Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX
Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Sábado 29 de abril de 2017 Miguel Concha El pasado miércoles apareció en diversos medios de comunicación virtuales e impresos, y en la página 12 de La Jornada, un pronunciamiento suscrito por 161 organizaciones, movimientos y colectivos de la sociedad civil –entre ellas de defensa de derechos humanos, vecinales, urbano populares, etcétera–, y por más de 150 personas –académicos, intelectuales, artistas, escritores y dirigentes de organizaciones civiles y sociales–. Su propósito es bastante explícito: denunciar la forma concertada como diversas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre la recientemente aprobada Constitución de la CDMX. Si uno contrasta estas acciones promovidas por el Ejecutivo federal –que además de carecer de fundamento jurídico, ponen en riesgo la credibilidad de algunas instituciones, como la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debiera ser siempre su activo principal–, con las opiniones sobre la Constitución de la Ciudad vertidas por organismos de las Naciones Unidas, como la Unesco y la Comisión Económica para América Latina, y más recientemente por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que alaban enfáticamente el avance en el reconocimiento y protección de los derechos humanos, en la promoción de políticas públicas para poder realizarlos concretamente, y en la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos y en el control del gobierno en ese texto, uno no puede menos que preguntarse por qué las opiniones del gobierno federal son tan diametralmente opuestas a las de estos organismos, que gozan de tanto prestigio en la opinión pública internacional. El texto promovido por ciudadanos y colectivos expresa una hipótesis, al señalar que se trata de un intento de freno conservador al avance de los derechos y la democracia en la Ciudad de México, y, por lo mismo, se convierte en un freno a cualquier avance en el régimen político del país. Ciertamente el temor a que se multiplique en las distintas entidades la innovación política en la vida pública de la capital, y a que también se vuelva una exigencia de actualización de la Constitución del país, es algo que puede preocupar a una perspectiva conservadora de la política. Si así fuera, uno no puede dejar de preguntarse cómo un gobierno que presume de ser altamente modernizador en la economía, puede con su discurso y su práctica, altamente conservadores, no conciliar con la política. Es claro entonces que la perspectiva del ex presidente Salinas de Gortari sigue imperando. Cuando se le preguntó al final de su gobierno por qué había hecho la apertura económica sin hacer la correspondiente apertura política, respondió utilizando el ejemplo de la caída de la Unión Soviética, afirmando que ese hecho demostraba que no podía haber perestroika (modernización económica), al mismo tiempo que glasnost (transparencia política). Habrá que reconocer que en ese aspecto quienes en ese tiempo y ahora detentan el poder gubernamental en el país, tienen razón, pues no se pueden hacer reformas económicas impopulares y a la vez aceptar el avance de la democracia. Ésta terminaría con aquéllas, y por ello todo avance democrático les resulta incómodo. A la anterior hipótesis puede sumarse otra, que antes que contradecirla, es más bien una de sus consecuencias. Uno de los principales obstáculos a la garantía de los derechos humanos en el país son las graves deficiencias en la impartición de justicia. El capítulo correspondiente en la Constitución de la CDMX estableció correctivos bastante claros a las tendencias prevalecientes, pues propone terminar con el control que el Poder Ejecutivo ejerce sobre el Judicial –control real, aunque algunos le llamen eufemísticamente autonomía–, toda vez que es quien propone al Legislativo los magistrados que ha de confirmar. La Constitución de la Ciudad establece que estas propuestas al Legislativo tienen que estar a cargo de un cuerpo colegiado, seleccionado por un grupo de ciudadanos electos por el Legislativo, a partir de las propuestas de centros de educación superior y organizaciones de la sociedad civil, ambos de reconocido prestigio. Con lo cual también se termina con el sistema de reparto de posiciones entre los partidos políticos. Es claro que habrá quienes tengan razón en suponer que perder el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial puede ser riesgoso para sus intereses. A pesar de ello, y contrariamente a lo que han venido sosteniendo algunos opinadores, con la convocatoria a la sociedad civil que realizan los grupos de ciudadanos que promovieron este pronunciamiento a defender la Constitución, queda claro que sí hay ciudadanos interesados en continuar la democratización de la ciudad. Para ello proponen informar a la opinión pública internacional sobre estas supuestas acciones concertadas de inconstitucionalidad y controversia que atentan claramente contra la democracia y contra los derechos humanos; argumentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la figura de derecho internacional amicus curiae, y sobre todo informar más ampliamente a toda la sociedad acerca de los contenidos, implicaciones, beneficios y ventajas para su convivencia de la Constitución de la CDMX, pues revertir la situación artificial creada es tarea tanto del gobierno como de la sociedad civil. Ello no obstante, esta última ha dado ya un paso decisivo en el necesario proceso de defensa, y a ello estamos convocados todos los que aspiramos a que los derechos y la democracia sean los pilares de nuestra vida pública. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ·júbilo·haku· Entradas relacionadas: Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX
Biodiversidad amenazada
Biodiversidad amenazada Sábado 22 de abril de 2017 Miguel Concha Una vez más, la voz de las comunidades indígenas y campesinas se está silenciando, mientras el vínculo ancestral que guardan estas comunidades con la custodia de la biodiversidad es estratégico para el desarrollo nacional, la seguridad, la soberanía alimentaria y la salud en general de la sociedad. Más todavía en un país megadiverso, como México, en el que se reconocen sus beneficios para las generaciones actuales y futuras, y donde cada vez somos más conscientes de que, como seres humanos, debemos aprender a convivir armónica y respetuosamente con la madre Tierra. Resulta que al calor del debate que se tendría antes y durante la conferencia de las partes, COP13, sobre Convención de Diversidad Biológica, que se realizó en Cancún en diciembre pasado –de la que me ocupé en La Jornada ampliamente el 7 de enero–, el 25 de octubre de 2016 se presentó en el Senado una iniciativa de Ley General de Biodiversidad. Qué paradoja, que apenas pasada la discusión al final del año, ahora se acelere la aprobación de su dictamen en Comisiones Legislativas, antes de que el periodo ordinario legislativo termine el 30 de abril. El proyecto que se discute busca integrar en un sólo ordenamiento lo relativo a la biodiversidad, previsto en el Título Segundo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que