Reconocimiento internacional en derechos humanos

Reconocimiento internacional en derechos humanos 29 de septiembre de 2013 Por: Miguel Concha El pasado 10 de septiembre, las 73 organizaciones mexicanas que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) recibieron en la Universidad Alcalá de Madrid el V Premio Rey de España en Derechos Humanos. El premio se otorga bienalmente y cabe destacar que, entre las 55 candidaturas internacionales postuladas, el jurado decidió otorgarlo por unanimidad a la Red TDT de México. El galardón es desde luego un referente en los reconocimientos en derechos humanos, pero, más allá de ello, permite visibilizar el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional, y potenciar su presencia y voz crítica entre muchos países. Hace visible también la lucha que día a día realizan hombres y mujeres para defender la dignidad humana mediante la defensa y promoción de distintos derechos. A casi 1 año de la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto, la situación de los derechos humanos en el país no ha mejorado. Claro ejemplo de ello es la nueva jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que limita indebidamente los derechos humanos estipulados en la normativa internacional si estos llegaran a contradecir algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un hecho que ciertamente representa un grave retroceso y hace preguntarse dónde quedó el logro de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011; o la serie de reformas propuestas que en algunos puntos atentan contra los derechos de la población y de la nación, y la crisis generalizada de violencia y seguridad que permanece en el país. Sin embargo, las ambiciosas campañas publicitarias que han emprendido tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados para maquillar la imagen de la violencia no serán suficientes para borrar de la gente la herida que le ha sido infligida. Frente a este panorama nada prometedor, el colectivo de organizaciones agrupadas en la Red TDT sigue trabajando para construir un país diferente. Y no obstante la adversidad y los obstáculos que enfrentan los grupos y las personas que la integran, México sigue siendo un país afortunado por contar con gente que trabaja por la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, o que enfoca su labor en apoyo a comunidades indígenas para proteger sus tierras y sus territorios. Gente también que acompaña a las familias de las personas desaparecidas en el tortuoso camino por encontrarlas, y en su lucha por la verdad y la justicia, así como en la lucha contra la impunidad en los casos de feminicidios; o bien organizaciones que están junto a las mujeres en su esfuerzo por erradicar las violencias que padecen, buscando además nuevos modelos de relaciones entre géneros, intentando superar el sistema patriarcal opresor. Es de suma importancia mencionar también los esfuerzos de otras que promueven los derechos humanos de las juventudes, procurando empoderarlas, para que puedan defenderse contra la criminalización y la discriminación. Y la labor sostenida por diversos colectivos en la defensa de presos políticos, en las denuncias de tortura, de detenciones arbitrarias o de ejecuciones extrajudiciales. O bien la fortaleza que otras tienen en la defensa de los derechos de las personas migrantes, ya sea en albergues, o documentando y defendiendo jurídicamente sus casos. Sin olvidar el posicionamiento para exigir el reconocimiento de los derechos de las poblaciones callejeras, o el acompañamiento a trabajadores y sindicatos en la exigencia de sus derechos laborales. Debe mencionarse igualmente la denuncia de la explotación sexual y la trata de personas, o la necesaria promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como la exigencia de los derechos de las niñas y niños, los de las personas adultas mayores, o los de las personas con discapacidad. Sin dejar de subrayar la lucha contra los efectos negativos de la minería, o la denuncia del incremento de la criminalización de la protesta social. Y aquí cabe preguntarse: ¿desde cuándo señalarle sus faltas al Estado se ha convertido en México en un delito? Estas personas y estos temas son sólo un corto abanico de la inmensa labor que llevan a cabo las organizaciones que son parte de la Red TDT. Son personas y grupos que están dejando huella en la historia del país, aunque no vayan a ser mencionadas en los libros de historia. No está por demás recordar que muchas de ellas han sido blanco de ataques descalificativos de su labor, y ello porque en muchas ocasiones apuntan hacia la autoridad o institución que está siendo omisa o cómplice en las violaciones de los derechos humanos. Y qué mejor que existan colectivos que sigan su camino de lucha y de esperanza en un México que ha quedado manchado con sangre, y con gobiernos que no se comprometen seriamente con los derechos humanos. Con presencia en 20 estados de la República, y algunos con más de 20 años de existencia, los grupos y colectivos que integran la Red TDT se mantienen firmes en continuar por convicción su lucha, pero sobre todo por el interés de colaborar en la construcción de un país más habitable para todas y todos, no obstante la adversidad y la impunidad con las que intentan acallar su voz. Este V Premio Rey de España de Derechos Humanos es un reconocimiento a la articulación de las organizaciones de derechos humanos en México y a sus esfuerzos conjuntos por defenderlos y promoverlos en el país, pero también a un espacio de convivencia, análisis, solidaridad y apoyo entre defensores y defensoras de derechos humanos. No basta un reconocimiento en el nivel internacional. Es urgente un reconocimiento nacional para quienes han elegido como compromiso de vida la defensa de la equidad, la justicia, la libertad, al final de cuentas la (…)   *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Javier Rubilar Entradas relacionadas: Por un manual

Estado mexicano, a juicio en el Tribunal Permanente de los Pueblos

Estado mexicano, a juicio en el Tribunal Permanente de los Pueblos 23 de septiembre de 2013 Por: Miguel Concha En la actualidad, el descrédito de las instituciones crece de manera exponencial. Las y los ciudadanos están retomando las calles para cambiar las condiciones de desigualdad y precariedad. Los espacios públicos, los medios de comunicación alternativos y otras modalidades de expresión colectiva hacen visibles las demandas de los pueblos ante gobiernos que responden a un sistema económico que despoja la vida en todas sus formas. América Latina es hoy una muestra viva de lo que las movilizaciones sociales llevan a cabo para resistir los embates del sistema capitalista. El Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado La protesta social en América Latina y publicado en 2013, refleja que en el continente existen severas rupturas institucionales y crisis en materia de gobernabilidad democrática, como fue el caso del golpe de Estado en Honduras en junio de 2009. El estudio destaca, sin embargo, que este tipo de tensión, que alcanza un nivel máximo de radicalización y crisis de gobernanza, no ha sido la norma en la región durante los últimos años. La mayor parte de las protestas sociales incluyen, entre otras formas, declaraciones, manifestaciones y huelgas. También menciona que las “principales demandas suelen abarcar desde temas de salud, trabajo y educación, hasta cuestiones de derechos humanos y ecológicas, como el control de los recursos naturales”. Ante el cansancio de diversos sectores oprimidos y excluidos por un sistema tan desigual y violento, nace desde la ciudadanía un espacio de organización que juzga a los Estados denominado Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Quien lo impulsó en un primer momento fue el abogado italiano Lelio Basso, que decidió generar distintas acciones en favor de los pueblos oprimidos, pues en la historia de la humanidad se han presentado múltiples ejemplos de situaciones en las que el Estado y el derecho son puestos al servicio de intereses sectoriales. Y ya que la experiencia de muchas luchas ha sido que el derecho y la justicia no pueden ser confiados a los órganos del Estado, se vio la necesidad de generar un tribunal independiente que pueda atender el sufrimiento de los pueblos en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo en cuenta que uno de los actores involucrados en las injusticias es el sector empresarial. El TPP se originó gracias a la experiencia del Tribunal Russell, que analizó las dictaduras militares en Latinoamérica y juzgó los crímenes de los estadunidenses en Vietnam. El Tribunal Permanente de los Pueblos nació formalmente en 1979 y sus fundamentos se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel, de 1976; en los Archivos del Proceso de Núremberg; los Acuerdos sobre Derechos Humanos de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (consultado en “Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos”, www.tppmexico.org/que-es-el-tpp/, 4 de septiembre de 2013). Éste se define como “un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos; determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones”. Está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral, provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos (ibídem). El TPP en su Capítulo México nació en 2011 en el Auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se entregó formalmente la petitoria a la Secretaría General del Tribunal. Los temas centrales son: libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Su objetivo es evidenciar la situación de violencia estructural que impera en nuestro país, cuya raíz se identifica con la firma de numerosos tratados de libre comercio. Intenta, además, desnudar los mecanismos de simulación y desvío de recursos generados por el Estado mexicano para mantener su política económica. La importancia de este Tribunal radica en que, a través de ejercicios de documentación y de las herramientas de los derechos humanos, se evidencian las violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de los sectores sociales más oprimidos, así como a los agentes perpetradores de esa violencia estructural. El TPP en México está constituido por siete audiencias temáticas: 1. Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; 2. Migración, refugio y desplazamiento forzado; 3. Feminicidio y violencia de género; 4. Violencia contra las personas trabajadoras; 5. Violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía; 6. Devastación ambiental y derechos de los pueblos; y 7. Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. El TPP propone “construir una tribuna abierta a las participación de decenas o cientos de miles de víctimas agraviadas por políticas neoliberales de libre comercio” (Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, boletín número 1, octubre de 2011, página 23). Cada audiencia está integrada por víctimas y organizaciones que acompañan los procesos. El objetivo es llegar a una audiencia final con jueces internacionales que se efectuará en 2014, en la que se juzgará al Estado mexicano por las violaciones cometidas hacia la población en su conjunto y específicamente en los casos documentados que se le presenten. Durante este año ya se han venido realizando preaudiencias y audiencias temáticas finales. El 28 y 29 de agosto pasados se llevó a cabo la preaudiencia Represión por Motivos Políticos, una Estrategia Permanente del Estado Mexicano, y Eje de Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. El cuerpo de jueces emitió un dictamen sobre los 12 casos presentados de manera individual y colectiva. En términos generales se señala la existencia de diversos mecanismos de represión política utilizados por el Estado mexicano con la finalidad de acallar, desmovilizar e invisibilizar las expresiones populares que luchan por el ejercicio libre y la defensa de los derechos humanos. Cuatro puntos fueron los que se concretaron en dicho dictamen: 1. En la mayoría de los casos presentados

En solidaridad con Alberto Patishtán

En solidaridad con Alberto Patishtán 21 de julio de 2013 Por: Miguel Concha Alberto Pathistán es un profesor indígena tzotzil comprometido con la causa de las y los más pobres de este país. Es una persona que desde prisión ha sembrado esperanza y resistencia en medio de un sistema judicial injusto e insensible. Su caso es conocido por muchas personas a nivel nacional e internacional. México entero debería exigir la libertad incondicional de este compañero indígena injustamente preso.   Hace 13 años fue recluido en las celdas del Centro Federal de Readaptación Social El Amate, y ha sido traslado a cinco diferentes reclusorios. Muchos de estos traslados pretendían alejarlo de su comunidad y su familia, que radica en Chiapas. De manera intencionada se le ha querido distanciar de su pueblo, que desde fuera le apoya y presiona a las autoridades para que sea liberado. El pueblo tzotzil sabe que el Profesor, como lo conocen, fue condenado a 60 años de prisión sin justificación y sin pruebas contundentes. Sabe además que se le fabricaron delitos que no cometió. Alberto Patishtán Gómez fue encontrado culpable, según las autoridades, y se le acusó por presuntas faltas relacionadas con lesiones, homicidio calificado, robo, daños, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y de violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Acusaciones que con el paso de los años han sido revertidas, y se ha demostrado que las pruebas son falsas y que los testigos mintieron. No omitimos mencionar que de fondo hay un conflicto político.   Hace 13 años el Profesor participaba en la denuncia comunitaria que hacía evidente que el presidente municipal de su comunidad se beneficiaba personalmente de los recursos públicos. La comunidad se organizó y emprendió un proceso de lucha social, exigiendo la destitución del entonces titular de la presidencia municipal. Patishtán, al igual que muchas más personas, exigía justicia y castigo a la corrupción. En este contexto se le acusa de emboscar una patrulla de la policía, donde siete personas perdieron la vida y resultó herido el hijo del presidente municipal.   El proceso jurídico que ha vivido el hermano Patishtán ha sido duro y largo, pero sobre todo injusto, ya que se le sentenció a pesar de presentarse pruebas que dan cuenta de que en el momento de la emboscada el profesor indígena se encontraba en una reunión con maestros de la zona escolar de Huitiupán. Todas y todos sabemos que el caso Patishtán pone al descubierto la situación tan injusta que viven muchas de las personas presas al interior de las cárceles en Chiapas. Más grave aún es que nos muestra que existen casos de personas inocentes purgando penas crueles y en condiciones inhumanas. Pero también es cierto que esta lucha nos comparte la fuerza espiritual descomunal de Alberto, pues aun estando en reclusión fundó un colectivo de presos políticos, La Voz del Amate, que de manera pacífica exigen su libertad y desde allí tejen solidaridad de muchas personas que hacen llegar cartas al profesor y al colectivo desde diversas partes del mundo. En las próximas semanas las instituciones del Poder Judicial de este país deberán resolver el caso.   El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, decidirá si el profesor permanece preso o se le otorga libertad inmediata. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no reasumir su competencia en el caso, pues argumentó que éste no resulta trascendental, y que no se han incorporado “argumentos novedosos”. A nuestro juicio, y el del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la resolución de la SCJN constituye una denegación del derecho humano al acceso a la justicia de miles de personas cuyos procesos estuvieron colmados de irregularidades. Así de injusto es el proceso en contra del profesor Pathistán. Existen elementos contundentes que dan cuenta de las violaciones al debido proceso y al derecho de acceso a la justicia. Y sin embargo, a pesar de esto se le dictó una sentencia de 6 décadas de prisión. No tenemos reparo en asegurar que en este caso se configuran graves violaciones a los derechos humanos del profesor, pero también de las comunidades indígenas de nuestro país.   México tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios. El sistema de justicia actual discrimina estructuralmente a las personas pertenecientes a alguno de estos pueblos: juzga a quien no debe juzgar y encarcela a personas inocentes. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformado por más de 70 organizaciones de derechos humanos en el país, respalda en su conjunto la exigencia de libertad inmediata para el profesor, y exige a las autoridades implementar las acciones necesarias para atender y resolver este caso lo más pronto posible. De hecho el caso del profesor es parte de la campaña Defendamos la Esperanza, impulsada por la misma Red TDT, que da cuenta de experiencias ejemplares de defensa y promoción de los derechos humanos en México. Es urgente nuestra solidaridad con todas las personas presas de manera injusta.   Patishtán se ha convertido para muchas personas en un guía de cómo defender los derechos humanos privado injustamente de su libertad. Durante todos estos años de encarcelamiento se ha desempeñado además como un ministro fervoroso de la Iglesia, acompañando con fe y esperanza a quienes como él han sufrido las consecuencias del deficiente y violento sistema penal. Asimismo, ha liderado y participado en innumerables huelgas de hambre y jornadas de ayuno. Combina la defensa de la dignidad de su pueblo y de las personas con la meditación y puesta en práctica de textos de la Biblia, fortaleciendo así sus trabajos por la paz y la justicia. A pesar de saber que las condiciones en las que se encuentra su caso son difíciles, Patishtán busca la mejora de las condiciones en las que están sus compañeros de prisión. Ha roto con el miedo, y ahora resiste los embates de un sistema

Participación ciudadana, democracia y gobernanza

Participación ciudadana, democracia y gobernanza 26 de mayo de 2013 Por: Miguel Concha El grado de complejidad de las sociedades contemporáneas requiere del concurso de los diversos actores sociales y de la ciudadanía para la regulación de la vida social. De aquí que la legitimidad de un gobierno democrático y la eficacia de sus funciones dependan hoy, en buena medida, de su capacidad de concertación con los distintos grupos de la sociedad y de su capacidad para garantizar a éstos su condición de ciudadanos.  Los avances en la gobernabilidad pasan por reformular y democratizar la relación entre el gobierno y la sociedad, y por propiciar medidas tendientes a instrumentar o formalizar diversas mediaciones y procesos de interlocución a través de: 1) mecanismos abiertos de relación con los distintos sectores de la sociedad; 2) mecanismos innovadores para la gestión de las demandas sociales; 3) una política de inclusión e interlocución con los actores sociales en los procesos de decisión pública; y 4) el diseño e impulso de distintas formas de representación de la sociedad civil.  Como explicaron las analistas Lucía Álvarez y Laura Becerra en su ponencia “Participación ciudadana en México” (2010), la participación ciudadana es componente esencial de la construcción democrática porque: 1) fortalece, legitima al gobierno y contribuye a la eficacia de su desempeño; 2) interviene en la funcionalidad de la gestión pública y otorga mayor legitimidad a las políticas públicas; 3) amplía el espectro de la representación de la pluralidad social; 4) es una vía que propicia la inclusión de los intereses sociales en la agenda pública; 5) involucra a la ciudadanía en los procesos decisorios y en la regulación de la vida pública; y 6) valida la función de la sociedad civil y contribuye a su fortalecimiento. Gracias a la lucha por la exigibilidad y reconocimiento de los derechos humanos en México, en las últimas décadas hemos observado un relativo avance cuando se habla de participación ciudadana y democracia. Sin embargo, aún persisten sectores en los que la visión de la democracia se identifica exclusivamente con los procesos electorales y acciones específicas directas o indirectas de representación en el gobierno, como la elección libre de representantes y gobernantes, el derecho a votar y ser votado o tener acceso a los cargos públicos. Esto se debe a que durante muchos años las estructuras gubernamentales han promovido la participación ciudadana como algo meramente electoral y procedimental.   Empero, la sociedad civil ha pugnado por un proceso social y político encaminado a transformar las condiciones en las que se ejercen sus derechos. Y los espacios de participación ganados, incluso en la legislación, provienen generalmente de una exigencia social y no de la voluntad política de los gobernantes; ni de un dispositivo institucional que los propicie, los cuales, cuando ya están formalmente establecidos, como es el caso del Distrito Federal, poseen un carácter meramente consultivo, y su eficacia y funcionamiento está a merced de la buena voluntad de los funcionarios. Por ello es necesario que se establezcan mecanismos orientados a garantizar a los ciudadanos su participación permanente en los procesos decisorios y en la regulación de la vida pública.   Como lo comenté en el Foro sobre Gobernabilidad, Seguridad y Participación Ciudadana, de la Consulta sobre el Plan General de Desarrollo del Distrito Federal (2013-2018), en la Ciudad de México es posible mencionar algunos esfuerzos en los que la participación ciudadana y social incide en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Las reformas constitucionales de 1993, así como aquellas introducidas en el diseño del gobierno a partir de 1994, marcaron una etapa en la organización política y jurídica de la capital. Las elecciones de 1997 fueron la muestra, pues por primera vez los habitantes de la capital pudieron elegir libremente a sus autoridades locales. Más adelante, con la realización del plebiscito, se puso de manifiesto el reclamo ciudadano de democratizar el gobierno en la Ciudad de México. Posteriormente, la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal marcó una etapa fundamental de este proceso, al articular a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil en la elaboración, ejecución, institucionalización legal, seguimiento y evaluación de una política pública. La participación ciudadana en la elaboración de los planes generales de desarrollo representa una oportunidad para avanzar en un nuevo sentido de la gobernanza, a condición de que los encargados de elaborarlos tomen en cuenta las propuestas de los distintos sectores de la población involucrados y las conviertan en objetivos, metas y acciones institucionales. En México, los movimientos sociales han promovido la participación activa de la sociedad como un derecho a participar en el ejercicio de la toma de decisiones, han ayudado a generar mecanismos de exigibilidad de sus derechos y han logrado demandar y construir una vida digna para todas y todos. En el caso de la Ciudad de México han conseguido abrir formalmente espacios de participación en los que la ciudadanía tiene voz e incluso algún peso en la toma de decisiones.   Ello no obstante, aún se identifican varios retos y desafíos. El principal es que con dicho proceso no sólo se busque una mera pantalla para legitimar a las autoridades, sino que sus resultados y ejecución contribuyan de hecho a la eficacia del desempeño del gobierno. Otro de los retos será lograr la construcción de una metodología que permita dar seguimiento y evaluar las fases de ejecución. En tal sentido, es también necesario garantizar a la sociedad un sistema eficaz de acceso a la información y de rendición de cuentas, ya que una sociedad mejor informada tiene más herramientas para fundamentar sus exigencias, y que éstas ejerzan un contrapeso indispensable frente al gobierno, puesto que una verdadera democracia busca que exista un mejor equilibrio de poder en la toma de decisiones en beneficio de toda ciudadanía respecto a las acciones gubernamentales.   *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada:

México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 01 de abril de 2013 Por: Miguel Concha La crisis de los derechos humanos en México se ha generado a partir de la ausencia del estado de derecho en varias regiones del país. La política de militarización y guerra iniciada en la pasada administración se ha extendido en la actual y se ha radicalizado ante la falta de compromisos claros por reforzar un sistema respetuoso de los derechos humanos. La elevada actividad, ausente de controles en el uso de la fuerza pública por parte de policías y militares, ha seguido generando abusos contra los derechos humanos. El gobierno ha vuelto a señalar que los principales responsables de la violencia son los grupos al servicio del crimen organizado, aseveración con la que elude la responsabilidad de sus agentes de seguridad. El reconocimiento constitucional de los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales y del principio propersona han sido puestos en riesgo a partir de que legisladores emanados del Partido Revolucionario Institucional presentaron, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, sus intentos de contrarreformas. La finalidad de esos retrocesos tiene precisamente como principal objetivo restringir la aplicación de los instrumentos internacionales más protectores de la persona. El diputado responsable de la primera iniciativa, Francisco Arroyo Vieyra, al atender al reclamo social de no legislar regresivamente, señaló que no defendería el proyecto que había presentado el pasado 3 de enero. Sin embargo, no lo desdijo ni lo retiró. Por su parte, la propuesta del senador Raúl Cervantes hecha el 5 de marzo pasado, al igual que la anterior, restringe la posibilidad de reconocer los derechos consagrados en los instrumentos internacionales en beneficio de las personas cuando sus garantías se antepongan a las reconocidas en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   Sin embargo, y contrariamente a la apuesta de los legisladores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Silva Meza, señaló, frente a representantes del Internacional Crisis Group, que las recientes reformas en materia de derechos humanos y amparo buscan acabar con la impunidad y la inseguridad.   Es cierto, México es un país donde la impunidad e inseguridad son condiciones de vida que se acentúan en virtud de la falta de perspectivas de derechos humanos en la institucionalidad estatal. El respeto y garantía de derechos, el acceso a la justicia, el debido proceso, la no discriminación y la reparación del daño han estado ausentes en muchos casos de víctimas. Es este sistema de impunidad el que ha obligado a defensores y defensoras de derechos humanos a accionar sistemas judiciales alternos al mexicano, para encontrar en instancias supranacionales el resarcimiento de la dignidad humana.   Por ello, ante gestiones de la sociedad civil, el pasado 14 de marzo el gobierno mexicano fue convocado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, para celebrar seis audiencias sobre el acceso a la justicia, y la garantía y justiciabilidad de los derechos humanos en el país. Los temas abordados fueron los casos denominados como “Digna Ochoa y otros” y “Mariana Selvas Gómez y otros”, así como los llamados “Derecho a la privacidad, víctimas de delitos y personas bajo responsabilidad del Ministerio Público”, “Prioridades en materia de derechos humanos y armonización legislativa en México”, “Situación general de derechos humanos en México”, y “Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas rarámuri y tepehuán en la Sierra Tarahumara de Chihuahua”.   En la audiencia relativa al caso “Digna Ochoa y otros”, las organizaciones civiles de derechos humanos solicitaron a la CIDH que dictara su admisibilidad, en virtud de haberse ya agotado las instancias en la justicia mexicana. El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló que la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa fue realizada con sesgo y parcialidad, que al final resultó ineficaz. Como se sabe, la muerte de Digna Ochoa ocurrió, según la autoridad, por suicidio el 19 de octubre de 2001. Esto, no obstante que la familia ha reiterado que la defensora fue asesinada, al dejar entrever que el riesgo que se corre al defender los derechos humanos es la causa de su muerte.   Por los hechos ocurridos el 3 y el 4 de mayo de 2006 en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, en los que se registraron graves violaciones a los derechos humanos de personas por su derecho a ejercer la defensa de su tierra y la protesta social, 11 víctimas de tortura sexual (Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cueva Jaramillo) solicitaron también audiencia ante la CIDH. Durante el desarrollo de la misma se expusieron los hechos y agresiones de que fueron víctimas por parte de policías municipales, estatales y federales, así como por las omisiones del gobierno para investigarlas y hacerles justicia. En la misma sesión, la representación del gobierno mexicano a cargo de la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, declaró que el gobierno mexicano tiene “voluntad de reconocer las violaciones y ofrecer disculpas públicas a las agraviadas”. En tanto el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, pidió una “solución amistosa”. Al respecto, las denunciantes rechazaron tajantemente esa vía, porque de haber sido ésa la voluntad del gobierno, habría sido puesta en marcha desde el momento en que fueron denunciadas la agresión y las torturas, y se habría sancionado a los responsables de la vejación sexual. Las agresiones y torturas tanto físicas como sexuales, las violaciones al debido proceso y a la integridad personal, a la vida y al libre tránsito de hace 7 años en el caso Atenco, arrojaron 217 personas detenidas y con sujeción a procesos

Iniciativa desechable

Iniciativa desechable 03 de febrero de 2013 Por: Miguel Concha Malo Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia   Artículo 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   En marzo de 2011, diversos sectores sociales –entre ellos las defensoras y los defensores de derechos humanos– celebramos que el 8 de marzo de aquel año se aprobara, en lo general, el proyecto de decreto que modificaba la denominación del Capítulo I, del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reformaba los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 105 y el apartado B del Artículo 102, también constitucional, en materia de derechos humanos. Con ello, el país entraba a la lista de los Estados democráticos modernos y cambiaba sustancialmente el paradigma para la protección de la dignidad de sus ciudadanos y ciudadanas, de conformidad con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Pese a ello, el principio “pro persona” (una de las bases fundamentales de dicha reforma) se encuentra hoy en riesgo de ser violentado de manera regresiva, por la propuesta injustificable y retrógrada de diputados principalmente priístas, como Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara de Diputados, y Raymundo King de la Rosa, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.   La llamada reforma constitucional en materia de derechos humanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, luego de una larga e incansable labor, principalmente de académicos, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, con el apoyo técnico de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debido a que en diversas ocasiones dicha reforma había sido incomprendida y quedado rezagada. Su publicación, sin embargo, fue considerada como un gran avance en un país como el nuestro, donde cada vez es más urgente el reconocimiento integral de la dignidad de todas las personas que habitan y transitan por el territorio mexicano, debido a las constantes, numerosas e inadmisibles violaciones a sus derechos humanos.   De acuerdo con Miguel Carbonell, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se pueden identificar más de 19 elementos importantes que se reforman sólo en el Capítulo I de la Constitución, los cuales no sólo tienen que ver con las formas de actuar de todo el Estado mexicano en sus diferentes órdenes, sino con la propia estructura gubernamental, para hacer igualmente evidentes las responsabilidades que les corresponden a los tres Poderes de la Unión.   De acuerdo con Carbonell, en su artículo “Las obligaciones del Estado en el Artículo 1 de la Constitución Mexicana”, la reforma “establece claramente que las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos corren a cargo de todos los poderes, incluso considerando que algún nivel de gobierno tenga obligaciones reforzadas hacia ciertos derechos […]. Por tanto la reforma enuncia y manifiesta que los derechos humanos generan obligaciones para todas las autoridades y niveles de gobierno; además se establece que dichas obligaciones estarán reforzadas si un precepto constitucional distinto les asigna una competencia concreta”.   Esta reforma es relevante no únicamente por su trascendencia en reconocer que las garantías individuales y los derechos humanos no son lo mismo, sino porque hace evidente que a partir de una serie de principios se puede administrar la justicia desde un enfoque amplio que reconozca la dignidad de las personas. El Artículo 1 de la Constitución es sustancial en su contenido para efectos de toda la reforma, ya que se presentan elementos que definen el actuar del Estado ante los derechos humanos. Por ejemplo, el rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales; el reconocimiento del principio “pro persona”; y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.   Uno de los elementos centrales del Artículo 1 es el denominado principio “pro persona”, que atraviesa toda la doctrina y la práctica administrativa y judicial de los derechos humanos como criterio prioritario de interpretación de normas y actuaciones de las autoridades para protegerlo en casos de conflicto; el cual tiene como fin acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos; e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria.   Pues bien, el pasado 3 de enero se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma, con el fin de modificar el segundo párrafo del Artículo 1 constitucional, para ser establecido contradictoriamente de la siguiente manera:   “Artículo 1.   Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su Artículo 133”.   Como puede notarse a simple vista, esta propuesta de Arroyo Vieyra, impulsada ahora por King de la Rosa –a pesar de que el primero declaró públicamente que ya no la promovería– es de por sí contradictoria y no cumple con el supuesto objetivo de generar claridad en la actuación de los operadores gubernamentales y de justicia en México, a la hora de resolver conflictos entre normas y actuaciones de las autoridades; sino todo lo contrario: carece de fundamentos y confunde aspectos jurídicos y políticos. La respuesta de la sociedad civil no se hizo esperar y, por ello, se entregó al actual titular

Centro Fray Francisco de Vitoria: 28 años en la defensa de los derechos humanos

Centro Fray Francisco de Vitoria: 28 años en la defensa de los derechos humanos 11 de noviembre de 2012 Por: Miguel Concha El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, busca contribuir en la defensa y promoción de los derechos humanos, con el firme deseo de que juntas y juntos generemos una cultura basada en el respeto de la dignidad humana. En 2012 cumplimos 28 años de trabajo, tiempo en el que hemos tratado de acompañar a los pueblos y grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Desde sus inicios, el Centro Vitoria ha tenido su inspiración en las tradiciones liberadoras de América Latina. No se explica su trabajo y modo de proceder sin la fuerte influencia del pensamiento emancipador originado desde los movimientos sociales que derrocaron las dictaduras que entre las décadas de 1960 y 1980 atormentaban a Latinoamérica. Muchos años de trabajo –esperamos que sean muchos más– respaldan a este Centro, el cual fue una de las primeras organizaciones defensoras de derechos humanos en México a partir de la década de 1970.   La situación por la que atraviesa actualmente nuestro país hace urgente que se fortalezcan espacios organizados, desligados de todo partido político y sin fines lucro, con el objetivo de seguir en la lucha por la vida y la dignidad de todas las personas, que tejan esperanza y reconstruyan lo que el actual sistema destruye. Requerimos, pues, de organizaciones que se pronuncien en contra de un sistema que deshumaniza a los pueblos, les borra su identidad y les arrebata su tierra. Nos hemos pronunciado durante estos años a favor de las personas marginadas y excluidas, y en contra de los intentos por devaluar la dignidad humana y el respeto a la naturaleza en México y en el mundo.   En el Centro Vitoria intentamos, desde nuestra sencillez, colaborar con las luchas organizadas poseedoras de causas legítimas, por lo cual levantamos la voz al unísono con otras muchas organizaciones hermanas, pues tenemos claro que formar redes de redes solidarias es una estrategia eficaz para la defensa de los derechos. Hacemos explícita nuestra opción preferencial por las víctimas, sobre todo por las que se sitúan en grave situación de vulnerabilidad. No conocemos otro camino que no sea el de la vía pacífica y dialógica. No olvidamos nuestra postura crítica y firme frente al poder mal encauzado que detentan quienes olvidan que deben mandar obedeciendo. Consideramos al conflicto como una oportunidad para evidenciar lo que no funciona en esta estructura injusta, y lo aprovechamos para visibilizar a las personas que sufren las violaciones a sus derechos, para que sean ellas las que den testimonio de las arbitrariedades por las que pasan. Realizamos interlocución con el gobierno con una actitud responsable y participativa, pero jamás solapamos desvíos a la centralidad de los derechos humanos. No apostamos, cuando nos piden opinión, por programas asistencialistas o meros paliativos para la población, pues lo que interesa, desde nuestro punto de vista, es que haya soluciones reales a problemas concretos que repercutan en la transformación estructural de nuestra sociedad.   La labor de defender los derechos humanos es un modo de vida. Así lo hemos demostrado en este caminar de 28 años. Por este Centro Vitoria han colaborado personas sensibles a los grupos más vulnerables. Ello les ha permitido incurrir, después de terminado su periodo en el Centro Vitoria, en diversos espacios, para aportar en la defensa y construcción de la dignidad humana. A todas las personas que son parte de la historia de este Centro les tenemos y les seguiremos teniendo aprecio y admiración por su compromiso con los derechos humanos.   Esta labor por defender y promover los derechos humanos se torna cada vez más problemática, pues en México las cosas no son nada fáciles, y lograr que el Estado promueva, respete, proteja y garantice los derechos es un constante conflicto, incluso con el riesgo de sufrir algún ataque o amenaza por realizar este tipo de labores. Es por muchos sabido que las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos hacia defensoras y defensores ha sido una constante en los últimos seis años. Parece ser que se ha convertido en una práctica sistemática de exterminio y obstaculizaciones contra las personas que nos dedicamos a defender y promover los derechos humanos.   El gobierno que termina nos deja un saldo de más de 90 mil personas asesinadas, y una cadena de impunidad que deja a la vista la sucia corrupción de la que está llena la estructura gubernamental. En este escenario, la lucha por la dignidad humana es más riesgosa, e implica exigir al Estado un compromiso claro con los derechos humanos. De igual manera es necesaria una fuerte solidaridad con los espacios que resisten los embates del poder corrupto, y luchan por crear escenarios alternativos, en los que se dignifiquen los pueblos y las personas. Felizmente, estos espacios siguen emergiendo frente a la grave crisis institucional, y nosotros colaboramos en su multiplicación. Nos atrevemos a afirmar que frente a la grave crisis civilizatoria a la que nos enfrentamos, con éstos también caminamos y seguiremos urdiendo diversas propuestas que nos lleven a una transformación de nuestra realidad y a una convivencia social más digna, al facilitar el diálogo y el empoderamiento de las personas y los pueblos. Deseamos que tengamos por delante otros 28 años de trabajo, y muchos más, pero siempre queremos que sea un trabajo sensible, coherente y comunitario, donde la solidaridad y fraternidad sean un componente básico.   Durante 10 años hemos venido realizando nuestra Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles de Derechos Humanos, de la que han egresado ya poco más de 500 personas, pertenecientes a diversos espacios, que ahora construyen desde sus propios lugares una cultura alternativa de los derechos humanos. Cabe mencionar que este proyecto no hubiera sido posible sin las herramientas que la educación popular y la educación para la paz nos brindan. La experiencia de intercambio entre nuestras y nuestros egresados, y con otros proyectos similares, han hecho que hoy seamos una referencia en el