Normalización de la represión política
Normalización de la represión política Sábado 27 de agosto de 2016 Miguel Concha Las organizaciones defensoras de derechos humanos han desarrollado tal madurez en temas de recopilación y sistematización de información que hoy podemos contar con informes periódicos y sólidos sobre la situación de esos derechos en nuestro país. Es a través del monitoreo y la documentación de sus distintas violaciones como dan cuenta de la crisis de derechos humanos por la que atravesamos, no únicamente desde los estándares de cumplimiento internacionales o locales, sino también desde los trabajos colectivos que bajo metodologías rigurosas realizan entre las organizaciones y movimientos sociales de manera independiente, en gran parte por su cercanía con las víctimas, las comunidades y los propios movimientos. Es paradójico que mientras la administración en turno se niega a aceptar el profundo malestar que experimenta la población en relación con la situación de los derechos fundamentales, la corrupción, la impunidad y la economía del país, las evidencias de la sociedad coincidan en que en lugar de atender de raíz esas inconformidades, el gobierno mexicano recurra a diversos mecanismos de represión política para acallarlas e intentar cancelarlas en la población. Quienes gobiernan se han encumbrado, en efecto, en un supuesto estado de derecho, que se sostiene por el uso de la fuerza pública militar o policial. Sobre esto mismo el pasado 24 de agosto el Comité Cerezo México, la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentaron el informe Defender los derechos humanos en México: la normalización de la represión política, que da cuenta del periodo junio de 2015 a mayo de 2016. En él pormenorizan los eventos en los que se registran graves violaciones a los derechos humanos, y describen los mecanismos mediante los cuales el actual régimen se vale para intentar controlar a la población, revertir las inconformidades y detener las protestas sociales que rechazan el proyecto de país que grupos empresariales y castas partidistas nos quieren imponer. De paso hacen un análisis comparativo de las diferencias o cambios entre las estrategias de represión en el pasado sexenio y el actual, confirmando que la mal llamada “guerra contra el narco”, que llevó al país a la militarización de la vida social, ahora se ha normalizado e incrementado con una serie de ajustes institucionales que generan acciones sutiles y casi invisibles destinadas al control social, sobre todo por el predominio de los medios de comunicación. Con base en las evidencias presentadas, se sostiene que el Estado afina su puntería contra aquellos grupos o personas que se oponen y resisten al desarrollo. Son justamente ellos quienes ahora se convierten en el principal obstáculo para el Estado y su intención de imponer la agenda neoliberal. Es decir, las reformas estructurales con las que el actual gobierno dice mover y salvar a México. El informe documenta 136 eventos que implican 446 actos violatorios de derechos humanos que afectaron aproximadamente a 165 personas, 48 organizaciones y 15 comunidades sólo en un año. De todos estos actos violatorios hoy son más comunes las agresiones, con lo que las organizaciones que presentan el informe plantean que el Estado ha pasado de hostigar o amenazar a atacar directa y principalmente a las y los defensores de derechos humanos. Vale la pena resaltar que el informe también sostiene que los eventos que se registran tienen una característica en muchos casos relacionada con que son masivos y focalizados principalmente en organizaciones de base y con estructuras organizativas sólidas, como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y la parte disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La expresión de esta represión contra la población se ilustra en las secciones relacionadas con el análisis de las detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Novecientas sesenta y ocho violaciones documentadas en los recientes seis años. El informe concluye que el mecanismo de la detención arbitraria, con el que el Estado usa de manera selectiva su aparato judicial contra los defensores de derechos humanos, es uno de los más recurridos actualmente para violentar el derecho a la protesta social. A decir de las organizaciones autoras del informe, esta radiografía de los mecanismos de represión política nos muestra que su principal objetivo es su normalización, el silenciamiento, el acostumbramiento, la naturalización y la polarización social, en tanto que ayuda a perpetuar la impunidad. El documento cierra con un listado de recomendaciones al Estado mexicano para revertir esta situación de crisis de derechos humanos y de represión generalizada. También, a lo largo del informe, las organizaciones se preguntan qué hacer frente a este panorama y no dudan en sugerir que lo que apremia es resistir. “Es necesario –proponen– no sólo formar procesos de largo aliento, que estén guiados por la organización bajo objetivos a largo plazo, y no como respuestas efervescentes que se desinflen con facilidad”. Y hoy más que nunca es también necesario que la unidad y la solidaridad caractericen al movimiento social en general, de lo contrario atacarlo será mucho más fácil. Frente a este intento de normalización de la represión política es igualmente fundamental aumentar la calidad y capacidad para documentar incidentes de seguridad, difundirlos, visibilizarlos, así como aumentar la capacidad y las formas de elevar los costos políticos de los ataques represivos estatales, “pues estamos viendo que el Estado parece dispuesto a asumir estos costos sin reparo alguno. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Comité Cerezo México Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
FSM: logros y retos
FSM: logros y retos Sábado 20 de agosto de 2016 Miguel Concha El Foro Social Mundial (FSM) es un espacio que se inició de manera alternativa y opuesta al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en Porto Alegre, Brasil, en 2001. Desde entonces ha buscado mantenerse como encuentro mundial abierto para discutir y pensar juntos articulaciones y trabajos colectivos en torno a Otro Mundo Posible. En él convergen grupos, organizaciones y movimientos de los cinco continentes que se oponen a toda forma de opresión, sea colonial, imperialista o patriarcal, y encaminan sus trabajos a la emancipación y transformación del sistema capitalista actual. Quienes llegan a esta cita mundial se asumen comprometidos con la construcción de una sociedad planetaria, orientada hacia una relación justa entre los seres humanos, y de éstos con la Madre Tierra. Este 2016 se realizó del 9 al 14 de agosto en la ciudad de Montreal, Canadá, donde se dieron cita para reflexionar y detectar los retos que a nivel mundial tenemos en las luchas y resistencias sociales, alrededor de 35 mil personas de por lo menos 125 países, quienes se congregaron en torno a 13 temas, entre los que podemos mencionar los procesos colectivos contra la dictadura de las finanzas, la imposición de los nuevos y ampliados tratados de libre comercio y la oposición al patriarcado, la xenofobia y los fundamentalismos. Se trabajaron también temas relacionados con la situación actual de los derechos de los trabajadores, las migraciones a nivel mundial