Campaña difamatoria contra el GIEI
Campaña difamatoria contra el GIEI Sábado 16 de enero de 2016 Miguel Concha Para empezar a alcanzar justicia y verdad en el caso Ayotzinapa, el aporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en el contexto de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es fundamental. Desde la publicación de su informe en septiembre del año pasado, el GIEI ha evidenciado las falencias de la llamadaverdad histórica sobre el paradero de los estudiantes. Ha también reivindicado la centralidad de las víctimas, y puesto sobre la mesa nuevas líneas de investigación, que deben agotarse durante su segundo mandato. Para lo que requiere el más absoluto respaldo del Estado mexicano. Pero en un país donde la mentira y la estigmatización de las víctimas son cotidianas, el GIEI no sólo no ha recibido el respaldo decidido que requiere para concluir su importante labor, como comprueba la renuencia a que sus integrantes entrevisten a militares testigos, sino que incluso ha despertado el encono de quienes se oponen al pleno esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Hoy sin duda podemos afirmar que en contra del GIEI se ha desatado una abierta campaña difamatoria, que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que en México y a escala internacional ha alcanzado su trabajo comprometido con la verdad. En efecto, la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos, la apertura de espacios inusuales en ciertos medios, las filtraciones gubernamentales, y sobre todo el permisivo silencio oficial, son factores que vistos en conjunto apuntan a que se ha puesto en marcha esta dolosa campaña. El golpeteo se inició con una serie de descalificaciones infundadas en contra de Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz, las dos valientes fiscales que integran el GIEI. Sin fundamentos, ambas fueron objeto de señalamientos mediáticos, en los cuales, para poner en cuestión su credibilidad, se difundió información falsa, presentándolas como personas afines a grupos radicales durante sus ejercicios públicos. Posteriormente se filtró desde el gobierno federal a la prensa nacional el contenido de una importante reunión entre los expertos y la comisión tripartita a cargo de la interlocución con el GIEI, formada por el subprocurador Eber Betanzos, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas. Finalmente, apenas el pasado martes, con el despliegue de recursos inherente a la movilización de una delegación internacional, en una universidad privada se organizó una conferencia de prensa, donde un militar colombiano, quien fue imputado por la presunta comisión de graves violaciones a derechos humanos, denostó a la fiscal Buitrago. Pese a que la seriedad de la información difundida es muy menor, la conferencia de prensa recibió amplia cobertura en algunos medios de comunicación, llamativamente los mismos que regatean espacios a la permanente demanda de justicia de los padres y madres de los normalistas. El intento de desprestigiar al GIEI es alarmante y debe denunciarse, aunque también es a todas luces infructuoso, pues el reconocimiento de que gozan ambas fiscales en sus países y en el extranjero es irreversible. Como ha recordado en estas mismas páginas Luis Hernández Navarro ( La Jornada, 12/1/16), la abogada Buitrago es conocida en Colombia como la Fiscal de Hierro, por la firmeza con la que condujo exhaustivas investigaciones que evidenciaron los vínculos entre el narcotráfico y el poder político en Colombia. Por este compromiso indeclinable con el estado de derecho, fue a la postre interrumpida su carrera. En el caso de la jurista Paz y Paz, se trata de la primera fiscal general de Guatemala, quien tuvo la fuerza y la visión necesarias para renovar esa institución, hasta el punto de formar a la generación de fiscales que pusieron en el banquillo de los acusados a un ex presidente. La pertinente inclusión de estos perfiles en el GIEI es indiscutible, si consideramos que ningún funcionario o funcionaria de las procuradurías del nuestro reúne semejantes credenciales: ¿Qué agente del Ministerio Público es hoy nuestrofiscal de hierro por haber desafiado con la fuerza de la ley a los poderes formales y fácticos? Lamentablemente esa generación de funcionarios no ha surgido aún en México, y mientras eso no se revierta, ejercicios como el del GIEI seguirán siendo justificados y necesarios. Pero más allá de estas consideraciones, el ataque contra este grupo es infructuoso también por el carácter absurdo de las acusaciones lanzadas contra sus integrantes. De acuerdo con el registro periodístico, en la reciente conferencia de prensa el militar colombiano, quien vino a México exclusivamente para denostar a la Fiscal de Hierro, afirmó que la actuación del GIEI debía encuadrarse en el marco de la guerra que se está librando en este momento en Latinoamérica (sic); una batalla que, según dijo, no es una guerra de carácter político interna, es una confrontación entre dos sistemas. Entre el sistema democrático y el sistema comunista que quiere ser implantado a la brava, eliminando a los ejércitos latinoamericanos (sic). En un entorno pluralista caben sin duda todas las visiones sobre el papel del GIEI, sean positivas o negativas. Pero de ahí a señalar que su labor es parte de una conflagración internacional para eliminar a las fuerzas armadas e implantar el comunismo, hay sin duda un largo tramo. El mismo que separa a los análisis sensatos y serios de los señalamientos absurdos que sólo buscan difamar y confundir a la opinión pública. De cualquier modo, la creciente y coordinada campaña contra el GIEI debe alertarnos. Con su informe y su trabajo en favor de la verdad, el GIEI afecta poderosos intereses, cuyos personeros no permanecerán pasivos. Hoy más que nunca el GIEI y las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa requieren un frente común en su apoyo. En este sentido, lo que más alarma es la pasividad con que el gobierno permite los embates contra los expertos, siendo el GIEI un mecanismo de supervisión internacional pedido y aceptado por el propio Estado. Su permisivo silencio ante estos infundados embates no permite descartar que sectores oficiales estén detrás
Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas
Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas El 20 de junio de 2015, Iván Juárez Torrijos, estudiante mexicano de maestría en ecología internacional en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), México, y la Universidad de Sherbrooke, Canadá, realizaba una estancia en la comunidad de Steadfast del Distrito Stannd Creek, al Sureste de Belice, cuando fue atacado brutalmente por dos sujetos que le causaron múltiples heridas: cuatro en la cabeza, una en la espalda, fracturado el cubito del brazo derecho y cortados tendones y flexores profundos y superficiales de cuatro dedos de la mano izquierda. Fue necesaria una cirugía para salvar su mano. 10 de enero de 2016 Por: Johana Sánchez Este terrible hecho fue notificado a la licenciada Marbella Michel, de la sección consular mexicana en Belice, quien sugirió el traslado de Iván a México; para ello le ofreció pagar el boleto de avión y que después le repusiera el dinero a la Cancillería mexicana. Dadas las circunstancias, el estudiante aceptó de inmediato, pues en su cuenta de depósito de beca no tenía dinero. El lunes 22 de junio, la familia de Iván se vio presionada por el Consulado para pagar el boleto de avión (no como se había acordado) aludiendo en una llamada telefónica que de lo contrario perdería el brazo o el dedo. Fue trasladado en una camioneta del Consulado a Chetumal, Quintana Roo, después lo depositaron en el avión. Ya en la Ciudad de México lo esperaba una persona de Cancillería quien simplemente cumplió con esperarlo y entregarlo a su familia, sin preguntar más sobre las necesidades de traslado al hospital, por ejemplo. Su familia lo llevó en taxi al Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Ignacio Zaragoza, y ahí fue operado al día siguiente. La agresión física fue apenas el inicio del tormento que Iván Juárez ha vivido desde hace 6 meses, ante el desinterés y la falta de sensibilización por parte de los responsables de Ecosur, la Universidad de Sherbrooke y la Cancillería mexicana. Ahora sabemos también sobre el incumplimiento de Ecosur en la oferta diversificada para realizar prácticas profesionales en el extranjero. La maestría se promueve con una oferta de prácticas en el extranjero, que incluye países de Latinoamérica, Estados Unidos o incluso África. Los grupos en los cursos incluyen estudiantes tanto mexicanos como canadienses. En diciembre de 2014 se les informó a los estudiantes mexicanos que los sitios para las prácticas eran en Belice y sólo había un lugar para Canadá; en el caso de los alumnos canadienses, se les ofertaron países como Chile, Argentina, Guatemala o Marruecos. De esta manera no se respetó la oferta educativa que se ofreció en principio. La beca resultó insuficiente para una estancia digna. Para efectos del apoyo económico de estudios de la maestría, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorgó una beca mixta, la cual usualmente cubre 12 meses de apoyo en intercambio extranjero. Sin embargo, el Conacyt (sólo a partir de la generación de Iván) no continuó el apoyo completo de 12 meses de beca mixta y lo redujo a 8, en el entendido de que, de acuerdo a como está formulado el Programa de Maestría en Ecología Internacional, el intercambio efectivo con la universidad canadiense en Sherbrooke aplicaba sólo por 8 meses de la estancia. Las prácticas profesionales posteriores se realizan en otro país (Belice) diferente a la universidad canadiense, sede del intercambio. A pesar de lo anterior, la Coordinación de Maestría los envió a realizar la práctica al extranjero sólo con la cobertura de una beca nacional que no era suficiente para que los alumnos y alumnas cubrieran los gastos de transporte, vivienda, alimentación y, mucho menos, un seguro médico. Hay una ausencia de protocolo o plan de actuación ante casos de emergencia o accidentes. Nicolás, compañero de grupo de Iván, apareció afortunadamente minutos después del ataque. Fue quien le brindó los primeros auxilios y lo transportó en su vehículo a la clínica más cercana. No había un plan de acción previsto en casos como éste por parte de Ecosur. De hecho el contacto se generó hasta 3 días después, ya que Iván Juárez estaba en México y mediante una grabación de voz en el teléfono. Literalmente Birgit Schmook, coordinadora de la maestría en México, dijo que no había recibido el correo que mandó Nicolás y reconoció que no existía ningún teléfono previsto para dar a conocer de emergencia un caso como éste. Hasta la fecha no ha habido ningún contacto formal de la Coordinación de la Maestría en Canadá, sólo una comunicación vía Facebook recibida hasta 16 días después. En el portal de internet del Programa de Maestría en Ecología Internacional de la Universidad canadiense se colgaron las medidas de seguridad solamente hasta después de lo ocurrido. En el portal mexicano simplemente no existen. Por lo anterior, se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El 11 de noviembre de 2015 se presentó una queja ante dicha Comisión por los actos u omisiones de Ecosur y la Cancillería mexicana, específicamente por la falta de medidas y condiciones de seguridad, así como de atención y protección consular. Es necesario e importante que la CNDH reconozca que Iván Juárez fue violentado en sus derechos humanos, que se repare el daño ocasionado y se brinden garantías de no repetición, para que otros mexicanos becados en el extranjero puedan continuar con sus estudios y vean garantizado su derecho a la educación de calidad, a una vivienda digna, a la alimentación adecuada, salud, seguridad y protección consular. La reparación del daño no puede quedar a la buena voluntad de las instituciones responsables, como lo hizo ver Ecosur, pues en un intento por reparar el daño ocasionado a Iván, el 9 de julio se presentó en su domicilio Birgit Smoock, dejándole a su madre una computadora en franco deterioro, sin operar el audio ni la batería. Pidió firmar un cheque suyo por el pago del boleto de avión (2
Ciudadanizar la Constitución
Ciudadanizar la Constitución Sábado 9 de enero de 2016 Miguel Concha i no ocurre algún desacuerdo entre los principales partidos políticos, será un hecho que en febrero de 2017 la ciudad de México tendrá su propia Constitución. Al contrario de lo que algunos han sostenido, sí ha habido un sector de la ciudadanía que se ha interesado en este asunto desde tiempo atrás. Interés que se expresó en diálogos públicos en las universidades, publicaciones en los medios, entrevistas con legisladores, pronunciamientos de organizaciones sociales y civiles. Incluso en la elaboración de una iniciativa de reforma constitucional asumida por cuatro senadores de diversos partidos, quienes la presentaron formalmente al Senado en noviembre de 2013. Única iniciativa, por cierto, que, contrariamente a las reglas parlamentarias, no fue considerada en el dictamen que dio paso a la reforma de la Constitución General de la República para dotar de Carta Magna al hasta ahora DF. Algunos medios se interrogan sobre la utilidad que esto pudiera tener para el ciudadano común. La referida iniciativa de las organizaciones propuso tres asuntos fundamentales que han estado en la agenda de la ciudadanía: 1) la centralidad de la garantía de todos los derechos humanos como eje de la Constitución de la ciudad; 2) establecer los