Pronunciamiento de apertura del Foro : “Por la construcción de un modelo agroalimentario con alimentos campesinos para todas y todos”
Urge hacer realidad el derecho universal a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad como lo señala la Constitución; y que éste, sea garantizado por el Estado mediante el desarrollo rural integral y sustentable. Conminamos al nuevo gobierno a la construcción de un modelo agroalimentario donde las personas, los sujetos colectivos, los ejidos y las comunidades sean el centro de las nuevas políticas hacia el campo y están representados en el Plan Nacional de Desarrollo. Rescatemos a la madre tierra, la economía campesina, los alimentos frescos, locales y saludables; el maíz mexicano y la tortilla de calidad. La Campaña Nacional Sin Maíz No hay País cumple 12 años. Desde entonces , hicimos el llamado a “poner a México en la boca”, ante la urgente necesidad de revalorar el campo mexicano, dignificar a quienes producen los alimentos y preguntarnos cómo nos alimentamos, buscábamos llamar la atención del gobierno frente a la liberalización total del maíz, frijol, azúcar y leche en polvo que permite el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este llamado no tuvo eco en el gobierno, pero la sociedad mexicana comenzó a hacer conciencia de la importancia de nuestros alimentos y de quienes las producen, las y los campesinos y el campo. En estos años hemos tenido logros muy importantes, entre otros: la inclusión en 2011 del Derecho a la Alimentación en la Constitución Política Mexicana, la suspensión por la vía jurídica de la siembra de maíz transgénico de 2013; y que el Día del maíz se instituyera en septiembre 29 para celebrar a nuestra planta sagrada y a quienes han hecho posible su existencia hasta el día de hoy: las familias campesinas. Además, hemos realizado un sinfín de acciones: siembra de maíz, ferias campesinas, manifestaciones, la gran velada por el maíz, conciertos, etcétera. Hoy, México vive una nueva coyuntura, en la que tenemos un gobierno que ganó democráticamente la presidencia con más de 30 millones de votos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el campo debe volver a florecer, “rescatar el campo” para acabar con la pobreza y violencia, señaló que no habrá siembra de transgénicos en México y que se recuperará la autosuficiencia alimentaria. Existe mucha esperanza, pero sabemos que será difícil revertir el desastre provocado por casi 40 años de políticas neoliberales anti campesinas y la Revolución Verde, a favor de las grandes corporaciones en el campo mexicano. Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País hemos señalado la urgente necesidad de hacer realidad el derecho universal a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad como lo señala la Constitución; y que éste, sea garantizado por el Estado como también se dice en nuestra Carta Magna: “El desarrollo rural integral y sustentable, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”. Para ello, debe establecerse en el Plan Nacional de Desarrollo la prioridad del campo mexicano de producir los alimentos que requerimos las y los mexicanos, antes que para el mercado externo. A la fecha nuestra alimentación depende de la importación y de la agricultura campesina e indígena, a pesar de las políticas neoliberales, produce el 40% de los alimentos que consumimos: la mitad del maíz, frutas, café, entre otros. Las políticas neoliberales sólo han protegido a la agricultura agroexportadora e industrial concentrada en unos cuantos que han ganado millones a costa de los subsidios y de nuestra salud; en tanto que la mayoría de las unidades campesinas e indígenas de producción han sido excluidas de los apoyos gubernamentales e incluso, han sido obligados a la migración. Este modelo nos ha llevado a una grave crisis de alimentación que se refleja en hambre y obesidad. Defenderemos el maíz y la milpa como sistema de cultivo, como forma de vivir y de organizarnos en la diversidad que preserva nuestras raíces culturales, nuestra identidad, nuestra alimentación y nuestra cocina tradicional. Reiteramos que esta es la única salida para desterrar la violencia que desgarra nuestra sociedad y rompe el tejido social de familia, pueblos, comunidades, barrios, ciudades y del país entero. También, contribuye a frenar la migración forzada y el desplazamiento de jóvenes y familias enteras; detiene la absurda muerte por mal comer en la cuna del maíz; y combate el cambio climático al capturar el carbono del medio ambiente y regresarlo a la tierra, contribuyendo a enriquecer el suelo, combatir el calentamiento global y a restaurar la biodiversidad. Combinamos el nuevo gobierno a la construcción de un modelo agroalimentario y nutricional donde las personas, los sujetos colectivos, los ejidos y las comunidades sean el centro de las nuevas políticas hacia el campo y estén representados en el Plan Nacional de Desarrollo y que éste se oriente a reactivar la producción campesina e indígena con el maíz como eje y la milpa como sistema de vida; para lograr que toda la población mexicana tenga una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Mantendremos, de