Recomendación en el caso Lesvy
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La CDHDF ha confirmado violaciones a derechos humanos y la falta de debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, así como la negligencia en la atención a sus familiares. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 19 de mayo de 2018 Miguel Concha La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHDF), por medio de su presidenta, Nashieli Ramírez, dio a conocer el pasado 2 de mayo el contenido de la recomendación 01/2018 sobre la falta de debida diligencia reforzada en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, y la negligencia en la atención a sus familiares. Las autoridades responsables por estas violaciones a los derechos humanos son la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX), el Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPCDMX). La debida diligencia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres se traduce en la exacta aplicación del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio, así como en el uso de la perspectiva de género en cada caso. La CDHDF acreditó con rigor la aplicación negligente de las normas de protección existentes; la resistencia a investigar por razones de género; la revictimización del afectado y su familia; el mal manejo del lugar del hallazgo; la pérdida de evidencia; la falta de análisis de contexto; la obstaculización para que la sociedad y los familiares de Lesvy puedan conocer la verdad; la obstrucción para el acceso al expediente y, por consiguiente, acreditó de manera fundada la violación al derecho al debido proceso, el acceso a la justicia y al derecho a la verdad, el derecho a la integridad personal, todos ellos con enfoque de derechos humanos, en relación con el derecho a la memoria de la persona fallecida, y a derecho a la intimidad y la vida privada con perspectiva de derechos humanos. La familia de Lesvy y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria aportaron toda la información disponible para la debida integración del expediente, y facilitaron a cada momento la comunicación y el acompañamiento de la Comisión. El documento contiene un exhaustivo análisis del caso y 18 puntos recomendatorios que a continuación enumeramos, en parte: 1) Indemnización a las víctimas por daño material e inmaterial. 2) Rehabilitación de las víctimas, lo cual se traduce en proporcionarles atención médico-sicológica especializada. 3) Investigar a las autoridades que actuaron de manera negligente en la investigación penal, así como en la atención a las víctimas. 4) Implementar un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreoen la aplicación del Protocolo de Actuación Policial para la Preservación del Lugar de los Hechos, o del Hallazgo y Cadena de Custodia. 5) Contar con un sistema de información que permita determinar la efectividad del servicio que presta el personal ministerial, policial, pericial y de atención a víctimas, que interviene en investigaciones relacionadas con violencia contra la mujer y muertes de mujeres. 6) Actualizar, conforme al Sistema Penal Acusatorio, y para hacerlo más efectivo en la persecución y sanción de la violencia contra las mujeres, y en específico en materia de presuntos feminicidios, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, utilizando para ello la perspectiva de derechos humanos, con un enfoque de género diferenciado y atención a víctimas y sus familiares, con respecto a su dignidad y necesidades. 7) Revisión y actualización de la Guía Técnica para la elaboración de necropsias en caso de Feminicidios. 8) Realizar una jornada cultural que promueva las expresiones artísticas de interés para la población juvenil, cuya finalidad sea promover el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y específicamente, en honor a Lesvy, la temática del feminicidio. 9) Llevar a cabo una disculpa pública a las víctimas por los agravios sufridos. A partir de su legal notificación, las autoridades responsables cuentan con 15 días hábiles para responder a este llamado y definir si aceptan o no la recomendación. Aún nos encontramos dentro de ese periodo. El impacto que tendrían el reconocimiento de responsabilidad y el compromiso de la PGJCMDX, el TSJCDMX y la SSPCDMX en el cumplimiento de las medidas que les fueron indicadas, indudablemente se traduciría en asegurar a las mujeres que viven y transitan por la capital el acceso a una vida libre de violencia con un poderoso mensaje: se aplicarán las normas vigentes conforme al estándar más alto, y no habrá impunidad para los servidores públicos que no actúen conforme a la ley. De conformidad con el informe La Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, de la ONU-Mujeres, en 10 años, la violencia feminicida ha cobrado la vida de más de 23 mil 800 mujeres en el país. Actualmente, la incidencia asciende a ocho mujeres al día. Su atención requiere del compromiso, colaboración y coordinación de todas las autoridades y la sociedad. ¿Cuándo vamos a empezar a restar y no a sumar?, decía la madre de Lesvy, Araceli Osorio, durante la develación de la placa que en memoria de su hija fue develada el 4 de mayo en Ciudad Universitaria, refiriéndose a esta cifra atroz. Esa pregunta nos la hacemos todos. Allí está el nodo de lo que queremos. La consigna de los colectivos feministas y de mujeres #NiUnaMás, #NiUnaMenos se traduce en que comience a bajar la cifra, hasta llegar a cero. Cero muertes de mujeres por la expresión más violenta de discriminación en su contra. Ese es el indicador más claro de que las autoridades hacen su trabajo. Y en ello también depositamos nuestros esfuerzos y esperanzas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Amenazas contra el derecho a comunicar
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos al aprobar reformas mediante procesos irregulares, sin transparencia ni consulta. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 12 de mayo de 2018 Miguel Concha El 26 de abril, el Senado de la República aprobó intempestivamente una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, por la cual se adiciona el artículo 213 bis y un segundo párrafo al artículo 215, que supuestamente tiene como objetivo brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permita la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos. A pesar de estos argumentos, las modificaciones han sido denunciadas por la falta de claridad en sus preceptos y un ejercicio legislativo poco transparente. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización social especializada en temas de libertad de expresión e Internet, se pronunció en contra, utilizando para ello el hashtag #MadrugueteAInternet, y un pronunciamiento en el que señaló que se le otorga la facultad a cualquier tribunal de ordenar que una comunicación pública sea censurada, y que los servidores, enrutadores u otros instrumentos sean asegurados sin que medie investigación u orden judicial. Denunció, además, la falta de discusión previa en Comisiones legislativas, y sin llevarse a cabo un proceso de consulta abierto en el Congreso de la Unión (https://bit.ly/2I6fsFF). En efecto, dentro de un proceso que fue calificado como irregular por diversos medios de comunicación y organizaciones, debido a la nula convocatoria y falta de consulta, la reforma se aprobó con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones. Esta iniciativa tiene sus antecedentes en 2015, cuando luego de la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados, se dio a conocer la propuesta de la diputada del PRI Araceli Guerrero Eruviel. En 2016, este dictamen se tornó a la Cámara de Senadores, donde supuestamente quedó para su análisis y debida dictaminación en Comisiones. No obstante, por iniciativa del PRI y del PVEM y de senadores como Javier Lozano y Ernesto Cordero, el proyecto se retomó hasta abril del presente año. Senadores distintos a esos partidos señalaron que no se les convocó a sesión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y que tampoco existió una convocatoria, con el tiempo necesario, para su análisis. Por la falta de claridad en todo el proceso legislativo, señalaron también un dejo de impunidad y corrupción procesal; incluso algunos denunciaron que se intentó que firmaran el dictamen sin que pasara por un debate serio y abierto. Resulta cuestionable que la aprobación de la reforma se haya dado de manera tan rápida después de estar dos años en espera, sin participación ciudadana, y en un contexto electoral que bien podría beneficiar a algunos poderes fácticos que buscan censurar y lastimar derechos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de la verdad. Tampoco se consideraron los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema, como la tesis de junio de 2017, relacionada con que la protección de derechos de autor no justifica en sí y por sí misma el bloqueo de la página web, y que estas prohibiciones no se consideran constitucionalmente válidas, salvo situaciones excepcionales (https://bit.ly/2KOeYWr). Entre los puntos críticos de la reforma destacan las medidas que pretenden contrarrestar las violaciones a los derechos de autor, las cuales permitirían la suspensión de la representación, comunicación o ejecución públicas, el embargo de las entradas o ingresos y el aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos, con poca claridad en la interpretación de estas acciones, y limitando el derecho a la libertad de expresión. Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos, como el libre acceso a la información por cualquier medio, sea físico o digital. Intento claro y manifiesto con la aprobación de todo el paquete de medios en semanas recientes. Recordemos que en esos mismos días se aprobó en términos similares la ley relacionada con la publicidad oficial, de la que me ocupé en La Jornada el pasado 14 de abril, aprobada igualmente de manera rápida e intencionada, mediante procesos legislativos irregulares, sin transparencia y sin consultas ni participación de actores importantes. El ejercicio de la libertad de expresión, la existencia de medios libres y confiables, y el acceso a diferentes medios de comunicación e información, son necesarios para el fortalecimiento de la democracia. Acciones violatorias como las reformas recién aprobadas, que benefician a monopolios de comunicación y control, y a grupos de poder con intereses particulares deben, sin duda, denunciarse. Y por ello las organizaciones de la sociedad civil buscarán impulsar un juicio de amparo, y vía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y posiblemente también por medio de un grupo de legisladores, acciones de inconstitucionalidad, para ir en contra de esta reforma. Además, es importante evidenciar que existen fallas internas que reflejan la impunidad existente en todas las esferas gubernamentales, incluso en el Poder Legislativo. Fallas que como puede observarse en este caso, derivan de bancadas dominantes y falta de apertura por parte de los legisladores. Dada la falta de legitimidad del proceso legislativo para aprobar esta reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, el Ejecutivo Federal debiera abstenerse de publicarla, para que se reponga el proceso en el Congreso. De lo contrario, son más que oportunas todas las acciones legales en su contra. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Rick Payette [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Premio Don Sergio 2018
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El acceso a la justicia, tras los feminicidios y la defensa de la tierra y el territorio, fueron las luchas que este año cobijó el Premio, entregado el pasado 21 de abril en Cuernavaca. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 05 de mayo de 2018 Miguel Concha El Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo tiene desde 1992 el objetivo de reconocer el trabajo de personas luchadoras sociales, y el de destacar el compromiso que Don Sergio, VII Obispo católico de Cuernavaca, historiador mexicano y teólogo de la liberación, tuvo con la defensa de los derechos humanos en México, América Latina y el Caribe. Como cada año, las organizaciones y personas convocantes tienen el arduo compromiso de distinguir a una persona y a una organización ganadoras, teniendo en cuenta el análisis de cuatro ejes: la coyuntura actual de México, la visibilidad de la persona o agrupación, la temática que trabajan y su trayectoria. Este año fueron postuladas 11 agrupaciones y siete personas; Irinea Buendía Cortés fue galardonada en la categoría individual, y en la grupal, los Defensores del Agua del Pueblo Indígena Náhuatl, de San Pedro Tlanixco. De nueva cuenta el premio, en su edición 26, reconoce el trabajo y la defensa de los derechos humanos desde abajo. Doña Irinea, por ejemplo, es madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010. A raíz del asesinato de su hija, esta mujer realizó con tesón una investigación de manera autodidacta para esclarecer los hechos de la muerte de su hija. De esta manera se especializó en derecho y criminalística, con lo cual pudo desmentir las pruebas que se construyeron para armar la teoría oficial de un suicidio, cuando en realidad se trató de un feminicidio. El caso fue tan indignante, que en septiembre de 2013 llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), constituyéndose en un precedente histórico, pues fue el primer caso de feminicidio atraído por el máximo tribunal de justicia en México. En efecto, en 2015 la SCJN resolvió que las instancias correspondientes del gobierno del estado de México debían realizar, nuevamente, con la debida diligencia, las investigaciones, considerando la perspectiva de género (Sentencia 554/2013) y siguiendo la línea de feminicidio. Los Defensores del Agua del Pueblo Indígena Náhuatl de San Pedro Tlanixco, Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, defienden su derecho a la justicia y el derecho humano al agua. Desde la década de los años 80, cuando llegaron a su municipio en Villa Guerrero empresas floricultoras, la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido su lucha. El río Texcaltenco, que nace en San Pedro Tlanixco, fue entonces concesionado por la Comisión Nacional del Agua a empresarios floricultores, impidiendo con ello el acceso al agua de la comunidad, a pesar de que cuentan con documentos válidos que los acreditan para hacer uso de ésta. En 2003 la población de San Pedro Tlanixco fue agredida y en apego a sus usos y costumbres resistieron el embate. Aunque desde entonces este hecho acarreó también una fuerte criminalización en contra de la comunidad, y desde esa fecha los defensores de derechos humanos de San Pedro Tlanixco llevan resistiendo legalmente la falsa acusación que pesa en su contra, misma que denota, además, actos