desde la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, el 6 de febrero de 2004, aún vigente, el Estado mexicano ha fomentado las actividades de las denominadas OSC mediante recursos aprobados en la Cámara de Diputados que se ejercen conforme a reglas de operación; convocatorias abiertas y transparentes para proyectos de coinversión; dictaminación por órganos tripartitas integrados por gobierno, academia y sociedad civil, sujetos a rendición de cuentas e informes oportunos. Sin embargo, en este periodo los recursos para el fomento de las actividades de las OSC han sido escasos, como lo expresa el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins: sólo el equivalente a la cuarta parte del promedio internacional; a la quinta parte del promedio en los países desarrollados y a menos de la mitad que en las naciones en desarrollo. Aparte del escaso monto de las partidas asignadas a las OSC en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 69.4 por ciento fue entregado en 2007 a organizaciones paraestatales y sólo 30.6 por ciento llegó a las verdaderas OSC. Es entonces necesario que el Presidente de la República distinga a las organizaciones de la Sociedad Civil que han resistido al neoliberalismo y a los proyectos de muerte, trabajando sin descanso para impulsar la democracia, el cuidado del medio ambiente, la atención a personas vulnerables y la promoción de los derechos humanos, de las organizaciones clientelares o las que impulsaron un campo de golf, que no dejan de ser una excepción y deben, en efecto, rendir cuentas. El fondo del problema es que las sociedades modernas impulsan con energía las organizaciones intermedias entre gobierno y ciudadanos, precisamente para llevar adelante iniciativas de la sociedad civil que difícilmente pueden ser atendidas por los gobiernos. Organizaciones que instituyen mediaciones profesionales y empáticas con los grupos más vulnerables como migrantes, mujeres violentadas, familiares de personas desaparecidas. Mediaciones que promueven colectivos para impulsar la democracia y el cuidado de la naturaleza y que colocan, siempre en el centro la vigencia plena de los derechos humanos, el cuidado de la naturaleza, el respeto a las personas vulnerables como sujetos de derechos, el agua como derecho humano (no como mercancía), la justicia y la democracia, son contrapesos necesarios para evitar nuevas formas de autoritarismo y corporativismo, buscando siempre abordar las causas de los problemas que han generado tanto la corrupción como el autoritarismo y el neoliberalismo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHVitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
De mujeres para mujeres: por una vida sin violencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] No es casual que sean las mujeres quienes conforman gran parte de la base social de los diversos movimientos sociales surgidos durante la historia, pues son ellas quienes han tenido que protagonizar luchas históricas contra la dominación, la reproducción y la reconfiguración del sistema patriarcal enquistado en toda clase social. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 07 de marzo de 2019 Por: Diana López Santiago y Selene González Luján * Cada año el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cuyo origen data de 1857 durante la huelga de mujeres en la fábrica de textiles Sirtwoot Cotton, en Nueva York, quienes exigieron la disminución de extenuantes jornadas de trabajo, la igualdad salarial entre mujeres y varones, así como la mejora en las condiciones de higiene en las fábricas. Esta protesta ha sido trascendental en la lucha por el reconocimiento de derechos laborales de las mujeres trabajadoras, e igualmente, escalafón en la lucha por otros derechos humanos fundamentales para la vida digna de las mujeres, que, a la fecha, continúan sin ser reconocidos, ¡y mucho menos garantizados y protegidos! No es casual que sean las mujeres quienes conforman gran parte de la base social de los diversos movimientos sociales surgidos durante la historia, pues son ellas quienes se han enfrentado no sólo a la explotación y mercantilización ocasionadas por el sistema económico capitalista, sino que han tenido que protagonizar luchas históricas contra la dominación, la reproducción y la reconfiguración del sistema patriarcal enquistado en toda clase social y por supuesto, dentro de los propios movimientos sociales de los que forman parte. En esta misma línea, es indispensable mencionar que, a nivel mundial, los movimientos de mujeres y feministas, respectivamente, han señalado que el trabajo que realizan las mujeres en el hogar (cocinar, aseo del hogar, gestión y administración de los gastos de la casa, recolección de agua, trabajo en el campo, etc.) y de cuidado (principalmente de niños, personas adultas adultas mayores, personas enfermas), debe ser reconocido como un trabajo que aporta entre el 10% y el 39% del PIB¹ (de acuerdo a las condiciones de cada país), lo que significa que este trabajo sostiene gran parte de la economía de las naciones, y sin