forma organizada y colectiva, la tierra, el territorio y el agua ante la depredación que ocasionan los megaproyectos, que ponen en riesgo los suelos para sembrar, comer y vivir. Tenemos la certeza de que la producción campesina e indígena -de pequeña y mediana escala- preserva la gran agrobiodiversidad del campo mexicano, en particular del maíz nativo pero también el agua, los insectos polinizadores y los bosques; además, representa un modo de vida alternativo al capitalismo, hoy en franca crisis. El derecho a la alimentación se ha ganado por la sociedad y debe asegurar la disponibilidad y la accesibilidad de comida sana a toda la población con equidad y justicia. Las y los campesinos pueden asegurar este derecho con el apoyo decidido del Estado en el marco de sus obligaciones para con los derechos humanos, que también debe combatir los monopolios agroalimentarios para evitar el acaparamiento y la especulación con alimentos, así como la venta de alimentos de pésima calidad. ¡No a los agrotóxicos, no al maíz transgénico! ¡No a la apropiación de las tierras y
Inauguración del Foro: Por un modelo agroalimentario con alimentos campesinos para todas y todos | Participación de Miguel Concha
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Inauguración del Foro: Por la Construcción de Un nuevo Modelo Agroalimentario de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País realizado en El Altillo Buenos días a todas las personas aquí presentes. A nuestras compañeras y compañeros de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, y a las y los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Aprovecho también para enviar un saludo a todas y a todos ustedes por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización integrante de la Campaña Sin Maíz No Hay País. Nos congratulamos mucho por la realización de este Foro, y por encontrarnos con compañeras y compañeros con quienes hemos luchado desde hace más de 10 años por la soberanía alimentaria, una alimentación sana y la recuperación del campo y el maíz nativo. Ser parte de este entretejido de organizaciones y colectividades es un honor para mí y para el Centro Vitoria, pues la Campaña Sin Maíz No Hay País se ha ganado un lugar referencial en la lucha relacionada con la soberanía alimentaria, y ha sido el punto de partida de muchos esfuerzos, locales y nacionales, que hasta la fecha se dedican a la defensa de nuestros maíces criollos y la economía campesina. Esfuerzos, como la articulación de distintas organizaciones campesinas con la sociedad civil, académicas, académicos y colectivos que se dedican a la defensa de los bienes comunes, en torno a la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, resultan de suma importancia, pues el contexto actual del modelo neoliberal, que avasalla al campo, y nos bombardea con alimentos chatarra que afectan nuestra salud, entre muchas otras de sus afectaciones, sigue haciendo indispensable entretejer nuestras luchas, pero también nuestras esperanzas, para sumar que poco a poco nos dé frutos esta lucha, que hoy requiere de acciones concretas que empujen al cambio del modelo económico. Ahora más que nunca es menester recuperar al campo mexicano y posicionar en la agenda nacional la vida digna de las campesinas y campesinos. La tremenda crisis de derechos humanos que hay en el país tiene como una de sus raíces el abandono del campo; el cual ha sido lentamente invadido por el crimen organizado y por proyectos extractivos de las grandes empresas. La destrucción del tejido social de las comunidades, relacionado con las pocas oportunidades ofrecidas a las y los campesinos, se ha traducido no sólo en desplazamientos del campo a las ciudades, sino en que las manos que pudieran dedicarse al cuidado de la tierra, del maíz, del frijol, del café y otros alimentos básicos de la dieta y cultura mexicanas, hayan sido cooptadas, para defender sus intereses, por los carteles a lo largo y ancho del país. Esto, aunado a la complicidad de autoridades de todos los niveles, y a los megaproyectos que han buscado imponerse en todo el territorio nacional, ha desatado una ola de violencia generalizada que, a un mismo tiempo, usa y afecta a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Por ello, desde la Campaña Sin Maíz No Hay País pensamos que una estrategia posible, de entre tantas otras que pueden tomarse para erradicar la crisis de derechos humanos en México, es generar políticas integrales en torno al campo, en las que se garantice el derecho de las campesinas, campesinos y comunidades indígenas a una vida digna. Políticas dirigidas al mantenimiento de sus usos y costumbres, a su derecho a definir sus propios medios de vida, y a producir para sí mismas y para los demás alimentos sanos y culturalmente aceptables. El campo es la primera línea de defensa de los derechos humanos en México para erradicar la violencia; y para ello es necesario elaborar un nuevo marco de leyes, normas y reglamentos basados en la ética y la protección de los bienes comunes, en los derechos humanos individuales y colectivos a un medio ambiente sano; a una alimentación