y, claro está, se compartieron experiencias locales y globales que buscan visibilizarse como algunas de las alternativas económicas, sociales, solidarias, artísticas, de comunicación y movilización, para seguir pensando y creando esos otros mundos posibles. Es, sin duda, un espacio único que convoca a la diversas resistencias y luchas progresistas, altermundistas y de izquierdas, en el que estuvieron también presentes integrantes de diversas redes de México, como la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanas México Mejor Sin TPP. Para este año el FSM logró por primera vez ese intercambio en un país del Norte, lo que confirmó una idea hace tiempo compartida: la crisis es generalizada, no solamente en el Sur, sino también en ese otro punto geográfico. Es decir, que existe Sur Global en los diversos hemisferios. Baste mencionar en esta ocasión las participaciones de los pueblos originarios de Canadá, que denunciaron el despojo al que son sometidos. Durante el Foro se subrayaron también las formas en que esta crisis sin precedente afecta en sus diferentes dimensiones la vida, perjudicando incluso a quienes por mucho tiempo no habían resentido del todo los embates de un poder que acumula en unos cuantos oportunidades y riquezas, dejando sin posibilidades al resto. Se ratificó entonces que son necesarias las relaciones de solidaridad entre el Norte y el Sur, y viceversa. Sin embargo, en el interior del mismo FSM y de procesos globales de emancipación gestados en diversos pueblos y países, tenemos retos considerables. Uno es que la experiencia del Foro se amplíe a más sectores, mantenga la participación de los movimientos sociales y convoque nuevos actores emergentes en las luchas por la vida, los bienes comunes y los derechos humanos. Es importante también que se mantenga la organización de este encuentro mundial, tan necesario para entretejer esperanzas y resistencias. Ahora le toca al Consejo Mundial del FSM reflexionar a profundidad sobre lo más conveniente para futuros esfuerzos de articulación de esas dimensiones, aunque por otro lado tenemos una apremiante invitación a globalizar nuestras luchas. Es decir, a que las narrativas contrahegemónicas se basen en reconocer las peculiaridades de las resistencias comunitarias localizadas en diversos territorios del mundo, de abajo hacia arriba. Y, a modo de autocrítica, para ello es también necesario reconfigurar una globalización subordinada y dependiente de los países del Norte, con perspectivas neocoloniales, como la que tenemos en los del Sur, e incluso en el interior de los movimientos y organizaciones sociales, redes solidarias, y fuerzas partidistas progresistas de los países del Norte. Es decir, se nos presenta el reto de transformar en todo el planeta toda aquella relación que por mínima que sea avizore actitudes patriarcales o neocoloniales basadas en distinciones de raza, etnia, condición social o género, sin pasar necesariamente por el tamiz del cuestionamiento a los privilegios que este sistema hegemónico genera en unos, colocándolos por encima de los otros. Ejemplo fue que tan sólo intentar asistir esta vez al FSM puso en evidencia el sistema inequitativo en el que vivimos, pues alrededor de 200 activistas del Sur –de África y América Latina– no obtuvieron una visa para acudir a este encuentro, por la dura política migratoria del país anfitrión. Sin embargo, cuestionar las ventajas que algunos pueblos del Norte tienen, no debe ser motivo de división, sino de reconocimiento de la complejidad a que nos enfrentamos, con el ánimo de lanzarnos a interpelar con mayor profundidad la estructura que mantiene esas relaciones de desigualdad y dominación. Hoy, cuando la crisis del sistema capitalista repercute también en el Norte, y todavía más en el Sur, no debemos luchar solamente por nuestras conveniencias particulares, y menos aún para sostener nuestros privilegios, sino para transformar de raíz este sistema que ha sometido y despojado históricamente al Sur, como lo hace ahora en el Norte. Por ello, la lucha y la resistencia son globales, aunando esfuerzos para desmantelar las relaciones de explotación, despojo y opresión en las que todos vivimos. El reto ahora es que todos nos relacionemos horizontalmente, para construir transformaciones globales en el mundo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): FSM Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
¿Una reforma garantista con las familias?
¿Una reforma garantista con las familias? Sábado 13 de agosto de 2016 Miguel Concha El 24 de julio pasado se publicó la reforma del artículo 73, fracción XXIX-X, de la Constitución, mediante la cual el Congreso de la Unión se dio facultades explícitas para fijar las obligaciones que deben observar de modo concurrente las autoridades federales, locales y municipales en materia de derechos de las víctimas. Esto no era necesario, porque ya existe una ley general, la que impulsó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, junto con miles de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, que el Ejecutivo federal publicó el 9 de enero de 2013, después de una larga y ajetreada polémica con el entonces saliente presidente Calderón, que de facto la vetó. ¿Entonces por qué publicar esa reforma constitucional en este momento? Una clave para entender el cambio introducido por esa reforma constitucional es recordar que con la primera Ley General de Víctimas hubo gobernadores que cuestionaron los alcances garantistas de esa norma y decidieron crear leyes de víctimas locales con menos derechos y mecanismos de garantía más débiles que los previstos a nivel federal, pese a que tales derechos para todas las víctimas federales y del fuero común ya estaban vigentes desde la publicación de la ley general. En opinión de quienes integraban el Senado, ello se debió a que cuando se debatía la ley vigente faltaban facultades constitucionales explícitas para que el Congreso de la Unión publicara una norma general de víctimas en sentido estricto y que por eso se abrió injustificadamente un margen de discrecionalidad en la materia, a pesar de que el Congreso tiene facultades implícitas en materias que son indisponibles para las legislaturas locales, como es el caso del que hablamos. Así que ahora se dice que podrá superarse ese impedimento, con la salvedad de que el posicionamiento del Ejecutivo y otros actores parece traslucir que la intención es diferente: reditar la ley general con una completamente nueva, que abrogaría la vigente, bajo el pretexto, en palabras del Presidente, de que la actual es inoperable plenamente. Lo anterior lo dijo en el foro Equidad para las víctimas en el debido proceso, organizado por la asociación Alto al Secuestro, en el que su presidenta presentó al Ejecutivo una iniciativa de ley que tres días después fue presentada prácticamente en los mismos términos por la priísta Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado. Dicha iniciativa, que abroga la ley vigente, tendría los siguientes efectos más evidentes. Por una parte, dividir en dos categorías jurídicamente cuestionables: víctimas del delito yvíctimas de violaciones graves de derechos humanos, las primeras de las cuales –las de delitos cometidos por particulares– tendrían casi el doble de derechos que las segundas –de torturas, desapariciones