discriminatorios. El acceso a la justicia, tras los feminicidios y la defensa de la tierra y el territorio, fueron las luchas que este año cobijó el Premio, entregado el pasado 21 de abril en Cuernavaca. Para enmarcar la entrega del mismo se realizó el Foro Agenda de los Derechos Humanos Ante la Realidad Actual, que tuvo como objetivo construir una agenda mínima de derechos humanos como demanda y exigencia de la colectividad que acompaña el premio a los contendientes en las próximas elecciones. En esta línea, el foro transcurrió a partir de cuatro ejes temáticos: Ley de Seguridad Interior; agresiones a personas defensoras y periodistas; defensa de la tierra y el territorio, con especial énfasis en los pueblos y comunidades en resistencia, y feminicidios. En el foro se confirmó la necesidad de que sean más las personas y organizaciones que se sumen a las luchas desde debajo de las izquierdas sociales y democráticas. Permitió también entretejer tres retos importantes que, de cara a la coyuntura electoral, se tienen que afrontar. El primero tiene que ver con el reconocimiento de mantener puentes con la memoria histórica. La juventud tienen el compromiso de aprovechar los logros de las luchas de otras generaciones y hacerse cargo de la realidad actual. Las generaciones con más experiencia tienen, a su vez, el compromiso de acompañar las nuevas luchas de la juventud, muchas de ellas relacionadas con la identidad y las diversidades. Ninguna lucha es más importante que la otra. Todas ellas son diversas formas de acción. Otro reto relacionado tiene que ver con la importancia de reconocer el diálogo intergeneracional, el cual implica escucharse, acompañarse y descubrirse los pensamientos y sentires. Por último, es importante reconocer la mirada interseccional en las luchas. Es decir, la manera diferenciada como impacta la violencia según la identidad de las personas y grupos, apreciando al mismo tiempo la forma como construyen sus estrategias de resistencia y defensa frente a las distintas expresiones de la dominación. Esto implica reconocer que no se vive de la misma manera la defensa de la tierra y el territorio siendo mujer, mujer joven o indígena, que siendo varón. Por ello hay que insistir en que es necesario escuchar y preguntar por los propios sentipensares. Lo cual implica llevarse este compromiso a los espacios organizativos y conversar sobre la importancia de construir estos puentes, estas miradas y, más que nada, construir colectivamente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : FundDonSergio [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Ley de víctimas de CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El 19 de febrero pasado fue publicada la Ley de Víctimas para CDMX, con el fin de reconocer sus derechos y establecer mecanismos y medidas que pudieran atender su problemática. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 28 de abril de 2018 Miguel Concha La deuda del Estado con las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos es grande. Tanto víctimas organizadas como organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil denunciaron el nulo papel que los agraviados tenían en su lucha por el acceso a la justicia. Si bien la situación de las víctimas tenía una invisibilización histórica, fue en el sexenio 2006-2012, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, cuando tomó preponderancia. Las víctimas de desapariciones, secuestros, ejecuciones y desplazamiento interno se multiplicaron con cifras que incluso en valoraciones modestas llegaron a números indignantes. Entre ellos 127 mil personas asesinadas, más de 35 mil desparecidas, y alrededor de 200 mil desplazadas. No obstante, jamás se implantaron estrategias para atender a todas las víctimas, directas e indirectas, de estos actos. Razón por la cual se conformaron diversos movimientos a nivel nacional, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, creado en 2011. En 2012, a partir de las presiones de la sociedad, se aprobó por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley General de Víctimas, con el fin de reconocer sus derechos y establecer mecanismos y medidas que pudieran atender su problemática. Desde su exposición de motivos, esta Ley se describe como una respuesta concreta a la demanda, hoy universal, de visibilidad, dignificación y reconocimiento de los derechos de las víctimas del delito y violaciones de sus derechos humanos, así como del reconocimiento por el Estado mexicano de sus obligaciones directas para atenderlas. Como muestra de este extraño rasero con el que se valora a las víctimas en el país, esta ley no fue avalada por el Ejecutivo. Por el contrario, por conducto de la Secretaría de Gobernación, Felipe Calderón interpuso una controversia constitucional que impidió la publicación de la ley durante su mandato. En diciembre de 2012 tomó protesta el actual titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, quien en un acto más político que de convicción, y con el ánimo de congraciarse con el movimiento de víctimas, retiró la controversia constitucional, y publicó la Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013. Ésta contemplaba la obligación de las entidades federativas de legislar en materia local para lograr la adecuada armonización con la ley general. Sin embargo, las entidades, incluyendo Ciudad de México (CDMX), fueron omisas en adoptar las medidas pertinentes para contar con un adecuado sistema de protección a víctimas. Aunado a ello, la misma Ley General de Víctimas era ambigua y adolecía de indefiniciones sustanciales para víctimas en los estados. En específico, cuando tratándose de casos del orden del fuero común se pretendía acceder al apoyo de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Lo que motivaba la revictimización de las personas. Por ello, en 2017 se modificó la ley, misma que en su transitorio décimo establece lo siguiente: Las entidades federativas, en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas (CAV). Si bien la disposición de establecer comisiones locales no es la panacea para los problemas que enfrentan las víctimas de violación a sus derechos humanos en las entidades, el establecer un organismo responsable y, por supuesto, las disposiciones presupuestales necesarias para su funcionamiento, así como aquellas destinadas a constituir un fondo para la reparación integral, es un avance importante que pretende ayudar en la falta de definición que frecuentemente se encuentra frente a casos de carácter local. Como consecuencia de lo ordenado por la ley, el 19 de febrero pasado fue publicada la Ley de Víctimas para CDMX, en ella se reconocen los derechos de las víctimas y contempla un modelo de atención de casos, e incluye previsiones presupuestarias para su efectiva puesta en marcha. Con el fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a sus derechos, la ley contempla también la creación de la CAV en CDMX, como ente encargado de desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas, y de procedimientos y servicios. No podemos pasar por alto que la ley de CDMX establece la obligación de que la Asamblea Legislativa realice las adecuaciones normativas a otras legislaciones para su armonización, además de nombrar una persona titular de la CAV en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de su publicación. La integración de la comisión local, así como el nombramiento