sana, suficiente y accesible, a la biodiversidad, a la libre circulación natural de las semillas, a la información y a la libre determinación de los pueblos. Una legislación a la altura de un país centro de origen, megadiverso y pluricultural, cuya aplicación se lleve a cabo sin reservas por parte del Ejecutivo, y cuya observancia sea cumplida por el Poder Judicial en todas las sentencias dictadas. Ahora bien, la crisis del campo en México tiene sus raíces en la imposición del sistema económico neoliberal, del cual es expresión ejemplar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A raíz de la ratificación de este Tratado se priorizó, por ejemplo, la importación de maíz estadunidense, por sobre la producción interna mexicana, disminuyendo los aranceles para este cereal. Tras 25 años de la vigencia del TLCAN, son evidentes los estragos que esta política ha hecho en la producción de maíces criollos, mermando la economía de las y los campesinos, y dejando el mercado abierto a maíz sin nixtamalizar, y a semillas genéticamente modificadas. La nueva versión de este Tratado está ahora a la espera de su ratificación, cosa que no sólo perpetuaría las afectaciones que ya hemos visto, sino que además fortalecería a las empresas frente al Estado mexicano: los Tratados de Libre Comercio estipulan que las empresas pueden demandar ante tribunales internacionales, o paneles externos de solución de controversias, a los Estados parte, si ven afectadas sus inversiones en el país. Esto beneficia claramente a las decisiones de las empresas en nuestro propio país, sin considerar las afectaciones a los derechos humanos. Además, en los llamados “tratados de nueva generación” están previstas las protecciones a los transgénicos y a las nuevas biotecnologías creadas por empresas como Monsanto; de forma tal que aunque la siembra comercial de transgénicos, como el maíz y la soya, esté hasta la fecha prohibida de manera precautoria en nuestro país, los alimentos genéticamente modificados pueden entrar a las mesas mexicanas, sin que las empresas proporcionen información sobre su contenido. No menos importante, por lo perjudicial que resulta para la salud, es el uso de agrotóxicos, particularmente plaguicidas altamente
Inauguración de la Escuela Itinerante de Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas | Participación de Miguel Concha
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Inauguración de la Escuela Itinerante de Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas realizada en el Museo de las Culturas Populares Primeramente quiero decir que agradecemos la invitación desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. a participar de estos esfuerzos y espacios de formación especializada en temas relacionados con pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas; ya que se vuelven valiosos por su alcance, y dan lugar, en primera instancia, al debate y al intercambio de saberes; y dan pie igualmente a que las personas participantes lleven lo aprendido a la práctica y, en un trabajo constante a que hagan de este país, un país de Derechos, en paz con justicia y dignidad. Asimismo, creemos importante que se reconozca y convoque la participación de la sociedad civil organizada en procesos de esta índole, debido a que, desde su diversidad y complejidad, enriquece con sus aportes el trabajo de las instituciones gubernamentales. Se pone de relieve en esta Escuela, también el cuidado en la formación de personas funcionarios públicas, que día con día trabajan para atender las necesidades de los grupos que históricamente han sido marginados, y con su empeño, en el ámbito público, abonan al pleno ejercicio y garantía de los derechos humanos. No dudamos que esta «Escuela Itinerante de Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas», organizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vale decir señor Presidente de esta Comisión y señora Cuarta Visitadora, muy seguramente hará posible, por un lado, profundizar nuestros conocimientos sobre los Derechos de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y por otro, problematizar las condiciones actuales de dichos grupos y sus derechos, al tiempo que reflexionaremos sobre la necesidad de ayudar a hacer posible, por ejemplo, que a los pueblos y comunidades se les reconozca en la Constitución como sujetos de derecho público. Para esto, es necesario contextualizar el proyecto de la Escuela en los retos que enfrenta el nuevo gobierno, de modo que se requieren actuaciones efectivas ante las legítimas y sentidas demandas de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas; urge que, desde diversos ámbitos, se coadyuve al respeto de su autodeterminación. Valdrá la pena también reflexionar cómo, desde y a la luz de los derechos, se requieren condiciones estructurales para la garantía de la dignidad y buen vivir de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, así como del cuidado de la naturaleza. Sin lugar a dudas, en la nueva administración se debiera buscar revertir las prácticas extractivistas neoliberales sin control, y que generan despojo de tierra y territorios. Si bien existe