La revocación del mandato
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La revocación de mandato implica que si después de un periodo prudente el electo no cumple con sus promesas, se le retira el mandato, sin esperar a que termine de descomponer la vida de un país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 06 de octubre de 2018 Miguel Concha Por décadas el mundo de la política ha estado reservado a los partidos, figura hasta ahora necesaria, pero de ninguna manera suficiente para el ejercicio de la soberanía ciudadana, fundamento de la democracia. Ha predominado la idea de que la intervención del ciudadano en la política queda reducida a la emisión del voto, y que al término del periodo para el que se hubiera electo el ganador se vuelva a emitir el sufragio para reiterarle su confianza. Entretanto, si el gobernante tiene mal desempeño, al ciudadano no le queda más que esperar la conclusión de su mandato y confiar en que el próximo sea menos malo que el actual. Así ocurre hoy en la democracia estadunidense, y es el modelo que estuvo detrás de los promotores de la reforma política de 2014, la cual estableció la relección de parlamentarios, bajo el supuesto que ello significaría mayor control de los ciudadanos. No puede dejarse de lado que en esa misma reforma se estableció la consulta popular vinculante, negada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su primer intento de ejercicio, cuando cerca de 5 millones de ciudadanos demandaron ser consultados con relación a la reforma energética. El modelo de democracia hasta ahora vigente, que cada vez demuestra más sus limitaciones, es, por sus actores y la manera de concebir el papel de los ciudadanos, reducido a consumidores pasivos de las ofertas de las élites –que generan propuestas para los electores y deciden cuál de ellas comprarán con su voto, lo que le asegurará al que obtenga la mayoría el monopolio de las decisiones públicas–, el de la democracia elitista o teoría económica de la democracia. Contra esta visión del ciudadano se han gestado múltiples iniciativas de la sociedad civil que demandan no sólo intervenir en decidir quién gobernará, sino cómo lo hará. Dentro de éstas, que se han convertido en ley en algunos países, está la revocación de mandato, que significa no esperar estoicamente a que termine su mandato el mal gobierno de los electos para darle la confianza a otro, con la esperanza de que ahora sí cumpla con sus promesas. La revocación de mandato implica que si después de un periodo prudente el electo no cumple con sus promesas, se le retira el mandato, sin esperar a que termine de descomponer la vida de un país. Este mecanismo, al disminuir el monopolio de las decisiones, acota el poder de las élites y de los partidos, algunos de los cuales serán reticentes a que se instaure en nuestro país. La revocación de mandato fue establecida en la Constitución de Ciudad de México en su artículo 25, letra G 1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos 10 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. En su momento, el malestar de la élite política se expresó mediante la Procuraduría General de la República, que interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, aduciendo que la revocación añadía nuevos requisitos para la elección de los gobernantes, y que con ello se violentaba la Constitución. En un brillante proyecto de dictamen, que fuera aprobado por el pleno de la SCJN, el ministro Laynez argumentó que los requisitos se habían modificado con la reforma de 2014, al establecer la relección, por lo que su recíproco resultaba válido. La iniciativa de reforma al artículo 108 constitucional, para que la revocación del mandato del Presidente sea posible, que el partido Morena presentó la semana pasada, debe ser saludada con entusiasmo por la ciudadanía. Establece que de manera concurrente con las elecciones federales para diputados, el titular del Ejecutivo puede ser sometido a consulta sobre su revocación a la mitad del mandato presidencial, siempre y cuando participe al menos 40 por ciento del electorado, y se pronuncie en tal sentido la mitad más uno de los votantes. Podrán solicitar la consulta el mismo Presidente, el 33 por ciento de cualquiera de las dos cámaras del Congreso federal o los ciudadanos en un número igual a 33 por ciento de los que hayan participado en la elección presidencial. Sin embargo, habrá que decir enfáticamente que este último requisito debe ser modificado. En las elecciones pasadas participaron 56 millones 611 mil 27 votantes, lo que implicaría que para que los ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho de votación se requerirían 18 millones 681 mil 71 firmas que lo solicitaran. Cifra difícil de obtener si no se pone en juego de manera encubierta la maquinaria organizativa de los partidos, y, de esta manera, lo que es un derecho ciudadano, no se podrá ejercer sin los partidos. Otros han anunciado su intención de presentar iniciativas para que el requisito para los ciudadanos sea con relación a un porcentaje del padrón electoral, lo que en números lo hace más bajo, pero aún a distancia del ciudadano. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jose Luis Granados Ceja [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Recomendaciones internacionales a México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El EPU (Examen Periódico Universal) tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la ONU, permite exponer al escrutinio internacional, la situación y desempeño de cada país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 29 de septiembre de 2018 Miguel Concha El Examen Periódico Universal (EPU), establecido en marzo de 2008, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización. Con su funcionamiento genera una serie de recomendaciones que, de implementarse, podrían ayudar a superar las deficiencias que se tengan en el cumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los derechos humanos. Su relevancia se debe a que es un ejercicio político de alto nivel que permite exponer y conocer la situación de los derechos humanos en cada país. Además, las recomendaciones se hacen entre pares, por lo que tiene un impacto político directo en las agendas públicas de los Estados. Para realizar la evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, en la presentada por el Estado sujeto a evaluación. Segundo, en la información recabada por expertos independientes y grupos de trabajo de la ONU. Y tercero, en la presentada por otras partes interesadas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil. Como aporte a la evaluación de México, más de 200 organizaciones civiles nacionales denunciaron, en un