Crisis socio-política en Nicaragua
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, sufre desde hace tres meses una crisis profunda que inició en abril con protestas en contra de una injusta reforma al régimen de seguridad social. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 21 de julio de 2018 Miguel Concha Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, sufre desde hace tres meses una crisis profunda que inició el 18 de abril con protestas generalizadas contra una reforma injusta al régimen de seguridad social, misma que día con día se encamina hacia la renuncia del gobierno que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se registran ya casi 400 personas asesinadas y más de mil 200 heridas, como resultado de las manifestaciones populares llevadas a cabo en calles y recintos universitarios, en cuyo seno el régimen autoritario de Ortega-Murillo ha ejercido represión por medio del aparato policial y grupos paramilitares que durante la noche infunden pánico entre la población. La tierra pinolera acumula una larga historia de luchas revolucionarias. La que se emprendió en contra de la dinastía de los Somoza constituye quizá la más sangrienta y duradera de todas. Fueron casi 45 años en que el pueblo nicaragüense aguantó los embates de una dictadura que cometía incontables asesinatos y torturas, y gobernaba sin legitimidad popular. El inicio del fin de tal dinastía comenzó con la famosa gesta del poeta Rigoberto López Pérez, quien en 1956 le puso fin al poderío de Anastasio Somoza García y dejó el camino abierto al grupo que 20 años después se formó bajo los ideales de Augusto César Sandino y terminó por expulsar del país a Anastasio Somoza Debayle. Nadie, ni siquiera el partidario más ferviente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hubiera podido imaginar que hoy, en pleno siglo XXI, esta nación tuviera que padecer de nuevo violencia generada por las decisiones de despóticos que llegaron al gobierno para lograr su objetivo: hacerse de fortunas de tipo familiar, a costa del pueblo nicaragüense. A la pareja presidencial le corresponde el dominio de casi todos los canales de televisión nacional, cadenas hoteleras y negocios de casas comerciales. Los cuales les permiten a sus hijos satisfacer todo tipo de caprichos personales. Con la complicidad de Murillo, y siendo el líder absoluto del FSLN, Daniel Ortega logró en 2007 su tan ansiado objetivo, como ganador de unas elecciones que todavía se tienen por muy cuestionadas. Ahora, y a pesar de retóricas disfrazadas de lenguaje pacifista, como Nicaragua quiere paz, Aquí Nicaragua libre, Basta de odio, la única paz y amor que ha recetado al pueblo son balas de francotiradores que, para intentar destruir esfuerzos organizados de diferentes marchas nacionales, se han apostado estratégicamente en lugares altos del territorio. En la protesta del Día de las Madres, el 30 de mayo, alrededor de 15 personas fueron asesinadas por policías y paramilitares armados, y apenas el martes éstos cobraron tres muertos más y decenas de heridos, al recuperar el control policial de Monimbó, en la ciudad de Masaya. Contrario a lo que se pudiera pensar, y luego de ver a las turbas orteguistas infundiendo miedo en las calles y asesinando a quemarropa a familias completas, lo cierto es que los nicas ya le perdieron el miedo a ese gobierno. Existe un descontento contra Ortega en más de 90 por ciento de la sociedad. Sobre el Diálogo Nacional, sabemos que es una iniciativa que la Conferencia Episcopal de Nicaragua convocó, en su carácter de mediadora, para que tanto el gobierno, como quienes participan en las coaliciones que integran la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pudieran hallar alternativas no violentas ante la crisis socio-política en Nicaragua. Estudiantes, movimientos campesinos, sindicatos e intelectuales se presentaron al diálogo con una serie de 40 opciones que se dirigen a una refundación del Estado y al adelanto de elecciones generales propuestas para marzo de 2019. Sin embargo, el gobierno se ha mantenido con la idea firme de que primero debían quitarse los tranques (retenes), pues los reclamos del sector gubernamental insisten en el tema de ellos y la obstrucción que éstos generan para la economía nacional. Incluso se afirmó que la Alianza lo único que desea es un golpe de Estado suave contra el Gobierno de Reconciliación orteguista. mediante la defensa de sus derechos frente a un poder dictatorial ya tambaleante, los nicaragüenses buscan una victoria definitiva. Resulta además necesario apuntar un último aspecto: la Iglesia, asumiendo un papel de garante en el diálogo, se ha destacado por su apoyo firme al proceso de paz. Monseñor Báez, obispo auxiliar de Managua, y monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, por conducto de su defensa del pueblo y su denuncia al gobierno, han encarnado un ejemplo de cristianismo liberador. Si tomamos en cuenta la presión interna y el desprestigio internacional que Daniel y Rosario se han ganado por sus inhumanas acciones, sería oportuno decir que su gobierno autoritario está llegando a su fin. Se hace oportuno entonces que las distintas expresiones populares disciernan colectivamente el mejor camino para encontrar una solución pacífica al conflicto, y una alternativa política viable a la situación actual. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Katie Simmons [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Crisis de DH en México ante próximo Examen Periódico Universal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El informe «La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA» da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 17 de julio de 2018 Por: Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura Callejas El próximo 7 de noviembre México se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para ser sujeto del Examen Periódico Universal (EPU), donde se evaluará la situación de los derechos humanos en el país. A través de este semanario realizamos una primera entrega donde explicamos la relevancia del EPU, sus objetivos, alcances y el papel de México en este mecanismo (Contralínea 5 de junio de 2018). En esta segunda entrega se abordará el contexto y situación de derechos humanos con el que llega México a su próxima evaluación, a partir del informe paralelo a la información oficial el gobierno actual, presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDH Vitoria), organización independiente y sin fines de lucro con más de 30 años en la defensa de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerabilizados, y la Dominicans for Justice and Peace, asociación de derecho suizo y representante de la Orden de Predicadores (Dominicos) ante las Naciones Unidas en Ginebra, creada en 1998, con estatus consultivo ECOSOC desde el año 2002. El informe titulado La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA es un documento que presentaron ambas organizaciones como insumo para el EPU de México, y da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. Asimismo, hace