incluye las áreas naturales protegidas y las zonas de restauración, flora y fauna silvestre. Pretende asimismo aplicar los preceptos del Protocolo de Nagoya, tan cuestionados en la COP 13, e integra también en este ordenamiento la Ley General de Vida Silvestre. Toda esta sumatoria se convierte en normas administrativas para la distribución de competencias concurrentes en dichas materias; pero se deja de lado el pleno reconocimiento y protección de los derechos a la biodiversidad y su conservación, que sin embargo se atribuyen con un sesgo antropocéntrico a las y los ciudadanos. ¿Qué esconde este proyecto de dictamen? Organizaciones académicas y de la sociedad civil, como la Caravana de la Diversidad Biocultural y otras, han expresado con argumentos sólidos, y desde su experiencia, su rechazo a este proyecto y a la premura con la cual se la quiere aprobar. Resaltan como alarmantes algunos aspectos. Por ejemplo, que la propuesta de ley omite derechos humanos reconocidos en el artículo primero de nuestra Constitución, y contraviene acuerdos internacionales de derechos humanos y en la materia, como el Convenio de Diversidad Biológica, y, en específico, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Por otro lado, la materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural: genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes, en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Además, este proceso legislativo adolece de mecanismos de difusión y debate de forma amplia, democrática y plural, en las diferentes lenguas de los pueblos y comunidades indígenas; y no otorga el debido tiempo para garantizar su participación efectiva. Urge una amplía deliberación más allá del Congreso, en la que las voces de los guardianes ancestrales de la biodiversidad, es decir, los pueblos campesinos e indígenas, sean debidamente escuchados, ya que ellos han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común; lo cual les permitió generar, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica fondos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semidomesticados, plantas medicinales, conocimientos tradicionales y formas simbólicas de apropiación de territorios. La iniciativa afecta además gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y echa por tierra el reconocimiento de México como un Estado pluricultural, basado en su conformación diversa y en el reconocimiento de derechos. Al proponer una política pública destinada a regular el ordenamiento territorial, las actividades productivas, y el uso de los recursos naturales en una amplia porción de los territorios, donde habitan los pueblos indígenas, sin haber efectuado la más mínima consulta, pasa en efecto por alto el artículo 2 de la Constitución, que establece claramente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Violenta igualmente los derechos establecidos en la fracción IV de ese mismo artículo, que establece la obligación del Estado a preservar, enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad; así como la fracción V, que define el derecho a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, y la fracción VI, que instituye su derecho al respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, establecidas en la Constitución, así como al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades. En resumen, lo que se propone en el Poder Legislativo se inclina a la explotación comercial de los recursos genéticos y de sus conocimientos asociados, dejándolos a disposición de lo que se denomina biopiratería, una práctica de las empresas privadas interesadas en la bioprospección, sin contemplar mecanismos reales para evitar privatizaciones y garantizar su conservación. Dicho proceso debe suspenderse hasta que se conozcan las opiniones de diversos sectores de la sociedad, mediante un amplio debate nacional que incluya, de manera prioritaria, a los pueblos indígenas y comunidades campesinas en México. Un agravio más a los pueblos campesinos e indígenas es inadmisible. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Bandelier Entradas relacionadas: En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras
En la encrucijada del norte y el sur
En la encrucijada del norte y el sur Sábado 15 de abril de 2017 Miguel Concha Del 3 al 5 de abril se realizó en el plantel CDMX de la Universidad Iberoamericana (Uia) el coloquio internacional En la encrucijada del Norte y el Sur. Participaron 22 ponentes de Brasil, Bolivia, Centroamérica y México en seis conversatorios, al final de los cuales Boaventura de Sousa Santos, uno de nuestros principales científicos sociales, ofreció también reflexiones sintéticas sobre las ponencias. En consonancia con la misión de la Uia, de generar conocimiento académico con incidencia social, integrantes de movimientos sociales e investigadores reflexionaron juntos sobre cómo las resistencias del Sur global permiten vislumbrar sociedades más justas, equitativas y democráticas. Como se explica en una nota ejecutiva preparada para la prensa por los organizadores, las sesiones del coloquio convergieron en al menos tres puntos. En el diagnóstico desde distintas disciplinas de la opresión interseccional ejercida por el Estado entre capitalismo, colonialismo y patriarcado, cuando en principio debería garantizar el bienestar de la sociedad. Como felizmente sucede en otros espacios de América Latina, los participantes insistieron también en la importancia de identificar lo que hay de común entre las distintas resistencias, y en tejer alianzas a partir de lo compartido entre los movimientos sociales, para trascender de las tragedias particulares a la lucha colectiva. Finalmente, las reflexiones de Boaventura de Sousa Santos y las de los participantes coincidieron en señalar la necesidad de abrigar las esperanzas en tiempos de incertidumbre, y sostener como principio ético irrenunciable la dignidad humana y la vida, toda vida, nuevo nombre de las espiritualidades que los pueblos del continente han venido cultivando desde hace milenios. Al finalizar el coloquio, los planteles de la Uia en Ciudad de México, Tijuana y Puebla, así como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y el Instituto Superior Intercultural Ayuuk, de Oaxaca, le otorgaron el doctorado honoris causa a Boaventura de Sousa Santos, por su fructífera labor académica en favor de los derechos humanos, y por su excepcional contribución a escala mundial en el ámbito de la sociología jurídica. Boaventura de Sousa Santos nació en Coimbra, Portugal, el 15 de noviembre de 1940, donde estudió derecho. Estudió también filosofía en Berlín y sociología en la Universidad de Yale, donde obtuvo el doctorado en Sociología del Derecho. Actualmente es director del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 de Abril de la Universidad de Coimbra, donde es también investigador y catedrático. Ha sido además profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison, y es conocido por sus aportaciones en los campos de la sociología, la epistemología, la ciencia política y los derechos humanos. Sin embargo, como resalta la Uia en la semblanza sobre su persona que repartió el pasado 5 de abril, a