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Contra abusos moleculares masivos

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 13 de enero de 2018 Miguel Concha En estos tiempos, en los que se normalizan diatribas, se formalizan alianzas inexplicables, se difunden revelaciones de corrupción, se ejecutan actos represivos, y se propagan promesas de esperanza y propuestas de cambio, debemos, ante la incertidumbre que circunda a tiros y troyanos, mantener la defensa de los derechos humanos. Si bien unos como artífices, y otros como opositores, lo cierto es que ni propios ni extraños aciertan a superar el conservadurismo que supone pretender resolver la problemática nacional desde una sola silla. Proteger por ello en resistencia los derechos fundamentales desde las vías social y jurídica, y por medio de las innovadoras redes sociales, representa un contrapeso liberal imprescindible. Para ejemplificar la anterior afirmación, podemos citar el caso de los juicios de acción colectiva. El objetivo de este mecanismo legal consiste en abrir una vía para que los ciudadanos puedan enfrentar los abusos masivos que pueden perpetrar corporaciones privadas o públicas, sin que los ciudadanos dependan de la voluntad política de los legisladores, partidos o gobierno alguno. Esta independencia civil permite evitar convertirse en rehén o moneda de cambio de intereses electorales legítimos o bastardos, de politiquerías o decisiones de Estado. Un grupo de treinta ciudadanos afectados o una organización civil registrada, pueden representar a un grupo social, incluso a toda la población nacional, y hasta a las generaciones futuras, sin necesidad de nombramiento alguno. La representación permite confrontar a un sector del gobierno o de la industria trasnacional contra alguna política comercial y/o pública que tenga aplicación en una comunidad o en todo el país. A pesar de tener un origen puramente civil o ciudadano, esta representación colectiva tiene el carácter de interés público que la ley le confiere. Eso sí, debe actuarse con diligencia, pericia y buena fe, sujetos además a la supervisión de los jueces. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en la sentencia 28/2013 que las acciones colectivas tienen como objetivos garantizar el acceso a la justicia, proporcionar economía procesal y generar en la sociedad un efecto disuasivo ante abusos masivos. Explica que existen reclamos que individualmente apenas podrían ser llevados a juicio por su bajo valor económico, y porque las personas afectadas pueden no tener los medios necesarios para hacer valer sus derechos en juicio. Cuantía que hace incosteable un litigio individual. Por ello los ministros de la SCJN definieron que los juicios colectivos permiten enfrentar de mejor forma el desproporcionado poder económico de los grandes consorcios comerciales, y desincentivar prácticas masivas ilícitas que estos agentes económicos realicen, ya que si éstas son combatidas colectivamente, la reclamación puede ser mayor al beneficio obtenido ilícitamente. De esta manera las acciones colectivas proporcionan eficiencia al sistema jurídico, puesto que múltiples juicios son sustituidos por uno solo. En otras palabras, cualquier agente económico, incluyendo a las entidades públicas que por algún beneficio ilícito se aprovechen de su desproporcionado poderío, puede ser juzgado en los tribunales por el simple hecho de que le demanden treinta personas. Y como es obvio, esta vía no está sujeta a la voluntad o incluso a omisiones de buena fe, de actores políticos. Por el contrario, litigar un juicio colectivo significa una responsabilidad legal con carácter de interés público. En nuestro caso, un grupo de 53 científicos, campesinos, defensores de derechos humanos, consumidores y abogados, así como una veintena de organizaciones de la sociedad civil, decidimos en 2013 defender las reservas genéticas de los maíces nativos y sus parientes silvestres –únicos en el mundo–, frente al poderío de toda la industria trasnacional y el gobierno federal, que pretenden sembrar maíz genéticamente modificado. Acción que de forma irreversible alterará molecularmente tales reservas. Podemos afirmar que la intención de liberar maíz transgénico en millones de hectáreas equivale a un abuso masivo de carácter molecular, porque altera el patrimonio biocultural heredado por miles de años, y porque al ser introducido de forma permanente en su descendencia, utilizando una tecnología que rebasa las barreras naturales de reproducción o recombinación de los seres vivos, impide el acceso de todos los mexicanos, e incluso del mundo, a las reservas genéticas del cultivo más importante del planeta. La desproporción entre las partes es manifiesta. La posibilidad de que un solo individuo que se represente a sí mismo haga frente al interés particular trasnacional, con la complicidad del gobierno federal es nula. Por ello un colectivo compacto, que por ley representa a la población nacional y a las generaciones futuras, tiene la posibilidad de exigir a los tribunales que equilibren las fuerzas en el juicio colectivo. Así las cosas, respetuosamente, y con base en la ley, exigimos a la SCJN que, con base en los principios que ella misma estableció, estudie la pretensión de la industria trasnacional –encabezada en esta reclamación por Dupont–, de declarar inconstitucional la fracción IV del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que regula un tipo de medidas cautelares, con la clara intención de conculcar el derecho humano colectivo de la población mexicana y de las generaciones futuras de conservar, utilizar e intercambiar libremente las reservas genéticas de los maíces nativos y sus parientes silvestres. Caso que ordenó remitirle el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por considerarse incompetente para estudiar la constitucionalidad de una ley federal. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada:CEJMéxico [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Pendientes en derechos humanos

