Juez penal determina a favor del acceso a la justicia para Lesvy y su familia
Hubo resolución favorable para las víctimas, a más de 11 meses de ocurridos los hechos. Víctimas y acompañantes siguen exigiendo el efectivo acceso a la justicia y a la verdad para Lesvy. El día 9 de abril de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Intermedia en las inmediaciones de Reclusorio Oriente referente al caso del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio. En dicha audiencia, la Unidad de Gestión Judicial Número Seis del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) apuntó a que la acusación contra el imputado será por el delito de feminicidio agravado. Desde que se dio a conocer la muerte de Lesvy Berlín Rivera Osorio en Ciudad Universitaria, se ha sostenido de manera arbitraria y contraria a las evidencias del caso que la joven se suicidó. En este sentido, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) formuló posteriormente la hipótesis de un homicidio simple doloso en comisión por omisión; lo cual equivalía a sostener la misma hipótesis de suicidio. Por ello, las víctimas, su asesoría jurídica y acompañantes se vieron en la necesidad de aportar pruebas y peritajes que aseguraran una investigación efectiva y con perspectiva de género, de tal manera que se avanzara en la búsqueda de verdad y justicia para Lesvy. Además, más de 1300 personas, activistas, feministas, académicas y académicos entregaron al Juez Alfonso Dávila Gómez un carta firmada solicitando que el proceso se siga con perspectiva de género, dicho documento tuvo también el respaldo de más de 60 organizaciones civiles y sociales. De esta manera, dicho juez apuntó en la ya mencionada audiencia a que se unificaran las teorías del caso de la familia y acompañantes con la de la PGJCDMX, resultando así que la acusación al imputado proceda definitivamente por el delito de feminicidio agravado. Así, se podrá entrar en etapa de juicio, para que con base en las pruebas y el respeto de los derechos de las víctimas, se dicte sentencia por medio de la cual se conozca la verdad y se obtenga justicia y reparación de daño para Lesvy. En pocas palabras, la Audiencia Intermedia logrará corregir el actuar de la PGJCDMX gracias al acompañamiento dado por diversos sectores sociales a la familia. El actuar de la Procuraduría se caracterizó, a lo largo de todo el desarrollo del caso, por la falta de perspectiva de género en las investigaciones, lo cual ha violentado los derechos de las víctimas, faltado a estándares nacionales e internacionales, y obstaculizado el acceso a la justicia para Lesvy y su familia. Contra el dolo y la negligencia de las autoridades de la Ciudad de México, los esfuerzos de la familia de Lesvy, de las organizaciones acompañantes, de las personas asesoras jurídicas, de grupos y personas de la comunidad universitaria, y de las organizaciones y colectivas feministas y de mujeres han abonado para avanzar en la exigencia de justicia y verdad para Lesvy y, por medio de ésta, para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente: Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Imagen destacada: Esx Queso Dossier del Caso
Justicia para Lesvy: Carta al Juez por audiencia del 9 de abril
Honorable C. Juez Alfonso Dávila Gómez, Las personas abajo firmantes, preocupadas por el desarrollo del proceso jurídico en el caso de nuestra compañera universitaria Lesvy Berlín Rivera Osorio y en solidaridad con la familia, le hacemos llegar esta carta, pues tenemos conocimiento de que el próximo 9 de abril de 2018 se llevará a cabo una audiencia en la que se expondrán las conclusiones acusatorias a las que arribó la coadyuvancia y la Procuraduría General de Justicia luego del cierre de la investigación complementaria. Sabemos que la audiencia intermedia es crucial para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las partes por lo que queremos compartirle nuestra preocupación porque las víctimas sean efectivamente consideradas en sus planteamientos y porque este caso sea juzgado con apego al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género que surge de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la experiencia y el trabajo del Poder Judicial de la Federación y de la incorporación de los criterios del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de los Derechos Humanos. Por la memoria, por la verdad, por la justicia y por la no repetición. ¡Ni una asesinada más! Reciba un cordial saludo. Atentamente: Imagen: Rexiste
Con albazo y sin consulta Diputados de PVEM y PRI buscan aprobar Ley General de Biodiversidad
– Violatoria de derechos humanos y al servicio de intereses privados; industria minera, energética, biotecnológica y farmacéutica las más favorecidas. – Habilita el despojo a los Pueblos indígenas y comunidades campesinas. – Pone en riesgo Áreas Naturales Protegidas y especies prioritarias para la nación. Este lunes 26 a las 11 de la mañana, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pretende aprobar, en fast track, la Minuta de Ley General de Biodiversidad (LGB). Ésta abre la puerta a violaciones a derechos humanos y derechos indígenas; además, vulnera ecosistemas y especies ya de por sí amenazadas. Organizaciones campesinas, indígenas, civiles, académicas y ciudadanía en general, interesadas en garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, a través de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, hemos señalado constantemente las deficiencias de esta propuesta. El jueves 22 de febrero, el diputado presidente de la Comarnat, Arturo Álvarez Angli del PVEM, convocó la reunión para aprobar el “dictamen sin cambios”. La premura del proceso y el llamado urgente a votación pone en evidencia una fuerte presión para que la Minuta sea aprobada en sus términos. Además, la falta de transparencia y apertura del proceso legislativo, pone en evidencia conflictos de interés por parte de las y los legisladores que la impulsan. La votación de la Minuta busca llevarse a cabo sin que haya mediado un proceso de análisis y consulta de los pueblos indígenas y campesinos, e ignorando el mandato de la Mesa Directiva de la Cámara que requirió Opinión de las Comisiones de Asuntos Indígenas (presidida por el PRI) y de Cambio Climático (presidida por el PAN). A continuación se exponen algunas de las principales deficiencias de la Minuta: -Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . – Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena. – Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento. -Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética. -Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones. – Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. – Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades. – Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Nacines Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional. – Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030. Debido a lo anterior, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, exige a la Cámara de Diputados que abra la revisión de esta Minuta a la participacipación de la sociedad; en particular a los pueblos indígenas quienes serán impactados directamente por la aprobación de esta Ley. Las y los legisladores tienen el mandato de representar a la sociedad, no solo a los intereses económicos de grupos empresariales. Pero, en el Senado y en la Cámara de Diputados parece que la norma es lo contrario. Basta recordar que esta iniciativa de ley fue propuesta, y sigue siendo promovida, por la Senadora Ninfa Salinas, parte de Grupo Salinas. Por ello, las organizaciones y personas firmantes requerimos a los Partidos Políticos en la Cámara de Diputados a detener el albazo promovido por el PVEM con apoyo del PRI, y exigir la consulta amplia. Nuestro país exige transparencia, participación y rendición de cuentas, no procesos legislativos a escondidas. Por ello, invitamos a la ciudadanía a informarse de lo que hay en juego con esta Ley y sumarse en esta petición para detenerla. Imagen destacada (modificada) : Pablo Sierra
CONAVIM da revés a los derechos de las mujeres en México
CONAVIM obstaculiza implementación de las alertas de violencia de género Organizaciones peticionarias de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en diversos estados del país, denunciamos los graves retrocesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para garantizar los derechos de las mujeres en México. A pesar de que el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó de 2015 a 2017 el asesinato de 8,190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo 1,640 fueron investigados como feminicidio -es decir en 20% de los asesinatos- existe una omisión por parte de las autoridades federales para realizar acciones urgentes y efectivas para erradicar la violencia feminicida que prevalece en diversas entidades. A casi tres meses de la llegada de la nueva Comisionada de la CONAVIM, Angela Quiroga, organizaciones de diversos estados del país, vemos con preocupación el estancamiento, retroceso y dilación de la nueva administración, lo que pone en riesgo los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C., Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C. hemos documentado acciones, omisiones e irregularidades de la CONAVIM en los procedimientos de AVG como: -Retardos injustificados en la notificación de los informes sobre las AVG, lo que se contradice con la imperiosa necesidad con la que se deben atender, ante la gravedad y urgencia de problemáticas como el feminicidio y las desapariciones de niñas y mujeres. Esto ha ocurrido ante las solicitudes de las Declaratorias en la Ciudad de México, Tlaxcala y el estado Puebla. -Detenimiento de las mesas de trabajo para la elaboración de dictámenes sobre el cumplimiento de las medidas de las AVG declaradas en estados como: Nuevo León, Estado de México y Chiapas. Lo que impide realizar una evaluación y saber si es necesario emitir nuevas medidas. -Limitación de la participación de organizaciones de la sociedad civil en el procedimiento de AVG. No tener voz, ni voto y condicionar su participación al arbitrio de la CONAVIM, es una de las recientes prácticas documentadas. -Caso omiso a los indicadores de resultado y de impacto para medir el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las AVG y el cese de la violencia feminicida, elaborados con Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. -Detenimiento de la publicación de la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) con la cual se busca fortalecer el mecanismo de la AVG, mismo que es un resultado de los Amparos realizados por las OSC en los procedimientos del Estado de México, Nuevo León y Chiapas. Aunado a estos retrocesos graves, es de nuestro conocimiento que en los últimos dos meses la CONAVIM se ha reunido con los gobiernos -sin que participe el Grupo de Trabajo y mucho menos las organizaciones peticionarias de las AVG-, para acordar las situaciones relacionadas con las alertas.Cabe destacar que éstos no están dentro del procedimiento del propio mecanismo, y que son contrarias al propio objetivo de la AVG, ya que emitir los informes de recomendaciones, declarar los alertas o levantarlas, no depende de la voluntad de los estados sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia. Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres exigimos a la Secretaria de Gobernación: -Acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en México. -Cese de la simulación y atención urgente a los pendientes y vacíos en las solicitudes y seguimiento a las alertas realizadas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México. -Cumplimiento de la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la que pide al Gobierno mexicano eliminar las barreras para la implementación del mecanismo de la AVG y así como la realización de políticas públicas garantizar la seguridad e integridad de las mujeres. Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones nacionales e internacionales que trabajamos a favor de los derechos de las mujeres que el mecanismo de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos. De enero de 2014 a diciembre de 2017 el OCNF registró 8,904 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales sólo 2,188 casos han sido investigados como feminicidios, por lo que estaremos atentas de las acciones y omisiones que a partir de esta fecha realice el organismo federal, pues hasta la fecha su actuar pone en duda un compromiso auténtico con las mujeres en México. Atentamente Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C. Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C.
Perfil de vacante | Área jurídica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Puesto de trabajo: Abogada/e/o Área: Defensa Jurídica. Vigencia de la convocatoria: Abril 2018 Puestos disponibles: 1 Condiciones laborales: La sede del Centro Vitoria se encuentra en la Ciudad de México. Temporalidad: Contrato inicial de 3 meses de prueba, con posibilidad de extensión hasta fin del 2018 y renovación en función de desempeño. Horario: Tiempo completo Fecha de inicio: Inmediato Idioma: Español, inglés Indispensable disponibilidad para viajar. Descripción de la organización El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una organización con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos entre los sectores más vulnerables o discriminados. Nuestro trabajo se fundamenta en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente los ratificados por México, y en las leyes nacionales. El área de Defensa jurídica tiene como objetivo defender, proteger y promover los derechos humanos mediante el uso alternativo y crítico del derecho en la asesoría y acompañamiento jurídico a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Perfil requerido. Persona titulada en Derecho y con cédula vigente, con experiencia en el litigio de casos y capacidad de comunicación asertiva, además de un fuerte sentido de ética laboral con el equipo de trabajo y con las personas a las que acompaña la organización en sus procesos de defensa. El Área de Defensa responde directamente a la Coordinación General y a la Dirección General, y trabaja de manera muy cercana con el resto de áreas que forman el Centro Vitoria, por lo cual es sumamente importante la comunicación y coordinación interna de forma constante para el acompañamiento integral de los casos y procesos. Requisitos. Formación académica y experiencia laboral. Escolaridad mínima: Título de licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente. Experiencia mínima: 1 año de experiencia comprobable en litigio ante tribunales nacionales y 2 años en procesos de acompañamiento a casos preferiblemente con organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales u organizaciones internacionales. Deseable Experiencia de trabajo ante instancias internacionales de defensa de derechos humanos. Experiencia previa de trabajo en la sociedad civil organizada desde una perspectiva de derechos humanos. Conocimiento comprobable del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, en particular en el ámbito de los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Experiencia en el diseño e implementación de líneas de defensa integral, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a través de recursos que permitan el acceso al sistema de justicia de las personas. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Experiencia y capacidad para la redacción de informes que documentan violaciones a los derechos humanos de las personas. Conocimientos necesarios. Computación: Suit de Office, software libre, servicios de mensajeria, servicios de google. Habilidades profesionales requeridas: Uso de lenguaje incluyente Trabajo con perspectiva interseccional y de género, tanto en la organización como con los actores que ésta atiende y con los que se relaciona. Excelente redacción y ortografía. Sensibilidad para el trato con personas en condiciones de vulnerabilidad Habilidades en comunicación asertiva Capacidad de argumentación y análisis Capacidad para trabajar bajo presión, en equipo y en red con otros actores sociales y profesionales de otras disciplinas. Capacidad organizativa Capacidad de comunicación interna. Capacidad de análisis y propuesta en equipo para llegar a objetivos estratégicos. Capacidad de implementar estrategias de justiciabilidad en casos de violaciones colectivas a derechos humanos, sobre todo relacionadas con DESCA Actividades y responsabilidades del puesto. Contribuir en la implementación, seguimiento y evaluación de una estrategia de defensa integral de los derechos humanos. Orientación y seguimiento legal de casos de violaciones a derechos humanos, en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Colaborar en el uso y mantenimiento de la base de datos de casos acompañados por la organización. Elaborar documentos, demandas, denuncias, artículos, informes de casos y otros escritos jurídicos, incluyendo juicios de amparo, procedimientos en instancias de Procuración e Impartición de Justicia, procedimientos administrativos y otros mecanismos de protección a los derechos humanos. Colaborar en la presentación y seguimiento de quejas ante CNDH o cualquier otra instancia no jurisdiccional, tanto del ámbito nacional como del internacional (sistema interamericano y sistema universal). Aportar a la implementación de estrategias de litigio estratégico puestas en marcha por la organización en casos de violación de derechos humanos en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en la elaboración de informes que documenten graves violaciones de derechos humanos. Asistir y asesorar legalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Apoyo en la elaboración de amicus curiae para fortalecer la defensa de los casos propios y de otras organizaciones. Participar en espacios de profesionalización en temas de derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Participar en reuniones con organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación y otros actores en el diseño, implementación, evaluación, seguimiento y consulta de políticas públicas. Participar en espacios de articulación y vinculación con actores gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación, y otros actores respecto a los temas de prioridad para la organización. Participar en la implementación de medidas de seguridad y de autocuidado PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Las personas interesadas en la convocatoria deben remitir los siguientes documentos: Currículum vitae. Una carta de motivos de una cuartilla en donde explique su interés en participar en el Área de Defensa del Centro Vitoria. 2 cartas de recomendación laborales (de preferencia de organizaciones civiles de derechos humanos). Tras la finalización del plazo de recepción de documentos, el comité de selección realizará una preselección de las candidaturas que más se adecuen al
Pronunciamiento | Se constituye la «Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD)»
-Súmate a los esfuerzos por detener un posible fraude electoral en las elecciones presidenciales del 1 de julio en México Preocupados por el estado precario en que se encuentra la democracia mexicana y ante la crisis de credibilidad en que se encuentran las instituciones electorales en el país, un grupo de académicos, periodistas, activistas e integrantes de la comunidad cultural, en México y en el extranjero, hemos acordado conformar una Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD). La experiencia con las elecciones presidenciales de 1988, 2006 y 2012, así como con las elecciones para gobernador en el Estado de México y en Coahuila en 2017, entre otros casos recientes, demuestran que hay muchos actores (políticos, económicos, institucionales, mediáticos, sociales e internacionales) que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático. En general, la grave crisis de impunidad, corrupción, censura y violaciones a los derechos humanos que afecta de manera profunda la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en todo el país ha sido ampliamente documentada por numerosos estudios académicos, periodísticos e informes de organismos nacionales e internacionales. Ante los peligros que acechan a la vida democrática en México, hacemos un llamado a la sociedad civil, nacional e internacional, a estar alerta y a tomar medidas concretas para garantizar que se respete la soberanía popular en las elecciones del próximo 1 de julio de 2018. Específicamente, convocamos a tomar las siguientes acciones: Movilizar una vasta red de observadores electorales ciudadanos, nacionales e internacionales, para cubrir la mayor cantidad de casillas electorales posibles tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio. Denunciar de manera sistemática y rigurosa, frente a las instituciones electorales, en los organismos internacionales y con los medios de comunicación, todas y cada una de las violaciones a la normatividad que se cometan durante el proceso electoral. Organizar y articular las diferentes iniciativas ciudadanas existentes, o en proceso de construcción, a favor de la celebración de elecciones libres y limpias en México, al nivel nacional e internacional, con el fin de aumentar su impacto a favor de la autenticidad de las elecciones del 1 de julio. Como Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) nos proponemos ser un espacio abierto y plural de articulación, divulgación y acción a favor de la democracia en México. Convocamos a todos los mexicanos, y a todos los ciudadanos del mundo solidarios con el pueblo mexicano, a que se registren desde ahora como observadores electorales y que articulen sus esfuerzos con esta nueva iniciativa. El presente y el futuro de la democracia mexicana no debe quedar solamente en manos de las instituciones electorales o los partidos políticos. Los ciudadanos y la sociedad civil también tienen una responsabilidad histórica. De nuestra participación dependerá que se respete el derecho constitucional del pueblo mexicano a elegir libremente a sus gobernantes en las urnas este próximo 1 de julio. Para información sobre como registrarse como observador electoral acreditado por el Instituto Nacional Electoral se recomienda consultar la siguiente página: http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/participa/ Invitamos a todos los individuos y agrupaciones, en México y el extranjero, que quisieran articular sus acciones con la RUCD a comunicarse al correo: Democracia2018MX@gmail.com [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Slider_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Se constituye la “Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD)”
-La RUCD participará en la defensa de la legalidad y la autenticidad de las campañas electorales y de los comicios que tendrán lugar el próximo 1 de julio. -Hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a registrarse como observadores electorales para hacer respetar la voluntad popular. -Entre los firmantes de la iniciativa figuran personalidades de universidades, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de México, EEUU, Canadá, Europa y América Latina. En su comunicado inaugural, la nueva “Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia” (RUCD) emite un llamado a la sociedad civil mexicana e internacional a “sumarse a los esfuerzos por detener un posible fraude electoral en las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio”. La Red, integrada por más de 170 firmantes, de 77 diferentes universidades y 12 organizaciones de la sociedad civil provenientes de 13 países en Europa y las Américas, señala que está “preocupada por el estado precario en que se encuentra la democracia mexicana y la crisis de credibilidad en que se encuentran las instituciones electorales”. Los firmantes del comunicado publicado en español, inglés, francés, ruso, náhuatl y tseltal indican que las irregularidades y la poca legitimidad de los recientes procesos electorales tanto en el Estado de México como en el estado de Coahuila han evidenciado que en México “hay muchos actores que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático”. Frente a esa situación, la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) se propone ser un espacio plural y de articulación, divulgación y acción a favor de un proceso democrático transparente y justo donde se garantice el respeto a la voluntad popular. Entre las acciones impulsadas y convocadas se encuentra la invitación a crear y movilizar una vasta red de observadoras y observadores electorales ciudadanos, nacionales e internacionales, que cubran las casillas electorales tanto el día de la elección como durante los conteos distritales. También se convocó a denunciar de forma rigurosa frente a las autoridades electorales nacionales, organismos internacionales y medios de comunicación las violaciones a la normatividad y otras irregularidades que se cometan durante el proceso electoral, así como la articulación de las diversas iniciativas ciudadanas a favor de la celebración de elecciones libres y transparentes. La iniciativa es respaldada por personalidades como Boaventura de Sousa Santos, Immanuel Wallerstein, Roberto Gargarella, Noam Chomsky, John Ackerman, Elena Poniatowska, Sergio Aguayo, Greg Grandin, Gabriela Ippolito-O’Donnell, José Del Val, Miguel Concha Malo y Alejandro Solalinde, así como por académicos y académicas del Tecnológico de Monterrey, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana y 15 diferentes entidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras universidades nacionales. Asimismo, entre los firmantes extranjeros se incluyen académicos y académicas de Yale University, Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Columbia University, University of California, University of Michigan, Sorbonne, Utrecht University, University of London, Universidad Carlos III y otras. La RUCD cuenta también con la participación de organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., el Center for Internacional Policy, el North American Congress for Latin America (NACLA), Justice Mexico Now, Dictámen Ciudadano, Frente Refundación, Ni Un Fraude Más y el Centro Universitario Cultural, A.C. Para más detalles o información adicional contactar a: Lisseth Pérez en lmpm3008@gmail.com
Se emitieron medidas provisionales de carácter urgente para atender violencia feminicida en la CDMX
-Medidas provisionales relacionadas con las fallas en investigaciones y mecanismos de búsqueda. -En próximos días será publicado el informe con recomendaciones que deberán ser implementadas en los próximos 6 meses para reducir violencia feminicida. Luego de más de cinco meses desde que diversas organizaciones de la sociedad civil realizamos la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, autoridades de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM) que atienden dicha solicitud han emitido una serie de medidas provisionales que deben atenderse de manera urgente e inmediata. Entre ellas se establece la instalación de una mesa de trabajo con víctimas para dar seguimiento a sus casos, y revisar los errores que persisten en las actividades de investigación de muertes violentas de mujeres, entre ellas la falta de perspectiva de género y de debida diligencia que hace que persista la impunidad. Asimismo,, se emitió la instalación de mecanismos claros de búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas. Dichas medidas provisionales fueron emitidas el pasado día 2 de marzo, sin que hasta el día de hoy autoridades de la Ciudad de México hayan informado sobre su respuesta a estas medidas provisionales. Hacemos un llamado al Gobierno de la Ciudad de México a atender de manera urgente estas medidas solicitadas. En próximos días, será publicado el informe del grupo de personas expertas , que detalla el contexto y diagnóstica la situación sobre violencias hacia las mujeres en esta Ciudad, que también motivaron estas medidas precautorias. Así también una serie de observaciones que el gobierno de la Ciudad de México deberá implementar en un plazo de 6 meses, para reducir de forma efectiva y significativa la violencia feminicida en sus diversas manifestaciones. Las organizaciones peticionarias permanecemos a espera de la publicación de dicho informe y atentas a la implementación de las medidas que ya han sido emitidas con la intención de reducir la violencia feminicida en esta Capital. Atentamente: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Justicia Pro Persona A.C. Imagen destacada : Exs Queso
Exigencias mínimas para las elecciones de 2018
En los últimos años, los procesos electorales de nuestro país se han caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza. La sociedad mexicana puede dar testimonio del dispendio de recursos públicos y de otras actividades ilícitas que redundan en coacción, compra del voto y prácticas fraudulentas que vuelven ilegítimos los resultados de los comicios. Las irregularidades se observan antes, durante y después de la jornada electoral. Son cometidas por una multiplicidad de actores que van más allá de los partidos políticos o los funcionarios públicos; involucran a otros entes sociales y económicos. Por ejemplo, la transferencia de dinero de los gobiernos locales a las campañas electorales en contravención a las leyes electorales y al artículo 134 de la Carta Magna. La triangulación de fondos ha sido denunciada por las organizaciones civiles y medios de comunicación. Esta conducta, las aportaciones de Odebrecht, OHL y la Estafa Maestra a través de empresas fantasma, de ser probadas, constituirían una causal de pérdida del registro, de acuerdo con el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El multimillonario desvío de recursos en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Tamaulipas; la participación de miembros del gabinete federal; la inaceptable omisión de las autoridades financieras del país; la apertura de procesos penales a modo contra ex gobernadores; y las represalias contra funcionarios que con autonomía han investigado estos hechos, demuestran la existencia de acciones concertadas hacia un inminente fraude electoral, cuya consumación podría confrontar gravemente al país. Debemos tener conciencia de que las irregularidades han comenzado. Por tanto, la fiscalización de los órganos electorales debe ser estricta y transparente. No debemos permitir que se repitan los acontecimientos de 1988 que retrasaron, durante una generación, la transición democrática de nuestro país. Se ha dicho que todos hablan de combatir la corrupción como bandera principal, lo cierto es que las instituciones construidas para hacerlo, están controladas y descabezadas. El esfuerzo por crear órganos electorales autónomos, de composición ciudadana, se tradujo en las elecciones libres de 1997 y 2000, que después naufragó por el secuestro de los partidos políticos y del poder público. Así, los fraudes de 2006, 2012 y los abusos incalificables en los recientes comicios del Estado de México y Coahuila, son señales ominosas de lo que podría ocurrir en 2018. Es necesario revertir el proceso de falsificación. Apostar al fatalismo significaría ceder frente al abuso del poder y arriesgar el descarrilamiento del país. Las próximas elecciones no pueden ser la repetición de nefastas experiencias que la sociedad ya no soportaría. Las leyes han atribuido facultades a las autoridades electorales y al Sistema Nacional Anticorrupción, pero estos no las han querido ejercer, o las han aplicado de manera selectiva. Es menester impedir la complicidad de las autoridades en la defraudación del sufragio público. Requerimos instancias electorales autónomas que, de conformidad con el mandato constitucional, nos brinden certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Cada decisión fuera de estos principios, merma la democracia. Exigimos a todos los partidos políticos y candidatos cumplir estrictamente la ley y hacemos un llamado responsable a las entidades involucradas para apoyarse en la sociedad civil de manera permanente, a efecto de desempeñar su papel de garantes de la legalidad. Preocupados por el ejercicio pleno de los derechos políticos y la credibilidad de las instituciones, y ante la imposibilidad constitucional para realizar reformas electorales, este grupo de ciudadanas y ciudadanos propone medidas que, de conformidad con el marco jurídico vigente, permitirían garantizar la emisión del voto de forma libre, razonada y auténtica: Publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del INE. Promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos. Sancionar severamente las campañas negras conforme a los artículos 247, 380, 394, 443, 446, 452 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin menoscabo alguno de la libertad de expresión. Instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que pueda alimentarse de forma permanente con datos aportados por la ciudadanía. Se habla de un Sistema Integral de Fiscalización que es preciso, cumpla sus objetivos. Coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y de transparencia, a fin de fiscalizar estrictamente el ejercicio de los recursos públicos y el uso electoral de programas sociales, para perseguir y sancionar la compra y coacción del voto. Flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero. Verificar de manera permanente a los OPLE en el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el INE, así como la imparcialidad de los vocales ejecutivos locales y distritales, tanto de los Estados como de la Ciudad de México. Investigar el eventual conflicto de intereses por los vínculos entre el candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE; y de comprobarse, proceder a la destitución del titular. Considerar la cancelación del registro de cualquier partido que se ubique en los supuestos previstos en el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si nuestras peticiones fueran desoídas, nos reservamos el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir el cumplimiento del artículo 23, b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, acudiremos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en virtud del artículo 25, b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos. Ustedes tienen la palabra. FIRMAN: Sergio Aguayo, Eugenio Anguiano, Alberto Aziz Nassif, Bruno Bichir, Cuauhtémoc Cárdenas, Alberto Chimal, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Alejandro Encinas, Miguel Eraña, Roberto Eibenschutz, Amalia García, Daniel Giménez Cacho, Ma. Teresa Gómez Mont, José Antonio Guevara, Agustín Gutiérrez Canet, Saúl Hernández, Diego Herrera, Eduardo Huchim May, Clara Jusidman, Guadalupe Loaeza, Ifigenia Martínez, Mario Melgar, Lorenzo Meyer, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Eduardo Navarrete, Santiago Nieto Castillo, Loretta Ortiz
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