raíz de una estancia de investigación en una favela de Río de Janeiro, en 1970, conoció la realidad de lo que significa ser el Sur en un mundo dominado por el modelo de desarrollo capitalista, y se fue gestando así una mirada académica crítica, que fue el punto de partida de la Sociología de las Emergencias. Su interés fue el de acercar la ciencia al sentido común, el análisis científico a la articulación simbólica de la realidad dirían otros, con el fin de promover la generación de un conocimiento auténticamente democrático. Y por ello en su obra teórica y trayectoria vital se ha esforzado siempre por superar la brecha entre el mundo académico y los movimientos sociales, para enfrentar con un optimismo trágico el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, que son la nueva expresión de la hegemonía planetaria. A él le debemos, entre otras cosas, un análisis importante sobre la interculturalidad de los derechos humanos, en el que, además de criticar la supuesta universalidad de derechos humanos localizados en la particular cultura hegemónica occidental que los formalizó, resultado a su vez de varias culturas históricamente eliminadas y oprimidas, propone lo que concibe como un diálogo diatópico sobre el común principio de la dignidad humana, para fundamentar una verdadera universalización de los derechos humanos, localizados en las diferentes culturas. Lo que le ha permitido poder también, por ejemplo, detectar los elementos comunes y las diferencias entre el cristianismo, el islam y el budismo, con el fin de que éstos puedan encontrarse en un diálogo fructífero, comprenderse mejor y enriquecerse en la práctica sobre todas las dimensiones de la dignidad de las personas. Análisis intercultural que por cierto también ha propuesto y ensayado en el diálogo sobre derechos humanos con y entre las culturas aborígenes del Sur. A él también se debe, por otro lado, el rescate de los derechos humanos como instrumentos de interpretación y lucha de las víctimas del sistema, como una de las aportaciones valiosas de las teologías cristianas y musulmanas progresistas. Sus numerosas investigaciones, dice la semblanza aludida, han contribuido a redefinir los enfoques hegemónicos del pensamiento social contemporáneo, rompiendo con las teorías más convencionales y rescatando precisamente conceptos como interculturalidad y emancipación, que han sido claves para pensar en formas alternativas y críticas la democracia. Obras que adquieren un mayor valor porque, frente a una realidad injusta, han venido acompañadas de un posicionamiento que busca ante todo dar voz a quienes no la tienen. Por ello, al dar las gracias por su merecido doctorado, Boaventura de Sousa Santos invitó a construir una nueva sociedad en el seno de una sociedad condenada; a vencer el miedo y luchar juntos por una vida digna, en una sociedad indignada. Consultar artículo en La Jornada. 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Premio Don Sergio Méndez Arceo
Premio Don Sergio Méndez Arceo Sábado 08 de abril de 2017 Miguel Concha La memoria está viva. Es pasado y sobre todo es presente. Cada una de las experiencias de liberación en América Latina y el Caribe quedaron plasmadas en sendos libros de análisis y reflexión, así como en testimonios de vidas entregadas a la lucha social, como huellas en la vida de muchos pueblos y comunidades. Igualmente, en reconocimientos que hacen remembranza de historias compartidas. Tal es el caso del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, que año con año se entrega para reconocer, estimular y promover la solidaridad entre organizaciones, colectivos y personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país. El nombre del premio es en memoria y reconocimiento del séptimo obispo de Cuernavaca, el entrañable para muchos, creyentes y no creyentes, don Sergio, quien con su testimonio nos compartió cómo asumir la opción por las y los excluidos de este mundo, por las y los condenados de la tierra. Insistió en que no sólo hay quienes no se resuelven a superar la desigualdad, sino por el contrario, quieren mantenerla y establecerla más firmemente. Se refería entonces proféticamente a los regímenes militares de la llamada seguridad nacional, pues es más patente el mantenimiento de la desigualdad económica, política y cultural por medio incluso de la crueldad y la muerte. Hoy, en esta época de creciente militarización de la seguridad, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de despojo de los bienes comunes, este fragmento de una de sus homilías nos convoca a pensar seriamente cómo entonces hacer posible la paz con justicia y dignidad. Es decir, para los cristianos, el Reinado de Dios. ¿Cómo hacerlas posibles en tiempos de endurecimiento y de violencia venidos desde los actuales regímenes políticos y otros actores? ¿Cómo enfrentar la crueldad y la muerte tan predominantes en nuestro suelo? Por fortuna existen testimonios que ya se hacen cargo de enfrentar esta situación tan desesperanzadora. Están de una u otra manera en la senda de la continuidad de ese proyecto que también asumió en su momento don Sergio: el de la liberación de los pueblos y la eliminación de toda forma de opresión. Dos ejemplos en México nos sirven hoy de inspiración para seguir transformando este mundo roto. Este año también han sido reconocidas para este premio nacional experiencias de lucha y entrega en la defensa y promoción de los derechos humanos. En la categoría individual, el galardón es para la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, quien es directora y fundadora de la organización SMR Scalabrinianas (sic), Misión para Migrantes y Refugiados, desde donde realiza trabajo de acompañamiento a migrantes que se encuentran en México. Desde hace 20 años es parte de esa comunidad católica, de los cuales ha dedicado 10 al trabajo sostenido en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Entre sus actividades se encuentra la atención solidaria a migrantes que han sido víctimas de delitos, como privación arbitraria de la libertad, secuestros, violencia sexual y extorsiones. La mayor parte de las personas en movilidad que la hermana Leticia acompaña migran de América Central. Como mujer religiosa y defensora de derechos humanos ha criticado también fuertemente la situación de guerra y la violencia en México, que obligan a las personas a dejar sus lugares de origen y buscar otro sitio dónde sobrevivir. Ha denunciado este sistema que privilegia a unos cuantos y se ha apropiado de los recursos y despojado a las mayorías. Que arrebata territorios y expulsa a sus habitantes de sus hogares. Ha igualmente luchado por el reconocimiento de la diversidad de las sociedades, todas, en sus palabras, llenas de culturas diversas y de pluralidad, además de contribuir en la construcción de procesos de defensa de derechos, siempre a partir del diálogo, la humanidad y el amor. En el caso de la categoría grupal, el premio es para el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, fundado en 2012 por estudiantes, catedráticos y activistas del estado de México. Este centro ha contribuido de manera significativa con los procesos que luchan por revertir, mayormente