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 06 de enero de 2018 Miguel Concha Terminamos un año lleno de contrastes, pues mientras quienes detentan el poder se limitan a administrar los conflictos, y se esmeran en reprimir legal o fácticamente a las personas y comunidades, los movimientos, organizaciones sociales y víctimas se centran en resolver de fondo lo que les aqueja día con día. Para nuestra desgracia, y en relación con la violencia en nuestro territorio y las violaciones a derechos humanos, el año pasado no tuvo un clima distinto al que hemos experimentado en los años recientes. De acuerdo con informaciones oficiales, 2017 fue en 20 años el más violento para México. En promedio 80 muertes al día, a lo que habría que añadir que a escala nacional 66.1 por ciento de las mujeres ha sufrido al menos a lo largo de su vida un incidente de violencia emocional, física o sexual. Los feminicidios fueron además más visibles, pues se develó descarnadamente que el sistema de justicia forma parte de la estructura feminicida, ya que no opera por ejemplo con la más mínima idea de la perspectiva de género en las investigaciones de muertes violentas o agresiones contra las mujeres. Para agravar esta situación, el Estado abona con su acción gubernamental, pues incluso con la evidencia que ha dejado la fallida estrategia de seguridad implementada en la reciente década, impone la legalización de la militarización, dejando entrever por desgracia un autoritarismo que subsume al Poder Legislativo. Para hacer frente a esta situación, me ocupo ahora de algunas de las asignaturas pendientes para México en esta materia. Con profunda preocupación vimos cómo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión dejó de lado la discusión y el debate propios de un gobierno democrático. Fue evidente la cerrazón a los cuestionamientos que vinieron desde las organizaciones sociales y víctimas, así como de un cúmulo de voces que advirtieron con argumentos sólidos y técnicos los riesgos de esta ley, tal y como informó el colectivo #SeguridadSinGuerra. Entre estas voces se cuentan las firmes críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los de los relatores especiales de la ONU, los rectores de renombradas universidades nacionales, y por lo menos las de más de 250 mil 500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación. En razón de lo anterior, se hace urgente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interponga cuanto antes su acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sería incluso necesario que las y los senadores se sumaran a estas acciones. Tendríamos así mayor certeza de que la SCJN debatirá en serio la inconstitucionalidad de dicha ley. Al inicio del año la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), junto con otras dos articulaciones de organizaciones, integrantes de la academia y miembros de la sociedad civil en general, han dicho que confirman que la crisis de seguridad y de derechos humanos en que se ha sumido el país, persiste, demostrando el desprecio de los derechos humanos por parte de los actores de poder en México. Quienes firman lo dicho no dudan que las acciones de estos actores del poder se enmarcan en un patrón dirigido a conculcar derechos y favorecer a algunos grupos con intereses muy particulares. Escenario que directamente afecta la defensa de los derechos humanos, sobre todo ahora que la evidencia refleja cómo aumentan año con año las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos. En este contexto, se hacen entonces urgentes la derogación de la Ley de Seguridad Interior, una mayor protección de defensoras y defensores de derechos humanos, así como la creación y consolidación de una Fiscalía General que garantice el derecho de acceso a la justicia, y efectivamente abone a la erradicación de la impunidad. Respecto a la necesidad de una #FiscalíaQueSirva, durante el periodo legislativo de este 2018, el Congreso de la Unión deberá abrir un amplio debate en torno al artículo 102 de la Constitución y la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con el propósito de tomar responsablemente en cuenta las propuestas que cientos de organizaciones de la sociedad civil han formulado para sentar las bases normativas de una fiscalía realmente autónoma, eficaz e independiente del poder político. Uno de los primeros pasos para revertir la crisis de graves violaciones a los derechos humanos desde el ámbito de la procuración de justicia, tendrá que ser efectivamente la conformación de una fiscalía general que cuente con las herramientas institucionales adecuadas para combatir eficazmente la impunidad y la corrupción en nuestro país. Además de establecer diversos mecanismos de control democrático, profesionalización del personal y rendición de cuentas del nuevo organismo, la propuesta ciudadana contempla también que el fiscal general de la República dure en el cargo seis años en lugar de nueve, como lo está impulsando el Poder Ejecutivo. La conformación de la fiscalía general representa una extraordinaria oportunidad para arribar a un verdadero estado de derecho y terminar con las habituales prácticas violatorias de derechos humanos en la procuración de justicia. Las articulaciones #SeguridadSinGuerra, #FiscalíaQueSirva, y la RedTDT, hacen un llamado conjunto a toda la sociedad civil a organizarse en torno a la progresividad de los derechos, insistiendo en que se deben respaldar las propuestas que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hace en relación con el combate a la corrupción, la impunidad y las constantes violaciones a derechos. De todo ello nos tendremos también que ocupar en este 2018. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Barbara Cabazos [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Aniversario del Centro Vitoria

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de diciembre de 2017 Miguel Concha En el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC se apuesta diariamente por la transformación de situaciones que representan un obstáculo para un desarrollo equitativo y sustentable, y vulneran estructuralmente los derechos de personas y pueblos. Se trata de una historia de trabajo colectivo de más de tres décadas –para este 2017, 33 años–, en los que se ha cimentado el compromiso por transformar esta realidad y trabajar contra toda forma de opresión. Por luchar junto a aquellas personas que han sido vulneradas históricamente, y por estar con las y los pobres de la tierra, aprendiendo de ellos y entendiendo cómo, al formar parte de las luchas de los demás, también nosotros luchamos de forma cotidiana por nuestra propia vida digna. En este modesto centro de derechos humanos (http://derechoshumanos.org.mx/) se entiende que el esfuerzo por esta transformación se puede realizar con diversas herramientas, como el uso crítico y alternativo del derecho y de los derechos humanos, así como de los mecanismos internacionales de protección en esta materia. También mediante el desarrollo de la investigación y el análisis para promover estos derechos, sin perder de vista el acompañamiento recíproco a movimientos sociales y víctimas de violaciones a derechos humanos. Sabemos que en estos procesos el aprendizaje mutuo y colectivo que surge es inherente e importante. Mediante estos acompañamientos a diversos procesos organizativos, se ha aprendido como organización social sobre la necesidad de una perspectiva intergeneracional e intersectorial que permee la labor de defensa de derechos. Trabajar para generar puentes entre las distintas generaciones, y entender que a las personas de cualquier edad, sexo, género, etnia, raza, clase, o cualquier otro aspecto, nos toca apostar por la construcción y ejercicio de relaciones horizontales, mediante espacios de encuentro y convivencia que faciliten el intercambio y construcción colectiva de saberes, estrategias y formas de hacer la defensa de los derechos humanos. Para esto último el centro convocó a un nuevo Consejo Consultivo, que tendrá como encomienda ayudar a quienes integran la organización a continuar dirigiéndose ética y políticamente conforme a las necesidades del contexto y las coyunturas en sus trabajos diarios, pero vislumbrando y haciendo una tarea liberadora de largo aliento. Se agradece por ello que para dicho consejo hayan accedido a dar su acompañamiento académicos de reconocidas instituciones en materia de derechos humanos, como Sandra Serrano y Carlos Fazio, y personalidades como Daniel Giménez Cacho, que también realiza la defensa comprometida de derechos desde su labor artística. Es de agradecerse igualmente la empatía y cercanía con este proyecto de la antropóloga Dolores González Saravia, experta en transformación de conflictos, y quien ha dedicado su trabajo a la construcción de la paz. Se agradece también la presencia de dos personas jóvenes comprometidas desde la academia y el trabajo de base en sus comunidades con sus contextos y realidades, Alicia Hopkins y Carlos Brito, y la participación significativa de Fray Gonzalo Ituarte, de la Provincia de los Dominicos en México, quien desde su acompañamiento pastoral a pueblos indígenas se hace presente con su experiencia y conocimientos en este consejo. Para este centro de derechos humanos también es por tanto muy importante la escucha, y este es uno de los propósitos en la creación de este consejo: escuchar sus reflexiones y aportes para alimentar el rumbo de una organización defensora de derechos humanos como el Centro Vitoria. De entre las experiencias del Centro Vitoria, y las de muchas organizaciones y colectividades hermanas, hemos aprendido la importancia y necesidad de trabajar mano a mano tejiendo redes solidarias de intercambio de saberes y experiencias. Cada año sabemos más de lo fundamental que es para la defensa de los derechos humanos el conjuntar nuestros esfuerzos y pronunciarnos junto a muchas y muchos otros contra las situaciones de injusticia. Por ello se hace importante la empatía, que puede entenderse como la participación afectiva y efectiva de una persona en una realidad, en ocasiones ajena a ella, para cambiarla. Todo ello se da en el momento en que reconocemos al otro o a la otra como parte de nuestras historias y vidas; cuando aprendemos que uno depende de otros y otros dependen de uno. Lo mismo sucede cuando tomamos partido y nos hacemos parte de los trabajos y esfuerzos por la dignidad, la justicia y la paz. Esta empatía se hace también presente cuando pugnamos por la esperanza y creemos fuertemente que una realidad distinta a la que vivimos es posible. Para el Centro Vitoria una realidad es justa si se construye en colectivo y hace camino mediante la incansable búsqueda de la verdad, con la memoria de todas aquellas y aquellos que nunca se irán, y seguirán siendo fuerza para continuar. Desde su trabajo como organización, el centro agradece la energía y confianza que a pesar de los obstáculos le han brindado en este caminar las personas y colectivos. Lo que lo impulsa y motiva a seguir trabajando con más personas. Desde inspiraciones, militancias y luchas distintas, con las que comparte y colabora solidariamente, el Centro Vitoria es en este sentido fruto de confluencias y aprendizajes diversos. Tal vez al final su modesto trabajo ayude a seguir creando espacios de encuentro, diálogo y escucha, en los que se compartan motivaciones y fundamentos para realizar cambios encaminados a la construcción de un mundo más justo y digno para todas y todos, acompañándonos y animándonos siempre a seguir luchando. Ojalá que en este 2017 se haya avanzado un poco más en esta tarea, y que así lo sigamos haciendo el año venidero y los que sean necesarios. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Centro Vitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Renegociando el TLCAN

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de diciembre de 2017 Miguel Concha La Comisión de Pastoral Social del Episcopado Católico Mexicano y los Comités de Justicia Nacional y Desarrollo Humano, y de Justicia y Paz Internacional, de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos dieron a conocer un documento en el que, con mirada de pastores, no de técnicos, establecen una serie de criterios que, más allá de sus impactos económicos, deben ser tomados en cuenta en la evaluación de cualquier tratado comercial. Entre éstos señalan la no profundización de las pobrezas y las medidas de compensación para quienes resultaran afectados; las condiciones que impulsan a la gente a dejar sus tierras de origen; la protección dentro y fuera del propio país de los derechos de los trabajadores; la salud de las comunidades y el cuidado del medio ambiente; la salvaguardia del patrimonio de las comunidades indígenas originarias, y el trato justo en los acuerdos comerciales de sus conocimientos tradicionales y recursos naturales; la necesidad de políticas compensatorias para promover los sistemas alimentarios de producción, distribución y consumo sociales en el sector agrícola de México, así como la protección a quienes viven en zonas rurales en Estados Unidos, y, por fin, la función social de los derechos de propiedad intelectual, en especial los relativos al acceso de los pobres a los medicamentos y alimentos, y el reconocimiento intelectual, económico y político de sus conocimientos comunitarios. Ante la incertidumbre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN), los obispos expresan de arranque y con sentido evangélico que, independientemente de si se llega o no a una renegociación exitosa, los tres gobiernos (México, Estados Unidos y Canadá) deben procurar decididamente una relación mutuamente respetuosa, justa y solidaria, especialmente para los más pobres de nuestros países. Y recuerdan que de conformidad con la enseñanza social del magisterio pontificio y episcopal católico, los criterios éticos tendrían que orientar las relaciones económicas internacionales. Vale decir, la persecución del bien común y el destino universal de los bienes de la tierra para uso de todas las personas; la equidad en las relaciones comerciales, y la atención a los derechos y necesidades de los más pobres en la cooperación internacional y en las políticas comerciales. En congruencia con esto, los obispos consideran acertadamente que los acuerdos comerciales trascienden el ámbito económico, y que por ello deben ser evaluados en relación con los efectos que produzcan sobre los pueblos, las regiones y el medio ambiente en los países afectados. “La iglesia –asientan– cree que el comercio debe beneficiar en primer lugar a las personas, además de los mercados y las economías”. Y con lucidez aseveran que es crucial que todos estos acuerdos, complejos y multifacéticos, deben surgir de un sólido marco jurídico que proteja el bien común y a los más vulnerables. Por ello insisten en que los tratados, como todas las políticas económicas y comerciales, deben ser diseñados y valorados desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual, familiar, comunitario, así como de las naciones y de los pueblos. De no ser así, y si no se adoptan políticas económicas y sociales compensatorias que mitiguen o contrarresten sus efectos negativos –advierten con razón–, se fomentarán, como ha sido el proceso hasta ahora, mayores desigualdades entre regiones y grupos, desplazamientos forzados, migraciones desordenadas, involuntarias e inseguras, y las diversas formas de violencia. Por ello también insisten en que los acuerdos deben fortalecer el respeto de los derechos humanos, principalmente los laborales, pero también todos los sociales, culturales y ambientales, así como la seguridad humana de las comunidades a ambos lados de la frontera. Y frente a las negociaciones cupulares y opacas que como hemos visto se acostumbran en este tipo de acuerdos, los obispos defienden el derecho a participar en sus negociaciones y evaluaciones de desempeño posteriores; los derechos de los pobres; los de los pueblos originarios; los de los trabajadores; las comunidades y el cuidado de la creación, y ofrecen su disponibilidad para compartir sus perspectivas y asegurar que las políticas se basen en esos criterios. Al hablar del criterio de los pobres, los obispos expresan que no se puede volver a abandonar a los pobres; y con relación a la migración afirman que es un fenómeno multinacional y multidimensional, y que como tal debe tratarse. Por lo que, entre otras cosas, ambos países tienen que atender las condiciones económicas de las familias pobres de México y de Estados Unidos, especialmente los pequeños productores agrícolas, los servicios de baja productividad, y el creciente desplazamiento impulsado por la inseguridad y el cambio. Y teniendo en cuenta la situación de los trabajadores en el modelo industrial maquilador prevaleciente en el país, es importante también subrayar lo que dicen acerca de que es fundamental prestar especial atención a condiciones de trabajo seguras, horas de trabajo razonables, tiempo libre, salarios familiares suficientes para la vida y otros beneficios sociales reconocidos, e impedir el trabajo infantil. Así como el enfoque crítico económico y político actual, que prioriza el cuidado del medio ambiente y la salud de las comunidades, cuando hablan del vínculo esencial entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo humano sostenible. Destaco igualmente su afirmación de que para la Iglesia los derechos de propiedad intelectual se ubican dentro del marco más amplio del bien común, y que estos derechos deben ser equilibrados con las necesidades de los pobres. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Steven Taylor [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

La Ley más absurda y peligrosa del año

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 05 de diciembre de 2017 Por: Carla Lovera (@loverovska) y Carlos A. Ventura Callejas (@carlosarveca) La dignidad en nuestras manos A puerta cerrada en la Cámara de Diputados, la Ley de Seguridad Interior (LSI) fue aprobada en lo general y en lo particular el pasado 30 de noviembre. De inmediato y sin mayor explicación, fue turnada al Senado para continuar con lo que parece ser el proceso para su inminente aplicación. A diferencia de lo que el jefe del Ejecutivo ha descrito como una ley de “imperiosa necesidad”, esta LSI no constituye un instrumento adecuado para enfrentar la crisis de violencia de nuestro país, pues formaliza un modelo de seguridad ineficaz en el combate al crimen organizado y con probadas consecuencias negativas para la población, las instituciones, y un Estado de derecho y garante de derechos humanos. En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no se contempla una estrategia para el regreso paulatino de las tropas a los cuarteles ni se plantean medidas efectivas para proporcionar justicia y seguridad a las personas que se encuentran en las zonas ocupadas por elementos castrenses, cosa deseable y propuesta por diversas organizaciones de derechos humanos. Por el contrario, disuade a las autoridades locales de fortalecer a sus policías y de implementar políticas públicas eficaces para un nuevo modelo de seguridad, así como para las efectiva prevención, investigación y sanción de delitos. La LSI utiliza definiciones que promueven el uso arbitrario del término seguridad interior; proporciona a las fuerzas federales –Ejército, Armada y Fuerza Aérea- facultades de policía, incluidas acciones preventivas, con o sin previa declaratoria de amenaza a la seguridad interior; no regula el uso de la fuerza ni adopta protocolos de actuación; no genera controles para verificar el respeto de los derechos humanos; permite a las Fuerzas Armadas (FFAA) actuar contra protestas sociales cuando éstas puedan considerarse como no pacíficas; determina genéricamente que toda la información sobre las medidas de seguridad interior será clasificada y dispone que no se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en la materia; y establece que las medidas excepcionales de seguridad interior no necesariamente tendrán que acotarse a un área geográfica específica, ni impone límites temporales precisos a las acciones de seguridad interior. Por si fuera poco, la LSI permite la intervención militar en áreas de inteligencia civil por cualquier medio lícito, sin la responsabilidad de hacer públicas esas investigaciones y determina que los organismos constitucionales autónomos (comisiones de derechos humanos, Instituto Nacional Electoral, universidades autónomas, etc.) deben proporcionar la información que les requieran las autoridades en contextos de afectaciones a la llamada seguridad interior. Esta errónea Ley que formaliza la militarización de la seguridad pública, afirmación que quienes gobiernan hoy dicen que es “absurda”, adscribe la coordinación de las acciones de seguridad interior a la Secretaría de Gobernación, pero asignando el mando a las FFAA en caso que éstas intervengan, aunque la Suprema Corte de Justicia de la NacióN (SCJN) ha establecido que los militares deben subordinarse a los civiles cuando colaboren en tareas diferentes a su mandato constitucional; asimismo omite que las FFAA ajusten su organización, medios y adiestramiento en apego a los derechos humanos para intervenir en esas labores. La LSI es uno de los retrocesos más graves, absurdos y peligrosos en el camino hacia la democracia y la vigencia de los derechos humanos dentro de la historia reciente de México y América Latina. Es imperativo señalar que sus iniciativas de seguridad interior fueron creadas para satisfacer la queja del Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, a la autoridad federal por el “desgaste” que sufrenlas FFAA; obviando el cúmulo de sentencias, relatorías, informes y observaciones que la CNDH, el Sistema ONU, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han emitido acreditando la participación y responsabilidad de las fuerzas armadas en múltiples, reiteradas y graves violaciones a derechos humanos. En un escenario global de militarización es necesario defender principios basados en la democracia y los derechos humanos, encaminados a la construcción de la paz y la recuperación de la seguridad ciudadana. Con la opacidad en su redacción y acelerada aprobación, la LSI tan sólo promueve la impunidad de delitos, más violaciones graves a derechos humanos y actos continuados de corrupción; al mismo tiempo que deja entrever más claramente el mensaje autoritario del partido en el poder, de los grupos parlamentarios aliados y de las autoridades que han asegurado su aprobación, paradójica y sospechosamente, previo a la coyuntura del 2018. Es urgente para México, una #SeguridadSinGuerra y otro y mejor modelo de seguridad. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] *Carla Lovera es activista feminista y especialista en DDHH; Carlos A. Ventura Callejas es colaborador del @CDHVitoria. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : numbdog [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Corrupción en la reconstrucción en Chiapas

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de diciembre de 2017 Miguel Concha A dos meses del terremoto que sacudió con violencia la costa de Chiapas y Oaxaca, la situación de emergencia persiste. Aún hay casas derruidas y familias que no han recibido apoyo de parte de las autoridades. Hay también escuelas que no están en posibilidades de reanudar clases, así como escuelas que operan bajo altas condiciones de riesgo. Esto es lo que comprobó la Misión de Observación Civil integrada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos; Voces Mesoamericanas; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio y Asesoría para la Paz, y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con el acompañamiento de observadores internacionales del Movimiento Sueco por la Reconciliación y el Servicio Internacional para la Paz. Visitó las comunidades de Bahía de Paredón y Huizachal, del municipio de Tonalá, y las de Gustavo López y Nuevo Urbina del municipio de Pijijiapan, en Chiapas, y pudo constatar las severas afectaciones en las viviendas, aunque la gran mayoría sólo con daños parciales que pueden ser reparados. Sin embargo, hay casos muy específicos donde el daño fue total y las casas, o se derrumbaron, o tuvieron que ser demolidas ante los riesgos que implicaban. Los servicios de salud, que de por sí tienen serias fallas estructurales –como lo muestra la huelga de hambre que enfermeras chiapanecas iniciaron a principios de año por diversas demandas, incluyendo abasto de medicamentos e insumos médicos–, se han visto mermados, pues no hay servicio en las clínicas. El sector educativo se encuentra también seriamente afectado, desde aquellos planteles que no cuentan con instalaciones seguras, y aquellos en los que se imparten clases en zonas de alto riesgo, hasta casos en los que les tocará asumir a los maestros y padres de familia algunos gastos para su reconstrucción. La generalidad en estas cuatro comunidades es la indolencia y el maquillaje de las autoridades federales; la inoperancia institucional y la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Las personas que integraron la Misión escucharon los testimonios de los llamados damnificados. Los de aquellos que en segundos lo perdieron todo, y los de aquellos que vieron desvanecerse el patrimonio de años, cuando apenas terminaban de poner sus vidas a salvo. Para la Misión ha resultado particularmente preocupante todo lo relacionado al uso y distribución de recursos del Fondo Nacional de Desastres, pues se detectaron irregularidades que ponen en riesgo la aplicación adecuada de este apoyo económico, y su llegada segura a quienes más lo necesitan. Prevalecen la desinformación, la discrecionalidad y el uso opaco de los mismos. Hay personas censadas que no han recibido sus tarjetas, o porque sin avisarles cambió su situación de afectación, o porque les afirman que ya fueron enviadas, y no hay funcionario o institución que se haga responsable de informar. Menos aún de corregir las irregularidades. Hay también casos en los que las casas fueron determinadas como de daño total, pero recibieron recursos como daño parcial, así como casos en los que la gente recibió una parte del recurso, pero no tienen idea de cuándo recibirán el resto, y si de verdad lo recibirán. Hay pues una seria vulneración del derecho a la información, pues las personas beneficiarias nunca accedieron a información clara sobre su situación y sobre la acción gubernamental, y aquellos osados que se atrevieron a preguntar, o que expresaron inconformidad, fueron callados y amenazados con perder el beneficio. Bajo estas condiciones, la gente de las comunidades tiene razones para pensar que hay inequidad y discriminación en los criterios de asignación de apoyos. Y por si esto fuera poco, la Misión recibió información sobre la participación inadecuada de fundaciones que bajo el discurso gris de la caridad, llegaron a estas comunidades a ofrecer la construcción de casas, como donación. Sin embargo, y una vez que la gente accede y las casas ya tienen cierto grado de construcción, les han hecho firmar contratos donde renuncian al recurso que por derecho les es otorgado por el Fonden, en favor de la fundación. Lo cual es preocupante, pues nos encontramos ante un evidente caso de corrupción, en el que no dudamos que estén involucrados funcionarios públicos. A esto hay que agregar que las casas que ofrece la fundación son construidas bajo términos que no son negociables: son muy pequeñas; tienen alrededor de 45 metros cuadrados; están hechas de tabicón, y los techos son muy bajos y de láminas metálicas. Todo lo cual las hace además muy calientes para una zona donde en abril la temperatura puede sobrepasar los 40 grados. Sus cimientos y castillos son muy delgados, con varillas angostas, y sin amarres; lo que reduce su posibilidad de sobrevivir a otro terremoto. Con ello se está violando el derecho de las personas damnificadas a una vivienda digna, una vivienda de calidad y con perspectiva sociocultural. En este contexto sobresale el trabajo que realiza el Centro Digna Ochoa –cuya sede se encuentra en Tonalá–, que se ha enfocado en el fortalecimiento de la organización y participación comunitaria para las labores de reconstrucción y reactivación de las economías locales. Ha constituido una esperanza para quienes quedaron fuera de los censos de damnificados, pues no sólo se ha dedicado a documentar las violaciones de derechos humanos cometidas en esta situación de emergencia, sino que se encuentra buscando la forma de promover la construcción autogestiva y la ayuda mutua frente a la imposición de las autoridades y las fundaciones. Sin embargo, la documentación y denuncias que realiza han causado que se enfrente a hostigamientos, intimidación y amenazas. Exigimos que se dé seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía estatal, y que la investigación se lleve a cabo con perspectiva de derechos humanos, siempre tomando en cuenta la labor que realizan las personas como defensoras. Exigimos que los gobiernos federal, estatal y local garanticen el derecho a defender derechos humanos de todas las personas que

Declaración de la relatora de pueblos indígenas

Declaración de la relatora de pueblos indígenas Sábado 25 de noviembre de 2017 Miguel Concha La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, presentó el pasado 17 de noviembre una Declaración de cierre de Misión en México, llevada a cabo entre el 8 y el 17 de este mes. Durante su visita, la relatora se reunió con 200 representantes de pueblos indígenas, la mitad de los cuales son mujeres pertenecientes a 23 pueblos indígenas de 18 estados del país. Y llevó a cabo igualmente una evaluación al Estado mexicano sobre lo que ha hecho en relación con las recomendaciones que en 2003 hiciera Rodolfo Stavenhagen, de feliz memoria, entonces relator especial. Luego de conocer información sobre casos de violaciones y violaciones graves a los derechos de los pueblos indígenas; de tomar nota de datos que las mismas autoridades le proporcionaron –por cierto que limitados, expresó, al referirse a reuniones e intercambios que sostuvo con diversas instancias de gobierno–, y de recibir las informaciones que organizaciones defensoras de derechos humanos le compartieron, la relatora dijo que persiste una brecha de implementación, tanto en relación con las recomendaciones del relator especial Stavenhagen, como en relación con la implementación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y poniendo énfasis en los grupos específicos, que por ser indígenas, y por compartir otras características que los colocan en situación de vulnerabilidad, le parece que padecen mayores impactos, en su declaración se concentró en seis grandes temas. Por lo que se refiere al tema de tierras, territorios y recursos naturales, la relatora fue enfática, y en su mensaje hace notar una distancia grave entre las medidas legales, administrativas y políticas implementadas por el Estado mexicano –en la creación e implementación, por ejemplo, de las llamadas reformas estructurales–, y el respeto y cuidado de la tierra y territorio que pertenecen y en los que habitan pueblos y comunidades indígenas. La relatora es clara al señalar que la reforma agraria que ahora cargamos a cuestas en muchos de los conflictos territoriales debiera ser revisada a profundidad, de tal forma que se respete y proteja la propiedad social y comunal de la tierra, evitando incentivar cualquier limitación en el reconocimiento de los derechos de pueblos enteros. Otro tema que recalcó, tiene que ver con la autonomía, la libre determinación y la participación política de pueblos y comunidades indígenas. Respecto a esto, observó que siguen existiendo candados que hacen difícil el cumplimiento de estos derechos. Es por demás sabido –aunque pareciera que no por el Gobierno mexicano– que conforme al artículo primero de la Constitución Política lo relacionado con la libre determinación y la autonomía debe ser interpretado a la luz de estándares internacionales. Es decir, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. Todo lo cual es fuente idónea de esos estándares y orientaciones para el ejercicio de esos derechos. No existe forma alguna para que el Estado pueda eximirse de su observancia. Y debido a la crítica situación en los territorios indígenas, hoy más que nunca se hace urgente garantizar el derecho de los pueblos indígenas a determinar sus prioridades de desarrollo. La relatora acogió con preocupación la denuncia de decenas de representantes de los pueblos indígenas que le mostraron cómo sus prioridades y estrategias de desarrollo no están contempladas en el actual marco legal y políticas relacionadas con el llamado desarrollo económico del Gobierno, ya que el desarrollo propuesto por los pueblos entra en colisión directa con el desarrollo impuesto por el Estado mexicano. En este sentido, la relatora afirmó: he escuchado quejas reiteradas sobre proyectos de desarrollo económico que no fueron adecuadamente consultados y han inducido al despojo de tierras e impactos ambientales, a conflictos sociales y criminalización de los miembros de las comunidades indígenas que se oponen a ellos. Esa ha sido la forma como el Estado mexicano resuelve los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas ante megaproyectos. Otro de los asuntos más sentidos tiene que ver con la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. La experta no titubeó en señalar que en México se registra una mala e inadecuada aplicación, lo que contribuye a divisiones y conflictos dentro de las comunidades. Y yo añadiría que cuando los pueblos dan seguimiento a esos procesos, con la intención de que la consulta ayude a salvaguardar sus bienes comunes, el Estado se empeña en obstaculizar su debido y adecuado procedimiento. Además, en su declaración estuvo más que presente el tema de la violencia, la impunidad y el acceso a la justicia. La relatora pudo también constatar cómo entre los pueblos indígenas se cuentan casos alarmantes de violaciones graves a derechos humanos, y asimismo el papel del crimen organizado, al que muchos jóvenes se integran debido a la falta de oportunidades para una vida digna en sus comunidades, y porque de no hacerlo, deben enfrentar tortura, desaparición o asesinato. Además, por si fuera poco, si los pueblos denuncian estas graves violaciones, entonces lo que encuentran es el obstáculo de un sistema de justicia que les revictimiza y discrimina. Así es como la impunidad queda instalada en la difícil situación que enfrentan. Por último, la experta dijo que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los pueblos indígenas cada vez se violentan más. Sistemáticamente vemos cómo la discriminación histórica no se erradica, y cómo el Estado queda alejado de poder evitar la pobreza multidimensional que les azota. No se garantizan en efecto derechos básicos, suficientes y adecuados para una buena vida. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Tlachinollan Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24 Defensa indígena del agua Se extiende investigación por feminicidio de Lesvy Berlín FORO: Los rostros de la impunidad: Violencia Feminicida en la CDMX Investigación por feminicidio de Lesvy debe continuar Estado Mexicano rinde cuentas ante

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Defensa indígena del agua

Defensa indígena del agua Sábado 18 de noviembre de 2017 Miguel Concha Como resultado de una resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los Valles Centrales de Oaxaca las comunidades indígenas zapotecas están siendo consultadas por el Estado mexicano sobre el uso y cuidado del agua para el campo. Esta consulta, como algunas otras de los pueblos indígenas realizadas en varias partes del país, se da sólo tras un largo camino de organización y demanda de las propias comunidades articuladas en la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Agua (Copuda), y se realiza en medio de la oleada de proyectos extractivos, agroindustriales e inmobiliarios que ha provocado centenares de conflictos en todo México, en un contexto de graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en el caso de la Copuda la consulta no se lleva a cabo para valorar la implementación y consentimiento de grandes megaproyectos, sino que se trata de plantear que las comunidades indígenas puedan normar y autorregular el consumo y extracción del agua de los mantos acuíferos de la región. Aspecto que implica también el reconocimiento de derechos territoriales, y del derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades zapotecas. Y es que en un monumental trabajo organizativo intercomunitario, Copuda ha creado y mantenido un sistema de gestión del agua que se ha convertido en una de las muestras ejemplares de gestión de los bienes comunes naturales en nuestro país. Este sistema, en efecto, no existía hace dos décadas, y hoy es una realidad. Incluye cientos de pozos de absorción y recarga de los acuíferos; comités de agua por comunidad; coordinaciones que comunican los esfuerzos de 16 comunidades; reglamentos, vigilancia y autorregulación para un uso moderado y controlado de manera colectiva. De la misma manera se apuesta por la recuperación de prácticas de cultivo que ahorran y hacen más eficaz el uso del agua. El trabajo que las comunidades han hecho en las últimas décadas es consecuencia de un decreto de veda impuesto en la región desde hace una generación, por el que se les restringe a los pueblos el uso del agua. Lo que en los hechos ha afectado la práctica tradicional agrícola de la zona y la vida tradicional de sus habitantes, orillando a la pérdida de trabajo en el campo, e incentivando la migración. Dicho decreto de veda impide el aprovechamiento de pozos agrícolas que permanecían en una larga sequía, hasta que la gestión y creatividad de las comunidades revirtieron la escasez de agua que ahora la Comisión Nacional del Agua no les permite utilizar. Por ello, mientras los agricultores comenzaron los trabajos por los que ahora se les conoce como sembradores de agua, organizaciones sociales como Flor y Canto han acompañado la lucha jurídica que ahora desemboca en la consulta sobre la posible modificación del decreto de veda, al mismo tiempo que se avance en el reconocimiento de su propio sistema de gestión comunal. Lo que permitiría cumplir así con el derecho de acceso al agua, reconocido en el artículo cuarto de la Constitución. La lucha de la Copuda por defender el agua y la vida de sus comunidades, así como el proceso de consulta por la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias e instancias gubernamentales federales, es una oportunidad para que el Estado mexicano pueda reorientar su relación con los pueblos indígenas, o al menos enviar una señal positiva en esa dirección. Debería quedar claro que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, y que en esta consulta es fundamental que se respeten la cultura, los tiempos, y los usos y costumbres de las comunidades que decidirán. También es fundamental el monitoreo minucioso de la ciudadanía y de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Lo que cobra sentido teniendo en cuenta que en otras consultas ya realizadas en nuestro país, las autoridades insisten en desplegar recursos y artimañas para que el cumplimiento de las resoluciones judiciales se conviertan en un mero trámite formal, por el que, obligadas por las leyes, y sin mayor voluntad política, se niegan a cumplir con sus responsabilidades. O las utilizan para legitimar proyectos de inversión que atentan contra los territorios indígenas y vulneran derechos humanos, así como las prioridades o preocupaciones expresadas por los pueblos y comunidades al exigir su derecho a la consulta. El proceso de Copuda, y su sistema comunitario de gestión del agua, abre la pregunta de si el gobierno federal, una vez más, desviará su demanda central y dará una respuesta meramente burocrática, o si reconocerá al sistema comunitario como una manera exitosa, viable y sostenible de gestión y uso del agua. Significa también una oportunidad para que el Estado, en su propia visión de la consulta, integre el derecho a la autodeterminación y al territorio que tienen los pueblos indígenas, o por el contrario la reduzca a un procedimiento legal de importancia secundaria que desprecia a los pueblos, a sus modos de organizarse y a sus formas de reproducir y cuidar la vida, además de reforzar las brechas de desigualdad en la región. La resistencia de la Copuda, cuyo esfuerzo fue recuperado en la reciente Campaña Nacional de Defensa de la Madre Tierra y el Territorio (VIDEOS : http://bit.ly/2AKtpoG | http://ow.ly/qmic30gPjfz ), muestra una alternativa. Será fundamental seguir de cerca el proceso y poner atención en el debate que de manera informal e implícita discutirá si sólo el Estado puede implementar la gestión de los bienes comunes naturales imprescindibles como el agua, o si existen otros modos y formas, en este caso comunales, que la hagan posible. La respuesta práctica de las y los campesinos indígenas zapotecos es a este respecto un rotundo sí, abriendo con ello un horizonte de esperanza y creatividad que nos hace voltear la mirada hacia las enseñanzas de Oaxaca. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : CDI Flor y Canto A.C. Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24

Una sentencia excepcional

Una sentencia excepcional Sábado 11 de noviembre de 2017 Miguel Concha Defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan cotidianamente a policías, ministerios públicos y jueces que interpretan y aplican la ley de manera sesgada, atendiendo a los intereses de una oligarquía que corrompe la vida política e institucional. Pocas veces las decisiones judiciales se apegan a altos estándares de derechos humanos, debido proceso, presunción de inocencia y controles de constitucionalidad y convencionalidad. Por eso celebramos la decisión de un juez que tuvo a bien proteger al inocente frente al hostigamiento que ejercían en su contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Procuraduría General de la República (PGR). En nuestra colaboración del 20 de mayo reseñamos en estas páginas la lucha de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) por el derecho humano a ese servicio. Desde entonces ha enfrentado la creciente criminalización de su lucha. Las policías municipales del estado de México y la PGR, en contubernio con la CFE, han detenido e investigado, en los municipios de Naucalpan, Ecatepec, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Chalco, a por lo menos 18 personas, entre las que se cuentan mujeres y personas adultas mayores. A todas se les imputó el delito de Oposición a obra o trabajo públicos, previsto en el artículo 185 del Código Penal Federal. Este tipo penal es inconstitucional, pues contraviene el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación. Sin embargo la PGR y la CFE insisten en criminalizar a las personas por manifestar su desacuerdo con el proyecto de modernización de infraestructura eléctrica que la CFE implementa sin consultar a los usuarios del servicio. Como parte de ese proyecto, se está cambiando la infraestructura eléctrica en lugares donde se encuentra en buenas condiciones, sustituyendo el cableado de cobre por el de aluminio, cuando todo mundo sabe que el cobre es el mejor conductor de electricidad. Estos argumentos fueron los que el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria expuso ante el juez Cota Murillo en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, quien conoció el caso de los señores Manuel Damián Mendoza y José Pedro Moreno Herrera, miembros de la ANUEE, detenidos arbitrariamente el 9 de agosto de 2017. Ese día vecinos de la colonia Minas Palacio, entre ellos Manuel y Pedro, cuestionaron a personal de la CFE sobre las obras que realizaban. Les solicitaron información y manifestaron sus preocupaciones sobre las características de la obra, al no cumplir con los requisitos legales ni con la calidad adecuada. El personal de la CFE se negó a dar la información, y en lugar de ello se burló de la gente profiriendo insultos. Indios ignorantes les llamaron. Pedro y Manuel fueron engañados por la policía y por el supervisor de CFE, Luis Daniel Martínez Ornelas, quien les manifestó que les mostraría los documentos que solicitaban una vez que se subieran a la patrulla, para ir todos juntos frente al juez calificador. Kilómetro y medio adelante los policías les informaron que se encontraban detenidos y serían trasladados a la PGR de Naucalpan. La PGR solicitó a la autoridad judicial federal vincularlos a proceso, por lo que hubo que acudir a defenderlos a Almoloya, como si fueran los más peligrosos criminales. La audiencia se celebró el 16 de octubre y, pese a las artimañas de la PGR, la defensa pudo aportar pruebas en favor de los compañeros. El juez escuchó con atención y finalmente resolvió que Pedro y Manuel son inocentes y se encontraban en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. “Es demasiado –dijo a los representantes de la PGR y la CFE– traer un caso así aquí al Altiplano para analizar si los actos de protesta se pueden criminalizar o no; el ámbito de protección de la ley penal no puede llegar a ese extremo”. “El núcleo esencial de los derechos de la democracia es el derecho a protestar –añadió–; si no dejamos a las personas que protesten contra el ejercicio de un trabajo público de energía eléctrica, difícilmente esas personas van a encontrar voz en otro lugar para que ese trabajo se haga de manera adecuada”. “La vía penal, el Altiplano –dijo también-, no está para criminalizar actos de protesta social en trabajos de energía eléctrica. No hay democracia sin protesta, sin derecho a disentir. No veo por qué traer a las personas que se están manifestando aquí al Altiplano a criminalizar una protesta social de esa manera”. Y prosiguió, el trabajo público debe realizarse cumpliendo los requisitos legales, y aquí se explicó claramente que si se va a realizar una obra pública, una idea muy básica es que se informe a los propios usuarios de la energía eléctrica. Protestar por un trabajo público, en el que se está cambiando la infraestructura de cobre a aluminio sin aviso previo, no es delito. El servicio tiene que ser eficiente, efectivo y justo en lo que implica su remuneración. Hay vías administrativas y sociales previas que deben agotarse antes de acudir al Altiplano. Los conflictos sociales deben resolverse por otras vías. La tarea que ahora tenemos quienes luchamos por un Estado verdaderamente democrático, en el que no sea criminalizada la protesta, es defender esta resolución. Por su parte, la PGR y la CFE ya apelaron de esta decisión justa y protectora del pueblo, y el recurso pronto será resuelto por el tribunal unitario especializado en materia penal del segundo circuito en Almoloya de Juárez. Confiamos en que la magistrada a cargo de ese tribunal confirme el auto de no vinculación a proceso de Pedro y Manuel, y los libre así del escarmiento que pretenden darles la PGR y la CFE, que a su vez busca desmovilizar y desestructurar una organización social de 70 mil familias que defienden la energía eléctrica como un derecho frente a la reforma que la privatizó. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ANUEE Tlalpan (Facebook) Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Alerta: siembra de maíz transgénico se

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