Parlamento Abierto TMEC
La participación social es necesaria para contrarrestar el interés empresarial que compromete el ejercicio de los Derechos Humanos. Las discusiones en torno a la ratificación del TMEC, deben considerar la participación ciudadana para el fortalecimiento de nuestra democracia. 17 de junio de 2019 Apreciadas y apreciados Senadoras y Senadores: Por la trascendencia de la situación actual en materia de derechos humanos, del cuidado del medio ambiente, de la soberanía y de la democratización para nuestro país, y con la finalidad de que se respeten nuestros derechos constitucionales y convencionales, nos dirigimos a ustedes, con sumo respeto, para solicitarles de la manera más atenta que, en las deliberaciones sobre el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), tengan a bien realizarlas a través del procedimiento de Parlamento Abierto, para así facilitar un ejercicio de transparencia y participación ciudadana de personas expertas, académicas e integrantes de distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el tema, así como de los grupos más directamente implicados. Lo anterior tiene fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e igualmente en el artículo 11 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. Con la plena confianza de que habremos sido debidamente atendidas y atendidos en esta solicitud, les expresamos nuestros saludos más cordiales. ATENTAMENTE Asociación de Consumidores Orgánicos ACO Asociación de Figuras Económicas Rurales y Agroindustriales los Picachos de Michoacán. Organización Campesina Nacional. AFERAMICH Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC JDLD Central de Organizaciones Campesinas y Populares, COCYP Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS Consejo de la Mujer de Mexico, CMM Frente Auténtico del Trabajo (FAT) Greenpeace Mexico, A.C. Grupo de Estudios Ambientales GEA A.C. Movimiento Agrario Indígena Zapatista, MAIZ Movimiento Campesino, Indigena, Afroamericano “Plan de Ayala Siglo XXI” Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural, PROGEDER R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales Seminario Sindical, Sociedad y Ecología / RMALC Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM Unidad de La Fuerza Indígena y Campesina, UFIC Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA / EL BARZON Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ Union Campesina Democratica (UCD) Agrónomos Democráticos Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (REDTDT) (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas
Alto a las agresiones contra la vida de personas defensoras de derechos humanos en Chiapas
A la sociedad mexicana Al Poder Ejecutivo Federal A la Secretaría de Gobernación (SEGOB) A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) A los medios de comunicación A las organizaciones y movimientos sociales A las organizaciones defensoras de derechos humanos El Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, lamenta y condena el intento de asesinato ocurrido en contra del abogado indígena y defensor de derechos humanos de distintas comunidades indígenas Julio César Pérez Ruiz, quien fue atacado el día ocho de junio del presente año por un grupo de 5 personas con arma blanca, alrededor de las 17:00 horas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Con la ayuda de su hermano José Pérez Ruiz, el abogado Julio César Pérez Ruiz pudo defenderse, sin embargo, fue seriamente lesionado. A partir de fuentes cercanas se ha informado que los agresores de Julio César Pérez Ruiz, son identificados como parte del grupo armado de corte paramilitar que causó el desplazamiento forzado interno de familias del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, Chiapas. El abogado Julio César Pérez Ruiz es integrante del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, asociación que ha dado acompañamiento a víctimas de desplazamiento forzado interno en Chiapas, de los municipios de Chenalhó, Ocosingo, Zinacantán. Quienes a media semana culminaron una jornada de exigencia de retorno digno y seguro, desarticulación y desarme de grupos paramilitares que ocasionaron su desplazamiento, así como verdad y justicia para las personas que fueron asesinadas en medio del desplazamiento forzado interno. Cabe señalar que el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, forman parte del Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos y a través de éste espacio en los últimos tres meses se ha alertado a distintas autoridades de nivel federal, como la Secretaría de Gobernación, particularmente la Subsecretaría de derechos humanos, población y migración, el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que a nivel estatal, el pasado jueves 06 de junio se alertó al Consejo estatal de atención integral al desplazamiento interno del estado de Chiapas, de las constantes agresiones que han sufrido integrantes del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, así como la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas. Debido a lo anterior, el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, exigimos a las autoridades federales: I. Garantice la vida e integridad de los miembros del Centro de Derechos Humanos Ku’untik y de las personas integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas. II. Se acaten cabalmente las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de folio MC- 361-17. III. Apliquen medidas urgentes y adecuadas, para el desarme, desarticulación y sanción de los grupos paramilitares existentes en el estado de Chiapas. IV. Garantizar el derecho a defender Derechos Humanos y llevar a cabo acciones eficaces contra la persecución de defensores y comunidades indígenas. LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES DEL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DEFENSORES Y VÍCTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS: Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas Centro de Derechos Humanos Ku´untik (CDH Ku´untik) Consejo de Gobierno Comunal Indígena de Arantepacua Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de Nochixtlán 19 de Junio (COVIC) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDH VITORIA) Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. (DDHHJUSTICIA) Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A. C. (CDHAE A. C.) Colectivo Liquidámbar Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) Comité de Familiares de Desaparecidos de San Miguel Cajonos CNPAMN Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de Octubre) Movimiento por los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) Unión de Lucha Anticapitalista (ULA) Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México (CG-ABCM) Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MÉX) Frente Popular de la Montaña de Guerrero (FPG-G) Unión General de Trabajadores de México (UGTM) Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Comisión Magisterial de Derechos Humanos sección XXII (COMADH) Sección XVIII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sector IX de Educación Indígena – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano (ENUPM) Liga de Juristas “26 de septiembre” A. C. LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS: Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa Grupo Internacionalista Consejo Supremo de la comunidad de San Francisco Xochicuahutla, municipio de Lerma Estado de México Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE-CNTE) Frente Campesino Popular de Chiapas (FCPCH) Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI) Colectivo Zapata Vive Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRACPC) Tecoanapa, Huamuxtitlán-Olinalá, Cacahuatepec y Dos Ríos Imagen destacada: CDH Ku’untik
Pese a contexto feminicida SEGOB y CONAVIM rechazan Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para CDMX
Organizaciones peticionarias consideran que hubo omisiones en el procedimiento para la declaratoria. Dilación del proceso hace posible evitar responsabilidades del pasado Gobierno de la CDMX. Organizaciones urgimos a instancias correspondientes establecer un mecanismo de contraloría con participación ciudadana para revisar acciones derivadas de la resolución de la SEGOB. El 7 de septiembre de 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP A.C. y Justicia Pro Persona A.C. solicitaron ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB) la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México. Derivado de esto, el pasado 7 de junio de 2019, después de un atropellado y tardado proceso, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) de la SEGOB emitió su resolución correspondiente a la solicitud de AVGM para la Ciudad de México. Por desgracia, y en perjuicio de los derechos de las mujeres que habitan o transitan por esta CDMX, se evitó emitir el Decreto para dar paso a la implementación de una Alerta de Género en la Capital del país. Lamentamos que los argumentos presentados por la CONAVIM obvien el Informe que el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVGM en la Ciudad de México, -integrado también por expertas académicas y la CNDH-. Donde fueron evaluadas las acciones informadas por el gobierno capitalino hasta noviembre de 2018, en donde únicamente se consideraron cumplidos el 30% de indicadores que el Grupo de Trabajo le estableció al gobierno anterior de la Ciudad, por lo que la Declaratoria de AVGM para la Ciudad de México era inminente. La CONAVIM de manera inédita, sin sustento legal y sin la participación del Grupo de Trabajo, decidió tomar en consideración para la resolución, las acciones emprendidas por el nuevo gobierno de la CDMX. Si bien reconocemos las muestras de compromiso e inicio de acciones de la actual Jefa de Gobierno para hacer frente a la violencia feminicida en la CDMX, como organizaciones peticionarias de esta AVGM consideramos que resulta prematuro decir que estas medidas iniciadas en tan sólo 5 meses, hayan atacado de raíz la problemática generalizada de violencia contra las mujeres y los obstáculos estructurales en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, que motivaron la solicitud de AVGM en septiembre de 2017. Por ello, la CONAVIM debe explicar el porqué y bajo qué criterios o metodología de evaluación dio tal peso a estas 13 acciones del nuevo gobierno, para no emitir el decreto correspondiente y no consideró el dictamen del Grupo de trabajo que solo reconoció el cumplimietno del 30% de indicadores. Por otro lado, es necesario señalar que la CONAVIM enlistó 17 acciones adicionales a las recomendaciones y medidas establecidas por el Grupo de trabajo que el Gobierno de la Ciudad de México debe atender en un periodo de seis meses, por lo que resulta necesario conocer mediante qué mecanismo, en los próximos meses, las organizaciones peticionarias, pero sobre todo las mujeres que habitan y transitan esta Ciudad conocerán el avance en el cumplimiento e implementación de dichas medidas. En razón de lo anterior, y atendiendo a las muestras de apertura, diálogo y trabajo que el gobierno de la Ciudad ha enunciado, y en algunos temas iniciado, como organizaciones peticionarias y personas defensoras de los derechos de las mujeres solicitamos: A la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México: Presente un Plan estratégico para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida en la Ciudad de México que considere las medidas determinadas por el Grupo de Trabajo y por la Secretaría de Gobernación, así como las necesarias para hacer frente al contexto de violencia feminicida y a los obstáculos estructurales en el acceso a la justicia para las mujeres y niñas, denunciadas en la solicitud de AVG para la Ciudad de México presentada el 7 de septiembre de 2017. Convoque a una mesa de diálogo con las