El doble rasero de la justicia
El doble rasero de la justicia Sábado 04 de noviembre de 2017 Miguel Concha La atención de la opinión pública se volcó en días recientes hacia la abrupta remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). De entre las muchas aristas, a partir de las cuales se puede analizar este suceso, una muy relevante estriba en contrastarlo con el largo proceso de búsqueda de verdad y justicia que hasta el día de hoy impulsan de modo ejemplar las familias de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. No obstante todo este tiempo, el caso, como es sabido, continúa sin ser resuelto, y fue de nuevo ventilado en el más reciente periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Montevideo, Uruguay, del 23 al 27 de octubre pasados, conforme a la dinámica del Mecanismo Especial de Seguimiento que la propia Comisión estableció para su investigación. Durante esa audiencia fue nuevamente ventilada la falta de avances en el esclarecimiento del paradero de los jóvenes. “La Comisión Interamericana agradece la información recibida en la audiencia –se lee en el comunicado de prensa emitido al final de las sesiones–, pero lamenta que aún no se tenga conocimiento del paradero de los estudiantes desaparecidos, y reitera nuevamente su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda, como en el esclarecimiento efectivo de las líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”. Don Emiliano Navarrete y doña Blanca Nava, en representación de las familias, al dar su testimonio sobre los estragos que después de todo este tiempo ha causado la desaparición de sus hijos en sus familias, dieron en cambio una muestra de dignidad. La CIDH por su parte reiteró a las víctimas y al Estado que no dejará de exigir verdad y justicia en el caso. El contraste entre el proceso de Ayotzinapa y el de la Fepade, fue también abordado en la audiencia. Y es que la comparación es inevitable en al menos dos niveles. Por un lado, al fiscal electoral se le cesó de forma fulminante, aduciendo la violación del Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, a partir de ciertas declaraciones que efectuó a la prensa. Por el contrario, ese Código de Conducta ha brillado por su ausencia en Ayotzinapa a lo largo de todo este tiempo. Nunca se esgrimió para sancionar a los funcionarios de la institución que a su arbitrio, y como verdadera política de comunicación social, filtraron actuaciones de la indagatoria, con la abierta intención de criminalizar a los normalistas al comienzo de la investigación. Y tampoco se aplicó para sancionar a los funcionarios, hoy impunes, que usaron la tortura como método de investigación en el caso. Mucho menos se invocó para sancionar las graves irregularidades en que incurrió quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, hoy cobijado por la Presidencia de la República en la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. A este funcionario nunca le fue aplicado el Código de Conducta de la Procuraduría, a pesar de que, ocultando su actuación –y en la que incluso interrogó a dicha persona sin abogado, que a la postre apareció torturada–, trasladó a un detenido sin registrar su desplazamiento. Lejos de ser sancionado, fue ascendido. Por otro lado, trazar un paralelo entre ambos sucesos pone de relieve también las nocivas continuidades de la justicia mexicana: en la PGR del actual régimen es más riesgoso ser independiente que torturar. Más peligroso actuar con autonomía que romper la ley. En efecto, el fiscal electoral no es el primer funcionario alejado de la institución por hacer su trabajo. Ocurrió, por ejemplo, con el ex visitador general de la institución, César Chávez, quien por concluir que Zerón de Lucio cometió irregularidades graves, que podrían tener trascendencia penal en el caso Ayotzinapa, y señalar que las detenciones de los acusados fueron arbitrarias, fue alejado súbitamente de la Procuraduría. En suma, lo que queda en evidencia de Ayotzinapa al escándalo de la Fepade es una procuración de justicia que literalmente se encuentra en ruinas. Una PGR que aplica groseramente un doble rasero, en el que la ley se supedita siempre a los intereses políticos. Lo cual es una mala noticia para el proceso electoral en ciernes. También para las familias de Ayotzinapa, porque el tiempo se acaba en este sexenio para que accedan a la verdad y a la justicia, a las que tienen derecho. Ambos sucesos, empero, muestran la relevancia que hoy adquieren los esfuerzos de la sociedad para revertir la crisis de impunidad que atraviesa el país. Desde aquellos que impulsan las organizaciones e instituciones académicas que buscan incidir en el desarrollo de un nuevo modelo de procuración de justicia, comenzando con la designación de personas verdaderamente autónomas, apartidistas y honestas en las principales fiscalías, hasta aquellos que siguen generando las familias de Ayotzinapa y las organizaciones que les acompañan. Respecto de estos últimos, cabe también hacer mención especial de los esfuerzos de los especialistas de Arquitectura Forense que llevaron al desarrollo de la Plataforma Ayotzinapa, hoy expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM y disponible en Internet, misma que reconstruye formidablemente la noche de Iguala con herramientas de cartografía digital, dando con ello a la PGR una lección sobre cómo investigar delitos complejos con tecnología de punta. Esfuerzos como estos nos muestran que frente a una justicia politizada, que hace del doble rasero su regla de actuar, no queda más que seguir demandando desde la sociedad una Fiscalía que sirva, hasta que las negras nubes de la impunidad se disipen. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Adrián Martínez Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24 Se extiende investigación por feminicidio de Lesvy Berlín FORO: Los rostros de la impunidad: Violencia
Criminalización de la ANUEE y la protesta social
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 03 de noviembre de 2017 Por: Marisol Feria* y Carlos Ventura* La limitación de protestas sociales, acompañadas de detenciones arbitrarias, se han convertido en uno de los métodos de disciplina y control social más usados por autoridades mexicanas en la administración de Enrique Peña Nieto. Éstas son cometidas contra organizaciones sociales y personas de presencia y liderazgo importante entre procesos de resistencia que se oponen a megaproyectos, que se organizan para defender sus territorios y especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), por mencionar algunos. En la última década, se ha consolidado un régimen de despojo que se ha gestado desde hace ya varios lustros con la imposición de políticas neoliberales, que protegen intereses económicos de las transnacionales e incentivan la mercantilización de bienes comunes naturales y de derechos, que son vistos como bienes de capital. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), donde participan más de 70 mil personas, ha sufrido en lo que va del presente año agresiones y detenciones arbitrarias en contra de sus integrantes, que han mantenido una larga lucha con carácter social en contra del desmantelamiento del sector energético y las diversas problemáticas que entraña éste en distintos ámbitos y dimensiones de la vida individual y colectiva. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria acompaña este movimiento en la documentación de hechos violentos relacionados con la defensa del derecho humano a la energía eléctrica, acompaña movilizaciones, e insiste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la importancia de reconocer y proteger este derecho, también se ocupa de la defensa integral de las personas que han sido detenidas. Apenas el pasado 19 de agosto fueron detenidas de forma arbitraria dos personas en Naucalpan, Estado de México. Se habían comenzado trabajos de “modernización” en infraestructuras eléctricas, razón por la cual vecinos salieron de sus casas a solicitarle a trabajadores y contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) información sobre esas obras, en ejercicio del derecho de petición e información, sin embargo de forma intencionada se les negó, llamándolos “indios cerrados”. Posteriormente, el día 14 de octubre de 2017 en ese mismo municipio, policías municipales realizaron violentos actos de represión y detuvieron a otras dos personas. Incluso, sobre estos hechos, se denunció tortura sexual en uno de los casos: quien policías sacaron de su automóvil y arrastraron por el pavimento a una de esas personas, para luego ser inmovilizada contra el suelo por dos policías de sexo femenino, sentándose en sus piernas y golpeándola, mientras alrededor se encontraban otros agentes del sexo masculino indicándoles a aquéllas donde golpear para someter a la víctima, mofándose y vociferando insultos como: “¡Eres una puta!, ¡te lo sacaste por revoltosa!” A lo que siguió la puesta a disposición y posterior traslado al seguro social, porque no había un médico legista. Todo con una violencia brutal y un trato degradante. La mayoría de los casos de detenciones y criminalización de integrantes de la ANUEE se realizó bajo la denuncia y puesta a disposición en la Procuraduría General de la República (PGR), y la subsecuente imputación del delito de oposición a obra o servicio público, el cual se encuentra en el artículo 185 del Código Penal Federal. Delito que debiera ser considerado inconstitucional, toda vez que ahora se usa discrecionalmente cada vez más contra quienes se “oponen” a obras públicas. En medio de este conflicto, el pasado 16 de octubre, en el penal de máxima seguridad número 1 del Altiplano, Estado de México, se realizó la audiencia de formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso por los hechos del 19 de agosto; se generó un precedente importante en la lucha contra la criminalización de la protesta. En ese proceso personas asesoras jurídicas del Centro Vitoria, que acompañan a la ANUEE, dejaron registro ante el juez del exceso que significa judicializar una problemática social, cuando se pretende aplicar todo el “rigor de la ley” y lanzar una agresiva maquinaria penal contra quienes ejercen el derecho a la protesta social, el derecho a disentir y resistir. Lograron la no vinculación al delito y llamó la atención la argumentación del juez, que protegió a estas personas señalando sus derechos a la libertad de expresión, manifestación y protesta social. Un paso contundente que de forma inmediata las autoridades federales buscan anular, ya que la PGR continúa en su pretensión de criminalizar este movimiento. Sin embargo, obvia reconocer que con ello incurre en graves violaciones a derechos humanos y actúa como defensora no del pueblo, sino de empresas e intereses particulares. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Arturo Vázquez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La RedTDT frente a la situación del país
La RedTDT frente a la situación del país Sábado 28 de octubre de 2017 Miguel Concha Los días 20, 21 y 22 deoctubre se llevó a cabo la LV Asamblea General de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT). En ella se reflexionó sobre temas de mucha importancia para la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos, no sólo las que están integradas a la Red, sino también todas aquellas que, desde una perspectiva que se compromete ética y políticamente con la transformación de la realidad de violencia y constantes violaciones a los derechos humanos en México, se dedican a la defensa integral de estos derechos. La RedTDT es un espacio conformado por 84 organizaciones con presencia en 23 estados de la República. Los grupos que la componen convergen en ideales de justicia, paz, democracia y respeto irrestricto de los derechos humanos, cuya defensa debe ser total; es decir, que no se debe luchar sólo para que se hagan valer algunos derechos, sino que tiene que hacerse desde una posición amplia, integradora y liberadora. Desde su fundación hace 27 años, y después de 55 asambleas, las organizaciones de la Red son colectividades plurales, no partidistas y no gubernamentales que –atendiendo a las coyunturas, pero sabiendo que la búsqueda de la justicia, la centralidad de la dignidad humana y el cuidado de los bienes naturales son de paso firme y continuado–, sostienen procesos de largo aliento y realizan labores de formación, defensa y promoción de los derechos humanos. Por ello es una articulación referente que posibilita el encuentro, la reflexión y la acción conjunta desde diversos lugares del país, y en su trabajo vibra la lucha de organizaciones de base que son acompañantes y parte de procesos liberadores mediante la defensa de los derechos humanos. De manera recurrente la Red genera análisis que permiten conocer las trayectorias que las organizaciones sociales han seguido en la defensa de los derechos en México. Y en su última asamblea estos análisis versaron sobre problemáticas y alternativas que surgen desde procesos locales, para luego ubicarse como situaciones de alcance e impacto nacional e internacional. Gracias a la Red hoy también sabemos que el clima es adverso para ejercer esta labor, pues, de conformidad con las reflexiones de la asamblea, y teniendo en cuenta el prólogo de su último informe sobre el derecho a defender los derechos humanos –del que me ocupé en este mismo espacio ( La Jornada, 30/09/17)–, estas personas son atacadas por la labor que llevan a cabo, por lo que el mapeo de sus ámbitos de lucha permite identificar qué dinámicas generan mayores conflictos sociales en México y cuáles derechos están en juego en el país. Sin embargo, aún en este contexto, la esperanza no se agota, y por el contrario en los trabajos colectivos se reanima la lucha para continuar en la construcción de un mundo más digno y justo. La vida de las organizaciones defensoras de derechos humanos se revitaliza permanentemente en un compromiso constante por la justicia, y por ello los sucesos relativos al proceso político de transformación de la Procuraduría General de la República en una fiscalía autónoma, que sirva a las víctimas y tenga como centro los derechos humanos, fueron analizados con profundidad. Muchas de estas organizaciones se han hecho cargo también de denunciar, documentar y visibilizar la honda desigualdad social que padecemos en México. Quienes son parte de esta Red, jamás han titubeado en señalar que el modelo económico impuesto en las últimas décadas ha generado que quienes tienen más riqueza, acumulen más, mientras que quienes tienen menos recursos para una vida digna, cada vez tengan menos. No pudo