explícita la falta de compromiso en materia de cumplimiento y seguimiento de acuerdos y recomendaciones que ha recibido México por parte de mecanismos internacionales y relatores del sistema de Naciones Unidas. El diagnóstico paralelo señala que el sistema de justicia mexicano carece de políticas sólidas y eficaces para el acceso e impartición de justicia, y la ausencia, distorsión y manipulación del mismo han resultado en un contexto de violencia generalizada y de violaciones graves a derechos humanos. A pesar de importantes avances en materia legislativa, éstos se vuelven nulos frente a la falta de capacidad técnica de las instituciones encargadas de aplicar los estándares y políticas de derechos humanos, y la ausencia de un efectivo acompañamiento y espacios poco efectivos de participación para las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. En gran medida, de ahí se explica la impunidad estructural en el país. La violencia generalizada, se explica en el informe, deriva de un proceso histórico, en donde primero estuvo focalizada y era de tipo selectiva hacia personas y/o grupos que se encontraban en contextos de resistencia; sin embargo, a partir de la estrategia de combate en contra del crimen organizado que instauró el gobierno de Felipe Calderón, la violencia se ha generalizado, y existe una falta de respuesta efectiva por parte del Estado mexicano y ha incrementado el número de víctimas. Asimismo, se señala que los grupos históricamente discriminados y vulnerabilizados se encuentran ante un panorama de mayor adversidad y riesgo, dado que las políticas y medidas diseñadas para enfrentar esta situación resultan deficientes y con grandes limitaciones, ya que las acciones en su mayoría son reactivas más que preventivas; resulta evidente la falta de una perspectiva integral, interseccional y preventiva en la política estatal y en las instituciones para atender a estos grupos. Se abunda sobre situaciones graves que enfrentan las personas y colectivos. El caso Ayotzinapa evidenció la práctica generalizada de tortura y tratos inhumanos y degradantes en el país, y el involucramiento por parte de las fuerzas de seguridad en éstas acciones. El aumento de violaciones a la libertad de expresión y la protesta social son una constante, y el uso excesivo de la fuerza deriva en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, sumado a la aprobación de legislación discrecional y ambigua en la materia; tal es el caso de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior o la llamada Ley Bala en Puebla. La violencia generalizada impacta de manera diferenciada a las mujeres, y la impunidad es una constante por la falta de perspectiva de género de instancias encargadas de atender e investigar las denuncias, resultando, en la mayoría de los casos, en la revictimización y criminalización de las mujeres. La falta de voluntad por parte del Estado mexicano queda en evidencia al no establecer mecanismos sólidos de prevención y respuesta, y la falta de reconocimiento de los altos índices de feminicidio en el país, además de la negativa a instrumentar acciones efectivas en contra de la violencia de género. La aplicación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha frenado el aumento de asesinatos y actos en contra de estas personas. En particular, la defensa de derechos en procesos de tierra y territorio encuentra una mayor adversidad y criminalización al enfrentarse a acciones por parte del Estado y actores privados. Diversos grupos que exigen la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) se ven afectados por la legislación contraria a estos derechos. Ejemplo de ello es la reforma en materia energética, que ha dejado de lado la consulta a pueblos y comunidades indígenas, y les ha sometido a los intereses corporativos y empresariales. Enfrentamos un contexto de crisis en materia de derechos humanos y el EPU servirá para evaluar la administración de Enrique Peña Nieto debido al periodo que comprende esta tercera evaluación (2013-2018). Es necesario evidenciar los grandes retos a los que deben hacer frente los actores políticos que asuman la nueva administración, para que retomen efectivamente las denuncias y propuestas que organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han expuesto en informes paralelos para esta evaluación, e incorporarlas a la agenda de derechos humanos que enfrente de manera contundente la violencia y el contexto de violaciones y
La sociedad civil en la nueva transición
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En la sociedad civil, como en cualquier ámbito social, hay diversas orientaciones políticas e ideológicas que en la historia reciente del país se han expresado. En tiempos de reconciliación, aún de aquello que no sabemos si estuvo confrontado, es útil proponer varias aclaraciones. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 07 de julio de 2018 Miguel Concha Todo indica que iniciaremos una etapa de cambios en la vida pública. La demanda social expresada en las urnas; la oferta de cambios de fondo, y la obsolescencia de los modelos económico y político, así lo anuncian y lo hacen necesario. No sabemos sin embargo qué tan hondo se avanzará. Está el objetivo, pero falta aún el programa para realizarlo. El rezago político no permitió que las compañas fueran la ocasión para discutir los cómo, pero claramente tenemos el qué. Y por ello en este tiempo oportuno para el cambio necesitamos responder a la pregunta ¿cuál es el papel que le toca a la sociedad civil? Respuesta indispensable, porque quedaron en el aire temas surgidos a partir de la expresión desconfío de todo eso que llaman sociedad civil. En tiempos de reconciliación, aun de aquello que no sabemos si estuvo confrontado, es útil proponer varias aclaraciones. La primera es que en la sociedad civil, como en cualquier ámbito social, hay diversas orientaciones políticas e ideológicas que en la historia reciente del país se han expresado. La sociedad civil que se hizo visible en la solidaridad con los damnificados del sismo en 1985; la que propició el diálogo como salida al levantamiento indígena en Chiapas, estableciendo un cinturón de paz y una conferencia civil por la paz, entre otras iniciativas; la que logró el reconocimiento de la institución autónoma de derechos humanos y la independencia del Ejecutivo del órgano electoral, era ésa en la que predominaba el compromiso con lo popular y con los derechos económicos y sociales. Después del 2000 aparecieron nuevas agendas que destacaron la lucha contra la corrupción, el mejoramiento de la administración e impartición de justicia y la seguridad. Cada una con sus aliados y sus preferencias políticas, enfatizaron los derechos civiles y políticos. En una perspectiva de integralidad de derechos ambas son legítimas y en una de interdependencia de los derechos las dos son necesarias, pues no se pueden pensar las libertades sin la igualdad y viceversa. Además, en una perspectiva de autenticidad de los comportamientos concretos, éstos dependen de la argumentación, los resultados, la independencia respecto a los poderes y la sujeción al escrutinio social. Con el concepto de sociedad civil se comprende a todos aquellos que luchan por un cambio para democratizar la vida pública; por la justicia, el bienestar y el reconocimiento de la diversidad. Por ello le toca ser no aliada, sino punta de lanza de los cambios. Y por ello quienes tienen poder de decisión y comparten la vocación de cambio tendrán que escuchar e interactuar corresponsablemente. Lo que quiere decir, cada quién con su responsabilidad en la construcción del programa para el cambio que ordenó la sociedad mexicana. Habrá ocasiones para demostrar que esta corresponsabilidad es posible. Propongo cuatro. 1) El 31 de mayo próximo el Ejecutivo tendrá que enviar a la Cámara de Diputados la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Pero a diferencia de los sexenios anteriores ésta será la primera vez en que el Legislativo no sólo lo conocerá, sino que también lo aprobará. La mayoría del partido del Ejecutivo en el Congreso le asegura la aprobación, pero será la ocasión para demostrar que hay un real aprecio por la opinión de la sociedad, oyendo y tomando en cuenta sus propuestas. Como condensación clara del cambio, para ello la sociedad civil deberá pugnar por un gobierno y un parlamento abiertos. 2) Se demanda el fin de la corrupción. El diagnóstico del candidato triunfante se centró en ella. Hay instrumentos surgidos no sólo del gobierno anterior, sino con la participación de la sociedad civil, que se diseñaron para combatirla. El nuevo gobierno tendrá que manifestar su decisión de consolidar el Sistema Anticorrupción, y con ello de paso diferenciarse del anterior, el cual fue omiso en cumplir con el acuerdo legislado. 3) La corrupción es resultado de otros problemas, de la impunidad ciertamente, y ésta a su vez de la falta de equilibrio entre poderes. Los beneficios de una reforma del régimen político, que asegure independencia y redistribución de funciones entre ellos, trascenderán sin duda al periodo de gobierno por iniciar. Éste tiene la responsabilidad y la oportunidad única de impulsarla. Dado que el próximo presidente tiene la mayoría en el Congreso, no podrá prestarse a interpretaciones de que semejante reforma tendría dedicatoria. No sabemos si más adelante se repita esta convergencia. Por ello la sociedad civil debe poner el tema en la agenda pública. 4) El mandato social es de cambio, de fin de la corrupción. Es necesario, pero no suficiente para cambiar. La demanda de cambio es también de mejores condiciones de vida, de empleo, de seguridad social, de recuperación del campo, de mejor educación. Recuperar la agenda de los derechos sociales, relegada por la violencia y la opacidad, será otra tarea de la sociedad civil ante el posible cambio de régimen en el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Scott Campbell [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Primer balance poselectoral
La Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia centró sus esfuerzos en convocar ampliamente a participar en las acciones de observación electoral con el propósito de que estuvieran presentes el 1 de julio en distintos lugares de la República Mexicana. Sábado 14 de julio de 2018 Miguel Concha Hoy México celebra que la participación y organización ciudadana en las pasadas elecciones fueron inéditas y multitudinarias. Más aún, que la voluntad expresada por el pueblo en la jornada del 1º de julio fue respetada, aunque todavía con algunos problemas que deben atenderse para que la labor de las instituciones electorales en el país sea más efectiva. Una prueba de la copiosa organización social para incidir en esta coyuntura fue sin duda la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD). Al término de sus labores de observación electoral en campo, desde la RUCD también se ha comenzado a plantear cuál será su papel en la construcción de una democracia real en México, más allá de la coyuntura del proceso electoral 2018. Tras la jornada electoral, y en el marco de la pendiente calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las y los integrantes de la Red analizan posibles caminos para continuar exigiendo el respeto a la voluntad popular, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en los procesos de democratización real y efectiva, y coadyuvando desde espacios sociales y académicos en un cambio de régimen político. Recordemos que la RUCD se fundó en el marco de una reunión en la que integrantes de la academia universitaria, tanto nacional como internacional, y representantes de organizaciones de la sociedad civil –entre las que se encontraba el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC OP– fueron convocados por el programa de la Universidad Nacional Autónoma de México Diálogos por la Democracia. Proceso del cual me ocupé el 7 de abril de este año en esta columna. Este primer encuentro giró en torno a las preocupaciones respecto del proceso electoral que habían sido expuestas y analizadas por varias de las personas presentes en la Conferencia Internacional: Democracia y autoritarismo en México y el mundo, de cara a las elecciones de 2018. Un mes después de este primer encuentro, en marzo, y mediante una primera conferencia de prensa, se presentaron las acciones estratégicas de observación y denuncia que se tomarían en relación con el proceso electoral. Fue así como por medio de un pronunciamiento conjunto que evocaba a las cerca de 200 personas y ocho organizaciones firmantes para la fundación de la RUCD, se dieron a conocer las tres principales líneas de acción de cara a las elecciones: movilizar una vasta red de observadores y observadoras nacionales e internacionales desde la etapa de veda hasta las fechas de los conteos distritales (28 de junio-5 de julio); denunciar de manera sistemática ante las autoridades electorales y en medios de comunicación las irregularidades y delitos electorales cometidos durante el proceso, y promover de forma activa la participación ciudadana a lo largo del proceso. Algunos integrantes de la Red comenzaron a realizar en los meses siguientes estrategias de actuación en torno a la observación electoral en un sentido amplio, de manera que, con la finalidad de formar alianzas estratégicas de apoyo mutuo y denuncia conjunta, fue necesario acercarse a otras iniciativas ciudadanas. Entre los proyectos con los que la RUCD ha colaborado de forma cercana se cuentan la Red Rompe el Miedo; Observación que sí Cuente, promovida por la Universidad Iberoamericana, y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. A lo largo de los dos meses siguientes se mantuvieron igualmente reuniones en las instalaciones del Centro Universitario Cultural, en las que varios de los participantes en la Red han estado presentes para ahondar en los análisis en relación con la importancia de velar por el respeto a la voluntad popular, y por la integridad y legitimidad del proceso electoral. En este sentido, y tomando en cuenta los tres ejes de acción mencionados, la Red centró sus esfuerzos en convocar ampliamente a la ciudadanía nacional e internacional a participar en las acciones de observación electoral con el propósito de que estuvieran presentes el 1º de julio en distintos lugares de la República Mexicana, y antes de la jornada para prepararse y poder fungir como un actor importante, que si bien no puede intervenir en forma directa, sí puede con su sola presencia inhibir las acciones fraudulentas e ilícitas. Situación que experimentó la RUCD en su ejercicio de observación in situ. Con enlaces en 24 estados de la nación y despliegue de brigadas en cuatro entidades: Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México y misiones especiales en tres más: Chiapas, Tlaxcala y Veracruz. Así, con el apoyo de alrededor de un centenar de visitantes internacionales, la RUCD ha podido constatar la histórica participación ciudadana en la jornada del 1º de julio pasado, y cómo, a pesar de las distintas prácticas ilícitas y presuntos delitos electorales que documentó y que deben corregirse, es posible afirmar que la voluntad manifestada por una vasta mayoría del pueblo mexicano por medio del voto fue respetada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : José Luis Granados Ceja
Deudas con los periodistas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los ataques que padecen, la estigmatización que los discrimina, la criminalización que sufren, las amenazas, los altos índices de homicidios y la desaparición forzada, representan la amenaza más desafiante a la libertad de expresión en el país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 30 de junio de 2018 Miguel Concha México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Oficialmente, desde 2010, 73 periodistas han sido asesinados y 12 han sufrido desaparición forzada. Además, se registraron otros 44 intentos de asesinato. Estas alarmantes cifras tuvieron como consecuencia que en diciembre de 2017, tras la invitación del gobierno mexicano, tuviéramos la visita histórica de dos relatores del sistema universal y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos: el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes visitaron el país para analizar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos para con los periodistas. Luego de su visita, el pasado 11 de junio publicaron su informe final. En él destacan con preocupación la grave crisis de seguridad e impunidad que hay en México, así como el debilitamiento del Estado de derecho y de su gobernabilidad. Apuntaron que el homicidio, las agresiones físicas y amenazas, así como las desapariciones forzadas, son un grave problema que demuestra el panorama catastrófico en contra de los periodistas en el país, lo que ha logrado silenciar la libertad de expresión en México. Más de 12 comunicadores fueron asesinados en 2017, incluyendo a Miroslava Breach Velducea y a Javier Valdéz Cárdenas, periodistas cuyo trabajo de investigación y documentación constituyó la fuente principal para la labor de visibilización de las víctimas de desplazamiento interno que ha realizado en años recientes la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Como destacaron los relatores, a esta situación dramática se le añade el grave contexto de impunidad, pues 99.6 por ciento de los delitos contra periodistas aún no han sido esclarecidos. Los especialistas consideraron en su informe como inadmisibles estos niveles de impunidad, pues incluyen una falta de independencia de las autoridades locales, altos índices de temor, desconfianza de las víctimas y sus familiares, carencia de investigaciones eficientes y falta de preservación de la evidencia, entre otros problemas. En consecuencia, instaron a México a remplazar este paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, juzgamiento y vigilancia, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Destacaron igualmente el caso del desplazamiento interno forzado, que también afecta a los periodistas. Los relatores reconocen que los comunicadores víctimas de esta dramática situación no reciben ayuda por parte del Estado. Señalaron que las medidas de protección que les otorgan no son suficientes cuando se desplazan a otra entidad, muchos abandonan a sus familias y tienen dificultades para realizar su labor periodística en el nuevo estado. Como mencionan los relatores, en definitiva, no existe una estrategia adecuada para periodistas desplazados, ni garantías para asegurarles un retorno seguro o para reubicarlos adecuadamente. Con el fin de tomar medidas para su regreso seguro o, cuando esto no sea viable, medidas para integrarlos en una nueva comunidad; para el caso de periodistas desplazados, los relatores recomendaron fortalecer el mecanismo de protección. Por considerar el impacto negativo que tiene sobre el acceso a la información y las tareas de supervisión que otorga a las fuerzas armadas, y por las facultades que les atribuye sobre el uso de la fuerza en manifestaciones y protestas, así como las implicaciones que tiene en temas de facultades de inteligencia que también les brinda, es muy importante que los relatores hayan expresado su preocupación por las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, y que hayan instado a las autoridades a derogarla. La definición amplia y ambigua de seguridad nacional de dicha ley despertó también la preocupación de los relatores, quienes señalaron que estas disposiciones suponen un retroceso sobre los avances en temas de transparencia y acceso a la información en el país. En conclusión, México tiene una inmensa deuda con los periodistas. Como destacan los relatores, los ataques que padecen, la estigmatización que los discrimina, la criminalización que sufren, las amenazas, los altos índices de homicidios y la desaparición forzada, representan la amenaza más desafiante a la libertad de expresión en el país. Luego de este informe, y de cara a un nuevo sexenio, confiamos en que las autoridades realicen trabajos sustantivos para fortalecer el trabajo de los periodistas, tomen medidas efectivas y reales para combatir la impunidad, y reconozcan que la libertad de expresión es fundamental para la preservación de la democracia en México. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eduardo Jiménez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Cuestionamientos juveniles abiertos
El horizonte de las preguntas de las y los jóvenes apuntan directamente a un cuestionamiento frontal y global del régimen político existente, del modelo neoliberal predominante y de la oligarquía. Sábado 23 de junio de 2018 Miguel Concha En las próximas elecciones presidenciales estarán llamados a votar 25 millones de jóvenes; lo cual equivale a un tercio del padrón electoral. En un país signado por la desigualdad, la corrupción, la violencia, la falta de democracia y la ausencia de oportunidades para la juventud, resultan revitalizadores los esfuerzos críticos que provienen de dicho espectro de la sociedad y ponen el acento sobre temáticas que, infelizmente, no se han discutido a profundidad por los candidatos a la Presidencia. La iniciativa ¿Quién sacará a México de la barbarie? 73 preguntas que los candidatos presidenciales no se atreven a responder, difundida por medio de un video (https://bit.ly/2t5D1rT) y una petición en change.org (https://bit.ly/2sWcSMM), es un esfuerzo que resulta destacable en varios sentidos. En primer lugar por sus emisores, quienes en su mayoría son jóvenes de diversas profesiones y condiciones. Este grupo expresa la urgente necesidad que tiene la juventud, y diversos sectores de nuestra sociedad, por consolidar espacios autónomos de acción y discusión política ante la adversidad y la falta de representación en las instituciones y los partidos políticos. Y por apuntar de manera central a la impunidad y el cinismo con los cuales las instituciones se manejan en nuestro país. De hecho, el inicio del texto, dedicado a cuestionar la candidatura de Meade, comienza de esta manera: ¿es posible olvidar los grotescos casos de Odebrecht, la estafa maestra o la casa blanca? ¿Acaso un discurso repetitivo puede borrar la indignación y la memoria de los casos de los Duarte, los Yarrington, los Herrera? En ese mismo tenor, y cuestionando el discurso de Ricardo Anaya, se menciona: ¿Cómo pueden ofrecer justicia y respeto a los derechos humanos sin condenar y hacer justicia en el caso Tlatlaya? ¿O en Apatzingán? ¿Cómo pueden hacer robustos discursos sin mencionar la palabra feminicidio? Y nos preguntamos –añaden–, ¿Cómo pueden los candidatos ir repartiendo abrazos sin nombrar las palabras que indignaron a miles y miles de personas? ¿Recuerdan esos lugares? ¿Guerrero? ¿Iguala? ¿Ayotzinapa? La iniciativa resulta también vital por su contenido, ya que aborda temas que en el marco de la coyuntura electoral no se han discutido: ¿No hablarán nada sobre los cientos de conflictos por el despojo de tierras, agua y bosques que sufren los pueblos indígenas en todo el país? ¿Será que las responsables del despojo son las mismas empresas a las que llaman con vehemencia para que inviertan en México? Como en otras ocasiones, es la juventud la que atina en colocar el lente de la crítica en la ausencia de derechos para sectores marginados: ¿No les merecen ni siquiera una mención las formas de gobierno de los pueblos indígenas que hoy existen en muchas partes de la nación? ¿Olvidan que el Estado mexicano se comprometió a reconocer sus derechos como pueblos indígenas? ¿Seguirán ignorando ese compromiso? ¿Podrían enunciar sin balbucear los derechos de las mujeres? ¿Por qué evaden nombrar a las personas discriminadas por su género y su identidad sexual? En el caso de los cuestionamientos lanzados al candidato de Morena conviene destacar que la crítica proviene desde una lógica antisistémica: ¿López Obrador realmente cree que la corrupción existente puede desmontarse con el ejemplo? ¿O que los problemas del país pueden reducirse a la corrupción, sin afectar la obscena concentración de la riqueza? ¿Por qué cree que es posible establecer alianzas progresistas con sectores de la mafia en el poder y con algunos de los grandes empresarios? ¿Por qué pactar con el gran capital? ¿Por qué pactar con la derecha ultraconservadora? ¿Un gobierno de izquierda puede someter a consulta los derechos humanos? Para poder emprender algún tipo de cambio, ¿no cree necesario refundar por completo las instituciones mexicanas? En términos generales, los elementos enunciados hasta aquí apuntan directamente a un cuestionamiento frontal y global del régimen político existente, del modelo neoliberal predominante y de la oligarquía. Dicho horizonte, en mi opinión, es vital para emprender un cambio desde la raíz para nuestra sociedad. Finalmente, este saludable ejercicio apunta a continuar el esfuerzo mostrado por las movilizaciones sociales de los años recientes. Hemos sido –dicen– miles las personas que salimos a las calles en contra de las desapariciones forzadas; las violencias machistas; los fraudes electorales y el maíz transgénico, igual que en oposición a la reforma educativa y la minería extractivista. Miles hemos gritado e inundado las calles para exigir justicia por los bebés de la guardería ABC; por los migrantes desaparecidos y asesinados; por Atenco; por Nochixtlán; por Mara; por Lesvy y los cientos de feminicidios; por memoria, verdad y justicia para Pasta de Conchos, Aguas Blancas y Acteal. Por los estudiantes de Ayotzinapa y de Guadalajara. ¿No es acaso necesario seguir luchando? Quienes firmamos esta carta –concluyen–, pensamos que es esta última pregunta la única que tendrá respuesta. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Armando Simonin
México, a Examen Periódico Universal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Conforme a lo revisado por más de 200 organizaciones sociales articuladas para el examen de 2018, se puede decir que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales respecto a sus responsabilidades de proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 05 de junio de 2018 Por: Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura Callejas Este 2018 el Estado mexicano acude a distintos mecanismo internacionales para ser evaluado por la comunidad internacional en relación con su desempeño en el cumplimiento de sus responsabilidades respecto a los Derechos Humanos. Una de esas evaluaciones es ante la comunidad conformada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pretendemos, en diferentes entregas a este medio, abordar uno de esos mecanismos: el Examen Periódico Universal (EPU) al Estado México. En esta primera entrega abordaremos lo que significa el EPU, sus objetivos y alcances. Asimismo, los tiempos del EPU 2018 y el papel de México en dicho mecanismo internacional. El 15 de marzo de 2006 se estableció el Consejo de Derechos Humanos (CDH) como un órgano de la Asamblea General de la ONU con facultades para revisar la protección y cumplimiento de los derechos humanos en todos los países miembros. Dicho Consejo cuenta con el mecanismo conocido como Examen Periódico Universal (EPU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la ONU y, de esa forma, mejorar la situación de derechos humanos en todos los países. Dicho proceso cuenta con tres etapas claves. La primera, relacionada con el examen de la situación de los derechos humanos del Estado examinado. La segunda tiene que ver con la implementación de las recomendaciones recibidas, las promesas y compromisos voluntarios hechos. Y, por último, informar en la próxima revisión de la implementación de las recomendaciones y la situación de los derechos humanos desde la evaluación anterior. Para poder realizar esta evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, la presentada por el Estado revisado en forma de un Informe Nacional, que consiste en un reporte de la condición a nivel nacional de los derechos humanos. Otra fuente es la información de personas expertas independientes en derechos humanos y grupos conocidos como procedimientos especiales, cuyo mandato ante la ONU es brindar informes y asesoría que abarca a todos los derechos humanos: civiles, culturales, políticos y sociales. También retoma de manera importante información de otras partes interesadas, en las que se incluyen las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la “institución nacional de derechos humanos” (INDH), que para México sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La revisión de la información presentada es responsabilidad de una selección de tres Estados miembros del Consejo elegidos al azar, llamada Troika. En la fase de diálogo del examen participan los 47 Estados miembros y pueden asistir otros Estados de la ONU aunque no sean parte del Consejo de Derechos Humanos, así como otros actores interesados como las ONG y la INDH. La sesión tiene una duración de 3 a 5 horas y se realiza en el Palais des Nations, la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. El objetivo del ejercicio es que el Estado examinado corrija las deficiencias en la vigencia y cumplimiento de todos los derechos humanos. Durante la sesión debe informar sobre la implementación de recomendaciones anteriores y la situación nacional de los derechos humanos a partir de la última evaluación, además de responder a las preguntas anticipadas presentadas por otros Estados miembros. Posteriormente, a partir de un diálogo interactivo, el Estado examinado debe responder a los cuestionamientos de los que sea objeto. La Troika emite y presenta un informe que resume lo discutido en el Examen. Durante las primeras 2 semanas, el Estado puede realizar modificaciones editoriales y también aclarar cualquier punto expuesto por alguno de los actores en el proceso. El Estado mexicano ha sido revisado por el mecanismo de evaluación dos veces. La primera en 2009, de la cual recibió 91 recomendaciones principalmente en materia de justicia, seguridad, derechos de las mujeres, periodistas, niñez y pueblos indígenas. Mientras que la segunda evaluación se llevó acabo en 2013, y en ésta recibió 173 recomendaciones, enfatizando nuevamente en ciertas temáticas y agregando temas como derechos de las personas refugiadas, población lésbico gay bisexual transexual e intersexual (LGBTI), y personas con discapacidades. Conforme a lo revisado por más de 200 organizaciones sociales articuladas para el examen de 2018, se puede decir que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales y que ha avanzado poco respecto a los señalamientos de exámenes anteriores. La próxima revisión del Estado México está programada para el 7 noviembre de este año. Este ciclo pretende evaluar el periodo de 2013-2018, lo que resultaría de facto en una evaluación a la administración de Enrique Peña Nieto en materia de Derechos Humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México es el encargado de sintetizar los insumos presentados tanto por la CNDH, como por otras organizaciones o colectivos que hayan realizado algún informe. Se espera que para agosto se presente el informe nacional, con lo cual el mecanismo contaría con todos los insumos necesarios para realizar la evaluación. En nuestra próxima entrega abordaremos asuntos relacionados con el contexto y situación de derechos humanos con el que llega el Estado mexicano a la cita del EPU, desde su última versión hace 5 años. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Alianza por la tortilla
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestras manos está la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos pues nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de junio de 2018 Miguel Concha Cuando se habla de alimentación, pocas veces se piensa que ésta sea una cuestión de derechos humanos, y, por ende, de legislación y política pública que atienda las obligaciones del Estado para garantizarla y protegerla. Esto es de suma importancia y urgencia, dado que actualmente se observan graves afectaciones a la salud de la población, como el incremento de la obesidad, la desnutrición y la diabetes, por mencionar algunos de los padecimientos más comunes. En la dieta de los mexicanos siempre ha existido un consumo considerable de alimentos preparados a base de maíz, siendo la tortilla el más ordinario. A pesar de ello, en el panorama nacional podemos observar desgraciadamente el gradual abandono de la dieta tradicional mexicana y de tradiciones culinarias cuya base es el maíz. Que bien podría llamarse el alimento milenario de México y de toda la región mesoamericana. Para la elaboración de tortillas es necesario que el maíz pase por un proceso llamado nixtamalización, que se lleva a cabo desde hace 3 mil 500 años aproximadamente, y consiste en la cocción del maíz con agua y cal para obtener así el nixtamal, el cual se muele para dar origen a la masa de maíz. Se ha comprobado científicamente que este proceso da lugar a cambios nutricionales en la tortilla, aumentando hasta 30 veces la cantidad de calcio, dando como resultado un alto valor nutritivo a nuestras tortillas nixtamalizadas, pues también son fuente de fósforo, hierro, zinc, fibra y proteínas, así como de vitaminas B1, B2 y B3. Pero, ¿qué pasa cuando el proceso de elaboración de la tortilla no se da de esta forma? Lo primero que notamos es un cambio sensible en su sabor, ya que al incluir productos procesados en su elaboración, o al ser resultado de algún tipo de maíz transgénico, pierde las propiedades naturales que la caracterizan, disminuyendo con ello su sabor original y sus propiedades nutritivas, llegando incluso a generar a largo plazo daños en el organismo a causa de los tóxicos que contiene. Ello no obstante, son pocas las veces en las que nos ponemos a pensar de dónde provienen las tortillas que consumimos. Algo realmente alarmante, pues gran parte de ellas contienen harinas procesadas, o dejan de ser completamente provenientes del maíz nativo y criollo, pues los cultivos son por lo general transgénicos, aunados muchas veces al uso de insecticidas y pesticidas. Todo esto ha sido de poca o nula importancia para el Estado, que no ha llevado a cabo acciones para difundir la información acerca de la procedencia, ingredientes, procesos, aditivos y sustancias tóxicas de las tortillas industrializadas que se consumen a diario, violentando con ello el derecho a la información que tienen los consumidores para conocer la composición de los productos, sus características, calidad, precio real y riesgos que puedan representar. De igual manera, es importante mencionar que todas las personas que habitamos o transitamos por México tenemos derecho a recibir información por parte del Estado sobre una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y a contar con las condiciones suficientes en el país para producir maíz y tortillas de calidad y libres de riesgos para la salud. Por desgracia hoy en México este derecho a la alimentación y a la tortilla no está siendo garantizado, ya que, como se ha dicho, la tortilla industrializada contiene elementos químicos que generan daños a largo plazo en la salud, tanto de quienes la consumen como de quienes la producen, y daños al medio ambiente y a la biodiversidad. El suelo donde nacen las semillas de maíz, contaminado con agrotóxicos, pone en riesgo la calidad del alimento, así como la vida de los animales que habitan dentro del área. Siendo ésta una de las principales razones para apostar por los policultivos, es decir, cultivos vistos como pequeños ecosistemas, como por ejemplo el sistema milpa, en los que no se cosecha un único producto, sino múltiples, que a su vez favorecen la diversidad de plantas herbáceas y evitan de esta forma la susceptibilidad que los monocultivos tienen a las plagas, evitando así el uso de insecticidas o pesticidas. Este método, usado por nuestros ancestros se llevaba a cabo con éxito y sin la necesidad de productos ajenos durante su cultivo, pues se pensaba acertadamente que en la naturaleza existía un balance tan armónico y perfecto que no había necesidad de ellos. Por esta preocupación, y por los riesgos a la salud que las tortillas industrializadas pueden causar, por el uso de productos químicos, diversas organizaciones han decidido sumar voces y acciones para defender de la agroindustria al maíz mexicano y evitar la inclusión de productos químicos o procesados durante la elaboración de las tortillas. Y esto, para defender las tortillas que queremos. Quienes integran la Alianza por la Tortilla buscan exigir al Estado que garantice nuestros derechos como mexicanos, y en general como consumidores, toda vez que observamos que no se respeta nuestro derecho a decidir sobre los productos que deseamos consumir y no existe información sobre su procedencia. Debido a la falta de producción de tortillas cien por ciento nixtamalizadas, y a la ausencia de apoyos del Estado a los productores campesinos, se impone otro modelo alimentario. En nuestras manos está también la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural, pues también origina la diversidad gastronómica que poseemos, considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Thomassin Mickaël [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La Ley de Seguridad Interior es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para actuar contra conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de junio de 2018 Miguel Concha El 21 de diciembre de 2017 fue publicada la Ley de Seguridad Interior (LSI), instrumento legal solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional, quien en múltiples ocasiones y de manera pública manifestó la necesidad de que se le diera certeza jurídica sobre el actuar de sus elementos en tareas de seguridad pública. Como ya ha sido ampliamente discutido, la LSI, lejos de dar certeza jurídica a las fuerzas armadas, establece una serie de atribuciones y facultades que por su propia naturaleza cuestionan el carácter civil de la seguridad pública, reconocido por la Constitución (CPEUM). Ante este problema, y muchas otras atribuciones inconstitucionales, organizaciones de la sociedad civil tramitaron amparos que buscaban que el Poder Judicial de la Federación (PJF) determinara si la LSI atentaba contra los derechos humanos. Uno de estos amparos fue el tramitado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), cuya sentencia, emitida el 10 de mayo pasado por el juez octavo de distrito en materia administrativa de Ciudad de México, es un primer e importante paso hacia el posicionamiento del PJF sobre la suerte de la LSI. La CMDPDH y la R3D en su amparo plantearon, de inicio, un tema fundamental que afecta a todas las organizaciones de derechos humanos: la falta de certidumbre sobre el uso que se le dará a la LSI. Es preciso recordar que en México existen muchas organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos. Con esta labor visibilizan públicamente problemáticas que se encuentran ocultas; vigilan y llevan a instancias judiciales de control la actuación del Estado; apoyan y acompañan el derecho de las víctimas a denunciar, e impulsando la vigencia del estado de derecho y detonando transformaciones hacia una sociedad más justa, luchan en contra de la impunidad. Como consecuencia de la inseguridad jurídica de muchas de sus disposiciones, en opinión de la CMDPDH y de la R3D, la LSI viola los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 129, 89 y 129 de la CPEUM, lo cual afecta de manera perniciosa e inhibitoria la defensa de los derechos humanos, en cuanto aumenta el miedo o temor de que las actividades de defensa puedan ser consideradas como riesgos a la seguridad interior. De acuerdo con estas organizaciones, la ley es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para identificar, prevenir y atender de manera permanente conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. Con ello establece obstáculos al acceso a la información, y aumenta los costos de la defensa de derechos humanos, como la vida, la integridad, la propiedad y el territorio, derechos que en el contexto de inseguridad, criminalización y riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las colocan en mayor peligro. Señalaron que estos elementos derivan en un efecto inhibidor indebido de actividades constitucional y convencionalmente protegidas, como lo es la defensa de derechos humanos. Otras acciones inconstitucionales que se derivan de la LSI es lo relacionado con su artículo 51, ya que contraviene el texto que señala que la información pública se podrá clasificar como reservada temporalmente por motivos de seguridad nacional conforme a lo establecido en las leyes de la materia. Además de que todo tipo de información que se genere a raíz de la LSI será considerada de seguridad nacional e incluso podrá ser clasificada como reservada a priori. Ante éste y otros argumentos que se esgrimen en las más de 100 hojas que componen la demanda de amparo inicial, el juez Fernando Silva García ofreció una sentencia que se deben celebrar, ya que encuentra en su principal conclusión que la LSI es inconstitucional, como consecuencia de que dicha ley incorpora a las fuerzas armadas en funciones de seguridad interior en tiempos de paz, en contravención a lo señalado en el artículo 129 de la Constitución. Con una afirmación contundente, el juzgador señaló que la LSI es “una pieza más de un proceso tendente a institucionalizar la militarización de la seguridad pública y seguridad interior del Estado en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada”. Y en el ámbito específico de las afectaciones a la sociedad civil, determinó que tanto la CMDPDH como la R3D pueden cuestionar mediante el juicio de amparo diversos aspectos de la política pública en tareas de seguridad que suponen un riesgo a los derechos humanos. Los efectos de la sentencia son algo que debe considerarse con detenimiento. La CMDPDH y R3D fueron amparadas y protegidas por la justicia de la Unión, por lo cual no pueden ser susceptibles de ningún acto de privación o molestia como consecuencia de la aplicación de una disposición señalada en la LSI. Más importante aún es la determinación de que 13 de los 34 artículos que componen la LSI fueron señalados como inconstitucionales (artículos 4, fracciones I y IV; 6, párrafo primero; 9 y 11, párrafos primero y último; 15, segundo párrafo; 16, 17 y 20, fracciones I, II y III y IV; 21, 22, 26, 30 y 31), poniendo en evidencia las graves consecuencias e impactos que tiene la LSI en el ámbito de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. La sentencia no es perfecta. Adolece de un análisis más profundo ante la ambigüedad de la LSI. Y si bien la batalla por determinar su inconstitucionalidad no ha terminado, ya que aún falta para que estas determinaciones queden firmes, lo que esperamos del PJF y de la participación de la SCJN es una decisión garantista y centrada en un análisis de lo que ha vivido México en años recientes, como consecuencia de la militarización. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Alejandro Melendez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Campañas y políticas públicas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El modelo económico actual ha privilegiado al mercado y anulado la capacidad del propio Estado para atender las necesidades de la población, dejando sin fundamentos la formulación de políticas sociales en el contexto electoral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 26 de mayo de 2018 Miguel Concha Para que la población votante tenga más información y criterios el 1 de julio, la ciudadanía espera que quienes aspiran a la Presidencia comiencen a definir las ofertas al electorado. Entre tanto se han observado distintos esfuerzos por elevar el nivel propositivo de las campañas, con énfasis en los temas de la política social y económica. En su edición de abril , la revista Brújula Ciudadana recoge varias reflexiones respecto a la insuficiencia de las políticas social y económica impulsadas en el país, las cuales impiden salir de la crisis y orillan desde hace décadas a buena parte de la población a vivir en pobreza y cruzar, o intentar pasar, la frontera con Estados Unidos. Un primer tema que merece nuestra atención son los riesgos y amenazas que enfrenta la política social como tal en México. Un artículo de la revista destaca que dicha política se ha vuelto cada día más compleja por su fundamento en concepciones simplistas del modelo económico predominante, que ha privilegiado al mercado y anulado la capacidad del propio Estado para atender las necesidades de la población. Parte del problema, dicen los analistas, está en el error de igualar la política social y los programas diseñados para superar la pobreza. Quienes igualan la política social y dichos programas, se escudan en la supuesta falta de capacidad de las personas para aprovechar todas las oportunidades abiertas por el libre mercado. Este pensamiento no ha hecho más que degradar el nivel de vida de la población, agudizar el problema de la desigualdad y la discriminación y, al mismo tiempo, generar el caldo de cultivo para la violencia crónica que se ha expandido por todo el país. Son políticas para administrar la pobreza, no para superarla. La referencia es directa a los programas de transferencia monetaria focalizados, que fomentan el individualismo al tiempo que desmantelan las visiones colectivas, comunitarias y solidarias. Un segundo tema que llama la atención es la política salarial, que en uno de los artículos de Brújula Ciudadana se describe como una antipolítica social, porque va en sentido contrario a la dignificación del trabajo, desincentiva a la juventud y mantiene en la pobreza a gran parte de las familias del país. Pese a los escasos o nulos resultados de la política social, es preocupante observar cómo han proliferado los programas sociales. Los datos de Coneval señalan que existen más de 6 mil 400 programas de este tipo en los tres niveles de gobierno. Además de los problemas ya apuntados, la mayoría funciona en total desarticulación y es común que se dupliquen, haciendo que algunas personas se benefician de varios servicios o apoyos, mientras otras no reciben ni uno. A todo ello se suma la facilidad con que la clase política utiliza los programas sociales en tiempos electorales para ampliar o mantener sus clientelas a nivel nacional. Se trata de una de las manifestaciones de la corrupción más arraigadas en las estructuras partidarias que resisten a cualquier tipo de blindaje, como en más de una ocasión se ha intentado, porque cada año se destinan a ellos millones, y su verificación se ha hecho muy difícil hasta hoy. De esto da cuenta el reportaje titulado La Estafa Maestra, que rastrea el destino de los fondos aprobados para la Sedesol en 2013 y 2014. Otro de los textos de la revista profundiza en el tema salarial, y explica cómo el modelo de crecimiento económico predominante en México ha fomentado tres grandes problemas: una caída de la ocupación en el campo de casi 1.7 millones de personas; la ampliación del sector dedicado a actividades por cuenta propia, y el flujo de migrantes hacia el país del norte. No sólo eso, la población que tuvo la suerte de tener un empleo, se tuvo que contentar con negocios de muy baja productividad (micronegocios), en contraste con las proyecciones que se tenían de que se ubicarían en empresas más modernas del sector exportador. A esto se le denomina precarización del empleo. Un problema al que también ha contribuido la liberación de los mercados y la inserción de México en el mercado global. Al depender de la exportación de manufacturas y de tratados comerciales como el TLCAN, México ha consolidado una política laboral que tiene como fundamento principal el deterioro planeado de la calidad del empleo para atraer y preservar inversiones. En este contexto de desigualdad social también puede uno referirse al tema de la política educativa, que debería ser uno de los pilares para generar mejores condiciones para el desarrollo personal y la dinámica social. Según otro artículo de Brújula Ciudadana, los esfuerzos que un gobierno tiene que hacer en el área de la educación deberían concentrarse en el desarrollo profesional del magisterio y el fortalecimiento de la escuela pública. Sin embargo, la política educativa en México se desvió de esas metas y se pusieron todos los esfuerzos en una reforma educativa que padece tres grandes problemas: le asignó a la evaluación una función correctiva que intenta resolver problemas de naturaleza administrativa y política, con lo cual se alentó la simbiosis SEP-SNTE; no se ha planteado en la administración Peña Nieto cómo mejorar la calidad educativa en los centros escolares, y uno de los puntos de partida de la reforma ha sido la desconfianza hacia los docentes, la escuela y las autoridades de los estados. Urgen más acciones sistemáticas educativas y menos publicidad envolvente. Poner el acento en la necesaria reorientación de los programas sociales y las políticas salarial y educativa, es un desafío importante que no debe soslayarse. Por el contrario, se requieren más esfuerzos para que las campañas electorales trasciendan los espots, y se asuma en serio la discusión de los temas nacionales y sus soluciones. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eneas De Troya [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