esfuerzo de articulación, la crisis de derechos humanos que padecemos en nuestro país, por conducto del Colectivo EPU MX. En él se parte de un diagnóstico sobre las causas estructurales que derivan en las graves violaciones a derechos que conocemos. De la misma manera, se enfatiza la triple crisis que afecta la vida de miles de personas en la nación: violencia, corrupción e impunidad. El informe reconoce avances en materia legislativa, que en su mayoría ha sido el resultado del trabajo de organizaciones y movimientos que históricamente buscan hacer efectivos sus derechos. Ello no obstante, y a pesar de contar con un marco normativo avanzado, la implementación de dichas leyes es deficiente. La falta de reconocimiento de la crisis de derechos humanos por parte del Estado mexicano, ante los mecanismos internacionales, ha impedido, además, que esta situación sea conocida del todo por parte de otros Estados. En los últimos dos periodos del EPU, México recibió 267 recomendaciones, y, salvo algunas excepciones, la mayoría fueron aceptadas. Sin embargo los mecanismos de seguimiento para éstas fueron limitados, y, como se expone en el informe, ello ha provocado su nulo o parcial cumplimiento. Se identifican al menos cinco aspectos generales en este mecanismo internacional que merecen ser recomendados a México, que son además demandas que organizaciones de la sociedad civil han impulsado para hacer frente a la crisis que vivimos en el país. Primero, la conformación de un mecanismo de asistencia internacional contra la impunidad, que pueda coadyuvar con el Estado mexicano en el diseño e implementación de estrategias que permitan una efectiva investigación de delitos y graves violaciones de derechos humanos cometidos en años recientes. Asimismo, la urgente derogación de la Ley de Seguridad Interior y el seguimiento de manera decidida en la transición hacia un modelo de seguridad ciudadana, ya que resulta urgente que la militarización del país, que inició por lo menos el año 2006, termine de manera definitiva. Se requiere que se fortalezcan y reformen igualmente las instituciones civiles de seguridad, para que éstas asuman las tareas de seguridad pública, siempre desde un enfoque de protección a los derechos humanos. En este sentido se hace también oportuno un programa de retiro de las fuerzas armadas de los diversos territorios de México. Como tercer elemento es igualmente apremiante combatir la impunidad mediante la justicia penal, autonómica y eficaz. Y de ahí la importancia de contar con una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, que se conduzca con la debida diligencia y tenga capacidad para atender integralmente las investigaciones. Otro pendiente se refiere al Sistema de Atención a Víctimas, pues a pesar de que contamos con la Ley General de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, éstos deben fortalecerse. Por tanto, se tiene que garantizar su debida implementación, asegurando que los procesos de atención sean adecuados, se cuente con personal eficiente y se atienda a víctimas respetando su dignidad humana, y evitando la revictimización desde las instituciones del Estado. Como quinto punto, en el informe se observa la relevancia de la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones, así como la exposición de la situación de México en los diversos foros internacionales. El CDH de la ONU debe atender a México no sólo para reconocer su labor activa en organismos multilaterales, sino, sobre todo, para evidenciar la grave crisis que se vive en el país. Y ello con el afán de ayudar, desde la solidaridad internacional entre países, a revertir de manera efectiva la actual crisis de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Selene González [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Defensores y periodistas sin protección
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los compromisos del gobierno federal no se ha materializado, dejando en una situación de vulnerabilidad a un número cada año más creciente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de septiembre de 2018 Miguel Concha A raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico, promovida por Felipe Calderón, y cuya principal medida fue la militarización del país, se agravaron las condiciones de riesgo para quienes defienden derechos humanos y quienes informan sin tapujos sobre las corruptelas y omisiones del gobierno, y sobre las atrocidades de grupos del crimen organizado. Personas defensoras de derechos humanos y periodistas exigieron en 2010 una ley general que garantizara el ejercicio de su labor, su seguridad, su vida, integridad y libertad. Y por ello un conjunto de organizaciones de derechos humanos y periodistas impulsó y redactó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Lppddhp). Dicha ley, de carácter federal, aprobada en 2012, creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, política pública cuyo fin es ofrecer medidas de protección para los integrantes de estos colectivos que, debido al ejercicio de su labor, se encuentren en situación de riesgo. El mecanismo es operado por la Secretaría de Gobernación y está integrado por una junta de gobierno, órgano interinstitucional constituido por instancias oficiales y de la sociedad civil, por medio de su consejo consultivo. El mecanismo se encarga de analizar el riesgo de las personas defensoras y periodistas que solicitan su incorporación a él, y de diseñar planes de protección acordes a su situación de riesgo, incluyendo medidas físicas como cámaras, escoltas o refugio. El sexenio de Enrique Peña Nieto será recordado como el más violento en la historia de México. A propósito de personas defensoras y periodistas es necesario agregar, además de la violencia continuada de la guerra contra el narcotráfico, las agresiones causadas por las reformas estructurales y el impulso a proyectos de desarrollo. Desde el inicio del sexenio del presidente saliente, hasta el final de 2017, habían sido asesinadas 110 personas defensoras. Y en lo que va del sexenio han sido asesinados 45 periodistas. Sin embargo, ante esta grave situación de riesgo, el mecanismo es la única respuesta del Estado mexicano. Ello no obstante, si para el próximo mes de enero no cambia nada, el mecanismo será inoperante, pues el fideicomiso que dota de recursos económicos para la implementación y operación de las medidas preventivas, de protección y urgentes, está próximo a quedarse sin fondos. Esto se debe a que la Secretaría de Hacienda sólo depositó en abril de 2018, 200 millones de pesos de los 300 solicitados. Ante esta situación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación pidió 126 millones de pesos para hacer