Categoría: Comunicados

Bots y mentiras contra la Ley Federal para el fomento y protección del maíz nativo

 Cientos de cuentas-bots son utilizadas para propagar mentiras. ¿Quién paga esas cuentas bots? Más de 3 mil ciudadanos vía Change, se pronuncian a favor de la ley. En un hecho insólito, al menos para el sector rural, cientos de cuentas «bots» emprendieron una «campaña» de difamación y desinformación en contra de la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo. La industria agroalimentaria y sus opinólogos han realizado señalamientos inverosímiles como que, si se aprueba dicha ley, «la tortilla llegaría a 60 pesos el kg», «que se prohibirán los maíces híbridos», que “aumentarían las importaciones de maíz”, que “se frenará la investigación biotecnológica en México”, entre otras afirmaciones mentirosas y fuera de la realidad. La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, ha señalado que dicha ley es: Preponderantemente declarativa (no regulatoria); genera derechos culturales y de alimentación a través de declarar el maíz nativo un derecho humano del pueblo mexicano. No implica que quieran quitarse o retirarse del mercado los maíces híbridos, ni que esto sea un retroceso para el país. No es restrictiva de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) ni de la biotecnología moderna o de su investigación y, Busca garantizar y fomentar, a través de las autoridades competentes, que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo y en diversificación constante. Ante los ataques sin fundamentos de la agroindustria y sus cuentas bots, exigimos al Diputado Eraclio Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, a que deje atrás sus intereses personales o de grupo y se discuta y apruebe en sus términos en dicha comisión. Finalmente, como población mexicana, principal consumidora de maíz en el mundo nos toca defender al maíz nativo ante las amenazas inminentes y hacemos un llamado a las y los diputados para que representen el interés nacional en virtud de proteger al maíz nativo. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Víctor Manuel Chima 

Terna para definir la presidencia de la CNDH responde a acuerdos cupulares

A pesar de que la convocatoria introdujo importantes estándares para garantizar una evaluación objetiva sobre la idoneidad de los perfiles, la terna aprobada no responde a los catorce indicadores aludidos en el dictamen aprobado. El Senado de la República tiene la obligación de hacer públicas las evaluaciones de las 56 personas candidatas, así como motivar y justificar la terna aprobada. No hacerlo evidencia la simulación del proceso. Una terna que incluye perfiles con filiaciones político partidistas y cuestionamientos al desempeño en la defensa de derechos humanos, pone en riesgo la legitimidad de la CNDH. Las organizaciones articuladas en el colectivo #CNDHautónoma manifestamos nuestro rechazo a los sucesos del día de ayer, 29 de octubre, por los cuales una terna previamente acordada de manera opaca y discrecional por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se aprobó en la sesión de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República. La convocatoria aprobada por ambas comisiones, que al inicio del proceso dio señales de un salto de calidad respecto a procesos de designación anteriores, se redujo a letra muerta y dio paso a la simulación. Por esta razón, pedimos al Pleno del Senado que devuelva la terna a las Comisiones y no apruebe ninguna alternativa hasta que se garantice la idoneidad de los tres perfiles, en función de sus méritos, trayectoria y probidad.  Solo en la medida en que se transparenten las evaluaciones de los 56 perfiles y el resultado de estas justifique la decisión de la terna, se confirmará que se anteponen los méritos y no los acuerdos partidistas. En este sentido, hacemos notar puntos cruciales que han viciado el proceso: Tras la revisión documental, no hubo una primera selección a partir de una evaluación objetiva, lo que devino en una lista larga de candidaturas, pues todas y todos los aspirantes (57) fueron aceptados. La lista larga de candidaturas impactó significativamente en los tiempos de las comparecencias, pues las y los candidatos tuvieron sólo 4 minutos para exponer sus planes de trabajo y otro tanto para responder rondas de preguntas y cuestionamientos. Nunca se dio a conocer el instrumento de evaluación empleado por las y los senadores (a pesar de que la convocatoria establecía su carácter vinculante en la toma de decisiones), impidiendo con ello un mayor acompañamiento de la sociedad al proceso, y manteniendo en la opacidad las listas de prelación que justificarían la formulación de la terna. Sin una lista de prelación objetiva y basada en evidencia, aparentemente algunos grupos políticos negociaron la composición de la terna, a partir de una lógica de cuotas y cuates. No hay evidencia de que las y los senadores hayan escrutado ampliamente los perfiles de las personas candidatas, especialmente de aquellos con señalamientos y cuestionamientos en notas periodísticas y otras fuentes de acceso público. La sesión en la que presuntamente las Comisiones Unidas discutirían la conformación de la terna partió con la lectura de un dictamen y una terna prefabricada y acordada en la opacidad. Después de una sesión larga, donde se evidenciaron los cuestionamientos sobre algunas candidaturas e incluso se propuso una terna alterna, las Comisiones optaron por aprobar por mayoría esta terna, sin introducir elementos que justificaran esta decisión. Por lo anterior, exigimos la presentación de los instrumentos de evaluación que dan cuenta de los indicadores vinculantes que señala la convocatoria, pues la terna aprobada confirma que se anteponen los intereses partidistas sobre la autonomía  e independencia que necesita una institución fundamental para la protección de los derechos humanos en el país. Exigimos al Senado que esté a la altura de la crisis de derechos humanos de nuestro país y garantice una terna con los tres mejores perfiles. Imagen destacada: #CNDHAutónoma

Lesvy Berlín: ganó la justicia

ONG reconocen perspectiva de género en la sentencia por feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio. Familiares y organizaciones acompañantes, apelaremos la reparación integral del daño para que ésta sea garantizada bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. “Desde los cinco años a Lesvy le gustaban los libros, con el tiempo se hizo extremadamente lectora y uno de sus sueños era recorrer ese mundo que había conocido en papel. Quería viajar y ser ciudadana del mundo. No tenía miedo de irse, sino de quedarse. Aprendió hablar inglés, francés, italiano, rumano y catalán, al mismo tiempo que trabajaba en cafeterías. Le llamaba la atención la filosofía, la pintura, participaba en concursos de cuento en la UNAM. Era alegre y se divertía. Tenía una misión muy grande y ahora estoy empezando a entenderla, a veces se nos olvida que no sólo somos cuerpo”:  Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Persona A.C, Católicas por el Derecho a Decidir A.C., el Centro de Derechos Fray Francisco de Vitoria, O.P, A.C. y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT) saludamos el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y la incorporación de la perspectiva de género en la sentencia por el feminicidio de la joven universitaria Lesvy Berlín Rivera Osorio. El día jueves 24 de octubre de 2019,  el Tribunal dio lectura final y explicación de la sentencia entorno al caso, la cual dicta 45 años de prisión por el delito de Feminicidio Agravado contra Jorge Luis González Hernández, quien en ese entonces era pareja de la joven. Como organizaciones acompañantes, reconocemos que el Tribunal conformado por los jueces: José Juan Pérez Soto, Octavio Israel Ceballos Orozco y Adolfo Rodríguez Campuzano, logran identificar las razones de género que permitieron deliberar el delito como feminicidio. Las razones de género reconocidas por dicho Tribunal fueron: Haberse infligido lesiones infamantes. Haber existido datos que establecieron que se cometieron violencia del sujeto activo contra  la víctima. Y haber expuesto el cuerpo de la joven en un lugar público, como lo es Ciudad de Universitaria.  Asimismo, se acreditó la relación sentimental entre Lesvy y su agresor, por lo que también se actualizó la agravante del delito. Con esta sentencia, el Tribunal actuó conforme al llamado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que advierte que el Poder Judicial debe: “impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres” […] -por lo que- “la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres”. Sin embargo, cabe señalar que como familiares y organizaciones acompañantes, estaremos apelando lo referente a la reparación integral del daño para que sea garantizada bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que estaremos informando a la opinión pública cuando dicho proceso se desarrolle. Como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, hacemos un reconocimiento especial a la señora Araceli Osorio y al señor Lesvy Rivera, madre y padre de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, quienes a pesar de esta pérdida irreparable, transgredieron el dolor para continuar la exigencia de justicia, convirtiéndose en nuestro motor y guía, así como un referente en la exigencia de justicia a nivel nacional. Reconocemos y agradecemos, la presencia siempre amorosa y solidaria de las colectivas feministas, familiares de víctimas, especialistas, medios de comunicación defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, que hasta el último paso han estado presentes. Hasta que la dignidad se haga costumbre, es una frase que compartimos, y que sin duda seguirá marcando nuestros pasos para lograr combatir y erradicar la violencia contra las mujeres en México. A ti Lesvy, a quien conocimos después del fatídico 3 de mayo de 2017, agradecemos las lecciones de vida que sin pretenderlo nos has entregado. Te recordaremos como cada hermoso momento que tu madre y padre han compartido con nosotras y en tu nombre, como en el nombre de las mujeres víctimas que acompañamos continuaremos ejerciendo nuestra labor para que la violencia feminicida no quede impune. Atentamente : Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Justicia Pro Persona A.C. Católicas por el Derecho a Decidir A.C. Centro de Derechos Fray Francisco de Vitoria, O.P, A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT). Imagen destacada: Angélica Díaz Molina

Exhortamos a las y los diputados de la LXIV Legislatura a aprobar la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo

Por un nuevo modelo agroalimentario con alimentos campesinos para todas y todos No a la privatización de nuestras semillas Durante 12 años la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha luchado por revalorar el campo mexicano y defender el maíz nativo y la biodiversidad que acompaña la milpa, dignificando a las y los campesinos y pueblos originarios que producen en pequeña y mediana escala y alimentan a quienes habitamos y transitamos por México. Este 29 de septiembre, a 10 años de que la Campaña lanzó la propuesta ciudadana para celebrar el Día Nacional del Maíz, abrazamos la iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, presentada el 23 de abril de este mismo año por las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera y Jesusa Rodríguez Ramírez, aprobada el 26 de septiembre en la Cámara Alta por 81 votos a favor, 1 en contra y 28 abstenciones y turnada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Recuperar la soberanía alimentaria es parte toral de la construcción del nuevo país que impulsa el gobierno, y la 4T, pero vemos con preocupación que esta iniciativa no sea objeto de dictamen en la Cámara de Diputados, por lo que exhortamos a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria a que emita el dictamen correspondiente para que la propuesta pueda ser votada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Vivimos tiempos de cambio. Transformemos a México con un nuevo modelo agroalimentario orientado hacia la soberanía alimentaria y la reconstrucción del tejido social, reconociendo la diversidad productiva a cargo de millones de familias, comunidades y organizaciones que trabajan a diario, de norte a sur en nuestro país, por la protección y conservación de semillas en manos campesinas, bosques, agua y suelos, los cuales representan la oportunidad de alimentos nutritivos y sanos. Sobre todo, promovamos la defensa del maíz nativo en México, centro de origen y biodiversidad. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Víctor Manuel Chima 

Carta Pública | Víctimas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición se unen a la exigencia de la renuncia de Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)

Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente de México Dra. Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación PRESENTES A través de esta carta pública familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de diversas formas de violencia feminicida en la Ciudad de México, nos ponemos en contacto para manifestarnos a favor de la destitución de la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Candelaria Ochoa. Como sabedoras de los dolores más profundos que podemos vivir en vida, quienes buscamos a una de nuestras hijas, lloramos su irreparable pérdida o vivimos diariamente con las huellas que la violencia ha dejado en nuestros cuerpos, reconocemos el retroceso y obstáculo que representa la actual titular de la institución, que se debería encargar de velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que impide que esto sea una realidad y no solo un discurso. En algún fatídico momento, nuestra vida fue trastocada de forma irreparable, en esos tiempos oscuros no sabíamos qué pensar, qué hacer y mucho menos a quién recurrir, qué reclamar, qué exigir. Fueron las organizaciones no gubernamentales quienes nos tendieron la mano, y hasta hoy nos siguen sosteniendo. Nosotras, que vivimos en carne propia el peregrinar hacia la justicia, podemos decir que vemos este camino distante y sinuoso, pero si de por sí nos han arrebatado la vida, no le vemos sentido, si no es hasta encontrar verdad y justicia para que el virus de la violencia no se siga propagando y arrebatando la vida de mujeres y niñas. Lamentablemente, más que un derecho garantizado, como familiares y víctimas pareciera que tenemos que perseguir, suplicar y mendigar justicia cuando es responsabilidad de las autoridades. En el caso de la Ciudad de México, han sido las mesas de casos -implementadas en el marco de la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género- y únicamente para las familias que hemos podido acceder a ellas, lo que ha permitido que nuestra voz sea escuchada, sentar a las autoridades y observar las acciones y omisiones en cada uno de nuestros casos. De no ser por ello, no tendríamos los avances que hoy tenemos, que aunque son pocos, han sido fundamentales, entre ellos la reclasificación a feminicidio y próxima sentencia de casos como el de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio. Nosotras, como madres, hermanas, víctimas, hemos vivido en carne propia el desaire de las y los funcionarios públicos, no solo de este año o de este gobierno, pero es intolerable saber que en esta “Cuarta Transformación” se repitan patrones que nos revictimizan y que reproducen las prácticas de los gobiernos que les antecedieron. Ante ello, nos unimos a las decenas de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que el día 8 de octubre de 2019 solicitaron formalmente ante la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación la renuncia de la titular de CONAVIM, por sus avances nulos y la obstaculización a las organizaciones y su importante labor. A ello sumamos la ausencia de sensibilidad para el cargo que ocupa, pues a más de medio año de iniciada su encomienda, no nos ha convocado ni para escucharnos ni mucho menos para construir de manera conjunta los caminos que puedan garantizar la no repetición de los hechos, la prevención y la pronta erradicación de la violencia contra las mujeres en México. Es así que, quienes firmamos esta carta, hacemos un llamado al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria de Gobierno Olga Sánchez Cordero para que de manera inmediata destituyan a la actual Comisionada, y su lugar sea ocupado por una verdadera funcionaria comprometida con el pueblo de México y con las problemáticas que nos dañan a diario. Como gobierno del cambio, éstos deben ser tangibles y reales, confiamos en su sensibilidad y compromiso. Como familias nos sumamos a todas aquellas funcionarias/os comprometidos de manera auténtica, pero también recriminamos y nos manifestamos en contra de todo tipo de simulación. Atentamente, Familiares, víctimas y sobrevivientes de Violencia Feminicida parte de la mesa de víctimas solicitantes de la AVGM en la CDMX. Araceli Osorio Martínez Araceli Mondragon Sanchez Mónica Borrego Kim Rosario Dafne Luján Velázquez Erika Izbeth Martinez Romero Rosa Itzel Meza Espinoza Laura Torres Martinez Luz Guadalupe Gochi Verá María Margarita Alanís Rosales Blanca Victoria López Legaria Guillermina Llegaría Sariñana Keren Abuc Cerón Imagen destacada: Angélica Díaz Molina

Carta Pública | Ante omisión y falta de eficacia de la CONAVIM

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.  OLGA SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA Secretaria de Gobernación  de los Estados Unidos Mexicanos.   PRESENTES Las organizaciones y defensoras de derechos humanos firmantes, estamos conscientes de la importancia de las instituciones creadas con el fin de  cumplir en la coadyuvancia para una vida libre de violencia para las mujeres mexicanas, sin embargo en este momento histórico, cuando la creciente gravedad de la situación del feminicidio en todo el país  nos demanda instituciones fuertes y comprometidas, vemos con preocupación que quien está a cargo no esté a la altura de la problemática. Por este motivo exigimos al Gobierno Federal la renuncia de la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), María Candelaria Ochoa Ávalos, ante su evidente falta de compromiso, inacción y sobre todo por la obstaculización que desde su puesto realiza a la garantía de los derechos de las mujeres en México.  Como organizaciones ubicadas en distintas partes del país, hemos atestiguado que a más de seis meses de que tomara posesión del cargo, la actual Comisionada no ha impulsado ni realizado acciones contundentes que puedan atender la problemática actual que cada día acaba con la vida de 10 mujeres en nuestro país. El ejemplo más reciente es la promoción de un recurso de revisión contra el amparo concedido el pasado 13 de septiembre a las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, por el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa. Además de que esta acción -en sí misma dilata la necesaria activación de la Declaratoria de AVG y el cumplimiento del amparo concedido por el Poder Judicial de la Federación a las organizaciones peticionarias, víctimas y familiares de víctimas- el recurso interpuesto por la CONAVIM, cuya titular paradójicamente se reivindica como feminista, cuestiona la participación de la sociedad civil, su experiencia y su interés legítimo en actuar en defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven en un contexto de violencia. Incluso, argumenta que la concesión del amparo y sus efectos no tienen un alcance al que como autoridad responsable pueda dar cumplimiento. Esto se traduce en manifestar que no depende de ella la designación de recursos ni el deber de transparentar las acciones gubernamentales,  particularmente, sobre los informes generados por los grupos encargados para dar seguimiento a las acciones emanadas de la Declaratoria, pues menciona que todo ese trabajo es “información reservada”, lo que propicia también la falta de transparencia de los recursos y acciones que el Estado está obligado a realizar en cualquier tipo de gobierno. Además de la negativa de la Declaratoria de AVG para la CDMX, la actual Comisionada ha llevado a las organizaciones peticionarias a interponer demandas ante el Poder Judicial de la Federación, quien ha reconocido mediante los diversos juicios de amparo, el actuar ilegal de CONAVIM, como fue el caso también en el estado de Zacatecas.  Ahí el Poder Judicial, determinó que no se había fundado y motivado la negativa de la solicitud, ordenando se volviera a resolver sobre la admisión, tomando en consideración los hechos planteados por las organizaciones de la sociedad civil.   Por otra parte, actualmente está pendiente de resolverse un tercer amparo, en este caso relacionado con la tercera solicitud de AVG para el estado de Veracruz, en donde la CONAVIM nuevamente actuó de manera irregular para impedir el adecuado trámite de dicha solicitud, acumulándola a una previa, invisibilizando la problemática de desaparición de mujeres y niñas, denunciada por las organizaciones. Es decir, en lugar de dar cumplimiento a sus obligaciones en la implementación del mecanismo de AVG, de diseñar los planes de implementación y la metodología de seguimiento y evaluación de las 19 AVG declaradas y de convocar a los grupos de seguimiento -como se le ha solicitado en diversos estados- la actual Comisionada se ha dedicado a orillar a las organizaciones a judicializar los derechos de las mujeres, en lugar de garantizarlos como lo establece su mandato. Otro ejemplo de actuar indebido por parte de la CONAVIM, que tuvo como fin obstaculizar la participación de la sociedad civil y de las defensoras de los derechos humanos en el mecanismo de AVG, se vivió en el estado de Jalisco el 20 de abril de 2019, cuando la Titular de la CONAVIM quiso impedir la presencia de las organizaciones peticionarias, advirtiendo que sólo estarían presentes si el Gobernador estaba de acuerdo, a lo que él respondió que las organizaciones deben estar no sólo por ser peticionarias sino para dar seguimiento, por lo que finalmente se garantizó su presencia; sin embargo, esta decisión no debería ser una concesión sino una garantía  en cumplimiento de la ley. Cabe señalar, que el pasado 2 de octubre de 2019, en el marco de la Plataforma de Dublín para Personas Defensoras de Derechos Humanos 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet reconoció la labor de las defensoras de los derechos de las mujeres. En ese momento  advirtió la importancia de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, pues a pesar de que el próximo año se cumplen 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y de haber sido aprobada la Plataforma de Acción que fuera adoptada por unanimidad por 189 gobiernos, refirió que: “pareciera que la discusión no es ir hacia adelante sino en cómo no ir hacia atrás, por eso es que las defensoras de derechos humanos son tan necesarias, porque necesitamos hacer retroceder a quienes nos quieren hacer retroceder”. Por otra parte, el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) en julio de 2018 en sus Observaciones Finales sobre el Noveno Informe de México que se realiza cada cuatro años, recomendó al Estado mexicano: “elaborar un plan de acción nacional, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil de mujeres, para garantizar la

Fiscalía CDMX: Organizaciones y colectivos de víctimas exigen asesoría jurídica autónoma e independiente