embargo, ¡no es reconocido ni garantizado como tal! A este respecto, pareciera obvio decir que gran parte de las mujeres en el mundo son quienes realizan este trabajo, aunque no cuenten con derechos laborales (como son salario, seguridad social, vacaciones, entre otros), por lo que legislar y generar políticas públicas en esta materia es una tarea urgente que tienen los Estados, pues son las mujeres y su trabajo quienes suplen las carencias que éstos no garantizan. Tampoco es coincidencia que ante el avance de la derecha y del poder económico en América Latina y el mundo, surjan movimientos internacionales como el Paro Internacional de Mujeres, en 2016, cuyos antecedentes más inmediatos son las movilizaciones en Polonia (2016) en torno a la intentona de introducir un proyecto de ley para penalizar el aborto, así como las protestas contra los feminicidios de siete mujeres ocurridos en Argentina en una semana (2016), al igual que el internacionalismo de los movimientos de mujeres y feministas, surgidos en contextos de exacerbada violencia hacia las mujeres y la negación y omisión de sus derechos más fundamentales (como la propia vida y el derecho a vivir libres de violencia). Provocado por el poder que tienen las mujeres para organizarse, solidarizarse y acompañarse, resulta conmovedor y a la vez esperanzador atestiguar la fuerza que tienen los movimientos como el Paro Internacional de Mujeres, que, como en años pasados, este 8 de marzo de 2019 también se moviliza. También el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres Que Luchan, convocado por las mujeres zapatistas en el Caracol Morelia, Chiapas, en marzo de 2018, es otro referente de lucha para muchas de nosotras, y aunque pareciera que estuvo más focalizado a la región latinoamericana, en realidad hubo un llamado internacional (#PorqueAcordamosVivir). Ambos son esfuerzos que van más allá de fechas conmemorativas: ¡son luchas políticas! En los dos casos, hay una invitación y un compromiso con nosotras mismas para seguirnos encontrando, y así trabajar por generar transformaciones: “acordamos vivir, y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su modo, su lugar y su tiempo”². Toca construir “Otros Mundos Posibles” para nosotras, pero para transformar y construir desde otro lugar desestructurando milenarias dinámicas de opresión, es imprescindible partir de definiciones y prácticas políticas como la sororidad. Las mujeres nos hemos visto en la necesidad de crear mecanismos de seguridad y exigibilidad de nosotras para nosotras. En este sentido, cabe señalar que es también la lucha de nosotras la que ha impactado en la jurisdicción, por ejemplo, en la creación de leyes, entre ellas, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el reconocimiento del tipo penal del feminicidio, o bien, la creación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En este sentido, consideramos importante recordar que la Ciudad de México, la cual se ha llegado a plantear como una “ciudad segura”, “progresista” e incluso “rosa”, tiene una solicitud de AVGM desde el 7 de septiembre de 2017, la cual no se ha resuelto. Así pues, resulta trascendental mencionar que la AVGM se solicitó en la CDMX por dos razones principales: el contexto de violencia feminicida en la ciudad y la falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Hemos constatado reiteradamente que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia cometen acciones y omisiones que obstruyen el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, por lo que concebimos la AVGM como una hoja de ruta que permitirá fortalecer las áreas de oportunidad de las instituciones, ya que hace posible emitir diagnósticos profundos, medidas de atención y procesos de evaluación para poder garantizar el derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencia. El pasado miércoles 6 de marzo de 2019, en conferencia de prensa, la Secretaría de
Soberanía científica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del Conacyt, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener los cambios propuestos por la nueva dirección. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de marzo de 2019 Miguel Concha El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, próximamente Conahcyt, por la inclusión de las humanidades en el título de la institución, se encuentra hoy en un proceso de transformación que no gusta a muchos. Cuenta ya por desgracia con una larga lista de críticas que han recibido, tanto la directora general recién nombrada, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, como sus propuestas de restructuración. No obstante, y más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del consejo, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener estos cambios. Entre algunas de las propuestas más sobresalientes está el incluir las humanidades en los ejes transversales de la institución. Lo cual permitirá, particularmente en los planes nacionales estratégicos, una visión holística. Éstos serán una herramienta para, partiendo de los grandes problemas nacionales, articular capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas que se enfoquen en dar soluciones a temas como violencia, inseguridad, soberanía alimentaria y agua, entre otros. Estos rubros requieren, para su traducción en políticas públicas y procesos de investigación, necesariamente de una visión social y de derechos humanos. Es un avance importante, asimismo, enfocar la ciencia en la propuesta de soberanía científica. Este concepto apuesta por lograr la independencia tecnológica y por redefinir la relación entre ciencias, humanidades y el sector productivo. Lo que por décadas se redujo a transferencias directas de recursos y productos, beneficiando únicamente a intereses privados. Hoy implica desarrollar un vínculo más sano entre la ciencia pública, producida en las universidades y en los centros de investigación nacionales y el desarrollo económico y social del país. Por otro lado, las diferentes propuestas que orientan a la ciencia hacia el bienestar de la sociedad son también pieza clave en la consolidación de una sociedad más democrática. Entre los rubros en los que se planea enfocar recursos del Conahcyt, están la promoción de industrias limpias y la generación de energías renovables; el desarrollo urbano sustentable; la promoción de proyectos para mejorar mecanismos de prevención y reacción ante desastres naturales, así como investigaciones en materia de racismo y discriminación, y propuestas con enfoque preventivo, sistémico y social en materia de salud. Entre muchas otras iniciativas que marcan un claro sentido humanístico y social de la institución, están también la innovación en sistemas agroecológicos y proyectos de ciencia ciudadana y comunitaria en materia de alimentación. Un factor que demuestra más dicha perspectiva en el nuevo proyecto del Conahcyt es el énfasis que se le está dando a la búsqueda de la apropiación social de la ciencia y la comunicación científica. Valorándose, por un lado, el diálogo de saberes con las comunidades indígenas y campesinas y planteando, por otro, iniciativas de articulación comunitaria y con organizaciones de la sociedad civil, en trabajo con infancias y juventudes en el ámbito escolar, y en proyectos de intersección entre artes-ciencia-humanidades y tecnologías, para la visualización de problemáticas sociales. La concatenación de todas estas medidas, propuestas por la nueva directora del Conahcyt, coadyuvarán a la promoción del derecho humano a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. El cual, según la Experta Independiente de Naciones Unidas en el campo de los derechos culturales, exige tomar medidas para garantizar a todas las personas, especialmente a los grupos marginados, el acceso a disfrutar de dichos beneficios; que su aplicación esté dirigida a propiciar una vida digna para todos, y que exista la información necesaria para que la sociedad participe en las áreas de investigación y desarrollo y en la toma de decisiones. No obvio decir que algunas de las críticas hechas a la reciente iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías son importantes, como las relacionadas con el supuesto nivel de centralización de las decisiones en la Dirección del Conahcyt. Éstas aún podrán ser discutidas y, de ser el caso, ser incluidas, pues en el Congreso ya se ha anunciado una convocatoria a foros para discutir dicha propuesta a partir del 6 de marzo. Lo discutido en esos foros será también utilizado para consolidar un eje transversal en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Durante este proceso, será importante retomar otros esfuerzos en materia de ciencia, innovación y tecnología, como el convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018 bajo el título de Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y exhortar a la comunidad científica a ser partícipe de las discusiones, en un diálogo respetuoso, propositivo, riguroso, profundo y constructivo, como al que ha invitado la misma titular del Conahcyt. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Lucy Nieto [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Justicia transicional
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] ¿Qué opciones tenemos que seguir impulsando para lograr la libertad de todos los luchadores sociales presos injustamente? Indulto, amnistía, excarcelación, revisión de expedientes… ¿Qué rutas son posibles? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 23 de febrero de 2019 Miguel Concha Va lenta la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a todos los presos políticos y de conciencia del país. Cada día que pasa es un día más de prisión injusta para alrededor de 100 personas, presas por motivos políticos que todavía esperan la justicia, y con ello la libertad. Qué más quisiéramos que de un plumazo salieran todos y se rencontraran con una vida trunca por la injusticia. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja, y la voluntad política presidencial no es tan grande como pensamos. ¿Qué opciones tenemos que seguir impulsando para lograr la libertad de todos los luchadores sociales presos injustamente? Hay por lo menos cinco posibilidades. Trataremos de ir una por una, de la más noble, hasta la más restrictiva. La primera opción, la más completa y más rápida, es que se promulgue la Ley de Amnistía General. Sus beneficios no nada más son los de liberar a todos los presos por motivos políticos, también incluiría el cese de la persecución que obliga a muchos defensores de derechos humanos a seguir huyendo del largo brazo de la injusticia y permitiría, además, que en muchos casos, como el de los hermanos Cerezo –que cumplen precisamente 10 años de haber obtenido la libertad–, se limpie su fabricado expediente criminal. La amnistía también es el único reconocimiento explícito del Estado mexicano de que existen personas, injustamente, presas por disentir con el modelo económico neoliberal, incluso si alguno de estos luchadores sociales hubiera cometido algún delito, como el de ataques a las vías de comunicación o motín, se le liberaría, al reconocer que fue obligado a cometer dichos delitos ante la cerrazón del Estado para resolver de fondo las problemáticas sociales que dieron origen al ejercicio del derecho humanoa la protesta. Esta salida no es además un perdón a delitos, cometidos o no, sino que es la libertad arrancada por años de lucha de familiares y organizaciones sociales. Es un mecanismo que urge al Presidente mismo a presentar una iniciativa de ley para que la mayoría de los legisladores de Morena la apruebe. Necesitamos mayor voluntad política que haga realidad esta opción de libertad para esa gente en prisión. Una segunda opción de excarcelación, mucho más limitada, es la que se ha empleado en los 16 primeros casos de presos que recién han obtenido su libertad, y consiste en el desistimiento de la acción penal por desvanecimiento de pruebas. Esta opción es la envoltura jurídica de la voluntad política presidencial de liberar a los presos por motivos políticos. Sus desventajas son, debemos señalarlas, que se limita a los actualmente presos; no incluye a los perseguidos y tampoco reconoce las injusticias que se cometieron contra aquellos que tienen que vivir con el pesado estigma de tener antecedentes penales. Lo cual por supuesto no les facilita la vida, ni la laboral ni la social. Una tercera opción es la reposición del proceso, y en ese nuevo comienzo aplicar el desistimiento de la acción penal, como fue el caso de los seis presos defensores del agua de San Pedro Tlanixco, estado de México, que posibilitó la libertad inmediata de tres de ellos, y posiblemente permitirá la libertad de los tres restantes. Si bien se trata de una decisión política presidencial que toma forma jurídica, no quiere decir que la lucha de familiares, organizaciones de derechos humanos y sociales no haya sido fundamental. Al contrario, es la fórmula que le da celeridad a los casos. Sin embargo no es general, y por tanto los demás presos tienen que esperar su turno en la fila de la incertidumbre de la tan anhelada libertad. Una cuarta opción, más restrictiva, pero que también permite la libertad, es una revisión del expediente jurídico de tal manera que dé lugar a identificar los vicios del mismo proceso jurídico penal. Lo cual, como en la opción anterior, llevaría a la reposición del proceso y a la libertad y a que los presos salgan libres, por tecnicismos jurídicos. Es decir, debido al reconocimiento de que no se respetó el derecho humano al debido proceso. Aunque, como en el caso de Florence Cassez Crépin, la opinión pública mantenga la idea de que sí fueron culpables del delito de secuestro, y que la mala actuación del Estado permitió su libertad. Lo que es lo más importante. Una quinta opción es el indulto, fórmula que casi ningún preso por motivos políticos quiere, ya que significa un perdón presidencial de delitos que no cometieron, pero que, sin embargo, se convierte en una opción política para casos como el del profesor Alberto Patishtán, que ante el costo político generado por las organizaciones de derechos humanos, sociales y parte de la sociedad civil, obligaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto a otorgar este perdón no solicitado. Las últimas cuatro opciones también pueden beneficiar a los que están siendo perseguidos por motivos políticos y que por azares del destino pudieron escapar y viven huyendo. Aunque ahí la cifra y lo nombres son un asunto que debe partir de los perseguidos mismos o de sus familiares. Y de ponerlos a la vista para saber quiénes son y cómo pueden ser liberados de esas cadenas invisibles que no les permiten vivir libres del todo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Alejandro Barragán [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Presos políticos y de conciencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de febrero de 2019 Miguel Concha Disentir, criticar y protestar en contra del gobierno y sus acciones ha sido objeto de persecución y criminalización en México, hasta el punto de utilizar a las instituciones de procuración e impartición de justicia para atribuir de manera injustificada delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos y activistas que en algún momento decidieron defenderse, organizarse, salir a las calles y ejercer su derecho a la protesta social. Es así como en los pasados años los centros penitenciarios del país han albergado a una gran cantidad de presos políticos y de conciencia, cuyos casos comparten las mismas características: procesos judiciales irregulares, en los que no se respetan los derechos y garantías de las personas imputadas; defensores públicos sumamente deficientes, y ausencia de traductores e intérpretes en varios casos en los que las personas acusadas no hablaban o dominaban el idioma español. Muchas de ellas han sido por tanto arbitrariamente víctimas de prisión preventiva oficiosa. Destacamos por último que un gran número de personas que se encuentran en estas situaciones han permanecido privadas de la libertad por años, sin recibir siquiera alguna sentencia en la que se les absuelva o se les condene por algún delito, ya que los jueces y procuradurías no cuentan con pruebas suficientes que puedan comprobar su participación o responsabilidad. El movimiento por la liberación de presos políticos y de conciencia, impulsado por colectivos de familiares, por diversas organizaciones de derechos humanos, y por organismos internacionales, es un tema histórico fundamental para el establecimiento de una agenda nacional en materia de derechos humanos, en un contexto en el que buscamos un modelo de justicia disruptor con el pasado. La nueva administración federal parece tenerlo en cuenta. Y por ello desde el mes de diciembre pasado se empezaron a llevar a cabo las primeras acciones en el tema. Actores clave, como la ahora senadora Nestora Salgado, entregó, para su análisis y evaluación, al subsecretario de Gobernación, una lista de 199 casos de personas consideradas presas políticas, provenientes principalmente de entidades como Oaxaca, Guerrero y el estado de México. Lo mismo hizo por su parte el Comité Cerezo. Asimismo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó sobre la creación de una Mesa de Reconciliación y Justicia, instrumento que tiene como uno de sus objetivos la revisión exhaustiva, caso por caso, de personas que se encuentren privadas de la libertad en estas condiciones. A dicha mesa han llegado ya 368 casos, de los cuales 16 personas han logrado obtener su libertad. Es pertinente mencionar que esta Secretaría sólo podrá conocer de aquellos asuntos cuyas personas están acusadas por algún delito federal, o cuyo proceso se encuentre bajo la jurisdicción de tribunales del mismo ámbito. Pero es imperativo recordar que la mayoría de los presos políticos y de conciencia se encuentran acusados y privados de su libertad por autoridades meramente locales. Situación que nos lleva a la necesidad de enfatizar nuestra crítica en la exigencia del adecuado funcionamiento de las instituciones de impartición y procuración de justicia de las diversas entidades federativas. No son aislados los casos en los que se ha visto una invasión a la autonomía del Poder Judicial local por parte de gobernadores o autoridades locales. Son también numerosos los casos en los que se ha utilizado a las procuradurías y a las fuerzas policíacas para perseguir y criminalizar a integrantes de diversos movimientos sociales. Un claro ejemplo de estos grandes contrastes entre la disposición del gobierno federal de dar respuesta a una demanda social histórica, y la resistencia a un cambio en la manera de impartir justicia por parte de diversos gobiernos estatales, es el caso de la y los presos de Tlanixco, en el estado de México. Los hechos se remontan al año 2003, en el municipio mexiquense de Tlanixco, donde habitantes del municipio se opusieron al desarrollo de empresas floricultoras en la defensa de su derecho humano al agua. Tras tales hechos, la procuraduría de esa entidad les adjudicó el delito de homicidio a seis comuneros nahuas. Luego de 15 años de prisión preventiva, y después de un proceso en el que se violaron sus garantías y no tuvieron acceso a traductores, se les condenó a 50 años de cárcel. Al apelar la sentencia, se consiguió recientemente la reposición del proceso, partiendo de las violaciones procesales ya mencionadas. Los presos de Tlanixco han pasado 15 años en prisión sin ser condenados. Sin elementos que puedan comprobar su participación en algún delito, pues no hay voluntad por parte de las autoridades del estado de México para atender este asunto. Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. Es necesario que pueda establecerse un mecanismo de fácil acceso que sea efectivo especialmente a escala local. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La pirámide del odio
