Por la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas de México

Convocantes y participantes de este 1er Encuentro apuestan a la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas Se dieron más de 500 asistentes, entre víctimas y sobrevivientes, personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales de diversos estados del país. Entre el 19 y 21 de noviembre tuvo lugar, en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca, el 1er Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos. Acudieron aproximadamente 500 asistentes entre vícitimas y sobrevivientes, personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales; provenientes de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Coahuila y Ciudad de México, así como de Alemania, Argentina, Colombia, Chile y Guatemala. El Encuentro tuvo como propósito impulsar la construcción de un proceso propio de justicia transicional, que considere a todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país,  desde la diversidad de sus experiencias, luchas y resistencias. El cual tenga lugar desde la participación central de las víctimas, vistas como dinamizadoras de diversos procesos de defensa de derechos humanos y de búsqueda de verdad, memoria y justicia. Con base en las diversas experiencias, se plantea que la justicia transicional sea una herramienta que se construye por medio de procesos colectivos que le permitan ser llevada a la práctica y fortalecer los procesos de memoria. Esto implica que no puede ser impuesta desde arriba, sino que tiene que ser reconocida y apoyada socialmente. Acudieron familiares y víctimas de diversas violaciones graves a derechos humanos, como tortura, desaparición forzada, feminicidios o ejecución extrajudicial. También participaron, en representación, diferentes comités de víctimas como el Comité 68, la Representación de Arantepakua, el Comité Cerezo, el Comité de Víctimas de Nochixtlán, Sabuesos Guerreras, entre varios más. Desde el sentir de las víctimas y sobrevivientes se identificaron algunas necesidades y propuestas que abonen a un proceso de justicia transicional efectivo, caracterizado por la centralidad de las victimas. A partir de ahora se busca discutir de manera colectiva y organizada cuáles son los mecanismos pertinentes para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, según las necesidades de las víctimas y sobrevivientes. Además se destacó la voluntad de continuar con la realización de foros permanentes, al igual que conformar una comisión integrada por víctimas, sobrevivientes y participantes, con miras a dar continuidad a las propuestas aquí planteadas y hacerlas llegar al gobierno entrante. ATENTAMENTE Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (COVIC) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. (CDHVITORIA) Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Comisión Magisterial de Derechos Humanos sección XXII (COMADH) Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. (DDHHJUSTICIA) Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA) Liga de Juristas “26 de septiembre”  A. C.

Sociedad Civil exigen al gobierno mexicano garantizar, respetar y proteger los derechos de migrantes durante el éxodo

Fundamental el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para reducir el riesgos y abusos en contra de personas migrantes. LIC. ALFONSO NAVARRETE PRIDA SECRETARIO DE GOBERNACIÓN LIC. MANUEL VELASCO COELLO CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES PRESIDENTE LIC. RENATO SALES HEREDIA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PRESIDENTE Las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones de protección a los derechos humanos y atención humanitaria a personas del éxodo centroamericano en el trayecto que emprenden de la CDMX hacia el norte y los grupos que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur, así como brindar protección y respaldo a todas las organizaciones internacionales y mexicanas de derechos humanos y paz, así como a organismos internacionales que han desplegado un esfuerzo importante para acompañar a las personas migrantes durante su paso por México. Las personas migrantes han recibido el apoyo humanitario generoso de personas, y de organizaciones internacionales y nacionales, así como el asesoramiento y acompañamiento legal y emocional en los lugares a los que han llegado, sin embargo, por diversas circunstancias son muy pocas las que han acompañado y acompañarán en su transitar por territorio mexicano. Los Organismos Internacionales son vitales para el monitoreo y vigilancia del desarrollo de la Caravana, y los Organismos Autónomos de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil para vigilar el respeto y garantía de los derechos de las personas por parte del Estado mexicano. Este acompañamiento humanitario es fundamental para la seguridad de las personas migrantes, que se verán cada vez más amenazadas por grupos del crimen organizado y las malas condiciones atmosféricas a medida que avanzan hacia el norte y del control fronterizo en los Estados Unidos de Norteamérica. Para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, no es suficiente ofrecer apoyos en los lugares en los que permanecen transitoriamente, sus derechos están en riesgo particularmente durante su caminar. Una protección humanitaria robusta, articulada y permanente por y entre autoridades federales, estatales y municipales, junto con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, puede reducir significativamente la vulnerabilidad de las y los migrantes, así como servir de testimonio de los atentados que se cometan en su contra. La magnitud de esta movilidad obliga pensar en ella como un sujeto colectivo que tiene el derecho de gozar de protección especial, sobre todo cuando se han identificado a personas en mayores condiciones de vulnerabilidad como son las personas refugiadas, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas de la comunidad LGBTTI y personas de la tercera edad, las cuáles requieren y exigen atención prioritaria en los lugares en los que más riesgos y necesidades tienen como son las carreteras por las que transitan. Es preciso que, en esta coyuntura crítica, el Estado mexicano interprete sus mandatos lo más amplio posible, para maximizar la atención humanitaria y la protección de derechos de las personas migrantes, en lugar de convertirlos en obstáculos, para lograr tales fines con el acompañamiento de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. La solidaridad activa de las organizaciones internacionales y nacionales es fundamental para reducir el riesgo de que la caravana migrante sea víctima colectiva de violaciones graves de derechos humanos. A mayor presencia de esas organizaciones y del Estado, menos vulnerables serán los migrantes y más visibles serán los atropellos que se cometan en su contra. Por lo cual es fundamental que el Estado ofrezca su protección a personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como a las organizaciones y personas que les acompañan. ORGANIZACIONES Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino Aldeas Infantiles SOS México Além das Fronteiras/Brasil Alianza Américas ALIANZA DE EX BRACEROS DEL NORTE Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) Asociación Todo Cambia y como Red Milano senza Frontiere Cafemin Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez, A.C. Centro de Estudios Ecuménicos AC Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (CODEMIRE): Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís A.C. (Matamoros, Tamaulipas); Casa del Migrante Nuestra Sra. de Guadalupe (Reynosa, Tamaulipas); Colectivo Ustedes Somos Nosotros (Ciudad de México); Servicio Jesuita a Migrantes México (Ciudad de México); Servicio Jesuita a Refugiados (Ciudad de México); La Red Jesuita Con Migrantes México; Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada-CAFEMIN (Ciudad de México); Iniciativa KINO (Sonora); Albergue Hermanos en el Camino (Oaxaca); Casa del Migrante Jtatic Samuel (Chiapas); Casa del Migrante El Samaritano (Hidalgo); Centro de Atención al Migrante Seminario Scalabriniano (Ciudad de México); Hermanas de San José de Lyon en Albergue Decanal Guadalupano Tierra Blanca, Ver; Centro Agustín Prodh (Ciudad de México); Casa del Migrante Santa Martha (Nuevo León); Casa del Migrante Casa Nicolás (Nuevo León); Hermanas del Servicio Social Movilidad Humana (Michoacán); Comité́ Monseñor Romero-Casa del Migrante-Tochán (Ciudad de México); Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio de México, A.R. (Ciudad de México); Casa Migrante de Saltillo (Coahuila); Pastoral de la Migrantes Diócesis de Tulancingo (Hidalgo); Centro de Atención al Migrante Necesitado-CAMYN (Sonora); Casa del Migrante Santa Cruz (Chiapas); Comedor La Esperanza del Migrante- Las Patronas (Veracruz); SMR Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (Ciudad de México); Comisión de Pastoral de Migrantes y Movilidad Humana-Arquidiócesis de México (Ciudad de México); Casa del Migrante La Santa Cruz (Chiapas). Defensores/as independientes: Lic. Axel García Carballar, Lic. María Mayela Blanco Ramírez; Mtra. Irazú Gómez, Hna. Leticia Gutiérrez Valderrama, mscs., Estudios Fronterizos de la UACM Sicsal. Colectivo Ustedes Somos Nosotros Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas. Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, Comunidad Teológica de México. Comunidades por la Justicia y la Paz Conferencia de Institutos Religiosos de México (CIRM) Dimensión de Pastoral de Pueblos Originarios y Afro Mexicanos (PPOYAM) Documenta desde abajo Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban AC, Fundación para el Desarrollo del Bajío Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria

Consejo de Derechos Humanos de la ONU confirma crisis de DDHH en México

#ColectivoEPUmx convoca al Gobierno federal electo, a través de la Cancillería, a sostener un encuentro público, una vez emitidas las recomendaciones del Examen Periódico Universal Impunidad, violencia contra personas defensoras y periodistas, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, niñez, seguridad y justicia, principales preocupaciones internacionales. Países recomiendan la creación de una Fiscalía General autónoma e independiente y un Mecanismo contra la Impunidad. Hoy a las 9 de la mañana, hora de Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se examinó a México en materia de derechos humanos en el contexto del Mecanismo Examen Periódico Universal (EPU). Los países representados en dicho mecanismo internacional tuvieron oportunidad de expresar sus recomendaciones al Estado mexicano sobre la situación de derechos humanos que vive nuestro país. En las participaciones de los Estados se pudo confirmar el diagnóstico de actores internacionales sobre México: la crisis de derechos humanos persiste. El principal tema de preocupación fueron las agresiones y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la falta de investigación y sanción a los perpetradores. También se realizaron múltiples observaciones en torno a la violencia estructural e institucional que se ejerce contra las mujeres. Se reiteró la necesidad de atacar los altos niveles de violencia, corrupción e impunidad, por considerar que se trata de indicadores certeros y verificables en el cumplimiento de las responsabilidades respecto a los derechos humanos de un Estado. En esta lógica se reiteró la necesidad de una #FiscalíaQueSirva y se retomaron muchas preocupaciones del colectivo #SeguridadSinGuerra, como la revisión de la Ley de Seguridad Interior. Destacan las recomendaciones de Dinamarca, Reino Unido, España, Países Bajos y Noruega apoyando la necesidad de fortalecer esfuerzos nacionales e internacionales para combatir la impunidad. Es importante señalar que los representantes de los Estados sostuvieron diálogos en los meses anteriores con el #ColectivoEPUmx, un ejercicio de articulación histórico desarrollado por más de 245 organizaciones de la sociedad civil, quienes el 29 de marzo presentamos un informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos como insumo para este proceso. La delegación del Estado mexicano reconoció que nuestro país enfrenta retos considerables y que las violaciones a derechos humanos les sobrepasan. Las organizaciones que conformamos el #ColectivoEPUmx consideramos que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se ha constatado la utilidad de este examen para aportar datos objetivos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en México. Desde nuestros diferentes campos de expertise hemos aportado nuestra documentación no sólo al informe (disponible en http://bit.ly/2DqgxcG), sino en un conjunto de fichas temáticas (disponibles en http://bit.ly/2Dr0wTJ) que fueron herramientas para este proceso. A partir del llamado que realizamos al nuevo gobierno durante el lanzamiento de nuestro informe el 29 de septiembre de 2018, sostuvimos contactos con la futura Cancillería, quien aceptó nuestra sugerencia de observar dicho proceso. De manera respetuosa les convocamos a sostener un encuentro público cuando ya sean gobierno y las recomendaciones hayan sido emitidas. De la misma manera, reiteramos nuestra solicitud para que en el marco de la asistencia técnica en materia de derechos humanos, se fortalezca la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones. Hemos documentado que desde el final del segundo ciclo del EPU México se han incrementado las vulnerabilidades estructurales en materia de derechos humanos. Ello se ha expresado en un marco jurídico que favorece la impunidad debido a la aprobación de diversas leyes que legalizan la violación de derechos humanos. Reiteramos nuestro llamado al Consejo de Derechos Humanos para que colabore con el Estado mexicano para generar mecanismos que permitan implementar los resultados del presente ejercicio del EPU y mecanismos tendientes a erradicar la impunidad. Más info: Quetzalcoatl g. Fontanot | 5517966731

¿La Suprema Corte está enterada de la guerra?

Como el Presidente de la República y el Congreso de la Unión en diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró sus puertas a las víctimas de la violencia. El pasado 2 de octubre, nuestro colectivo –integrado por más de 300 organizaciones y personas– presentó una solicitud dirigida a las ministras y ministros para la realización de audiencias públicas sobre la Ley de Seguridad Interior. Para que abrieran la justicia constitucional en medio de la crisis de violencia que padecemos y que esa Ley busca perpetuar. Nos han dicho que no y no solo eso: El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ya ha hecho público un proyecto que empezaría a discutirse por el Pleno a partir del próximo 12 de noviembre. En sus 501 páginas el proyecto invisibiliza a las víctimas y a la guerra misma. Propone declarar inconstitucionales 7 artículos, modificar 4 y declarar la validez de 23 de los 34 que integran la ley. Aunque la propuesta invalida algunas de las partes más graves de la Ley, deja intacta la parte central de la misma y requiere que al menos 8 de las 11 ministras y ministros voten por eliminar dichas partes. Sin embargo, los riesgos de mantener al ejército en las calles, sin mecanismos efectivos de control, subsisten. Por ello, desde #SeguridadSinGuerra consideramos que el proyecto es deficiente y es también un mensaje de impunidad. No basta, por ejemplo, con quitarle la facultad al presidente para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior si no es a petición de los estados, como lo propone el Ministro. Tampoco con eliminar la reserva sobre toda la información generada bajo la aplicación de la ley por considerarse de seguridad Nacional. Una sentencia constitucional apegada a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos no debe permitir que un concepto como el de “Seguridad Interior” , que es el corazón de la ley, sea considerado constitucional. ¿Está enterado el Ministro Pardo de los abusos que por 12 años se han cometido aun sin esa ley debido a la actuación de militares y marinos que no están capacitados para realizar labores de seguridad pública? Si el proyecto fuera aprobado en sus términos por la SCJN, establecería un procedimiento de suspensión de derechos y garantías sin los controles establecidos en el artículo 29 constitucional, lo cual además contraviene el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si ese proyecto es lo máximo que el Alto Tribunal puede ofrecerle a un país al que le urge la paz, la demanda al nuevo Congreso para abrogar la Ley de Seguridad Interior es más pertinente que nunca. La fuerza política vencedora en la pasada elección puede y debe impulsar su eliminación del orden jurídico mexicano de una vez por todas. No se puede construir paz con una ley que, al mantener el paradigma de la militarización de la seguridad pública, camina en contra de los legítimos esfuerzos por escuchar a las víctimas del país y construir mecanismos de justicia transicional. ¿Morena y el presidente electo están realmente oyendo lo que se ha dicho en las escuchas nacionales? No hay necesidad de esperar la sentencia de la SCJN. El momento demanda congruencia y responsabilidad. Entender que lo que deberíamos estar construyendo es una auténtica política de fortalecimiento y dignificación de las policías en todo el país en vez de falsas soluciones y hasta peticiones de aplicación de la Ley de Seguridad Interior, como la aprobada desde el Congreso de Sonora, impulsada por Morena. No a la militarización disfrazada de guardia civil ni al aumento de tropas. No a sentencias como salidas políticas. Atentamente #SeguridadSinGuerra Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra

Pese a agudización de los feminicidios, CONAVIM frena Declaratoria de AVG en la CDMX

-Gobierno de la Ciudad de México incumple su obligación de presentar en tiempo el informe de las acciones implementadas, derivadas de la solicitud de (Alerta de Violencia de Género) AVGM  -Dilata organismo estatus de la solicitud de AVGM para CDMX  -Familiares de víctimas de feminicidio y Organizaciones de la Sociedad Civil exigen que la Declaratoria sea emitida en el periodo de este gobierno sin mayores dilaciones.  Ante la violencia feminicida desbordada en la ciudad de México, Justicia Pro Persona, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., solicitamos la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) el 07 de septiembre de 2017. Desde el momento de la solicitud, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ha dilatado el cumplimiento de sus obligaciones, situación que ha llevado a que exista un retraso en la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en la Ciudad de México, misma  que tiene por objeto detener y erradicar la violencia feminicida a través de acciones gubernamentales de emergencia. El 02 de octubre de 2018 venció el plazo de los seis meses establecidos en el Reglamento para que la Comisión Nacional solicitara al titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México el informe en el que dé cuenta sobre las acciones implementadas para cumplir las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo, tanto en las medidas urgentes como en el informe realizado por el Grupo de Trabajo a fin de detener la violencia feminicida. No obstante, hoy se cumplen 15 días del vencimiento del plazo y no conocemos el Informe que el Gobierno está obligado a entregar al Grupo de Trabajo, para que éste último pueda emitir un dictamen. En ese sentido, tenemos conocimiento de que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó una prórroga y el Grupo de Trabajo determinó otorgarla. Al respecto,  es importante mencionar que las organizaciones peticionarias, mismas que  formamos parte del proceso  no fuimos consultadas. Derivado de lo anterior, hacemos hincapié en la importancia de atender la Solicitud de AVGM de manera pronta y expedita, puesto que es un mecanismo de emergencia diseñado para reaccionar de forma urgente frente a la grave situación de violencia feminicida en un territorio determinado y las dilaciones en las que han incurrido tanto CONAVIM como el Gobierno de la Ciudad de México derivan en el incumplimiento de sus obligaciones para garantizar a las mujeres que vivimos y transitamos en la Ciudad de México una vida libre de violencia. Además, es pertinente señalar que las acciones que hasta el momento hayan emprendido los diferentes poderes de la Ciudad de México dirigidas para detener y erradicar la violencia feminicida, son solo un piso mínimo, pues el período de seis meses resulta insuficiente para atacar las causas estructurales de esta violencia, por tanto es imperioso que se declare a la brevedad la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, toda vez que a través de esta declaratoria se permite implementar las medidas urgentes que ataquen de manera estructural la violencia feminicida y de esta forma detenerla y erradicarla. En ese sentido, desconocemos la prórroga para que el gobierno de la Ciudad de México emita su informe y exigimos al Gobierno que entregue dicho informe de manera inmediata a fin de que el Grupo de Trabajo pueda emitir el dictamen correspondiente y finalmente se declare la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México. Frente a esta dilación y la omisión de las autoridades federales y de la Ciudad de México como organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México exigimos al Gobierno Federal actual: -Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) declare de manera inmediata la Alerta de Violencia de Género, previo la emisión correspondiente del dictamen del Grupo de Trabajo. -Informe a las y los familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, y organizaciones peticionarias, la situación actual del proceso de solicitud de AVG, así como de las medidas implementadas y el plan de trabajo propuesto por la CONAVIM para garantizar la efectiva implementación del dictamen. -Atienda de manera urgente la problemática de los feminicidios, desaparición de mujeres y niñas, los cuales pueden estar ligados a otros delitos como la trata de personas, sin deslindarse o delegar desde ya estas responsabilidades a los nuevos gobiernos.   ATENTAMENTE Justicia Pro Persona A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.    Fotografía destacada : Esx Queso

Por una designación de un/una Ministra de la SCJN participativa, transparente e incluyente

El 30 de noviembre de 2018 culmina el periodo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz. En las próximas semanas iniciará uno de los procesos más importantes de designación pública para la vida democrática de nuestro país. El proceso comienza cuando el Ejecutivo Federal envía una terna de candidatos/candidatas al Senado de la República, a fin de que dos terceras partes de los/las Senadoras elijan al Ministro o Ministra que ocupe el cargo por los próximos 15 años. El buen desempeño de las instituciones pasa por procesos de designación que aseguren la transparencia y máxima publicidad, una efectiva participación ciudadana y rendición de cuentas que doten de confianza y legitimidad de origen las decisiones públicas. Las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicos/académicas firmantes demandamos un proceso transparente, participativo e incluyente. En este sentido, hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a tomar en cuenta las consideraciones siguientes dentro del proceso de designación de un/una Ministra de la SCJN: La SCJN es el máximo órgano de justicia de nuestro país que tiene como mandato verificar que ninguna norma vulnere la Constitución y tratados internacionales, así como una labor de arbitraje de los conflictos políticos. Por ello, su papel en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de un ciclo de impunidad estructural y de casos graves de corrupción sin alguna consecuencia, resulta fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para la protección y garantía de los derechos de las personas. El perfil de quien ocupe esta gran responsabilidad además de atender los requisitos contemplados en la Constitución, debe: o Garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de este órgano, precisamente por su función de control constitucional. o Tener una reconocida honorabilidad e integridad. o Contar con experiencia probada en la materia. o Haber demostrado compromiso con los derechos humanos, con una interpretación garantista y progresiva de los mismos y con valores democráticos. o Comprobar capacidad para trabajar en un cuerpo colegiado. La conformación de la terna debe darse en el marco de un proceso abierto desde su inicio que permita una integración con los mejores perfiles y equivalentes entre sí, a partir de los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas, y considerando el contexto y la necesidad que amerita la coyuntura actual. La conformación actual del Pleno de la SJCN adolece de una representación paritaria entre mujeres y hombres (18% y 82%, respectivamente), por lo que, este proceso de designación es una oportunidad histórica para reducir esta brecha de desigualdad política por razones de género y avanzar con el principio de paridad que establece la Constitución. El Pleno de la SCJN está llamado a ser un espacio plural y diverso a partir de considerar en su integración distintos elementos que amplíen su perspectiva, como lo son el criterio generacional para enriquecer las lecturas del ordenamiento legal; el geográfico, para incidir en la tutela del federalismo; y el de la especialización, para designar a alguien con vocación probada en materia de derechos humanos. El Ejecutivo Federal y el Senado de la República deberán rendir cuentas del proceso de designación, a fin de garantizar legitimidad y confianza del máximo tribunal de parte de la ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la independencia judicial, garantizar procesos de designación que aseguren que jueces/juezas y magistrados/magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial. En este sentido, esta Comisión promueve la importancia de procesos de designación donde prevalezcan criterios objetivos para la selección, se permita el escrutinio ciudadano y se garantice la igualdad de condiciones y no discriminación. #SinCuotasNiCuates Imagen destacada : designaciones.org

El Estado mexicano enmudece ante los agravios que recibe un defensor mexicano

El defensor de derechos humanos mexicano Alejandro Cerezo Contreras fue detenido y deportado el pasado primero de octubre por agentes migratorios panameños, durante su escala rumbo a la ciudad de Asunción en Paraguay, donde iba a presentar una ponencia en el marco del “III Seminario Internacional Mecanismos de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: Entre el Compromiso y el Riesgo” a celebrase el día miércoles 3 y 4 de octubre de 2018. El silencio del Estado mexicano ante este abuso facilita nuevos atropellos hacia él y su familia. Esta es la segunda ocasión en la que el defensor es impedido de ejercer su defensa de derechos a nivel internacional lo que evidencia que la inacción diplomática del Estado mexicano es un llamado a la repetición. México debe asegurar los derechos de asociación, reunión, protesta y libertad de expresión de Alejandro Cerezo, por todos los medios disponibles, incluidas las gestiones diplomáticas, especialmente en casos reconocidos de criminalización de la defensa, como es el del Comité Cerezo México. El Estado está obligado a garantizar la integridad física y psicológica del defensor, su familia y su organización. Según la declaración de las personas defensoras de derechos humanos, es labor de las y los defensores impulsar el más alto estándar de derechos a nivel local, nacional e internacional. Negar la participación del defensor en el foro internacional al que fue invitado es una violación al derecho de defender derechos humanos y sus derechos asociados como el derecho a la libertad de asociación, protesta y de libertad de expresión. El estado mexicano debe borrar la información referente a los antecedentes penales de Alejandro, toda vez que existe una sentencia de amparo que determina su inocencia. Esta omisión ha provocado la existencia de atropellos para realizar su labor de defensa de derechos humanos, lo cual no es permisible dentro de un Estado de Derecho. ESPACIO OSC Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México. FLEPS ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

Red Universitaria y Ciudadana presenta informe sobre irregularidades y participación observada en elecciones de 2018

Participaron más de 300 personas en el despliegue de observación electoral de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD). 101 visitantes del extranjero participaron provenientes de 15 países diferentes. Se emitieron un total de 32 denuncias ante la FEPADE gracias a la información obtenida en observación de 7 estados del país. La Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) realizó actividades de observación electoral el pasado 1ro de julio, a través del despliegue de 101 personas de otros países y de 202 nacionales desplegadas en 7 entidades federativas: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Resultando en la vigilancia de 41 distritos electorales federales, 315 secciones electorales y 625 casillas durante la jornada electoral. LA RUCD también fue producto de la alianza de trabajo entre el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. y el Programa Universitario Diálogos por la Democracia, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este proyecto se enmarca en el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral de 2018, administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde las primeras horas del 1ro de julio, como informamos en los reportes emitidos el día de la elección por la RUCD, se detectaron contratiempos como la apertura tardía de casillas, la escasez de boletas electorales en casillas especiales, la falta de organización y preparación de las y los funcionarias de casilla; así como indicios de compra de votos. Con la información recopilada por nuestras brigadas, resaltamos los siguientes datos: Apertura tardía en el 93.22% de las casillas observadas. Siendo la apertura posterior a las 8:15 de la mañana, en algunos casos incluso con más de una hora de retraso. Sustitución de funcionarias y funcionarios de casilla en el 49.3% de las 118 casillas de las cuales obtuvimos este dato. Esto significa que en cerca de la mitad de los casos faltaron a sus funciones las personas que ya estaban capacitadas, con apenas una diferencia de 2.4%  entre la permanencia y la suplantación. Si bien ocurrieron diversas irregularidades en el proceso, nos parece importante destacar la notoria participación de la ciudadanía. Entre las 303 personas que participaron de la RUCD, 217 personas acreditadas ante el INE, entre observadores y observadoras y visitantes del extranjero. Las labores de observación se hicieron de manera voluntaria, con la presencia de 50 jóvenes entre los 18 y 29 años así como 37 personas adultas mayores, constituyendo el 23% y el 17% respectivamente. Durante el desarrollo de la Jornada Electoral del 1ro de julio, la RUCD recibió 32 denuncias recabadas en campo por las brigadas de observación electoral en despliegue, 14 de ellas relacionadas con compra de voto, 9 por obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las elecciones, 2 por votar a sabiendas de que no se cumple con los requisitos de la ley, 2 por organizar el traslado de votantes, 2 por solicitar evidencia del sentido del voto, 2 por hacer proselitismo a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas y una por realizar actos que provoquen intimidación o temor en el electorado. Derivado de nuestro ejercicio de observación, identificamos algunas recomendaciones que se relacionan con mejorar mecanismos para revertir la compra y coacción del voto; evitar el uso de programas sociales con fines electorales; la necesidad de que instituciones electorales enfrenten las campañas negras y sucias; por otro lado, también recomendamos sobre  necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la generación de condiciones de seguridad para que se llevan a cabo las elecciones; y sobre la imperiosa necesidad del fortalecimiento legal e institucional de la observación electoral ciudadana, así como la de robustecer la participación ciudadana en este tipo de ejercicios. La RUCD, es una iniciativa ciudadana, con participación de múltiples actores entre ellos personas de la academia, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, activistas, investigadoras e investigadores, con presencia nacional e internacional interesadas en vigilar la transparencia, legalidad y legitimidad en el proceso electoral del 2018, así como impulsar la participación ciudadana más allá de esta coyuntura, en aras de fortalecer la   democracia en el país. Atentamente Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia ( reddemocracia.org ) Contacto: democracia2018mx@gmail.com Fotografía: Ximena Martínez Reyna

Colectivo #SeguridadSinGuerra entrega carta a la SCJN

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE JOSÉ PABLO GIRAULT RUIZ, en representación de las más de 300 organizaciones de la sociedad civil y personas que integramos el colectivo #SeguridadSinGuerra me dirijo respetuosamente a este Alto Tribunal, a fin de solicitar que se celebren audiencias públicas ciudadanas previas a la resolución de las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales interpuestas en contra de la Ley de Seguridad Interior. La resolución de estos asuntos tendrá un impacto profundo en la vida constitucional del país. El pasado mes de diciembre el Congreso de la Unión y el Presidente de la República aprobaron y promulgaron la Ley de Seguridad Interior, a pesar de las advertencias de varios organismos nacionales como la CNDH y organismos internacionales como la ONU y la CIDH, sobre los riesgos que conlleva la normalización de presencia militar en tareas de seguridad pública. Asimismo, una gran cantidad de académicos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre los peligros que para la ciudadanía tiene la presencia militar en la calle, y pidieron que en lugar de promulgar una Ley de Seguridad Interior, se optara por el retiro paulatino de las fuerzas armadas, a la par de fortalecer a las policías civiles a quienes constitucionalmente les corresponde esa labor. En este día histórico en el que se cumplen 50 años de la masacre de 1968 en Tlatelolco, es más importante que nunca, reafirmar la defensa de las libertades y derechos. Después de la noche trágica del 2 de octubre de 1968, no debió permitirse más excesos ni ausencias bajo la complicidad del Estado. Aun así, en los últimos 12 años cientos de miles de personas han muerto de forma violenta, hay más de 250 mil desplazadas y más de 37 mil familias buscando a sus seres amados. Los componentes fundamentales de nuestro sistema constitucional –el carácter civil de su gobierno, la eficacia del sistema federal, la separación efectiva de poderes y, por supuesto, la protección de los derechos humanos, se ven involucrados directamente por la legislación impugnada. Además, la complejidad de la materia y el volumen de la evidencia reunida a lo largo de los últimos tres lustros sobre el impacto, en la práctica, del uso de las Fuerzas Armadas, en contacto con la población civil, en materia de seguridad, amerita un desahogo exhaustivo y transparente. Por estas razones, creemos oportuno que la Suprema Corte repita el ejercicio realizado en casos de complejidad y relevancia semejantes. Es fundamental, para la exitosa resolución del debate nacional en la materia que la decisión de la Suprema Corte sea tomada con base en la evidencia empírica y de cara a la sociedad. En otros asuntos, la Suprema Corte ha convocado, ejemplarmente y con éxito, a la realización de audiencias públicas ciudadanas a fin de conocer la evidencia y la opinión de los expertos en la materia. Nos referimos a las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, así como a la acción de inconstitucionalidad 26/2006. Con estos antecedentes de enorme complejidad técnica y un nivel importante de atención pública, la Corte demostró que el desahogo público de posturas y opiniones expertas favorece la comprensión de su deliberación y la aceptación de la resolución por parte de la población. La resolución de los casos referentes a la Ley de Seguridad Interior, sea cual sea su sentido, sólo puede beneficiarse y fortalecerse con un ejercicio de transparencia y deliberación pública como lo serían audiencias públicas. Retomamos y hacemos propias las palabras que usted, en su carácter de Ministro Presidente, expresó la semana pasada en el coloquio “El 68 y su impacto en materia de derechos humanos”, en el sentido de que “el 68 nos dejó claro que siempre debe escucharse la voz y el eco de la voz de los jóvenes; que jamás deben cerrarse los canales de comunicación; que siempre es posible crear espacios de diálogo y concordia; que siempre es posible crear cauces institucionales que puedan fluir para cualquier inconformidad para la construcción de un mejor México más incluyente y – desde luego, con ello- más en paz”. No es otro, sino ese anhelo de un México incluyente y en paz, lo que sustenta nuestra petición. El momento que atravesamos es histórico y la construcción de esa paz debe lograrse entre todas y todos. Para que nunca más exista represión a las libertades ciudadanas. Para que nunca más exista represión sobre el ejercicio de derechos y para que la justicia constitucional se fortalezca. Atentamente #SeguridadSinGuerra Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra

Relanzamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

​Tras once años de trabajo y ante un nuevo panorama político, la Campaña Sin Maíz No Hay País buscar reivindicar la vigencia de las demandas que desde hace más de una década ha defendido. Ante un nuevo contexto, fruto del último proceso electoral en el que se manifestó un mandato popular, el Estado mexicano debe coadyuvar a la construcción de un modelo donde las personas y los sujetos colectivos estén al centro de los planes gubernamentales. Esto implica rescatar al campo de una forma sustentable, equitativa y digna que permita la soberanía alimentaria con campesinas, campesinos, ciudades y pueblos originarios.     En vísperas de la celebración del Día del Maíz el próximo 29 de septiembre, convocamos a todas y todos a festejar y defender al maíz como base de nuestra alimentación y patrimonio de México y del mundo. Hoy más que nunca es fundamental mantener los esfuerzos por defender el derecho a la alimentación, desde la perspectiva de la producción hasta la del consumo y la salud.     Por ello, consideramos menester ampliar nuestras redes a otras luchas hermanas, pues la defensa de la soberanía alimentaria no está desligada de la urgencia por defender de forma organizada y colectiva la tierra, el territorio y el agua; así como la necesidad de reconstruir el tejido social, ya que el fortalecimiento del campo parece ser la única salida para desterrar la violencia, el narcotráfico y la delincuencia organizada de nuestro país.     Ante el nuevo panorama que se presenta en México, mantenemos las demandas en torno a mantener fuera al frijol y al maíz en los Tratados de Libre Comercio; reafirmamos nuestra posición en contra de la siembra de semillas transgénicas y el uso de agrotóxicos; la importancia de apoyar y fortalecer al campesinado, así como a los marcos jurídicos que protegen la biodiversidad y al medio ambiente; y sostenemos la importancia. ahora más que nunca, de hacer políticas públicas que garanticen la operación integral de las secretarías, para que éstas atiendan holísticamente los problemas agrarios, alimentarios, de salud y medioambientales. Finalmente, hacemos un llamado a todo el pueblo mexicano a unirnos en un permanente proceso de lucha por la defensa de la vida y la soberanía alimentaria.