cierta ampliación de la intervención del Estado, ésta corre el riesgo de seguir la misma lógica desarrollista del siglo pasado, en la que el bienestar social es supeditado únicamente al crecimiento económico y transferencias asistenciales. Este espacio formativo, será también ocasión de pensar en dónde radica el problema, y ampliar horizontes sobre la incompatibilidad de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con un paradigma neo-extractivo, ya que la defensa de los territorios que tradicionalmente ocupan los pueblos interesados, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, hoy por desgracia se confrontan a los intereses extractivistas de bienes comunes naturales y energéticos que se encuentran en las mismas tierras y territorios. De modo que, se hace vital, frente a los atropellos de los derechos de las comunidades, también fortalecer los intercambios de saberes en torno a la Consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Insisto, y la constitución de los pueblos y las comunidades indígenas como sujetas de derecho público, porque muy seguramente así podrán asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y organizativas que mejor les convenga. En algo, estos cambios legales y de políticas públicas nos ayudan a saldar la deuda histórica que tenemos, por ejemplo, con los Acuerdos de San Andrés. Intentando frasear a Boaventura de Sousa Santos, también requerimos una nueva concepción multicultural de los derechos humanos, y ver a éstos como herramientas que nos ayudan a consolidar la vigencia de las dignidad de los pueblos y el cuidado efectivo de la naturaleza. En espacios formativos como el que ahora inauguramos, debemos avanzar en nuestro compromiso como personas defensoras de derechos humanos, funcionarias públicas o integrantes de comunidades hacia una verdadera justicia, un verdadero respeto de los derechos de los pueblos originarios y afros, e invitarnos contundentemente a solventar la deuda histórica que hoy seguimos teniendo con ellos. Imagen destacada : Victor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
Conversatorio «Nuevo Modelo de Atención a Víctimas» | Participación de Miguel Concha
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Participación en el Conversatorio «Nuevo modelo de atención a víctimas» realizado en el Senado de la República y organizado por la Senadora Nestora Salgado Buenos días senadoras, senadores, organizaciones sociales y asistentes en general. Agradezco la invitación especialmente de la Senadora Nestora Salgado para participar en este foro que tiene gran relevancia, pues en un contexto de violaciones generalizadas a derechos humanos es imprescindible un sistema de atención a víctimas que esté a la altura del reto, y encargado de la coordinación y formulación de políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral de las víctimas en los ámbitos federal, local y municipal, poniendo siempre en el centro a las propias víctimas y la atención efectiva de sus necesidades En este momento político, sabiendo de la preocupación de Senadoras sobre este tema, es sin duda una oportunidad para adecuar la ley y las instituciones, para que la acción del estado sea contundente y conforme al respeto y protección de derechos humanos. La atención a las personas que han sufrido una afectación en sus vidas por una violación a derechos humanos debe ser lo más sensible, comprometida e integral posible. La ley, si bien es cierto es una base principal para guiar la generación de esta á política pública de atención, jamás debiera ser una camisa de fuerza que imposibilite atender las genuinas necesidades de quienes sufrieron un impacto traumatizante en sus vidas. Con mayor razón, que hoy la ley reconoce los derechos de las víctimas y sus familias, para la cual el Estado no debe ser omiso a ello, antes bien destinar el mayor grado de recursos de todo tipo a atenderles. No obstante, la respuesta estatal ante violaciones generalizadas a derechos humanos ha sido por desgracia todavía deficiente, insuficiente y con un gran número de obstáculos, lo que nos lleva a afirmar que a pesar de los avances legislativos en materia de derechos humanos, en específico en materia de atención a víctimas, existe una brecha entre el andamiaje legislativo y cómo opera el sistema en la realidad y el impacto en la atención de las necesidades genuinas de las víctimas. Permítanme compartir con Ustedes nuestra experiencia como Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en relación al acompañamiento y trabajo con víctimas. A través del acompañamiento que realizamos, podemos dar cuenta que las víctimas se han enfrentado a diversas trabas mayormente a la hora de acudir a las instancias del Sistema de Atención a Víctimas, particularmente ante la Comisión Ejecutiva de Atención, para acceder al sistema, la primera de ellas radica en obtener el reconocimiento de víctimas a fin de tener acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos contemplados en la Ley General. Lo anterior deriva, por ejemplo de la condición impuesta para que autoridades judiciales u organismos nacionales e internacionales de derechos humanos