en esa entidad, las violaciones de derechos humanos y los despojos provocados por el Estado y las empresas trasnacionales. En esta entidad federativa, en la que es notable lo que ahora denominamos crisis de derechos humanos, y donde además los gobiernos, regionales y locales, contrariamente a la vida y la dignidad de pueblos y comunidades, se han distinguido por su complicidad con poderosos intereses económicos, el Centro Zeferino Ladrillero ha dado un nuevo aliento a los movimientos populares y sociales. Sin embargo, pese a sus grandes problemas, todavía se tiene poca visibilidad de los grupos u organizaciones defensoras de derechos humanos en esa entidad. Padecen pues de invisibilidad, como si no se quisiera contar con ellos en los procesos de mejora de la vida de las personas y sus comunidades. Su posicionamiento claro y explícito por la construcción de una sociedad más libre, justa, igualitaria y solidaria, los ha llevado a comprometerse con diversas agrupaciones, movimientos y luchas que resisten a megaproyectos, despojos, ataques y a la criminalización de las autoridades. Todo esto los ha llevado también a enfrentar una situación de riesgo significativo, encarando de forma constante amenazas y agresiones de autoridades o de grupos políticos afines al gobierno en turno. Ambos galardonados son una brújula en medio del caos que vivimos, una inspiración para seguir luchando. Enhorabuena, pues, por los dos reconocimientos de este 2017. Los recibirán el 22 de abril en la ciudad de Cuernavaca, en el contexto de un foro sobre la situación de los derechos humanos en México. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): UAEM Entradas relacionadas: Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción
Día de las trabajadoras del hogar
Día de las trabajadoras del hogar Sábado 01 de abril de 2017 Miguel Concha El pasado jueves se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, integrantes de un sector laboral de nuestra población discriminado, desprotegido y en buena medida invisibilizado, fundamental, sin embargo, para la sociedad y la economía del país. Según datos recientes recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, hoy existen en el país 2.3 millones de personas que trabajan como servidoras en los hogares, la mayor parte de ellas de origen indígena. Además, nueve de cada 10 son mujeres, y una de cada 10 mujeres que trabajan en México se emplea en estas actividades. Un tercio empezó a trabajar cuando eran menores de edad y por ello poseen escolaridad dos o tres años menor a la del resto de la población ocupada. Seis de estas trabajadoras son responsables de alimentar los hogares donde trabajan y una de cada seis cuida personas mayores y enfermas. Con su trabajo liberan igualmente a varios de los miembros de las familias para las que laboran a fin de que éstos puedan dedicarse a sus actividades, y aunque en promedio cada una tiene dos y tres hijos e hijas, un tercio de ellas cuida a los de su empleador o empleadora. La mitad de las encuestadas reportó trabajar más de una jornada laboral diaria, y una de cada tres percibe menos de un salario mínimo. Por si esto fuera poco, la mitad no recibe aguinaldo, seis de cada 10 no tienen vacaciones, nueve de cada 10 no cuentan con contrato de trabajo y sólo 8 por ciento de ellas gozan de seguridad social. Para colmo, 14 por ciento reportó haber sufrido maltrato verbal, y 7 por ciento, maltrato físico. Finalmente, y como clara expresión del régimen de excepción laboral y de seguridad social en el que realizan sus trabajos –mismo que el Estado está obligado desde hace tiempo a corregir–, 7 por ciento de nuestra población considera que no deben tener vacaciones pagadas y 4 por ciento rechaza darles un contrato por escrito. Por ello, en días pasados la asamblea consultiva del Conapred dirigió al secretario de Gobernación una carta para manifestarle su honda preocupación por la ausencia de derechos laborales y la discriminación que sufren estas personas en México, y para requerirle que haga todas las gestiones necesarias para que el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –documento internacional vinculante, que contiene medidas específicas para proteger los derechos de las y los trabajadores domésticos– entre al proceso de ratificación por el Senado. Se le recuerda que México es uno de los países de América Latina con las condiciones más precarias para ejercer esta actividad, pues de los 23 países que han ratificado y aplicado ya este convenio, 12 son naciones de América Latina con condiciones, en muchos sentidos, similares a las nuestras. Y en un pronunciamiento titulado Justicia para las trabajadoras del hogar en México, más de 100 organizaciones civiles, instituciones y personas –acompañadas por el Conapred, la OIT, ONU Mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– pidieron también a la Presidencia de la República que enviara al Senado, para su ratificación inmediata, el convenio 189 de la OIT, y al propio Senado que realice las modificaciones indispensables a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social para garantizar a las trabajadoras del hogar los mismos derechos que al resto de las y los trabajadores. Cuanto más, que desde el 31 de marzo de 2014 así lo ofreció solemnemente el secretario de Gobernación, y desde entonces el Senado ha dirigido al Poder Ejecutivo más de 10 exhortos para que lo lleve a cabo, sin que hasta la fecha haya habido una acción decidida para concretarlo. Como expresan en su pronunciamiento las organizaciones, la Ley Federal del Trabajo contiene un capítulo especial (13) dedicado a los y las trabajadoras domésticas, que entre otras cosas permite que sus jornadas laborales sean más largas que las del resto de las y los trabajadores. Y la Ley del Seguro Social limita su acceso a la seguridad social únicamente mediante la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, modalidad que no incluye la totalidad de los seguros y prestaciones a las que por ley tienen acceso las demás trabajadoras. Les niega además servicios fundamentales, como el acceso a estancias infantiles, y, sólo si realizan el trámite de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con sus familias empleadoras, les deja la carga económica a ellas. Es por ello indispensable, como indica el Conapred –que por cierto ya ha elaborado un proyecto de iniciativa, con la participación de las personas interesadas y sus organizaciones–, cambiar el contenido de ambos ordenamientos. Por ejemplo, a propósito de la Ley Federal del Trabajo, obligar a crear un contrato por escrito con las condiciones mínimas de la relación laboral. Fijar también una jornada de trabajo de ocho horas diarias, con pago por tiempo extraordinario. Reconocerles además prestaciones como el derecho a vacaciones, días de descanso obligatorio, aguinaldo, indemnización por despido injustificado y licencias de maternidad o paternidad. Definir criterios para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije el sueldo mínimo de las trabajadoras del hogar y determinar igualmente obligaciones y prohibiciones de las personas empleadoras, así como un mecanismo de inspección en los hogares, que respete la privacidad. Finalmente, en lo que respecta a las modificaciones y adiciones a la Ley del Seguro Social, incorporar a las trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento obligatorio. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Paula Gimeno Entradas relacionadas: Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas
Reacomodo neoliberal del comercio
Reacomodo neoliberal del comercio Sábado 25 de marzo de 2017 Miguel Concha La reciente reunión de la Alianza del Pacífico demostró el momento turbulento por el que atraviesa el mundo. La crisis del modelo neoliberal es evidente, y sus defensores están a rajatabla buscando sostenerlo y afianzarlo. En su calidad de presidente pro tempore de la alianza, el canciller de Chile dijo: Creemos que ésta (la reunión) es una señal política importante en momentos de incertidumbre, con lo cual se denota la preocupación de los gobiernos neoliberales ante las políticas económicas proteccionistas de Donald Trump. A esa reunión se sumaron además, como invitados, nuevos estados, entre ellos China y Corea del Sur, así como una decena de países que eran integrantes del Acuerdo Transpacífico (ATP). Su objetivo fue revisar las diversas propuestas de comercio e integración entre países, por ejemplo, por medio de la firma de tratados de libre comercio (TLC) o tratados bilaterales de inversión (TBI). De una cosa ya estamos seguros: el modelo de reglas comerciales, que en continuidad con otros tratados pretendió implantar el ATP, no ha sido eliminado del todo. Por el contrario, junto con otros modelos de reglas comerciales, se convierte en una especie de estándar sobre el cual se negocian o renegocian acuerdos comerciales entre estados. El neoliberalismo busca entonces afianzarse por medio de estas reuniones de los hombres del poder, quienes, conforme a sus intereses, vinculados siempre a las empresas trasnacionales, legalizados en acuerdos de libre comercio, procuran definir los rumbos de la economía mundial. Por ello no es extraño que la Alianza del Pacífico pretenda reunirse también con países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur), para, según el canciller chileno, persistir en la apertura al mundo y en la integración bajo distintas modalidades, como hemos hecho en el pasado, con acuerdos bilaterales, subregionales y regionales. Se perfila entonces una guerra comercial entre potencias económicas, una guerra de estados que se ven refuncionalizados por las grandes corporaciones. Y sin embargo, para nuestra esperanza, organizaciones y movimientos sociales –que no son ajenos a este contexto y saben que es adverso para la garantía de una vida digna la vigencia de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos– se reorganizan y articulan constantemente y a todo nivel. La semana pasada se reunieron en Buenos Aires, Argentina, algunos de estos movimientos y organizaciones, para reflexionar sobre el contexto de América Latina y el Caribe, con especial énfasis en los TLC y TBI que, parece, seguirán avanzando en la región, con países de otras regiones. Entretejieron reflexiones y estrategias para revertir amenazas y afectaciones, como las que representan el avance de tratados de esta cepa y el uso del régimen de protección de inversiones (ISDS), cuya motivación es la resolución de controversias entre estados y empresas, y el cual, como también sabemos, se construye a partir de un andamiaje jurídico internacional sui géneris, pues se erige desconectado del resto de los sistemas del derecho internacional y funciona meramente con fines económicos. Dichas resoluciones son tan costosas para los estados que, por un lado, deben pagar millones de dólares si pierden sus demandas, o bien mejor abstenerse de realizar cualquier política o acción de gobierno encaminada a proteger, por ejemplo, derechos de grupos específicos o cuidado del medio ambiente, si atentan contra inversiones de empresas trasnacionales. Se configura así el chilling effect, que se realiza cuando el Estado se autorregula en favor de las empresas y en detrimento de las personas y los pueblos, absteniéndose de cumplir sus obligaciones hacia ellos. Con el apoyo de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, el Transnational Institute, Attac, Amigos de la Tierra y Redes-Red de Ecología Social, y teniendo como sede el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la reunión fue oportuna en este momento histórico coyuntural, que, sobra decir, nos presenta la urgencia de que, desde las posturas de las diversas organizaciones y movimientos, se construyan propuestas alternativas al modelo a escala regional. Son tiempos de cambiarlo todo, con base en las malas experiencias tenidas desde las décadas de neoliberalismo que llevamos acuestas. Es decir, de reconocer que este sistema ya no se aguanta más, y que por tanto la transformación del modelo económico es apremiante, y resulta inadmisible argüir beneficios en su defensa. Las promesas del neoliberalismo, de que las inversiones de trasnacionales traerían mejoras en la vida de las personas, simplemente no se hicieron presentes. Por el contrario, sólo beneficiaron a un conglomerado de grandes empresas que ahora, preocupadas por cómo juega sus dados Estados Unidos, presionan a diversos países para garantizarles certezas jurídicas. Es decir, certezas para mantener el despojo y la precarización de la vida y bienes comunes de las personas y pueblos. Sabemos también que en México esta coyuntura es oportunidad para transformar un modelo que no ha funcionado. Por ello, y con el mismo espíritu del encuentro de Buenos Aires, organizaciones sociales aglutinadas en la Convergencia México Mejor Sin ATP (tratados de libre comercio) convocan a un encuentro nacional el 30 de marzo por la mañana, en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, con la finalidad de reflexionar y construir propuestas alternativas, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es momento ahora de pensarnos como pueblos del sur global, momento de acompañarnos y aprovechar esta coyuntura para cambios de raíz y generar ese otro mundo que tanto anhelamos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP
Mujeres Defensoras en México. Obstáculos y apuestas
Mujeres Defensoras en México. Obstáculos y apuestas El Estado no escapa de su responsabilidad al usar el aparato de justicia para criminalizar y judicializar la labor de mujeres defensoras de derechos humanos. 22 de marzo de 2017 Por: Diana López Santiago La dignidad en nuestras manos En enero de 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en su misión oficial visitó algunos estados del país en donde se reunió con más de 800 personas defensoras, de las cuales el 60 % eran mujeres. Producto de estas reuniones con víctimas, luchas sociales, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, Michel Forst emitió las observaciones y recomendaciones preliminares al término de su visita en las que recalca la importancia de la legítima labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, así como la obligación del Estado mexicano de garantizar su seguridad y condiciones óptimas para que defensoras y defensores realicen su trabajo en un contexto donde ejercer este derecho tiene altas implicaciones. De mucho valor será el informe que emitirá el Relator Especial, aunque hay que especificar que difícilmente se realizan informes sobre personas defensoras con una perspectiva de género cuyo objetivo sea privilegiar el análisis sobre las diferentes formas de violencia a las que las mujeres defensoras somos sometidas en un contexto de crisis de civilización, como ya lo han citado diversas personas analistas de la compleja realidad. Más concretamente, en un contexto generalizado de violaciones a los derechos humanos, por un lado, y en un clima de conflictividad social, por otro, circunscrito todo lo anterior en un sistema económico y cultural (patriarcal y capitalista) que violenta desde nuestros cuerpos como primer territorio hasta las condiciones mínimas para que las mujeres podamos acceder a una vida digna (educación, trabajo digno, tierra y territorio, vivienda, salud, alimentación). Tampoco se documentan las agresiones (difamación, descalificaciones a nuestro trabajo, acoso, intimidación, amenazas por los derechos que defendemos o por las posturas políticas a las que nos adscribimos) que como defensoras experimentamos por parte de otros sectores sociales y que en muchas ocasiones estas provienen de los movimientos “más progresistas y de izquierda” en los que también participamos activa y políticamente. Por lo tanto, también se hace complicado encontrar análisis que evidencien los efectos diferenciados que estas violencias estructurales causan, ya sea por el Estado o por otros perpetradores. No es de sobra decir (aunque muchas compañeras feministas ya lo habrán señalado en otras ocasiones) que también es fundamental hacer análisis interseccionales, pues los impactos de estas violencias en la diversidad de mujeres defensoras también son diferenciadas en tanto las características particulares que encarnamos cada una; es decir: la clase social, nuestra adscripción a algún pueblo originario/indígena, nuestra orientación sexual, nuestra identidad sexogenérica, la corporalidad en la que somos leídas, si vivimos con alguna discapacidad; aquí cabe señalar que con un gobierno que camina en retroceso con respecto a los derechos de las mujeres y gran parte de la sociedad asimila el discurso conservador de éste, adscribirse feminista es causa de estigmatización, criminalización y judicialización. Aun con la crisis de civilización en la que nos encontramos inmersas, el Estado no escapa de su responsabilidad cuando hablamos de violaciones a derechos humanos que comete contra mujeres defensoras, así como el uso que hace de todo su aparato de justicia que criminaliza y judicializa la labor de defensa de compañeras que se encuentran defendiendo distintas luchas, ejercitando la exigibilidad de sus derechos. Es en este contexto de violaciones a los derechos humanos y credibilidad en las instituciones, de violencia estructural generalizada por una parte, pero también de violencia focalizada a defensoras, por otra, que desde diversos espacios de mujeres se proponen alternativas y se apuesta por hacer praxis de principios políticos y éticos del feminismo. De ahí que el lema #LasRedesSalvan se convierte en un principio de sororidad profundamente transformador de las estructuras patriarcales, pues se habla de la capacidad que tenemos para generar alianzas entre mujeres; alianzas que generen espacios de seguridad y protección que en muchos casos se convierten en refugio para muchas de nosotras. Las medidas de protección no sólo se acotan a la implementación de guardaespaldas o de botones de pánico, se requiere de echar a andar mecanismos con perspectiva de género que sean funcionales en la protección integral de las defensoras que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad por parte de agentes estatales y otros perpetradores. Frente a estas situaciones de violencia particular y generalizada que vivimos las defensoras de derechos humanos no sólo en el país, sino en regiones como Mesoamérica, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) presenta en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el documento “Agresiones contra defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico Nacional”, esfuerzo de documentación y sistematización de esta amplia articulación de mujeres a la cual extendemos la más grata invitación el próximo jueves 23 de marzo. *Diana López Santiago es colaboradora del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C. (@CDHVitoria). Consultar en Animal Político. Entradas relacionadas: Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes ¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón? La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedó a su suerte) ¿Deberíamos defender el TLCAN? Agua, ciudad y protesta social Juventudes alzan la voz por una vida digna La amenaza del fracking El derecho negado a quienes sobreviven en las calles Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX
Ley de Seguridad Interior: detrimento del poder civil frente al poder militar
Ley de Seguridad Interior: detrimento del poder civil frente al poder militar 12 de marzo de 2016 Por: Sayuri Herrera Román En los últimos días hemos escuchado sendos debates sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que presentaron el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso, de principio, y a los que respondieron con iniciativas similares Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Un reclamo del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, bastó para movilizar a los representantes de las bancadas partidarias, que en un tris saltaron apresurados a congraciarse con el que parece ser un aliado importante para que alguno de sus candidatos gane la silla presidencial en las próximas elecciones y se mantenga ahí todo el sexenio. Por encima de la voz del secretario de la Defensa Nacional no parece haber voz ciudadana que alcance la potencia suficiente para ser escuchada y atendida. Las víctimas civiles de esta “guerra”, cuyo clamor diario escuchamos en las calles, noticieros, foros y asambleas, no tienen un ejército detrás y no les basta un reproche para mover a un Congreso. Las Fuerzas Armadas, en cambio, tienen viento favorable para permanecer en las calles, carreteras, estaciones migratorias y estratégicos puestos de responsabilidad pública en el control de la seguridad, con el consecuente crecimiento de su poder fuera de los márgenes de vigilancia civil. Personas defensoras de derechos humanos, investigadores e investigadoras, intelectuales y víctimas de la acción de los militares hemos exigido, no de ahora, sino de años, el retiro programado de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública. Programado porque sabemos que hay lugares del país en donde las instituciones civiles fueron carcomidas por la corrupción, pero no sólo de las policías, también de quienes ostentaban cargos de representación. Esa corrupción endémica, endemoniada, fue la justificación perfecta para quienes veían y aún ven en el ejército a “la única institución incorruptible” en un país en el que torcerse es la regla. Si observamos con más detenimiento nos daríamos cuenta de que poco o nada sabemos de lo que sucede dentro de las Fuerzas Armadas y sus abogados trabajan para que se mantengan así las cosas: herméticas, reservadas, en secreto y opacidad. De ahí que se conserve está imagen en lo general pulcra, que no se puede tocar ni con el pétalo de una solicitud de información o una comisión de la verdad para el esclarecimiento de crímenes del pasado. La política de seguridad actual está dentro de ese terreno de lo inaccesible y opaco: discusiones secretas, resultados oficiales indecibles y ocultos, tan vergonzantes y atroces que sólo mediante filtraciones algo llega a saberse entre la ciudadanía. Informes como el publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el reporte emitido por el Instituto Belisario Domínguez del Senado dan cuenta del aumento de violaciones a derechos humanos en proporción directa con el mayor número de efectivos militares involucrados en tareas de seguridad pública. Con la ley que pretende aprobarse no cambiará esta situación; por el contrario, se hará más profunda la brecha entre el poder civil y el poder militar; se profundizará la influencia política de los militares. Pese a todo, es claro que “la guerra contra el narcotráfico” no ha sido eficaz para desmantelar las organizaciones criminales que trafican droga a Estados Unidos; tampoco ha bajado el volumen del producto que se introduce en aquel país y los indicadores demuestran que el consumo de drogas de los estadunidenses ha ido en aumento; lo que sí ha ocurrido es que mientras se dotó a las Fuerzas Armadas de mayor presupuesto y margen de maniobra, las policías continuaron corrompidas, sin presupuesto y sin capacitación suficiente; situación que no favorece la desmilitarización del país y que representa una amenaza grave al cumplimiento de los derechos humanos. Por ello es preciso capacitar y fortalecer a las policías civiles para que asuman honrada y eficazmente la tarea de salvaguardar la seguridad pública en el país; paralelamente habrá que dialogar y trabajar en una propuesta de retiro programado de las Fuerzas Armadas así como repensar la política de drogas. Desde luego, nada de lo que decimos aquí se logrará a punta de plumas y micrófonos, será necesaria la organización y la movilización de los pueblos para defender su derecho a la paz, la democracia, la libertad y la vida frente a esta verdadera amenaza. *Sayuri Herrera Román es colaboradora del área Jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Pateando Piedras Entradas relacionadas: Territorialización de la reforma energética Incumplimiento de recomendaciones ¿Cómo se enfrenta a la minería? Vicisitudes para 2015 El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2 de octubre, deberes incumplidos El derecho humano a vivir en paz Educación, resistencia y derechos humanos Las mujeres y los Desca Escalada contra defensores
Inconstitucionalidad de la ley Atenco
Inconstitucionalidad de la ley Atenco Sábado 11 de marzo de 2017 Miguel Concha Los pasados días 2, 6 y 9 de marzo se discutió en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, también conocida como ley Eruviel o mal llamada ley Atenco. Dicha discusión se dio a raíz de tres acciones de inconstitucionalidad presentadas el año pasado ante el máximo órgano del Poder Judicial: una por el Congreso del estado de México y dos por las comisiones estatal y Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Los pueblos de esa entidad federativa y diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), han reiterado en varias ocasiones la importancia de que la SCJN declare la inconstitucionalidad de ese ordenamiento, a causa del riesgo que representa para los derechos a la protesta y la libertad de expresión en ese estado. Derechos fundamentales para la transformación de la sociedad y la garantía de otros derechos humanos en una democracia. A pesar de que los temas cruciales de esta discusión son la protección de la integridad de las personas y sus colectivos en contextos de protesta, la regulación del uso de la fuerza pública y la garantía de que las demandas de las personas y de los pueblos puedan expresarse libremente, las dos primeras sesiones de la SCJN giraron en torno a cuestiones procedimentales acerca de las facultades del Congreso estatal para presentar una acción de inconstitucionalidad, pues se discutió sobre si correspondía o no al máximo tribunal anular la ley en cuestión, dado a que esa demanda, en opinión de seis ministros sobre cinco, sólo surtía efectos en los casos en que la minoría de las diputadas y diputados (33 por ciento) pidieran la derogación de la ley. La acción de inconstitucionalidad de la ley Atenco fue en efecto presentada por 68 por ciento de los congresistas de ese estado. Es decir, la SCJN sólo discutió si estaba facultada para revisar la ley en virtud del número de congresistas estatales que abogaron para que se llevara ante esa máxima instancia del Poder Judicial. La demanda de los pueblos, de los grupos en resistencia y de la sociedad civil mexiquense, es, por el contrario, que el Estado, en sus diversas instancias y en todos sus niveles, debe garantizar plenamente la integridad física de las personas que ocupan el espacio público para movilizarse, exigir justicia y reunirse, con el fin de visibilizar los problemas que vulneran la dignidad de las personas y la integridad de sus colectivos. Cabe recordar que en la ley Atenco se juega incluso su vida, pues se dejan a merced de interpretaciones vagas y abiertas conceptos como resguardo de la paz pública y amenazas a la autoridad, además de la prácticamente nula limitación en el uso de armas letales y de fuego por las fuerzas del orden en contextos de protesta, pues en razón de la equivocidad de tales conceptos podría ser permitido de manera discrecional, por encima de la seguridad de las personas. De acuerdo con esa ley, las autoridades pueden también hacer uso de la fuerza en los casos en que existan agresiones inminentes, concepto que queda igualmente expuesto a la arbitrariedad y a la discrecionalidad, teniendo en cuenta que el uso de la fuerza pública debe ser el último de los recursos a utilizarse para el control de multitudes. En la mencionada ley se juega también la certeza jurídica de las personas que pueden llegar a ser detenidas en contextos de protesta, pues quedan igualmente estipulados de manera muy laxa aquellos tratos que de acuerdo con mecanismos internacionales son calificables de tortura, y que en esta ley quedan simplemente como tratos crueles. Entre dichas conductas se encuentran aquellas de índole sexual. Esto deja particularmente vulnerables a las mujeres en esos contextos, pues infravalora la gravedad de las agresiones sexuales y normaliza la violencia machista en una sociedad patriarcal que las vulnera de forma cotidiana y cobra la vida de por lo menos siete mujeres todos los días. Atenta también contra la integridad de las y los adolescentes, cuya participación social es cada vez más común en los contextos de protesta, pues en esta ley no se hace tampoco distinción alguna respecto de los procesos que deben darse en el trato a menores de edad. A pesar de todo, el pasado jueves se empezaron a discutir en la SCJN