forzadas, genocidios y ejecuciones arbitrarias, entre otras– cometidas por agentes del Estado. Y por otra, que las medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral, que se desarrollan a través de tres robustos títulos de la ley vigente, se convertirían en un ralo listado, de no más de dos cuartillas, que despojan a la ley de su potencial de transformación de las causas de la victimización, para reducirla grosso modo a una bolsa de indemnización, pedidos de disculpas públicas y terapias. Esto es precisamente lo que vuelve más alarmante que en este momento se haya publicado una reforma constitucional que daría pie a un retroceso deplorable en materia de derechos de las víctimas, y que en momentos críticos de procesos por casos como los de desaparición en Ayotzinapa, ejecuciones arbitrarias en Tlatlaya y tantísimos más, se estigmatice a las víctimas del Estado como si fueran –como lo son en el trato– víctimas de segunda. Antes que eximirse de sus responsabilidades frente a las víctimas de la violencia que el Estado produce o no previene, tanto el Ejecutivo como el Legislativo deberían volcarse a acrecentar el legado que las víctimas dejaron en la actual Ley General, para –como también reconoció el Presidente en el foro mencionado– eliminar la burocratización y facilitarles a las víctimas el acceso a la reparación integral. Pero eso es muy distinto a abrogar la actual Ley, crear seudo-categorías de víctimas y despojarlas de la gran mayoría de sus derechos. Sobre todo a las que reclaman por la violencia del mismo Estado. Si el discurso es la cancha parejaentre víctimas e imputados, entonces que haya también cancha pareja entre todo tipo de víctimas, y, más aún, que no se les discrimine, por incómodas que le sean al poder. El Ejecutivo y el Congreso de la Unión deben tomar en cuenta que el pasado 13 de abril un grupo representativo de más de 100 víctimas y organizaciones de la sociedad civil confiamos al presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, así como a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, Angélica de la Peña, un proyecto de iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas que ellos suscribieron en el acto, el cual incluye propuestas derivadas de una consulta muy amplia y seria que incluyó a muchas familias y colectivos de víctimas, así como a expertos especializados en el tema. Estos esfuerzos no deben quedar fuera del proceso legislativo. Es imprescindible que éste sea transparente e incluyente, pero fundamentalmente que tenga por insumo ineludible la voz de quienes la exigen y sufren las desapariciones. Si no, de antemano podemos prever su destino: más tiempo y vida desperdiciados en simulaciones y cálculos políticos. Debe ser rechazada cualquier iniciativa de reforma que vaya en contra de los principios sobre los derechos de las víctimas de violaciones contenidas en las normas internacionales de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): Eneas de Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña
Discriminación social contra migrantes
Discriminación social contra migrantes Sábado 6 de agosto de 2016 Miguel Concha La Ciudad de México es frecuentemente identificada como una entidad en la que los diferentes movimientos y reivindicaciones sociales han permitido avances que la distinguen del resto del país, por el reconocimiento que en ellas se da de los derechos humanos de grupos de personas que, debido a la desigualdad y violencia estructural, han enfrentado discriminación y vulneración a su integridad. La discriminación, entendida de manera amplia, tiene que ver con distinciones que atentan contra la dignidad humana y tienen como consecuencia la negación de derechos. De manera afortunada, ha sido considerada como principio fundamental para la convivencia y una de las bases para la formulación e interpretación de leyes y políticas públicas. Ello no obstante, percibimos que el tema tiene aún muchos pendientes, y que la reflexión es tanto más necesaria cuando nos enteramos de que ocurren hechos como los de días pasados durante la inauguración del Centro de Protección Internacional para Adolescentes en el Camino. Como se sabe, dicho albergue, en la colonia El Recreo, de la delegación Azcapotzalco, abrió sus puertas recientemente para proporcionar estancia y acompañar a niñas, niños y adolescentes migrantes con destino a Estados Unidos. Sin embargo, su apertura hizo otra vez visible el enorme desconocimiento y la poca sensibilidad de la sociedad en general que dan pie a que se produzcan actos de discriminación y de violencia, como el altercado ocurrido ese día, cuando grupos inconformes llegaron incluso a golpes para manifestar las supuestas consecuencias negativas que el lugar conllevaría para la colonia, según relatan testigos y notas periodísticas. Los argumentos que dichos grupos esgrimían se basan en imaginar ese lugar de acogida a los migrantes como un foco de violencia, asumiendo además que las personas centroamericanas en tránsito por nuestro país traen mañas y peligro a la Ciudad de México. Llama la atención que esos prejuicios motiven la desaprobación del albergue por parte de vecinas y vecinos de la zona, que incluso han reunido firmas con la intención de solicitar que sea cerrado, y los jóvenesregresados a su país. Este tipo de conflictos es la confirmación en la ciudad de la difícil situación que enfrentan las personas en tránsito, en medio de un sistema de gobierno que no les garantiza el ejercicio pleno de sus derechos. Lo anterior se agrava cuando se generan políticas públicas y distorsiones en medios de comunicación de hechos relacionados con la migración, que tienen su origen en actitudes racistas, políticas y discriminatorias. Ante esto cabe recordar que la Ciudad de México debe ser incluyente, en la que se reconozcan el derecho a la movilidad humana y social, por lo que toda persona pueda transitar por su territorio y decidir libremente su residencia, lugar de trabajo o estancia, sin ser criminalizado e independientemente de su situación migratoria. Para ello las autoridades deben adoptar medidas de todo tipo, que les garanticen entre otras cosas integridad personal, seguridad jurídica y acceso a servicios públicos con enfoque de hospitalidad. Y tampoco hay que olvidar que entre las obligaciones generales de los estados en materia de derechos humanos se encuentra protegerlos contra vulnerabilidades que lleven a cabo terceros, particulares o colectividades. Este tipo de situaciones muestra también que las personas migrantes siguen siendo una población que no sólo encara el riesgo de las fallas y lagunas de un sistema jurídico mexicano que muchas veces no los protege y de una política gubernamental que los criminaliza, sino además el rechazo de sectores de la población civil, lo que aumenta su vulnerabilidad y la proliferación de actos que a todas luces son discriminatorios, por la pertenencia a grupos de diversas identidades culturales, por el color de la piel, el sexo, el origen nacional o la condición de pobreza. La problemática es compleja, ya que se corre el riesgo de multiplicar este tipo de discursos xenófobos y abiertamente antimigrantes, como los que se escuchan en el marco de las elecciones en Estado Unidos. Es contradictorio que mientras desde nuestro país se condenan expresiones xenófobas en el vecino, simultáneamente quedan casi desapercibidas en nuestra sociedad acciones con las mismas motivaciones discriminatorias y de rechazo a la diferencia. Ante esto es preciso reconocer que la diversidad sociocultural enriquece a nuestro país, y que la misma Ciudad de México es el resultado de la interculturalidad sustentada en las identidades de los pueblos originarios que la habitan, de las personas que desde diferentes puntos del país la hemos poblado, y de las personas que con diferentes orígenes, lenguas, nacionalidades y creencias han conformado una población, cuya identidad debe ser la diversidad y el reconocimiento de los otros. De esa forma es como debe ser reconocido y respaldado institucional y socialmente el trabajo de las personas que defienden y dan atención a las y los migrantes; no atacado y rechazado, como ha ocurrido con el albergue inaugurado en Azcapotzalco. En la labor de defensa de los derechos humanos es necesaria la participación activa de las autoridades para proteger también los derechos de quienes se organizan para acompañar a migrantes o a cualquier otro grupo de atención prioritaria. Los gobiernos, en sus diferentes niveles, deben cumplir con sus obligaciones de respeto, protección, promoción y garantía de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, colaborando en la implementación de una cultura basada en el respeto de los derechos humanos, mediante la implementación de leyes, políticas, programas y acciones que reconozcan la dignidad de todas las personas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : pies cansados Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de
Debate sobre la protesta social
Debate sobre la protesta social Sábado 30 de julio de 2016 Miguel Concha Las protestas sociales se han convertido, entre los diversos grupos y movimientos sociales que se ven afectados en aspectos importantes para lograr una vida digna, en uno de los ejercicios más necesarios para los procesos de resistencia, exigencia de derechos y organización colectiva. Combinado con otras estrategias que han movilizado nuestra historia, ello ha permitido por siglos transformar realidades de injusticia en cambio y emancipación. Hoy podemos decir que es un derecho humano que involucra otros derechos interrelacionados, reconocidos tanto en nuestra legislación interna como en la internacional. Las protestas sociales son también encuentros de personas y colectividades que se sienten convocadas en forma reflexiva e intencionada, con la finalidad de coadyuvar en la construcción de una democracia con paz y justicia. Este tipo de consideraciones cobran relevancia ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a resolver dos acciones de inconstitucionalidad (96/2014 y 97/2014), en relación con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. En ellas, interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se argumenta ampliamente sobre tres artículos (212, 213 y 214) que violentan principios y derechos reconocidos en instrumentos internacionales. Por lo cual, a decir de esas instituciones públicas de derechos humanos, aunque también de las organizaciones sociales, la SCJN debe declarar inconstitucionales esos artículos, toda vez que su redacción actual, y su implementación por parte de las autoridades, seguramente ocasionará violaciones a garantías básicas como la libertad de expresión, derecho a reunión y asociación, y a defender los derechos humanos, que están implicados de manera tangible en las protestas sociales en sus diversas formas. En un amicus curiae que presentó el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), y que la SCJN debería retomar en esta discusión, se razona y discute ampliamente sobre los aspectos que contravienen derechos humanos en esa ley. Con relación al artículo 212, que enuncia la perfecta licitud de las manifestaciones, el FLEPS sostiene que en realidad existe una censura previa, que analiza a priori la licitud de una manifestación, dejando de lado su presunción de legitimidad. Además de que la observancia de esos calificativos produce un efecto inhibidor en el ejercicio de derechos de las personas que participan en una protesta social. En el mismo artículo se establece que las personas que quieran ejercer el derecho a la protesta deberán dar aviso previo y por escrito; sin embargo, y conforme a los estándares internacionales, el ejercicio de los derechos humanos no puede estar sujeto en ningún momento ni supuesto a una autorización previa por parte de la autoridad o sometimiento a un examen previo. Además, en la actual ley se prevé que las obligaciones correspondientes a las autoridades queden condicionadas a un aviso previo de 48 horas por parte de los ciudadanos, con lo que se origina una burocratización del ejercicio de los derechos humanos, y se deja de lado una visión garantista del Estado. Por lo que hace al artículo 213, se impone una prohibición absoluta para utilizar el espacio público, pues no podrán utilizarse las vías primarias de circulación continua para la realización de manifestaciones. La SCJN deberá resolver también si, dada su naturaleza, las manifestaciones públicas requieren de la utilización de espacios para garantizar su visibilidad y publicidad, como medio de expresión, o deliberadamente se pueden establecer límites a ésta. A decir del FLEPS, las protestas también necesitan de la ocupación de vías primarias de circulación continua, aun cuando ello genere ciertas molestias que en principio debieran ser toleradas. Y afirma que corresponde al Estado tomar las medidas necesarias para reorganizar el tráfico, brindar rutas alternas y servicios de transporte público que generen que las restricciones al tránsito afecten lo menos posible. Además, tanto autoridades, como la sociedad en general, deberíamos ampliar nuestra percepción sobre el espacio público, y considerarlo y utilizarlo como un lugar de debate político y ejercicio de derechos encaminados a consolidar nuestra democracia. Por último, el artículo 214 hace mención a que la Secretaría de Seguridad Pública tomará lasmedidas necesarias para evitar bloqueos, pero se considera ambigua y abierta la redacción tal y como está, lo que conllevaría a su uso discrecional por parte de las autoridades, y por tanto a violentar derechos humanos. El artículo además no es taxativo, y por ello no permite la certeza jurídica, ya que no señala claramente qué podrán hacer los elementos de seguridad pública, abriendo así la posibilidad de un uso de la fuerza desproporcionado e irracional, pues no menciona ni gradúa las medidas necesarias para evitar bloqueos. Este tipo de legislación que se debate en la SCJN es ejemplo de cómo se usa la ley para limitar derechos, y de cómo el legislador declina su deber de robustecerlos. Luego del receso al que entró el máximo tribunal del país, es menester que los magistrados indiquen sus valoraciones sobre este asunto, cuanto más porque en México tenemos un clima de constantes protestas, indicativas de los problemas de fondo que tenemos que resolver. Intentar acallar las voces, censurar las protestas e inhibir los derechos de la gente, mediante legislaciones caóticas, no hará más que agravar la crisis de derechos humanos que padecemos en México. La Corte deberá estar a la altura, y declarar inconstitucionales dichos artículos de la Ley de Movilidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
Defensa contra megaproyectos mineros
Defensa contra megaproyectos mineros Sábado 23 de julio de 2016 Miguel Concha La defensa del medio ambiente y de los bienes comunes naturales por las comunidades y pueblos se concreta también en materiales como el que ahora conocemos como Manual para la defensa de los derechos econ ómicos, sociales, culturales y ambientales(DESCA) de los pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México, elaborado por organizaciones con vasta experiencia en el acompañamiento de casos y situaciones relacionadas con empresas mineras, cuya actividad causa en muchas ocasiones daños irreversibles. No se trata sólo de un manual, ni siquiera sólo de un informe muy detallado y completo de las luchas integrales que llevan a cabo los colectivos y movimientos sociales en la defensa de sus territorios frente a los megaproyectos de inversión de compañías nacionales y extranjeras. Tampoco se trata únicamente de una sencilla demostración de cómo defienden legítimamente sus posesiones. Es un instrumento que muestra con detalle cómo pueden defender de esas invasiones sus bienes naturales y territorios, llevando a la práctica el uso crítico, alternativo y creativo del derecho desde las propias luchas, el que existe y/o aquel del que carecemos, pero que deberíamos tener; por ello, es más que nada un instrumento de aprendizaje para poder seguir ampliándolas y consolidándolas. Para ello, echa mano de categorías como la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en su sentido más amplio, pues en todo momento los reconoce como medio, no como fin y como una posibilidad de acompañamiento y fortalecimiento de los procesos en defensa del territorio y los bienes comunes. Hace ya algún tiempo las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe definieron la exigibilidad como un proceso social, político y legal, y agregaron que la forma y medida en que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESCA no solamente ha de ser materia del escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil, como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía (Declaración de Quito no. 19, 1998). Este manual de defensa contra los megaproyectos asociados a la minería recoge precisamente experiencias de esa exigibilidad de derechos, y traza algunas rutas acerca de cómo puede usarse el derecho, imbricado con el tema de la participación de todas las personas involucradas en los conflictos, y la de todas aquellas que quieran colaborar para revertir las violaciones a derechos humanos, con el fin de transformar la lógica de acumulación y despojo imperante en nuestros tiempos. Por ello, el manual está sobre todo dirigido a quienes día con día defienden sus derechos y sus bienes comunes. Como algunos otros materiales, pocos, por cierto, dedicados a estas materias, éste lo hace frente a la minería. Hoy es conocida ampliamente en el país la cantidad de concesiones para la explotación minera, otorgadas por una cantidad enorme de años y con la posibilidad de ampliarlos todavía más, lo que contrasta con otros países de América Latina. Según afirma el propio texto que comentamos, solamente en dos entidades de la República, la Ciudad de México y Quintana Roo, no se registra actividad minera, lo que indica la magnitud de la ocupación de los territorios en el país, y sabemos que todo eso está relacionado con este modelo de desarrollo neoliberal y extractivo que pone al centro la acumulación de la riqueza y desplaza la dignidad de la vida humana y toda forma de vida, gracias en gran parte al sentido crítico que movimientos y organizaciones han construido con el paso de los años. Sabemos además que hoy en día el uso pervertido del derecho puede también incorporar una perspectiva facciosa, cuando la misma ley no existe o está destinada para proteger los intereses de unos cuantos, como lo analiza el manual cuando se refiere a la Ley Minera y a la reciente reforma energética. Aparejado con ello, vemos cómo se comienza por violentar los derechos a la información y a la consulta, recurriendo incluso a la criminalización y represión del Estado contra quienes legítimamente se organizan para defenderse. Este cuadro de violaciones a los derechos humanos podría revertirse en la medida en que de diversas maneras, y con diferentes estrategias combinadas, encaminemos y acompañemos esfuerzos colectivos hacia, por ejemplo, la conservación y el uso adecuado de los bienes comunes, el respeto de los derechos de las comunidades y pueblos, y su protección frente a terceros por el Estado, en las que la herramienta de los derechos humanos, en su concepción contrahegemónica, pueda incluir posibilidades de apoyo, evitando en todo momento desmovilizar los procesos organizativos. Los movimientos y colectivos son justamente eso: movimiento y colectividad. En ellos la participación de todas y todos, de manera organizada y compartida, cuenta, y por ello el manual evidencia que la interrelación entre los procesos jurídicos y los contextos en que se dan las luchas convoca a una polifonía de saberes y experiencias que entre sí se complementan y apoyan para entender la complejidad que se origina con la implementación de los megaproyectos mineros, para poder transformarla. Por ejemplo, el capítulo destinado a las afectaciones ambientales y a la salud de las comunidades y trabajadores de las minas, no es posible sin la participación de personas dedicadas de tiempo atrás a ese tipo de investigación medioambiental y sanitaria. En la defensa de los derechos humanos es efectivamente condición imprescindible el carácter multidisciplinar que conlleva, ya que se interrelacionan, y a la vez se interconectan con otras esferas de la vida social. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Víctor Cuevas Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social
Una consulta trucada
Una consulta trucada Sábado 16 de julio de 2016 Miguel Concha La Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada dio a conocer el pasado miércoles su tercer reporte sobre ese proceso de consulta que se inició hace unos meses, del cual di cuenta en este espacio ( La Jornada, 14/5/16). Llama la atención la rapidez con la que avanza, estimulado sospechosamente por las autoridades encargadas de realizarlo, como son la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Aunque a decir verdad, acelerado igualmente, y de manera amañada, por empresas trasnacionales como Monsanto, que velan por sus intereses en la siembra de soya transgénica en la península. Pero incluso con este tipo de corporaciones detrás haciendo el juego sucio, las comunidades mayas han dado pasos firmes en la primera fase en que se encuentra esta consulta. Por el reciente informe de la misión de observación sabemos, por un lado, que las autoridades encargadas deberán apegarse a los tiempos que las comunidades solicitaron, para que conforme a sus costumbres y mediante sus formas organizativas deliberen sobre la pertinencia o no de la realización de la consulta en los términos que plantean esas autoridades en el denominado programa de trabajo, entregado los pasados 30 de junio y 1º de julio en los municipios de Hopelchén y Tenabo, Campeche. La misión de observación resalta que esto es relevante, pues las comunidades mayas han establecido que por lo menos en