instrumentos de democracia directa y democracia participativa para la más amplia intervención ciudadana en los temas que le afecten, y 3) que el proceso de elaboración, discusión y aprobación del texto constitucional fuera en sí mismo participativo, desde la conformación del órgano que lo elaborara y discuta, hasta su aprobación final en un referendo constituyente. ¿Cuál sería entonces la utilidad? Ni más ni menos que la ciudadanía pueda definir el tipo de ciudad y de gobierno que convenga a sus intereses. Desafortunadamente esta esperanza está a punto de frustrarse por el temor a la profundización de la democracia que tienen los partidos representados en el Congreso federal, y por la cortedad de miras de los poderes que de factointervinieron en la elaboración de las reformas constitucionales. El primer error cometido, que más bien habría que calificar de afrenta, es pretender tutelar a la ciudadanía de la capital, al introducir una absurda proporción de 60 por ciento de diputados constituyentes electos por la sociedad, y 40 por ciento designados por los poderes ya constituidos, llegándose al extremo de eliminar la división de poderes, al convertir a los poderes ejecutivos federal y local en legisladores constituyentes por medio de sus representantes. Seis de cada uno de ellos. Como consecuencia de este desatino, lo que se tendrá son grupos parlamentarios con dimensiones construidas artificialmente, y no como producto de la voluntad de los electores. Además, con la composición establecida por el Congreso para la asamblea constituyente, el partido gobernante en el país tiene asegurado, aunque los votos ciudadanos en la capital no le favorezcan, el grupo de diputados constituyentes más grande. De paso esta fórmula asegura de hecho que en los años venideros el tema dominante de la agenda electoral de la ciudad sea la construcción de la coalición legislativa, que en años posteriores pueda realizar los cambios en la Constitución de la ciudad de México, que el capricho federal le niega ahora. Situación absurda, si se supone que un texto constitucional es para el largo plazo. Pero no toda esperanza está perdida. Aún es posible rectificar para lograr que esta sea ocasión para consolidar la democratización de la vida pública, y con ella la construcción del bienestar de sus habitantes, y la legitimidad de las instituciones políticas. La fórmula de la rectificación es simple de enunciar: ciudadanizar el proceso de elaboración de la Constitución, lo cual se puede hacer en tres frentes simultáneos. 1) Persuadir a los partidos políticos y a los ejecutivos federal y local, para que en sus listas incorporen a especialistas y personas con liderazgo social, como lo expresaron diversas organizaciones en un desplegado publicado en La Jornada el 8 de diciembre para avanzar, en vez de retroceder, en la democracia participativa. Sabemos que en múltiples espacios académicos y sociales existen personas que reúnen las características mencionadas. Qué mejor que ellas fueran las opciones que tuviera la ciudadanía, y que se reforzaran con las designaciones que hicieran el Presidente y el jefe de Gobierno. 2) Influir en la elaboración del proyecto de Constitución. La reforma constitucional aprobada por el Congreso federal, en proceso de aprobación por los congresos locales, señala como facultad exclusiva del jefe de Gobierno elaborar el proyecto de texto que será discutido por la constituyente. De paso habrá que decir que es muy probable que buena parte de este texto se mantenga en la versión final, puesto que nuestro constituyente local tendrá escasos tres meses para conocer, discutir, consultar y aprobar la Constitución de la Ciudad. Este mandato de las reformas aprobadas no es lo mejor, pero también no hay que dejar pasar la ocasión para que la ciudadanía participe en la elaboración del mencionado proyecto. Ya el mismo día de la aprobación en el Senado de los cambios constitucionales, un senador le pidió al jefe de Gobierno abrirse a la participación ciudadana, y esta misma semana Miguel Ángel Mancera convocó a la ciudadanía a participar. Sin embargo, para que esta convocatoria sea efectiva, será necesario crear el instrumento y el método idóneos para que la creatividad social se exprese y sea realmente tomada en cuenta. Sabemos que en múltiples espacios partidarios de la sociedad civil y de la academia se están produciendo propuestas para el texto constitucional. Se requiere una instancia que a su vez cuente con participación de ciudadanos, y que de manera transparente y sujeta al escrutinio público encauce ordenada y eficazmente las iniciativas de la sociedad. 3) Se necesita también que la sociedad lleve adelante campañas informativas y deliberativas en todos los rincones de la ciudad, para que los ciudadanos hagamos nuestra la Constitución; y que se cree la coalición de fuerzas necesarias para impulsar las propias iniciativas sociales, con la capacidad para hacer pagar los costos de no abrirse a aquello en lo
Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán
Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán Las comunidades situadas en el municipio de Huitzilan, Puebla, han padecido por muchos años el acoso y los ataques constantes a su integridad como pueblos indígenas y campesinos. Su integridad física, espiritual y cultural está en grave riesgo. Por poco más de 4 décadas, el control territorial de grupos político-partidistas, como Antorcha Campesina, les ha mantenido en una dinámica de opresión y exclusión. 06 de diciembre de 2015 Por: Asminda Navarro González/Carlos A Ventura Callejas Las comunidades situadas en el municipio de Huitzilan, Puebla, han padecido por muchos años el acoso y los ataques constantes a su integridad como pueblos indígenas y campesinos. Su integridad física, espiritual y cultural está en grave riesgo. Por poco más de 4 décadas, el control territorial de grupos político-partidistas, como Antorcha Campesina, les ha mantenido en una dinámica de opresión y exclusión; generación tras generación han visto cómo sus derechos humanos les han sido conculcados, debido a prácticas autoritarias y violentas imbricadas en los malos gobiernos sin conciencia alguna sobre sus obligaciones para con los derechos de estos pueblos, y agravada por el uso de grupos, como Antorcha Campesina, para imponer esta situación. El actual régimen olvida frecuentemente que en junio de 2011 tuvo lugar en México la reforma constitucional en derechos humanos, la cual cimenta en el texto constitucional el respeto a la dignidad de las personas y pueblos. Amplió también su protección, ya que contempla no solamente las disposiciones de derecho interno, sino aquellas que más beneficien a la persona, sean normas de derecho interno o internacional. En este sentido, el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversas obligaciones en materia de derechos humanos para las autoridades. En primer lugar les impone, en el ámbito de sus competencias, las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En concordancia con estas primeras obligaciones, la parte final del Artículo 1 menciona que “en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En México, los derechos humanos se han orientado para proteger a las personas de los abusos del Estado, pues éste ostenta cierto poder que le fue delegado. Sin embargo, nos preguntamos si en la actualidad, y con base en relaciones histórico políticas, existen casos que especifiquen aún más la complejidad que alberga la protección amplia de la dignidad de las personas. Si revisamos la legislación, vemos que la Ley General de Víctimas establece como violación de derechos humanos, no solamente la que comete alguna autoridad, sino incluso un “particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público” (artículo 6). Sobre esto mismo, el artículo 1 de la Ley de Amparo menciona que se protegerá a las personas también por actos de particulares equivalentes a la autoridad. Ahora bien, con base en las reformas constitucionales y la expedición de las respectivas leyes reglamentarias en materia de derechos humanos, se ha comenzado a describir también la figura de non State actors, entendidos como actores que violan derechos humanos. Es decir, en casos donde se registran graves violaciones a derechos humanos, identificamos también que algunos de los actores son distintos al Estado, y que en sus relaciones con particulares, ejercen algún poder político, económico o social; por ello, es necesario limitar el ejercicio de este poder, de tal forma que la dignidad de los pueblos siempre prevalezca con paz y justicia. En el ámbito internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), del cual México es parte, ha responsabilizado a los Estados internacionalmente debido a la actuación de actores privados o non State actors en supuestos como: la imputación de actos o acciones de personas jurídicas (morales o físicas) que lesionen derechos, se equiparen a instituciones de carácter público o a personas con capacidad estatal. También, cuando a través de sus autoridades actúan con complicidad o aquiescencia respecto de afectaciones a los derechos humanos de las personas causadas directamente por particulares o non State actors. Asimismo, si omiten prever, de manera diligente, ilícitos cometidos por non State actors. Y por último, cuando no garanticen que particulares no discriminen a terceros. Para el caso específico de Huitzilan de Serdán, Puebla, las comunidades son objeto constantemente de violaciones a sus derechos humanos por parte del grupo particular (non State actor) denominado Antorcha Campesina, quienes tienen presencia política importante en la región, y regularmente usan las agresiones, amedrentamientos y ataques físicos contra las y los habitantes, con la finalidad de conservar sus intereses particulares, todo ello, a decir de las personas que allí habitan, en colusión con los tres niveles de gobierno. De acuerdo con la documentación realizada, y con el testimonio de miembros de las comunidades indígenas afectadas, Antorcha Campesina es un grupo que ejerce presión sobre comunidades enteras, y hoy se sabe que también es una de las estructuras más poderosas afiliadas a algunos partidos políticos, como el Partido de la Revolución Institucional (PRI). Por tal razón, quienes pertenecen a esta agrupación son protegidos por las autoridades, y los delitos que cometen quedan en total impunidad. Resulta sumamente preocupante la situación de violencia física y sicológica de la que han sido objeto las y los pobladores de Huitzilan de Serdán por parte de esta agrupación política. Por ejemplo, en 2003, se denunciaron los homicidios de más de 150 indígenas en este municipio y del municipio de Xochitlán de Suárez, en poco más de 3 décadas; en la actualidad, la situación no cambia; por el contrario, se agrava. En Huitzilan, alrededor del 89 por ciento de la población que conforma el municipio son personas indígenas, en su mayoría nahuas, a quienes se les discrimina de manera recurrente, no les escucha ni respeta. Hasta la fecha no existe un procedimiento adecuado y, en su caso, la sanción correspondiente contra los miembros de Antorcha Campesina y/o las autoridades que tengan responsabilidad en esta
Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres
Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes
Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes La disminución del impuesto a las bebidas azucaradas atenta directamente contra la salud de los niños, niñas y adolescentes mexicanos, pues de acuerdo a la ASA y los estudios internacionales que se han presentado en esta coyuntura, este tipo de bebidas están especialmente dirigidas a ese público. 29 de octubre de de 2015 Por: Miguel Concha La dignidad en nuestras manos A través de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) sabemos a detalle en las dos últimas semanas acerca de las modificaciones a la Miscelánea Fiscal 2016 que se impulsaron en la Cámara de Diputados para reducir el impuesto que se había logrado implementar a las bebidas azucaradas el año pasado, gracias al trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil. Consideramos que la disminución de ese impuesto a las mencionadas bebidas atenta directamente contra la salud de los niños, niñas y adolescentes mexicanos, pues de acuerdo a la ASA y los estudios internacionales que se han presentado en esta coyuntura, este tipo de bebidas están especialmente dirigidas a ese público. En efecto, en evidente complicidad con las empresas refresqueras, la Cámara de Diputados aceptó que se redujera en un 50 por ciento el impuesto implementado a aquellas bebidas azucaradas que contuvieran 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, cuando lo recomendado por expertos nacionales e internacionales es que dicho impuesto se suba 20 por ciento por encima de lo que estaba estipulado. En palabras de Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor (EPC), es urgente evidenciar que “los diputados y las diputadas se han aliado con la industria refresquera para bajar el impuesto, atentando en especial contra la salud de los niños en México, en un país en que las y los niños tienen una de las más altas cifras de sobrepeso y obesidad en el mundo. Se estima que uno de cada tres niños mexicanos nacidos a partir del 2010, desarrollará diabetes en su vida, y los diputados y diputadas están contribuyendo a ello. Los legisladores y legisladoras están actuando a favor de las refresqueras y en contra de la salud de la población, especialmente de los niños pequeños”. Esta pretendida reducción del