de su titular, no sólo es un compromiso legal derivado de una ley interna, es una obligación resultado de aquellas contempladas en el artículo primero constitucional y en los tratados internacionales que obligan a las autoridades de la capital a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las víctimas. Razón por la cual es indispensable que se considere que el plazo que la ley establece para nombrar al titular de la CAV se encuentra próximo a fenecer, y que el periodo legislativo ordinario concluirá el 30 de abril, sin que hasta hoy se haya realizado dicho nombramiento. Se corre el riesgo de que esa demora legislativa impacte en forma negativa las acciones positivas que se han dado en CDMX en torno a las víctimas, toda vez que nos encontramos en tiempos electorales complejos, ya que a partir del próximo periodo legislativo la Asamblea Legislativa contará con una nueva conformación. El apoyo a las víctimas debe verse reflejado en actos concretos, y no sólo en el blanco y negro de la ley. Estamos ante la gran oportunidad de contar con un sistema de atención. No demoremos más el cumplimiento de esta obligación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CIDH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Ayotzinapa : complicidades intocables
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Se cumplen 43 meses y la búsqueda de justicia y verdad no se rinde ante los tiempos electorales. Por el contrario, de gran oportunidad sería escuchar propuestas para resolver este doloroso episodio, quizás el que más claramente desnudó la crisis de derechos humanos que vivimos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 21 de abril de 2018 Miguel Concha Hace unos días, el diario Reforma publicó que la Procuraduría General de la República (PGR) recibió información de las autoridades judiciales estadunidenses, relativa al caso Ayotzinapa. En el marco de una investigación por el trasiego de drogas desde el estado de Guerrero hacia Estados Unidos, concretamente se trata de mensajes interceptados que sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre se habrían intercambiado presuntos mandos de la organización Guerreros Unidos. Basándose en que el presunto motivo del ataque habría sido que los perpetradores confundieron a los estudiantes con integrantes de un cártel rival, a partir de la publicación de la nota, se ha pretendido hacer una interpretación forzada en el sentido de que la información confirmaría la verdad histórica. Sin embargo, se dejan de lado aspectos fundamentales que desmienten la teoría oficial y han sido reiteradamente señalados como decisivos por las familias de los 43 muchachos y sus representantes legales. A saber: la implicación de funcionarios de distintos niveles de gobierno, y el hecho de que los estudiantes estarían vivos para cuando la imposible teoría oficial los daba por incinerados junto con sus pertenencias. En efecto, los mensajes intercambiados entre los presuntos criminales que se encontraban en Iguala y en Chicago, hacen referencia explícita a la relación del referido cártel con autoridades de Guerrero, y mencionan a otros posibles implicados, cuyos sobrenombres o apellidos apuntarían hacia integrantes del Ejército. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI), y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han dado sólidos elementos para que la PGR pueda actuar en este sentido, incluyendo a elementos federales que, aunque están identificados con nombre, no están rindiendo cuentas ante la justicia. Aquí es necesario subrayar que el GIEI –quien desde hace tres años mencionó la necesidad de investigar el trasiego trasnacional de droga, y pedir la cooperación de las agencias estadunidenses– ya había señalado que un operativo de la magnitud del desplegado, para detener y desaparecer a los muchachos, necesitaba de una amplia coordinación y dominio del territorio, imposible de realizar sin la participación por acción u omisión de distintas autoridades presentes en la zona. En forma contraria a los intentos discursivos por delimitarla a ese ámbito, la información revelada confirma que esta complicidad va mucho más allá del nivel municipal. Esto apuntala la urgencia de realizar las diligencias necesarias para agotar esta línea de investigación, incluyendo a diversas personas que hasta la fecha permanecen sin comparecer ante la justicia. Además de la información que de seguirse esta línea puede aportarse al caso en términos de justicia y verdad, llevar a cabo una profunda investigación sobre estos indicios podría dar luz sobre el modo como hoy se configuran las complejas redes de complicidad entre autoridades constituidas y el crimen organizado, no sólo en Guerrero, sino en grandes extensiones de la vida nacional, las cuales son un pilar principal de la inédita ola de violencia que se padece en México. Sólo a quienes se benefician con estas redes les conviene que su manera de operar no salga a la luz. Es lamentable que las autoridades hayan tardado tres años en concretar una colaboración que puede proveer de información sumamente útil. Entre estos datos objetivos se cuenta con uno al que hay que prestar atención: que los presuntos dirigentes del cártel aún deliberaban qué hacer con los normalistas, al tiempo que la teoría oficial sostiene que ya habían sido incinerados. Como los peritajes científicos presentados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el GIEI, como la información de telefonía obtenida anteriormente –que comprueba la actividad de los teléfonos de los muchachos horas después de su supuesta incineración–, y los indicios de que fueron desaparecidos en dos rutas y no en un grupo único, como señala la teoría del caso de la PGR, este extremo viene a reforzar el cúmulo de pruebas que desestiman la verdad histórica. Los mensajes dejan ver también que los estudiantes no estaban infiltrados por un cártel, como en distintos momentos se ha aventurado desde la parte oficial, y que los integrantes de Guerreros Unidos lo supieron muy pronto. Este cúmulo de información que obraba en poder de las autoridades estadunidenses desde 2014, más otras diligencias que todavía no se agotan, confirman no sólo que el GIEI tenía razón en pedir que se investigaran exhaustivamente estos indicios que la PGR no había querido ver. Nos recuerdan también que han pasado ya 43 meses, y que las autoridades responsables no han logrado esclarecer con pruebas firmes lo ocurrido aquella noche, ni el destino de los normalistas. El informe reciente de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que documenta el uso de la tortura como método de investigación, y en el que se sustenta, en buena medida, la teoría oficial del caso, representa un golpe más a la ya de por sí desacreditada verdad histórica, que tanto dolor ha causado a las familias. La enésima vuelta a la arena pública en estos días del caso Ayotzinapa, nos recuerda que la búsqueda de justicia y verdad no se rinde ante los tiempos electorales. Por el contrario, de mostrar sensibilidad será una oportunidad para que los candidatos a la Presidencia de la República ofrezcan en el debate de mañana propuestas para resolver este doloroso episodio, quizás el que más claramente desnudó la crisis de derechos humanos que vivimos. El gobierno actual tampoco puede irse dejando esta herida abierta en la convivencia nacional. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CIDH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Ley de publicidad oficial