organizaciones peticionarias con la finalidad de establecer el Mecanismo de coordinación y participación ciudadana para la elaboración y seguimiento a la implementación del Plan estratégico para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida en la Ciudad de México para los próximos seis meses, que atienda las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil sobre las fallas estructurales que toleran la violencia feminicida y obstaculizan el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. A la Secretaría de Gobernación: Proporcione la evidencia presentada por el Gobierno de la Ciudad de México para soportar las acciones informadas que justifican que la Secretaría de Gobernación haya considerado que no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Instale una mesa técnica de alto nivel con participación de las organizaciones de la sociedad civil peticionarias, el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVGM-CDMX y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para que se constituyan en una Contraloría con participación ciudadana para el seguimiento y evaluación de las acciones que ejecute el Gobierno de la Ciudad de México, en atención al resolutivo séptimo. Establezca una mesa para evaluar los procedimientos del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, con la finalidad de subsanar los vacíos en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Medidas como éstas, que solicitamos urgentemente a Gobierno de la CDMX y a SEGOB, ayudarán a tener certeza de que el trabajo para erradicar la violencia contra las mujeres será revisado, adecuado y ajustado también conforme a las necesidades que organizaciones, víctimas y demás colectivas de mujeres que atienden esta problemática identificaron, documentaron y acompañaron en el proceso desde que se presentó la Solicitud de AVGM en 2017. Como organizaciones peticionarias, no dejamos de recordar que estaremos atentas a las respuestas del Gobierno Federal y Local para revisar a fondo los
El FLEPS celebra 5 años e invita a jóvenes a sumarse a la campaña #DeseosEnMarcha
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social es un espacio compuesto por organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras del derecho humano a la libertad de expresión y la protesta social, surge en abril de 2013 conformado por 8 organizaciones de la sociedad civil, una red de más de setenta organizaciones, y ciudadanos y ciudadanas preocupados por un contexto en el que por acción o por omisión surgen violaciones a los derechos de las personas que se manifiestan. A lo largo de estos años el FLEPS ha documentado y denunciado la forma en que leyes y reglamentaciones buscan de manera reiterada, limitar, inhibir y castigar el libre ejercicio de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la protesta, la reunión y la asociación pacífica. Este jueves 6 de junio habrá una fiesta en el Multiforo Alicia en donde se reunirán personas defensoras, periodistas y movimientos sociales para celebrar, al ritmo de la música, la protesta en México. Los grupos presentes será Los Nakos, un grupo de canción de protesta, parodia y sátira política fundado en el contexto del movimiento del 1968 en México.; Gabo Revuelta, que por más de 20 años cantando hip hop con mensajes de conciencia, resistencia y cultura, también estará, Olinka: cantante,actriz y compositora, pionera de la escena del reggae en la Ciudad de México,. Red Buffalo una banda de rock, blues y funk originaria de Coacalco, Estado de México, Salario Mínimo, un grupo mexicano con más de 40 años promoviendo música con conciencia social y política y la fiesta terminará con una selección de twerkeo,soul, funk, R&B, rap, trap, afrobeat, dub, reggae y reggaetón a cargo de VRTX, integrante del colectivo de Mujeres Vinileras. En el marco de las celebraciones por su quinto aniversario, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social dará inicio a la campaña #deseosenmarcha que busca crear reflexión y mejorar la percepción social sobre la protesta e invitar principalmente a las juventudes a participar en ellas. Dicha campaña es producto de la colaboración con distintos grupos y colectivos que, desde la academia, la organización social y el arte, apoyaron en la investigación, diseño y creación de todos los insumos.. Cuéntanos ¿tú qué deseas? libertadyprotesta.org/deseosenmarcha Imagen destacada: FLEPS
Nueva Ley de Uso de la Fuerza: Criminalización de la protesta a nivel nacional
El día de hoy fue presentada en el Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Sobre este particular, y en los términos de la agenda a favor del ejercicio de los derechos a la protesta social, libertad de expresión, reunión y asociación, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) considera que se integran al proyecto legislativo puntos de especial preocupación. No podemos dejar de lado que existen aspectos positivos como la inclusión de principios internacionales en la materia; la determinación de los niveles de uso de la fuerza; la obligación de agentes policiales de emitir informes sobre el uso de la fuerza que realicen; planeación y estrategia de operativos; Sin embargo, resulta preocupante que se mantenga una perspectiva de control de multitudes (artículos 16 y 40) y no de una facilitación y protección del ejercicio de derechos humanos en el marco de manifestaciones y reuniones. Bajo esta premisa, se debe partir de un deber positivo del Estado de garantizar los derechos en juego (de quienes protestan y quienes no) para lograr una efectiva armonización de los mismos. De la misma manera, el artículo 27 de la iniciativa prohíbe el uso de armas de fuego o letales contra “manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”. En este sentido resulta problemática la definición y calificación misma del “objeto lícito” de las manifestaciones así como la facultad discrecional que se les confiere a las autoridades policiales para hacerlo. La condición de que no se usen armas de fuego cuando las manifestaciones sean lícitas, puede ser fuente de arbitrariedades y violaciones a derechos humanos como la vida, la integridad y la seguridad personales. Es importante mencionar que las manifestaciones, como fenómeno en el que confluye el ejercicio de diversos derechos, principalmente libertad de expresión y reunión, no puede considerarse o juzgarse a priori, ni adjudicarles una carga previa a su ejercicio, en este sentido, éstas cuentan con una presunción de legitimidad en tanto se constituyen como un medio para el ejercicio de derechos fundamentales y de vital importancia para la construcción de sociedades democráticas. Por ello, cuando a través de una disposición normativa se pretenden limitar ciertas manifestaciones por considerarlas no legítimas o menos legítimas a priori, se estaría generando un mecanismo de censura previa, que impediría el ejercicio de la manifestación antes de su realización, imponiéndoles una carga descalificadora a su ejercicio. Al respecto, la expresión de “objeto lícito” hace suponer contrario sensu, que existen manifestaciones que no cumplen con ese requisito, como si existiera una manera de medir el grado de licitud que pudiera tener una manifestación que aún no se ha llevado a cabo y, peor aún, como si dicho parámetro pudiera aplicarse de manera previa a la celebración de la manifestación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las Acciones de Inconstitucionalidad 96/2014 y 97/2014 estableció lo siguiente: “es importante resaltar que la autoridad no puede vetar o sancionar el objetivo de una reunión ni mucho menos su mensaje. Es decir, no por el hecho de que el ejercicio de la libertad de expresión a través del derecho de reunión sea ofensivo, insultante, injurioso, violento o alusivo a actos delictivos se deberá considerar que la congregación humana ya no es pacífica ni lícita (el mensaje a veces tiene como contenido referencia a actividades ilícitas)”. Misma ambigüedad e imprecisión que se observa en el artículo 28 del proyecto de decreto, en razón de que se establece la activación y el escalamiento en el uso de la fuerza cuando las manifestaciones “se tornen violentas”. De igual forma, en el artículo 31 se refiere a “asambleas, manifestaciones o reuniones que se tornen violentas o que atenten contra el orden público”. Cabe destacar que dada la existencia de una gran cantidad de normas penales que criminalizan inclusive las expresiones ofensivas contra las autoridades (“ultrajes a la autoridad”), el concepto de manifestaciones violentas puede variar de una entidad a otra. En este punto es importante enfatizar que la autoridad no debe llevar a cabo acciones que entorpezcan de manera general y absoluta el desarrollo de las manifestaciones. Ni siquiera cuando se registren actos que pudieran considerarse violentos, ya que en esos supuestos, las regulaciones y acciones de las autoridades deben diferenciar claramente entre los actos que pudieran actualizar un hecho delictivo pero teniendo presente que no vuelven violenta a la manifestación en su conjunto ni calificarla así a priori, ante lo cual también rechazamos la asociación de conductas comunes a las manifestaciones con conductas violentas y que el actuar de la autoridad entorpezca al resto de quienes protestan o genere condiciones de mayor conflictividad que limiten el ejercicio de la manifestación. Asimismo, resulta preocupante la referencia e interpretaciones que puedan recaer en el término “orden público” en el contexto de manifestaciones, ya que el ejercicio de una protesta no debe verse como un problema de “orden público”, sino como ya se refirió, el ejercicio de derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en establecer que: “los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del «orden público», como medio para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real. Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima ya que no se puede considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo per se.”1 Por otro lado, la definición de “amenazas letales inminentes” en el artículo 7 no resulta claro, y se presta a interpretaciones arbitrarias en aspectos como “la acción de apuntar un cañón de arma de fuego o una réplica de la misma”; “[l]a acción de no soltar un arma de fuego o una réplica de la misma después de advertencia clara”; “[l]a acción de portar o manipular un explosivo real o una réplica del mismo” o; “[l]as acciones tendientes a perturbar objetos o
OSC peticionarias y acompañantes del proceso de AVGM en CDMX solicitan a SEGOB la emisión de la declaratoria
A más de 20 meses de la solicitud de AVGM el procedimiento no se ha resuelto Persiste violencia feminicida en la CDMX Urge acción de autoridades federales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la CDMX El 7 de septiembre de 2017, las organizaciones de la sociedad civil Justicia Pro Persona, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A. C solicitaron la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México. A más de 20 meses de dicha solicitud, hasta ahora no se ha resuelto el procedimiento de declaratoria. La AVGM es un mecanismo de emergencia y como tal, debe ser atendido de manera urgente. Desde la administración pasada se han incurrido en graves dilaciones a lo largo del proceso, atentando así no sólo contra la naturaleza del propio mecanismo, sino también contra los tiempos que marca el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia . Actualmente, es de conocimiento público que el dictamen del cumplimiento de las medidas ya está listo, y que el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVGM en la CDMX considera que hay elementos suficientes para que ésta se decrete. Si bien el nuevo gobierno ha realizado acciones, éstas tienen que estar encaminadas a entregar resultados, que como lo establece la AVGM comiencen a disminuir la violencia feminicida. Tan sólo en los primeros tres meses de 2019, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se cometieron 9 feminicidios en la Ciudad de México y 40 a lo largo del 2018, esto sin dejar de mencionar que la gravedad empeora cuando se reconoce la falta de perspectiva de género para tipificar el delito de feminicidio, cuestión que genera que las cifras oficiales no necesariamente reflejen la situación real. Ante esta situación, las organizaciones peticionarias, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformada por 43 organizaciones en 23 estados del país, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República y el Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX) acompañantes del proceso de la AVGM, solicitamos a la Secretaría de Gobernación agilice y declare cuanto antes la AVGM en la Ciudad de México, considerando este mecanismo como una área de oportunidad y una hoja de ruta para enfrentar y erradicar la grave situación de violencia que viven las mujeres que habitan o transitan en la Ciudad de México. Es momento de que la nueva administración local y federal evidencien el verdadero compromiso para salvaguardar y garantizar los derechos de las mujeres, particularmente su derecho a una vida libre de violencia, de acuerdo a los más altos estándares y compromisos nacionales e internacionales en la materia. ¡Por una Ciudad que garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia! Atentamente Justicia Pro Persona A.C Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX) Imagen destacada: Jorge Aguilar
Vacante | Coordinación del Área de Litigio Estratégico
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Puesto de trabajo: Coordinación Área: Litigio Estratégico Vigencia de la convocatoria: lunes 6 de mayo a lunes 20 de mayo de 2019 Puestos disponibles: 1 Condiciones laborales: La sede del Centro Vitoria se encuentra en la Ciudad de México. Temporalidad: Contrato inicial de 3 meses de prueba, renovación en función de desempeño. Horario: Tiempo completo Fecha de inicio: lunes 03 de junio Idioma: Español, inglés Indispensable disponibilidad para viajar. Descripción de la organización El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una organización con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos entre los sectores en condiciones más vulnerables. Nuestro trabajo se fundamenta en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente los ratificados por México, y en las leyes nacionales. A través del área de litigio estratégico buscamos impulsar la protección de Derechos Humanos a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos nacionales e internacionales de protección, así como crear insumos metodológicos, informativos y políticos para visibilizar las estrategias y el trabajo de los procesos y casos que acompañamos a fin de que tengan un impacto en otros casos y procesos. Perfil requerido. Persona titulada en Derecho y con cédula vigente, con experiencia en el litigio de casos y capacidad de comunicación asertiva tanto con autoridades como con las personas que acompañamos en la organización. Derivado de los casos y procesos que acompañamos es importante que la persona postulante cuente con trabajo previo de por lo menos un año en organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y que tenga experiencia en trabajo directo con víctimas de violaciones a derechos humanos. El Área de Litigio Estratégico responde directamente a la Coordinación General y trabaja de manera muy cercana con el resto de áreas que forman el Centro Vitoria, por lo cual es sumamente importante la comunicación y coordinación interna de forma constante para el acompañamiento integral de los casos y procesos. Requisitos. Formación académica y experiencia laboral. Escolaridad mínima: Título de licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente. Experiencia mínima: 1 año de experiencia comprobable en litigio ante tribunales nacionales. Experiencia mínima: 1 año de experiencia comprobable en organizaciones no gubernamentales u organizaciones sociales. Deseable Experiencia de trabajo ante instancias internacionales de defensa de derechos humanos. Conocimiento comprobable del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, en particular en el ámbito de los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Experiencia en el diseño e implementación de líneas de defensa integral, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a través de recursos que permitan el acceso al sistema de justicia de las personas. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Experiencia y capacidad para la redacción de informes que documentan violaciones a los derechos humanos de las personas. Conocimientos en justicia transicional. Conocimientos necesarios. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Experiencia y capacidad para la redacción de informes que documentan violaciones a los derechos humanos de las personas. Conocimientos en justicia transicional. Diseño e implementación de líneas de defensa integral, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a través de recursos que permitan el acceso al sistema de justicia de las personas. Computación: Office, software libre, servicios de mensajeria, servicios de google. Habilidades profesionales requeridas: Uso de lenguaje incluyente Trabajo con perspectiva interseccional y de género, tanto en la organización como con actores que ésta atiende y con quienes se relaciona. Excelente redacción y ortografía. Sensibilidad para el trato con personas en condiciones de vulnerabilidad Habilidades en comunicación asertiva Capacidad de argumentación y análisis Capacidad para trabajar bajo presión, en equipo y en red con otros actores sociales y profesionales de otras disciplinas. Capacidad organizativa Capacidad de comunicación interna. Capacidad de análisis y propuesta en equipo para llegar a objetivos estratégicos. Capacidad de implementar estrategias de justiciabilidad en casos de violaciones colectivas a derechos humanos. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Actividades y responsabilidades del puesto. Coordinar la implementación, seguimiento y evaluación de una estrategia de defensa integral de los derechos humanos. Diseñar en conjunto con el equipo estrategias de litigio, en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Asistir y asesorar legalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Orientación y seguimiento legal de casos de violaciones a derechos humanos, en particular respecto a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en el uso y mantenimiento de la base de datos de casos acompañados por la organización. Elaborar documentos, demandas, denuncias, artículos, informes de casos y otros escritos jurídicos, incluyendo juicios de amparo, procedimientos en instancias de Procuración e Impartición de Justicia, procedimientos administrativos y otros mecanismos de protección a los derechos humanos. Coordinar la presentación y seguimiento de quejas ante CNDH o cualquier otra instancia no jurisdiccional, tanto del ámbito nacional como del internacional (sistema interamericano y sistema universal). Colaborar en la elaboración de informes que documentan graves violaciones de derechos humanos. Apoyo en la elaboración de amicus curiae para fortalecer la defensa de los casos propios y de otras organizaciones. Participar en espacio de profesionalización en temas de derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Participar en reuniones con organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación y otros actores en el diseño, implementación, evaluación, seguimiento y consulta de políticas públicas. Participar en espacios de articulación y vinculación
Víctimas y sobrevivientes no esperan más por Verdad, Justicia y Reparación integral
A la sociedad mexicana A la Secretaría de Gobernación (SEGOB) A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) A los medios de comunicación A las organizaciones y movimientos sociales A las organizaciones defensoras de derechos humanos Durante los días 3, 4 y 5 de abril del presente año se llevó a cabo el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos “Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país”, el cual a su vez se derivó del Primer Encuentro en noviembre pasado en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca. A estos Encuentros han acudido cerca de 60 referentes de víctimas y sobrevivientes, sus colectivas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares, estudiantes y personas académicas, provenientes de por lo menos los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tlaxcala y Querétaro. Después de estos meses en que se ha estado consolidando la articulación entre las personas que han sido víctimas y sobrevivientes, sus colectivas y organizaciones, se han tomado varios acuerdos y resolutivos, con la firme convicción de que no existen víctimas de primera, segundo o tercera categoría, sino que todas requieren y ameritan la misma atención prioritaria. Dentro de los acuerdos, destacan los siguientes: Ante la falta de una respuesta eficaz por parte del Estado mexicano frente a los casos de graves violaciones a los derechos humanos, es necesario que el gobierno garantice el acceso a la verdad y a la justicia verdaderas, a través de mecanismos ordinarios o extraordinarios en común acuerdo con las personas que han sido afectadas. Que la creación de políticas públicas para los procesos de acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las medidas de no repetición, cuente de manera efectiva con la participación central de víctimas y sobrevivientes. Llevamos a cabo movilizaciones, como la movilización nacional de víctimas y sobrevivientes, organizaciones sociales, movimientos sociales y organizaciones populares, el día de hoy 24 de abril a las afueras de la CNDH. Uno de los objetivo es solicitar a la CNDH una audiencia con su titular Luis Raúl González Pérez en la que se acuerden rutas de trabajo para atender las necesidades de los distintos casos que son de conocimiento de la CNDH. Otro de los objetivos de la movilización es que la Secretaría de Gobernación instale una mesa con la participación de la titular, Olga Sánchez Cordero y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, con la finalidad de que sea esta Instancia la que coordine las distintas rutas de trabajo con las diferentes entidades a nivel federal, de modo que se garantice el acceso a la verdad y a la justicia para todos los casos de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que han estado participando en esta articulación, así como los que se vayan sumando. Los puntos anteriores se han establecido en el marco de la imposibilidad para seguir esperando a que el gobierno de México brinde la atención debida, que respete la dignidad de las personas afectadas por graves violaciones a los derechos humanos, así como hacer efectivas las expectativas de que el nuevo gobierno haga justicia. A T E N T A M E N T E Comisión Organizadora del Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, “Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país” Consejo de Gobierno Comunal Indígena de Arantepacua Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (COVIC) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHVITORIA) Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Comisión Magisterial de Derechos Humanos sección XXII (COMADH) Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano (ENUPM) Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. (DDHHJUSTICIA) Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA) Liga de Juristas “26 de septiembre” A. C. Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia Colectivo Liquidámbar Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDH ANTONIO ESTEBAN) Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) Unión General de Trabajadores de México (UGTM) Empatikka Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) Sección XVIII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sector IX de Educación Indígena – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Imagen destacada: Ximena Reyna
Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país | Resultados del 2do Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves violaciones a los DH en Arantepacua, Michoacán
Notable asistencia de víctimas, colectivos de víctimas, sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos, organizaciones y movimientos sociales. Asistentes al encuentro refrendan la importancia de movilizarse y tener una participación efectiva en los procesos de verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición. Acuerdos adoptados en el Segundo Encuentro se refieren a acciones concretas para impulsar procesos para el acceso a la verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición. El 3, 4 y 5 de abril de 2019 tuvo lugar el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos “Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país”, en Arantepacua, Michoacán. El evento se hizo en seguimiento al trabajo conjunto que comenzó a tejerse en noviembre de 2018 en el Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos “Por la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas del país” Nochixtlán, Oaxaca. En este segundo Encuentro, participaron más de 60 referentes de distintas luchas y de casos de violaciones graves a derechos humanos. Además estuvieron presentes personas de la academia, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales provenientes de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala y Ciudad de México, así como de diversos países. Este segundo encuentro tuvo como objetivo conmemorar en Arantepacua el Segundo Aniversario del ataque a la Comunidad Purépecha el 4 y 5 de abril de 2017, recordar a las víctimas del ataque y generar una plataforma de entretejido entre movimientos de víctimas y sobrevivientes, personas defensoras, organizaciones de la sociedad civil, académicas, al igual que organizaciones sociales y referentes y así impulsar en conjunto los procesos de verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición. A partir de las mesas del Encuentro en las que se abordaron experiencias pasadas de búsqueda de la verdad en México con integrantes de la Comisión de la Verdad del Estado de Oaxaca experiencias de autogestión, los retos a partir del cambio de gobierno, los mecanismos efectivos de participación de las víctimas y el análisis de los horizontes políticos de las víctimas y de sus colectivas, se refrendó la importancia de la centralidad de las víctimas y la necesidad de seguir encontrándonos y movilizándonos. En ese sentido, los acuerdos a los que llegamos están enfocados a fortalecer los procesos organizativos e impulsar acciones para que el gobierno garantice a las víctimas el acceso a la versad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición. Algunos de los acuerdos adoptados son: Una movilización de colectivos de víctimas, víctimas y sobrevivientes de todo el país el día 24 de abril en la Ciudad de México. La convocatoria será amplia no se limitará a los participantes del Segundo Encuentro de Arantepacua. Creación de una campaña de visibilización de víctimas de graves violaciones de derechos humanos con alcance nacional e internacional. Continuar el trabajo estratégicamente mediante comisiones de trabajo que profundizarán en el análisis de casos, para impulsar una agenda amplia que cobije a los distintos grupos de víctimas. Elaboración de una metodología que permita transversalizar la perspectiva de género y visibilizar las violencias en contra de las mujeres, por lo cual se generarán los espacios necesarios que aseguren la participación efectiva de las víctimas. Las diversas personas que han padecido violaciones a derechos humanos, colectivos de víctimas y sobrevivientes, organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos sociales confirmaron la profunda necesidad que existe en México para que todas las víctimas y sobrevivientes sean atendidas efectiva e integralmente. La crisis de derechos humanos continúa y es urgente que esta atención se prioridad para el gobierno actual. Asimismo, quienes se reunieron en Arantepacua confirmamos el legítimo uso de la movilización y organización social para hacer efectivos sus derechos como víctimas reconocidos en el ámbito nacional e internacional. ATENTAMENTE Consejo de Gobierno Comunal Indígena de Arantepacua Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (COVIC) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHVITORIA) Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Comisión Magisterial de Derechos Humanos sección XXII (COMADH) Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano (ENUPM) Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. (DDHHJUSTICIA) Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA) Liga de Juristas “26 de septiembre” A. C. Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia Colectivo Liquidámbar Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDH ANTONIO ESTEBAN) Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) Unión General de Trabajadores de México (UGTM) Empatikka Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) Imagen destacada: CDH Antonio Esteban | Utopía 21
La nueva relación gobierno-sociedad en la 4 T
Representantes de organizaciones de la sociedad civil se reúnen para definir una nueva estrategia en la relación con el gobierno Consideran que las declaraciones del nuevo gobierno las debilitan y desacreditan ante la opinión pública y las personas con las que trabajan Defienden su derecho a asociarse y expresarse con libertad y a continuar trabajando en favor de la democracia, el desarrollo y los derechos humanos Demandan el respeto al marco jurídico, institucional y fiscal que norma su constitución y sus actividades Exigen el fortalecimiento de los mecanismos de participación social y de incidencia en lo público El pasado 9 de abril tuvo lugar el Foro LA NUEVA RELACIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD EN LA 4T, convocado por más de 20 organizaciones, con el objetivo de realizar un debate entre actores de la sociedad civil para una nueva relación sociedad-gobierno, en el marco de la gobernanza, con una participación de cerca de 100 representantes de sociedad civil. El Foro se desarrolló en tres momentos: i) Encuadre general del propósito del Foro y una ponencia introductoria de la trayectoria, aportes y evolución de las OSC; ii) Cuatro Mesas Temáticas, para propiciar el debate entre las y los participantes y definir estrategias desde la sociedad civil, a partir del entorno que percibimos en la actual coyuntura nacional, y iii) Sesión Plenaria de cierre para presentar las estrategias y medidas prioritarias de las OSC y concertar acciones conjuntas para la construcción de una nueva relación sociedad-gobierno. En la apertura Miguel Concha Malo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que el Foro que realizamos entre muy diversas OSC, responde a las actuales y complicadas circunstancias en que nos ha colocado las declaraciones y decisiones del gobierno actual, que nos preocupan, desacreditan y debilitan ante la opinión pública y los grupos-personas con las que trabajamos, así como ante las instancias que históricamente nos han reconocido y han sido solidarias con nuestro trabajo comprometido a favor de la democracia, el desarrollo y la defensa de los derechos humanos. Fue por ello que nos animamos a realizar un Foro con el objetivo de sostener un debate entre actores de la sociedad civil, sobre el trayecto, entorno, aportes y desafíos de las OSC, orientado a generar escenarios y estrategias para la construcción conjunta de una nueva relación sociedadgobierno, en el marco de la gobernanza. La construcción de esa nueva relación, considerando el anuncio y horizonte del Presidente del país, de una profunda transformación en el país (la 4T), no la imaginamos sin la participación activa y cualitativa de la sociedad civil que mucho tiene que aportar desde su experiencia, especificidades y compromiso social. Por tanto, afirmó Miguel Concha, nuestra expectativa –más allá del diagnóstico- es que en este Foro avancemos y consigamos definir acciones, medidas y estrategias conjuntas como sociedad civil, para hacer frente a las circunstancias actuales y contrarrestar los impactos de las decisiones de gobierno y construir escenarios viables para una relación novedosa sociedad-gobierno que sea un componente fundamental en el tránsito hacia la cuarta transformación. Clara Jusidman, fundadora de Incide Social por su parte, expresó que estamos frente a una forma distinta de ejercer el poder en donde los ciudadanos organizados parece que no tenemos cabida. Por ello, el reto que tenemos no es el de ver cómo convencemos a los ideólogos de la 4T que somos buenas, que hacemos el bien, que nos preocupamos por el bienestar de las personas y defendemos sus derechos, que aportamos una enorme cantidad de horas de trabajo voluntario, que hacemos trabajos que el estado es incapaz de llevar a cabo por su enorme tamaño y por su lentitud de respuesta ante problemáticas emergentes, que merecemos un ambiente propicio para desarrollarnos, que tenemos derecho a acceder a recursos públicos, que el Estado mexicano tiene compromisos internacionales vinculatorios que le obligan a trabajar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Planteó que debemos pensar cómo continuamos defendiendo y preservando nuestro derecho a asociarnos y a expresarnos con libertad, cómo construimos sinergias y nos apoyamos, como hacemos visible nuestro trabajo y nuestra contribución al bienestar entre la población, cómo ampliamos el número de ciudadanos organizados y empoderados, cómo reproducimos nuestro trabajo en beneficio de las personas. Por tanto este foro nos brinda la oportunidad de ubicarnos correctamente frente a lo que está ocurriendo en términos de ruptura de paradigmas y cambio de régimen para evitar que la gran avalancha nos destruya y desanime y en cambio nos permita seguir contribuyendo, seguir participando, seguir exigiendo. En la ponencia introductoria del Foro, el investigador y activista Rafael Reygadas, entre otras tesis, planteó que las OSC somos parte de una extensa sociedad civil que ha resistido el autoritarismo del partido de estado y el ascenso del neoliberalismo, representando a la vez procesos de resistencia a megaproyectos y a la violación de los derechos humanos, a la vez que hemos generado nuevas instituciones y contribuido a hacer posible la realización de las elecciones en que se respetara el voto ciudadano en 2018. Como en las sociedades actuales, las OSC en México formamos parte de la gobernabilidad democrática de una sociedad moderna, que además de resistir, genera, propone e inventa rutas y metodologías autónomas y proyectos alternativos en los más variados terrenos de la sociedad mexicana actual. La 4ª T –afirmó Reygadas- no puede lograr sus objetivos sin la participación autónoma, crítica, solidaria y creativa de las OSC que trabajan por alternativas ante problemas que el gobierno por sí solo no puede resolver, ni bastan los programas de renta universal para sectores en exclusión y vulnerados. Entre los aportes de las organizaciones participantes en el Foro se afirmó que descalificar a las organizaciones de la sociedad que han sostenido luchas y principios, afirmar que la mayoría son conservadoras, cercanas a los consorcios empresariales y que no están en la izquierda, revela o un poco creíble desconocimiento de la realidad nacional o el ánimo de asumirse como exclusivo representante de los intereses populares, lo que por otro lado no siempre se demuestra en la