impuesto a bebidas azucaradas hace que éstas sean más accesibles para niñas, niños y adolescentes, lo cual incentiva que las consuman de manera cotidiana. Las y los legisladores obvian reconocer y hacerse cargo de la obligación de proteger los derechos de todas las personas, en particular ahora los derechos a la salud y la alimentación; y conforme a nuestra Constitución el Estado mexicano en su conjunto tiene la obligación de proteger de terceros que atenten contra la dignidad y bienestar de las personas. Paradójicamente desde el año 2014 ya se había logrado que se implementara un impuesto a las ya mencionadas bebidas; política que ha sido aceptada por el Estado mexicano para promover y proteger el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes del país. Sobre la base del riesgo que las empresas productoras de alimentos y bebidas provocan con sus cabildeos y conflictos de intereses a la salud de los mexicanos y mexicanas, denunciamos en ese entonces cómo estas grandes corporaciones logran que el Estado se mantenga casi al margen en cuanto a la regulación de sus productos, a la distribución de los mismos y a sus técnicas publicitarias; ahora nuevamente lo hacemos. Siguiendo este tenor, pareciera que las empresas refresqueras y los diputados federales se proponen ahora también echar por tierra este logro ciudadano, única medida lograda con esfuerzo para regular la venta de las ya mencionadas bebidas, que constituía un avance en la procuración del derecho a la salud y a la alimentación de las personas. De acuerdo a la Sociedad Latinoamericana de Nutrición Capítulo México, el impuesto implementado el año pasado logró reducir en un 6 por ciento el consumo de dichas bebidas, reduciendo a la larga los índices de diabetes que ya son alarmantes dentro del país, y que ya representan un gasto mayúsculo para el sector salud. Aunque un 6 por ciento pudiera parecer una cifra muy pequeña, cabe mencionar que el incentivar por medio del impuesto en cuestión que los niños y niñas consuman menos bebidas azucaradas, a la larga evita que ellos y ellas se vuelvan consumidores regulares de las mismas conforme van creciendo, reduciendo así el riesgo de padecer diabetes y/o sobrepeso con los años; de tal manera que a largo plazo se reduce el índice de adultos afectados por dichos padecimientos. Así, en vista de que la nueva iniciativa pone en riesgo la salud y la buena alimentación de la población mexicana en general; de la victoria lograda hace un año respecto a la regulación de los precios de las bebidas azucaradas, y de la ya alarmante situación de las mexicanas y los mexicanos que padecen de los males relacionados con las mismas, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestamos nuestro total desacuerdo ante tales modificaciones a la miscelánea fiscal. Sabemos que al momento que se publica este artículo el Senado de la República modificó oportunamente la adición hecha por los diputados; sin embargo, y conforme al proceso legislativo, ahora regresa a la Cámara baja, donde deberá aprobarse la minuta enviada por el Senado. Estemos alerta para que bajo ningún pretexto se ponga en riesgo de nueva cuenta la salud de las infancias y juventudes en México. Y por ello Organizaciones de la Sociedad Civil dirigimos la siguiente Carta a los representantes del Poder Legislativo Federal. Además, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición Capítulo México lanzó una petición en Change.org para recoger firmas ciudadanas que muestren el descontento con la reducción del impuesto a las bebidas azucaradas recién aprobado por el Legislativo Federal. Participemos. *Miguel Concha Malo es Director General del Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria» O.P. A.C. Consultar en Animal Político. Imagen destacada (modificada) : Orlando Entradas relacionadas: Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX La historia de
México ante el escrutinio internacional
México ante el escrutinio internacional 18 de octubre de 2015 Por: Miguel Concha Uno de los mensajes que compartió el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al cierre de su visita a México, fue que en lugar de matar al mensajero nos enfoquemos en el mensaje. Esta frase engloba dos situaciones particulares. Por una parte, las reacciones que ha tenido el gobierno en contra de las personas que en lo individual o de manera colectiva han cuestionado las políticas y acciones que claramente están en contra de la seguridad jurídica y la integridad física y sicológica de las personas que viven y/o transitan por territorio mexicano. Las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso del sistema de justicia penal en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que exigen justicia y verdad es el mejor ejemplo de ello. Y por otra parte describe la respuesta del gobierno después de que dos de los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU visitaron al país y dieron a conocer sus conclusiones y recomendaciones preliminares: el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, y el relator Especial sobre la Tortura. De este último, incluso se puso vergonzosamente en tela de juicio su ética y profesionalismo. La historia se repitió después, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las observaciones preliminares de su visita, con las que se ratificó la grave crisis de derechos humanos, sustentada por los altos niveles de impunidad y corrupción. Con estas reacciones, el mensaje que está dando el gobierno no sólo en México, sino a nivel internacional, es que su política exterior en materia de derechos humanos es la “negación de la realidad” y una simulación de “apertura al escrutinio internacional”. Y esto porque se invita a organismos internacionales y regionales a visitar el país y observar el estado que guardan los derechos humanos; pero cuando emiten sus informes finales, se les cuestiona, rechaza y descalifica. Lo que sí es real y palpable para la sociedad y el mundo es que México vive una crisis generalizada de derechos humanos, situación que fue confirmada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su mensaje final, respaldando así las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, y la visita de la CIDH hace unos días, en las que los temas centrales fueron igualmente las desapariciones forzadas, las ejecucionesextrajudiciales y la tortura, así como la inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia, la impunidad y la situación de las y los periodistas, las defensoras y defensores de derechos humanos, y la de otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. Otros argumentos utilizados por altos funcionarios del gobierno consideran las conclusiones como aisladas, no actualizadas y alejadas de la realidad. Al respecto, es importante