Megatratados comerciales y soberanía alimentaria
Sábado 29 de octubre de 2016 Miguel Concha El mundo atraviesa por un proceso de reconfiguración de regiones en megarregiones comerciales, lo que nos convoca a reflexionar sobre el presente, aunque, con base en experiencias del pasado, sobre lo que debemos evitar para el futuro. Estamos en un momento clave para prevenir, en el caso de algunos países, o bien para evitar a toda costa en otros, la continuidad e implementación de políticas económicas basadas solamente en la lógica de la acumulación y la concentración de la riqueza. Este es, pues, un momento que nos obliga a hacernos cargo ética y políticamente de una realidad que se caracteriza por estar en medio de una crisis de la civilización capitalista que, como diría Armando Bartra, con un origen unitario, el modelo capitalista tiene expresiones multidimensionales y de alcances planetarios. Es por ello importante en este sentido cobrar conciencia de que hoy se negocian decenas de tratados comerciales que se caracterizan por abarcar dimensiones intercontinentales y conexiones entre regiones mundiales que ahora se consideran estratégicas, como la región Asia Pacífico, o que pretenden ampliar el control y la conservación de privilegios, como en el caso de algunos países de Europa, y de Estados Unidos. Todo bajo la conducción e intereses del poder corporativo, el cual se apresta a definir las reglas de esta reconfiguración mediante, por ejemplo, megatratados comerciales. Convocadas por la Comunidad de Estudios Jaina, el Instituto Agropecuario de San Andrés, así como por la oficina en Bolivia de la Fundación Friedrich Ebert, entre otras instituciones, diversas representaciones de movimientos, organizaciones e instituciones académicas críticas de Ecuador, Argentina, Uruguay, Canadá y Bolivia se reunieron del 25 al 28 de octubre en las ciudades de Tarija y La Paz en torno a las jornadas Megaacuerdos, el impacto en la soberanía alimentaria y alternativas desde los pueblos. En dicho encuentro se dieron cita también la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de México, y la Convergencia México Mejor Sin ATP, articulaciones que están contra los tratados de libre comercio y defienden la soberanía alimentaria. La discusión versó sobre los impactos de los tratados de libre comercio en los países que los han firmado, los retos a los que se enfrentan bajo la lógica de la competitividad los que todavía no lo han hecho y los desafíos que tenemos como pueblos ante esta reconfiguración mundial. La manera en que ha sido concebido el libre comercio estuvo constantemente bajo consideración. Algunos países de la región andina hablan del paradigma de la complementariedad, que estimula y alienta la solidaridad entre países. Una integración de apoyo mutuo desde abajo, que pone en el centro la dignidad de las personas, los pueblos y la Madre Tierra. Por otro lado, y contrariamente al anterior, tenemos el paradigma de la competitividad, en el que priman la ganancia y el interés de acumular riqueza. Paradigma que a costa de avasallar la soberanía de los países busca mantener los privilegios y proteger las inversiones de las grandes corporaciones. Se dio también cuenta del avance del poder corporativo, pues en países que no participan formalmente en tratados comerciales de talante competitivo se experimenta la invasión de empresas trasnacionales, así como el despojo de sus identidades y sus bienes comunes. México es el país que por desgracia ejemplifica los estragos de la implementación legalizada de tratados competitivos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) generó desde su puesta en marcha situaciones económicas que, contrariamente al sueño del crecimiento y la generación de riqueza, han colocado a la población con mayores índices de pobreza extrema. Experimenta además la invasión de megaproyectos que han acarreado enorme conflictividad y violencia en su territorio, así como la precarización del trabajo y la violación sistemática de los derechos de los pueblos y las personas. En relación con la soberanía alimentaria, en este periodo del TLCAN los diferentes gobiernos mexicanos han renunciado a su obligación de garantizarla. Por el contrario, el país tiene ahora 40 por cierto de dependencia alimentaria, lo que ha provocado el olvido del campo y la chatarrización de la alimentación, obteniendo con ello en cambio millones de personas con enfermedades asociadas a la mala alimentación. Como producto también de los tratados comerciales observamos cómo el Estado mexicano ha sido refuncionalizado para garantizar que las inversiones de las corporaciones no corran riesgos, y cómo no vacila en aceptar la claudicación de sus obligaciones de proteger y garantizar la dignidad de las personas y las comunidades. Sin embargo, afortunadamente también sabemos que hay posibilidades de revertir esta situación. Una de ellas es la conservación e impulso a un modelo campesino de producción de alimentos. En estas jornadas se compartieron experiencias de cómo los pueblos y movimientos sociales se están organizando en los países participantes para hacer frente al despojo y la crisis, reconociendo que es mediante la agricultura a pequeña escala, familiar y basada en los saberes campesinos e indígenas como podemos obtener la soberanía alimentaria que requerimos. Entendida ésta como aquella que no sólo pone atención en la disponibilidad, sino también en el modo de producción y el origen de los alimentos. Se consideró de relevancia igualmente la capacidad de las naciones para satisfacer sus propias necesidades internas y tomar decisiones de manera soberana, privilegiando un modelo de agricultura que se aleje del agroindustrial, canalizando apoyos e incentivos hacia los pequeños campesinos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Antonio Marín Segovia
El derecho negado a quienes sobreviven en las calles
El derecho negado a quienes sobreviven en las calles “De por sí vivir en la calle ya es un delito”, dijo un policía capitalino a Luz, quien se encontraba viviendo en la calle con sus dos hijos. La policía le quitó a sus dos hijos, a dos años de ser separados, siguen padeciendo de dicriminación y criminalización de diversas autoridades. 25 de octubre de de 2016 Por: Johana Sánchez La dignidad en nuestras manos “De por sí vivir en la calle ya es un delito”, dijo un policía capitalino a Luz, quien se encontraba viviendo en la calle con sus dos hijos. Luego de eso, el policía le pidió que se subiera a la patrulla junto con los niños, pues había una denuncia en su contra por maltrato hacia ellos. Esto ocurrió en noviembre de 2014. Desde ese día los niños se encuentran separados de su madre. La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes le inició una averiguación previa por omisión de cuidado. Luz no entendía qué pasaba; nunca le explicaron que iniciarían una investigación para determinar si había cometido el delito imputado; tampoco que tenía derecho a una defensa adecuada, y mucho menos le avisaron que sus hijos permanecerían por tiempo indefinido lejos de ella. Al leer dicha averiguación, Luz supo que la persona que la denunció fue la misma que en días pasados le había pedido que le regalara o vendiera a su hijo más pequeño. –Seguro que esa mujer se enojó porque yo no quise venderle a mi hijo; por eso inventó cosas y me denunció; pero los hijos no se venden, cómo cree.