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El PRI, en alianza con el PVEM y el Panal impusieron una Ley de Comunicación Social mediocre, creada para legitimar malas prácticas y que fortalece la inequidad de la contienda electoral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 14 de abril de 2018 Miguel Concha El 15 de noviembre de 2017,la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión emitir la ley reglamentaria sobre publicidad oficial. El 7 de febrero de 2018, el colectivo #MediosLibres entregó en las instalaciones del Senado un decálogo que contiene las bases mínimas para regularla, haciendo además un llamado para iniciar el proceso de creación de la ley, y generando una ruta crítica y una agenda en la que se incluyeran voces de distintos sectores que participaran en las discusiones del proceso legislativo. Organismos constitucionalmente autónomos, como el INE, el INAI y la CNDH urgieron también a iniciar el proceso legislativo de una manera abierta, plural e incluyente. Hasta el 13 de marzo fueron presentadas en la Cámara de Senadores y en la de Diputados más de 20 iniciativas al respecto. Ese día, sin embargo, el PRI presentó la suya y esta última sería la que se dictaminaría dentro de la Comisión de Gobernación, el 3 de abril. En dicha sesión, lo que se pudo apreciar fue un acto de simulación legislativa, en la que a toda costa y sin argumentos razonables aprobaron la ley con 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención. El PRI, en alianza con el PVEM y el Panal impusieron una agenda legislativa mediante una ley que no cumple con los estándares mínimos que debe tener la publicidad oficial, legitima las malas prácticas y no garantiza el ejercicio de la libertad de expresión ni el derecho a la información. Para no caer en desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo se buscó cumplir con un formalismo, retomando lineamientos ineficientes que existen desde hace tres sexenios a nivel federal. Entre los puntos críticos del predictamen se cuentan: 1. uso proselitista de la publicidad oficial. La Constitución prevé que la propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y que en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. La CIDH, por conducto de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha señalado que en una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado, y que la información derivada de la publicidad oficial debe ser de interés público, no utilizarse con fines discriminatorios, para violar derechos humanos, ni con fines electorales o partidarios. Sin embargo, el predictamen (artículo 4, f.I) considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de logros de las autoridades, abriendo con ello la posibilidad de que se siga utilizando como herramienta para promover figuras públicas o partidos políticos, generando así su sobreexposición a la sociedad e impactando directamente en la equidad de la contienda electoral. En el mismo sentido está la excepción que se prevé en el artículo 14 respecto de la publicidad de los informes anuales de labores, los cuales son actualmente utilizados para la promoción personalizada de funcionarios y no para rendir cuentas a la ciudadanía. Se prevé también la posibilidad de difundir mensajes o campañas extraordinarias a las originalmente planteadas en el Programa Anual de Comunicación Social, sin señalar claramente el tipo de mensajes que podrían significar, violando así el principio de planeación adecuada del gasto. 2. Ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos. La sentencia de la SCJN señala la falta de criterios claros y objetivos de asignación de la publicidad oficial. La ley no prevé nada al respecto. Simplemente remite a la creación de lineamientos por parte de la Secretaría de Gobernación, lo cual no cambia la asignación discrecional y excesiva de este concepto de gasto, y representa una violación del artículo 7 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por esto #Medioslibres ha insistido en la necesidad de que los recursos publicitarios se asignen según criterios que evalúen factores como el perfil del público al que van destinados, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad. La idoneidad, el público objetivo –con acciones afirmativas hacía contenidos asociados a grupos vulnerables– y la no discriminación son criterios que también hay que tener en cuenta. 3. Centraliza más el control del gasto en publicidad oficial. El principio 7 de la Relatoría Especial señala la necesidad de contar con un control externo de la asignación de pauta. Salvo las referencias al rol de la Auditoría Superior de la Federación (o contraloría estatal equivalente), se omite en el predictamen la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial. 4. La ausencia de fomento al pluralismo de medios y trato diversificado a los medios de uso social, comunitarios e indígenas, así como de transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y raiting. No obstante estas lagunas, el 10 de abril se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados la Ley General de Comunicación Social, con 205 votos a favor y 168 en contra. Llamó la atención la urgencia que tenían de dar por cumplida en términos mediocres la sentencia de la primera sala de la Corte, sobre todo cuando su trabajo legislativo inició a escasas semanas del plazo establecido en la sentencia (30 de abril). Se trata de una ley impuesta, creada para legitimar las malas prácticas e institucionalizarlas. El Senado tiene la oportunidad de generar un contrapeso ante el dictamen emanado de la Cámara de Diputados. Lo malo es que el PRI tiene mayoría en ambas cámaras. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Red por la democracia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En estas elecciones 2018 el tema de la observación electoral se convierte en un ejercicio cívico y político que ayuda a prevenir un posible fraude y hacer que se respete la decisión popular que surja de las urnas. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 07 de abril de 2018 Miguel Concha Este 2018 México acude a la cita sexenal de las elecciones, cuando como país enfrentamos un clima de tremenda inestabilidad política y de brumas publicitarias que nos impiden conocer y ver con más certeza lo que nos deparan los próximos meses. Las campañas electorales arrancaron el pasado fin de semana, y hasta ahora la vorágine de información comienza a fluir de tal forma que, con el paso de los días, existen ya elementos y contenido sustancial. Se sabe ya incluso de algunas irregularidades que permiten observar la forma y comportamiento en que se van y podrían seguirse desarrollando estas elecciones. En medio de esta coyuntura, también contamos sin duda con incertidumbres acerca de cómo las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de derechos políticos, como el voto, querrán o no garantizar y aferrase a principios rectores constitucionales, como la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Es decir, una actuación sin filias ni fobias, oportuna, transparente y contundente, como corresponde a órganos de Estado –no de gobierno, que son– y un proceso electoral legítimo que nos saque al paso este año, sin tener que lamentar violencia y violaciones a derechos humanos. Como algunas y algunos han sentenciado con mucha razón, lo contrario comprometería aún más en los próximos comicios del primero de julio la armonía y desarrollo de una sociedad que debiera resolver este acontecimiento por la vía más justa y democrática. La urgencia de actuar como sociedad civil en estos tiempos electorales se impone por la poca credibilidad y legitimidad que se ha observado en los años recientes en las elecciones sexenales e intermedias, y en varios estados de la República. Esto ha generado en la sociedad un sentimiento de desconfianza frente a las instituciones creadas por el Estado para garantizar procesos electorales que fortalezcan la democracia real y efectiva en México. En este contexto, el pasado 21 de marzo se dio a conocer la creación de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD), conformada por personas académicas de distintas universidades y organizaciones civiles nacionales e internacionales que, conforme a su declaratoria inicial, tiene entre sus objetivos el ser un espacio abierto y plural de articulación, divulgación y acción en favor de la democracia en México. La RUCD pretende convocar a todas y todos los mexicanos, y a las y los ciudadanos del mundo solidarios con el pueblo mexicano a que se registren desde ahora como observadores electorales y articulen sus esfuerzos con esta nueva iniciativa. Esta articulación y esfuerzo plural, al que se invita a adherirse a más personas universitarias y ciudadanas, cuenta con el acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que mediante su Programa Universitario Diálogos por la Democracia ha sido fundamental para su constitución. Es importante decir que en estas elecciones 2018 el tema de la observación electoral se convierte en un ejercicio cívico y político que ayuda por un lado a prevenir un posible fraude. Con ello estaremos también generando un efecto inhibitorio y disuasivo que busque evitar que de manera desviada se use el sistema electoral y se utilice para proteger los intereses de unos cuantos, en lugar de que se respete la decisión popular que directamente surja de las urnas. Asimismo, la participación y observación en el contexto de las elecciones es un importante proceso pedagógico en el que aprendemos cómo funciona el sistema electoral y cómo se hacen ejercicios de derechos humanos –en este caso políticos– al tiempo que la sociedad se apropia de una vía para consolidar la democracia. Es decir, con la participación en las elecciones se ciudadaniza también el sistema electoral, y, en el caso de que se respete la ley –como debiera ser– podría incluso legitimarse entre la población, de tal forma que se convierta en una verdadera opción para contar con una sociedad más justa y digna. Con este esfuerzo ciudadano se pretende movilizar a una amplia red de personas observadoras electorales ciudadanas, nacionales e internacionales, para cubrir la mayor cantidad posible de casillas tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio. Por otro lado, se pretende también denunciar de manera sistemática y rigurosa ante instituciones nacionales e internacionales, y medios de comunicación, toda violación a derechos que se comentan durante el proceso, así como dialogar y ayudar en la articulación entre las diferentes iniciativas ciudadanas existentes, o en proceso de construcción, en favor de la celebración de elecciones libres, limpias y dignas en México. La Red está integrada hasta ahora por más de 170 personas firmantes de 77 diferentes universidades y 12 organizaciones de la sociedad civil provenientes ambas de 13 países en Europa y las Américas. En ella se comparte la preocupación por el estado precario de la democracia mexicana y la crisis de credibilidad en la que se encuentran las instituciones electorales. Mediante un comunicado que se ha ya publicado en seis lenguas la articulación señala claramente que las irregularidades y la poca legitimidad de determinados procesos electorales en la historia de México, han evidenciado que en el país existen muchos actores que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático. Queda sumarnos a esta Red y a otros esfuerzos ciudadanos que ahora impulsan importantes procesos de incidencia, observación y participación en los próximos comicios. Para la situación que enfrenta el país, no es poco continuar organizándonos en esta etapa electoral y defender nuestros derechos. Para mayores informes, dirigirse a Valentina Melgar Bermúdez en el siguiente correo: democracia2018mx@gmail.com Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Corrupción y derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La CIDH insiste en que la lucha contra la corrupción está firmemente «ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos» y por lo mismo es urgente atender mecanismos efectivos para erradicarla. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 31 de marzo de 2018 Miguel Concha Entre el 13 y 14 de abril tendrá lugar en Lima, Perú, con el tema de La gobernabilidad democrática frente a la corrupción, la VIII Cumbre de las Américas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó con esa oportunidad a comienzos de este mes una resolución titulada Corrupción y Derechos Humanos. En ella recuerda que el año pasado formuló una resolución sobre los derechos humanos y la impunidad, en la que afirmó que la lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y que por lo mismo el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial, y garantizar los derechos humanos. Dada la importancia del tema, y más allá del uso imperialista y faccioso que en efecto puede hacerse de la próxima cumbre contra gobiernos que en la práctica defienden la democracia representativa y participativa o directa en América Latina, me parece interesante dar a conocer esta nueva resolución de la CIDH, que por primera vez proporciona una aproximación integral al tema. En el diagnóstico sobre sus efectos, la CIDH establece que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad, debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el estado de derecho y exacerba la desigualdad. Dice también que se caracteriza por el abuso o desviación del poder, público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y debilita las instituciones de control, administrativas y judiciales. Reconoce que la corrupción tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos de grupos históricamente discriminados, y que frecuentemente, como consecuencia de investigar, informar y denunciar actos de corrupción, funcionarios públicos, operadores de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, jóvenes y líderes de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes son víctimas de ataques contra su vida, su integridad, libertad y seguridad personal. Para la CIDH, la corrupción se genera mediante esquemas diversos, muchos de los cuales conocemos bien en México. Entre ellos, la adopción irregular de decisiones gubernamentales, como contratos u obras públicas, nombramientos o ascensos, y leyes o exoneraciones tributarias que afectan los principios de igualdad, transparencia, debido proceso e imparcialidad. Además de la valoración de contratos u obras públicas de manera desviada, para favorecer el interés privado sobre el público, afectando con ello los recursos con que cuenta el Estado, y el requerir a los funcionarios públicos prebendas indebidas a cambio de servicios públicos (moches). Influir en los procesos electorales mediante el financiamiento ilícito de campañas y candidaturas es otro de los esquemas de corrupción estructural que captura a las entidades estatales. Con el propósito de enfrentar este cáncer de nuestra vida pública y privada, la CIDH propone cuatro ejes fundamentales, haciendo en cada uno de ellos una serie de pertinentes recomendaciones : 1. Independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia, en el que recomienda entre otras cosas el establecimiento normativo de procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia con criterios objetivos de selección o designación, así como requisitos y procedimientos previsibles para toda persona que desee participar, y mecanismos de transparencia en esos procesos, incluyendo a las altas cortes. 2.Transparencia, acceso a la información y libertad de expresión, en el que recomienda “establecer obligaciones de aquella información necesaria para la efectiva rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, en particular en relación con, a) sistemas de convocatoria, contratación, empleo y salarios de los funcionarios públicos; b) mecanismos para prevenir conflictos de interés; c) contratación pública y gestión del presupuesto e inversiones de infraestructura; d) actividades de lobby; e) identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado, y f) financiamiento de las campañas electorales y funcionamiento de los partidos políticos. 3. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en el que recomienda adoptar medidas necesarias para poner en marcha o fortalecer sistemas de supervisión y fiscalización de actividades de extracción, explotación o desarrollo de manera coherente con las obligaciones de derechos humanos, orientadas a evitar la vulneración de los derechos de la población en el área de influencia en que estas actividades tienen lugar. Es indispensable que dichas medidas contemplen para todas las personas, grupos y colectividades que se vean potencialmente afectados por un proyecto o actividad extractiva o de desarrollo mecanismos de participación activa en los procesos de toma de decisiones. Mecanismos de evaluación y control que por lo demás tienen que ser transparentes e independientes de las estructuras de control de las empresas y cualquier tipo de influencia. Adoptar además medidas para prevenir, investigar y sancionar agresiones y hostigamientos contra dirigentes u otras personas involucradas en procesos de defensa de derechos de las comunidades, población o pueblos indígenas y tribales afectados por actividades de extracción, explotación o desarrollo, y de personas que denuncian actos de corrupción en esos proyectos, es otra de las propuestas que hace la CIDH. Y, 4. Cooperación Internacional, mediante la creación de unidades de investigación multilaterales y medidas regionales de reparación para las víctimas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Los DESC en México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Estado mexicano olvidó reconocer ante Naciones Unidas que ahora es evidente el impacto negativo que tienen, o potencialmente tendrán, las reformas estructurales. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 24 de marzo de 2018 Miguel Concha Los pasados días 12 y 13 de marzo sustentó México ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC) su V y VI informe conjunto de cumplimento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Aunque hay que aclarar que este ejercicio se da después de más de 11 años que el Estado mexicano enviara su último informe, y ello a pesar de estar obligado a informar cada cinco años a dicho comité sobre el estado que guardan los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). En un primer momento esta revisión estaba programada para el 28 y 29 de septiembre de 2017, pero debido a los sismos de septiembre pasado se pospuso para marzo de este año. El Comité DESC, compuesto por 18 personas expertas independientes, examina los avances y desafíos que tienen los Estados parte del PIDESC respecto a los derechos establecidos en el mismo. Y para tal examen diferentes organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, redactaron informes alternos al presentado por el Estado mexicano, en los que dieron cuenta sobre la situación de los DESC en el país, y sobre el lento y limitado avance en atender recomendaciones hechas por este mismo comité desde 1999. En particular, más de 83 organizaciones mexicanas se articularon para la redacción del Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017. Es importante señalar que ante el cambio de fechas se entregó también un addendum, con el fin de actualizar al comité sobre los derechos en el periodo posterior a los sismos, los presupuestos públicos para 2018, la legislación y el desplazamiento forzado. En estos documentos se exponen preocupaciones de la sociedad civil, y se solicita al comité considerar atentamente sus observaciones y recomendaciones. Se trata, pues, de un informe que diagnostica la situación de los DESC desde la mirada de las organizaciones sociales que acompañan la defensa de estos derechos entre los movimientos sociales, las comunidades y las colectividades de personas afectadas. Sus recomendaciones están relacionadas con la poca garantía de los DESC, y con que muchos de éstos siguen siendo considerados por el Estado como servicios a los que sólo tiene acceso una pequeña parte de la población, afectando sobre todo a los grupos más vulnerabilizados. Señalan además que el Estado mexicano se niega a ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC, y, lo que es peor, que en el último sexenio se han llevado a cabo reformas legislativas contrarias al disfrute y garantía de los DESC. Frente a este proceso, las instancias gubernamentales prepararon en paralelo el informe del Estado, el cual presentaron a las organizaciones de la sociedad en julio de 2017, cuando ya había sido enviado al comité. Con lo cual obviaron experiencias de organizaciones sociales que conocieron sobre su respuesta ante el examen en Naciones Unidas. Ello no obstante, la cancillería mexicana declaró que su elaboración fue un proceso en el que existió el diálogo entre ambos actores, y que su informe era resultado de tal interacción. Durante el 63 periodo de sesiones del Comité DESC, la delegación mexicana destacó que desde 2006 se han adoptado y emprendido reformas estructurales que buscan fortalecer los derechos humanos y asegurar el desarrollo económico, cultural y social. Pero contrariamente a la postura de las organizaciones sociales, olvidó reconocer que ahora es evidente el impacto negativo que tienen, o potencialmente tendrán, esas reformas. Por ejemplo, la reforma energética que sólo favorece intereses empresariales e incentiva proyectos a grande escala que implican daños ambientales y sociales irreversibles. El comité por su parte mostró preocupación por la corrupción y la impunidad, y cuestionó acerca de la alta tasa de desempleo y su relación con la economía informal. Llamó también la atención sobre los niveles de pobreza, las asimetrías regionales, y la grave situación de violaciones a los derechos humanos de periodistas y defensores. Alertó además sobre la violencia por razones de género y el necesario enfoque diferenciado en el trato a diferentes grupos. Durante el examen, la delegación mexicana centró sus respuestas en las acciones llevadas a cabo por la administración actual, sin tomar en cuenta que el periodo por el cual se le examinaba era mayor a éste, y que su responsabilidad abarcaba la de las administraciones pasadas que también conocieron sobre la situación de los DESC en México. Como es costumbre, el gobierno mexicano reafirmó sus compromisos con el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de esta evaluación. Es necesario sin embargo recordar que hasta 2014 el Estado mexicano había recibido mil 885 recomendaciones de diferentes mecanismos y relatores en materia de derechos humanos, de las cuales no existe un proceso de rendición de cuentas, ni un seguimiento sobre su atención y cumplimiento afectivo. Por ello es posible cuestionar si realmente estas nuevas recomendaciones se atenderán, implementarán y cumplirán. El comité emitirá sus recomendaciones sobre México hacia el 29 de marzo próximo. Al final del día, estos mecanismos internacionales son propicios para volver a poner la atención del mundo en México. Pero lo más importante es que los temas y derechos urgentes deben resolverse lo antes posible, atendiendo, sí, al escrutinio internacional, pero sobre todo haciendo caso a las exigencias de la población que habita o transita por territorio mexicano. Y por ello en la coyuntura nacional es tarea de la sociedad exigir que el Estado responda de manera integral, efectiva y conforme a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Toño Hernández [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Audiencia en la CIDH
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las y los comisionados externaron su preocupación por la LSI, resaltando que la formación y capacitación castrense tiene objetivos y finalidades distintos a la preparación que reciben los policías. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 17 de marzo de 2018 Miguel Concha En el marco del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo, diversos representantes del Estado mexicano y de la sociedad civil solicitaron audiencia para plantear diversas peticiones en relación con la Ley de Seguridad Interior (LSI). Como he expresado en este espacio, la LSI es, por medio de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, la ley más impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en toda la historia. Además de los cerca de 700 amparos promovidos, actualmente son cuatro las demandas de acción de inconstitucionalidad y nueve las controversias constitucionales admitidas. Para que se analice la compatibilidad de su texto y de la política pública fallida que representa con los estándares internacionales –perpetuando la actividad militar en tareas de autoridades civiles–, en esa ocasión se llevó ante las instancias regionales en materia de derechos humanos la LSI. Y así, para expresar su rechazo acudió ante la CIDH un conjunto de académicos y representantes del colectivo Seguridad sin Guerra –integrado por más de 120 organizaciones de la sociedad civil que pugnan por un modelo de seguridad de corte ciudadano–, acompañado por la Federación Nacional de Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos, representada por la Ombusperson de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez Hernández, quien a su vez compartió un mensaje del Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En la audiencia, los representantes de la sociedad civil externaron sus peticiones, consistentes entre otras cosas en someter ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una Opinión Consultiva sobre la compatibilidad de la LSI con los estándares internacionales de derechos humanos. Exigieron que se reiteraran al Estado mexicano las recomendaciones realizadas por el organismo en visitas previas, en particular sobre el desarrollo de un plan gradual de retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y el fortalecimiento de la capacitación de la policía civil, así como remitir a la SCJN el acervo de las recomendaciones de la propia CIDH sobre la materia. En un mensaje contundente, el presidente de la CNDH compartió con los representantes de la sociedad civil, del Estado, y con los integrantes de la CIDH, reflexiones en torno al proceso de formulación, contenido, impugnación y prospectiva de la LSI, desde una perspectiva de derechos humanos. El Ombudsperson nacional hizo patente que desde el inicio del proceso legislativo de esa ley, la CNDH, en consonancia con académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales, señaló su preocupación porque su contenido implica múltiples riesgos de que se vulneren derechos y libertades básicos y porque afecta el diseño y equilibrio entre la Federación y los estados, y entre las instituciones, órganos y poderes del Estado establecidos en la Constitución. Recordó que de manera reiterada, la CNDH exhortó a las instancias involucradas en la emisión de la LSI a que se diera paso a una reflexión amplia e informada sobre los temas de seguridad y justicia dentro de ese proceso legislativo y se iniciara la revisión urgente de los problemas que nuestro país enfrenta en este tema, y lamentó que se dejara de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento. Y así, tras establecer de manera pública las objeciones para la promulgación de la ley y solicitar infructuosamente su amplia discusión, el pasado 19 de enero, la CNDH apeló a su último recurso y, en uso de sus facultades, promovió ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad, de la cual hemos hablado en este mismo espacio. Como he hecho patente, el contenido de la demanda de acción de inconstitucionalidad de la comisión fue producto de un trabajo con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en el asunto y representantes de organismos vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos. El presidente de la CNDH indicó que la impugnación realizada no pretende atacar a las instituciones o debilitar al Estado democrático de derecho en México. Por el contrario, por respeto a las instituciones y a las leyes se plantearon ante la instancia jurisdiccional correspondiente los problemas que la LSI presenta para preservar la integridad de nuestro sistema constitucional y convencional. El Comisionado Interamericano, Luis Ernesto Vargas Silva, compartió plenamente lo expresado por el Ombusperson nacional y reconoció el ejercicio de sus funciones como defensor del pueblo, y manifestó su posición en el sentido de impulsar ante la Corte Interamericana la opinión consultiva, con el fin de lograr la protección de los derechos humanos. La comisionada Flavia Piovesan se manifestó también a favor de una opinión consultiva y recordó que antes de la publicación de la LSI, la CIDH externó su preocupación, ya que si bien por un lado es necesario fortalecer el derecho a la seguridad, la ley compromete, por otro, derechos y libertades fundamentales, pues la formación y capacitación castrense tiene objetivos y finalidades distintos a la preparación que reciben los policías. Resulta claro que aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir la seguridad que nuestra sociedad necesita y exige. Una seguridad sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero para ello es fundamental contar con la participación y cooperación entre autoridades nacionales e internacionales y, sobre todo, con la sociedad civil. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CIDH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