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha incumplido con sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las víctimas. La asesoría a víctimas debe gestionarse de manera autónoma a la fiscalía para no poner en riesgo el desarrollo de una defensa adecuada y protección judicial de la víctima. Deben asignarse recursos adecuados y suficientes para la operación de la Comisión de Atención a Víctimas y de la Asesoría Jurídica para la Ciudad de México. Por medio de la presente, las organizaciones civiles y colectivos de víctimas firmantes saludamos la emisión de la propuesta de la Comisión Técnica para la transformación de la procuraduría a fiscalía de la Ciudad de México. Ante las múltiples y recientes quejas por violación, filtración de información, omisión, negligencia sobre casos penales desde el interior de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX), coincidimos con la Comisión Técnica en la imperiosa necesidad de fortalecer las capacidades de las y los integrantes de la futura Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las víctimas. Deseamos recordar que las reformas constitucionales de 2008 y 2011 redefinieron el carácter de la víctima dentro de los procesos penales, reconociéndole un papel más activo en el desarrollo de su defensa y protección judicial. Lo anterior dio paso a que en 2013 se publicara la Ley General de Víctimas, y posteriormente de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, las cuales surgen como resultado de un proceso de carácter político-social que demandaba el surgimiento de un modelo integral de atención a víctimas que canalizara sus necesidades en el marco de los procesos penales. Sin embargo, el retraso en el proceso de armonización de la Ley y en la instalación de la Comisión ha ocasionado que la procuraduría continuará asumiendo la asesoría jurídica de las víctimas a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, área que ha carecido de capacidades humanas, financieras y técnicas para atender adecuadamente a las víctimas. Conservar la asesoría jurídica dentro de la nueva estructura de futura Fiscalía significaría mantener la subordinación que hoy en día tiene el asesor jurídico respecto a la institución investigadora,  pues implica un posible conflicto de interés en detrimento de una defensa adecuada de las víctimas. En este contexto, debe consolidarse con carácter urgente y paralelamente al proceso de transición de la procuraduría en fiscalía, una asesoria jurídica como eje fundamental para la defensa adecuada y protección judicial de las víctimas, lo cual supone independencia y autonomía frente a la futura fiscalía. Tal como establecido en el artículo 162 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, la Asesoría Jurídica, “área especializada en asesoría, asistencia y acompañamiento jurídico para víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativas y de derechos humanos” deberá depender directamente de la Comisión de Atención a Víctimas. Lo anterior permitirá asegurar que las asesoras y los asesores jurídicos cumplan con su función de “vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctima en las actuaciones del Ministerio Público, en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de ésta la autoridad jurisdiccional correspondiente, cuando considere que no se vela efectivamente por la tutela de sus derechos por parte del Ministerio Público”[1]. Por lo expuesto anteriormente, consideramos urgente fortalecer a la Comisión de Atención a Víctimas para la Ciudad de México, en particular dotando de personal idóneo y recursos materiales suficientes a la Asesoría Jurídica para que cumpla efectivamente con su funciones de representar a la víctima de manera integral, garantizando así la equidad procesal de las partes, y con ello el desarrollo de una defensa adecuada y protección judicial de la víctima. Imagen destacada: Internet

El proyecto de convocatoria para la designación de la presidencia de la CNDH introduce elementos que favorecen una evaluación amplia, integral y objetiva de los perfiles

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes saludamos el trabajo realizado por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia para que la convocatoria cumpla con los Principios de París y sea vinculante que la valoración de los perfiles se realice a partir de un conjunto de indicadores de idoneidad y probidad.  Está en manos de la Junta de Coordinación Política del Senado garantizar que el proceso conserve esta característica, inédita para un proceso de designación tan relevante como el de la CNDH, y se lleve a cabo mediante parlamento abierto. El pasado 24 de septiembre, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República aprobaron el proyecto de convocatoria a partir del cual se desarrollará el proceso de designación de quien asuma la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años. Esto, luego de introducir varios ajustes positivos, en términos de transparencia, participación, rendición de cuentas e idoneidad. Entre los elementos que destacan está el carácter vinculante de una lista de indicadores que se usará para valorar la idoneidad y probidad de las y los candidatos, lo cual marca una mejora sustantiva respecto al proceso anterior (2014) y hace manifiesta la apuesta de llevar a cabo una designación basada en evidencia y criterios objetivos. La definición de estos indicadores quedará a cargo de un grupo de trabajo integrado por las y los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Marta Guerrero Sánchez, Citlali Hernández Mora, Kenia López Rabadán, Nestora Salgado García, y Antares Vázquez Alatorre, quienes considerarán propuestas de la sociedad civil. Con este marco, las organizaciones que hemos dado seguimiento puntual al proceso saludamos la determinación de las y los Senadores al aprobar este proyecto y confiamos que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO): Apruebe este proyecto de convocatoria, producto de un proceso de deliberación democrático al interior de las Comisiones Unidas; Garantice las condiciones necesarias para que el proceso de designación cumpla con los más altos estándares de parlamento abierto, transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas; Mantenga el carácter vinculante de los indicadores de evaluación, y promueva que las y los senadores funden y motiven sus decisiones a lo largo del proceso; y Responda favorablemente a la solicitud de reunión que las organizaciones firmantes hemos enviado. En los próximos días, el Senado podría sentar un importante precedente para las designaciones de puestos titulares en otros órganos de control, contrapeso y/o garantía de derechos, y con ello contribuir a una nueva forma de hacer política. Está en manos de la JUCOPO marcar este hito para la vida democrática de nuestro país. Imagen destacada: #CNDHAutónoma

Pronunciamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País | X Aniversario de la conmemoración del Día Nacional del Maíz

Durante 12 años la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha luchado por revalorar el campo mexicano y por defender el maíz nativo y su biodiversidad. También ha luchado por dignificar a los y las productoras que haciendo milpa, alimentan a quienes habitamos y transitamos por México. En 2009, la Campaña lanzó una iniciativa ciudadana para instituir la celebración del Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre, con la intención de unir a todos los mexicanos y mexicanas, a los del campo que nos ofrecen alimentos y a los de las ciudades, que es donde mayormente los consumimos. Además, durante este día se refuerza la lucha que desde las organizaciones campesinas e indígenas, desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, impulsamos para recuperar la soberanía alimentaria de nuestro México. Este Día Nacional del Maíz es símbolo de la vida comunitaria en los pueblos, de las experiencias de defensa de nuestros maíces nativos y del cuidado de la naturaleza y los bienes comunes que implica el trabajo campesino. Es un día en que se celebra la biodiversidad, que celebra a las y los campesinos, que celebra la milpa y que celebra la comida hecha de maíz. Celebramos el Día Nacional del Maíz, haciendo eco de las demandas emprendidas desde hace por lo menos 35 años, que son un llamado urgente frente al abandono del campo mexicano por los malos gobiernos, que permitieron el avance de las empresas transnacionales, y la entrada de semillas y productos transgénicos a nuestro país y a nuestra comida. Este día hacemos llegar también una demanda a las autoridades para revalorar y defender la producción que proviene de las comunidades campesinas e indígenas y la recuperación agroecológica de los territorios. Saludamos y reconocemos la iniciativa del actual Gobierno Federal, al asumir y celebrar el Día Nacional del Maíz y el trabajo realizado desde las comunidades y organizaciones para la defensa de los maíces nativos. Al mismo tiempo exhortamos respetuosamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador a comprometerse con esta lucha y firmar el Decreto que prohíba efectivamente el ingreso y producción del maíz transgénico en todo nuestro territorio. Asimismo, hacemos un llamado a la SADER y a la SEMARNAT para que se sumen a la instrucción presidencial de “nada de semillas transgénicas”. Y a que se comprometan con el impulso a la soberanía alimentaria de nuestro país. En los últimos meses hemos visto logros muy importantes, como la reciente aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, y el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz, en las comisiones legislativas y en el pleno del Senado de la República. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación ante el retraso de una respuesta más favorable y expedita ante la exigencia de una política de Estado de protección al maíz nativo, la prohibición de maíz genéticamente modificado, el impulso de la soberanía alimentaria y la protección de los derechos de las y los campesinos y de los pueblos originarios. Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País hemos señalado, desde nuestra fundación, la urgente necesidad de hacer realidad el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo señalan la Constitución Federal y diversos tratados en materia de derechos humanos que ha firmado México. Esto conlleva la aplicación efectiva del enfoque de derechos humanos en toda política del Estado, encaminada a garantizar los derechos relacionados con nuestra alimentación, nuestra salud, el cuidado del ambiente y el impulso del campo mexicano en manos de los pueblos, comunidades, colectivos y familias productoras. De igual manera, nos pronunciamos a favor del etiquetado frontal en alimentos y bebidas ultraprocesados. Es momento de recuperar nuestros campos, de recuperar y conservar nuestros maíces nativos, de revalorar nuestra cultura, y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, juntos, gobierno y ciudadanía, para hacer efectivos nuestros derechos y acceder a alimentos sanos y suficientes, nutritivos y de calidad. Es momento de hacer milpa. Celebremos así  el Día Nacional del Maíz. Les invitamos a unirse en la defensa del maíz, de la soberanía alimentaria, de los alimentos sanos y de calidad desde los diversos territorios que conformamos este país. Viva México, viva el campo mexicano, vivan las y los campesinos que nos dan de comer, viva la soberanía alimentaria, viva la milpa, viva el maíz. Porque sin maíz no hay país. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Víctor Manuel Chima 

Carta Pública : SEGOB debe cumplir con la sentencia dictada por el Poder Judicial Federal de manera inmediata

 OCNF y organizaciones peticionarias de la AVGM para la CDMX piden reunión con Secretaría de Gobernación, para contribuir al fortalecimiento de las AVGM en México y al acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Ministra Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos. PRESENTE El Observatorio Ciudadano Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y las organizaciones peticionarias de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)  para la Ciudad de México (CDMX), Justicia Pro Persona A.C., y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P., A.C., nos ponemos en contacto para solicitarle que garantice el cumplimiento de la sentencia de amparo 968/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, en los términos en que fue dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, sin mayor dilación, de forma que quede firme dentro del plazo de 10 días señalados para tal efecto. Coincidimos en los posicionamiento oficiales respecto a que debe mejorarse el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género desde la investigación hasta el seguimiento e implementación de las medidas, los cuales deben dar resultados en el corto y mediano plazo. En este sentido, tenemos conocimiento de las diversas propuestas de iniciativas de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que han sido presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República por lo que consideramos que este proceso de reforma, debe de garantizar la eliminación de los obstáculos que se han identificado para la efectiva implementación del mecanismo. Cabe resaltar que en la propia resolución de amparo, el Juez Federal José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, reiteró  las recomendaciones hechas en julio de 2018 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) de la ONU, el cual pide al Estado Mexicano: “Evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, y vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia”. Como organizaciones de la sociedad civil, que hemos acompañado varios procesos de AVG, incluyendo el de la Ciudad de México,  reiteramos que este mecanismo ha servido para evidenciar los contextos de violencia feminicida en el país, corregir políticas públicas y modificar marcos normativos que discriminan o transgreden los derechos humanos de las mujeres, debe seguir perfeccionándose para contribuir en la disminución de la violencia feminicida. Es por ello que, reiteramos -como se hace en la resolución de amparo- que la AVGM “tiene naturaleza subsidiaria, es decir, no se debe confundir con las políticas públicas generales o sectoriales previstas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; por tanto, las acciones derivadas de la alerta no están destinadas a sustituir los demás instrumentos de la Ley”, por lo que ésta tendrá que ser temporal pero urgente. Por ello, el día de hoy, el reto de SEGOB se encuentra en garantizar que las 19 declaratorias en los 18 estados de la República[1] se reencaucen y evalúen de forma que puedan comenzar a dar resultados y que permitan su eventual retiro.  Para ello es indispensable que la CONAVIM cuente con una metodología para generar con los estados responsables, planes estratégicos para el cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación, con indicadores de resultados, que de cara a la ciudadanía se pueda informar en periodos razonables. Tal y como lo ha determinado el Poder Judicial Federal en su sentencia, “las autoridades deben transparentar las acciones gubernamentales, en específico, deberán publicar los informes generados por el grupo interinstitucional y multidisciplinarios encargado de dar seguimiento a las acciones emanadas de la declaratoria de AVGM, en virtud de que la transparencia abona en favor de la calidad institucional de la democracia, de tal forma que la sociedad pueda estar al tanto de que las medidas adoptadas sean congruentes y eficaces”. Esto permitirá tener plazos claros para el levantamiento de las Alertas, siempre que se cumpla con el objetivo previsto por la Ley General de Acceso de disminuir la violencia feminicida que pone en riesgo la vida e integridad de las mujeres. Adicionalmente, deberá garantizarse la participación activa de las organizaciones peticionarias, de forma que las instituciones públicas implicadas en el seguimiento de la AVGM trabajen conjuntamente con las organizaciones solicitantes, así como con otras organizaciones de la sociedad civil para tomar en cuenta elementos que fortalezcan el análisis sobre la implementación de las medidas y el seguimiento dado a las mismas, toda vez que éstas cuentan con elementos contextuales relevantes para aportar a la discusión de los temas, como lo señaló el Poder Judicial en el amparo 986/2019. Ante ello, las organizaciones firmantes,  reiteramos -como lo hicimos en la reunión sostenida con Usted el 9 de septiembre de 2018- que es urgente la construcción de una política integral que contribuya a la disminución y erradicación de la violencia feminicida en México por lo que los cambios, reformas y adecuaciones, tienen que ser progresivos no regresivos. En ese sentido, como defensoras de los derechos de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil exigimos a la Secretaría de Gobernación: Emita a la brevedad la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México para proteger a las mujeres de  dicha Ciudad. Se instale una mesa de trabajo con participación de las organizaciones solicitantes, el Grupo de Trabajo, así como las autoridades responsables con el objetivo de revisar en conjunto las medidas que se deberán implementar para el cumplimiento de la AVG, valorando para tal efecto las medidas establecidas por el Grupo de