- dijo Luz a las organizaciones de la sociedad civil a las que se acercó para que le ayudaran a recuperar a los niños. El trato en la Fiscalía En repetidas ocasiones la mujer acudió a la Fiscalía para preguntar qué ocurría con sus hijos y cuándo se los iban a regresar. -A ver señora, yo no tengo a sus hijos; se encuentran en la estancia transitoria de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); vaya y pregunte allá; aquí yo investigo si usted es culpable de lo que la acusan-, le dijo, en tono grosero, el agente del Ministerio Público (MP). Cuando su abogada se presentaba, el trato era muy diferente. -Lic., ¿sí sabe por qué le quitaron a la señora a sus hijos?; vivía con ellos en la calle, imagínese; ellos tienen derecho a ser protegidos, no a que los ande arriesgando así su mamá. Nosotros como institución estamos preocupados por el interés superior del niño; es mejor que estén en una casa hogar y ella vaya a visitarlos-. De esa manera el MP intentaba hacer ver que la mejor opción era la “institucionalización” del cuidado de los niños. Durante la investigación se presentaron pruebas en las que constaba que la madre en todo momento había brindado cuidados, alimentación, educación y servicios médicos a sus pequeños; incluso, que había solicitado a las instituciones del gobierno de la Ciudad de México acceder a un lugar de estancia que garantizara su seguridad y la de su familia, para ya no vivir en la calle. El proceso ante el DIF Los niños estuvieron cerca de un año en la estancia transitoria de la PGJDF. Dos o tres veces a la semana Luz se comunicaba para saber cómo estaban. –Estables-, era la única respuesta de la trabajadora social. En una ocasión la respuesta fue diferente. –Ellos ya no están aquí- y le colgaron. Ante la angustia que le provocó, Luz acudió al DIF. Ahí le informaron que sus hijos ya estaban en una Casa Hogar de Monterrey. La devastadora noticia le hizo creer que ya no volvería a verlos. No entendía por qué se los llevaban tan lejos y sin avisarle. Quien entonces era encargado del caso en el DIF señaló que ellos podían enviarlos a donde quisieran, siempre y cuando hubiera convenio con esa Casa, lugares disponibles, y que los niños tuvieran la edad requerida para ser admitidos en la misma. Por lo tanto no veía ningún problema en que estuvieran allá. Luego de 15 meses, el agente del MP determinó el no ejercicio de la acción penal. Luz no había cometido ningún delito. Por lo tanto se suponía que sus hijos debían regresar con ella. El nuevo personal del DIF solicitó el traslado de los niños a otra Casa Hogar en la Ciudad de México, pues aun cuando ya había una determinación ministerial, Luz tenía que demostrar que “era viable” para estar con sus hijos. Es decir, recibir atención psicológica, comprobar que ya no vivía en la calle y que tenía un trabajo. En mayo de 2016, una vez que la madre recibió apoyo psicológico y previa aprobación del DIF, se reunió nuevamente con sus hijos. Tenía miedo y nervios. Habían pasado más de 500 días sin verse, y no sabía cómo reaccionarían los niños. Sin embargo el anhelado encuentro se llevó a cabo. No es un caso aislado El Caracol A.C. aplicó una encuesta a 44 mujeres que sobreviven en las calles, para saber cuántos hijos o hijas tienen, dónde se encuentran y en qué condiciones. De los 126 niños, niñas y adolescentes, 38% se encuentran con familiares de sus mamás; 18.25 %, se encuentran viviendo en las calles; 12.6%, están institucionalizados, y 2.3% se encuentran desaparecidos. Las y los niños que permanecen institucionalizados, 56.25% de sus mamás no saben si tienen algún documento de existencia legal; mientras que 31.25%, saben que tienen por lo menos acta de nacimiento. El 100 por ciento de las mujeres entrevistadas, y que les han quitado a sus hijos o hijas, no ha recibido apoyo del gobierno para recuperarles. Del total de mujeres entrevistadas, y que les han quitado a un hijo o hija, 65.90% dejaron de dormir, comer; sienten tristeza y culpa[1]. El informe “El derecho del niño y la niña. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las américas”, de la Comisión Interamericana
Libre comercio y movilidad humana
Libre comercio y movilidad humana Sábado 22 de octubre de 2016 Miguel Concha Del 29 de septiembre al primero de octubre se realizó en Bruselas el encuentro El libre comercio y el derecho a no migrar, al que acudieron expertos de distintas instituciones públicas y privadas de diferentes países, como la New School for Social Research; el Grupo Parlamentario de Izquierda Alemana; Peoples United Nations; el Centro Eclesiástico del África Meridional; la organización Migration Programme Coordinator of Public Services International; el Executive Committee of Development Alternatives with Women for a New Era; la Coordinación Europea de Vía Campesina y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC. En dicho acto se analizaron los impactos de los tratados de libre comercio, cuyo objetivo principal es adaptar la estructura de todas las economías, sociedades y políticas a las exigencias de las empresas trasnacionales y los gobiernos de los países hegemónicos. Esta invasión en la soberanía de los estados y las autonomías regionales crea mayor nivel de desigualdad e injusticia, en la que los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad se ven afectados de manera diferenciada. Afectaciones vinculadas con la destrucción de las economías locales, de los bienes comunes y las culturas comunitarias, mediante la aplicación forzada de la privatización, la desregulación del comercio y la liberalización, con el consiguiente incremento de la pobreza y el número de personas que se ven obligadas a migrar, en búsqueda de seguridad, trabajo y mejora de sus condiciones de vida y las de sus familias. Por ello, cuando se habla de las causas estructurales de la migración, ya sea por cuestiones económicas y/o en busca de protección internacional, no se puede dejar de lado valorar los impactos de las políticas comerciales y de seguridad nacional, e incluso militar, que les van anexas, en las distintas regiones del mundo. El segundo tema que se reflexionó fue el de la importancia de analizar las implicaciones de los tratados de libre comercio con una perspectiva y lenguaje de derechos. Puntualmente, el derecho a migrar y a no migrar. El primero encuentra su fundamento en el derecho a la libertad de circulación y de decidir el lugar de residencia; y se vincula con otros tantos derechos, como los civiles y políticos, y los económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero sobre todo implica la responsabilidad de los países de origen, tránsito y destino de generar condiciones de vida dignas y seguras, para que las personas en situación de movilidad ejerzan sus derechos de manera plena. Por su parte, el derecho a no migrar se vinculó principalmente con el derecho al desarrollo; es decir, con las condiciones sociales que los países de origen deben garantizar para evitar la migración forzada de miles de personas, incluyendo mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados, indígenas, adultos mayores, defensoras y defensores de derechos humanos, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI. Sus derechos, cuyo ejercicio debe ser una realidad, no mera retórica, están relacionados con su derecho al trabajo, a la salud, la vivienda digna, la alimentación adecuada y la justicia objetiva, pronta y expedita, entre otros. El tercer tema al que se hizo referencia en el encuentro fue la urgente necesidad de diseñar políticas de integración o de acogida, las cuales no deben ser paralelas a una política de Estado, sino parte de la misma. Ejemplo de ello es la falta de este tipo de políticas en México, así como la dramática situación de las personas haitianas y de nacionalidad africana que llegaron a Tapachula, Chiapas, hace dos meses, muchas de las cuales siguen todavía en espera de un oficio de abandono del país, para poder llegar de manera segura a la frontera norte y solicitar asilo en Estados Unidos, ejerciendo así este derecho. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ha declarado que dejará de otorgar estos oficios a personas de nacionalidad haitiana, para evitar situaciones como las de Tijuana, Baja California. Es decir, la respuesta nuevamente es la implementación de una política de administración y control de flujos migratorios, no de acogida ni respeto a la dignidad humana. Finalmente se reflexionó sobre el papel de las personas defensoras de derechos humanos, quienes están en riesgo, debido a las denuncias que realizan de violaciones a derechos fundamentales cometidas en contra de estas poblaciones. Generalmente en ellas están implicados diferentes actores, como el crimen organizado, las empresas, y desde luego la aquiescencia de distintas autoridades. Ejemplo de ello es lo ocurrido a la 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, Tabasco, el 6 de octubre pasado, cuando fueron de nuevo víctimas de amenazas e intimidación hacia su labor como defensoras y defensores de derechos humanos. Cabe mencionar que estas amenazas se realizaron apenas tres días después de que hicieron una denuncia pública sobre una nueva ola de violencia contra las personas migrantes y refugiadas; y en particular acerca del funcionamiento de las redes de secuestro contra estos grupos, así como la participación de autoridades municipales y en algunos casos federales. En síntesis, es fundamental que por una parte los estados retomen sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que habitan y/o transitan por su territorio sin distinción alguna. Inclusive frente a empresas, el crimen organizado y otros estados con mayor poder e influencia. Por otro lado, es también fundamental que asuman su responsabilidad en la eliminación de las causas estructurales que ocasionan la migración forzada, como la aprobación de los tratados actuales de libre comercio y el apoyo a los conflictos bélicos, que ya de por sí violentan la dignidad y los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: pies cansados Entradas relacionadas: Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes
Tercera cumbre mundial sobre el hábitat
Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Sábado 15 de octubre de 2016 Miguel Concha Del 17 al 20 de octubre se llevará a cabo en Ecuador la tercera Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre el Hábitat (Hábitat III), que reunirá a los gobiernos nacionales para discutir una agenda, que deberá observarse durante los próximos 20 años, sobre el desarrollo urbano y los asentamientos humanos. La primera cumbre hábitat se llevó a cabo en 1976, y acordó que se repitiera cada 20 años para su actualización. Aun cuando se consideran alcanzados los compromisos establecidos en Estambul en Hábitat II (1996), la realidad es que la situación de las ciudades y asentamientos humanos ha empeorado drásticamente durante las últimas dos décadas por causa de las políticas neoliberales que han promovido, en lugar de la función social, la competitividad y la especulación de las ciudades. Los actuales gobiernos han declarado que están comprometidos con implementar políticas que acaben con la falta de vivienda, sobre todo para las personas con menos recursos o en situación de extrema pobreza. Sin embargo, crece cada vez más el número de personas sin techo y sin un hábitat digno. En realidad los gobiernos han preferido enriquecer a los capitales inmobiliarios y de la construcción, los que no producen vivienda para los grupos más necesitados, pero sí para quienes les dejan jugosas ganancias. En estos tiempos, cuando existen decenas de millones de personas que no cuentan con un hogar, un techo seguro, y ni siquiera un sitio mínimo para vivir, violentándose en todo sentido el derecho a una vivienda digna, no es posible hablar de un hábitat adecuado, ni del cumplimiento de los derechos humanos. Tomando en cuenta los censos de población y vivienda de 1990, 2000 y 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera que en México aún existen 20 millones de personas sin acceso a una vivienda adecuada. La situación se agrava con la migración forzada que afecta a miles de personas, y es provocada por la violencia, el deterioro del medio ambiente, el desarrollo de megaproyectos y la pobreza. Todo como resultado del modelo de desarrollo vigente, que lejos de colocar la dignidad humana y la vida del planeta en su centro, busca la concentración de la riqueza en pocas manos. Ahora la humanidad enfrenta una intensificación del modelo extractivista, que lo único que le importa es la ganancia, aun a costa de la depredación y extinción de la naturaleza y del destino de las generaciones futuras. Con lo anterior se vuelve relevante que la Cumbre Hábitat III incluya el sentido y contenido del derecho a la ciudad. Sin embargo, el 3 de octubre pasado, en el contexto del Día Mundial del Hábitat, las organizaciones que conforman la Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y la Defensa del Territorio (PMDCDT) declaran con preocupación que el derecho a la ciudad ha quedado en una mera declaración de intenciones, pues en el documento de la ONU sobre el hábitat se favorece la construcción de un mundo urbano que excluye al campo y su población. Consideran que las áreas rurales y naturales sólo son vistas como objeto mercantil frente a los megaproyectos depredadores, y que se prioriza la construcción de un mundo de hierro, cemento y dispositivos tecnológicos como la visión más avanzada de la humanidad, vaciando así el verdadero contenido del derecho a la ciudad, dejándolo al servicio de los intereses del poder económico. Por ello, los movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil se reunirán en la Universidad Central de Ecuador para llevar a cabo el Foro Social Frente a Hábitat III, como acto paralelo a la cumbre oficial. Dicho foro social tiene el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos internacionales como la Alianza Internacional de Habitantes y la Coalición Internacional de Hábitat. Este foro trabajará de manera alternativa, reconociendo que el derecho a la ciudad es el resultado de décadas de creación colectiva de abajo hacia arriba, y significa el derecho de las personas y los habitantes presentes y futuros, temporales y permanentes, a usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar en paz de las ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos y sostenibles, entendidos como un bien común esencial para una vida plena y digna. El significado del derecho a la ciudad se basa en un hábitat digno para todas las personas, sin discriminación alguna. Sus principios fundamentales son la igualdad de género, el diálogo intergeneracional y el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural. Es fundamental proteger y favorecer la función social del suelo y de las ciudades, en vez de su uso comercial. La armonía entre el campo y la ciudad es posible con el cumplimiento pleno de los derechos humanos y con mecanismos garantes de consulta que le permitan a la población participar en la toma de decisiones sobre el futuro de las ciudades, los asentamientos humanos urbanos y rurales, y las exigencias del hábitat y el planeta. El derecho a la ciudad incluye el de una vida digna con una dimensión territorial e integral, pues la ciudad y el campo no deben ser antagónicos, sino complementarios. Las ciudades deben ser nodo de desarrollo para el campo, sin urbanizar áreas naturales y rurales. Implica que las autoridades deben reconocer las desigualdades espaciales que dificultan el cumplimiento de los derechos humanos en las ciudades. Por ello, la PMDCDT suma su voz y sus fuerzas con diferentes referentes del Movimiento Urbano Popular que estarán presentes en Quito, Ecuador, participando en el Foro de Resistencias Populares H3. Y desde allí instarán a los líderes mundiales a comprometerse con una definición sólida del derecho a la ciudad como eje principal de las acciones que decidan que formen parte de la nueva agenda Hábitat III. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Hector Milla Entradas relacionadas: Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión
Por el maíz y la milpa
Por el maíz y la milpa Sábado 8 de octubre de 2016 Miguel Concha El 29 de septiembre se celebró de nuevo en México el Día Nacional del Maíz. Desde hace ocho años y a iniciativa de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, festejamos en esta fecha la vida comunitaria en torno a este grano que genera comunidad, cultura, historia, proyectos colectivos e identidades diversas, y nos recuerda la importancia de la biodiversidad y su conservación. Los elotes, las mazorcas y los granos de maíz se desarrollan en los campos en un pequeño ecosistema, al que denominamos milpa. Este sistema se caracteriza por albergar una diversidad biológica y cultural inmensa, que logra además contener los requerimientos nutricionales necesarios para alimentarnos saludablemente. Se trata también de un cúmulo de saberes ancestrales conservados por nuestros pueblos y comunidades, cuyo valor inmenso radica en que hoy día es también patrimonio de la humanidad, pues las formas de cultivo y cuidado del entorno y la Madre Tierra nos han sido heredados creativamente con el paso de los siglos. Se trata además de un sistema de producción de alimentos que a nuestro país le asegura la soberanía alimentaria. Es asimismo garante de la diversidad de alimentos que ofrece la cocina mexicana, que valga decir es de las más apreciadas en el mundo. Sin embargo, no ha sido sólo un sistema de cultivo atacado, por desgracia, por las malas políticas públicas para el campo de los gobiernos en las décadas recientes, sino ahora también de manera agresiva y acelerada por las grandes empresas trasnacionales. Estos dos elementos combinados intentan poco a poco despojar a los pueblos indígenas y campesinos del sistema de milpa, para imponer el monocultivo, el cual se sostiene con el uso de agrotóxicos y la explotación comercial de la tierra. Este nuevo sistema es agresivo con el medio ambiente, elimina la diversidad y coloca ante daños considerables a la salud humana. Basa también su lógica en la ganancia y el lucro y deja de lado tanto los derechos de los pueblos y las personas como el respeto a la Madre Tierra. Estos dos paradigmas de agricultura se disputan hoy en México. Uno, incentivado y conservado por las comunidades y pueblos, y el otro, que solamente se define y se desarrolla en función de la acumulación y la ganancia. Por ello la celebración del maíz cobra sentido en medio de tantas crisis, pues reconocemos que, como bien señalaron Cristina Barros y Marco Buenrostro en su columnaItacate ( La Jornada, 20/9/2016), el maíz es un producto natural y cultural de los pueblos ancestrales que lo adaptaron a través de siglos, de generación en generación, seleccionando semillas y desarrollando variedades y tipos de maíz aptos para los climas, suelos y condiciones agroecológicas. Valga esto para saber y aceptar que en esta planta la resistencia se palpa y está viva, y que en las tierras cultivadas y en la agricultura campesina radica la esperanza ante tanta desmesura y abuso del capital, pues en torno a la milpa se constituyen pueblos que ahora siguen resistiendo, del mismo modo que lo hace esta planta milenaria. Tantos siglos han pasado, y el maíz se mantiene como el principal alimento básico de las y los mexicanos, aunque también de diversas regiones del mundo. Por esto celebramos este don que nos ha dado la naturaleza. He ahí la importancia de conservarlo en modelos de producción que lo conciben como bien común, y no como un grano que busca ser manipulado como medio de control social por ambiciosas empresas trasnacionales. En esta disputa de modelos y organizaciones agrícolas, agrupaciones campesinas e indígenas, así como colectividades ambientalistas, grupos defensores de derechos humanos y agrupaciones de consumidores se organizaron en México para hacerle frente al embate corporativo. Y para nuestra alegría se ha detenido la siembra de maíz transgénico en su fase comercial y se observan, además, con mayor atención, otras modalidades de siembra que pretenden realizar empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow Agrosciences o Dupont. La importancia de esta demanda colectiva, herramienta judicial con la cual se logró también en tribunales la suspensión de otras siembras de maíces transgénicos, radica en que se acompaña con otras estrategias de defensa de nuestros maíces nativos y de nuestro patrimonio biocultural. La oposición en los territorios contra megaproyectos hace posible este clima de lucha y resistencia, aunque también de celebración y esperanza en la vida que viene de nuestros campos y de las comunidades y pueblos que conocen las pautas del buen vivir. El embate corporativo pretende, por su parte, seguir afianzándose mediante nuevos tratados de libre comercio, como el críptico Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP). Sin embargo, la sociedad civil organizada a escala local y global está recurrentemente haciéndole frente. Por ejemplo, en relación con Monsanto, una de las empresas más dañinas del planeta y de la humanidad, próximamente se celebrará un tribunal internacional –esfuerzo colectivo que tendrá lugar en La Haya, Países Bajos, entre el 14 y el 16 de octubre–, y cuyo objetivo es que esta empresa se responsabilice de graves violaciones a los derechos humanos e incluso de crímenes contra la humanidad y ecocidio. En este contexto, jueces internacionales, entre ellos un mexicano, recogerán testimonios de víctimas y emitirán, en consecuencia, una opinión consultiva, al amparo de los procedimientos de la Corte Penal Internacional. Experiencias de organización social, como las que aquí menciono, nos dan cuenta de que, desde lo local a lo global, los pueblos se organizan, se encuentran y resisten, pero también celebran las bondades de la Madre Tierra, como el maíz y la milpa. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente
Miscelánea legislativa por las víctimas
Miscelánea legislativa por las víctimas Sábado 1º de octubre de 2016 Miguel Concha Como hace más de tres años, hoy nuevamente está en proceso una reforma a la Ley General de Víctimas, y por ello me surgen otra vez algunas preguntas al respecto. Nuestras legisladoras y legisladores, ¿han escuchado lo que realmente necesitan las víctimas? ¿Cómo se acercan las y los políticos al sufrimiento de una joven secuestrada y mutilada? ¿Desde cuándo sufren la pena de ver a un hijo acribillado? ¿Cuándo han abrazado a una madre en el momento exacto en que le avisan que su hija fue asesinada el mismo día que dejó de verla? ¿Cómo aprenden el lenguaje del dolor? Los colectivos de víctimas y las organizaciones que las acompañamos empezamos desde hace meses a trabajar un conjunto de reformas a varias leyes de aplicación nacional, con el fin de no dejar al arbitrio del Congreso federal o de los congresos locales la regulación de todas y cada una de las acciones institucionales que una víctima de secuestro, desaparición, tortura, lesiones, desplazamiento, feminicidio, violencia sexual, trata, homicidio doloso o ejecución arbitraria requiere al llegar a una dependencia federal o estatal, más allá de las fracasadas comisiones de víctimas, las cuales, por cierto, no son sólo aquellas personas que han sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos, como consecuencia, por ejemplo, de la desaparición de un familiar o allegado, sino desde luego la persona directamente afectada. A medida que se ha ido avanzando en la procuración para la protección de sus derechos, aparecía y tenía que tomarse en cuenta la aplicación de una nueva ley, como se puso de relieve en el conversatorio sobre los derechos de las víctimas realizado el 24 de agosto pasado, cuando se elaboraron las medidas para que la ley de víctimas y la que eventualmente se apruebe contra la desaparición de personas tengan correlatos normativos para hacerlas efectivas y exigibles. Queremos entonces garantizar que todas las víctimas tengan todos los derechos, y sobre todo que los puedan ejercer. La propuesta, presentada a nombre propio y de un grupo plural de senadores y senadoras de la República por la legisladora michoacana Iris Vianey Mendoza, incluye 23 nuevos ordenamientos, entre ellos la reforma a la legislación de las instituciones nacionales de salud, del Seguro Social, del Issste y de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de proteger los derechos a la salud y a la seguridad social de las víctimas. Se incluyen también reformas a las leyes de Educación, de Desarrollo Social, Vivienda y Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, con el fin de generar una política pública en el ámbito social y proveer las bases para recuperar condiciones de vida dignas, para que las y los hijos de las víctimas puedan mantener su actividad escolar o acceder a programas de vivienda y a oportunidades de desarrollo económico y social. Se precisa igualmente que el actual registro administrativo de detenciones debe ser un instrumento generado en tiempo real, para que se evite la tortura y la desaparición; por eso se propone la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es también urgente que se reconozca la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición, a través de una declaración especial de ausencia, y por ello se propone la reforma a los códigos Penal Federal, Nacional de Procedimientos Penales, Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles, así como a las leyes de Amparo, Federal contra la Delincuencia Organizada, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que faculta a los jueces para conocer del procedimiento. Teniendo en cuenta las bárbaras situaciones y los hallazgos macabros de los que hemos sido testigos en varios estados de la República, se incluyó en la Ley General de Salud y en el Código Federal Penal regulación para combatir inhumaciones oficiales irregulares o clandestinas; para penalizar a quienes exterminen a las personas, y procedimientos dignos para identificar a las personas fallecidas. Se incluyeron igualmente regulaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el propósito de poder acreditar responsabilidad a quien no cumpla con los derechos victimales, y para aliviar la carga crediticia cuando se asesina o se le priva ilegalmente de la libertad a un ser querido se propone igualmente reformar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se modifican además la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de operar un mecanismo de búsqueda urgente con información sobre tarjetas bancarias, teléfonos móviles y huellas dactilares, aunque estableciendo como excepcional la obtención de esta información, con el único fin de buscar personas desaparecidas. Esta iniciativa, que, como se ha dicho, propone reformar 23 leyes, es la primera miscelánea legislativa que se presenta para proteger los derechos y la dignidad de las personas, en este caso las víctimas. Esperamos que haya sensibilidad en las y los legisladores para analizarla y aprobarla. Queremos pensar que han aprendido a escuchar el lenguaje del dolor, y que saben que el fin de la violencia y la recuperación de la paz en nuestro país sólo puede construirse con las víctimas. Queda pendiente, desde luego, la aprobación, de conformidad con los estándares internacionales, de una ley general contra la desaparición forzada y la desaparición de personas cometida por particulares, apremiada reiteradamente al país desde hace algún tiempo por distintos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
Imputaciones falsas
Imputaciones falsas Sábado 24 de septiembre de 2016 Miguel Concha Preocupa que sintomáticamente siga habiendo elementos castrenses, incluso de alto rango, que de manera errónea o tergiversada culpen de causante de la impunidad al nuevo sistema acusatorio de justicia penal en el país, como expresó abiertamente hace algunos días un general del Ejército en uno de los estados del norte. Con ello no sólo no se advierte que posiblemente se esté denunciando, en efecto, la arbitraria puesta en libertad de presuntos delincuentes, sino sobre todo que se sigue corriendo el riesgo de criminalizar a personas inocentes, dejando en libertad a los verdaderos culpables. Tal conducta puede deberse entre otras cosas –ciertamente– a posibles fallas en la aplicación de una reforma constitucional por los agentes judiciales, quienes deben seguir siendo diligentemente capacitados para su adecuado manejo; a la falta de conocimiento y experiencia en la persecución del delito, sin violentar derechos humanos; a vicios inveterados en la persecución del delito y la procuración de justicia –como la práctica de la tortura–, pero también a la inconveniencia de que las fuerzas militares se encarguen de labores de seguridad pública, pretendiendo exacerbar al mismo tiempo las funciones de su propio sistema de justicia. Es importante recordar que ante las deficiencias que presentaba el sistema de justicia penal inquisitivo en México, como violaciones al debido proceso, retraso judicial, saturación de expedientes, corrupción e impunidad, en junio de 2008 se realizaron diversas reformas constitucionales que trajeron como consecuencia transformaciones en dicho sistema. Estas reformas implicaron la transición de un sistema de justicia inquisitivo mixto en uno acusatorio, que tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños causados por el delito. A ello se suma el mejoramiento del desempeño profesional de los operadores judiciales en la procuración e impartición de justicia; el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos durante todo el juicio, y la aplicación de los principios procesales de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, igualdad, concentración y continuidad. Para la implementación de este nuevo sistema de justicia fue necesario capacitar a quienes lo operan, crear o adaptar nuevas instalaciones y equiparlas, y realizar cambios o ajustes legislativos y financieros. Luego de cumplirse el término constitucional de ocho años que se había previsto para ello, en junio de 2016 terminó de entrar en vigencia en todo el país. Sin embargo, su implementación total aún tiene varios pendientes. Uno de ellos, fundamental, es el gasto propuesto por el Ejecutivo para la función de seguridad pública a la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual incluye las fases de prevención del delito, procuración y administración de justicia, sanción y reinserción social, y, como vigilante del escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos en todo el sistema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y es que en el presupuesto del 2016 el anexo Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos era el que hacía mayor referencia a la prevención del delito, rubro importante en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, al que corresponde la actuación de la policía preventiva y la de investigación. Ello no obstante, en el Proyecto de Egresos de 2017 este rubro desaparece completamente, a pesar de que esta reforma sigue suponiendo grandes cambios en cuanto a rancios patrones de conducta y prácticas institucionales, pues se siguen repitiendo en la actuación de las policías y en el sistema de procuración y administración de justicia violaciones procesales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como lo manifestó Juan E. Méndez, relator contra la Tortura de la ONU, al presentar en Ginebra un informe en el que señala que la tortura es generalizada en México, y que ocurre, con fines de castigo e investigación, en un contexto de impunidad, especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia. No debemos olvidar que la implementación del sistema penal acusatorio deja atrás también la idea de la readaptación social, para dar paso a la de reinserción social, la cual reconoce a las personas sentenciadas como sujetos de derechos. Sin embargo, las personas privadas de la libertad siguen estando violentadas en sus derechos humanos, pues, entre otras cosas, las prisiones en México presentan altos niveles de sobrepoblación y corrupción, lo que imposibilita condiciones dignas para vivir. Y ello sin hablar de las deficiencias cuantitativas y cualitativas en el servicio de la defensoría pública. Debe reconocerse que para que un sistema penitenciario funcione adecuadamente se precisan dos factores que se encuentran ligados al trato digno en prisión. A saber, la disponibilidad de espacios físicos con instalaciones apropiadas, y la existencia de personal penitenciario capacitado y con condiciones laborales dignas. Somos conscientes de que para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país se requiere tiempo, voluntad, cambio de mentalidad en las personas que lo operan, y la exigencia ciudadana constante a las instituciones involucradas. Sin embargo, también pensamos que los nuevos mecanismos de justicia penal, bien utilizados, y con el apoyo de suficientes recursos financieros, administrados y distribuidos de manera honesta y eficiente, permitirán una investigación y procuración e impartición de justicia adecuada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Irene Sorla Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
Nuevo constitucionalismo en la CDMX
Nuevo constitucionalismo en la CDMX Sábado 17 de septiembre de 2016 Miguel Concha Una de las principales características del nuevo constitucionalismo democrático, confrontado ciertamente con los modelos de desarrollo neoliberal, aunque esgrimido como instrumento de lucha y estrategia por los movimientos sociales de resistencia, es fundamentar la convivencia armónica de la sociedad en el cumplimiento explícito y transversal de todos los derechos humanos por del Estado, previendo para ello el establecimiento de obligaciones institucionales, normas jurídicas y disposiciones judiciales y administrativas consecuentes, con el fin de que la ciudadanía los pueda ejercer y hacer valer en la práctica. Es ésta una de las principales virtudes del proyecto de Constitución que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentó el pasado 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente, como resultado del esfuerzo que un grupo plural y apartidista de ciudadanas y ciudadanos especializados preparó durante siete meses en mesas de trabajo y plenarios de discusión. En él se declara, desde los primeros artículos, que la Ciudad de México asume como uno de sus principios el respeto a los derechos humanos y la defensa del Estado democrático y social de derechos, y a propósito del bloque de constitucionalidad y convencionalidad en los principios de aplicación e interpretación de los derechos humanos, se declara también que en ella los derechos tienen la máxima jerarquía normativa. En congruencia con esto, el proyecto define a la Ciudad de México como un espacio civilizatorio, democrático, laico, incluyente, accesible, sostenible, justo, pacífico, productivo, educador, habitable, de seguridad y movilidad humana y social para el ejercicio pleno de los derechos y el uso y disfrute equitativo de los bienes y servicios. Reconoce también la libre manifestación de las ideas como elemento integrador y esencial del orden democrático. Para llevar a cabo esto, especifica 41 diferentes derechos individuales y colectivos –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales–, que como novedad también clasifica siguiendo y complementando los lineamientos de la Carta por el Derecho a la Ciudad, surgida y negociada por diversas organizaciones del movimiento urbano popular con el Gobierno del Distrito Federal desde 2007, y concluida en marzo de 2010, con el fin de asegurar una ciudad de libertades y derechos, democrática, educadora y del conocimiento, solidaria, productiva, incluyente, habitable, segura y garantista. Además de tomar en cuenta los derechos particulares de grupos de atención prioritaria (como niñas, niños y adolescentes; los jóvenes; las personas mayores, las que tienen discapacidad; la población LGBTI; los migrantes y las personas sujetas de protección internacional; las víctimas del delito; las poblaciones en situaciones de calle; las personas privadas de su libertad; las que residen en instituciones de asistencia social; los afrodescendientes y las personas de origen indígena que no viven en pueblo, comunidad o barrio originario), encontramos en la lista la formulación de nuevos derechos, como los de las familias, al cuidado; el propio derecho a la ciudad, a la buena administración pública, a los espacios públicos y a la vía pública, y el derecho a defender los derechos humanos. Así como importantes derechos omitidos y violentados por las políticas neoliberales, como son el derecho a la vida digna, el derecho al desarrollo sostenible y el derecho al desarrollo urbano equitativo, estético y armónico. La Ciudad de México declara el proyecto, reconoce el derecho a la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, equidad y sustentabilidad, que confiere a sus habitantes legitimidad de acción y de organización para ejercer sus derechos a la autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. Y a propósito del mismo derecho, más adelante expresa que el desarrollo urbano y rural, la utilización del suelo y de los espacios y bienes públicos y privados deben otorgar prioridad al interés social, cultural y ambiental. Es también importante subrayar que en los principios de aplicación e interpretación de los derechos se establece con claridad que las autoridades deben adoptar, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias, con el fin de asegurar progresivamente la realización de los derechos sociales, estableciendo además que la política fiscal y los mecanismos presupuestarios tienen que orientarse al cumplimiento efectivo de los mismos. Otra de las características del nuevo constitucionalismo, confrontado igualmente con la simulación de la representatividad política neoliberal, aunque también esgrimida por el movimiento social en su lucha por la democracia, es la participación activa de la ciudadanía no únicamente en la elección de las autoridades, sino además en la gobernabilidad del Estado, para lo cual no sólo se establecen mecanismos de información y de consulta, sino también de participación en la toma de decisiones que la afectan. En congruencia con la tradición democrática de la Ciudad de México, esta es otra de las virtudes continuamente cuidada y procurada por el equipo civil que redactó el anteproyecto de Constitución que el jefe de Gobierno entregó a la Asamblea Constituyente, y por ello en él encontramos garantizadas no únicamente estructuras más eficaces de democracia representativa, sino también mecanismos de democracia ciudadana directa, como la iniciativa ciudadana, el referendo, el plebiscito, la consulta ciudadana y la revocación del mandato, así como de democracia participativa, como la gestión, evaluación y control de la función pública, y el establecimiento del presupuesto participativo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Luis Fernando Franco Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? 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Derechos humanos frente a empresas
Derechos humanos frente a empresas Sábado 10 de septiembre de 2016 Miguel Concha La reciente visita del Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuvo, dado el contexto de conflictos y violaciones a derechos humanos en los que están implicadas las grandes empresas, una característica importante: las comunidades, pueblos indígenas y campesinos, barrios y habitantes de las ciudades demostraron que su fortaleza más sólida radica en su resistencia y organización para defender sus territorios y los bienes comunes; en exigir y ejercer directamente sus derechos, usando los medios a su alcance para denunciar y defenderse de los despojos y agravios que padecen. Muestra de ello fueron los 81 testimonios que se compartieron en las reuniones con los representantes de la ONU, todos relacionados con prácticas de corrupción para imponer megaproyectos, y con la validación de reglas de comercio e inversión que protegen a estas corporaciones. Parece poca cosa que uno de los principales logros de este tipo de visitas oficiales sea que los pueblos se reconozcan a sí mismos como sujetos de derechos, y reafirmen por tanto que en ellos radica mucha de la esperanza para cambiar esas estructuras de raíz. Pero no lo es, sobre todo pensando que actualmente, a escala internacional, se debate sobre la efectividad o no de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, discusión que incluso en este mismo periódico amplió Magdalena Gómez, llamando la atención sobre algunos riesgos desde su análisis crítico ( La Jornada, 06/09/16). Sin embargo, es cierto que este tipo de ejercicios ayudan a denunciar en todo el mundo las falencias de un Estado que declina de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y también es verdad que sirven para que, en la escucha atenta, las comunidades y organizaciones encontremos algunos objetivos en común, entre los que podemos incluir el cuidado de la casa y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Todo esto cobra especial relevancia en medio de la crisis que enfrentamos. Ante todos los intentos que grandes corporaciones hacen para continuar con la refuncionalización de los estados en favor de sus intereses particulares, no podemos hacer a un lado la crítica y la denuncia. Por el contrario, estos ejercicios, revitalizados con la participación social, deberían coadyuvar necesariamente a recordar que el Estado debe proteger derechos y evitar a toda costa que las empresas se eximan de sus responsabilidades y sanciones por los daños que cometen. Por tanto, no podemos obviar que éstas tienen implicación en el sistemático despojo de territorios y explotación de recursos naturales, que nos han llevado a una situación límite y sin precedente. Los planteamientos preliminares al final de la visita de este Grupo de la ONU, dados a conocer el pasado miércoles, ponen énfasis en que las empresas están efectivamente violentando derechos humanos de pueblos y comunidades, tanto en el campo como en la ciudad, al no respetar, por ejemplo, la debida diligencia en la realización de los megaproyectos. Sin duda, la mala o nula implementación de la consulta previa, libre e informada es un hecho innegable, ya que no ha sido seriamente realizada y garantizada por el Estado. Por el contrario, y debido a la refuncionalización de sus instituciones y políticas, en la actualidad, y a voluntad de las grandes corporaciones, se instrumentaliza para garantizar que las empresas lleven a cabo todos sus proyectos. A decir de los dos integrantes del grupo de trabajo, se requiere fortalecer el derecho a la consulta y generar más vías de diálogo social que permitan resolver los conflictos. Siempre reconociendo que la razón de ser de un Estado se cimenta en el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo mismo, en la realización plena e integral de los derechos humanos de las personas y pueblos. Por tanto, el Estado tiene la obligación de rescatar una institucionalidad que le permita garantizar los derechos humanos frente a las grandes corporaciones. La visita de