determinen antes sobre la calidad de víctimas, situación que en un país que tiene como común denominador la impunidad implica que gran parte de las víctimas no obtengan este reconocimiento y por tanto no accedan al sistema de justica. En ese sentido, es imprescindible utilizar como herramienta el análisis de contexto, mismo que en materia de derechos humanos permite comprender la forma en la que operan las violaciones, sus causas y consecuencias y que serviría para dar claves sobre la situación generalizada de violaciones a fin de que para acceder al Registro Nacional de Víctimas se prepondere este análisis y no el reconocimiento individual que hagan autoridades. Lo anterior implicaría, que las víctimas puedan tener acceso a una atención integral y a una reparación también integral. En ese tenor, es importante que antes de realizar reformas al andamiaje legal del Sistema de Atención a Víctimas, se evalúe en primer lugar la forma en que está operando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ubicar a través de esta evaluación las fallas para poder determinar si estas se pueden adjudicar a la legislación existente o si la falta de resultados es atribuible a la gestión. Otra de las problemáticas que observamos a através del acompañamiento es la burocracia extenuante que no toma en cuenta el propio contexto de las víctimas y que no hace diferencias que permitan que las víctimas de manera rápida e integral cuenten con las medidas de ayuda contempladas en la Ley General de Víctimas. El hecho de que la forma en que operan las diferentes medidas de ayuda contempladas en la ley sea a través de reembolso acarrea un nuevo problema, pues la mayoría de las veces las víctimas son personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para solventar sus necesidades, situación que las lleva a adquirir deudas que en teoría tendrían que ser pagadas con los reembolsos, pero estos son sometidos al cumplimiento de requisitos previos que el propio contexto impiden que sean cumplimentados en todos los casos. Un ejemplo de ello son las comunidades rurales en donde no se expiden facturas ¿cómo comprueban las víctimas los gastos y cómo se les reembolsa? Resulta imperioso que la ley, reglamento y lineamientos no sean un obstáculo, sino que atiendan a un espiritú garantista y en todo caso, las cuestiones descritas en párrafos anteriores tendrían que ser evaluadas por el personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y plantear rutas para subsanar los problemas que se puedan presentar y no limitarse a las cuestiones generales establecidas en la ley, teniendo en cuenta siempre el objetivo de proteger a las víctimas, proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Sin duda alguna la historia de nuestro país se ha visto marcada por una gran cantidad de dolorosos episodios de violaciones de derechos humanos, eventos donde la violencia y la represión, superaron cualquier forma de diálogo, una historia nacional enmarcada en un recorrido que va desde Tlatelolco hasta Ayotzinapa, dejando a su paso una gran cantidad de heridas en la sociedad, que el tiempo ni la memoria han dejado de olvidar.
40 Periodo de sesiones del Consejo de DH de la ONU | Participación de Dominicans for Justice and Peace y CDHVitoria
Declaración oral en el marco del 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, presentada por el CDHVitoria y Dominicans for Justice and Peace, organización con carácter consultivo ECOSOC, con motivo del documento final del Tercer Examen Periódico Universal a México. Gracias, Sr. Presidente del Consejo de Derechos Humanos Agradecemos la participación de México en el EPU, y reconocemos la apertura del gobierno frente a las numerosas recomendaciones y su próxima implementación. Acogemos también el compromiso del gobierno a mejorar el acceso a la justicia y a fortalecer el combate contra la impunidad. Sin embargo, a partir de los asuntos referidos en relación con las recomendaciones[1] sobre el reconocimiento y garantía de la importante labor que realizan las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, a favor de los derechos de las personas y grupos en mayor situación de vulnerabilidad, consideramos que en el contexto actual del país es necesaria una colaboración efectiva, participativa y respetuosa entre el Estado y sus instituciones con las personas defensoras, sus organizaciones civiles, y sus procesos de articulación y exigibilidad de derechos humanos. Reafirmamos la importancia de que el Gobierno establezca un diálogo franco y propositivo con las organizaciones civiles para generar un ambiente propicio para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, reconociendo también el aporte histórico de esta labor en la vigencia de los derechos y en la democratización del país. Muchas gracias ANTECEDENTES : Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se conoció de las observaciones, conclusiones y compromisos del Estado mexicano respecto a las recomendaciones del 3er ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Dominicos por la justicia y la paz (Dominicans for Justice and Peace O.P.) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. anteriormente contribuyeron, junto a otras colectividades y organizaciones, a brindar insumos que sirvieron de base al examen, dicho documento puede consultarse en el enlace. [1] Recomendaciones 15, 36, 78, 79, 112, 125 y 135. Confróntese en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de México https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/447/02/PDF/G1844702.pdf?OpenElement Imagen destacada : UN HRC
Audiencias públicas «Guardia Nacional» | Participación de Miguel Concha en la Mesa sobre Derechos Humanos y Guardia Nacional en la Cámara de Diputados
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados. Me es muy grato poder participar en este espacio tan importante, en momentos cruciales para la transformación y la construcción de paz en nuestro país. Saludo el diálogo que se ha entablado con diversos sectores de la sociedad, y que se considere la participación de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria que tengo a bien dirigir, y en el que desde el 1984 hemos trabajado de la mano con la gente en la defensa y promoción de sus derechos humanos. Aprovecho la ocasión para instar al diálogo con las víctimas, quienes cuentan con total legitimidad para pronunciarse también en la materia que nos ocupa. La experiencia de la guerra contra el narcotráfico y la guerra sucia nos trajo varias lecciones sobre la participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública. Situación que nos lleva a plantear las siguientes preocupaciones: PREOCUPACIONES 1.- Desde la década de los setenta, y especialmente desde el año 1984, se ha observado que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos para las personas que habitan o transitan por México, principalmente por el constante uso indiscriminado e ilegal de la fuerza por parte de militares en contra de civiles. 2.- La implementación del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública contraviene las múltiples observaciones, recomendaciones y sentencias emitidas por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. La lista es larga. En los últimos años se le ha instado al Estado mexicano a limitar la intervención militar en tareas de este tipo, por constituir un riesgo latente de violaciones a los derechos humanos; a fortalecer a los cuerpos de seguridad civiles, y a adoptar un cronograma preciso con miras al retiro paulatino y progresivo de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Un cronograma que en nuestra opinión no debe ir más allá de los tres años. 3. El modelo de Guardia Nacional que se presenta en la Iniciativa que se comenta, es contrario a los principios de un Estado democrático de derecho. La gran atribución de facultades y protagonismo concedido a las fuerzas armadas se traduce en un reconocimiento de la incapacidad por parte de las autoridades civiles para hacerle frente a los retos de inseguridad que aquejan al país. Lo cual es jurídica y políticamente muy peligroso. Tal situación debilitará la atención y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad policiacos, generando con ello una mayor dependencia e injerencia por parte de las fuerzas militares en tareas que les corresponden a instituciones y autoridades civiles. 4. Saludamos la información que ha trascendido en el sentido de que la Guardia Nacional ya no estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como la información que reconoce que su mando operativo sea civil, pero nos sigue preocupando que se proponga reformar el artículo 21 de nuestra Constitución, para otorgarles a las fuerzas armadas facultades de seguridad, administración y procuración de justicia que les competen a las autoridades civiles, particularmente cuando se trata de delitos cometidos por éstos. 5. La implementación de la Guardia Nacional, tal y como aparece en la iniciativa originalmente enviada por el Ejecutivo, es contradictoria con la garantía de no repetición en un nuevo modelo de justicia en transformación. Teniendo en cuenta que en los últimos años las fuerzas armadas se han visto involucradas en múltiples casos de graves violaciones a los derechos humanos, la creación de la Guardia Nacional resulta contradictoria e incluso revictimizante. 6. Dicha Iniciativa contraviene además las obligaciones internacionales contraídas por México y es por tanto regresiva. NUESTRA OPINIÓN Tal y como ya lo expuso el representante en México de la ONU-DH , recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano en el caso Alvarado y otros vs México, mismo que por su relevancia y actualidad en el tema de seguridad pública consideramos pertinente retomar, recordando que el cumplimiento de dicha sentencia es obligatoria para México. La sentencia aludida nos señala los principios que deben regir el orden público interno, y en primer lugar destaca que tanto éste último, como la seguridad ciudadana, deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. Cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: a. Extraordinaria, es decir, que toda intervención en tareas de seguridad debe ser justificada, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. b. Subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que éstas puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia, policía judicial o ministerial. c. Regulada a través de mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, absoluta necesidad, y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia. d. Fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. A pesar de que dadas las circunstancias concretas de inseguridad en algunos estados y regiones del país, por responsabilidad política consideramos que la Guardia Nacional debe estar integrada por corporaciones civiles y bajo su mando, aunque coadyuven en ella temporalmente fuerzas militares en tareas de seguridad pública, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. EXIGENCIAS ● Exigimos que en la conformación del Dictamen de la Iniciativa de la Guardia Nacional no se soslaye la urgente necesidad de capacitar y profesionalizar a las corporaciones civiles de seguridad pública a todos los niveles, y su correspondiente coordinación, con especial énfasis en la salvaguarda de los derechos humanos con perspectiva de género. ● Es menester el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, a fin de que sean capaces de prevenir, investigar, identificar y detener a presuntos culpables de actos ilícitos, bajo la dirección del ministerio público, y con estricto apego a derecho. ● Las tareas de investigación, persecución de delitos, detención y procuración de justicia deben recaer
El Sembrador | Testimonio de Miguel Concha en la entrega del reconocimiento 2018
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Testimonio presentado por Fray Miguel Concha Malo, O.P., Director General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C., al aceptar el Reconocimiento «El Sembrador», otorgado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Considero que mi modesta colaboración en la defensa y promoción de los derechos humanos tiene su origen consciente en la pasión por la justicia que se despertó en mí durante la primera mitad de la década de los sesenta, cuando, siendo estudiante de filosofía en la Orden de Predicadores (Frailes Dominicos), descubrí el pensamiento original de Santo Tomás de Aquino sobre la propiedad privada. Probablemente a ello contribuyeron también mis raíces familiares y los ejemplos y enseñanzas de congruencia cristiana que recibí de mis padres, pues por parte de mi madre soy nieto de una persona que por ideales se levantó dos veces en armas a comienzos del siglo pasado contra la dictadura de Porfirio Díaz y la reelección posterior de Obregón, y quien murió con el grado de General; y por parte de mi padre, quien fue hijo de una familia de hacendados que perdió casi toda su fortuna después de la Revolución. Ello no fue obstáculo para que quien tuvo que aprender a trabajar como artesano para mantener a duras penas a mis abuelos, la bendijera porque “le enseñó a trabajar”, y no a vivir de las rentas de sus familiares. Santo Tomás, en efecto, nunca consideró a la propiedad privada como un derecho natural, y por lo mismo inalienable, imprescriptible e inmutable, porque, para él, el verdadero propietario de los bienes de la tierra es Dios, creador de todas las cosas. Los seres humanos no somos sino administradores y distribuidores de lo que Él hizo para todas y todos sin excepción, sobre todo cuando nos encontramos con situaciones y casos de necesidad. Por eso, en su concepción la propiedad privada es sólo una institución humana en la que han convergido muchos pueblos (derecho de gentes) para facilitar la conservación de los bienes, su mejor administración y la armonía entre los seres humanos que hacen uso de ellos para su subsistencia. Con ello no hizo otra cosa que traducir en los conceptos y lenguaje filosófico de su época el mensaje bíblico de los profetas, la doctrina evangélica de Jesucristo y la enseñanza de los primeros escritores cristianos. Hoy podemos preguntarnos si el régimen de propiedad privada, tal y como es defendido por el pensamiento liberal del Siglo XIX, y sobre todo por la globalización neoliberal del Siglo XX, realmente ha garantizado la paz, la conservación de la naturaleza y la mejor administración de la riqueza. Para nuestra fortuna el pensamiento de Santo Tomás sobre la propiedad fue retomado con vigor por el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965), bajo cuyas enseñanzas hice mis cursos de Teología con profesores holandeses y franceses que fueron precursores y actores de esa magna asamblea eclesiástica internacional, y con italianos y españoles que a pesar de sus inercias lo asumieron con decisión y entusiasmo. No debemos olvidar que a ese Concilio se le debe la primera Declaración sobre la Libertad Religiosa en la Iglesia católica, y que además de reconocer la trascendencia de los derechos humanos para la convivencia social y política justa y pacífica de toda la humanidad, establece en su “Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo de Hoy” la debida y legítima separación entre la Iglesia y el Estado. En congruencia con esto, una reunión internacional de Obispos celebrada en 1971 sobre el tema de la justicia, declaró que la defensa