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestro contexto, será necesario poner sobre la mesa el debate sobre la violencia y la necesidad de pensar de manera integral lo que significa la falta de paz y las posibilidades de construirla. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de febrero de 2019 Miguel Concha Ante las actitudes y experiencias de discriminación en México, develadas de manera integral, y explicitadas en forma transversal por la pasada Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2017), me parece oportuno dar también aquí cuenta de los distintos niveles y la trayectoria ascendente de las diferentes causas, motivaciones y expresiones de la discriminación, detectadas, analizadas e ilustradas por la Liga contra la Difamación ( Antidifamation League) con la figura de una pirámide denominada La Pirámide del Odio: actitudes prejuiciadas, actos prejuiciados, discriminación, violencia motivada por prejuicios y genocidio. Todo ello nos permitirá ampliar más el conocimiento de estas graves falencias de nuestra convivencia, para poder atenderlas y resolverlas mejor. Como explica el doctor Mauricio Meschoulam, investigador del Centro para la Paz México, a quien hemos solicitado poder hacer uso de su estudio, la pirámide manifiesta comportamientos humanos prejuiciosos o sesgados que se van agravando y volviendo más complejos de abajo hacia arriba, pues, por un lado, aunque los comportamientos de cada nivel tienen un impacto negativo en los individuos o grupos que los llevan a cabo, a medida que uno se mueve hacia arriba tienen consecuencias más peligrosas que ponen en peligro la vida. Y, por otro lado, los niveles superiores de la pirámide están apoyados en los niveles bajos, lo que significa que si las personas o instituciones tratan a los comportamientos en los niveles bajos como si fueran aceptables o normales, el resultado es que los comportamientos en el siguiente nivel se acepten más. Como resultado, la pirámide del odio demuestra que el genocidio se construye a partir de la aceptación de comportamientos que aparecen en los niveles anteriores más bajos. Y así, la Liga contra la Difamación pone en la parte de abajo de la pirámide actitudes prejuiciadas, como pueden ser los estereotipos, los comentarios desconsiderados, el miedo a las diferencias, el lenguaje no inclusivo, las pequeñas agresiones, el justificar los prejuicios buscando personas que piensen igual, el aceptar información negativa o errónea, o el descartar la información positiva. Y de allí, digo yo, la responsabilidad de los medios que difunden deliberadamente falsas noticias. En el siguiente nivel superior se encuentran ya los actos prejuiciados, como son la intimidación, la ridiculización, las burlas, las calumnias, los motes, la exclusión social, la deshumanización y las bromas prejuiciadas o denigrantes. Y más arriba nos hallamos a la discriminación, que, como sabemos, puede ser económica, política, educativa y laboral, así como tomar la forma de discriminación y segregación por vivienda, y de desigualdad en la justicia criminal. Por encima encontramos a la violencia motivada por prejuicios, la cual puede expresarse en asesinatos, violaciones, asaltos, incendios provocados, terrorismo, vandalismo, profanaciones y amenazas. Por último, en el nivel más alto encontramos al genocidio, que la Liga contra la Difamación define como el acto o intento de aniquilar deliberada y sistemáticamente a todo un pueblo. La Liga contra la Difamación es una organización fundada contra el antisemitismo y la intolerancia en 1913. Hoy continúa luchando contra todas las formas de extremismo y de odio, y proporciona distintos medios de educación en contra de los prejuicios y fanatismos. Su objetivo final es un mundo en el que ningún grupo o persona sufra sesgo, discriminación u odio. Y por su parte el Centro de Investigación para la Paz México tiene entre sus objetivos investigar de manera más sistemática y científica las situaciones de violencia que padecemos, y ofrecer propuestas concretas de política pública y/o recomendaciones para seguir profundizando el debate sobre la violencia y la necesidad de pensar de manera integral lo que significa la falta de paz y las posibilidades de construirla. Por su parte la pasada Enadis 2017, presentada apenas en 2018, proporciona con su propia metodología información significativa para conocer la prevalencia de la discriminación en México y sus permanentes y/o eventuales apariciones. Gracias a ella hoy sabemos que el tono de piel, la manera de hablar, el peso, la estatura, la forma de vestir o el arreglo personal, así como la clase social, las creencias religiosas, el sexo, la edad y la orientación sexual, son condiciones, situaciones o motivos que disparan la discriminación. Gracias a ella hoy también sabemos que 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en 2017 por alguna de esas características y/o circunstancias personales, y que 23.3 por ciento de esa misma población consideró que en los pasados cinco años se le negó injustificadamente algún derecho. Mientras la Enadis 2017 permite detectar que hay personas o grupos que padecen en sí mismas distintas formas de la discriminación, la pirámide del odio permite prevenir su radicalización y educar contra ella con mayor éxito. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : ADL [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