frente a las erogaciones de octubre de 2018 a marzo de 2019, tomando en cuenta que el presupuesto de 2019 se entrega en abril. Sin embargo sólo se ha confirmado la entrega de 76 millones, situación que aplaza el problema hasta enero. No contar con los recursos antes de enero implicaría que a inicios de 2019 el mecanismo tendría que retirar más de 3 mil 500 medidas de protección a 702 personas y 51 colectivos, cuyo resguardo y protección está a su cargo. Vale la pena añadir que este es el segundo año consecutivo en que el mecanismo se queda sin recursos. Peña Nieto y la Conago hicieron públicas el 17 de mayo de 2017 una serie de acciones para prevenir, investigar y sancionar agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, no fue hasta que cinco periodistas fueron asesinados a mayo de este año, cuando el Presidente de la República se comprometió y afirmó lo siguiente: Se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas…. Y agregó: Lucharé hasta el último día de mi mandato, a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita. Ello no obstante, esto no se ha materializado, dejando en una situación de vulnerabilidad a un número cada año más creciente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. México atraviesa una crisis de seguridad y de derechos humanos. En este contexto, la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es fundamental para luchar por condiciones de vida dignas en un país tan lastimado por la violencia y la impunidad. A meses de irse, este gobierno se encuentra ante una responsabilidad histórica que no puede ser obviada: garantizar la vida de quienes se comprometen a defender los derechos humanos y la libertad de expresión. El futuro gobierno y el actual Poder Legislativo se encuentran con la necesidad de mejorar el contexto jurídico del mecanismo y volver real las demandas de la sociedad civil por una política pública integral que atienda las necesidades de estos colectivos y solucione las carencias de la actual ley federal de protección. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Documenta #19s: una narrativa no oficial del sismo
Fotografía: Fernando Escobedo| A un año del 19S no podemos abordar el sismo solo como un fenómeno natural, sino también como un conjunto de procesos sociales y políticos, cuyos efectos se pueden controlar, ya que son el resultado de las fallas e irregularidades del Estado que derivan en violaciones a derechos humanos. 18 de septiembre de 2018 Por: Adèle Lepoutre y Carlos A. Ventura Callejas* La dignidad en nuestras manos A casi un año del sismo, se presentó el informe ciudadano elaborado por Documenta Desde Abajo, que nos proporciona información detallada sobre violaciones y afectaciones a derechos humanos sufridos por las personas damnificadas. Este trabajo colectivo está integrado por más de 40 brigadas formadas por 120 estudiantes y docentes de diversas universidades, así como de colectivos y organizaciones de derechos humanos, y ha dado como resultado este informe que documenta las afectaciones a derechos humanos que sufrieron y siguen padeciendo las personas damnificadas, e identifica las fallas y responsabilidades en materia de derechos humanos del Estado. A un año del sismo, si bien las autoridades publicaron un censo sobre las afectaciones a edificios, este no retrata los daños sufridos por las personas, por lo que es imprescindible recabar información de forma independiente para identificar esos daños en términos de derechos y responsabilidad, para permitir así a las personas damnificadas exigir justicia, así como el respeto y garantía de sus derechos. En las primeras etapas de la emergencia, el Estado es responsable por la ausencia de una política adecuada de vivienda temporal: se abrieron menos albergues oficiales que campamentos civiles, y los albergues oficiales cerraron más rápido y en mayor proporción. Para el 14 de octubre, solo quedaban 14 albergues oficiales abiertos, de los 48 iniciales. Por múltiples razones como la larga duración de los procesos de reconstrucción o la insuficiencia de los tres mil pesos mensuales otorgados a personas damnificadas, el cierre prematuro de albergues dejó a las personas desalojadas sin estancia temporal, afectando así su derecho a una vivienda digna. También cabe destacar los altos porcentajes de abusos e irregularidades por parte de las autoridades en albergues y campamentos, así como la inexistencia de políticas específicas para atender a poblaciones más vulnerables : infancias, mujeres, comunidades indígenas, entre otras. Las afectaciones no fueron únicamente patrimoniales: las personas siguen padeciendo daños físicos, psicológicos y psicosociales, o con relación al trabajo, la vivienda, el acceso a servicios públicos y a la justicia. Más del 50% de las personas entrevistadas siguen sufriendo afectaciones psicológicas. El sismo también ha resultado en un empobrecimiento generalizado de las y los damnificados: además del aumento de los gastos del hogar por las necesidades de vivienda temporal, casi el 20% de los entrevistados reportaron que el jefe o jefa de hogar perdió su empleo después del sismo. Un 98% de las personas entrevistadas declararon problemas o irregularidades por parte de las autoridades en relación a sus obligaciones de demoler o reconstruir. El Estado no proporcionó información transparente y precisa sobre las evaluaciones técnicas del estado de los inmuebles, o las condiciones para acceder a medidas de demolición y reconstrucción. Muy a menudo las autoridades “brillaron por su ausencia”, por ejemplo en las labores de búsqueda y rescate (22% de las personas encuestadas refirieron esto), el resguardo de objetos (96%) y el anuncio de decisiones sobre reconstrucción (85%). También se pone énfasis en las desigualdades de tratamiento que enfrentaron las personas damnificadas según su origen geográfico y socioeconómico, ya que en las delegaciones más pobres y periféricas, se denunció mayor ausencia de autoridades delegacionales, mayores problemas con los autoridades centrales por falta de apoyo, y menor provisión de servicios básicos que las delegaciones menos pobres: una vez más, la justicia es selectiva. En conclusión, y con base en el informe de Documenta Desde Abajo, creemos que no podemos mirar y abordar el desastre del sismo como un fenómeno únicamente natural, sino también como un conjunto de procesos sociales y políticos: un desastre no se puede detener, pero sus efectos se pueden controlar, ya que son el resultado de ausencias, fallas e irregularidades del Estado que desembocan en violaciones y afectaciones a derechos humanos. Frente a la acción fallida de las autoridades estatales ; la sociedad civil se movilizó en las