temas de fondo, teniendo como base la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH. Se deliberó entonces sobre la pertinencia del uso de la fuerza pública a la luz de aquellos aspectos que ya han sido denunciados desde el año pasado por los diversos grupos sociales afectados por esta ley. Algunas de las consideraciones de las y los ministros fueron acerca de la incapacidad de tratar de manera general la diversidad de casos en los que se pudiera hacer uso o no de la fuerza, ya que esto depende de que en cada situación particular deba quedar de manifiesto la prioridad de la protección y el respeto a los derechos humanos, su oportunidad y su necesidad como último recurso, teniendo en cuenta que su finalidad es precisamente resguardar éstos, incluso en casos en los que se amerite su necesidad como último recurso. La discusión aún no se ha cerrado, y es de suma importancia que todos y todas estemos atentos al desarrollo que la misma tendrá a partir del lunes de la próxima semana. Todo indica, sin embargo, que la SCJN se encamina por fortuna a declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Ello no obstante, es menester que nos involucremos en este debate jurídico, pues se trata de un precedente fundamental para la exigibilidad de derechos y el reconocimiento de las diversas formas de participación ciudadana. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo
Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras
Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras 08 de marzo de 2017 (Por: Centro Vitoria) Un día que con flores, chocolates, imágenes tiernas, abrazos, entre otras tantas muestras de afecto, las personas «nos celebran» el hecho de ser mujeres. Quizás sea una absurda compensación tras reconocer que en las sociedades existe un trato diferenciado para nosotras; quizás un momento para hacernos creer que están a favor de las mujeres. Sin embargo, por ninguna razón les mencionen a estas personas que estamos siendo acosadas sexualmente, que tenemos ingresos más bajos que los hombres aún realizando las mismas actividades, que nos están asesinando por el simple hecho de ser mujeres y por ningún motivo, les mencionen a esas “locas feminazis”, como han llamado a las mujeres que reivindicamos nuestros derechos, que vienen a generar alboroto. Nos celebran el hecho de ser mujeres como si no importara enfrentar las actitudes machistas, sexistas y misóginas, como si no importara tener que asumir el rol de la callada, la sumisa y la abnegada. Nos celebran el hecho de ser mujeres, pero cuidado y nos encontremos con la determinación de no querer cumplir con las normas acordadas por el patriarcado y sus aliados (el capitalismo, la heteronorma, el ciscentrismo, el colonialismo, entre otros), esto ameritaría que tu credibilidad como mujer se ponga en duda. Por lo anterior, nos permitimos mencionarles a todas aquellas personas que nos celebran el hecho de ser mujeres y que se aprovechan de la conmemoración, que el 8 de marzo no se festeja, sino que es un día que nos recuerda que tenemos que seguir levantando el puño y alzando la voz para poner un alto a las violencias que como mujeres enfrentamos. Es fundamental hacer ejercicio de nuestro derecho a la memoria histórica, y al escuchar las reflexiones de las compañeras defensoras en torno a la importancia y el significado que tiene el 8 de marzo en nuestros propios procesos personales-políticos consideramos que es importante porque: -Circunscribiéndolo a un contexto histórico-político, nos hace recordar la lucha que dieron las mujeres obreras en exigencia de sus derechos laborales desde hace más de cien años. -Porque si bien la conmemoración surge a partir de una demanda específica, hoy, tras considerar los diferentes tipos de violencia que existen hacia las mujeres, nos hace recordar que la lucha contra esta violencia sistémica y sistemática continúa. -Porque es menester que tanto mujeres cis como mujeres trans, puedan acceder a todos sus derechos sin ninguna condición. -Porque nos siguen asesinando, porque históricamente hemos sido discriminadas y lo seguimos siendo, porque como mujeres nos cuesta más trabajo ser reconocidas en las actividades que realizamos, porque nuestra palabra no tiene el mismo valor. -Porque los Estados no garantizan las condiciones para una vida digna (derecho a la educación, a la vivienda digna, a la salud, a la alimentación adecuada, al trabajo digno, a vivir libres de violencia, entre tantos otros), no protegen nuestros derechos sino que los obstruyen, criminalizan y judicializan. -Porque el trabajo en el hogar no es reconocido y mucho menos remunerado sin mencionar las dobles o triples jornadas laborales que realizan muchas mujeres. -Porque la violencia trastoca más a unas que a otros y los impactos de ésta son diferenciados. -Porque permite visibilizar la diversidad de mujeres: las que somos negras, indígenas, mestizas, las que somos niñas, jóvenes, adultas mayores, las que no entramos en un modelo cisnormado, las que ponemos el cuerpo en la defensa de derechos humanos, las que no, las estudiantes, las activistas, las luchadoras sociales, las mujeres en contextos de prostitución, las mujeres que viven con alguna discapacidad; porque estas intersecciones no son una vulnerabilidad per se, sino que son estos sistemas violentos (patriarcal, capitalista, colonial, etc.) los que nos colocan en un lugar de vulnerabilidad por encarnar estas intersecciones. -Porque como mujeres trans necesitamos asumirnos como sujetas de derechos, como actoras sociales en una lucha que nuestras ancestras iniciaron. -Porque somos las mujeres quienes encabezamos, acompañamos, quienes ponemos el cuerpo en muchas de las luchas y procesos de resistencia en este país, cuando hay alguna persona cercana desaparecida o ha enfrentado alguna violación grave a sus derechos humanos y nadie nos lo reconoce, cuando hay que defender el derecho al agua, al territorio, a la vida misma. -Porque si bien es indispensable reconocer que muchos de los avances para construir una vida digna se ha logrado a partir de las herramientas que dan los derechos humanos, no podemos ignorar que estas condiciones para las mujeres se han logrado desde los feminismos y las luchas de las mujeres. -Porque la organización entre mujeres nos está permitiendo mantener lo que el Estado no está haciendo: ejercer y respetar nuestros derechos. -Porque las condiciones de vida de las mujeres van mejorando, en tanto que nos acompañamos de otras mujeres. -Porque significa hacer algo sin que nadie nos detenga. -Porque significa que entre mujeres hacemos alianzas para aprovechar las grietas que los sistemas opresores están dejando. Es importante porque nos hace recordar que las mujeres no podemos vivir con miedo y porque actualmente, la premisa de que lo personal es político dejó la teoría para convertirse en una práctica en donde lo político se hace material. ¡Basta de violencia contra las mujeres! Es urgente construir puentes, redes de sororidad y levantar la voz al unísono contra las violencias patriarcales. #DiaInternacionalDeLaMujer #NosotrasParamos #WomansStrike Entradas relacionadas: Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca
