Urgente atender violencia feminicida en la CDMX
-AVGM hoja de ruta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. -Medidas ineficientes implementadas y mala gestión de recursos en la administración pasada. -Este 8 de marzo urgimos a Segob a declarar la alerta de género en CDMX. En el marco de la conmemoración del 08 de marzo, misma que nos recuerda la lucha de las mujeres obreras por el reconocimiento de sus derechos laborales y nos impulsa a seguir con nuestras exigencias, es preciso señalar que en México el Estado tiene tareas pendientes. Las últimas cifras señalan que todos los días en México mueren alrededor de 9 mujeres, y 6 de cada diez han sufrido algún tipo de violencia, en razón de lo anterior es de mayor importancia que el Estado tome acciones para erradicar la violencia feminicida. En este sentido, es importante recordar que para la Ciudad de México se hizo una solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), desde el pasado 7 de septiembre de 2017, respecto de la cual, las organizaciones peticionarias no conocemos ni hemos recibido el dictamen final. En el informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud, se menciona que de acuerdo con la información presentada por el Gobierno de la CDMX, de enero de 2012 a septiembre de 2017, se registraron 292 casos de feminicidios y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres. También, según datos de la Procuraduría de Justicia Capitalina arrojan que, de enero de 2012 a septiembre de 2017, se registraron 67,520 casos de violencia familiar; 10,832 de lesiones dolosas; 9,985 de abuso sexual; 3,168 de violación; 586 de acoso sexual; 212 de tortura; 173 de trata de personas y 112 de secuestro. La declaratoria de la alerta de violencia de género en la Ciudad de México es de absoluta relevancia, pues tal y como lo demuestran las cifras, las acciones emprendidas por la administración pasada no han sido eficientes para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Por ello, como organizaciones peticionarios consideramos que el mecanismo de AVGM puede ser una hoja de ruta que permitirá fortalecer las áreas de oportunidad de las instituciones encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En razón de lo anterior, es importante mencionar que el Gobierno de la Ciudad de México ha invertido, desde la administración pasada, en acciones que debieran estar encaminados para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, sin embargo, la realidad es que las mujeres vivimos cada vez más violencia en nuestros entornos. En ese sentido, el gobierno de la Ciudad de México tiene que dar cuenta del presupuesto invertido para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres, asimismo, la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, con base en la revisión exhaustiva, no debiera dilatar más la declaratoria de alerta de género para la CDMX. ¡Por mecanismos efectivos y contundentes! ¡Porque nos queremos vivas, libres y sin miedo! ¡Ni una más! ¡Ni una menos! Atentamente: Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Fotografía destacada : Karla Mariana Troncoso
Carta pública en respaldo al proyecto del CONACYT
25 de febrero de 2019 A la opinión pública: La Dra. Elena Álvarez-Buylla Roces es objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales sin proporción, incluso antes de que asumiera el cargo de Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Es evidente que esta campaña es una respuesta cobarde de los intereses que ha tocado y que está impulsada con amplios recursos económicos, pues sus estrategias son muy sofisticadas y su alcance ha sido enorme, generando un clima de linchamiento innecesario que llama la atención. La designación de la Dra. Álvarez-Buylla Roces es parte de la política que el Gobierno actual y que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el día en que asumió la Presidencia: “en México no habrá transgénicos”. La Doctora en Biología Molecular fue, hasta el momento en que tomó la responsabilidad como Directora de CONACYT, Investigadora Titular C de Tiempo Completo del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. La relevancia de su desempeño se cristalizó al otorgarle el Premio Nacional de las Ciencias en 2017 y se observa claramente en la reseña adjunta (1). Su postura frente a esta tecnología y en especial en el caso del maíz, fue central para detener la siembra de maíz transgénico en México por una orden judicial y está basada en el conocimiento científico que ha desarrollado en torno a la misma y a las evidencias acumuladas a lo largo de años de investigación. Ahora que el Presidente de la República ha declarado una postura firme en este rubro y existe un consenso social en torno a la prohibición de transgénicos en el área agroalimentaria, sobre todo en el maíz: nuestro alimento esencial, debemos avanzar para detener el uso ilegal de esta tecnología y hacer valer los principios de la bioseguridad. Consideramos urgente revisar ampliamente la Ley de Bioseguridad, hoy de organismos genéticamente modificados, para que se convierta en una normatividad que vele por nuestra seguridad en el ámbito biológico: en lo referente a los organismos genéticamente modificados, productos de la ingeniería genética y de la biología sintética y tecnologías que representan una amenaza a la salud humana y al ambiente. La bioseguridad debe cumplir con la función de monitoreo asignada al Estado. Desde las diversas instancias involucradas en la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) se deberá velar por la bioseguridad en México, en especial frente a nuestra condición de país centro de origen y de diversidad genética de un amplio número de cultivos de importancia comercial y a la gran riqueza en diversidad biocultural que albergamos. Construyamos un México de paz, que preserve nuestro maíz libre de contaminación transgénica y proteja a quienes nos han permitido gozar de su diversidad y calidad: a la cabeza las familias campesinas, los científicos comprometidos, como la Dra. Álvarez-Buylla, y toda la sociedad que ha salido a defender la planta sagrada, construyendo la milpa social, que sabemos, llevará a nuestro país adelante. ATENTAMENTE : Francisco Toledo Elena Kahn Cristina Barros Valero Jesusa Rodríguez Miguel Concha Malo Antonio Turrent Fernández Abraham Cruzvillegas, escultor Abogada Alejandra Carrillo Soubic Alejandro Espinosa Calderón, investigador de INIFAP, Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, SIN Nivel III Dra Margarita Tadeo Robledo, Profesora de Carrera Titular C, FESC UNAM, Nivel I, SNI Catherine Marielle José Luis Bustamante del Valle Mercedes López Narciso Barrera Bassols Víctor Manuel Toledo Manzur Alejandro Villamar Calderón Alejandra Acosta Raúl Hernández Garciadiego Iván Jiménez Maya, Docente Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Luis Arturo Carrillo Sánchez, Biopakal y Pakal Grun Mauricio Macossay Vallado Nelly Muñohierro Adelita San Vicente Tello Carlos A. Ventura Callejas Octavio Erick Quesnel Galván Miguel Ángel Escalona Aguilar, profesor de la Universidad Veracruzana Carlos Hector Avila Bello Dr. Arturo Pérez-Vázquez, profesor Investigador Titular Campus Veracruz Peter Rosset, PhD, .investigador Titular C con definitividad, SNI III El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Dra. María Elena Serrano Flores, profesora Investigadora CIIEMAD, IPN. Mirna Ambrosio Montoya, miembro del comité SOCLA capitulo México Dr. Jaime Morales Hernández, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente Alejandro Cruz Juárez, Movimiento Agrario Indigena Zapatista Emilio Reza Araujo, Cooperativa de alimentos mexicanos La Milpa. Alfredo Álvarez Ramírez, Frente en defensa del maíz, de Colima Manuel Antonio Espinosa Sánchez, Universidad de Guadalajara Víctor Hugo Guzmán Cuevas Dr. Miguel Ángel Damián Huato, P-I del Centro de Agroecología, Instituto de Ciencias, BUAP Ronald Nigh, Prof./Investigador CIESAS Sureste Leticia López Zepeda Dulce M. Espinosa- Escuela Nacional de Antropología e Historia Quetzalcóatl Orozco Ramírez Alma Gómez Caballero, Chihuahua Fabián García Moya, Profesor investigador. Universidad Autónoma Chapingo Enrique Pérez Miguel Ángel Sámano Rentería Dr Pedro Moctezuma Barragan, Coordinador Proyecto Invetigación para la Sustentabilidad, UAM Elena Burns, Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, UAM Patricia Gerez Fernández- Universidad Veracruzana Patricia Moguel Viveros Natividad Miguel Jaime García, Biodiversidad Mateo Mier y Terán Giménez Cacho Maria Emilia Caballero, Miembro de la Academia de Ciencias Investigador III del Sin Dr. Carlos González Esquivel, Laboratorio de Agroecología Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México Dra. Elsa Chávez García, Profesora investigadora del Campus Tabasco, Colegio de Postgraduados Laura Trujillo Ortega, Profesora Investigadora Tiempo Completo, Universidad Autónoma Chapingo Jaime E. García González, Dr.sc.agr., Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) Rafael Calderón Arózqueta Dr. Edgar J. González Gaudiano, Instituto de Investigaciones en Educación, Universidad Veracruzana María Cuín Tovar Marta Astier Andrea Medina Laura Mendoza Kaplan Antonio Castillo Fernando Bejarano G. Citlalli López Binnquist, Universidad Veracruzana Gerardo Alatorre Frenk Juan Carlos Escalante Leal, Académico, IIMAS-UNAM Lic. Arlen Carrasco Enríquez María Dolores Cervera Montesano Bertha Elena Munguía Gil Margarita Rosales, INAH Yucatán Dra. Silvia Terán y Contreras Robin Canul Suárez (periodista y fotógrafo) Dr. Roger Orellana, Profesor Emérito del CICY Dra. Alejandra García Quintanilla Investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales del CIR-UADY Federico Berrón Autrique Francisco Xavier Martínez Esponda María Teresa Guerrero Olivares Isabel Bueno García-Reyes,Doctoranda en Ciencias de la Sostenibilidad,UNAM Rafael Mier Paola Rodríguez Rosa Amelia Pedraza Luz María Montoya Pérez Maestro Francisco
Comité Alerta CDMX denuncia contexto actual de violencia feminicida en la Ciudad de México
26 de febrero de 2019 Son insuficientes las medidas para combatir violencia de género en la CDMX tomadas por el gobierno anterior y el actual El Comité Alerta CDMX insiste en la necesidad de declarar la Alerta de Violencia de Género Académicas, colectivas y defensoras señalan el patrón de desapariciones forzadas en contra de las mujeres que viven y transitan en la ciudad El Comité Alerta de Género Ciudad de México, conformado por académicas, colectivas de mujeres, activistas y mujeres integrantes de organizaciones de la sociedad civil; expresamos nuestra preocupación ante la situación de violencia feminicida en la Ciudad de México, la cual no sólo no se ha mitigado a partir de que se presentó la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), sino que los datos y experiencia concreta de mujeres evidencia que ni las medidas tomadas por el anterior gobierno ni las actuales han sido suficientes. La Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia define la violencia feminicida como “toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres”. A los casos ya presentados en la solicitud de la AVG para la ciudad, se sumaron en 2018 los de otras mujeres y familias que reportaron feminicidios, desapariciones, casos de trata, abuso y violencia sexual, situación que deja de manifiesto que las medidas implementadas a partir de la solicitud de Alerta no son suficientes para erradicarla. Desde el 31 de octubre de 2018, cuando el Comité de AVG presentó el informe sombra (disponible en bit.ly/comitealertacdmx), denunciamos la falta de implementación de la totalidad de medidas ordenadas por el Grupo de Trabajo y ante dicha circunstancia la necesidad de declarar de manera urgente la alerta en la Ciudad de México. Tal y como se denunció en diversas ocasiones, el gobierno anterior de la Ciudad de México retrasó el dar cumplimiento a las medidas ordenadas, existió falta de voluntad para dar seguimiento puntual a las medidas urgentes y generó una simulación en el cumplimiento de las medidas. Esto ha llevado a las mujeres que vivimos y transitamos en la Ciudad de México a estar en un contexto aún más peligroso y violento, que se invisibiliza o normaliza. Es el caso que en este año 2019, la Ciudad se ha visto conmocionada por los testimonios de decenas de mujeres sobre lo que las autoridades comenzaron a clasificar como “tentativas de robo” y que los medios de comunicación y las redes sociales han llamado como “intentos de secuestro en la modalidad de ‘cálmate mi amor’” dentro y fuera de las estaciones de metro. De acuerdo a lo documentado por organizaciones acompañantes, estos hechos no tienen la intención de robar objetos de las mujeres ni de pedir un rescate por ellas; lo que las denunciantes han reportado es que tratan de privarlas de su libertad. Desde hace más de dos décadas en este país se ha tratado de minimizar la violencia contra las mujeres: cuando las mujeres son desaparecidas, las autoridades no las buscan porque dicen que están con sus novios; y ahora, cuando se intenta desaparecerlas, se habla de tentativas de robos o secuestro que, además, se basa en la normalización de la violencia de pareja. De esta forma, es importante entender que desde una lógica de derechos humanos, si existe complicidad o inacción de las autoridades, estos casos se entienden como tentativas de desaparición forzada. Es relevante que a través de los datos públicos, se ha registrado que las principales afectadas de estas conductas son mujeres jóvenes de entre 19 y 29 años de edad, que son estudiantes o trabajadoras y que recorren sus trayectos habituales hacia sus casas, escuelas o trabajo. Sin embargo, es importante que las autoridades den seguimiento puntual a cada uno de los casos y se identifique el patrón de mujeres que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad ante estas desapariciones y en consecuencia se emitan medidas para aminorar el riesgo. Con el fin de transformar este contexto de violencia feminicida es que se decidió impulsar la AVG en la Ciudad de México, en la que ya se abordaba el riesgo que corremos no sólo en nuestros hogares, sino en el espacio público. La AVG, en su Declaratoria, otorgaría al Gobierno de la Ciudad de México la oportunidad de implementar medidas de urgencia y también de profundidad que tendrán que ser evaluadas e implementados en consenso con las víctimas para avanzar en lograr una vida libre de violencia para las las mujeres que vivimos y transitamos en la Ciudad de México. Las integrantes del Comité Alerta de Género de la Ciudad de México demandamos a las autoridades locales y a la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim que se implementen las medidas que el Grupo de Trabajo de la Alerta de Género emitió desde el 22 de marzo de 2018 en su informe, que se declare la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad además de realizar una evaluación de las medidas hasta ahora implementadas con la participación efectiva de las víctimas. El proceso no debe dilatarse más, dado que cada momento que pasa la violencia contra las mujeres persiste. ATENTAMENTEComité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX) Más información: Adriana Lecona 5536417448 Zúe Valenzuela 5548531446 Imagen destacada: Selene González
Solicitud de Parlamento Abierto en las deliberaciones de la terna a Ministra de la SCJN
Apreciadas y apreciados Senadoras y Senadores, Por la trascendencia de la impartición de justicia para nuestro país, y la garantía de nuestros derechos constitucionales y convencionales, nos dirigimos a ustedes con todo respeto, para solicitarles que en las deliberaciones sobre la terna propuesta por el titular del poder Ejecutivo Federal, para sustituir a la Ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan a bien decidir llevarlas a cabo con el procedimiento de Parlamento Abierto. Pensamos que de esta manera se transparentaría más y de mejor manera tal designación, pues se ha manifestado una preocupación en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre el proceso en comento. A través del Parlamento Abierto se permitirá tomar en cuenta las consideraciones de personas expertas, académicas e integrantes de distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el tema. Con la confianza de que seremos debidamente atendidas y atendidos en nuestra petición, les expresamos nuestros saludos más cordiales. ATENTAMENTE Personas Miguel Concha Malo, Cristina Barros, Mariclaire Acosta Urquidi, Emilienne de León Aulina, Ana Pecova, Daniel Giménez Cacho, Ximena Andión, Manuel Canto Chac, Alexandra Garita Edelen, David Peña Rodríguez, Karla Micheel Salas Ramírez, Jorge Fernández Souza, Gustavo Ampugnani, Martha Recasens, Saúl Escobar, Carlos Ventura Callejas. Organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Centro Nacional de Comunicación Social A.C. El Caracol A.C. EQUIS Justicia para las Mujeres Greenpeace México A.C. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro,
En riesgo verdad y justicia para víctimas del derrumbe de Bolivar 168 el #19S
Resolución de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México permite omisión de autoridades para investigar responsabilidades y corrupción tras derrumbe de edificio Familiares de víctimas mortales del #19s insistimos en la obligación de autoridades para evitar impunidad tras colapsos A lo largo de dieciséis meses, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México han sido omisas para investigar a probables responsables de los derrumbes ocurridos el día 19 de septiembre del 2017. Dicha inacción se ve reiterada luego de que, el día de ayer, la Jueza en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio 73, María del Carmen Mora Brito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, decidiera confirmar la determinación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) sobre el no ejercicio de la acción penal en el caso del inmueble de Bolívar 168. Familiares de víctimas y quienes acompañamos este caso sabemos que los desastres, lejos de ser “naturales”, son ocasionados por las condiciones sociales en las que ocurre un evento natural, como es el caso de cualquier sismo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a investigar con debida diligencia las responsabilidades de quienes propiciaron las irregularidades del inmueble, relacionadas tanto con los permisos de uso de suelo y reglamentos pertinentes, como con la evidencia, mostrada en peritajes, del peso excesivo que cargaba su estructura y que presumiblemente causó el derrumbe. Estos elementos señalan la presencia de corrupción inmobiliaria y, por lo tanto, de personas responsables de la tragedia. Con la resolución dictada ayer por la Jueza María del Carmen Mora Brito se perpetuaría la situación de impunidad ante la corrupción de las empresas inmobiliarias, teniendo como cómplice la inacción del gobierno capitalino para erradicarla. Por lo anterior nos vemos en la necesidad de interponer un amparo en tiempo y forma, a fin de que se salvaguarden los derechos humanos de las víctimas y se investigue con exhaustividad y apego a derecho los hechos denunciados, por lo que serán las autoridades federales quienes determinen sobre la continuidad en la investigación. Exigimos que una vez llegado el momento, se analice el caso en dicha instancia con enfoque de derechos humanos y se consideren los más altos estándares internacionales a fin de que se garanticen los derechos humanos de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas. Atentamente Familiares de víctimas del derrumbe en Bolivar 168 Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Imagen destacada: Alberto Ledezma
Justicia para víctimas del sismo #19S en riesgo
Sin argumentos basados en elementos de prueba, decisión de Procuraduría de CDMX amenaza impedir conocer la verdad, combatir la corrupción y fincar responsabilidades. Parcial voluntad de Gobierno de la CDMX para atender las demandas de acceso a justicia de víctimas del sismo El día 19 de septiembre del 2017, la Ciudad de México vivió uno de los momentos más tristes en su historia. Aproximadamente a la una de la tarde de ese día, nos tomó por sorpresa un sismo de 7.1 grados de magnitud en la escala Richter, con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos. La fuerza de este sismo dejó múltiples inmuebles dañados, y algunos de ellos se derrumbaron en cuestión de segundos, provocando la muerte de un gran número de personas. Ejemplo de esto fue el caso del inmueble ubicado en la calle Bolívar, número 168, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Este edificio colapsó dejando atrapadas a diversas personas, así como víctimas mortales. Si bien los sismos generalmente son entendidos como “fenómenos” de la naturaleza que no se pueden evitar, también diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos han documentado, en diversos informes e investigaciones, una gran cantidad de factores que son omitidos para posibilitar disminuir los riesgos ante tales fenómenos; identificamos prácticas de corrupción y la omisión por parte de diversas autoridades en las tareas de inspección y revisión de la seguridad de los edificios, situaciones que aumentaron vulnerabilidades y daños, por lo cual es pertinente hablar de desastres socialmente construidos. En este marco, el día 29 de septiembre del 2017, se abrió una carpeta de investigación para investigar los delitos de responsabilidad de los directores responsables de obra, homicidio y lesiones en el caso del inmueble ubicado en Bolívar 168. Desde ese entonces, ha pasado más de un año en que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) ha omitido brindar información y avances efectivos en sus investigaciones; incluso se ha dificultado recabar pruebas debido a la omisión de diversas autoridades, así como las trabas para acceder a la carpeta de investigación, pues ésta constantemente era llevada de un lado a otro sin que se informara a las víctimas y sus asesores, violentando con ello el derecho de las víctimas a conocer y contribuir en las investigaciones. En días recientes, fue notificado a familiares y víctimas que la PGJ-CDMX determinó el no ejercicio de la acción penal para el caso de Bolivar 168. En la exposición de su criterio menciona que no encuentra elementos suficientes que determinen una conducta penal y atribuye el resultado al sismo mismo. Sin embargo, en dicho razonamiento no se toman en cuenta las múltiples observaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), mismas que derivaron en recomendaciones; tampoco consideran los diversos medios de prueba que integrados en la carpeta de investigación. Es importante, señalar que se determinó el no ejercicio de la acción penal sin haber investigado las irregularidades relacionadas a los permisos de uso de suelo y reglamentos en la materia, y sin considerar los peritajes emitidos por expertos que develan que la causa del colapso es el sobrepeso del inmueble. Para las víctimas y esta organización defensora de derechos humanos acompañante del caso de Bolívar número 168, es evidente que la PGJ-CDMX incurre en arbitrariedades y omisiones al momento de resolver de esta manera. Con ello, impide el acceso a la justicia para las víctimas del sismo del 19 de septiembre. Derivado de esta determinación, corresponde resolver al juez de control en turno revocar el no ejercicio de la acción penal y ordenar una investigación apegada a derecho que considere los derechos de las víctimas y se valoren todos los elementos de pruebas a fin de que se pueda judicializar el caso, para que de esta manera las víctimas puedan acceder a la verdad y a la justicia, sentándose un precedente para la no repetición de este tipo de casos. Exhortamos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a resolver tomando en cuenta los más altos estándares en derechos humanos y valorando los medios de prueba que integran la carpeta de investigación, a no cerrar las investigaciones de éste ni de ningún caso relacionado con el sismo del 19 de septiembre de 2017, además de ordenar que se realicen los peritajes pertinentes y diligencias necesarias para evitar la impunidad, estableciendo adecuadamente responsabilidades, y asegurando de esta manera el acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas. De igual manera exhortamos a la PGJ-CDMX para que se ocupe y realice las investigaciones con estricto apego a derecho, sin favorecer a algunas de las partes y tomando en cuenta los más altos estándares en materia internacional de los derechos humanos de las víctimas. Atentamente Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Imagen destacada: Alberto Ledezma
Perfil de vacante | Área jurídica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Puesto de trabajo: Abogada/e/o Área: Defensa Jurídica. Vigencia de la convocatoria: 07 de enero de 2019 a 25 de enero de 2019 Puestos disponibles: 1 Condiciones laborales: La sede del Centro Vitoria se encuentra en la Ciudad de México. Temporalidad: Contrato inicial de 3 meses de prueba, renovación en función de desempeño. Horario: Tiempo completo Fecha de inicio: Febrero 2019 Idioma: Español, inglés Indispensable disponibilidad para viajar. Descripción de la organización El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una organización con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos entre los sectores más vulnerables o discriminados. Nuestro trabajo se fundamenta en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente los ratificados por México, y en las leyes nacionales. El área de Litigio Estratégico Impulsar la protección de Derechos Humanos a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos nacionales e internacionales de protección, así como crear insumos metodológicos, informativos y políticos para visibilizar las estrategias y el trabajo de los procesos y casos que acompañamos Perfil requerido. Persona titulada en Derecho y con cédula vigente, con experiencia en el litigio de casos y capacidad de comunicación asertiva tanto con autoridades como con las personas que acompañamos en la organización, además de ser una persona responsable con gusto por el trabajo en derechos humanos. El Área de Litigio Estratégico responde directamente a la Coordinación General y trabaja de manera muy cercana con el resto de áreas que forman el Centro Vitoria, por lo cual es sumamente importante la comunicación y coordinación interna de forma constante para el acompañamiento integral de los casos y procesos. Requisitos. Formación académica y experiencia laboral. Escolaridad mínima: Título de licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente. Experiencia mínima: 1 año de experiencia comprobable en litigio ante tribunales nacionales. Deseable Experiencia de trabajo ante instancias internacionales de defensa de derechos humanos. Experiencia en procesos de acompañamiento a casos en organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales u organizaciones internacionales. Experiencia previa de trabajo en la sociedad civil organizada desde una perspectiva de derechos humanos. Conocimiento comprobable del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, en particular en el ámbito de los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Experiencia en el diseño e implementación de líneas de defensa integral, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a través de recursos que permitan el acceso al sistema de justicia de las personas. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Experiencia y capacidad para la redacción de informes que documentan violaciones a los derechos humanos de las personas. Conocimientos en justicia transicional. Conocimientos necesarios. Computación: Office, software libre, servicios de mensajeria, servicios de google. Habilidades profesionales requeridas: Uso de lenguaje incluyente Trabajo con perspectiva interseccional y de género, tanto en la organización como con los actores que ésta atiende y con los que se relaciona. Excelente redacción y ortografía. Sensibilidad para el trato con personas en condiciones de vulnerabilidad Habilidades en comunicación asertiva Capacidad de argumentación y análisis Capacidad para trabajar bajo presión, en equipo y en red con otros actores sociales y profesionales de otras disciplinas. Capacidad organizativa Capacidad de comunicación interna. Capacidad de análisis y propuesta en equipo para llegar a objetivos estratégicos. Capacidad de implementar estrategias de justiciabilidad en casos de violaciones colectivas a derechos humanos, sobre todo relacionadas con DESCA. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Actividades y responsabilidades del puesto. Contribuir en la implementación, seguimiento y evaluación de una estrategia de defensa integral de los derechos humanos. Orientación y seguimiento legal de casos de violaciones a derechos humanos, en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en el uso y mantenimiento de la base de datos de casos acompañados por la organización. Elaborar documentos, demandas, denuncias, artículos, informes de casos y otros escritos jurídicos, incluyendo juicios de amparo, procedimientos en instancias de Procuración e Impartición de Justicia, procedimientos administrativos y otros mecanismos de protección a los derechos humanos. Colaborar en la presentación y seguimiento de quejas ante CNDH o cualquier otra instancia no jurisdiccional, tanto del ámbito nacional como del internacional (sistema interamericano y sistema universal). Aportar a la implementación de estrategias de litigio estratégico puestas en marcha por la organización en casos de violación de derechos humanos en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en la elaboración de informes que documenten graves violaciones de derechos humanos. Asistir y asesorar legalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Apoyo en la elaboración de amicus curiae para fortalecer la defensa de los casos propios y de otras organizaciones. Participar en espacio de profesionalización en temas de derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Participar en reuniones con organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación y otros actores en el diseño, implementación, evaluación, seguimiento y consulta de políticas públicas. Participar en espacios de articulación y vinculación con actores gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación, y otros actores respecto a los temas de prioridad para la organización. Participar en la implementación de medidas de seguridad y de autocuidado PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Las personas interesadas en la convocatoria deben remitir con anterioridad a las 24 h
Sexenio de EPN, regresivo para la libertad de expresión y la protesta social: ONG
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social ha documentado casos y legislaciones represivas entre 2012 y 2018 De julio de 2015 a noviembre de 2018 se presentaron por lo menos 175 casos de represión Pide al nuevo gobierno garantizar y respetar la libertad de expresión, de reunión y de tránsito en el espacio público. Durante el sexenio 2012-2018 en México, el ejercicio de la protesta social fue objeto de constante de represión, criminalización y diversas restricciones a través de normas, uso excesivo y arbitrario de la fuerza pública, tanto a nivel federal como estatal, tendientes a estigmatizar la protesta y cerrar los espacios públicos; así lo ha documentado el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) en El Sexenio de la Resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018. Cabe recordar que el #1DMX (1° de diciembre de 2012), fecha en que tomó protesta Peña Nieto, marcó un punto de partida simbólico y reprobable, observando una clara representación de lo que vendría en los siguientes seis años. Detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias derivadas de un uso letal de la fuerza pública, tortura, uso arbitrario del sistema penal, amenazas, intimidación, fueron huellas que quedaron marcadas frente al ejercicio de la protesta social. Estos actos, según explica el Frente, se pueden identificar “antes, durante y después” de la protesta: antes, señalando aquellas legislaciones locales y federales que restringen y criminalizan el ejercicio de la protesta social a través de normas ambiguas, disposiciones que permiten el uso letal y arbitrario de la fuerza pública o que restringen el uso del espacio público; durante, en los actos de represión cometidos contra diversos actores movilizados a lo largo del sexenio, quienes han sufrido encapsulamientos, agresiones físicas y sexuales, detenciones arbitrarias, ataques con todo tipo de armamento letal y no letal, e incluso ejecuciones extrajudiciales; y después, cuando integrantes de movimientos sociales y personas solidarias son judicializadas por delitos imputados de manera arbitraria, aprovechando su redacción ambigua, tales como los delitos de “ultrajes a la autoridad”, “ataques a la paz pública”, “resistencia de particulares”, “sedición”, “terrorismo”, entre otros. El informe contabiliza que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo menos en 15 entidades federativas se aprobaron legislaciones restrictivas a la libertad de expresión y la protesta social. Algunas de estas restricciones son: la obligación de dar aviso o solicitar autorización previa, sin considerar manifestaciones espontáneas; la restricción de vialidades o espacios públicos para manifestarse, así como determinados horarios; la inadecuada regulación sobre armas y el otorgamiento de facultades amplias y discrecionales para el uso de la fuerza, sin controles adecuados para privilegiar el ejercicio de derechos y la rendición de cuentas. Asimismo, en el periodo comprendido entre julio de 2015 y noviembre de 2018 se registraron 175 casos de violaciones a derechos humanos en contextos de protesta social; esto quiere decir que, en promedio, se dio un acto represivo a la semana a lo largo de estos dos años y medio. Dentro de estos casos se encuentran Chalchihuapan (2014), Ayotzinapa (2014) Nochixtlán (2016), las movilizaciones contra el gasolinazo (2017), la represión en Tiripetío, Michoacán (2017), entre muchas otras. Resulta necesario un cambio de enfoque, prevaleciendo uno en el que se coloca el ejercicio de la protesta social como un tema de orden público y un riesgo para la estabilidad, debiendo adoptar un enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana, sin contraponer a la protesta con orden, y verlo como un ejercicio natural de derechos y autonomía que robustecen una democracia. Finalmente, el FLEPS, por medio de su Informe, hace un recuento de los retos que los nuevos gobiernos locales y el federal deben asumir para garantizar, respetar y proteger el derecho a la protesta social: caracterizar de manera positiva el ejercicio de la protesta, adoptar modelos de concertación política que faciliten la interlocución entre las personas movilizadas y las autoridades, derogar los tipos penales y las legislaciones que mitigan y criminalizan las manifestaciones, y garantizar la debida investigación y sanción de violaciones a derechos humanos en contextos de movilizaciones sociales. El FLEPS está conformado por 11 organizaciones y colectivos dedicados a la defensa de los Derechos Humanos, y surgió en abril de 2013 dedicándose a realizar labores de documentación de violaciones al ejercicio de la protesta social, las libertades de expresión y reunión; así como labores de incidencia y promoción con el fin de que el Estado mexicano garantice estas libertades. El informe El Sexenio de la Resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018 puede ser consultado aquí y en el sitio libertadyprotesta.org. Contacto: contactofleps@gmail.com FLEPS ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
Carta Pública | OSC manifestamos preocupación respecto a Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras y Periodistas de la Ciudad de México
ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México FÉLIX ARTURO MEDINA PADILLA Subsecretario de Gobierno Calle Plaza de la Constitución 1, Colonia Centro (Área 1), Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México P R E S E N T E Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2018 Entre las organizaciones y personas firmantes existen una preocupación con respecto a la definición de la próxima persona titular del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras y Periodistas de la Ciudad de México; por lo que consideramos fundamental transparentar y publicitar el proceso de selección, garantizando la participación plena del Consejo Consultivo del Mecanismo y de la sociedad civil con el objetivo que éste se adecúe a las necesidades de las personas defensoras y periodistas que acuden a dicha instancia a solicitar protección por la situación de riesgo en la que se encuentran; consideramos que las y los postulantes a ocupar el cargo deben contar con el conocimiento y la experiencia necesaria. Es necesario hacer una serie de valoraciones con respecto a la persona al frente de este mecanismo de protección pues, debe contar con la capacidad para liderar su implementación dentro del marco de una política pública integral acorde a estándares internacionales, en conjunto con personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunidades, y organizaciones de la sociedad civil, con miras a garantizar el derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio periodístico, mediante la debida coordinación entre las instituciones involucradas en la materia así como con el Mecanismo de Protección Federal; asimismo, la adecuada elaboración e implementación de programas de prevención y planes de protección que salvaguarden la vida e integridad de las personas defensoras y periodistas, garantizando el desarrollo de sus labores en un entorno seguro. Además de los requisitos establecidos en la ley, consideramos que las personas que ocupen estos cargos deberán tener: Alta calidad moral, sensibilidad y empatía a las problemáticas de derechos humanos y víctimas. No haber sido candidato u ocupado un cargo de elección popular, ni puestos de dirección en partidos políticos, por los menos en los dos años previos a su designación. En cargos públicos o privados no haber tenido declaraciones o pronunciamientos en contra de las personas defensoras y periodistas, y en general contra los derechos humanos. Independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus labores. Conocimiento profesional y técnico para el desarrollo de las funciones del cargo. Experiencia probada en terreno y reconocida trayectoria vinculada en la defensa, protección y reparación a víctimas. Experiencia probada y reconocida trayectoria en materia de prevención, protección y acompañamiento con perspectiva de género y enfoque diferencial de personas defensoras y periodistas en riesgo. Experiencia en el manejo de relaciones con medios de comunicación, altos funcionarios gubernamentales, expertos y organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Experiencia en procuración, transparencia y administración de recursos humanos y financieros. Compromiso y probada experiencia con la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión y el Estado de Derecho. Capacidad de diálogo, manejo de conflicto y trabajo con grupos. Capacidad de dialogar y conciliar opiniones e intereses entre las diferentes partes involucradas en el Mecanismo e implementación. Para la selección de la persona titular es necesario asegurar la participación del Consejo Consultivo del Mecanismo de la Ciudad de México, en la toma de decisiones y seguimiento al proceso, con miras a garantizar que la o el titular cumpla los requisitos establecidos en la ley, y acorde al perfil que como sociedad civil hemos propuesto para asegurar el buen desarrollo de las competencias y obligaciones del puesto. Las nuevas servidoras y servidores públicos encargados de operar el Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de la Ciudad de México tienen la obligación y la oportunidad, a través de la composición de dicho Mecanismo, de empezar a realizar acciones concretas, que solventen las falencias actuales y garanticen su efectividad en su funcionamiento y coordinación con las demás instituciones locales y con el propio Mecanismo Federal; así como el aumento de capacidades técnicas y económicas para el desempeño de sus labores. Quedamos en espera de su apreciable respuesta, informando de los avances en los procesos de selección. Atentamente, ORGANIZACIONES FIRMANTES Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” A.C. Ednica I.A.P. El Caracol A.C. Espacio Libre Independiente Marabunta AC Espacio OSC Las organizaciones que conforman el Espacio_OSC son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC¬Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras SMR; Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI). Justicia Pro Persona Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay, A.C. Imagen destacada: Jorge Aguilar
Pendientes cambios de fondo para erradicar y atender la violencia feminicida en CDMX
Pendientes cambios de fondo para erradicar y atender la violencia feminicida en CDMX Organizaciones y víctimas exhortamos a Jefa de Gobierno y Procuradora a atender urgentemente deuda en materia de violencia contra las mujeres Procuraduría debe poner especial atención en garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género El pasado 13 de septiembre de 2018 la Jefa de Gobierno electa Claudia Sheinbaum se reunió con víctimas de violencia feminicida, cuyos casos se encuentran en la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM) para la Ciudad de México; en ese entonces, escuchó atentamente de viva voz las experiencias de las víctimas, quienes le compartieron un panorama de la terrible situación de violencia feminicida que permea la Ciudad, y las obstrucciones que generan las instituciones citadinas encargadas de atención y procuración de justicia para acceder a la verdad y la justicia. Las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañamos casos de violencia feminicida hemos podido constatar que las víctimas se encuentran con un sinfín de impedimentos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en su búsqueda por la verdad y la justicia, situación que vulnera sus derechos humanos y las revictimiza. A partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, se ordena la transición de Procuraduría a Fiscalía autónoma, situación que en conjunto con el cambio de gobierno en la Ciudad, representa una oportunidad para que las autoridades encargadas de esta transición revisen las fallas estructurales que han obstaculizado el acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas de violencia feminicida y encaminen acciones contundentes para superar dichas dificultades y trabas. Dentro de las tareas urgentes, en materia de impartición de justicia, se encuentran el diseño de perfiles adecuados del personal encargado de atender en todos sus niveles de responsabilidad a víctimas de violencia feminicida en las diferentes áreas, quienes deberán tener conocimientos en materia penal, derecho internacional de los derechos humanos y contar con perspectiva de género; revisión del desempeño de las actuaciones de los funcionarios de dicha institución, poniendo especial énfasis en los altos funcionarios y, en su caso, iniciar o continuar los procedimientos de sanción pertinentes; asimismo, revisar que los procedimientos sean llevados a cabo en los términos establecidos en la ley, a fin de no vulnerar los derechos humanos de las víctimas. Derivado del proceso de AVGM, y en cumplimiento de la medida urgente ordenada por el Grupo de Trabajo, se estableció la Mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidos en la solicitud de AVGM, a través de la cual se revisaron las fallas en los procesos y se impulsaron acciones que atendieran no sólo los casos que se encuentran en la Alerta, sino generar impactos positivos en los casos en general de violencia feminicida. Sin embargo, la última mesa de casos se llevó a cabo pasado el 06 de noviembre, dejando inconclusos los procesos. Las víctimas y organizaciones estamos preocupadas por que los equipos asignados para la investigación y acompañamiento de los casos de la mesa de victimas son retirados, dejando en la incertidumbre el seguimiento de las investigaciones pendientes y procesos judiciales de casos graves. En ese sentido, solicitamos a la Jefa de Gobierno electa dé continuidad a los trabajos iniciados en la mesa de casos durante las administración saliente, debido a la gravedad de los mismos y a las fallas estructurales persistentes. La organizaciones peticionarias de la AVGM, conscientes de que el trabajo realizado para mejorar en materia de acceso a la verdad y a la justicia debe hacerse en conjunto, nos encontramos en condiciones de colaborar críticamente para continuar las tareas que se estimen pertinentes en coordinación con la Procuradora y la Jefa de Gobierno, refrendado nuestra compromiso para que la Ciudad de México cuente con instituciones eficaces y eficientes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. ATENTAMENTE Víctimas de Violencia Feminicida en la Ciudad de México Justicia Pro Persona A.C Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P A.C Fotografía destacada : Esx Queso
