Producción de alimentos y amenazas para el campo mexicano
Producción de alimentos y amenazas para el campo mexicano 05 de octubre de 2014 Por: Miguel Concha Desde hace décadas se abrió en México un debate sólido sobre la situación del campo mexicano. Lamentablemente el modelo neoliberal se ha impuesto y, por ello, desde la década de 1980 se comenzó primeramente con el despojo de su valor, difundiendo la falsa idea de que el campo no es rentable ni ayuda al progreso del país. Ahora ésta logra “encumbrarse” por medio del despojo de los territorios y de los bienes comunes. Con el modelo de desarrollo que el gobierno actual sigue, el campo agoniza cada día más, no por causa de sus campesinas y campesinos, ni de los pueblos indígenas o los productores, sino porque reformas estructurales como la energética atentan directamente contra su fortalecimiento, pues amenaza a sus territorios y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Se pretende cerrar el ciclo neoliberal que abrieron durante el salinismo. El despojo y privatización de los bienes naturales es una agresión cada vez más fuerte. Hoy se nos arrebata a las y los mexicanos la posibilidad de seguir sembrando en nuestra tierra, produciendo los alimentos que eventualmente nos lleven a recuperar la seguridad y soberanía alimentaria indispensable. Por tanto, y como inmediata consecuencia, se nos condena a migrar en las peores condiciones, y se nos somete a perpetuidad a una “pobreza modernizada”. Unos cuantos se enriquecen con los pocos subsidios para el campo, pues en su mayoría los recursos están destinados a grandes empresarios agroindustriales, dejando desprotegidos a pequeños y medianos productores. En la distribución de recursos públicos se privilegia a los que más tienen, y se margina a quienes cuentan con menos recursos. Y si protestan, si exigen mayor justicia y equidad en su distribución, se les criminaliza, encierra, o se les victimiza con situaciones aún más graves. En palabras de un campesino de la Sierra Norte de Puebla, los pueblos campesinos e indígenas padecen “destierro, encierro y entierro”. Entre tanto, en nuestro país se prioriza la producción de alimentos chatarra que nos tienen mal alimentados. Empresas de alimentos procesados, refresqueras y agroindustriales son las culpables de ello, en connivencia con el propio Estado. Se hace entonces urgente hacer algo, por ejemplo, monitorear como sociedad civil el comportamiento de los estados en sus negociaciones con las empresas. Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son un primer paso, aunque en la región de América Latina requerimos todavía ampliar más el análisis y el debate en torno a ello. La actual situación económica del país arrastra al campo a morir lentamente, pues se anula a los pequeños productores que representan más de la mitad de quienes en él producen. Ahora las empresas transnacionales abusivamente se apropian de la producción, comercialización y distribución de los alimentos y de todos los bienes naturales que nuestras tierras guardan y generan: agua, minerales, semillas, bosques, aire y tierra. En este sentido, se busca también transgenizar el campo y los cultivos. Son riesgos para nuestra alimentación, y por ello actualmente lo debatimos cada vez más en México. La introducción en general de cultivos transgénicos, y en particular la siembra de maíz transgénico, agravaría aún más lo que hemos dicho. La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, integrada por organizaciones de productores, de derechos humanos y ambientalistas, entre otras, ha denunciado que el gobierno intenta legitimar la siembra de transgénicos con el falso discurso de erradicar el hambre y hacer más eficiente la producción en el campo mexicano. México hoy registra contaminación por transgénicos en siembras de maíz donde no se ha permitido la liberación al medio ambiente de estos cultivos genéticamente modificados. Aun así, el Estado omite llevar a cabo alguna política pública para garantizar la inocuidad del maíz que consumimos. Se ha documentado cómo es que las empresas pretenden poco a poco sembrar estos cultivos, aunque la sociedad en su conjunto coincide en que la emergencia alimentaria será todavía más grande si estos cultivos siguen fomentándose. Actualmente transnacionales como Monsanto intentan patentar la vida y despojar a los pueblos de su historia y de sus formas ancestrales y sustentables de producir y consumir alimentos. La siembra de estos monocultivos transgénicos implica graves violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, comunidades y productoras de alimentos, y en general a los derechos humanos de toda la población mexicana, en especial sus derechos a un medio ambiente sano, a una alimentación inocua y de calidad, a gozar de la diversidad biológica con la que el país cuenta, y a conservar su historia y cultura. En julio del año pasado iniciamos una demanda judicial a través de la figura jurídica de acciones colectivas, recientemente incluida en el marco jurídico mexicano, para exigirles al Estado y a las empresas que se prohíba y omita la siembra de esos cultivos, pues se corre el riesgo de sufrir afectaciones al medio ambiente, a la alimentación y a la salud. En el transcurso del juicio, antes que velar por los derechos de las y los ciudadanos, el Estado mexicano ha preferido litigar a favor de las empresas. Durante la consulta que el pasado 16 de agosto hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), denunciamos el conflicto de interés en el que incurren instituciones como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cuando renuncian a cumplir con sus obligaciones para favorecer a grandes empresas trasnacionales que se han convertido en un flagelo para los pueblos. La CIDH, a través de la Unidad (futura Relatoría) sobre los DESCA, mostró mucho interés en el tema. Y con razón se dijo que es un reto para toda la región de América Latina avanzar en estándares relacionados con la exigibilidad de estos derechos, incrementar las audiencias públicas regionales o por país sobre derechos relacionados con estos temas, así como atraer casos que avancen en la justiciabilidad (defensa judicial) de alguno de los
Desarrollo con inclusión social
Desarrollo con inclusión social 13 de julio de 2014 Por: Miguel Concha En junio pasado, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó a cabo su XLIV Periodo Ordinario de Sesiones. La reunión tuvo lugar en la Ciudad de Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio, sobre el tema del desarrollo sustentable y con el lema: “Desarrollo con inclusión social”. Si se toman en cuenta los altos índices de pobreza que persisten en todo el Continente Americano, la relevancia de esta consigna es evidente. Recordemos que el documento Panorama social de América Latina, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sostiene que en la región existen 167 millones de personas en pobreza y 66 millones en situación de indigencia. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en sus resultados respecto a 2012, muestra que 53.3 por ciento de la población en México vive en pobreza, y 19.7 por ciento en extrema pobreza. Gran parte de la responsabilidad recae sin duda en la falta de compromiso que los gobiernos de los países del área tienen con respecto del combate a la pobreza, pues actualmente muchos de ellos responden a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, cuyos lineamientos son íntegramente de corte capitalista liberal, y cada vez están más lejos de la sensibilidad y el respeto por los derechos humanos. Recordemos sólo que el último “consejo” dado por el FMI en 2012 proponía aumentar la edad de jubilación y bajar las pensiones ante el crecimiento de la esperanza de vida, por “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado” (El País, 11 de abril de 2012). Los gobiernos de América Latina se han puesto de acuerdo en el discurso de que es necesario impulsar el desarrollo humano y social para abatir la pobreza que aflige al Continente. En consecuencia, el desarrollo ha sido de nueva cuenta declarado como relacionado con una promesa de bienestar con relación a la calidad de vida. Es decir, el avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de una comunidad o país. Con ello, no obstante, vale la pena también destacar que esta calidad de vida se ha visto avasallada por un modelo de cálculos mercantiles, en los que la felicidad depende de la capacidad de consumo. Desde este punto de vista, el desarrollo responde a otro modelo aún más específico: el neoliberal. Dicho modelo concibe todo bajo un único estándar, el occidental, y para muchos, neocolonizador. Y en ese sentido se trata de un “desarrollo” económico “global” basado en la acumulación de riqueza, la explotación de los recursos naturales y la precariedad de las fuentes de trabajo. Y en un “progreso” político sustentado en la realización controlada de una democracia electoral, pero no participativa, que entrega el poder a unos cuantos y no toma realmente en cuenta la opinión y las expectativas de la sociedad en general. Un desarrollo cultural selectivo, que elitiza y controla los recursos culturales. El debate en torno a esta visión del desarrollo ha hecho cuestionar su validez y dirigido la atención a aspectos que se deben atender para lograr los avances y mejoras que permitan satisfacer las necesidades humanas. Por ello en los debates sociológicos actuales el desarrollo no sólo debe hacer referencia ni tener como fin la acumulación de bienes y riquezas materiales, sino que debe también comprender un concepto más amplio, como es el de desarrollo sostenible, que está ligado a lo social, lo cultural, lo económico y lo medioambiental. Por ello los Estados parte no deben olvidar sus obligaciones y compromisos adoptados en documentos regionales de protección de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional, el Protocolo de San Salvador, los cuales establecen definiciones, criterios y lineamientos para que los Estados adopten las medidas necesarias de orden jurídico, político, social y económico, a fin de lograr, progresivamente y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos humanos de las personas que habitamos este Continente. Los Estados deben garantizar un entorno socioeconómico que promueva y permita un acceso total y sin discriminación alguna a condiciones en las cuales las personas puedan gozar plenamente de sus derechos fundamentales, como son el derecho a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, los derechos laborales (como el contar con condiciones de trabajo seguras y sanas, así como con seguridad social), a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana, principalmente cuando se trata de la toma de decisiones en materia de política pública. Por ello, si se toma como marco de referencia la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos, el desarrollo sólo puede tener como propósito promover el bienestar y la libertad sobre la base de la dignidad y la igualdad inalienables de todas las personas. Por tanto, el desarrollo con inclusión social sólo puede tener como objetivo el disfrute de derechos y el acceso a oportunidades para mejorar con equidad la calidad de vida de la población, y un sistema de procuración y administración de justicia que funcione. Un desarrollo con inclusión social debe buscar ciertamente como resultado la mejora en la calidad de vida de las personas, pero también la mejora en los procesos. Hoy en día la pobreza no puede entenderse sólo como la falta de bienes materiales y oportunidades, como el consumo, el empleo y la propiedad, así como la democracia no sólo significa contar con elecciones populares y periódicas pero sin el acceso a la toma de decisiones por parte de la población. Los Estados deben garantizar instituciones que reflejen un interés fundamental por las personas y políticas públicas que tengan la cobertura más amplia, así como procesos que cuenten con la mayor participación, permitiendo con ello que los bienes materiales y oportunidades sean accesibles y asequibles para todos, sobre todo para que los grupos en situación de discriminación no queden excluidos. Sin embargo, cuando
El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal
El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal 15 de junio de 2014 Por: Sayuri Herrera / Johana Sánchez ¡Cuán diferente es el cuadro del pobre!: cuanto más le debe la humanidad, más le niega la sociedad. Se le cierran todas las puertas, incluso cuando tiene el derecho a que se le abran, y si alguna vez obtiene justicia, es con mayor pena que con la que otro hombre obtiene gracia Juan Jacobo Rousseau La capital de México padece un grave retroceso en materia de respeto y garantía de derechos humanos que alcanza todos los niveles de gobierno y poderes. Poco queda de la llamada “Ciudad de la Esperanza”, que promovió el reconocimiento de la diferencia, la justicia social, la libertad de expresión y manifestación. De acuerdo con las viejas prácticas priístas, el gobierno en turno ejerce airadamente la represión contra medios alternativos de comunicación, brigadas de información ciudadanas, grupos populares y movimientos sociales. No hay lugar para los pobres en el Distrito Federal. No hay vivienda que se pueda pagar con un salario de 60 pesos diarios, de modo que desalojos forzados, desahucios y rentas exorbitantes obligan a centenares de familias a vivir en la calle o buscar vivienda en la periferia de la Ciudad mientras se acrecienta la construcción de condominios de lujo, que sólo unos pocos pueden pagar. Ni hablar del aumento al costo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, principal medio de movilidad de los trabajadores y trabajadoras. En este escenario no es vano preguntarse si es de izquierda el Gobierno del Distrito Federal. ¿Es éste un gobierno del pueblo? Un auténtico gobierno de izquierda debe promover cambios en todos los ámbitos, entre los que destacan la procuración de justicia y una nueva política de seguridad pública no represiva ni discriminadora. No es un proceso sencillo, se tiene que luchar contra inercias, viejos hábitos y fuerzas retrógradas enquistadas en las instituciones. Es manifiesto que en los países en los que la izquierda ha llegado al poder se han dado progresos democráticos, pero en lo que se refiere al actuar de los cuerpos policiacos, la procuración de justicia y el sistema penitenciario, los cambios han sido muy lentos. Una de las razones de lo anterior es que las policías, la sociedad e incluso el nuevo gobierno tienen internalizado y estructurado el clasismo y el racismo. En la mayoría de países latinoamericanos se criminaliza la pobreza, así como el color de piel y la pertenencia a alguna etnia. En algunas ocasiones llegan al gobierno fuerzas políticas progresistas pero emanadas de las clases acomodadas, empresarios con buena conciencia, profesionistas o clases medias que buscan sacar a sus países del atraso, pero que dentro de sí llevan los viejos prejuicios contra la plebe. En realidad no son gobiernos del pueblo y, por tanto, muy en el fondo siguen sosteniendo que los pobres son, o bien ovejas a las que hay que conducir o potenciales delincuentes a los que hay que contener. Parece que los ricos, los blancos, los privilegiados que gobiernan, lo hacen a favor de intereses en los que el odio, el exterminio, el destierro y la exclusión de los pobres es política pública fundamental. Lo más grave es cuando en la gente humilde permea la ideología del oligarca y hace suyo ese odio, reproduciendo la semilla que lo genera: la ignorancia del otro, el temor y la estigmatización que genera el consenso social, que luego utilizan los gobiernos para ejecutar acciones fuera del marco de derechos humanos. La más reciente encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México revela como causas de discriminación la pobreza, con 19 por ciento; color de piel, con 17 por ciento; situación económica, con 11 por ciento; clase social, con 7 por ciento; ignorancia, 7 por ciento; y educación, 7 por ciento. Sin embargo, los porcentajes de la pobreza, la situación económica y la clase social se pueden sumar porque en realidad son tres maneras de nombrar lo mismo. En total arrojan un 37 por ciento. Por otro lado, el color de piel está relacionado con la condición social: la gran mayoría de las personas en pobreza extrema son indígenas o de piel morena o negra y, en contraparte, la gran mayoría de los magnates del país son de piel blanca. La ignorancia o la falta de educación son en buena medida consecuencia de la miseria. A la pregunta: ¿cuál es la principal forma en la que se discrimina a las personas pobres? La encuesta menciona el trato humillante; el pago menor por trabajo igual; señalamientos por la apariencia y forma de vestir; la negativa para entrar en algunos lugares, obtener empleos y oportunidades, servicios públicos y acceso a la justicia. En México 53.3 millones de personas son pobres, lo cual quiere decir que cerca de la mitad de la población del país es discriminada, despreciada y ninguneada. Esto es grave y no se soluciona únicamente con campañas de tolerancia, respeto y trato igualitario, que es como decir: “que sigan en la pobreza pero no los traten mal”. La solución de fondo está en la eliminación de la miseria. Resultado de una política económica equivocada, la pobreza tiene su mayor y más grave expresión en la existencia de poblaciones callejeras. Jóvenes en su mayoría, pobres entre los pobres, son ahora el blanco no de una política de inclusión y justicia social, sino de acoso, hostigamiento e incluso persecución por parte del Gobierno del Distrito Federal. Son víctimas de discriminación, desaparición forzada, trata de personas, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, juicios injustos y desventajosos. Esto es el indicador más revelador de la degradación de nuestras instituciones. Para muestra un botón: el desalojo forzado de poblaciones callejeras de la calle Artículo 123, el denominado “Grupo Juárez”. El 22 de abril de 2014, antes del mediodía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaron con violencia al “Grupo Juárez”. Sus pertenencias (alimentos, colchones, cobijas, carriolas, dinero, ropa, zapatos, documentos) fueron destruidas y depositadas en un camión recolector de basura
“Dulce agonía”: epidemia de obesidad y diabetes
“Dulce agonía”: epidemia de obesidad y diabetes 18 de mayo de 2016 Por: Miguel Concha México padece una sistemática violación en los derechos sociales de su población. En este artículo me ocuparé de violaciones sobre todo al derecho a la salud y a la alimentación de las personas. Tomo como base un valioso documental presentado en semanas pasadas en diversas salas de cine de la Ciudad México, entre ellas la Cineteca Nacional, titulado Dulce agonía (www.youtube.com/watch?v=4Y-WslZoV9c). Precisamente es en esta polémica cinta donde se da rostro y nombre a la catástrofe nacional provocada por la epidemia de la obesidad y la diabetes. El primer dato es por demás alarmante: 500 mil personas murieron por diabetes en el sexenio pasado. Hoy en día, más de 4.5 millones de enfermos no tienen una atención médica adecuada y de calidad en el sistema público. Además, en 2013 se registraron 75 mil amputaciones en México provocadas por la diabetes. El documental –del cual es productor ejecutivo Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y cuya dirección estuvo a cargo de Alejandro Tagle y Amaranta Rodríguez– da cuenta de la historia de don Gonzalo, quien, junto con varios testigos más, comparte los padecimientos que sufre a causa de este problema de salud pública. En él se recaban también las opiniones de más de 20 personas expertas, y se analizan exhaustivamente las maniobras de mercadotecnia, cabildeo e influencia política que usan la industria refresquera y de comida rápida para “conquistar” a sus potenciales clientes. Dulce agonía expone ante la opinión pública un Estado ausente y omiso en la protección de los derechos a la salud y a la alimentación, y a su vez pone de manifiesto la intervención de capitales privados para que los gobiernos omitan todo tipo de política pública en materia de regulación, que busque frenar la epidemia que han generado grandes corporaciones del ámbito refresquero y de alimentos industrializados. El documental entrelaza las historias de Gonzalo Hernández, Pedro López, María Velázquez, Alfonso Vizcarra, Aurora Sandoval y José Ramírez, todas ellas son personas en edad productiva, pero que a causa de su enfermedad enfrentan severos problemas de salud –que además les representa un gasto que no pueden pagar– y que van desde amputaciones hasta la muerte, pasando por la ceguera. A través de este medio audiovisual se evidencian las formas perversas que usa el mercado de la industria refresquera, y cómo éste adapta su publicidad y costos para llegar incluso a los pueblos indígenas de México, mediante la publicidad en su propia lengua, disminuyendo los precios de sus productos con respecto a otras zonas del país incentivando el consumo del refresco, para finalmente invadir así sus ritos y costumbres. Expertos de diversas instituciones señalan con mucha razón en el documental que, al ritmo que crece la epidemia de diabetes, no hay capacidad humana y recursos públicos suficientes en los estados para atender el denominado “pie diabético” e impedir amputaciones. Por ello es recurrente que el sector salud realice, como principal medio para resolver esta situación, ablaciones masivas. Se pueden escuchar las voces de destacados médicos, nutriólogos, pediatras y especialistas en el tema, tales como Julieta Ponce, del Centro de Orientación Alimentaria, AC; Marcos Arana, del Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud; Kelly D Brownell, del Centro Rudd para Políticas Alimentarias y Obesidad de la Universidad de Yale; y Walter Willet, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, entre otros. Por su parte, el médico Francisco Martínez, de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, comenta que la diabetes es la primera causa de ceguera en la población económicamente activa. Se trata de un mal irreversible y representa, primeramente para las familias y en general para el país, un impacto económico muy grande y difícil de solventar. Según la información proporcionada en el documental, el costo total de la diabetes en México pasó de 2 mil 970 millones de pesos en 2003, a 8 mil 836 millones en 2010. Y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una persona con sobrepeso gasta 25 por ciento más en servicios de salud, presenta ausentismo laboral recurrente, y gana menos del 18 por ciento que el resto de la población sana. En la entrevista que hicieron al relator especial sobre el Derecho a la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas, para este trabajo, se advierte sobre la “Coca-Colonización” que sufre México. El relator hace un llamado al Estado mexicano para proteger el derecho de las personas a la salud y sugiere, como siempre lo ha hecho, que se modifiquen las políticas públicas, pues deberían contener un fuerte componente de prevención, el cual comienza por incentivar y transversalizar otros hábitos de alimentación entre las personas y las comunidades. El filme señala también el grado de responsabilidad que tiene esta empresa en la epidemia de diabetes que vive México, y cómo es que con el paso de los años va en aumento el consumo de estas bebidas y, por tanto, la imposibilidad de frenar este grave problema. En el caso de las niñas y niños el panorama no se muestra mejor. Actualmente se ha observado una alta cifra de infancia con diabetes como consecuencia del deterioro de hábitos alimenticios y de la alta ingesta de bebidas y productos azucarados. El médico Juan Rivera, director adjunto del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, comparte que uno de cada tres escolares y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad, lo que hace que México sea uno de los países que tiene prevalencias mayores en todo el mundo. En la Encuesta nacional de salud y nutrición 2012, la prevalencia de sobrepeso para la población escolar (5-11 años) fue de 19.8 por ciento, y la de obesidad de 14.6 por ciento. El médico Salvador Villalpando, quien dirige la Clínica de Obesidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez, pregunta: “¿Te costaría trabajo pensar en un niño de 11 años que tuviera presión alta,
Derechos comprometidos
Derechos comprometidos 20 de abril de 2014 Por: Salomé Almaraz Reyes Antes de terminar su sexenio al frente de la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa comenzó lo que hasta hoy día conforman las llamadas “grandes reformas estructurales”, las cuales, en el trasfondo, no son más que la consolidación de medidas tecnocráticas que van en detrimento de los derechos sociales resguardados tanto en instrumentos internacionales como en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma laboral, aprobada a la salida de Calderón, fue sólo el principio del detrimento en la garantía y protección de los derechos laborales de los y las trabajadoras en nuestro país. Estos cambios se han profundizado con la administración de Enrique Peña Nieto, quien desde su toma de protesta ha impulsado una serie de cambios que solamente tienen un efecto: reducir prestaciones y elevar impuestos. Recordemos que la reforma hacendaria, en su principio más profundo, buscaba el aumento al impuesto al valor agregado en medicina y alimentos, afectando el ingreso de las y los trabajadores y significando un duro golpe a los sectores en situación de pobreza y pobreza extrema, medida que se justificaba necesaria para el gobierno federal, mucho más teniendo en cuenta que con la reforma energética se perderían ingresos por la renta petrolera. En sí misma, toda la política fiscal y legislativa propuesta y realizada sólo busca como meta el financiamiento de capitales externos y reducir el bienestar y la garantía de derechos. ¿Cómo se pretende lograr esto? “Actualizando” el cuadro de beneficios que debe brindar un Estado, es decir, reducirlo para disfrazar el abandono que el Estado mexicano tiene en materia de obligaciones hacia los derechos sociales. Amparándose en la Recomendación sobre los Pisos de Protección Social 2012 (R202) establecida por la Organización Internacional del Trabajo, el actual gobierno federal busca efectuar una reforma que en su discurso asevera el supuesto contrapeso social con la propuesta de la ejecución de la seguridad social universal; propuesta que en realidad limitaba estos derechos, ya que lo que se discute hoy día en las cámaras del Legislativo distan mucho de la universalidad de la seguridad social. Las reformas contemplan solamente dos de estos derechos: seguro de desempleo y pensión universal. Empero, por la manera en que funciona, el seguro de desempleo sólo será accesible para aquellas personas que coticen en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales deberán conformar una subcuenta con el 1.5 por ciento que aportará la Federación y 3 puntos porcentuales del 5 por ciento del salario que aporta el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Además, la o el trabajador sólo podrá generar el fondo mixto para el seguro de desempleo una vez que haya cotizado 3 años (mientras que los trabajadores temporales deben tener 6 meses ininterrumpidos en un periodo de 12 meses), y únicamente se podrá disponer de él si demuestran 45 días de desempleo para, finalmente, sólo contar de 3 a 6 mensualidades, las que una vez agotadas ya no le permitirán acceder a este seguro. La actual reforma no tiene la intención de generar programas o recursos que permitan la garantía de estos derechos. Con la propuesta de que sea financiada con la partida del Infonavit, el Estado mexicano está delegando la responsabilidad de generar y asignar recursos a los propios trabajadores, lo cual a su vez pone en riesgo su fondo de vivienda. En materia del derecho a la vivienda, esto representa un golpe más al ya lastimado sistema de vivienda social con lo cual el Estado mexicano incumple obligaciones de garantizar y respetar, pues lleva a cabo medidas que restringe a las y los trabajadores su capacidad de acceso al derecho a una vivienda digna. En un país que restringe el derecho a la salud con la limitante que significa la atención dentro del Seguro Popular con sus 284 intervenciones; que niega derechos laborales gracias a la desregulación laboral con los nuevos tipos de contratación como el outsourcing (subcontratación) y se presenta como salarialmente barato, se aúna este “piso básico” para la protección social, el cual limita el goce de derechos sociales y delega la responsabilidad de su garantía y goce en los trabajadores, quienes deberán solventar ellos mismos estos seguros. Esta medida sólo se une a una serie de reformas que han provocado el descalabro en la garantía de los derechos a la salud y a la vivienda y a los derechos laborales. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada (modificada) : Antonio Marín Segovia Entradas relacionadas: México ante el escrutinio internacional Producción de alimentos y amenazas para el campo mexicano Desarrollo con inclusión social Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Restricción y suspensión de derechos y garantías en México Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal Obstáculos a la transparencia
Memorándum de Amnistía Internacional a Peña Nieto
Memorándum de Amnistía Internacional a Peña Nieto 23 de marzo de 2014 Por: Miguel Concha México tiene retos que reclaman solución urgente e ineludible en materia de derechos humanos. La presencia en México de Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, dejó constancia de la profunda preocupación que le causa a la comunidad internacional la situación de los derechos humanos en el país. El representante de la organización humanitaria entregó el pasado 17 de febrero al presidente Enrique Peña Nieto el memorándum Los retos de México en materia de derechos humanos. En ese documento, Amnistía Internacional analiza y recomienda a la Presidencia de la República realizar acciones muy concretas en nueve tópicos fundamentales: reformas de derechos humanos; seguridad pública y derechos humanos; desapariciones, tortura y malos tratos; sistema de justicia penal; justicia militar; migrantes irregulares; personas defensoras de derechos humanos y periodistas; derechos humanos de las mujeres; y derechos de los pueblos indígenas. En el memorándum se conmina al representante del Estado mexicano a combatir con efectividad las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país y a “hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos”. Peña Nieto se comprometió a emitir una declaración, reconociendo y anunciando las medidas que tomaría. A 1 mes de esta reunión, esta declaración no ha tenido lugar; tan es así que Amnistía Internacional ha emprendido una campaña para que el grueso de la ciudadanía firme una petición para exigir que el presidente asuma de forma inmediata estos compromisos. No es éste el único pronunciamiento pendiente del gobierno mexicano. En este mes de marzo debe anunciar también y con formalidad cuáles recomendaciones adoptará de las 176 realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo que toca al contenido del memorándum referido, hemos visto con agrado que el diagnóstico y recomendaciones emitidas son pertinentes, y desde luego hacen eco de lo que numerosas personas y organizaciones civiles y sociales en defensa de los derechos humanos hemos venido exigiendo a lo largo de estos últimos sexenios. Sin embargo, el desastre en materia de derechos humanos que viven las y los mexicanos es de tal magnitud, que desborda las temáticas que aparecen en el informe de Amnistía Internacional. Así las cosas, queremos aprovechar este espacio para abonar sobre algunos puntos que lamentablemente no son referidos en el escrito entregado a Peña Nieto, y que forman parte muy importante de las agendas de lucha de las defensoras y defensores de derechos humanos (asuntos sobre los que es importante que el gobierno federal se pronuncie con claridad y asuma compromisos inmediatos). El primero que queremos tratar se refiere a la fallida guerra contra el narcotráfico y la utilización de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Estas acciones son fuente sistemática de violaciones a derechos humanos, lo que nos lleva no sólo a pronunciarnos para que sean juzgadas en tribunales civiles, sino a reiterar el llamado a que el gobierno federal trace una estrategia de seguridad que permita el retiro paulatino de militares en funciones de policía. En materia laboral, podemos decir que el trabajo digno y bien remunerado es una verdadera rareza en el país. Las autoridades, más que velar por el respeto a los derechos que la clase trabajadora conserva a pesar de la contrarreforma laboral, parecen más interesadas en desalentarlos cuando emprenden un proceso legal contra un patrón abusivo, y en cubrir la responsabilidad de los empleadores en los desastres industriales, como el dramático caso de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila. Las autoridades además entorpecen y obstaculizan la libertad sindical mediante un actuar faccioso de las juntas de Conciliación y Arbitraje. El derecho a la alimentación está igualmente vulnerado. Se hace necesario emitir una ley que reglamente las disposiciones constitucionales que garantizan su ejercicio. Esta ley tendría que ir acompañada de una política de impulso al campo, protección de la biodiversidad y rechazo enérgico de la introducción de semillas transgénicas. Ésas y otras medidas similares crearían las condiciones para que el derecho a la alimentación sea efectivo. Programas asistencialistas, como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, son paliativos más orientados a la propaganda que a la solución real de los problemas. A lo largo del país se han desplegado diversos megaproyectos, que van desde autopistas –como en Xochicuatla– hasta el reordenamiento urbano –como las supervías Poniente y Oriente–, y las grandes explotaciones mineras. Estos megaproyectos, ya sean de empresas privadas o del Estado, atropellan diversos derechos, como el derecho a la consulta oportuna, libre e informada, a un ambiente sano, a la vivienda (generalmente, los pobladores son desplazados con 1 mil tretas), al empleo y a la salud. El derecho a la educación no se encuentra en mejores condiciones. Para los hijos de los más pobres continúa siendo apenas una aspiración o un lujo. En la zona metropolitana el ingreso al bachillerato es sujeto a un concurso que excluye a por lo menos 150 mil jóvenes cada año. Señalaba el profesor Hugo Aboites –allá por mediados de 2012, y lamentablemente la situación continúa vigente– que no es justificable que el ejercicio del derecho a la educación y el acceso a los lugares disponibles en los planteles esté sujeto a “un examen cuyos resultados proclaman que unos tienen más derecho que otros”, sino que, como todo derecho, debe garantizarse la igualdad en su ejercicio. Así también, la mal llamada reforma educativa, que pone en manos de las familias el sostén de los centros escolares, reduce la posibilidad de que los niños, niñas y jóvenes mexicanos puedan formarse, adquirir un oficio o profesión y, consecuentemente, obtener un empleo remunerador cuando adultos. Es necesario que el Estado mexicano asuma verdaderamente la obligación que tiene, y destine recursos suficientes para la construcción y ampliación de planteles escolares, así como para la contratación de personal docente de base. Para finalizar, es importante señalar que las contrarreformas laboral, educativa, financiera, fiscal, política y energética,
“Línea” en el caso Aranda Ochoa
“Línea” en el caso Aranda Ochoa 16 de febrero de 2014 Por: CDHFFV Pocos casos constituyen tan claro ejemplo de que es posible mejorar como persona después de haber estado en prisión, como el de los hermanos Aranda Ochoa, quienes han sido defendidos en diversos momentos por organizaciones integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red Tdt). Actualmente, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, es codenunciante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las violaciones a sus derechos al acceso a la justicia, debido proceso e integridad personal, documentadas en este caso. Los hermanos Aranda llevan casi 18 años en prisión, más de dos tercios de su sentencia, por haber sido acusados de un secuestro y de intentar otro; en ambos casos se trató de familiares de políticos de regímenes pasados. Han cumplido en su mayor parte dicha condena, no obstante que ésta haya sido muy cuestionada debido a que está infestada de irregularidades y arbitrariedades, como la desaparición de evidencias, de informes médicos, contradicciones de la parte acusadora, entre otras. Ahora se comete una más al negarles los beneficios de preliberación a los que tienen derecho al cumplir con todos los requisitos que exige la ley, los cuales se ganaron ejemplarmente pese a las adversidades y extremas condiciones de carencia en el reclusorio. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha sido claramente adverso y no ha tomado en consideración dichas anomalías jurídicas, pero sí ha tomado disposiciones que les han perjudicado, por ejemplo, haber cambiado al juez el día de la sentencia de la reposición de procedimiento que ordenó un tribunal federal en 2005. Además, durante 1 año, los inculpados presentaron testimonios de descargo en audiencias en las que no estuvo presente el improvisado juez sustituto. Hayan sido culpables, suponiendo sin conceder, y sólo comprobándose, según se desprende del expediente, que a diferencia de cualquier secuestro mercenario no se habría amenazado con causarle algún daño, no tratándose de un caso de delincuencia organizada, la existencia de un perfil ideológico, el excepcional buen trato, en palabras de la misma presunta plagiada, ya habrían pagado con creces la presunta culpabilidad, como lo demuestran notas técnicas y laudatorias por méritos excepcionales durante su reclusión, rubricadas por las autoridades de todas las áreas penitenciarias. Aún más a sabiendas de que uno de ellos se graduó en la carrera de derecho; el otro, como maestro en Kundalini Yoga, además de obtener 14 premios nacionales de literatura y el Premio al Fomento de la Lectura México Lee 2011, entregado por primera vez a un preso; ha escrito ocho libros aún inéditos y un guión cinematográfico en su reclusión. Ambos han impartido clases ininterrumpidamente en el Centro Escolar del reclusorio. A uno le negaron beneficios al aplicar retroactivamente una ley en su perjuicio, medida claramente inconstitucional; a otro, por haber participado en “pocos cursos”: sólo le validaron 19 de los 82 que acreditó de manera documentada. Sería deseable constatar que no existe línea desde las cúpulas del poder para no conceder beneficios, en general, a los delitos considerados de alto impacto social, máxime que aún no hay legislación que lo prohíba. Entonces, la subrepticia medida sería anticonstitucional, discriminatoria e implicaría castigar dos veces por los mismos hechos, y por ende una grave violación de derechos humanos y a la independencia de jueces y magistrados, a quienes se les obliga, en algunos casos, a firmar resoluciones aberrantes. Con todo esto se manda un pésimo y riesgoso mensaje a las personas que se enfrentan a las desesperantes situaciones en el sistema de justicia mexicano, que por más cursos que tomaran o participaran en actividades rehabilitadoras no se les concederían beneficios que tienen por derecho. Se activa entonces una bomba de tiempo que complica la labor de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, además de ir en contra de los derechos de las personas en reclusión. Más grave aún sería que en un estado de derecho se combatan los actos delictuosos con disposiciones dictadas desde la extralegalidad. En el caso que nos ocupa, la resolución negativa robustecerá la denuncia presentada desde 2013 ante la CIDH, aunado a que sufren hostigamiento constante. Otro aspecto importante es que se falsificó la firma de uno de sus abogados, a fin de pedir la preliberación prematuramente, justo en el momento de un sonado secuestro, queriendo así sabotear la posibilidad de salir de la cárcel. Los hermanos Aranda no sólo han recibido apoyo de organizaciones no gubernamentales, sindicatos u organizaciones políticas de izquierda, sino que internacionalmente lo han tenido de Lawyer’s Committee for Human Rights, que publicó un libro sobre derechos humanos donde el primer anexo es sobre este caso. Asimismo, el Pen Club ha enviado varias cartas a autoridades mexicanas solicitando la liberación de los hermanos Aranda Ochoa y ha dado espacio en sus congresos internacionales a la lectura de poemas de Enrique. Amnistía Internacional, en su investigación Juicios injustos; tortura en la administración de justicia en México, publicada en 2003, tiene entre uno de sus anexos este caso. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 12/2002 por tortura y violación de garantías jurídicas. Aún permanece abierta, después de 15 años, la averiguación previa contra servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sin que se le haya podido dar carpetazo pese a los reiterados intentos, apostándose a una vergonzosa prescripción de los delitos cometidos. ¿Cómo podrían los hermanos Aranda Ochoa defraudar toda la confianza que tantas organizaciones han depositado en ellos? Posibilitar la libertad a que tienen derecho no es únicamente un acto humanitario de elemental justicia, sino que jurídica y éticamente es correcto y conveniente conforme a la razón y el corazón humanos. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada (modificado): Sexta-Azcapotzalco Entradas relacionadas: “Dulce agonía”: epidemia de obesidad y diabetes La “victimización” del Estado y la defensa de los derechos humanos Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas Desarrollo
Violaciones a los derechos humanos en San Pedro Mártir
Violaciones a los derechos humanos en San Pedro Mártir 26 de enero de 2014 Por: Miguel Concha El pueblo de San Pedro Mártir está localizado al Sur de la Ciudad de México. Ha sido una comunidad, desde siempre, que alberga en su interior una profunda solidaridad, que brinda desinteresadamente a movimientos, organizaciones y colectivos sociales que se organizan para defender sus territorios, sus derechos y su dignidad en el Distrito Federal y en el país. San Pedro Mártir es así un testimonio de esperanza, justicia y convivialidad comunitaria urbana. Su proceso organizativo de más de 40 años le otorga además el título de pueblo fraterno, de pueblo hermano. Lamentablemente hoy día sufre graves violaciones a sus derechos humanos. En septiembre de 2011 inició una lucha pacífica contra la imposición ilegal de una gasolinera en su territorio que, entre otras cosas, pone en riesgo los derechos a la vida y a la movilidad de sus habitantes. Para octubre de ese mismo año las y los vecinos instalaron el campamento Ixtliyólotl (“Por la vida y la dignidad”), con la finalidad de impedir su establecimiento. Todo ello con base en las constantes irregularidades que el proceso de construcción implica: en ningún momento se informó a la comunidad sobre dicho inmueble, y cuando lo solicitó, tampoco se le proporcionó información. Sus principales preocupaciones ahora tienen que ver con el peligro que esta gasolinera le acarrea y con los daños al medio ambiente que ocasionaría; así como el nulo proceso de participación de sus habitantes para elegir y opinar sobre el modelo urbano que más les beneficiaría en su territorio. Las autoridades, por el contrario, han privilegiado los intereses económicos de empresas dedicadas, en este caso, a la distribución de gasolina, y no titubean en aplicar la ley a personas que a su juicio son incómodas y se oponen al “desarrollo de la Ciudad”. Así lo constatamos el pasado 25 de diciembre, cuando alrededor de las 6 y media de la mañana, aprovechando las circunstancias especiales de asueto de esa fecha, fue sorpresivamente desalojado el campamento con extremo y excesivo uso de la fuerza pública, sin mayor argumento que el de “ocupan un espacio privado”. El despliegue de granaderos ascendió a más de 500 elementos, lo cual deja entrever la colusión entre el gobierno de la delegación de Tlalpan y el gobierno central del Distrito Federal para beneficiar a la empresa CorpoGas. La defensa de los vecinos no ha sido sólo a través de actos pacíficos de resistencia. También tiene un componente jurídico. Han ganado varios juicios relacionados con los permisos ilegales de construcción de la gasolinera. Las instancias judiciales les han dado razón favorable a sus demandas, pues se ha demostrado cómo las autoridades permitieron indebidamente la construcción, violando, entre otros, el uso de suelo y las normas ambientales. Los tres juicios iniciados por las y los habitantes dan cuenta de ello. En este momento aguardan la resolución de un amparo interpuesto en contra de una resolución que benefició a la empresa gasolinera, sin que los impartidores de justicia hayan ido al fondo del asunto. Ahora al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, encargado de administrar justicia en los casos en donde haya controversias entre personas físicas y morales, y las autoridades de la administración pública y paraestatal del Distrito Federal, le toca resolver este caso, que esperamos sea a favor de los derechos humanos del pueblo de San Pedro Mártir. De lo contrario quedará más al descubierto la descomposición institucional por la que pasan los órganos encargados de garantizar los derechos de las personas y de los colectivos. Este caso es uno más de los tantos que se presentan hoy en el Distrito Federal. En cada uno de ellos es evidente que el desarrollo de la Ciudad se hace conforme a los intereses económicos de unos cuantos, dejando de lado el derecho colectivo que las y los habitantes de determinado territorio tienen para ser consultados y elegir qué modelo de ciudad es adecuado y conforme a una vida de calidad, digna y sustentable. El Gobierno del Distrito Federal incurre constantemente en conflictos de este tipo con personas que por décadas han habitado ciertas zonas. Casos emblemáticos hay muchos. Por ejemplo, el de la Supervía Poniente, que violentó múltiples derechos de personas en la delegación La Magdalena Contreras. También el de la Arena Ciudad de México, y en últimas fechas el que existe entre habitantes del Oriente de la Ciudad y la administración central, debido a la construcción de la Autopista Urbana Oriente. El caso de San Pedro Mártir es otro de ellos. Sin duda se han venido diluyendo poco a poco los compromisos que los gobiernos de la Ciudad habían venido haciendo con sus habitantes. En el gobierno de Marcelo Ebrard se logró la firma de una Carta por el Derecho a la Ciudad, la cual contiene los lineamientos necesarios para transitar hacia una ciudad democrática, con justicia, garantía de nuestros derechos humanos y conforme a la responsabilidad ambiental. Ahora vemos cómo ese cometido se hace a un lado. El derecho a la ciudad sigue siendo, sin embargo, impulsado por movimientos sociales, en respuesta al erróneo desarrollo de ciudades basado simplemente en la lógica del mercado, el lucro y la acumulación del capital. Este derecho exige considerar a la Ciudad como un espacio en el que las personas satisfagan sus necesidades vitales, en el que no sea suficiente conformarse con lo que ya está, sino por el contrario transformarlo radicalmente y crear nuevas propuestas urbanísticas en beneficio de una vida digna para las comunidades, y no tanto para los intereses económicos de unos cuantos. Este derecho protege a las personas y colectividades de violaciones a su dignidad. Combina derechos económicos, políticos, sociales, civiles, culturales y ambientales sobre la base del interés común en proclamar nuevas formas de convivialidad en la Ciudad, que hallan relación con la sustentabilidad, la democracia y el desarrollo económico. Así como con propuestas vinculadas a la reproducción y gestión del hábitat, el manejo responsable de los bienes comunes, el disfrute
Por un manual de herramientas jurídicas para la defensa de los DESCA
Por un manual de herramientas jurídicas para la defensa de los DESCA 05 de enero de 2014 Por: José de Jesús Palacios Serrato El derecho (las leyes, la doctrina, los principios, la jurisprudencia, etcétera) es innegablemente un producto social; pero, como todo producto social, no surge en masa de toda la sociedad, sino de un proceso que refleja las diferenciaciones y tensiones de la misma. Es innegable también que el derecho ha sido elaborado tradicional y principalmente desde sectores que han detentado el poder político y económico, el cual se ha ido modificando por la inevitable manifestación de intereses de otros grupos, como los sindicatos, estudiantes o campesinos. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) son un terreno jurídico que se ha ganado mayormente por movimientos sociales que reafirman y buscan el reconocimiento de la dignidad humana y de condiciones mínimas para vivir una vida digna y justa, es decir, no han sido concesiones gubernamentales sino el resultado de tensiones entre un pueblo cada vez más oprimido y gobiernos cada vez menos transigentes. En el año que recién concluyó, además de ser testigos de un embate cínico, cruel y progresivamente más contundente contra los derechos y las condiciones de vida digna de las personas, vemos que la defensa de los DESCA resulta estratégica y urgente. Desde una organización como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria vemos con preocupación cómo se va dilapidando de manera acelerada la calidad de vida de las personas. Las abogadas y abogados de las organizaciones defensoras de derechos humanos hemos tenido que valernos de herramientas jurídicas que se han diseñado para defender múltiples derechos, pero que en la práctica sirven más bien para obstaculizarlos, o bien hemos tenido que enfrentarnos a imposibilidades de defensa por carecer de herramientas eficaces. También, muchos de los movimientos sociales y personas víctimas de alguna violación a sus derechos se han visto atadas de manos por la carencia de herramientas jurídicas, por las carencias técnicas de quienes los asesoran, por los entresijos y vericuetos de las figuras jurídicas o por la dificultad léxica que representa el discurso del derecho. Sin duda alguna, igualmente nos hemos enfrentado a las cargas ideológicas del derecho, a que algunas sentencias son tendenciosas y son expresamente resultado de intereses particulares que no se identifican con los intereses de las comunidades. Esta situación hace que percibamos el derecho como algo que sólo sirve a quienes poseen el poder económico y político, un arma de dominación y de opresión, que es ineficaz, inservible, que poco abona a las luchas populares, que poco hace por eliminar desigualdades… En pocas palabras, que el derecho les pertenece a otros. Ante esta preocupación surge la necesidad de que sean los movimientos, los intereses de los trabajadores, de las madres y padres de familia, de los estudiantes, quienes se apropien del derecho, que lo construyan y le den sus propios contenidos, sus propios significados. Los DESCA son derechos estratégicos. Su defensa y promoción es un asunto que debe importar tanto a los gobiernos como a la sociedad, puesto que por medio de estos derechos se fincan las condiciones dignas para que las personas puedan vivir de manera armónica, decorosa y justa. Además, al ser derechos que están íntimamente relacionados con la producción material de la vida, son derechos sumamente importantes y, en particular, delicados. Tal vez por esta razón sean los derechos que están detrás de las más variadas luchas y manifestaciones de la sociedad, la cual en su actuar disputa su exigibilidad legal y política, y su defensa judicial (judiciabilidad). La política de violación, opresión y saqueo ha minado las certezas jurídicas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que se traduce en que sea cada vez más complicado exigir su cumplimiento, o exigirlos legítimamente a pesar de las obligaciones estatales de protegerlos, promoverlos, respetarlos y asegurarlos y de que se cumplan bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. En el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria estamos conscientes de este contexto y de estas necesidades y urgencias, y hemos pensado en recoger algunas experiencias de académicos, funcionarios, jueces y magistrados, defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales y víctimas de violaciones para la defensa de los DESCA, y nos hemos dado a la tarea de elaborar un Manual de herramientas jurídicas para la defensa de los DESCA que sirva como un paso en esa constante lucha por el derecho y por el reconocimiento de la dignidad de las personas. Este Manual será presentado este 7 de enero de 2014, y será motivo de mucha alegría para quienes participamos en él, pero también una responsabilidad para su formulación y refinamiento, pues se hizo pensando no en la dinámica que ha seguido el derecho constantemente, sino bajo la idea de que el derecho pueda servir para las causas populares, para las luchas sociales de los excluidos, de los pobres, de los vulnerados sistemática e históricamente. Sabemos que hay diferentes mecanismos para hacer exigibles los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pueden ser jurisdiccionales (que son los recursos legales establecidos en tratados internacionales, reformas, leyes, reglamentos, etcétera), o no jurisdiccionales (como las marchas, los plantones, las denuncias, el activismo artístico, etcétera). Todos pueden ser eficaces o combinarse para lograr una defensa integral; quizá algunos grupos sociales han encontrado más capacidad en algunos en comparación con otros; sin embargo, lo que buscamos recoger con este Manual son las herramientas que nosotros vemos más eficaces –o que podemos volver más eficaces– y que sirva como guía, no como la verdad absoluta e inamovible. El Manual responde a la necesidad de aclarar el derecho, construir otra justicia y reinterpretar o reformular las leyes en favor de los derechos humanos, a favor de las personas que, por siglos, no han sido escuchadas, las personas que han sido el objeto de la depredación y la injusticia. Los criterios que le dieron origen a este documento son, por un lado, las posibilidades que representa la reforma constitucional en
2 de octubre, deberes incumplidos
20 de octubre de 2013 Por: Miguel Concha No puedo iniciar este artículo sin señalar que el 2 de octubre es una fecha significativa para el país. La matanza de Tlatelolco en 1968 no se olvida, como tampoco el movimiento crítico y consciente que surge en su contexto. Sin embargo, podemos constatar con desazón que la justicia no ha llegado todavía para las víctimas de esa grave violación a los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos. Hasta entonces, nos corresponde a nosotros no sólo seguir exigiendo la verdad, el reconocimiento histórico de las víctimas (que la misma sociedad ha hecho gracias a su investigación sobre el pasado), la sanción de los responsables y, sobre todo, un cambio en el accionar de las autoridades frente a la protesta social legítima, que deje atrás los actos barbáricos y represivos ajenos a un modelo democrático de gobierno. Lamentablemente esto último está muy lejos de ser cierto, y fue otro triste 2 de octubre cuando las autoridades capitalinas volvieron a mostrar que la violencia por parte del Estado, la represión y la falta de capacitación y de respeto a la ley por parte de los cuerpos de seguridad son una realidad. Dicho esto, es tiempo de pasar a analizar los sucesos del 2 de octubre pasado. La marcha originalmente estaba programada para comenzar en la Plaza de las Tres Culturas y culminar en el Zócalo capitalino. Poco a poco se juntaron diversos contingentes en la Plaza de las Tres Culturas y a las 4 de la tarde, aproximadamente, comenzaron a caminar. En el trayecto por el Eje Central se comenzó a observar una fuerte presencia de granaderos y elementos de la policía bancaria e industrial. De igual forma, se comenzaron a notar grupos de personas vestidas de civil que acompañaban a estos cuerpos de seguridad. En algunos puntos de la marcha se incorporaron también grupos de los así llamados “anarquistas”, algunos de los cuales portaban instrumentos que pudieron ser usados como armas. Ante la imposición oficial de impedir la entrada al Zócalo, que por cierto estaba también resguardado por fuerzas federales, los manifestantes decidieron continuar su marcha rumbo al Monumento a la Independencia (el Ángel), suscitándose enfrentamientos en puntos como Avenida Hidalgo y el Paseo de la Reforma. Estos hechos requieren de un severo análisis, toda vez que a pesar de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con motivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas el 1 de diciembre de 2012, fuimos testigos de nueva cuenta de una serie de omisiones y acciones de las autoridades que constituyen nuevas violaciones, como la falta de previsión y preparación frente a una marcha de tal magnitud, detenciones ilegales, abusos y uso desproporcionado de la fuerza. Vimos cómo la policía, frente a un grupo de gente que la agredía, arremetió con violencia en contra de numerosos grupos de civiles, defensores de los derechos humanos que actuaban como observadores, y reporteros que cubrían el evento. Las imágenes que se presentan en los medios son contundentes: policías que agredían a familias que se refugiaban en un estacionamiento; presuntos policías vestidos de civil, y, contrariamente a lo que la normatividad establece, sin estar debidamente identificados, golpeando y deteniendo a jóvenes; granaderos arrojando piedras y golpeando con su casco a gente que buscaba refugio en tiendas y comercios, y elementos de esos cuerpos agrediendo a reporteros y defensores de derechos humanos, como los compañeros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes fueron golpeados mientras documentaban una agresión. Los hechos de los que hablo no pueden negarse, toda vez que están documentados y circulan en las redes sociales. Los hechos del pasado 2 de octubre deben analizarse con sumo cuidado. Estamos asistiendo a un patrón que se ha repetido con frecuencia en las expresiones sociales del último año. Y así como se debe esclarecer el origen, motivos, causas e intenciones de ciertos grupos que con acciones violentas demeritan manifestaciones legítimas, también es cierto que no queremos otro 1968. No queremos que el Estado tenga como único recurso frente a estos complejos problemas la respuesta punitiva y la consecuente falta de visión y de capacidad política para dialogar con los grupos o, en su caso, prever estos sucesos. Es lamentable que se hayan cometido delitos en contra de elementos de los cuerpos de seguridad poniendo en riesgo incluso su vida. Pero esto no puede tener como consecuencia la justificación del uso intempestivo, irracional y desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes. De igual forma, es lamentable que estos sucesos desplacen a un segundo plano en la atención pública nacional, los actos y demandas que tuvieron como objeto conmemorar a las víctimas de uno de los sucesos más vergonzosos en la historia del país. Debemos seguir exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los actos sucedidos tanto el 2 de octubre de 1968, como el 2 de octubre de 2013. *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Marysol*