tampoco quedarse de lado una reflexión sobre los recientes acontecimientos del 7 y 19 de septiembre, cuando las experiencias por los sismos nos develaron la urgencia de insistir en un alto a la corrupción, y en la necesidad por tanto de un mayor control de lo que el Estado haga de manera preventiva antes y durante los desastres naturales, así como de lo que investiga, sanciona, repara y construye después de los siniestros, desde la sociedad. A este respecto, no es superfluo añadir que organizaciones de la Red también estuvieron presentes desde los primeros momentos acompañando las labores de rescate y documentación de violaciones a derechos humanos, así como lo que se ha venido posteriormente haciendo en torno a la atención a las personas afectadas y los programas de construcción de otra ciudad. Un tema cada vez más reflexionado, consolidado y atendido de manera transversal entre las organizaciones de la Red ha sido también el tema de la violencia de género. Organizaciones sociales en diversos estados de la República han generado estrategias integrales para erradicarla, haciendo incluso uso de la llamada alerta de género, por medio de una lucha constante ante instituciones indolentes frente a la violencia sistemática contra las mujeres, la cual tiene entre sus más graves expresiones los feminicidios. Y en este sentido, el trabajo estratégico de defensa también pudo observarse en las agendas que organizaciones impulsan para beneficiar la protección de las personas migrantes. En la asamblea se compartieron desde luego sendas informaciones sobre graves violaciones a derechos humanos, y sobre los resultados –siempre perfectibles– que los movimientos de víctimas y las organizaciones han logrado en torno a la Ley General contra la Tortura y la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares. Hoy esta Red de organizaciones llega a su asamblea 55, y sus nudos fuertes también permiten que las organizaciones que la integran se sigan encargando de la realidad para transformarla. Felicidades por su trabajo, y que vengan muchas asambleas más. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : RedTDT Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24 Se extiende investigación por feminicidio de Lesvy Berlín FORO: Los rostros de la impunidad: Violencia Feminicida en la CDMX Investigación por
Amenazas contra el derecho a la información
Amenazas contra el derecho a la información Sábado 21 de octubre de 2017 Miguel Concha La situación de la libertad de expresión ha sido crítica y difícil durante los últimos años en el país. La represión y censura por parte del gobierno federal y los gobiernos locales se han vuelto constantes y evidentes, pero sobre todo impunes. Basta con mencionar los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornada, para evidenciar la criminalización y persecución de periodistas, así como la ineficiencia de las autoridades para hacer justicia. Por ello una de las tantas exigencias de la sociedad civil organizada por la libertad de expresión ha sido la de abrir espacios para la discusión e intercambio de ideas y opiniones, con las garantías de respeto, seguridad y voluntad política para revertir esa situación de crisis. Dicha exigencia se vio reflejada en la reforma de telecomunicaciones, con la que se buscó romper con el duopolio televisivo y pluralizar los espacios de comunicación. Sin embargo, y para nuestra desgracia, el día 4 del presente la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la iniciativa presentada por el diputado Benjamín Medrano Quezada a la comisión permanente de la LXIII Legislatura, por la cual se modifican la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y el Código Penal Federal. La iniciativa, que debilita y ataca directamente a los medios indígenas y comunitarios, consiste en la adición de sanciones penales a actos a los que hasta ahora sólo les correspondían sanciones administrativas: de dos a seis años de prisión; de 100 a 300 días de multa, y decomiso, a aquellas personas que sin contar con autorización o concesión aprovechen y exploten bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales, de los instrumentos, objetos o productos del delito. Para colmo, la iniciativa reconoce basarse explícitamente en leyes vigentes en Chile durante la época de la dictadura militar, tras la cual, y de acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, persisten en ese país normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Consideraciones que han resaltado cientos de organizaciones sociales que luchan por el derecho a la información y la comunicación libre en México. En la medida en que se reproduzcan este tipo de ordenamientos en el país, las libertades de expresión y de opinión se verán desamparadas de medios legales que las protejan y defiendan como un derecho fundamental de los Estados democráticos, convirtiéndolos en cambio en nudos de preceptos que persiguen y criminalizan el uso de un bien común, como lo es la comunicación. Además, en las actuales circunstancias, es preciso reconocer la importancia que tuvieron en los sismos del 7 y 19 de septiembre los medios comunitarios, entre ellos los no concesionados, para hacer llegar ayuda, información y apoyo en forma efectiva a zonas afectadas que se encontraban prácticamente incomunicadas. Las actividades de comunicación y difusión que llevan a cabo los medios comunitarios son también fundamentales para la concientización e inclusión, dentro de los procesos y hechos que atañen a todos, de los diversos grupos que conforman al país. Su participación solidaria en los sismos es muestra clave de lo necesario y útil que son para dichos fines. La iniciativa del diputado Benjamín Medrano se presenta también como un obstáculo a uno de los ejercicios representativos de la democracia mexicana, pues, en los periodos previos a las elecciones, los medios de comunicación se convierten en espacios estratégicos para el debate de los proyectos, propuestas y acciones de los candidatos. Por ejemplo, para la candidatura de María de Jesús Patricia Martínez, del Consejo Nacional Indígena (CNI), la penalización implicaría un ataque directo a los medios que en primera instancia están relacionados con el CNI, y por tanto obstaculizaría su competencia y ejercicio democrático. Toda legislación debe respetar y garantizar los derechos humanos, circunstancia que resulta trascendente cuando se crean leyes en materias que violan derechos llave (sic), sobre todo de grupos en situación de vulnerabilidad. La aprobación de esta iniciativa por la Cámara de Diputados significaría un acto de regresividad de los derechos humanos, pues el legislar constituye el primer acto para materializarlos. Además, la Constitución señala que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de la misma. En este sentido, la mencionada iniciativa impide que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, y periodistas, ejerzan derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la protesta social, los derechos lingüísticos, la comunicación y la información. Igualmente, si apelamos a los principios de interdependencia e indivisibilidad, los derechos mencionados se convierten en derechos llave que generan condiciones para acceder a otros derechos humanos. Y por ello organizaciones de la sociedad civil reiteraron en días pasados su llamado a la apertura de espacios (https://goo.gl/S83Br3) y a la protección y respeto de las ideas y opiniones, pidiendo al pleno de las diputadas y diputados que no aprueben esa iniciativa, y en su lugar atiendan las diversas recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, específicamente sobre la libertad de expresión, para fortalecer los derechos a la información, comunicación y libertad de expresión, mediante la mejora de los mecanismos de protección a periodistas y comunicadores en el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Adrián Martínez Entradas relacionadas: Organizaciones sociales denuncian puntos de riesgo en la “modernización” del TLCAN Amenazas contra el derecho a la información El Protocolo sobre uso de la fuerza para la Policía Federal debe modificarse ya que es ambiguo, presenta ausencias y podría usarse de manera arbitraria Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN
Crisis civilizatoria y cuidado de la tierra
Crisis civilizatoria y cuidado de la tierra Sábado 14 de octubre de 2017 Miguel Concha El pasado viernes 6 algunas personas tuvieron la oportunidad de escuchar, en las instalaciones del Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México, a Leonardo Boff, filósofo, teólogo, ecologista, profesor y escritor brasileño. En su conferencia, en la que aludió a la crisis de civilización por la que estamos pasando, compartió un mensaje que posibilita sembrar esperanzas, tras los sucesos, algunos naturales, otros de carácter antropogénico, que han sacudido recientemente nuestro país. El contexto que enmarca ese encuentro es la inminente celebración de los 50 años de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, realizada en 1968 en Medellín, Colombia, luego de que un grupo de obispos de América Latina, en la recta final del Concilio Ecuménico Vaticano II, vislumbraron una reunión para interpretar a la luz del Concilio a Latinoamérica. Fue así como se gestó la II Conferencia de Medellín, que condensó el caminar eclesial de aquella crucial década. En ese acontecimiento se perfiló también la importancia de la liberación, y de una identidad eclesial específicamente latinoamericana y caribeña, a partir de experiencias que innumerables comunidades venían ya generando, y de la opción por una iglesia pobre, y con las y los pobres. Fecundaron allí también algunas semillas de la teología de la liberación, que se consolidaron en las siguientes décadas, y un modo original de ser iglesia y estar en el mundo, en permanente discernimiento de la realidad, y no menos constante compromiso creyente con la justicia, la paz y los derechos humanos. Siguiendo este inspirador método, fue como tuvo lugar el encuentro con Leonardo Boff, introducido por Dolores González, antropóloga de la organización Servicios y Asesoria para la Paz, y Álvaro Salgado, teólogo del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas. Ambos compartieron elementos del contexto nacional, con la intención de visualizar la crisis civilizatoria en México y rescatar una agenda mínima de sobrevivencia. Subrayaron la importancia de mantener las olas de solidaridad que se han dejado ver en las diferentes crisis que México ha presenciado, y reconocieron la importancia de los procesos autonómicos, autogestivos y colectivos. Asimismo, la de no descuidar la mirada interseccional, para integrar, por ejemplo, los saberes de personas jóvenes, pueblos originarios y feminismos, con la intención de construir propósitos liberadores comunes. Leonardo Boff centró su reflexión en el tipo de crisis civilizatoria que la humanidad está viviendo, haciendo ver que tiene relación con el programa histórico y hegemónico de la civilización occidental que se instauró por lo menos de forma acelerada en el siglo XVI. Este programa sustenta la ruptura con la naturaleza, con la madre tierra, permitiendo el paradigma de la modernidad, que entre otras características justifica la apropiación de los ecosistemas, para ocupar, explotar y generar una lógica eminentemente antropocéntrica. Optar por observar desde esa lógica la crisis civilizatoria, nos permite clarificar cuatro amenazas que colocan en riesgo a todo ser viviente que habita la Tierra. La primera tiene que ver con el principio de autodestrucción. Hemos creado todas las formas posibles de destrucción, humana, animal, vegetal, ambiental. Vamos, de toda forma de vida. La segunda tiene que ver con la insostenibilidad de la Tierra. Las reservas de bienes y servicios se han agotado. Tenemos menor cantidad de agua y semillas, y menos capacidad de superar la crisis. La tierra está llegando a su límite. La tercera tiene que ver con el calentamiento global, y no se trata de que vayamos hacia él, sino de que ya estamos en él. Se manifiesta a partir de la inestabilidad de la tierra. Gaia está lastimada y se duele. Sufre una clase de fiebre, en la que gran parte de los climas y especies están desapareciendo. La cuarta amenaza es la de escasez de agua dulce. Sólo contamos con 10 por ciento de agua dulce, todo el resto es salada. Y de ese porcentaje, sólo 3 por ciento se destina al consumo humano; el resto lo adquieren las empresas. Para Boff estos cuatro riesgos son parte de la crisis sistémica que estamos viviendo, y por ello es importante cambiar nuestro modo de producción, nuestro modo de consumo, y nuestra relación con la madre tierra. Ello implica superar el programa histórico y hegemónico de la modernidad. Pero para superarlo necesitamos generar un modo sostenible de vida, en el que todas las personas cooperemos. Es prioritario además asumir que la Tierra es un organismo vivo, y que tenemos que vivir en armonía con todo ser vivo. Tenemos que cuidar, proteger la Tierra, pues es la que nos provee de lo básico para subsistir. De la modernidad, debemos rescatar la racionalidad, pues es necesaria para nuestra organización. Sin embargo, tenemos que transformarla en una razón cordial, basada en la solidaridad y el respeto a todo ser viviente. Esta razón cordial parte de lo esencial que nos caracteriza como especie: la capacidad de los mamíferos de sentir solidaridad y empatía por otro ser viviente. Tenemos que rescatar la sensibilidad por la Tierra. Desarrollar la pasión por el mundo y la espiritualidad de la Tierra. Por todo ello, Boff nos comparte que la alternativa a la crisis civilizatoria se encuentra en el cuidado. El cuidado es la esencia de la humanidad. En palabras de Boff, el cuidado es la relación amorosa con la realidad; es la mano extendida para la caricia esencial; protege la tierra; cultiva; cierra las heridas pasadas e impide las heridas futuras. Es indispensable posicionar una cultura del cuidado a la tierra. Y en este camino a la transformación del programa de la modernidad, Boff nos alienta recordando que con esperanza, valentía y resistencia lo podemos lograr. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: CDHVitoria Entradas relacionadas: Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN COMUNICADO URGENTE: Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos
Obligaciones internacionales hacia migrantes
Obligaciones internacionales hacia migrantes Sábado 07 de octubre de 2017 Miguel Concha Recientemente compareció México ante el Comité de Trabajadores Migratorios de las Naciones Unidas, mecanismo de revisión sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Por su parte diversas organizaciones de la sociedad civil realizaron un trabajo de documentación y análisis, para evidenciar los retos, obstáculos, y violaciones que sufren en el país personas migrantes, solicitantes de protección internacional, refugiadas, desplazadas internas de manera forzada, y defensoras de derechos humanos en nuestro territorio. Durante la sesión en Ginebra, el Instituto Nacional de Migración tuvo un discurso de avance y respeto a los derechos humanos, pero se notó la ausencia de información y de instancias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y en algunos momentos se percibió un lenguaje poco incluyente, evasivo e inconcluso ante los cuestionamientos del comité. Ello no obstante, se reconocieron progresos a nivel de procedimientos, rendición de cuentas, transparencia y armonización legislativa. Días después el comité emitió sus Observaciones Finales, en las que se reconocen los avances en materia de marcos normativos, políticas públicas y algunas medidas institucionales en favor de esta población, y se formularon recomendaciones, algunas retomadas de informes de la sociedad civil, o de sesiones anteriores. Lo que demuestra los limitados progresos que se ha tenido en la materia, desde que en 1990 el Estado mexicano ratificó la convención. El comité retoma la necesidad de armonizar, con un enfoque de seguridad humana, diversos marcos normativos, como el dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Migratorios en el Senado, que armoniza la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). E insta a la ratificación de marcos normativos internacionales en temas como la apatridia (sic) y personas trabajadoras del hogar. Refiere igualmente sobre la importancia de incluir el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y el principio de no discriminación en la articulación e implementación de diversas políticas. Y hace referencia a realizar bases de datos, con información desagregada, del perfil y la situación de personas migrantes, en un país de origen, destino, tránsito y retorno; y sobre los servicios que se brindan en municipios y estados. Con mecanismos y acciones efectivas de evaluación e impacto en el goce de derechos de las personas migrantes, prevé la puesta en marcha de capacitación a autoridades y a la población contratada para realizar trabajos en el extranjero. Otro tema del que se ocupa es el relacionado con la necesidad de investigaciones exhaustivas y ágiles en casos de delitos y violaciones a derechos humanos, en los que están involucrados agentes del gobierno e integrantes del crimen organizado, y en los que por actos de corrupción e impunidad los responsables no han sido llevados ante la justicia. Ejemplo de ellos son los casos de extorsión a familias de migrantes privados de libertad en estaciones migratorias; de masacres, como las ocurridas en los estados de Tamaulipas y Nuevo León; de desaparición de personas migrantes; de abusos a derechos humanos laborales, y de hostigamiento y acoso sexual a mujeres migrantes. En cuanto a las trabajadoras migrantes, se insta a garantizarles sus derechos mediante mecanismos accesibles para lograr su regularización migratoria y autorización de trabajo, independientemente del empleador, esposo o familiares. Y a garantizarles la seguridad social, sueldos, contratos laborales, terminación e indemnización al término del trabajo, así como su derecho a formar y participar en sindicatos, y la realización de un monitoreo sistemático de sus condiciones laborales. En lo que respecta a la privación de libertad en estaciones migratorias, se urge la adopción de medidas para poner fin a la detención de niñas, niños y adolescentes y sus familiares, así como el establecimiento de medidas alternativas para garantizar que cumpla con los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Y en el caso de que ésta sea una excepción, se deben garantizar condiciones de acceso a derechos, como la salud física y mental, la alimentación y el descanso, además de los derechos al debido proceso y acceso a la justicia, sin que esto signifique una extensión de la privación a la libertad, como hasta ahora está estipulado en el artículo 111 de la Ley de Migración. El comité se refiere también a temas como el del control y verificación migratoria, en los que México deberá realizar una evaluación sobre el impacto de estos operativos en el aumento de violaciones al derecho a la vida y a la integridad de las personas, y en los que se debe eliminar cualquier posibilidad de hacer uso de perfiles raciales, que hasta la fecha han permitido la privación de libertad, y en muchos casos la deportación de personas, inclusive mexicanas. Una de las recomendaciones más valoradas es la de poner fin de manera inmediata a la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes, y a la práctica de medidas alternativas de la LGDNNA, ya que de 2011 a 2016 se incrementó en 900 por ciento la puesta a disposición de esta población en estaciones migratorias. En cuanto al registro de nacimiento y nacionalidad, se insta al Gobierno a fomentar la inscripción de mexicanos en el exterior mediante los consulados, y en el territorio la de hijos e hijas de padres extranjeros, eliminando así la posibilidad de que su condición migratoria sea una limitante para el goce de derechos, como el de identidad, registro de nacimiento, nombre y nacionalidad; y el acceso a derechos como la salud, la educación y la seguridad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: CIDH Entradas relacionadas: Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN COMUNICADO URGENTE: Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos hacemos un llamado de cese al hostigamiento y criminalización contra pobladores de Huitzilán de Serdán, Puebla
Contra el silenciamiento a defensores de derechos humanos
Contra el silenciamiento a defensores de derechos humanos Sábado 30 de septiembre de 2017 Miguel Concha Las personas defensoras de derechos humanos en México son una muestra de la fortaleza que tiene nuestra sociedad para combatir fehacientemente la impunidad y la injusticia. Son personas que han hecho vida el proyecto de construir un mundo más justo, digno, habitable, y que asumen el cuidado de su entorno y la naturaleza. En los últimos años las hemos visto con más fuerza trabajando al lado de las víctimas de desaparición forzada o de desaparición a manos de particulares; defendiendo a las comunidades indígenas y campesinas, frente a los proyectos de despojo; acompañando a los migrantes al lado de las vías del tren, o luchando desde muy distintas regiones contra la violencia feminicida en centros de derechos humanos. Las y los defensores son la contraparte de la crisis que vivimos en México. Una crisis que tiene su expresión desgarradora en el relato de las víctimas y en el sufrimiento de grandes colectivos de personas y comunidades. Son por ello esperanza que se comparte y se hace valer en la de protección de todas y todos. El más reciente informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), publicado con el título de La esperanza no se agota. Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, documenta 862 eventos en 302 casos, en los que fueron afectadas mil 37 personas, y violentados por su trabajo en derechos humanos 422 colectivos. Por su gravedad destaca la cifra de 106 personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente, y la de 81 desaparecidas desde el primero de diciembre de 2012. Esta grave situación muestra el sello de la actual administración: la indiferencia relacionada con el derecho a defender los derechos humanos en México, como una labor fundamental en la construcción de un país democrático con justicia y en paz. La preocupación expresada por Zeid Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, definida en su anterior visita a México como matar al mensajero, es válida hoy más que nunca. De esta forma se perfila el rostro de quien aceptó públicamente su responsabilidad por el brutal operativo de San Salvador Atenco en mayo de 2006, y quien ha roto récords en términos de violencia, como quedó claro cuando junio de 2017 se convirtió en el mes con más homicidios en 20 años. Pero estos números se vuelven aún más graves cuando vemos la situación en las cuatro regiones donde este fenómeno de violencia contra las personas defensoras se expresa con más crudeza. Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la Sierra Tarahumara son lugares en donde la Red TDT ha encontrado un peligro acentuado para el trabajo de las personas y colectivos que defienden los derechos humanos. Tan sólo Chiapas, Oaxaca y Guerrero conjuntan 40 por ciento de los casos registrados en el informe, y de la misma manera Chiapas y Oaxaca tienen el registro más alto de eventos. Lo que implica que los ataques persisten a lo largo del tiempo, sin que el Estado mexicano tome medidas efectivas para generar un ambiente de seguridad y garantía en la práctica. En total, en estas tres entidades federativas está documentado 46 por ciento de los eventos en el periodo del informe. El caso de Guerrero tiene condiciones particularmente preocupantes, pues históricamente es un estado emblemático de la violencia contra las personas defensoras. Ahí se dieron hace ya tres años los hechos lamentables y reprobables contra los normalistas de Ayotzinapa. Y ahí, según el informe de la Red TDT, han sido ejecutadas extrajudicialmente 21 personas defensoras de derechos humanos en lo que va del sexenio. Más impresionante resulta aún –si cabe– la proporción de personas defensoras desaparecidas, pues de las 81 situaciones de este tipo registradas en el informe a escala nacional, 58 corresponden a Guerrero. Ante esta situación, y por la falta de voluntad e incapacidad del Estado de ofrecer garantías para poder ejercer el derecho a defender los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales hemos estado sumamente preocupadas por el incremento de los riesgos para las personas defensoras y para las víctimas de esa violencia atroz. Debido a esto, un colectivo amplio de organizaciones civiles ha iniciado, mediante la Misión Civil de Observación a Chilapa y Chilpancingo, que se realizó el 19 y 20 de septiembre pasados, un proceso de acompañamiento a las y los defensores de Guerrero. Pensamos que esta acción de solidaridad y búsqueda de alternativas, dirigida a personas defensoras emergentes y organizaciones que trabajan en la región de Chilapa (Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón); en las montañas de Tlapa (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan), y en Acapulco (Colectivo contra la Tortura y la Impunidad), es necesaria, valiente y paradójicamente lamentable. Y ello porque, ante la ineficacia y la falta de voluntad política del Estado, son las mismas personas defensoras quienes están teniendo que generar medidas encaminadas a reestablecer el Estado de derecho. Por eso es muy importante que se valore y respete el derecho a defender los derechos humanos, y que las autoridades implicadas en garantizarlo, como es el caso del gobernador guerrerense Héctor Astudillo, escuchen las experiencias de las y los defensores de la entidad, consideren sus exigencias, y tengan en cuenta los retos que se les habrá de compartir, si se reanuda la reunión que se canceló, debido al sismo del 19 de septiembre. Es fundamental que las acciones de protección a las y los defensores no sea sólo protocolaria, sino que implique un compromiso real y concreto al más alto nivel de gobierno, para establecer acciones que permitan cambiar esta situación tan grave, y que afecta especialmente a Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Red TDT Entradas relacionadas: Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de
La señora Sociedad Civil
La señora Sociedad Civil Sábado 23 de septiembre de 2017 Miguel Concha Como hace 32 años, tras un sismo de magnitud 7.1 que sacudió el centro del país, este 19 de septiembre, la solidaridad incondicional de los barrios y colonias de la Ciudad de México, particularmente la de las y los jóvenes, y en estados como Morelos, Puebla y Guerrero, fue mostrada de manera inmediata. Desde el primer momento miles de personas, sobre todo jóvenes, acudieron a ayudar a otros seres que habían quedado atrapados. Fue conmovedor observar la manera en que la solidaridad se materializó en remover toneladas de escombros, bajo los cuales se hallaba gente con vida, o se recuperaban cuerpos de personas lamentablemente fallecidas. Una sorprendente coincidencia con la efeméride de la tragedia de 1985. De nuevo la irrupción de una gran red de responsabilidad civil se hizo presente, devolviéndonos la esperanza en medio de tan trágicos sucesos. Los medios de comunicación la reportaban en vivo y en directo, y mediante redes sociales, o cualquier otro medio, las mismas personas llamaban a organizarse y a brindar apoyos en los lugares de derrumbes. Son innumerables las respuestas al llamado que se recibieron, incluso a gritos en medio de las calles. Fueron primero mujeres y hombres jóvenes los que irrumpieron por todos lados para reportar daños desde la calle, para luego unirse con las señoras y señores de a pie que ya ayudaban en edificios derrumbados, entre ellos una fábrica textil, edificios de departamentos, escuelas y viviendas populares. Como un nuevo hecho significativo, las experiencias de las generaciones del terremoto de 1985 dialogaban ahora con las del sismo de 2017, entremezclados para actuar de inmediato a manos limpias en labores de acopio, traslado y rescate. Era conmovedor contemplar a jóvenes de distintas clases sociales y orígenes familiares, desde juniors hasta muchachas y muchachos de la calle, formar cadenas con un solo propósito: llevar ayuda a los caídos y a quienes los auxiliaban. El sismo del 19 de septiembre nos volvió a recordar, como cada año, aquellos talleres clandestinos de costura que en 1985 se vinieron abajo con mujeres trabajadoras dentro del edificio, y al movimiento de sobrevivientes que tras la tragedia se organizaron y lucharon por sus derechos sociales. Coincidentemente en esta ocasión fue una fábrica de ropa derrumbada en la esquina de las calles de Bolívar y Chimalpopoca, colonia Obrera. Lo que convocó inmediatamente a decenas de personas solidarias de las colonias vecinas a tomar el control de la zona y ayudar a remover escombros para rescatar a las personas atrapadas. Fueron cientos de vecinos, trabajadores de la construcción y vendedores ambulantes quienes también allí estaban, organizando y trabajando. Escenas muy similiares se repitieron en la escuela Enrique Rébsamen, de la colonia Nueva Oriental, Coapa, delegación Tlalpan; en las colonias Roma Sur y Norte, de la delegación Cuauhtémoc; en la colonia Del Valle, en la Condesa, y en zonas de Xochimilco. En total, más de 40. Y con el paso de las horas la solidaridad se volvía pujante también en Morelos, donde municipios como Jojutla reportaban daños y pérdidas enormes. Desde allá nos buscaban, y desde acá se les asistía también en lo posible con ayuda. Qué impresionante era ver la cantidad de personas movilizadas, pues para el miércoles pasado ya se calculaba que había por lo menos 40 mil personas apoyando en las calles, más el personal del Estado, que para entonces había ya hecho mayor presencia en los lugares de los derrumbes. Como en 1985, miles y miles de mujeres y hombres de la capital del país, sobre todo jóvenes, salieron a la calle a hacerse cargo de la tragedia. Jóvenes a quienes se presumía injustamente como anodinos e indiferentes a los sufrimientos y necesidades de los demás. Las personas mayores recordaban los sismos de 1985; era inevitable al observar los severos daños a viviendas e infraestructura en diversas zonas de la ciudad y del país. Sin embargo, la sociedad solidaria y organizada de hoy tuvo a su disposición medios mucho más vigorosos para coordinar y difundir con enorme eficacia cientos de esfuerzos de acopio, auxilio y ayuda voluntaria en las zonas más afectadas de la ciudad. Muchas y muchos mexicanos han recordado que lo fundamental es participar, ayudar, tener esperanza en que otra persona viva. Estos días nos enseñan que el estar ayudando de forma activa, como en las cadenas de manos que auxilian asistiendo a víctimas, alimentándolas, y el estar dando techo y cuidado, entre muchas otras tareas, son signo de un nivel ético y de un compromiso indescriptible con la vida. Somos ahora testigos y partícipes de abundantes expresiones de solidaridad, reflexión y organización, cuya continuidad en los siguientes días y semanas será clave para la reconstrucción física y moral de la población, luego de los desastres naturales de las últimas semanas. En ese sentido resulta imperioso destacar que las personas afectadas y organizadas deben ser reconocidas como sujetos de derechos, y como tales incorporadas como actores en las tomas de decisiones. No sólo como observadoras o beneficiarias de las respuestas gubernamentales. Debe también distinguirse en todo momento la responsabilidad de las autoridades de proteger y garantizar los derechos humanos de la población, y el cumplimiento de su obligación de comprometerse en responder ante las limitaciones y amenazas que la situación de desastre presenta. Es seguro que en la situación actual la organización robusta de la sociedad civil no dará tregua para fortalecer su derecho a la participación en la solución de problemáticas como la de ahora en el país. Especialmente aquellas que revelan las devastaciones de este sismo. Pues, como afirmó Carlos Monsiváis en 1985, la señora Sociedad Civil en México sigue viva. Me uno a las felicitaciones de muchas organizaciones y personas por los 33 años de vida y de trabajo de nuestro diario La Jornada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Alberto Ledezma Entradas relacionadas: Perfil de la presidencia de la CDHDF Disyuntivas frente al libre comercio La CDHDF que queremos Reparaciones de daños en el Alto Atoyac Un obispo de la liberación del
Perfil de la presidencia de la CDHDF
Perfil de la presidencia de la CDHDF Sábado 15 de septiembre de 2017 Miguel Concha Con el propósito de poder incidir, primero en la selección de candidaturas propuestas por organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, y posteriormente también en la elección de la persona que ocupe la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) en los próximos cuatro años por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, un conjunto de organizaciones civiles han venido elaborando desde hace semanas un perfil, con criterios que les parecen imprescindibles para realizar responsablemente esta delicada tarea. Para estas organizaciones, que cumplen con los requerimientos establecidos por la Asamblea Legislativa para tal efecto en la convocatoria publicada el pasado 5 de septiembre, además de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley de la CDHDF, quien ocupe la presidencia debe acreditar previamente las siguientes habilidades y cualidades. 1) Haber demostrado en su campo de trabajo experiencia y conocimiento en materia de derechos humanos, en particular respecto del manejo de estándares internacionales de cumplimiento. 2) Haber implementado con diversos actores de la sociedad civil y servidores públicos actividades de defensa y promoción de los derechos humanos, para avanzar en su cumplimiento integral. 3) Tener experiencia probada de colaboración y trabajo con instituciones públicas de derechos humanos locales, nacionales e internacionales. 4) Gozar de reconocida probidad y declaración de conflicto de interés, para lo cual se pide que además de los requisitos establecidos en la ley, se le solicite su declaración 3 de 3 desde su postulación, así como que la haga pública en caso de resultar elegida o elegido. 5) Garantizar un reconocimiento público de independencia e incluso estar dispuesto o dispuesta a presentar protesta de hacer guardar la autonomía de la CDHDF, así como el compromiso de que los servidores públicos que ocuparán los puestos en el primer nivel de la institución serán elegidos con un diseño de perfiles acordes a la materia de la visitaduría general, elaborados con el visto bueno de su Consejo. 6) Conocimiento general y específico de la institución, para lo cual se requiere que, con la colaboración de la sociedad civil, y la participación del personal de investigación de quejas y atención a víctimas de la institución, presente un plan de trabajo con dos exigencias fundamentales: a) que demuestre su conocimiento en relación con los estándares que deben cumplir las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos, para la determinación del daño y su reparación en sus cinco dimensiones, y b) cumplimiento escrupuloso de la Ley de la CDHDF en los procedimientos de queja, mediante el uso no selectivo de las recomendaciones, los acuerdos de no responsabilidad y las conciliaciones, así como la regulación de la causal de conclusión solucionado durante el trámite. 7) Conocimiento de los sistemas de derechos humanos de la ciudad, para lo cual también se requiere que con la participación de la sociedad civil, y del personal de investigación de quejas, promoción de derechos humanos y atención a víctimas de la institución, presente un plan de trabajo para la articulación de la CDHDF con las instituciones de derechos humanos y el sistema integral de derechos humanos establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, señalando estrategias y líneas de acción para: a) Promover y garantizar la atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos, mediante la instalación y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local, en cumplimiento de la Ley General de Víctimas en Ciudad de México. b) La actuación de la CDHDF con relación a los juzgados tutelares y la Sala Constitucional prevista en la Constitución de Ciudad de México, una vez que haya acreditado violaciones a los derechos humanos, luego de haber realizado la indispensable investigación. La Constitución de Ciudad de México establece en efecto, en su artículo 48, numeral 4, inciso e), que la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México está facultada para interponer ante la Sala Constitucional juicios de restitución obligatoria de derechos humanos, en los términos que prevea la ley, por recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de que se emitan medidas para su ejecución. Y c) Promover y garantizar la progresividad, no regresividad y no discriminación de los derechos humanos en relación con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y el Consejo de Evaluación de Ciudad de México. 8) Capacidad profesional de gestión administrativa, para generar un funcionamiento ético y transparente de la CDHDF. Confiamos en que estas habilidades, cualidades y capacidades sean debidamente tomadas en cuenta por las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, con el fin de que la ciudad vuelva a contar con una presidencia de la CDHDF, referente a escala nacional, e incluso internacional. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Internet Entradas relacionadas: Disyuntivas frente al libre comercio La CDHDF que queremos Reparaciones de daños en el Alto Atoyac Un obispo de la liberación del pueblo Otro esfuerzo indígena a contracorriente Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad
Disyuntivas frente al libre comercio
Sábado 09 de septiembre de 2017 Miguel Concha Aanizada y convocada por la red de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC), entre los días 23 y 27 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Toulouse, Francia, la Universidad de Verano de los Movimientos Sociales. Desde una mirada mayormente europea, pero en diálogo con experiencias de lucha y resistencia de otras latitudes del mundo, en dicho encuentro se tuvo oportunidad de pensar en colectivo y en voz alta sobre las encrucijadas que hoy tenemos y enfrentamos en el mundo; y se reflexionó sobre algunas alternativas, espacios organizativos y estrategias de resistencia encaminadas a la transformación de este sistema, que sabemos pone al centro los intereses de las corporaciones, y la ganancia y acumulación del capital. Se pensó también en el efecto Trump y sus repercusiones en la agenda del comercio y los derechos humanos, y en el ascenso en Europa de posturas políticas ultraconservadoras y xenofóbicas. En el evento se dieron cita distintas generaciones de activistas, académicos y personas defensoras de derechos humanos, que al encontrarse lograron identificarse frente a encrucijadas, en un mundo roto y confuso. Como se compartió en esta universidad, hoy México se ubica como uno de los acontecimientos políticos importantes de la actualidad. La llegada de Donald Trump al poder es un suceso que lo obliga, a él ciertamente, pero también al continente americano, a reflexionar y debatir, considerando hacía dónde y cómo queremos seguir. Por ejemplo, muy recientemente comenzaron las rondas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo cual será clave para interpretar el rumbo de las relaciones comerciales que deban surgir, posteriores al fracaso o fortalecimiento de ese tratado. Ello nos ubica en por lo menos dos caminos. Uno, pensar que efectivamente nada cambiará, y que esta coyuntura es una más de las que generan las élites económicas y políticas de Norteamérica. Que debemos seguir por la misma senda, ampliando incluso los espacios de aplicación de las mismas recetas. O bien, dos, aprovechar que estamos en tiempos propicios para desenmascarar las mentiras que nos han sido impuestas por décadas. Para ser exactos, desde el Consenso de Washington. Este ejemplo del TLCAN se extiende también a otras regiones, donde la encrucijada se presenta igualmente así. Primeramente, asumir o no que este es un momento oportuno para superar contundentemente la falsa dicotomía que ahora se nos presenta entre nacionalismo –vulgo dicto proteccionismo de tipo neofascista–, y libre comercio neoliberal como únicos caminos. Por tanto, como pueblos, comunidades y colectividades tenemos la oportunidad de proponer otros caminos. Otras formas de ser en el mundo. Otro modo de cooperar entre países. Otros modelos de relaciones comerciales. Existe ciertamente la posibilidad de generar cambios que nos permitan tener y proponer nuevas alternativas. Por ejemplo, una globalización de la solidaridad y de la justicia que ponga en el centro la dignidad de las personas y de los pueblos, sus derechos humanos, el cuidado y la conservación de la naturaleza, y nuestros bienes comunes. Una globalización que nos permita transformar realmente factores estructurales que reviertan con eficacia el cambio climático, la financiarización enloquecida, y la desigualdad social; y que nos habilite para poder divisar horizontes de esperanza y liberación en medio de esta crisis de civilización en la que nos encontramos en, por lo menos el mundo occidental, si es que no queremos encontrarnos mañana en una situación peor que la que ahora lamentamos. Una globalización que nos permita revertir los efectos negativos que ahora padecemos, aunque sea por medio de medidas concretas, continuas, escalonadas en el tiempo, modestas, pero eficaces. Para esto, es urgente denunciar y ser conscientes de la arquitectura de la impunidad que se crea en favor de las corporaciones, como lo vemos en las propuestas de tratados de libre comercio nuevos o modernizados. Recordemos que una de las demandas más visibles de las corporaciones tiene que ver con la protección de inversiones y la resolución de controversias entre empresas y Estados, con lo que claramente se les otorgan más derechos y poder, en detrimento de los derechos de pueblos enteros. Hoy las víctimas de este perverso sistema nos demandan más compromiso ético y político con sus causas, que son nuestras causas, y son desde abajo. Nos exigen unirnos en articulaciones estratégicas globales que nos permitan avanzar en la edificación de esos otros mundos. De esto fueron más conscientes quienes acudieron a la cita con ATTAC en Toulouse. Hoy es urgente, se dijo también, ser más prudentes de que podemos lograr cambios profundos, si no renunciamos al uso de nuestra sensibilidad y razón, y no seguimos negligiendo la ética en la política y la economía. Las articulaciones son ahora sin duda de tipo internacionalista, sí, pero deben seguirse también dando a escala local, fortaleciendo actores sociales que de manera histórica han estado presentes en las luchas, y otras colectividades que hoy emergen y nos retan a repensar los proyectos de las izquierdas en el mundo. Nuestros criterios en esta tarea deben ser que entre más interseccionales sean nuestras articulaciones estratégicas, será mejor, como bien se reflexionó en diversos seminarios en esta Universidad de Verano. Que entre más develemos y demos cuenta con claridad de la violencia y maraña producida por los diversos sistemas de opresión que nos abruman, mejor podremos pensar nuestras estrategias comunes. Y por ello resonó una fuerte invitación. Las luchas sociales deben replantearse, ser interseccionales, y más creativas y esperanzadoras. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Esu2017