labores de rescate, resguardo de objetos personales, atención a afectaciones psicosociales, acopio, donaciones, entre otras. Cabe destacar que la población demostró una fuerte capacidad a auto-convocarse y organizarse ; no sólo para cubrir las necesidades más urgentes, sino sobre todo en caso de las personas damnificadas, para construir una organización colectiva y exigir el cumplimiento de sus derechos. Se conformó por ejemplo la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que hoy en día sigue teniendo asambleas desde hace casi un año, empujando para que el Estado asuma su responsabilidad y proteja sus derechos. A un año del sismo, ¿qué sigue?; Numerosos grupos de damnificados siguen sufriendo afectaciones a sus derechos humanos, y el Estado debe de proporcionarles el restablecimiento de sus derechos, así como garantizar la no repetición de afectaciones que no pudieron ser evitadas. Sin embargo, no debemos de pensar que esa lucha solo es de ellas y ellos, como damnificados, el informe Contra el desamparo del Estado: Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de las personas damnificadas por el sismo 19S nos permite entender que las consecuencias desastrosas del sismo en cierta medida se pueden evitar, ya que resultan también del no cumplimiento por el Estado de sus obligaciones jurídicas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y desastres. Es imprescindible, por tanto, exigir que las autoridades estatales hagan lo necesario para que en caso que suceda un nuevo desastre, no suframos los mismos daños. El informe enfatiza por ello recomendaciones concretas en base a las normas internacionales y nacionales, que pueden servir de fundamento sólido a nuestras reivindicaciones de derechos: Prevención: reducción de las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad socio-económica, con evaluación de riesgos y protección de los derechos económicos y sociales. Protección y garantía de derechos durante la emergencia: adopción de protocolos de rescate, dictaminación y demolición, políticas de
Documentar desde abajo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Mediante este informe se hace evidente la falla del Estado no únicamente durante el sismo, sino posterior, pues se ha confirmado que la atención en albergues fue brindada y ofrecida principalmente por colectivos de organizaciones sociales. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de septiembre de 2018 Miguel Concha A días de conmemorar el aniversario del sismo del pasado 19 de septiembre, la iniciativa académica y ciudadana Documenta Desde Abajo 19s presentó un informe denominado Contra el desamparo del Estado: Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de las personas damnificadas por el sismo 19S. En él se da cuenta de omisiones y fallas del Estado mexicano para atender necesidades y garantizar derechos de las personas que se vieron afectadas por el sismo. Documenta desde abajo 19s es un proyecto de documentación de afectaciones desde un enfoque de derechos humanos que incluye no sólo los daños patrimoniales más visibles, sino también datos significativos sobre las mayores repercusiones en derechos humanos, como los perjuicios inmediatos a la vida, a la integridad personal, a la salud física y sicológica, y al tejido social. Así como afectaciones de más largo aliento a los derechos sociales, económicos y culturales, derivadas de la imposibilidad definitiva o temporal de volver a hogares, fábricas, escuelas, lugares de recreación y espacios que antes habitaban. Este esfuerzo articula a organizaciones defensoras de derechos, academia, sociedad civil y brigadas de estudiantes de diversas universidades, quienes los meses posteriores al terremoto se dieron a la tarea de documentar directamente dichas afectaciones en albergues siniestrados, entre damnificados y entre familiares de quienes perdieron la vida. Se trata pues de un trabajo inédito que ha construido un archivo no oficial de las afectaciones causadas por los sismos. El informe, que se dio a conocer el pasado miércoles en el Centro Universitario Cultural (CUC), se da también cuenta de la difícil situación que enfrentaron las personas y comunidades por esa circunstancia, y se subraya la responsabilidad del Estado por acción u omisión en esas afectaciones. Algo fundamental es que este informe se centra en las personas y no en los edificios que registraron daños, y porque nos muestra que los colapsos de estos inmuebles han generado daños de muy distinta índole para las personas que los padecieron. Vale decir, que es un documento que incluso se adelanta a las informaciones oficiales que a un año del sismo debieran de dar autoridades de los ámbitos federal y local, así como instituciones autónomas de derechos humanos. Se hace pues necesario leer y retomar este informe en virtud de varios de sus aspectos. Por un lado por su innovación, profesionalismo y compromiso contundente con los derechos de las personas que resultaron damnificadas por el sismo. Y por otro porque desde un enfoque de derechos contiene un aspecto metodológico que es relevante para documentar desastres naturales o desastres socialmente construidos. Me refiero a su particular metodología relacionada con recabar información de manera independiente desde brigadas ciudadanas y usando los derechos humanos como guía. De lo que resulta información importante para prevenir, denunciar y atender violaciones a los derechos humanos. Además, mediante este informe se hace evidente la falla del Estado no únicamente durante el sismo, sino posterior, pues se ha confirmado que la atención en albergues fue brindada y ofrecida principalmente por colectivos de organizaciones sociales. Incluso, gracias a la organización ciudadana hoy sabemos que hubo atención a personas que se quedaron sin hogar, pues el Estado había ya retirado su apoyo en los albergues. El documento da cuenta también de que los damnificados padecen ahora por desgracia una agudización de sus afectaciones, pues se registran pérdidas de empleo, empobrecimiento, además de que se han tenido que enfrentar a un constante abuso por parte de diversas autoridades. De conformidad con la información contenida en el documento, hoy podemos también identificar y denunciar que el trato que recibieron fue diferenciado. En efecto, quienes elaboraron el informe sostienen que hubo una evidente desigualdad en la presencia y actuar del gobierno entre la población que habita delegaciones más y menos pobres y periféricas. En estás últimas se enfrentaron a una mayor vulnerabilidad y falta de atención adecuada, dado el desamparo en que los dejó el gobierno. Además de los datos que nos proporciona y analiza este informe, nos ofrece también una clave de lectura y de interpretación frente a estas situaciones, cuando sostiene que los desastres no pueden comprenderse sólo como fenómenos naturales, sino sobre todo como procesos sociales en los que hay responsabilidad de las autoridades en términos de derechos humanos, ya sea porque dejaron de cumplir algunas de sus obligaciones, o porque cometieron actos que los violan. Con la finalidad de desplegar al interior del Estado las condiciones de cumplimiento de sus obligaciones frente a desastres socialmente construidos, y para garantizar que no haya repetición de estas desgracias, se hace urgente que se retomen las recomendaciones formuladas en este informe. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : _LennaRarara_ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Una nueva política económica y social