este grupo de la ONU permitió también conocer el proceso que se lleva a cabo para la creación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, del que desde ahora sabemos que tiene que ser más transparentado y que requiere que el grupo de actores que participan en su deliberación sea ampliado con el fin de llegar a consultar más directamente a comunidades, pueblos indígenas, campesinos, integrantes de sindicatos que luchan por sus derechos laborales y a barrios y colonias de grandes ciudades, que también se ven afectadas por la actividad empresarial, e incluir a más organizaciones sociales interesadas en estos asuntos. Es importante reconocer la visita que hizo el Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos, pues señaló puntos que vale la pena considerar. Sin embargo, debemos también ser muy claros en reconocer que el Estado, insisto, ha estado siendo refuncionalizado para garantizar no los derechos humanos, sino los derechos mercantiles, financieros y de propiedad privada de las grandes empresas y las corporaciones multinacionales. Cosa paradójica, ya que aparentemente existe la buena voluntad de las empresas y el Estado para remediar la situación de crisis que se han provocado con los megaproyectos, y no vemos del todo claro cómo efectivamente podrían garantizar su no repetición cuando casos como las reformas estructurales, la negociación de tratados comerciales y la subordinación del propio Estado ante las exigencias de las empresas configuran sin duda lo que ahora llamamos refuncionalización del Estado y desvío de poder en favor de los intereses empresariales. El Estado se devela como el ejecutor administrativo de los grandes capitales transnacionales, pero también como el brazo armado que controla a la población que disiente y se organiza frente al poder corporativo. Ese es el reto. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Lú Moguel Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social
Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo
Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Representantes de la ONU se han reunido estos días con integrantes de comunidades, movimientos y organizaciones sociales para revisar a detalle el cumplimiento o no en México de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 6 de septiembre de 2016 Por: Lucía Moguel y Carlos A. Ventura Callejas La dignidad en nuestras manos “Pedimos que sean nuestra voz ante el mundo de lo que está pasando en México, que hagan que aflore la verdad”, esta fue la petición que más de 28 representantes de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la última reunión con actores sociales que se realizó el pasado domingo, en el municipio de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, y antes de que los integrantes de este grupo den a conocer su informe preliminar este miércoles 7 de septiembre. Esta visita oficial comenzó la semana pasada en la Ciudad de México, y a lo largo de estos días se han encontrado en seis ocasiones con representantes de comunidades, movimientos y organizaciones sociales en distintos estados de la República bajo un mismo objetivo: revisar a detalle el cumplimiento o no en México de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU. Niñas, niños, mujeres y hombres de distintos lugares de México recibieron a dos integrantes del Grupo de Trabajo, Dante Pesce y Pavel Sulyanziga (actual presidente del Grupo), y cuatro representantes más de Naciones Unidas entre cantos, música, collares de flores y abrazos; uno por uno expusieron casos en donde denunciaron violaciones a sus derechos humanos con un factor común: empresas transnacionales y nacionales buscando despojarles de sus tierras y bienes comunes para beneficio económico privado. Ante una ofrenda tradicional de la región, el humo blanco del copal, velas, flores y constantes consignas de resistencia, las y los representantes de pueblos y comunidades indígenas y campesinas aseguraron ser ellos quienes deben resolver sus problemas, enfrentar la lucha como lo han hecho desde hace varios años y trabajar para recuperar sus tierras, al tiempo que enfatizaron que “cualquiera que estuviera en nuestra situación defendería la cuna que los vio nacer y es por eso que les pedimos ayuda”. Tras tres horas de escucha, el Grupo de Trabajo se comprometió a no dejar archivado ninguno de los casos, pero dejaron claro que ellos no pueden garantizar la resolución de éstos, ya que su única facultad es realizar recomendaciones al gobierno mexicano, quien decide aceptarlas o no. Pese a esto, la esperanza y resistencia de los pueblos no da marcha atrás, por el contrario, el Grupo de la ONU dejó un sentimiento de fortaleza y esperanza entre las y los asistentes, quienes seguramente seguirán con sus procesos comunitarios, que se ha extendido por siglos, que no están perdidos y que están dispuestos a continuar; sin duda el Grupo de la ONU contempló a pueblos y comunidades en resistencia que les expresaron desde su sinceridad y calidez sus preocupaciones, pero también la fortaleza de sus procesos organizativos, cosa que esperamos inspiren al Grupo para recomendar contundentemente al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, de protección de derechos frente a terceros y reparación de daños cometidos en territorios indígena y campesinos. Es importante resaltar que esta visita es de carácter oficial, por lo tanto lo que este Grupo de la ONU concluya, si bien está sujeto a la valoración y aceptación del Estado mexicano, lo cierto es que son argumentos que nos permiten sustentar todavía más la seria crisis de derechos humanos en México, las formas en que las empresas atropellan los derechos humanos de pueblos, comunidades y barrios urbanos, y la connivencia del gobierno en sus tres niveles en estas violaciones. Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos no dudamos en denunciar que el Estado se encuentra coptado por capitales transnacionales que ahora disponen las reglas del juego, no solamente en el marco normativo interno, recordemos las recientes reformas estructurales que benefician a estas empresas, sino también imponen sus reglas en los tratados de libre comercio a nivel mundial, muestra de ello es el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), del cual se ha dado información al Grupo de Trabajo de la ONU. En este panorama complejo, que las comunidades sostengan procesos de ejercicio y exigibilidad de sus derechos se vuelve piedra de toque para generar realidades donde la democracia y la justicia sean concretas, palpable, y no simulaciones de garantías de derechos como ha hecho el Estado mexicano. En los procesos organizativos que le hacen frente al despojo y la violación sistemática de los derechos humanos, experiencias como convocarnos para reunirnos con la ONU son pretextos para, en realidad, fortalecernos en el encuentro. Esto se experimenta entre quienes ahora se organizan y defienden. * Lucía Moguel es integrante de la 14 generación de la Escuela para Defensores de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Carlos Ventura es colaborador del mismo Centro. Consultar en Animal Político. Imagen destacada: Lucía Moguel Entradas relacionadas: Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo
