La CDHDF que queremos
La CDHDF que queremos Sábado 2 de septiembre de 2017 Miguel Concha Dentro de pocas semanas la actual titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concluirá el periodo del mandato para el que fue designada, es decir, del 5 de noviembre del 2013, al 31 de octubre del 2017. Para sustituirla o ratificarla el artículo 107, inciso a) de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal señala que faltando 60 días naturales a la conclusión de su encargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa convocará al número de organismos no gubernamentales que considere conveniente por haberse distinguido en la promoción y defensa de los derechos humanos; a las asociaciones y colegios vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos y, en general, a las entidades, instituciones y personalidades que estime convenientes, a proponer a una o un candidato para hacerse cargo de la presidencia de la comisión, propuestas que deberán hacerse a más tardar siete días después de haberse publicado la convocatoria. Y tomando en cuenta los tiempos establecidos en la misma Ley, dicha convocatoria tendrá que hacerse a más tardar el próximo 5 de septiembre. Por tal motivo el pasado martes alrededor de 80 organizaciones civiles locales y nacionales se pronunciaron públicamente por la implementación de un proceso transparente, objetivo, imparcial y participativo, con el fin de garantizar la indispensable autonomía de la institución, prescrita en su propia ley, y para que ejerza toda su capacidad como contrapeso democrático frente a las autoridades de la Ciudad. Al emitir su mensaje ofrecieron también una evaluación en torno a cinco bloques interrelacionados de preocupación sobre la actual gestión, titulada La CDHDF que queremos: Atención a víctimas; Gestión interna; Relación con el Consejo Consultivo; Relación con la sociedad civil, y Relación con el gobierno. En su documento las organizaciones expresan su preocupación por el número de quejas de violaciones a los derechos humanos que desde la calificación inicial prácticamente se concluyen por las siguientes causales: improcedencia, incompetencia, falta de interés del quejoso, desistimiento, sin elementos suficientes, no violación a derechos humanos y solucionada, sin haber entrado al estudio de fondo; así como por la presión a las víctimas para conciliar y poder concluir casos en los que se acreditaron violaciones a los derechos humanos, e incluso al personal de la comisión para que concluya precipitadamente los expedientes en trámite. En contrapartida, las organizaciones lamentan el escaso número de recomendaciones, su oportunidad, su probable selectividad discrecional, la dilación en las investigaciones, la falta de contundencia para exigir a las autoridades responsables las informaciones necesarias, la insuficiencia en la tipificación del número de derechos humanos violados, así como en los puntos recomendatorios de las medidas para asegurar la reparación del daño a las víctimas. Y por lo que se refiere a la gestión interna, las organizaciones lamentan una falta de continuidad y calidad del trabajo, y un debilitamiento y desmantelamiento a su vez del servicio profesional de carrera, debido sobre todo a la alta rotación del personal, sin una sustitución, en algunos casos, de cuadros del nivel profesional y experiencia de quienes son despedidos. Como dato significativo apuntan que durante los ocho años de gestión de Emilio Álvarez Icaza fueron relevados únicamente dos visitadores, y seis, aunque uno de éstos fue reacomodado en otra visitaduría, durante los cuatro años de la gestión de Luis González Plascencia. En cambio, durante los cuatro años de la actual administración han sido ya removidos 18 visitadores. Además de las afectaciones que esta situación causa a la continuidad y calidad de los trabajos de la comisión, esta política de despidos ha generado gastos por más de 40 millones, que bien podrían haberse empleado en otras actividades de la comisión. Y por lo que se refiere a la relación con el Consejo Consultivo, las organizaciones lamentan que en su seno se haya perdido la voz de importantes personalidades, y que su remplazo haya sido realizado con amplias irregularidades desde su convocatoria y durante el proceso mismo de su elección. Como datos significativos apuntan que los rumores señalan que el PAN, el PRI y el PRD simplemente se reparten los lugares, y que, sin ninguna explicación de por medio, la y los dos consejeros electos en el proceso más reciente no han sido citados para tomar protesta ante el pleno de la Asamblea. Finalmente, las organizaciones lamentan que al interior del consejo la actual dirección haya limitado las discusiones estructurales y sensibles para el quehacer de la comisión, y que más bien las haya convertido en sesiones informativas, de carácter cuantitativo, que no permiten valorar el cumplimiento de su mandato, e incluso profundizar en los contenidos de las recomendaciones, refiriendo los límites de las atribuciones del consejo a las nuevas políticas de protección de datos personales, o a la existencia de conflictos de interés. Y por lo que se refiere a la sociedad civil, las organizaciones lamentan que se ha visto disminuida aquella relación de acompañamiento y colaboración que se había construido con el movimiento amplio de derechos humanos, por medio incluso del establecimiento de grupos de trabajo temáticos; y que se ha perdido el respaldo de un sector de la academia. Por todo ello, estas organizaciones se pronuncian porque la CDHDF recupere su posición como ejemplo de progreso, libertad y autonomía a nivel nacional, y como una institución de contrapeso, no una observadora pasiva y permisiva de violaciones a los derechos humanos. Lo cual exige un relevo en la presidencia de la CDHDF. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Pablo Leautaud Entradas relacionadas: Reparaciones de daños en el Alto Atoyac Un obispo de la liberación del pueblo Otro esfuerzo indígena a contracorriente Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala
Carta Pública de Araceli Osorio a las y los Integrantes del Consejo Universitario de la UNAM.
Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM 10 de Julio de 2017 Por medio de la presente les saludo cordialmente, deseándoles éxito en sus actividades como representantes de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de manifestarles lo siguiente, en virtud de estar directamente relacionado con su labor como consejeros/as universitarios/as: I. El día 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria fue encontrado el cuerpo sin vida de mi hija Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante y parte de la comunidad universitaria. II. El 11 de mayo del presente año la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, a través del Boletín UNAM-DGCS-324, informó sobre la conformación del Grupo de universitarias expertas en violencia de género, que contribuiría al desarrollo de las investigaciones del caso. III. El 26 de junio de 2017, en la Gaceta UNAM, se publicó un Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género en el que reconocieron a Lesvy Berlín Rivera Osorio como estudiante universitaria, además de exigir que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México actuara con la debida diligencia y respeto a los derechos humanos de las víctimas. Asimismo, en el comunicado referido las académicas informaron sobre la realización de gestiones para la organización de un acto público de redignificación de la memoria de mi hija en la Universidad. IV. Mediante oficio del 5 de julio de 2017 dirigido al Rector Enrique Graue, solicité la preservación del lugar de los hechos para garantizar la intangibilidad de los elementos, rastros o indicios que aún permanecen ahí y para evitar cualquier pérdida, destrucción, alteración o contaminación del mismo. En el mismo documento pedí la emisión de un acuerdo o la implementación de un mecanismo jurídico para que las autoridades universitarias preservaran el lugar de los hechos con el propósito de esclarecer el feminicidio de Lesvy, garantizar el acceso a la justicia y no repetición de los hechos, la sanción a los responsables, la memoria y la reparación integral del daño. V. El 10 de julio del 2017, por medio de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, el Grupo de académicas expertas en perspectiva de género publicó un segundo comunicado donde expresaron su preocupación por la actuación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México puesto que realizó su trabajo al margen de los protocolos para la investigación del delito de feminicidio y con ello revictimizó a mi hija Lesvy Berlín Rivera Osorio y a la familia obstaculizándonos el acceso a la justicia. Entre las exigencias del grupo de expertas en género se encuentra la observancia del debido proceso, investigar el delito con perspectiva de género y bajo el tipo penal de feminicidio, cumpliendo con los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales y la jurisprudencia obligatoria «1a./J. 22/2016 (10a.) ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, derivada del caso Mariana Lima Buendía, la cual determina que ante muertes violentas de mujeres la primer línea de investigación que debe seguirse es la de feminicidio. VI. El 10 de julio del 2017 se publicó también un comunicado de la Comunidad Académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM (CIEG) quienes, de igual manera que el grupo de expertas en género, se inconformaron con las conclusiones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y exigieron el esclarecimiento de los hechos colocando el feminicidio como principal línea de la investigación. En ese tenor, hago de su conocimiento el extrañamiento de la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio porque no fue preservado adecuadamente el lugar de los hechos e incluso fue modificado pues, durante el periodo vacacional, se colocó un nuevo cable y auricular en la caseta telefónica donde el feminicida privó de la vida a mi hija. Por lo anteriormente expuesto y en virtud de las facultades que ustedes tienen como integrantes del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, les solicito atentamente manifestar su conformidad con las siguientes peticiones dirigidas a ustedes y al Rector Enrique Graue: PRIMERO. Suscribir un acuerdo por el que se declare como sitio para la preservación de la memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio y de las demás víctimas de feminicidio en México, el lugar donde se ubica la caseta telefónica, delimitado por el pasillo verde frente al edificio 4 del Instituto de Ingeniería y el edificio 2 del mismo Instituto en Ciudad Universitaria. SEGUNDO. Realizar el acto de dignificación pública de la memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio, reconociéndola como miembro de la Comunidad Universitaria, como medida de no repetición de la violencia feminicida y de reparación del daño a la dignidad de mi hija, de sus familiares y de la comunidad universitaria. TERCERO. Pronunciarse para que las instituciones que procuran e imparten justicia busquen el pleno esclarecimiento de los hechos, actúen con la debida diligencia, investiguen, juzguen y sancionen los hechos con perspectiva de género. CUARTO. Pronunciarse por la erradicación de la violencia de género en la UNAM. Sin otro particular aprovecho para enviarles un cordial saludo, esperando su favorable y pronta respuesta. Ciudad Universitaria a 30 de agosto del 2017 ¡No fue suicidio, fue feminicidio! ¡Justicia para Lesvy! Atentamente ARACELI OSORIO MARTÍNEZ Madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de
Reparaciones de daños en el Alto Atoyac
Reparaciones de daños en el Alto Atoyac Sábado 26 de agosto de 2017 Miguel Concha Los pobladores de varias comunidades de los municipios de Ixtacuixtla, Tepetitla, Nativitas, Huejotzingo y San Martín Texmelucan, en los límites de Puebla y Tlaxcala, libran desde hace más de 20 años una lucha por su derecho a la justicia ambiental, como aspecto inherente a la justicia social que les ha sido negada por el Estado. Los integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida presentaron en 2011 una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que ésta, con base en el examen de evidencias testimoniales, documentales y científicas, determinara si las autoridades federales, estatales y municipales estaban violando los derechos humanos de los pobladores de las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Atoyac, Xochiac y Zahuapan (cuenca del Alto Atoyac). Ríos gravemente contaminados con descargas de agua residual de origen municipal, y, peor aún, con descargas altamente tóxicas de origen industrial, provenientes de no menos de dos mil empresas de todo tamaño asentadas en esos cinco municipios, y que incluso ascienden a más de 10 mil, si se incluyen todas las empresas instaladas en la cuenca. En marzo de este año, seis años después de presentada la queja, la CNDH finalmente respondió con una recomendación, la 10/2017, en la que señala la responsabilidad de autoridades federales, como la Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris; estatales, como los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, y municipales, representadas por los ediles de los municipios mencionados, en la violación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano, al saneamiento y a la información, sin olvidar que estos derechos están directamente vinculados al ejercicio de otros más, como el derecho a la vida, la salud y la alimentación. De hecho, la recomendación de la CNDH reconoce una realidad ampliamente conocida por las comunidades afectadas, pero que había sido negada durante décadas por las autoridades de los tres niveles de gobierno: la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac está directamente vinculada con la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, como cáncer, leucemia, púrpura trombocitopénica e insuficiencia renal, que abundan en la región, y cuya proliferación podría ser prevenida con una política pública de estricta regulación de las emisiones y descargas contaminantes de las industrias asentadas en la cuenca, pertenecientes, entre otras, a los ramos automotriz, de autopartes, químico, petroquímico, agroquímico, de plásticos, textil, procesamiento de alimentos, metalmecánico, maderero y papelero. Sin embargo, el gobierno mexicano ha aplicado en todo el país la política exactamente contraria; es decir, la desregulación ambiental, que no significa otra cosa que dejar a las empresas privadas, nacionales o extranjeras violar impunemente la normatividad existente, o bien adecuar dicha normatividad a que las industrias que manejan y vierten sustancias altamente tóxicas para el ambiente y la salud, aparezcan siempre como cumpliendo con la norma. La recomendación señala con claridad que las Normas Oficiales Mexicanas encargadas de determinar los límites máximos permisibles de ciertos contaminantes vertidos en aguas nacionales (NOM-001-SEMARNAT-1996), y en los sistemas de alcantarillado municipales (NOM-002-SEMARNAT-1996), no sólo son cotidianamente violadas por las miles de industrias que operan en la cuenca del Alto Atoyac y las mismas autoridades, sino que, aún cumpliéndolas, los ríos estarían igualmente contaminados, y la población seguiría sufriendo las consecuencias de dicha contaminación: enfermedades, ruina económica y muerte, en parte porque en los ríos de México, como en la cuenca del Alto Atoyac, hay presencia de decenas de contaminantes industriales que ni siquiera están contemplados por la norma. En consecuencia, la recomendación de la CNDH permite detectar un hecho evidente: la normatividad ambiental mexicana es absolutamente inoperante para la protección de los ecosistemas ribereños, los derechos humanos y el modo de vida de las personas y comunidades que habitan en la cuenca, y tendría que ser sustituida por otra que efectivamente incluya los cientos de sustancias y compuestos tóxicos que vierten directamente las empresas en los ríos y los drenajes municipales. Una normatividad que considere la medición de la carga acumulada de contaminantes vertidos por el conjunto de la industria, en vez de medirlos individualmente –lo que permite que todas las empresas prácticamente cumplan la norma–, y que imponga un sistema de sanciones que verdaderamente inhiba su incumplimiento y la impunidad reinante. La CNDH les ha establecido a las autoridades un plazo de seis meses para que, con la participación de los quejosos y afectados, diseñen un Plan Integral de Restauración Ecológica de toda la cuenca del Alto Atoyac; esto es, más allá de los cinco municipios incluidos en la propia recomendación. Un plan que incluya el tratamiento médico para la población afectada en su salud, y que requiere de atención urgente. Ello no obstante, las recomendaciones de la CNDH no tienen lamentablemente la fuerza vinculante que obligue a las autoridades a cumplir con su contenido a cabalidad, a satisfacción plena de los afectados. No ha dejado de existir en efecto el riesgo de que el daño ocasionado a las comunidades del Alto Atoyac se repita mediante simulaciones de remediación, como las que las autoridades aplicaron en esa cuenca en 2005 y 2011. Se requiere entonces de la presión y de la exigencia civil y social para que el Estado repare realmente los daños ocasionados a las comunidades, para que dejen de morir más personas y puedan vivir ejerciendo plenamente sus derechos. Lo que no se logrará sin escuchar y respetar los deseos de los agraviados. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: Un obispo de la liberación del pueblo Otro esfuerzo indígena a contracorriente Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social
Tepoztlán, frente al ecocidio del gobierno de Morelos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 20 de agosto de 2017 Por: Layla Ahlam Vázquez Flandes/Carlos A Ventura Callejas En los últimos años, a lo largo de todo el país hemos visto el incremento de los conflictos causados por la imposición de megaproyectos de todo tipo: mineros, turísticos, inmobiliarios, energéticos, monocultivos y de construcción de autopistas. Estos megaproyectos, a cargo de grandes empresas, se ven impulsados por la complicidad de los diversos niveles y órdenes del gobierno mexicano, y por las intenciones del Estado de fortalecer cada vez más al sistema neoliberal por medio de las reformas estructurales y de los tratados de libre comercio. Asimismo, ante el avance de estos proyectos violatorios de los derechos humanos y contrarios al buen vivir de las personas y de los pueblos, la gente afectada por ellos se ha organizado para defender sus territorios y la vida que de éstos depende. Éste es el caso del pueblo de Tepoztlán, Morelos, que ha luchado contra el gobierno de Graco Ramírez y contra el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos (Centro SCT Morelos) desde 2013, por la construcción de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla. Las y los habitantes de Tepoztlán denuncian que esta obra se inició sin contar con los permisos necesarios: la Asamblea de Comuneros no ha autorizado la construcción sobre 16 de los 21 kilómetros correspondientes al megaproyecto, los cuales son de propiedad comunal; y el resto, de carácter ejidal, fueron entregados al Centro SCT Morelos por el Comisariado Ejidal a cambio de 12 millones de pesos, de modo que las tepoztecas y los tepoztecos hablan de que tal permiso fue “amañado”. La construcción de dicha autopista representa el ecocidio de más de 121 hectáreas de bosque, el equivalente a más de 3 mil árboles de los cuales depende el ecosistema tepozteco, sin contar las hectáreas afectadas por la construcción de casetas y otras obras aledañas; además de violar dos decretos presidenciales que protegen el territorio (el decreto que declara Parque Nacional El Tepozteco, los terrenos que rodean el pueblo de Tepoztlán, y el decreto por el que se declara el área de protección de la flora y fauna silvestres, ubicada en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, Morelos), así como el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Morelos. Por otro lado, la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla ha traído a Tepoztlán el desabasto del agua, pues la empresa constructora utiliza grandes cantidades del vital líquido para la obra, despojando a las y los tepoztecos de un derecho humano consagrado en el Artículo 4 constitucional. Aunado a esto, se prevé que agravaría el desabasto del agua y la contaminación del aire en la región, toda vez que existe una ampliación parte del Plan Integral Morelos (PIM) que busca industrializar la región oriente del estado, centrándose en la construcción de dos plantas termoeléctricas. En suma: despojo del territorio de los pueblos originarios y del agua, ecocidio del bosque y la polarización entre la población de Tepoztlán es, todo ello, consecuencia de la imposición del megaproyecto que contempla la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla, violando los derechos a la autonomía de los pueblos, a la consulta previa, libre e informada, a un medio ambiente sano y al agua, amén de la descomposición del tejido social que se sustenta en una cultura diversa en tradiciones, y de las cuales las y los habitantes de Tepoztlán están orgullosas y orgullosos. Contra toda esta serie de amenazas a la dignidad y al buen vivir, los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán se han organizado para evitar que este megaproyecto, perjudicial para la vida de este pueblo, siga avanzando; ejerciendo presión política, social y jurídica para mostrar la arbitrariedad con la que han actuado las autoridades de Morelos para imponer la ampliación de la autopista ya mencionada. En las últimas semanas, las y los integrantes de los Frentes impulsaban sostener una reunión de trabajo, tanto con el gobierno del estado como con el Centro STC Morelos, mas dicha reunión fue cancelada debido a que no había nadie para recibirlos. A raíz de ello, personas de los Frentes se instalaron en plantón dentro del Palacio de Gobierno de Morelos hasta que alguien los recibiera; durante este acto de protesta, se les negó el acceso a los baños, a agua y a alimentos para quienes se encontraban dentro de la sede gubernamental. Ahora los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán se encuentran a la espera de que se reagende la reunión de trabajo con las instancias estatales ya mencionadas, en conformidad con los acuerdos a los que se llegaron tras el plantón, en la cual se permita conocer íntegros los supuestos permisos de la ampliación de la autopista, y se priorice la protección del corredor ecológico del Tepozteco y la vida digna y plena para el pueblo de Tepoztlán. Es deber del gobierno de Morelos atender de manera integral y urgente las demandas de estas comunidades, casi 4 años, desde iniciado el conflicto, no le parecen suficientes a las autoridades para entender que la razón asiste a los pueblos, y que su imposición autoritaria de megaproyectos no hace sino violentar sistemáticamente derechos de pueblos y comunidades en Morelos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] *Colaboradorxs del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: desinformemonos.org [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Un obispo de la liberación del pueblo
Un obispo de la liberación del pueblo Sábado 19 de agosto de 2017 Miguel Concha Organizaciones eclesiales, sociales y populares conmemoraron el pasado martes en la Casa de la Solidaridad de Ciudad de México los 100 años del nacimiento de monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, sacrificado por la oligarquía mientras celebraba la eucaristía el 24 de marzo de 1980. Ocasión propicia para recordar, con el teólogo jesuita Jon Sobrino, que monseñor Romero fue defensor del pobre y del oprimido, e hizo de esa defensa función específica y fundamental de su ministerio episcopal. Con ello consiguió institucionalizar en la Iglesia la opción preferencial por los pobres, y recobró un dato fundamental del episcopado latinoamericano y caribeño, que comenzó en tiempos de la Colonia, y después desapareció: el de ser por oficio su protector. Durante el acto, convocado también para hacer ver la actualidad de la trayectoria pastoral y el pensamiento de monseñor Romero, se recordaron igualmente los principios teológicos y los criterios prácticos que fueron normando su vida como pastor cristiano, desde y al lado del proceso de liberación del pueblo. Para monseñor Romero, en efecto, la Iglesia no es adecuadamente la utopía cristiana del reinado de Dios, sino su servidora, y por ello tiene que cooperar desde dentro con todos aquellos que, aunque no fuesen cristianos, quieren de verdad una sociedad más justa. Sin embargo, debe además propiciar en el proceso de construcción de una nueva sociedad, y cuando ésta se constituya, los valores cristianos del hombre y la mujer del reino. Para él los destinatarios primeros del reinado de Dios son los pobres, pero no sólo en el sentido de que éste deba ser construido para ellos, sino en el sentido de que ellos mismos deben ser gestores de su propio destino. Y por ello ningún proceso dirigido a su construcción puede negarles su sustancial participación. Para la Iglesia entonces impedir, dificultar o anular el reino, y el hombre y la mujer del reino, es pecado, el cual se extiende a lo personal y estructural. Y su malicia tiene una gradación intrínseca, importante para juzgar sobre situaciones y procesos. Para monseñor Romero no es por tanto suficiente evangelizar a todas las personas o segmentos de las mismas con acciones adecuadas a sus condiciones y necesidades, sino que es indispensable evangelizar la totalidad. Lo que significa evangelizar también la realidad estructural de la sociedad, y por ello evangelizó constantemente, denunciando como pastor las estructuras injustas, anunciando los necesarios cambios sociales, económicos y políticos, y propiciando y acompañando aquellos proyectos concretos que mejor parecen conducir a un cambio de estructuras. Aunque para monseñor Romero todos estos principios no eran vistos solamente como cuestiones teóricas, especulativas y abstractas, sino como verdaderos criterios prácticos que orientaban sus posicionamientos frente a la realidad conflictiva y compleja de su país. Por ello historizó siempre la realidad del pobre, superando su noción espiritual, propia de lecturas ingenuas e interpretaciones interesadas, ajenas a los sufrimientos de los oprimidos, y describió su rostro concreto en El Salvador, tal y como lo hizo la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, en 1979 (nn. 31-39). Pero más allá de eso, vio en el pobre no a un individuo aislado, sino a las mayorías del país, con lo que, al mencionar al pobre, estaba mencionando el problema de su país. Concibió además a esas mayorías no como suma de individuos, sino como colectividad, como pueblo, viendo en ellas a un grupo social antagónico al grupo oligárquico, sin detenerse como pastor a hacer un análisis clasista de ambos grupos. Como afirma también Jon Sobrino en el artículo que encabeza el libro que colecciona las cartas pastorales de monseñor Romero durante los tres años que estuvo al frente de la arquidiócesis de San Salvador –titulado La voz de los sin voz, y al que nos hemos estado refiriendo–, monseñor Romero historizó también lo que significa que el pueblo debe ser gestor de su propio destino y no puro destinatario de beneficios supuestos o reales. Por ello comprendió la lógica de avanzar de pueblo a pueblo organizado, profundizando igualmente en la comprensión de la finalidad de la organización del pueblo: la defensa de sus justos derechos y su lucha legítima por sus causas reivindicativas. Vio también la importancia de la organización del pueblo para que de alguna manera accediese al poder político, o estuviese representado sustancialmente en él. Y tomando en cuenta que las iglesias gozan todavía de un prestigio social importante en América Latina y el Caribe, vale también recordar la manera como monseñor Romero entendió ese poder en la sociedad, pues para él no se trata de un poder análogo al del poder político del Estado, que tuviera a éste como su interlocutor para llevar a cabo su propia misión, como si el gobierno fuese el dialogante natural de las iglesias, y el pueblo el mero destinatario desde arriba de ambos poderes. Lo que equivaldría al viejo modelo eclesial de cristiandad. Para él se trata de institucionalizar al servicio del pueblo el poder eclesial en la sociedad, teniendo a éste como su interlocutor natural. “El poder institucional de la Iglesia –dice Sobrino- se debe realizar a través de sus propios medios, sobre todo de la palabra que crea conciencia colectiva, y no a través de medios político-eclesiásticos, buscando concesiones del Estado. Y se debe realizar en beneficio del pueblo y no de la misma institución de la Iglesia”. Por ello el pueblo considera a monseñor Romero como un modelo de lo que debe ser un obispo con fe evangélica, capaz de hacer eficaz esa fe para su proceso de liberación. Consultar artículo en La Jornada. Entradas relacionadas: Otro esfuerzo indígena a contracorriente Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia
Justicia para Lesvy en la tierra
Justicia para Lesvy en la tierra “Están viendo el rostro del dolor, el rostro de la rabia”, dice la madre mientras mira al padre de Lesvy, que se mantiene al lado de ella con un gesto que ilustra sus palabras. “Pero al final estamos viendo mujeres y hombres que buscan el cambio, a ese mundo queremos apostar, a ese mundo le apostaba mi hija; el dolor no nos va a tirar”. 17 de agosto de 2017 Por: Diana del Ángel La dignidad en nuestras manos “Grandes fueron las viajeras que cruzaron por aquí”. Con esta leve modificación a la letra de “Hoy hace un buen día”, el coro “Semillas” comienza la misa por Lesvy Berlín Rivera Osorio en la casa de las Comisiones Mixtas del Stunam, a un costado del estacionamiento 3 del Estadio México 68. A decir verdad no hace un buen día en cuanto al clima pues el cielo está notablemente nublado, por eso y por lo apartado del lugar el padre Miguel Concha inicia a las cinco en punto la celebración con un auditorio medio lleno. El altar improvisado es muy sencillo: solo un crucifijo, propiedad del padre Concha, una mesa con un par de floreros y algunas veladoras; en papel craft, que hace las veces de mantel, está escrito “Justicia, memoria y verdad / Ni un feminicidio más”. Enfrente de la mesa hay un arreglo con girasoles y gladiolas rojas, pues Araceli, la mamá de Lesvy, dijo que a su hija le gustaban las flores de colores. El resto de los ramos repartidos por el auditorio son de nubes y crisantemos: las flores habituales de la muerte. Al lado derecho de la mesa está la imagen de la Virgen de Guadalupe y en el lado izquierdo el rostro de Lesvy nos mira desde distintas fotografías, casi siempre está con amigos, siempre sonriente; también hay listones de estudiantina. “Caminaré en presencia del señor en el país de la vida”, dice el padre Concha para dar lectura al salmo responsorial. Los textos de la liturgia son leídos por integrantes de la Escuela para defensoras y defensores jóvenes que coordina el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, desde hace más de quince años. El Vitoria, como es fraternalmente conocido, decidió acompañar jurídica y socialmente a los familiares de Lesvy en su búsqueda de verdad y justicia. Después de leer el Evangelio según San Mateo, el padre Concha, tal vez sugerido por la proximidad del México 68, recuerda a Heberto Castillo, universitario y luchador al lado de los jóvenes de su tiempo. Recuerda también que Jesús tuvo una especial atención hacia los grupos vulnerables como las mujeres y los jóvenes, en un tiempo en que las mujeres no contaban para nadie. Recuerda que Jesús tenía entre sus seguidores apóstoles mujeres y enfatiza que fueron ellas las primeras en enterarse y anunciarles a los hombres que Jesús había resucitado. Recuerda para no dar paso al conveniente olvido. La muerte es parte de la vida, pero no de esta manera violenta, continúa don Miguel, por eso el sacrificio de Lesvy nos sirve para seguir luchando por los derechos de las mujeres. Anuncia que se dará lectura a un pronunciamiento por parte de un integrante del centro. El documento exige a la procuraduría del gobierno de la CDMX “pleno acceso y otorgamiento de copias de la carpeta de investigación”, pues hasta ese momento ni sus familiares ni la abogada habían podido ver más que 51 copias del expediente: las que contienen sus propias declaraciones y las del personal de la UNAM. Sobre esta falta de transparencia, el sacerdote apunta que lo alarmante de no saber lo que las autoridades hacen al respecto, hace que uno se imagine lo peor. El auditorio se ha ido llenando en el transcurso de la misa y cuando el padre Concha pide que alcen la mano los que vayan a comulgar, solo unos pocos nos quedamos con las manos cruzadas o en las rodillas. “¿Quién dijo que todo está perdido?”, suena mientras otros se levantan para tomar la comunión; luego se oyen los acordes que acompañan los versos de Gloria Martín, en la canción que hiciera famosa Amparo Ochoa: “Mujer si te han crecido las ideas/ de ti van a decir cosas muy feas”. La letra fue escrita en 1973, pero a más de treinta años, sigue siendo vigente para las mujeres asesinadas, que son las primeras en ser culpadas de su propia muerte por las dependencias del Estado. En el caso de Lesvy, la Procuraduría de la CDMX “hizo públicas supuestas declaraciones de la pareja de Lesvy, atribuyéndoles veracidad y revictimizando” a su familia. Cosas muy feas fueron dichas de ella, sin tomar en cuenta que viajar, independizarse, soñar, pensar distinto es altamente femenino. Para finalizar, Araceli, madre de Lesvy, toma la palabra. Ella es trabajadora afiliada el STUNAM, a quien agradece por el apoyo brindado. Refrenda las peticiones expresadas en el pronunciamiento y nos comparte que el día anterior estuvo en el Congreso Nacional Indígena, que nombró a su vocera; nos dice que fue porque ella y su hija habían planeado estar allí, pues las dos son zapatistas desde hace mucho tiempo. “Están viendo el rostro del dolor, el rostro de la rabia”, dice mientras mira al padre de Lesvy, que se mantiene al lado de ella con un gesto que ilustra sus palabras. “Pero al final estamos viendo mujeres y hombres que buscan el cambio, a ese mundo queremos apostar, a ese mundo le apostaba mi hija; el dolor no nos va a tirar”. Cuando termina toma la palabra una integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, que pedirá coadyuvar en el proceso jurídico y de acompañamiento. El padre da por concluida la misa con una frase poco usual en las celebraciones religiosas convencionales: “A luchar por la justicia y la verdad”. Información adicional: Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria, luego de que el Centro Vitoria, como organización acompañante de la familia de Lesvy, interpuso un recurso de apelación
Otro esfuerzo indígena a contracorriente
Otro esfuerzo indígena a contracorriente Sábado 12 de agosto de 2017 Miguel Concha En la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca, ubicada a siete horas de la capital de ese estado, habitan personas de todas las edades que cada día dedican una parte importante de su tiempo, recursos, energías, proyectos y trabajo a defender su tierra, su territorio y sus bienes naturales. Frente a la industria eólica en México, que desde hace más de una década crece, sin que el Estado mexicano haga verdaderos esfuerzos por garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, esta defensa parece inagotable. Una prueba de ello es que el pasado 29 de junio la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, otorgó un permiso anticipado a la trasnacional francesa Electricité de France (EDF) para la generación de energía eólica por conducto del parque eólico Gunaa Sicarú, que se ubicará dentro del territorio de Unión Hidalgo. Sin embargo esta comunidad zapoteca, principal afectada por cualquier cambio que traiga este proyecto, no ha sido informada formalmente ni consultada hasta ahora para obtener su consentimiento sobre la construcción de dicho parque. No fue sino mediante solicitudes de acceso a la información como se enteró que la empresa solicitó ese permiso el 27 de abril pasado, el cual se autorizó el 29 de junio siguiente. Al otorgar este permiso, las autoridades federales pasaron por alto que desde 2004 la comunidad de Unión Hidalgo, acompañada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), inició una defensa legal y pacífica, aún vigente, en tribunales agrarios, y que conformó el Comité de Resistencia por la creación del parque eólico de la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex), con el fin de recuperar su tierra comunal. Misma que por medio de engaños y hostigamientos fue adquirida por la empresa como propiedad privada, con una vigencia de más de 30 años. Para otras comunidades, cuyas vidas están siendo transformadas por la llegada de megaproyectos, ha sido emblemática la batalla que ha dado la comunidad frente a Demex, aunque para los poderes ejecutivos del gobierno del estado no ha significado nada. Desde los primeros meses de 2017, Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, y Wilson Sánchez Chevez, presidente municipal de Unión Hidalgo, hicieron pública, apenas dos meses después de la segunda subasta energética, la realización de distintas reuniones con representantes de las empresas generadoras de energía eólica, entre ellas EDF. Anunciaron además la conformación de un Consejo Estatal de Energía, en el que participan empresarios y funcionarios locales, así como la aprobación de un acuerdo en materia fiscal, protección civil, registral y social para garantizar las condiciones de certidumbre necesarias a las empresas, y la instalación del Comité Técnico de la Consulta Indígena, que hasta la fecha no ha sido notificada a la comunidad. El otorgamiento por parte de la CRE de este permiso para la generación de energía eólica representa la implementación de las reformas legislativas que desde 2013 el gobierno federal impulsó en materia energética, a pesar del rechazo de la sociedad civil y de las comunidades. Destaca también que estas reformas y su implementación se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo cual demuestra que el otorgamiento de permisos sin consulta es un acto que concretiza una visión de Estado, cuyo centro está en favorecer los intereses de los grupos empresariales, por encima de los derechos de las comunidades. Mientras tanto la comunidad de Unión Hidalgo persiste en la defensa de sus derechos, lo que significa tratar todos los días de recuperar la parcela comunal que heredaron y que les fue arrebatada con engaños por una empresa trasnacional; en aprender el lenguaje jurídico y técnico de los documentos gubernamentales, que no están traducidos al zapoteco; en prolongar la reproducción de la vida, la lengua y los símbolos de su pueblo, en una comunidad mayormente migrada; en revivir en medio de cientos de aerogeneradores su flora y fauna original, cuyos aceites y raíz de metal dañan la fertilidad de la tierra, y en reconstruir, en un pueblo que está siendo orillado a dividirse y a desconfiar entre sí, sus estructuras indígenas y agrarias, mediante los consejos de ancianos y las asambleas comunitarias. Ahora, con la posible llegada de nuevas empresas trasnacionales de energía eólica, la comunidad se ha visto obligada a invertir más esfuerzos para interponer al menos tres amparos en lo que va de este 2017, con el propósito de exigir a las autoridades que se consulte a la comunidad, antes incluso de cualquier acto administrativo, y durante cada una de las fases que impliquen la implementación de proyectos, de conformidad con los más altos estándares internacionales de derechos humanos. La comunidad exigió también por este medio que el Estado mexicano le informe sobre posibles permisos que haya otorgado a EDF, y que mientras no hayan sido debidamente consultados ni consentidos por los pueblos, los dejen sin efecto. Esto demuestra que, en esta contradicción, la defensa de la tierra y el territorio significa tener que reinventar cada día, en el contexto de la implementación de un proyecto de nación –cuya finalidad es abrir con toda concesión la puerta a las empresas extranjeras, sin priorizar los derechos humanos de las comunidades indígenas y agrarias, y cuya vida está siendo directamente afectada–, proyectos comunitarios de resistencia y de defensa de derechos. El Estado mexicano está obligado a garantizar a la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo certeza jurídica y respeto a sus derechos humanos, así como la garantía de sus derechos como pueblos indígenas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : jhderojas Entradas relacionadas: Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica
Alertas de violencia de género en México
Alertas de violencia de género en México Sábado 05 de agosto de 2017 Miguel Concha La situación de crisis que actualmente se vive en nuestro país agudizó el incremento de los delitos y las violaciones a los derechos humanos. La violencia que enfrentan las mujeres también aumentó gravemente en los últimos años. El feminicidio es una de sus expresiones más extremas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016 se cometieron 2 mil 735 homicidios de mujeres en el país, de los cuales sólo 25 por ciento fue tipificado como feminicidio. Esto refleja que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han adoptado políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia que las mujeres viven día con día, dejando de lado sus obligaciones de garantizar los derechos de las mujeres establecidos en instrumentos internacionales de los que México es parte. A escala federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la creación de una alerta de violencia de género (AVG) que obligaría a las entidades y municipios a establecer medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y de acuerdo con el artículo 22 de esa ley de acceso éstas consisten en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Cabe señalar que la violencia contra las mujeres puede ser ejercida tanto por los individuos como por la propia comunidad. Convocado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el pasado martes se llevó a cabo el foro Nadando a contracorriente: contexto y seguimiento de las alertas de violencia de género desde la sociedad civil, la academia y el Estado, el cual aportó importantes elementos para un debate público sumamente necesario e inevitable, dado el contexto que enfrentamos. Durante el foro se escucharon las experiencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Chiapas, Tabasco, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y el estado de México, peticionarias de la AVG en sus entidades, o que les dan seguimiento, ejerciendo así su derecho ciudadano. Las AVG en efecto han sido resultado del trabajo conjunto de las OSC, de la academia y de diversas instituciones, las cuales visualizaron la necesidad de implementar acciones urgentes de protección a la integridad y la vida de las mujeres, mediante medidas de seguridad, justicia y prevención. A pesar de que la declaratoria formal se realiza mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la implementación de la AVG depende de las acciones que realizan las autoridades en los estados y municipios. Sin embargo, todas las experiencias del foro coinciden en la falta de voluntad política de las autoridades, quienes están obligadas a actuar de manera urgente. Las cifras en la activación de la AVG son un indicador de que la violencia contra las mujeres no ha disminuido. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, mientras que entre julio de 2015 y junio de 2016 se emitieron tres AVG, de julio del año pasado al mismo mes de este año se han decretado sólo ocho, y actualmente hay únicamente 11 alertas decretadas. Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en los últimos meses se les ha exigido llevar a cabo las acciones necesarias a 51 municipios de Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo. Sin embargo, hay que decir que frente a esta situación no todo termina con la activación de las AVG, pues el proceso de implementación y evaluación de esas medidas son fundamentales para analizar su eficacia. Además, durante el foro las organizaciones resaltaron que en sus entidades las autoridades locales no permiten su participación en la creación y supervisión de las medidas, y se limitan a señalar la falta de presupuesto para su implementación. Es importante resaltar que, a dos años de la declaratoria de AVG en el estado de México, han sido asesinadas al menos 748 mujeres solamente en esa entidad. Las organizaciones de la sociedad civil encontraron retos relcionados con compartir información y metodologías que permitan generar procesos de seguimiento más efectivos para el apoyo a las víctimas. En general se observa que prevalecen prácticas negativas que no permiten que las organizaciones peticionarias participen de las mesas de seguimiento. En este sentido Nira Cárdenas, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, destacó la importancia de generar información objetiva y estadísticas constantes con alcance municipal, estatal y nacional. De la misma forma subrayó la necesidad de dejar de poner el foco central en la capacitación, pues ésta no ha resultado eficiente. Se destacó también la necesidad de homologar a nivel nacional la tipificación penal del feminicidio, así como la de dotar de presupuesto suficiente, y sobre todo adecuadamente enfocado, a las distintas instancias involucradas, las cuales deben de operar con criterios de interculturalidad e inclusión, pues se requieren medidas específicas que atiendan las particularidades de las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad y las mujeres indígenas, entre muchas formas de ser mujer en México. El enfoque interseccional es pues sumamente necesario en nuestro país. En suma, se requiere que el Estado demuestre la más amplia voluntad política para combatir la violencia feminicida que está matando hoy en día a miles de mujeres, y agraviando a la sociedad entera. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia
Rendición de cuentas y anticorrupción
Rendición de cuentas y anticorrupción Sábado 29 de julio de 2017 Miguel Concha Este año el gobierno y muchos de nuestros políticos han demostrado con claridad la necesidad que tienen de la corrupción y la impunidad para gobernar y desarrollar su versión de democracia. Voy a mencionar enseguida cinco hechos significativos de corrupción a partir de julio de 2016, mes en que se promulgaron las siete leyes que constituyen el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 1) La impunidad que han disfrutado algunos gobernadores estatales que han destinado recursos públicos a su patrimonio personal o a las campañas de su partido. Lo que entre cosas les permite disfrutar como de una especie de seguro, por el que las autoridades federales y locales actuarán con condescendencia y negligencia en la investigación de posibles delitos que hayan cometido, así como en la aplicación de penalizaciones una vez que terminen su periodo de gobierno. 2) La negación de evidentes conflictos de interés por parte de autoridades designadas por el gobierno, y cuyas acciones deberían estar sujetas a evaluación. 3) La utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios de alto nivel en las campañas electorales de su partido. 4) El establecimiento de los sistemas locales anticorrupción en los estados, que presenta graves atrasos y revela el interés de los gobernadores de que el sistema no entre en operación. Sólo los estados de Querétaro, Jalisco y Nuevo León han cumplido con la implementación oportuna de las medidas necesarias para que el sistema opere en la fecha prevista. Los otros 29 no lo han hecho. 5) La postergación de nombramientos de elementos determinantes para que el SNA inicie sus operaciones a nivel federal, como es el caso de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción. Como una excepción en el periodo, debe mencionarse la actuación de la Auditoría Superior de la Federación. Pese a ello el resultado de sus auditorías no es atendido con eficiencia por el poder judicial en la mayor parte de los casos. Todo lo cual, y otras situaciones más, nos permiten afirmar que la impunidad sigue en su apogeo, y que es evidente que algunas de las autoridades buscan diferir las medidas necesarias para que el SNA opere. Además, siempre habrá el riesgo de que cuando entre en operación alguno de sus integrantes designados por el gobierno, o nombrados por los partidos políticos, no actúe con la autonomía necesaria. En fin, la opacidad y la discrecionalidad que requiere la corrupción para su operación no se va a lograr eliminar mientras el gobierno en todos sus niveles sea el único responsable de que así suceda. Y sin embargo, hay muchas naciones en las que no hay corrupción, ni siquiera percepción de ella, como es el caso de los Países Escandinavos, Nueva Zelandia y otros. Por lo que cabe preguntarse qué hacen y qué han hecho sus ciudadanos para que así suceda. La primera característica común que se observa en todos ellos es el respeto al derecho ciudadano de conocer en detalle el resultado de su esfuerzo tributario, por medio de una rendición de cuentas que permita la transparencia absoluta y detallada de la gestión gubernamental. La cultura en esos países incluye la práctica de solicitar esta información en forma natural y sistemática. La rendición de cuentas es integral, y contiene entre otras las siguientes características: a) La información se proporciona en forma anónima al interesado y es fácilmente accesible. b) Está permanentemente actualizada y en línea. c) Incluye la utilización de los recursos públicos de todas las instancias de gobierno, instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, etc. d) Los contratos de obra pública y de compras, incluyendo su justificación, impacto social, procesos de licitación y otorgamiento, así como el nombre de proveedores y ofertantes. e) Litigios en proceso en el poder judicial. f) Información que permita juzgar la eficiencia de la gestión gubernamental, aún cuando no implique movimiento de recursos públicos. g) Declaraciones patrimoniales y fiscales de los funcionarios de alto nivel de todas las instancias, incluyendo currículos. En el caso de nuevos nombramientos, el currículo y el patrimonio deben ser publicados antes de la designación, y pueden ser objetados. h) Los ciudadanos pueden además difundir sus comentarios, denuncias de corrupción, posibles conflictos de interés, sugerencias, quejas, objeciones etc., mediante organizaciones de la sociedad civil establecidas para tal efecto, conservando desde luego su anonimato. La consecuencia es que la ciudadanía se convierte en el eje de la lucha contra la corrupción, y en el elemento determinante para su gradual eliminación. De hecho conviven en una democracia participativa que utiliza la rendición de cuentas para vigilar y exigir la eficiencia, la honestidad y la legalidad, en una gestión gubernamental enfocada a lograr una democracia apegada a la legalidad y a la ética, la eficiencia, la equidad en el mercado, la búsqueda eficaz del bien común, y el logro de un auténtico estado de derecho. Lo anterior no es un sueño, sino una realidad en diversos países. En nuestro país contamos ya con una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con el instituto que debe implementarla sin cortapisas. Con un SNA en vías de operar, aunque sujeto a los obstáculos descritos, y que requiere para lograr sus propósitos de la participación de la sociedad civil en forma indispensable. Operan también diversas organizaciones ciudadanas dedicadas a lograr la eliminación de la impunidad. La siguiente etapa es el lograr motivar a nuestra ciudadanía para que reconozca la importancia de su participación, y utilice sus derechos en materia de rendición de cuentas, exigiendo sin descanso información, procesándola y dándole seguimiento. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Scott Campbell Entradas relacionadas: Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua
Plaguicidas fuera de control
Plaguicidas fuera de control Sábado 22 de julio de 2017 Miguel Concha La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios define a los plaguicidas como aquellas sustancias químicas que impiden la proliferación de plagas y enfermedades de los cultivos y del ganado, y reducen o evitan las pérdidas en la producción de alimentos, contribuyendo así al control de los vectores de diversas enfermedades. Pero entre tan pocos beneficios, lo que señala a detalle son sus efectos nocivos, pues asegura que, no obstante la importancia económica de estos productos, es necesario destacar que su aplicación indiscriminada y sin control puede ocasionar daños al ambiente; por ejemplo el deterioro de la flora y la fauna silvestres, la contaminación del suelo, los mantos freáticos y las aguas continentales y costeras, así como la generación de plagas resistentes. Y agrega que el uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es peligroso para el hombre (sic), lo cual se puede manifestar por intoxicaciones de grado diverso, y por efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad y mutagénesis, entre otros.Llama la atención que en una definición tan clara sobre los supuestos beneficios de los plaguicidas, se adviertan más resultados desfavorables que favorables por el uso de estas sustancias en los cultivos, además de que se consideren contrarias al cuidado de la naturaleza y de toda forma de vida, en las que se ve implicada la vida humana. Una definición como la de esta institución, encargada de la regulación, control y fomento sanitario, devela en sí misma un debate que no podemos obviar en México, pues se ha identificado que hoy existe en el país un uso desmedido de esos plaguicidas, y, tal y como dije arriba, ya se conocen sus efectos nocivos contra los derechos de las personas, aunque también se han visto afectados bienes comunes naturales por su descontrolado uso. Organizaciones sociales han identificado que trabajadores del campo, mujeres embarazadas, niñas y niños son principalmente quienes, ante el contacto con estas sustancias, altamente peligrosas, se ven en una situación de vulnerabilidad. En este sentido la organización Greenpeace México presentó en días pasados un informe, al que denominó Derechos Humanos y Plaguicidas, en el que urge a revisar y atender el descontrol en el uso de estas sustancias, sobre todo los plaguicidas altamente peligrosos. Con base en la documentación realizada, esta organización solicita al gobierno federal la prohibición de estos plaguicidas, toda vez que, por su uso en los cultivos y sistemas agrícolas, se han visto afectadas comunidades enteras. A partir de este informe, no es poco alertar, en un marco de respeto a los derechos humanos, y la impostergable, urgente y necesaria transición hacia la agricultura ecológica, sobre la urgencia de contar con un nuevo régimen legal en materia de plaguicidas. Como hemos discutido en otras ocasiones, sabemos, a propósito de esto último, que el modelo predominante, el de la agricultura industrial –surgido principalmente después de la revolución verde, que consistió en la implementación de una serie de tecnologías, que supuestamente beneficiarían la producción de alimentos–, ha generado daños al medio ambiente sin precedentes en la historia de nuestro planeta. A decir de Greenpeace, lamentablemente en México el núcleo de los problemas, incluso sobre este asunto, aparece mayormente en la aplicación nada efectiva de la ley y las normas. Como pasa en otros temas, como el de los Organismos Genéticamente Modificados, se advierte una incapacidad estatal, a veces consciente e intencionada, para ajustar a la industria a las pautas legales y éticas. Se requiere un marco legal aplicable que efectivamente obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza. Como bien señala la organización autora del citado informe, los casos de contingencias por el uso de plaguicidas, y las complejas y trágicas afectaciones al medio ambiente, también desembocan en otras violaciones a derechos humanos, como el derecho a la salud o a la alimentación. Problemáticas que han sido también señaladas por relatores de Naciones Unidas relacionados con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), a pesar de las empresas que se empeñan en negar los daños a la salud, por un lado, y pregonan falsamente los beneficios del uso de plaguicidas químicos para aumentar la productividad de alimentos, por otro. Las violaciones a Desca por el uso de plaguicidas, evidencian la negligencia y corrupción de los gobiernos en este problema. Es decir, quedan al descubierto la opacidad y la operación irregular de esta industria. Urge pues que, como objetivos irreductibles en la gestión de plaguicidas, se ponga énfasis en la seguridad e integridad da las personas, la protección del medio ambiente y las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. Cada uno de estos problemas, que ponen en riesgo la vida humana y toda forma de vida, nos confirman que, de no ser modificados, traspasaremos el límite vital y de equilibrio del planeta. Debemos revertir el desastre ambiental que han ocasionado empresas que, motivadas por la concentración de la riqueza, nos llevan al extremo de las posibilidades de existencia en el planeta. Son estas corporaciones las que, de manera absurda, siguen contribuyendo al ecocidio. Estamos a tiempo de ponerle un alto a esta debacle, y para ello el cumplimiento de las obligaciones de los estados y las empresas puede ser de utilidad para contener, y aún más, para cambiar de raíz, el paradigma imperante de la agricultura industrial. Para incrementar y hacer más fuerte el de la agroecología, que se basa en el respeto de la naturaleza y la soberanía alimentaria de los pueblos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ivan almandoz Entradas relacionadas: Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX