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las medidas anunciadas, como son las pensiones para adultos mayores, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico del país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de septiembre de 2018 Miguel Concha Después de 40 años deconvivir en un pacto social de globalización neoliberal, con reducida regulación gubernamental, el resultado desafortunadamente ha sido el incremento de la pobreza, la acumulación de la riqueza en pocas manos, y, consecuentemente, el aumento de la desigualdad social. Lo cual en esas dimensiones no sucede en países como los escandinavos y Nueva Zelanda. Por el contrario, es claramente evidente que esos efectos negativos se maximizan en aquellos países en los que su estado de derecho es débil, vulnerable, y, peor aún, corrupto. Esta situación ha generado un malestar social colectivo en muchas sociedades, que se ha visto expresado en diversos procesos electorales recientes, incluido el nuestro, con el triunfo sin precedentes y aplastante de López Obrador y Morena. En esencia, la causa principal de lo anterior es que no se ha creado una cantidad suficiente de empleos bien pagados que beneficien a la mayor parte de la población, originada en el hecho de que el ejercicio a ultranza del modelo económico y social ha provocado que la riqueza creada no se reparta eficazmente y llegue exiguamente a la mayor parte de la población. Y ello también debido a que las empresas, por la puesta en práctica de un elemento esencial del modelo neoliberal, reducen su gasto laboral, utilizando el menor número de trabajadores y empleados, con los menores salarios posibles, para lograr ser competitivas y tener costos y gastos equiparables o mejores que sus competidoras. Panorama que se ha agudizado con la incorporación de la tecnología, la robótica, el uso de la inteligencia artificial y la nueva forma de hacer negocios. Todo lo cual acentuará las posibilidades de desempleo y las actividades informales. Las medidas anunciadas por nuestro presidente electo, como son las pensiones para adultos mayores y personas pobres discapacitadas, así como las becas para el desarrollo educativo de las y los jóvenes, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social en nuestro país. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico del país. Y para lo cual es igualmente indispensable contar con nuevas políticas con perspectiva de derechos humanos, particularmente en materia económica, social y medioambiental, pues ya no se deben seguir separando la política económica y la política social. Entre las acciones que hay que desarrollar en el ámbito económico sobresale el regular con eficacia las desviaciones del mercado, eliminando los privilegios empresariales que evitan que se dé una auténtica competencia. Elemento éste fundamental en el sistema para la fijación de precios justos a los consumidores, con el que se reduciría al menos a corto plazo la pobreza y la desigualdad. Otras acciones prioritarias deberían ser el incrementar las inversiones gubernamentales en infraestructura, que a la vez que crean fuentes de trabajo impulsan la productividad en el país. Lo anterior deberá complementarse con la creación de un clima que facilite la inversión privada, simplificando los trámites, castigando la corrupción, minimizando las decisiones discrecionales de las autoridades y obligando al sistema bancario a una competencia auténtica. Todo ello en un clima de verdadera ética pública, y cortando de tajo la evasión y elusión del pago de impuestos. No es posible en efecto que las autoridades no hayan hecho nada hasta ahora para dejar que el fisco pierda cada año 2 billones de pesos por el uso de facturas apócrifas por parte de empresas bien pertrechadas para cometer estos y otros fraudes bien conocidos ahora. Y tampoco es admisible que en el medio empresarial algunos de sus exponentes hayan venido aprendiendo a vivir con la corrupción, y muchos la consideren casi como una segunda naturaleza que simplemente hay que calcular entre las pérdidas y ganancias, sin necesidad de eliminarla como prioridad. Tampoco es dable que en los años recientes se haya venido minimizando en las empresas la solidaridad con los diferentes grupos que la integran: los empleados y trabajadores, los consumidores, los agentes y los proveedores, otorgándole en cambio una prioridad absoluta a los inversionistas. Debe entonces exigirse por parte de la sociedad civil la puesta en práctica en las empresas de una auténtica responsabilidad social. Los tiempos que vienen a corto plazo van a prestarse posiblemente a problemas sociales y políticos que podrían ser graves. Y por ello la ciudadanía tendrá que preguntarse qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer para generar la injusta convivencia que mantenemos en los campos de la pobreza y la desigualdad en los que estamos inmersos. Y sobre todo qué se debe hacer ética y políticamente para evitarlo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Darij & Ana [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Protesta social y opinión pública