octubre próximo tendrían una respuesta sobre ese programa de trabajo. Y ello después de consultar a sus comunidades y deliberar sobre si es adecuada o no para ellas. Pareciera necedad y que se trata de pérdidas de tiempo; sin embargo, de acuerdo con la experiencia de las comunidades en estos procesos, en los que ponen en juego sus usos y costumbres, y lo establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, hoy es innegable que es un derecho de las comunidades y pueblos indígenas ser consultadas en casos en los que se vean afectados por algún tipo de actividad administrativa o legislativa, mediante procedimientos adecuados y conforme a sus instituciones representativas. Esto implica que quienes son titulares de estos derechos establezcan debidamente las formas con las cuales procede la consulta indígena, pues de lo contrario se vulneran principios importantísimos, como son los contenidos en los estándares internacionales, entre ellos el de ser de manera previa, libre e informada consultados, así como el que dicha consulta deba realizarse de buena fe y encaminada a hallar el consentimiento de los pueblos. En este sentido, la misión observa que estos principios se han vulnerado de nueva cuenta en las reuniones recientes entre representantes de las comunidades y las autoridades responsables. Durante el desarrollo de éstas se identificó en efecto la presencia de grupos ajenos a las comunidades convocadas para la consulta, e incluso se presume que estos grupos –entre los que se cuenta una centena de menonitas, así como representantes de comunidades mayas y mestizas de otros municipios no sujetos a ser consultados– fueron manipulados por empresas y autoridades con la intención de presionar a las comunidades para que aceptaran los términos de la consulta y se avanzara en la realización de la misma, atropellando de ese modo su derecho a una consulta libre e informada. El principio de buena fe se vio en efecto también claramente disminuido con la actitud omisa de las autoridades ante la presencia en esas reuniones de personas asociadas con las empresas involucradas, permitiendo además que grupos ajenos generaran un clima hostil y de desconfianza e insultos contra los representantes de las comunidades sujetas a consulta. Las autoridades dividieron igualmente en dos grupos a las comunidades consultadas, y por tanto no se generó un clima de confianza mutua en este proceso. La narración que la misión hace de estos lamentables sucesos durante la realización de esta consulta –que se puede revisar con detalle en la página de Internet consultaindigenamaya.org– demuestra que por sus omisiones o complicidades, las autoridades encargadas, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fungió como garante del proceso, están quedando lejos de realizar esta consulta conforme a estándares internacionales. Es lamentable además que estas autoridades no cumplan cabalmente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, como sabemos, ordenó la realización de esta consulta. Un asunto además que, como ha sucedido con otros procesos de consulta indígena, se ha convertido en un tema de interés nacional debido a su relevancia para la protección y garantía de los derechos humanos de grupos como los pueblos y comunidades indígenas, que en este país han visto en las recientes décadas vulnerados su dignidad y sus derechos en razón de una concepción de desarrollo basada en la explotación de los bienes naturales y la extracción desmedida de recursos naturales y energéticos. A eso tendríamos que sumar ahora lo relacionado con un modelo de agricultura extractivista a gran escala, basada en el monocultivo y el uso peligroso de los organismos genéticamente modificados. Para la realización de la consulta se requiere de la buena fe de las autoridades y que se apeguen a derecho, tomando en cuenta, lo cual es irrenunciable, la opinión de las comunidades consultadas. De lo contrario el espíritu y el proceso de la consulta indígena queda anulado. El Estado debe garantizar a las comunidades mayas consultadas seguridad, respeto y un ambiente en el que estén libres de toda hostilidad o cooptación por parte de terceros. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Consulta Indígena Maya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la
Otra oportunidad fallida para la justicia
Otra oportunidad fallida para la justicia Sábado 9 de julio de 2016 Miguel Concha El pasado 6 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía la importante oportunidad de pronunciarse sobre un caso que, sin duda, es paradigmático de lo que ocurre en un sistema de justicia, en el que a falta de investigación adecuada la única herramienta posible es la tortura y la fabricación de pruebas. Con la detención y sentencia de Nino Colman, la organización Alto al Secuestro y la propia sociedad lacerada por un terrible delito parecían tener una victoria. El costo de esa victoria es el mantener dentro de la prisión a una persona con fuertes evidencias que indican en cambio su inocencia. El proceso de Nino Colman, en efecto, no tiene sentido, a pesar de que se le acusó de la creación de cuentas de correo electrónico que buscaron negociar y cobrar un rescate por un secuestro. Al día de hoy es la única persona acusada del delito; no obstante, si hubiera sido el responsable, su participación hubiera sido mínima. Los verdaderos responsables de secuestrar a la víctima, por el contrario, siguen libres e impunes. Nino Colman fue señalado desde el principio por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en razón de una suerte de discriminación: soltero, de nacionalidad colombiana y naturalizado mexicano. Cuando lo detuvieron, los insultos de pinche colombiano fueron constantes. La PGJDF buscó entre los ex empleados del padre de la víctima a la persona que les pareciera más sospechosa. El ciudadano colombiano debía ser el culpable. Con base en ese prejuicio, y cobijados en la falta de protocolos que permitieran verificar la fiabilidad de la información que obtuvieron, se dedicaron a la fabricación de pruebas que culparan al señor Colman. El amparo en revisión 4624/2015 ante la SCJN planteaba –con base en las mismas evidencias que actualmente engrosan el expediente penal 271/2009– cómo las pruebas con las cuales se le acusó fueron obtenidas sin órdenes judiciales y sin protocolos que permitieran verificar que la información fuera verídica. Es decir, con base en información que es claramente contraria a lo establecido en el artículo 16 constitucional. A todas luces existían elementos de inconstitucionalidad que significaban avances que siguen siendo relevantes para todos los mexicanos. Por ejemplo, verificar si se había hecho la solicitud formal ante un juez federal para intervenir comunicaciones privadas, y de esta forma obtener las supuestas evidencias digitales (dirección IP) sobre la creación de las cuentas de correo electrónico, así como el tratamiento y resguardo que se les debía dar a dichas pruebas, con el fin de evitar que pudieran ser alteradas durante el proceso de obtención, y con ello garantizar que las mismas fueran válidas para ser utilizadas como pruebas dentro de un proceso penal. Se solicitó además a la Suprema Corte que analizara el alcance de la protección del derecho a la asistencia consular reconocido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, por tratarse de un ciudadano colombiano. Se le pidió igualmente que se analizara si el derecho a la defensa adecuada de Nino había sido resguardado, ya que su defensa penal había sido asumida por tres diversas defensoras de oficio desde la última etapa probatoria del proceso, así como en la apelación de la sentencia condenatoria, y, por lo tanto, que se analizara también cómo la mala actuación de esas defensoras de oficio tuvo como consecuencia directa que el indiciado fuera sentenciado por un delito que no cometió, en razón de que dichas defensoras no se percataron de la ilegalidad de la pruebas que sirvieron para enjuiciarlo, hecho que incluso ha sido reconocido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al emitir la recomendación 10/2014. Finalmente, se le solicitó que se pronunciara sobre el papel de las autoridades encargadas de administrar justicia al momento de obtener pruebas digitales que implican la intervención de comunicaciones privadas, en pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas imputadas, así como de las propias víctimas, asegurando con ello que se cumpliera con todos los requisitos constitucionales que se han establecido para cumplir con las garantías mínimas del debido proceso, en conformidad con lo señalado en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución. A la fecha, el señor Nino Colman y la organización que lo representa no tienen los argumentos de por qué fue desechado por la SCJN su proceso. El dictamen no fue publicado, y de acuerdo con lo manifestado por los ministros, el caso carecía deinterés y trascendencia. Con ello de nueva cuenta evitaron entrar al fondo del asunto, y no se pronunciaron sobre los temas de constitucionalidad, como es su obligación. La muy pobre actuación de la SCJN es, una vez más, una clara evidencia de la falta de imparcialidad al momento de tomar decisiones. Para el Poder Judicial discutir la situación legal de un acusado de secuestro –inocente o no– es tabú. Es una determinación políticamente incorrecta. Es atentar contra las víctimas. Esas víctimas que de cualquier forma no tendrán justicia, por no tener acceso a un proceso con verdad. Ello a pesar de que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ha expresado que las pruebas irregulares que no reúnen los requisitos mínimos de admisibilidad, o de las que no se puede establecer exactamente el correcto procedimiento por medio del cual fueron obtenidas, deben excluirse por falta de valor probatorio. Y de que la misma Coridh ha afirmado que el derecho a un debido proceso judicial es equiparable a un juicio o aprocedimientos judiciales justos. Lo cual requiere que el operador judicial efectúe un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Javier Rubilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra
Tlatlaya: caso abierto
Tlatlaya: caso abierto Sábado 2 de julio de 2016 Miguel Concha Frente a la crisis de derechos humanos que vive el país, la respuesta del gobierno federal se ha movido entre lo errático y lo negligente. A los reiterados señalamientos que al respecto no terminan por generar una respuesta de Estado a la altura de la crisis, el gobierno federal ha respondido con iniciativas de reformas legislativas que ni siquiera se han materializado. Así, por ejemplo, miles de víctimas siguen esperando la Ley General para Prevenir y Sancionar las Desapariciones, anunciada en noviembre de 2014, pero la crisis que vive el país es de tal magnitud que no puede atenderse sólo con modificaciones legales. Se necesita una verdadera política de Estado frente al quiebre generalizado de la vigencia de los derechos humanos. Ésta debería, entre otras cosas, impulsar con claridad el acceso a la justicia de las víctimas en aquellos casos que por su carácter emblemático rebelan el rostro real del país. Esta necesidad, empero, ha sido ignorada por el Ejecutivo federal y por el Poder Judicial de la Federación. Lejos de impulsar la justicia, ambos poderes se han abocado a consolidar la impunidad. El caso Tlatlaya, cuyo segundo aniversario conmemoramos en días pasados, es ejemplo de ello. Los hechos son conocidos: la noche del 29 de junio de 2014 elementos del 102 Batallón de Infantería se enfrentaron a un grupo de personas guarecidas en una bodega de dicha localidad. Entre estas personas se encontraban presumiblemente algunos integrantes de un grupo delictivo, así como otras retenidas en el sitio contra su voluntad, incluidos menores de edad. Después de la refriega, los militares entraron a la bodega, pero en vez de liberar a quienes estaban privados de la libertad y de detener a quienes podrían encontrarse cometiendo algún delito flagrante, para ponerlos a disposición de inmediato de una autoridad civil, cometieron un número indeterminado de ejecuciones extrajudiciales. No actuaron como una fuerza de seguridad obligada a respetar los derechos humanos y a conducir a quienes pudieron cometer un crimen ante las autoridades competentes, sino como una fuerza de guerra facultada para usar indiscriminadamente la fuerza letal contra quienes son considerados enemigos. Las ejecuciones fueron encubiertas por los propios mandos militares y las autoridades mexiquenses –incluido el gobernador–, así como por la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, la verdad emergió poco a poco. Primero, con trabajos periodísticos de reporteros que no se conformaron con los boletines gubernamentales, sino que acudieron al lugar de los hechos, donde constataron la inverosimilitud de la versión oficial. Después, con el valiente testimonio de una de las sobrevivientes –a quien se unieron más tarde otras dos víctimas– que evidenció cómo el Ejército y las procuradurías habían mentido. Finalmente, las investigaciones de dos instancias oficiales del Estado mexicano concluyeron, no sólo con base en testimonios, sino también en prueba balística, que habían existido ejecuciones extrajudiciales. Por un lado, la PGR ejercitó acción penal contra varios militares por la ejecución de al menos ocho personas, y por otro lado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que entre 12 y 15 personas habían sido ejecutadas. El caso, emblemático del uso desproporcionado de la fuerza letal, y de la falta de rendición de cuentas de las fuerzas armadas, estremeció a la comunidad nacional e internacional. Tanto es así, que el relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, Christof Heyns, demandó que se deslindaran las responsabilidades. La exigencia de justicia aumentó cuando, gracias al acompañamiento legal brindado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se documentó que la unidad militar involucrada había recibido unos días antes de la masacre la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad. Dada la evidente gravedad del caso, y su carácter icónico, era de esperarse que la actuación de las instituciones de procuración de justicia fuera pulcra y expedita. Era de esperarse que Tlatlaya no quedara en la impunidad, como tantos otros casos de graves violaciones a derechos humanos, pero esta expectativa ha sido defraudada. A dos años de los hechos, no hay ningún militar procesado por la masacre. Recientemente, un magistrado de oscuro historial revocó el auto de formal prisión que les había sido dictado a los mílites acusados de homicidio, invocando criterios inusuales que difícilmente aplicaría a civiles acusados por crímenes similares. El resultado es que hoy Tlatlaya se ha topado con la impunidad castrense. Por el contrario, hay que denunciar los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika González, sin cuyo valiente testimonio no habría podido salir a la luz la verdad, pero el caso está lejos de estar cerrado. La PGR puede corregir las deficiencias de su investigación y acusar nuevamente a los responsables. Habiendo emitido una recomendación en la que estima probadas las ejecuciones, la CNDH está llamada a vigilar que esto suceda. Las temerarias denuncias presentadas contra el ombudsman por actores afines al estamento militar no deben arredrar a la comisión del cumplimiento de esta tarea. El caso Tlatlaya sigue abierto. Sucesos como los acaecidos recientemente en Nochixtlán dan cuenta de la necesidad de que el uso desproporcionado de la fuerza letal genere investigaciones y procesos legales efectivos, de suerte que los funcionarios que usen las armas contra la población de una manera contraria a los estándares internacionales sean debidamente investigados y sancionados. Justamente, es eso lo que la sociedad sigue esperando en el caso Tlatlaya. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Centro ProDH Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria
Diálogo incluyente y verdadero
Diálogo incluyente y verdadero Sábado 25 de junio de 2016 Miguel Concha La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE) ha dado una muestra de resistencia y defensa digna por una educación pública, laica y gratuita. Por desgracia, en los últimos acontecimientos derivados de la reforma educativa, también ha visto violentados sus derechos fundamentales y los de otras personas que se solidarizan con su causa. Los hechos del pasado domingo en Nochixtlán, Oaxaca, nos dieron idea del nivel de error en la respuesta que está dando el actual gobierno federal al conflicto: 10 personas ejecutadas, decenas de heridas y golpeadas en el intento de la Policía Federal por desalojar a quienes mantienen expresiones de protesta en las entradas a la capital oaxaqueña, y decenas de detenidas arbitrariamente. Además, habría que agregar los agravios que en semanas pasadas sufrieron las maestras y maestros en la Ciudad de México, cuando fueron desalojados y expulsados, así como la decena de detenciones de líderes de la Coordinadora. Todo esto configura un escenario de graves violaciones a los derechos humanos, donde lo que menos queremos es el incremento de la violencia y la represión del Estado. El régimen debe entender que una salida viable y pacífica al conflicto es el diálogo de cara a la sociedad, respetuoso de los derechos de las y los maestros que se oponen a la llamada reforma educativa, y por supuesto el esclarecimiento de los hechos registrados en Nochixtlán. Por desgracia tuvieron que acontecer estos sucesos tan lamentables, para que el actual gobierno volteara con renuencia hacia intentar un diálogo, como el que se llevó a cabo en Bucareli, el pasado miércoles con el titular de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, hoy entre la sociedad mexicana sabemos que este diálogo debe ser uno que vaya al fondo del conflicto. Con ello me refiero a que el principal reto que se nos presenta a todos, y a las partes en conflicto, el gobierno federal y la CNTE, es resolverlo de manera que logremos una reforma educativa acorde con las necesidades de las personas y las comunidades. Es decir, una reforma alternativa de la educación. Retomando algunos aportes del Premio Nobel de la Paz 1958, Dominique Pire, se requiere entonces de algunos elementos que me permito esgrimir a continuación. Urge, primeramente, que se ponga entre paréntesis lo que se es y lo que se piensa para tratar de entender el punto de vista del otro, aunque no se comparta, lo que conlleva a escucharse, hablarse de frente y tratar de comprenderse. Que exista, pues, una voluntad de diálogo verdadero. En segundo lugar, será igualmente importante no pretender reducir al otro a la propia posición; es decir, no querer asimilarlo, y, peor aún, rechazarlo, y finalmente, intentar en todo momento buscar una posición incluyente entre ambas partes, en aras de integrar una verdad más plena. Con estos elementos podría avanzar un diálogo respetuoso y de fondo. Además de lo que el propio contexto nos vaya indicando. Por ello, ahora, en los intentos por llevar a cabo un diálogo por la educación pública, laica y gratuita, urgente e imprescindible, las partes deben mostrar su disposición a dialogar, y en todo momento atender a las causas del conflicto. Debo decir que esta postura abierta al diálogo la mostró la CNTE, sobre todo en los últimos meses, y que quienes se cerraron, y pretenden seguirlo haciendo, son por desgracia los funcionarios del régimen. Ayudaría mucho que para este diálogo el gobierno federal mostrara su voluntad mediante la suspensión de la implementación de la reforma, pues con ello contribuiría a que se construyan condiciones adecuadas para iniciarlo. Existe un amplio consenso en la sociedad civil mexicana, y cada vez más en otros países del mundo, para que este diálogo sea tal que vaya a los orígenes del conflicto, que es, sin duda, la política educativa del Estado mexicano, política educativa que no podemos aceptar por la vía de la imposición y la violencia, sino a través de la información, la consulta, la participación y el consenso. De lo contrario sería una manifestación más de la pérdida de ejercicios democráticos. Es importante subrayar que este diálogo que se logre por la educación es un tema de toda la sociedad, y no sólo de las y los profesores de la CNTE. Hoy reconocemos que son las y los maestros quienes conocen de primera mano la situación educativa en el país. Evitemos por ello descalificar su experiencia y conocimientos en la resolución de este conflicto, aunque seguramente ayudará también contar con voces expertas venidas de las ciencias de la educación, de las y los defensores del derecho a la educación y de sectores representativos de la sociedad en general. Para el buen rumbo del diálogo, nos toca a todos exigirlo y acompañarlo, buscando siempre el respeto de los derechos de las y los profesores, y apostando por un paradigma de educación que verdaderamente sea necesario para el futuro soberano de México. Asimismo, es urgente seguir mostrando nuestro rotundo rechazo a la violencia y la represión, pues para la estabilidad del país y la gobernabilidad del Estado, nunca puede ser aceptada la imposición de una política de gobierno por la vía de la violencia. Como personas comprometidas con una educación digna y acorde con las necesidades de las personas y pueblos, y con el futuro soberano de México, debemos sentirnos convocados a participar en la solución de este conflicto, en aras de una educación pública, laica y gratuita. No cabe justificación alguna para perseguir, reprimir y lastimar a quienes disienten. Hoy son muchas las personas que no aceptan el manejo que el actual régimen da a los conflictos, pues no se trata de administrarlos, sino de resolverlos. El actual gobierno tiene la oportunidad de abrir el diálogo y evitar cancelar la democracia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): Eneas de Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y