recordar y reconocer el importante trabajo histórico de visibilización de la realidad que han realizado personas y organizaciones de derechos humanos cuando se denuncia la situación, por ejemplo, de personas migrantes ejecutadas o desaparecidas durante su tránsito por México; por lo que esos argumentos no tienen ni fundamento ni sentido. Con la esperanza de que la historia no se repita, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares presentaron ante el Alto Comisionado un panorama sobre el estado que guardan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en México. Los temas de preocupación que le expresaron en ese encuentro fueron desde el impacto de la implantación de las llamadas reformas estructurales hasta las desapariciones de personas y ejecuciones extrajudiciales, pasando obviamente por la denuncia constante de problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, la impunidad y la corrupción, haciendo especial énfasis en la falta de voluntad política y la incapacidad institucional del Estado para investigar, juzgar y llevar ante la justicia a los responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos, bien sea por parte de autoridades, crimen organizado o inclusive de empresas que operan en connivencia con el Estado. Las organizaciones civiles enfatizaron también la importancia de crear una comisión internacional e independiente contra la impunidad y la corrupción en casos de violaciones graves a derechos humanos en México, como ocurrió recientemente en Guatemala. En su declaración final, el Alto Comisionado reconoció sin ambages los avances normativos que ha tenido y puede seguir teniendo el país –con la participación activa de la sociedad civil– en materia de derechos humanos; pero por otra parte reflexionó sobre la “venenosa combinación de miedo, ambición e impunidad crónica que están sufriendo millones de personas en México, y que una vez fraguada es difícil de eliminar”. Por ello enfatizó en cuatro medidas iniciales claves: 1. Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país, para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo. 2. Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía, para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza. 3. Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública. 4. Ejecutar las recomendaciones del GIEI, y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves. Otro de los temas que fue abordado en la reunión con las organizaciones de la sociedad civil fue el papel de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en un contexto de problemáticas estructurales, donde se requiere el apoyo del gobierno en líneas como la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las víctimas. Se espera que de cara al seguimiento a estas importantes visitas, la respuesta del gobierno sea de humildad y construcción de una ruta positiva de trabajo, que contemple a organizaciones, periodistas, academia, víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, así
Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia
Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia Para destrabar el conflicto del Parque Reforma Social no basta con la buena voluntad de los nuevos funcionarios y la disposición de los dueños de llegar a una negociación, es indispensable hacer cumplir la ley. En primer lugar la ambiental y de protección a la tierra, que prohíbe cambios de uso de suelo en áreas verdes como parques con el fin de evitar la especulación inmobiliaria. 09 de septiembre de de 2016 Por: Johana Sánchez Rojas La dignidad en nuestras manos caret-down caret-up caret-left caret-right “En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos”. Gandhi En 2011 Animal Político abordó el caso del Parque Reforma Social, un predio ubicado entre las colonias Lomas de Chapultepec y Reforma Social que desde el 26 junio de 2010 pretende ser destruido para dar paso a un condominio de SEIS torres con mil 200 departamentos de lujo. Durante cinco años, la Asamblea de Vecinos por la Defensa del Parque Reforma Social ha realizado una lucha social por la conservación de este pulmón de la ciudad, pero la situación que vive el parque es aún compleja. Los supuestos propietarios del parque presentaron dos amparos: el 532/2013 y el 873/2014. El primero busca el cambio de uso de suelo y está pendiente su resolución; el segundo, contra el proceso de expropiación, y ya fue sobreseído. Ambos tramitados en el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Las acciones llevadas a cabo por la delegación Miguel Hidalgo, desde el arranque de la administración de Víctor Hugo Romo Guerra, han sido hacia la recuperación del inmueble a través de la expropiación o la compraventa. Cabe mencionar que entre las instancias involucradas destacan Consejería Jurídica y dicha delegación, las cuales consideraron llevar a cabo la expropiación como primera opción. Para ambos se requería contar con recursos; fue entonces que la diputada Gabriela Salido, en noviembre de 2013, propuso, mediante punto de acuerdo, la creación de un Fideicomiso público para la adquisición del parque por cualquiera de las dos vías mencionadas. En diciembre de 2014, el entonces delegado Víctor Hugo Romo Guerra aseguró que ya se contaba con un fideicomiso por 100 millones de pesos para la adquisición definitiva del Parque e incluso prometieron expropiar el predio. Sin embargo, estos recursos jamás fueron exhibidos ni transferidos a la cuenta del Fideicomiso. Cabe mencionar que ni siquiera el millón etiquetado por la Asamblea Legislativa para la creación del Fideicomiso fue solicitado, de acuerdo con lo señalado por el Procurador Fiscal Alejandro Ramírez Rico, en marzo de 2015. En numerosas ocasiones Víctor Romo, así como el diputado local Roberto Candia, hablaron respecto de los supuestos recursos obtenidos en la bancada del PRD (diciembre de 2013). Asimismo, en prensa señalaron la constitución del Fideicomiso Rescate Reforma Social, subsidiario del Fideicomiso Social Miguel Hidalgo, el cual es privado y su presidente es el Sr. Miguel Ángel Cheschistz Rocha. Es importante señalar que este fideicomiso durante año y medio de existencia no ha intentado siquiera acercarse a los propietarios a pesar que su objetivo dice ser realizar la compra del parque. Para destrabar el conflicto no basta con la buena voluntad de los nuevos funcionarios y la disposición de los dueños de llegar a una negociación, es indispensable hacer cumplir la ley, en primer lugar la ambiental y de protección a la tierra, que prohíbe cambios de uso de suelo en áreas verdes como parques con el fin de evitar la especulación inmobiliaria. El valor del parque, aseguran los vecinos, sólo lo conocen aquellos que lo defendieron la madrugada del 23 de septiembre de 2013, cuando fueron agredidos por aproximadamente 400 hombres que pretendían cercarlo. A pesar de las adversidades, continúan con su lucha social organizada y pacífica, así como con el proceso jurídico. La lucha por el Parque Reforma Social forma parte de aquellas otras luchas opositoras a diversos megaproyectos capitalinos, como el deprimido vehicular Mixcoac-Insurgentes, las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES), el corredor Chapultepec y el club deportivo que pretende construirse en el Cerro de Xochitepec; megaproyectos que son manejados por grandes inmobiliarias y constructoras y en muchos de sus casos tienen vínculos con servidores públicos tanto locales como federales, francamente en conflictos de interés. Es importante reconocer y agradecer a estos colectivos, comités, asambleas, frentes o agrupaciones que a diario hacen esfuerzos transformadores; su labor voluntaria es trascendental en la exigencia del respeto al derecho humano a la vivienda digna y al medio ambiente sano en una megaciudad como es la Ciudad de México. Mayor información en la página Salvando el Parque, en Facebook y en las cuentas de Twitter @parqueRS y @comunicacionRS * Johana Sánchez es colaboradora del área jurídica del Centro Vitoria. Este texto fue elaborado con información proporcionada por la Asamblea de Vecinos por la Defensa del Parque Reforma Social. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : ComunicacionParqueRS Entradas relacionadas: La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedo a su suerte) Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres
Juventudes alzan la voz por una vida digna
Juventudes alzan la voz por una vida digna Los colectivos y organizaciones juveniles expresan dolor y rabia ante la dinámica de muerte; denuncian que tanto los gobiernos federal y locales han declarado “una guerra sin fin hacia las personas jóvenes”, por lo que exigen un cambio en la política de seguridad, que en vez de ser autoritaria, represora y de control social, debe estar basada en un modelo ciudadano y garante de derechos. 14 de agosto de de 2015 Por: Aarón Hernández La dignidad en nuestras manos En el marco del día internacional de la Juventud, el 12 de Agosto, “no hay nada qué celebrar”, afirman diversos colectivos juveniles, organizaciones civiles de juventud y jóvenes defensoras y defensores de derechos humanos a través de un pronunciamiento realizado durante el Foro “Participación Política de las Juventudes: Retos y Riesgos”, convocado por el @CDHVitoria. Durante el foro se reflexionó sobre los alcances, logros, retos y riesgos que, a partir de diversos ejercicios de participación política, experimentan las juventudes en México. Este análisis ineludiblemente identificó el contexto de violencia que se vive en el país y que se manifiesta en la gran cantidad de feminicidios, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, reclusión o confinamiento y criminalización de la protesta social, cuestiones que tienen como principales víctimas a las juventudes, en especial a aquellas que viven en pobreza y/o que participan en el activismo y en la defensa de los derechos humanos. Al compartir sus experiencias e impresiones, las juventudes identificaron un sentir en común de indignación frente a esta ola de violencia y la serie de casos de violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos, por el cual surgió la necesidad de alzar la voz con el mensaje de ¡Basta ya de represión y muerte contra las juventudes en México! Sería absurdo asumir que los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingan han quedado olvidados; por el contrario, siguen estando presentes en la memoria de la población y en especial de las juventudes mexicanas y que, desgraciadamente, aunado al contexto de la tortura y asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete a inicios del mes en la Ciudad de México, se configuran como hechos que “…obligan a gritar, denunciar y trabajar fuertemente en colectivo…”. Ahora bien, lejos de mantenerse en una postura desesperanzadora, los colectivos y organizaciones juveniles cierran filas a través de una consigna: “por una vida digna para todas las personas jóvenes”, cuestión que no es poca cosa pues no se trata sólo de agrupaciones que se dedican al tema de juventud, sino que es una articulación de quienes defienden el territorio frente al despojo y los derechos de grupos históricamente excluidos y discriminados como las personas en movilidad humana y los pueblos indígenas, la disidencia sexo-genérica y las mujeres, entre otros; también desde posiciones políticas como el feminismo, todas teniendo como elemento en común el estar formadas en su mayoría por personas jóvenes. Las juventudes que ahora suman sus voces hoy dicen: “se equivocan quienes nos miran desde arriba”, pues no se encuentran abatidas ni atemorizadas. El encontrarse y reconocerse como ejemplos de lucha les hace renovar y sumar ánimos y fuerzas para continuar con sus respectivas labores de exigibilidad de derechos humanos. Continuarán articulándose para hacer frente a los embates del sistema económico y político que se basa en las relaciones de explotación y enriquecimiento desmedido, en el autoritarismo y la demagogia; seguirán apostando por la transformación hacia un sistema basado en la justicia y la garantía de derechos y libertades y así poder vivir en “un país más justo y digno”. Los colectivos y organizaciones juveniles expresan dolor y rabia ante la dinámica de muerte; denuncian que tanto los gobiernos federal y locales han declarado “una guerra sin fin hacia las personas jóvenes”, por lo que exigen un cambio en la política de seguridad, que en vez de ser autoritaria, represora y de control social, debe estar basada en un modelo ciudadano y garante de derechos. Las palabras de este pronunciamiento también se hicieron presentes durante el acto público de promulgación de la nueva “Ley de Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México”, donde Balance A.C. haciendo uso de la tribuna como una de las organizaciones que impulsaron dicha ley, las retoma para denunciar las violaciones graves en contra de las juventudes y exigir una verdadera política de juventud que sea integral, transversal y fundada en el enfoque de derechos humanos. Igualmente, haciendo eco de la voz de organizaciones a las que representaba en dicho acto, demandó presupuestos adecuados para salud, educación y empleo digno, que sean acordes a los derechos cobijados por esta nueva ley, y que la impartición de justicia para las personas jóvenes sea una realidad al respetarse el debido proceso. No hay que olvidar que el proceso de construcción y publicación de esta ley (que duró más de cinco años) es un intento de garantizar que no se vuelvan a repetir hechos como los ocurridos en 2008 en la Ciudad de México, donde nueve jóvenes y tres policías murieron asfixiados en un operativo de seguridad mal realizado en la discoteca New´s Divine. Si bien el día de hoy algunas entidades ya cuentan con una ley en materia de juventudes, no habrá cambios sustantivos en la vida de las personas jóvenes si no se transforma toda la política social y de seguridad abandonando el autoritarismo y el asistencialismo con que éstas se rigen. Es necesario apostar por nuevos modelos que tengan como eje rector el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas en general y en particular de las juventudes que han sido violentadas por el régimen. Consulta el Pronunciamiento por Una Vida Digna para Todas las Personas Jóvenes aquí. * Aarón H. Hernández es colaborador en el Área de Investigación del Centro Vitoria. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia
La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses
La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses 26 de julio de 2015 Por: Miguel Concha La revelación por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) de la existencia de una orden a elementos militares para “abatir delincuentes”, apenas unas semanas antes de la emblemática masacre de Tlatlaya, ha reavivado un debate indispensable en una sociedad que se pretende democrática: la actuación del Ejército dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos, y su responsabilidad institucional en la comisión de graves violaciones contra la población civil. La gravedad, de que se haya dado una orden que pudo incentivar la ejecución arbitraria de civiles a manos de elementos castrenses, fue inmediatamente expuesta por las organizaciones que acompañamos la presentación del informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Instituto Mexicano para la Democracia y los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Amnistía Internacional y Artículo 19. Inmediatamente después se dio la reacción de actores internacionales oficiales, como el relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el señor Christof Heyns. Después de un cuidadoso análisis del documento, el relator Heyns señaló que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales”, y llamó al gobierno mexicano a considerar la orden castrense revelada por el Centro Prodh como nueva evidencia, y a castigar tanto a los responsables materiales de las ejecuciones arbitrarias, como a los de la emisión de dicho tipo de órdenes. Las organizaciones civiles internacionales también se pronunciaron. Amnistía Internacional, Washington Office on Latin-America y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional exigieron una investigación de las responsabilidades dentro de la cadena de mando del Ejército. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló que “el documento que dio a conocer el Centro Prodh pone sobre la mesa una discusión legítima sobre las órdenes y reglas para el empleo de la fuerza por parte de las autoridades militares, y que ésta debe darse no sólo en el marco de una discusión pública, sino también ante los tribunales, para establecer las responsabilidades penales en la cadena de mando”. El 7 de julio, después de que el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, pretendiera dar por zanjado el asunto, reduciéndolo a una discusión estrictamente de diccionario, negando que “abatir” signifique privar de la vida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en las que demandó la revocación o modificación de documentos u órdenes vigentes en los que se utilizaran términos como “abatir” u otro similar, sin precisar sus significados y alcances específicos, y la exhortó a tomar medidas para evitar la utilización de lenguaje confuso que pueda derivar en acciones violatorias de los derechos humanos. Así, la CNDH dio la razón al informe del Centro Prodh, y se sumó a las voces que han expresado su preocupación por las implicaciones de la orden revelada. Sin embargo, al publicar este artículo, aún no hay constancia de que la Sedena haya respondido favorablemente a la solicitud de medidas cautelares, mediante la suspensión de las órdenes que incentivan la violación de los derechos humanos. Incluso el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, tuvo que señalar casi 1 semana después de la revelación que la redacción de la orden de marras fue un “lamentable error”, atribuyéndolo a una mala transcripción. Sin embargo, en su primera reacción, 2 días después de la emisión del informe, la Sedena no aludió a ningún error de transcripción. Tampoco negó la autenticidad o integridad del documento, ni el significado del término “abatir”, aunque insistió en que la intención de la orden era proteger los derechos humanos. En este contexto, que el responsable de la defensa nacional sugiera que es posible que por “errores de transcripción” se ordenen conductas contrarias a derechos humanos no resuelve el asunto, sino que le añade otra dimensión de análisis, pues de ser cierto este endeble argumento, es altamente preocupante que en las Fuerzas Armadas mexicanas pueden alterarse tan ligeramente las órdenes superiores en las transcripciones. En todo caso, el general no contradice el informe del Prodh, y al hablar de un error de transcripción parece no disputar que en la jerga militar “abatir” sea matar. Por eso ya se alzan algunas voces dentro del Poder Legislativo que exigen una comparecencia del general secretario. Además de la existencia de la orden de abatir civiles, el informe del Centro Prodh llama la atención sobre la falta de justicia y verdad en el caso, pues mientras la Procuraduría General de la República (PGR) acusa a siete militares por la muerte de ocho personas, la CNDH apunta a que entre 12 y 15 de las 22 personas que perdieron la vida habrían sido ejecutadas una vez que se rindieron ante los soldados. Pero incluso podría tratarse de un número mayor, incluyendo a la menor de edad Érika Gómez. Esta parte de la verdad tendrá que aclararse al mismo tiempo que se explique por qué y cómo sucedió la masacre, incluyendo la citada e ilegal orden de relevo en la dirección del “operativo”, así como los responsables por cadena de mando. Otro aspecto que de ninguna manera puede dejarse de lado es la exigencia de un trato digno hacia la testigo y sobreviviente conocida como Julia, madre de la menor Érika, pues, de no ser por su valiente testimonio, esta masacre sería hoy, a ojos de la opinión pública, lo que siempre quisieron hacer parecer las autoridades: muertes producto de un enfrentamiento y no ejecuciones arbitrarias. Es indispensable que las autoridades respeten jurídicamente y reconozcan cabalmente su condición de víctima; sobre todo es fundamental que se garantice su seguridad. Ante el caso específico de Tlatlaya, la PGR tiene la obligación