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Nos enteramos que la legitimidad de las protestas no está en duda para las personas encuestadas y entrevistadas, sabemos también que al menos el 70 por ciento de ellas ha participado en alguna protesta alguna vez en su vida. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 01 de septiembre de 2018 Miguel Concha El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), articulación conformada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, presentó el pasado martes 28 de agosto, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, un Estudio de Opinión sobre la Protesta Social en la Ciudad de México. En ese documento, realizado también en alianza con el Colectivo de Investigación y Análisis Estratégico en Ciencias Sociales y Salud, se da cuenta de la opinión de quienes habitan o transitan esta ciudad sobre los diferentes ejercicios de protesta que se realizan en la capital, la cual, dicho sea de paso, dado que concentra los tres poderes del país, y casi la totalidad de las secretarías del nivel federal, es el espacio donde se realizan más marchas, plantones, mítines y otros tipos de protesta. De acuerdo con información de la Cámara de Comercio y Turismo en Pequeño de Ciudad de México (Canacope), desde el año 2012 se lleva a cabo en la capital por lo menos un promedio de 26 protestas al día, lo cual da un significativo balance de alrededor de 10 mil protestas a lo largo de cada año. Estos datos hacen notar que la ciudad está indudablemente familiarizada con las manifestaciones y protestas como con un escenario constante y cotidiano, por lo que los resultados del estudio de opinión, realizado a solicitud del FLEPS, son reveladores de cara a un discurso sostenido por los grandes medios de comunicación tradicionales y por las instituciones de gobierno, que insisten y se empeñan en destacar sólo aspectos relacionados con las supuestas afectaciones que provoca este tipo de ejercicios de derechos; nunca sobre su trasfondo ni porqué se originan. En el estudio de opinión, se señala de entrada que las personas entrevistadas perciben a la protesta social como una vía legítima para resolver alguna problemática, usualmente ocasionada por la acción, aquiescencia o desatención de las autoridades. Y de acuerdo con el FLEPS es indudable que entre la población se reconoce a la protesta como un derecho humano. Lo que, hay que decirlo, hoy es también reconocido en la nueva Constitución de Ciudad de México. En 57 por ciento de las personas encuestadas se registró una percepción relacionada con el hecho de que quienes protestan lo hacen porque es un derecho, y porque las personas que se manifiestan lo llevan a cabo por la necesidad de ser escuchadas y lograr resolver un determinado problema. Este hallazgo es significativo y contrasta con el habitual razonamiento de las autoridades, quienes durante los años recientes se han dedicado a fortalecer un andamiaje jurídico que intenta legalizar la represión y cancelar la posibilidad de la protesta, como un espacio de solidaridad, encuentro y demanda de derechos. Basándonos en estudios de opinión pública tan importantes como el que ahora analizamos, nos enteramos que la legitimidad de las protestas no está en duda para las personas encuestadas y entrevistadas, y hoy sabemos con un poco más de certeza que al menos 70 por ciento del universo significativo en este estudio ha participado en alguna protesta alguna vez en su vida. Se reveló asimismo que para las personas es muy importante la presencia de las víctimas directas de violaciones a derechos humanos, o de sus familiares, como una de las razones que impulsan a las personas a participar, pues las diferentes formas de protesta social dan cabida también a expresiones de solidaridad, identificación y participación política. Aspectos éstos notables tras eventos como las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de los normalistas de Ayotzinapa, o la fuerte represión experimentada hace casi ya seis años, en el contexto de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, el primero de diciembre de 2012. Otro de los descubrimientos más reveladores de este estudio, y que también contrasta con la narrativa oficial, es que las personas entrevistadas no identifican en su percepción una serie de características específicas en el perfil de las personas que protestan, tomando en cuenta su vestimenta, su edad, su profesión o su posición socioeconómica. Con ello podemos también sostener que los estigmas de quienes protestan de distintas maneras son construidos –insiste el estudio– por los grandes medios de comunicación. Otra virtud del estudio es que se basó en la aplicación de encuestas en línea y entrevistas de profundidad con actores claves, tanto del gobierno como de la sociedad civil que inciden en la realización de protestas. Se usaron igualmente metodologías de tipo etnográfico, lo que permitió recoger in situ percepciones de personas que se manifiestan o conviven de distintas maneras con las protestas en el espacio público. Impulsados desde la sociedad civil, este tipo de ejercicios se convierten también en un importante insumo para rectificar la legislación o las políticas públicas que atentan contra tan preciado derecho para la sociedad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : FLEPS [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El sexenio de la impunidad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las violaciones a derechos humanos dejen de ser una práctica sistemática del Estado para impedir la defensa de la vida digna. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de agosto de 2018 Miguel Concha El séptimo informe de violaciones a derechos humanos (vdh) elaborado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, refleja la magnitud y gravedad de las vdh cometidas por el Estado en contra de las personas defensoras de derechos humanos, quienes, por ejercer o defender uno o varios derechos, fueron agredidas. Las violaciones documentadas en este informe son la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y las amenazas, hostigamiento y ataques físicos. En todos los casos reseñados el perpetrador es (por comisión, omisión o aquiescencia) el Estado mexicano, y los hechos documentados que constituyen la violación a los derechos humanos son consecuencia de la denuncia política o la defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima. Las tres organizaciones han elaborado y publicado desde 2012 siete informes, uno por año, y por ello prácticamente han documentado todo el actual sexenio. A ello se debe el título del actual, Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Junio de 2017 a mayo de 2018, que resume lo vivido por una parte de la población del país. Desde el punto de vista de estas organizaciones, la impunidad es consecuencia de que las vdh son resultado de una práctica sistemática y generalizada. De una estrategia de represión política dirigida con mayor recurrencia en contra de quienes denuncian que las reformas estructurales neoliberales aprobadas al final del sexenio de Felipe Calderón, y a lo largo del actual sexenio, violan legalmente los derechos humanos de grandes capas de la población. He aquí algunos datos documentados durante el año que sustentan lo que las organizaciones autoras del informe afirman: “(…) el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de vdh, quienes denuncian la reforma educativa, de corte neoliberal, aprobada en este sexenio; en segundo lugar, con 219 actos de vdh, están aquellos que ejerciendo el derecho humano a la protesta, son reprimidos; el tercer lugar, con 74 actos de vdh, corresponde a los defensores que de manera general defienden la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas, e incluso comunidades urbanas que resisten a las políticas extractivistas o privatizadoras del territorio. Y siguen los ambientalistas, con 72 actos de vdh. En el séptimo lugar, con 38 actos de vdh, agrupamos a las organizaciones sociales nacionales o grandes a escala territorial que defienden una gran variedad de derechos humanos y son reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho, sino por la labor que realizan en pro de una vida digna como sinónimo de los derechos humanos”. Desde el punto de vista de estas organizaciones, hay también una correspondencia entre el modelo económico que se ha implementado en México y el alza en el número de vdh, pues esta política económica neoliberal antepone el lucro, el despojo, la explotación y el capital, a la dignidad y a la seguridad humanas; al desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza, y entre los mismos hombres y mujeres que ocupamos distintas posiciones en el modelo de sociedad vigente. El presente sexenio todavía no culmina, y sin embargo las organizaciones hacen todavía el esfuerzo por contabilizar desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2018 las vdh más graves. He aquí los números duros, expresión sangrante del sufrimiento de miles, quizás millones, de compatriotas: Del año 2006 a la fecha 3 mil 967 personas han sufrido detenciones arbitrarias con el objetivo de interrumpir su labor de defensa de los derechos humanos o disolver actos en los que se ejerce el derecho humano a la protesta. De 2006 a la fecha 228 defensores de derechos humanos o luchadores sociales han sido ejecutados como una forma para detener su trabajo de defensa de los derechos humanos. “El uso de la ejecución extrajudicial, en el periodo que abarca este informe, se recrudece en contra de periodistas…”. E igualmente en contra de los defensores de la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas. Y por último, tenemos la cifra de las víctimas de desaparición forzada: 165 defensores de derechos humanos han sido víctimas de esta grave vdh, a pesar de que el caso de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa obligó al Estado a disminuir esta práctica y tratar de ocultarla. Ello no obstante, éste continuó con la desaparición de personas defensoras de derechos humanos. Lo que hace que para las organizaciones que documentaron esa cifra esta práctica sea sistemática, generalizada y transexenal, pues Felipe Calderón también es responsable de desapariciones forzadas por motivos políticos. Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las vdh dejen de ser una práctica sistemática del Estado para desarticular, desorganizar y controlar a la población que exige el respeto a su dignidad y el acceso a condiciones de vida dignas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El derecho al trabajo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 18 de agosto de 2018 Miguel Concha Una de las ventajas que permite el adelanto de los tiempos de la transición del gobierno en funciones al gobierno electo, es que permite la expresión de la opinión pública sobre temas de interés de la ciudadanía. Tal es el caso del próximo gobierno de Ciudad de México (CDMX) y la anunciada desaparición de la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo, y la absorción de sus funciones por la Secretaría de Economía. Se ha anunciado al respecto un proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y diversos actores del mundo del trabajo. Con el ánimo de aportar a ese importante proceso, propongo algunas ideas. El punto de partida de todo diálogo debe de ser el derecho humano al trabajo en sus dos dimensiones, tanto el derecho a trabajar, como el derecho a condiciones adecuadas en el desempeño laboral. Como todo derecho humano, tiene contenidos esenciales. Entre los principales, que el trabajo debe ser a) Disponible, es decir, con la existencia de servicios especializados para asistir y apoyar a las personas en la identificación y obtención de empleos; b) Accesible, lo que significa que debe existir un mercado de trabajo abierto a todas las personas, y c) Aceptable y de Calidad, lo que implica condiciones favorables y justas de trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones de seguridad, al derecho a formar sindicatos y a elegir y aceptar libremente el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adiciona a estos contenidos otros fundamentales bajo el concepto de Trabajo Digno, el cual añade políticas de fomento de empleo de calidad. Además, el Diálogo Social incluye, de acuerdo a la OIT, todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social. (http://www.ilo.org/public/spanish/ dialogue/themes/sd.htm). De lo anterior se sigue, a) que el derecho al trabajo no es un asunto sólo jurisdiccional, sino que incorpora múltiples dimensiones; entre ellas b) la política económica, sin que se reduzcan a ella, puesto que el trabajo digno va más allá de la creación de ocupación y empleo; c) la capacitación y asesoría para la obtención de empleos; d) la política social como redistribución de recursos y protección social, y e) la gobernanza, teniendo en cuenta que el diálogo social es entre gobierno y actores del mundo del trabajo. Una relación tan compleja como la del trabajo es a toda luz merecedora, no de acciones puntuales, sino de toda una política pública impulsada y ejecutada por una agencia de gobierno especializada y capaz de tener interlocución en plano de igualdad con las demás agencias, a fin de poder lograr una política transversal en materia laboral. Tarea que sería imposible por una instancia que esté subordinada a otra, como ocurre con las subsecretarías. Frente a lo anterior, es claro que resulta del todo plausible la preocupación del gobierno electo por la austeridad en el uso de los recursos públicos, misma que tiene una doble dimensión, por un lado evitar el desperdicio en obras o consumo suntuario, y por otro optimizar los rendimientos de cada peso que la sociedad le otorgue al gobierno. En el primer sentido, no parece mucho lo que se podría ahorrar con la supresión de la Secretaría del Trabajo, toda vez que hay recursos, como los de la inspección laboral, o la capacitación para la ocupación y el empleo, que son una parte importante de su presupuesto, y que en cualquier hipótesis de reorganización administrativa continuarán ejerciéndose. Por el lado de la optimización de recursos no parece una mala inversión aumentar incluso el presupuesto para cumplir, tanto las obligaciones que establece la modificación del artículo 123 de la CPEUM, como las nuevas obligaciones que en materia laboral impone la Constitución de CDMX. En consecuencia, el anunciado proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y las organizaciones del mundo del trabajo debe ser la gran oportunidad para que de él surja una secretaría del trabajo fortalecida que se encargue tanto de la promoción de los aspectos jurídicos, como de la capacitación, la elaboración de estrategias para el fomento del trabajo digno, la protección de los derechos laborales y el diálogo social. Así como de aquellas acciones que la adaptación del trabajo al cambio tecnológico demanda, y las estrategias para la mejor vinculación de las y los jóvenes al trabajo y la igualdad de género en el ámbito laboral para la construcción de la cohesión social. Capaz de diseñar y ejecutar una amplia política laboral en todas las líneas de acción que el tiempo actual demanda. Desde hace dos décadas las innovaciones realizadas por los gobiernos de esta entidad han servido para impulsar cambios a escala nacional. Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eneas De Troya [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Tareas apremiantes en la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En la Ciudad de México contamos con un tiempo político propicio para pensar y rehacer la vida pública de nuestra ciudad. La entrada en vigor de la Constitución y otras legislaciones pendientes que deberán empujarse para respetar y proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de agosto de 2018 Miguel Concha En la Ciudad de México(CDMX) contamos con un tiempo político propicio para pensar y diseñar la forma de hacer y rehacer la vida pública. Estamos a escasas semanas de que entre en vigor la nueva Constitución para esta ciudad, que hasta hace poco tiempo no contaba con una hoja de ruta propia para guiar la forma de hacer gobierno, impartir justicia y fortalecer la democracia. Esta Constitución es un entretejido orgánico de voces de organizaciones sociales y defensoras de derechos, integrantes de la academia y colectividades que por mucho tiempo han enfrentado retos sociales en la CDMX, buscando hacer reales la dignidad y los derechos. Ahora, con el proceso de implementación de la nueva Constitución, y con el nuevo gobierno electo, la voluntad y acción para hacer transformaciones de fondo se hacen necesarias y urgentes. Abordo algunos aspectos importantes en la agenda de derechos humanos y justicia. Para ello retomo contenidos del texto La Constitución de la Ciudad de México: realidades y retos,elaborado por un grupo de especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, juntamente con algunas organizaciones sociales, presentado esta semana. En cuanto a los derechos humanos, quienes están por asumir el gobierno, o integrarse al nuevo Congreso de la Ciudad, primeramente tendrán la ineludible tarea de mantener el espíritu de la Constitución, es decir, poner al centro el respeto y protección de los derechos humanos en todo el quehacer y hacer de la ciudad. Dada la importancia de tales derechos, su realización y avance progresivo, el gobierno electo deberá evitar cualquier acción que obnubile un mensaje y trabajo contundente para solventar tal tarea. Ahora bien, para el Congreso se contempla en artículos transitorios constitucionales ayudar, mediante la expedición de leyes, a reformar el sistema de justicia en la ciudad. El texto también mandata armonizar con él las instituciones encargadas de procurar, administrar e impartir justicia. Quienes conocemos la situación de los derechos en esta entidad, reconocemos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los más violentados. Es por ello urgente atender lo que técnica y jurídicamente debe modificarse en este sistema, respetando en todo momento los derechos de todas y todos. Y después de conocer las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las impugnaciones a algunos artículos de esta Constitución, se hará urgente conformar el Consejo Judicial Ciudadano, una figura inédita de participación directa de la sociedad civil en procesos de fortalecimiento de este sistema. La procuraduría local deberá asimismo transformarse de raíz en una fiscalía autónoma, con el nombramiento por tanto de una persona fiscal autónoma. Para ello resulta indispensable un Consejo Judicial Ciudadano a la altura, y que el Congreso lo reconozca en su conformación y con la participación debida. Apremia, además, consolidar la nueva Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Dicha sala se propone interpretar la Constitución de la CDMX y dirimir controversias para que, sin que necesariamente lleguen a la SCJN, se resuelvan lo antes posible. Aunque hay avances muy relevantes en materia de acceso a la justicia, es menester agregar que la Constitución queda en deuda con la justicia administrativa. Cierto que hubo cambios considerables en el ahora Tribunal de Justicia Administrativa, pero sería ideal que el Congreso revise con lupa las limitantes en materia de nombramientos de jueces, así como las transformaciones que amerite la propia estructura de este órgano. Por otro lado, para los primeros meses del año próximo debemos contar con una Ley Constitucional de Derechos Humanos para la Ciudad, en la que se desarrollen los principios y mecanismos de exigibilidad ya establecidos en el texto constitucional. Tarea que amerita el trabajo activo del Congreso, coordinado con la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, ya que también será el Congreso quien deba construir una ley para el funcionamiento y atribuciones nuevas que pudiera tener esta comisión. Es igualmente importante que en estos procesos se cuente con la participación de las organizaciones sociales y especialistas en los temas correspondientes, así como con la debida difusión de estas acciones y contenidos entre la ciudadanía en general. Vale también recordar que el nuevo Congreso deberá aprobar una ley que dé forma al Sistema Integral de Derechos Humanos, cuyo objetivo es, mediante el Programa de Derechos Humanos correspondiente, garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas. Este sistema se perfila como medular para transversalizar enfoques de derechos en toda la institucionalidad de la ciudad. Hasta aquí menciono algunos asuntos importantes por atender. Falta sin embargo hacer otras legislaciones que den como resultado un andamiaje legal que tenga la principal intención de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : PebblePicJay [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