de la dignidad humana y la promoción de los derechos de las personas son parte de la misión pastoral de la Iglesia. No puedo dejar de mencionar también la poderosa influencia que al comienzo de mi servicio como religioso dominico ejercieron en mí, en los albores de los años setenta, los análisis y propuestas de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en 1968 en Medellín, Colombia, sobre la misión de la Iglesia en América Latina y El Caribe a la luz del Concilio, y los de la III Conferencia General, celebrada en 1979 en Puebla, de la que junto con muchos otros compañeros teólogos de la liberación fui actor “extra muros”, pues desde entonces, y hasta el año 2007 en otra reunión similar en Aparecida, Brasil, no fuimos requeridos por el Vaticano como asesores oficiales de los Obispos. Las dos Conferencias que les han seguido han ya hablado explícitamente de los derechos humanos, y no sólo de los derechos individuales, sino también de los colectivos, con un enfoque integral, y considerándolos como universales, iguales para todas y todos, indivisibles, interdependientes, inalienables e integrales. Con estos antecedentes, a partir de una reunión internacional realizada en 1977, los Frailes Dominicos asumieron la promoción de la justicia y de la paz como una de las cuatro prioridades de su acción evangelizadora en el mundo. Lo que de una u otra manera ha venido siendo reiterado cada tres años y de distintas maneras en reuniones semejantes. Con ello además retomaban de manera explícita uno de los elementos centrales de su tradición misionera al interior de la Iglesia, que se remonta hasta Santo Domingo de Guzmán y de manera especial a los primeros frailes del Siglo XVI en América Latina y El Caribe, quienes defendieron la dignidad humana de los indígenas contra los abusos estructurales de las encomiendas y sus derechos colectivos frente a las injusticias y excesos de la conquista: Fray Pedro de Córdoba, Fray Antón de Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas, y otros que les siguieron, como Fray Julián Garcés, Fray Antonio de Valdivieso, Fray Pedro Lorenzo de la Nada y Fray Matías de Córdova. Como una de las acciones sobresalientes para llevar a cabo esta opción, desde entonces se repite de diferentes maneras el compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos, principalmente de los sectores más vulneralizados (mujeres, exlcuidos, migrantes, personas pertenecientes a grupos muchas veces considerados indebidamente como minorías étnicas o raciales, u otros
De Tlatelolco a Ayotzinapa, la lucha por la dignidad humana
DE TLATELOLCO A AYOTZINAPA, LA LUCHA POR LA DIGNIDAD HUMANA Noviembre de 2017 Ponencia presentada en el Marco de la Cátedra Sergio Méndez Arceo por Fray Miguel Concha Malo, O.P., Director General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C., en la Universidad La Salle de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos Para el desarrollo de la presente ponencia echo mano de los siguientes textos universitarios: Tesis de Licenciatura sobre Historia Contemporánea de México, presentada en 1999 por Armando López Arcos, ex colaborador del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C., en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con el título de Intentamos un cambio por razones de fe. Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos presentada en su Examen de Grado este año por la Mtra. María Patricia González Chávez, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con el título “El CIDOC de Cuernavaca en el Colegio de México. Contribuciones de un archivo a la lectura crítica de la historia reciente de Latinoamérica”. Libro titulado “La participación de los cristianos en el proceso popular de liberación en México”, coordinado por Miguel Concha Malo, Óscar González Gari, Lino F. Salas y Jean-Pierre Bastian, publicado en su primera edición el año de 1986 por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Editorial Siglo XXI. El libro ha tenido varias reediciones. Artículo titulado Centros de derechos humanos: su misión y servicio”, publicado en la Agenda Latinoamericana mundial del Año 2015 por Miguel Concha Malo. Artículo titulado Solidaridad social nacional, publicado en 2015 por Miguel Concha Malo, en el libro compilado por Nayar López, en Ayotzinapa. Un grito desde la humanidad, a cargo de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, y editado por Ocean Sur. Como sabemos, por la presencia del movimiento estudiantil, que desembocó en la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, 1968 marcó un hito en la historia contemporánea de nuestro país. Lo que en un principio fue una riña entre estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y los del Instituto Politécnico Nacional (ipn), se fue transformando en un importante movimiento con demandas sociales. Conforme se fue desarrollando, bajo la dirección del Consejo Nacional de Huelga (cnh), se realizaron distintas marchas, huelgas, mítines en Tlatelolco y en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, ante el avance del movimiento social y estudiantil, el gobierno respondió con una mayor cerrazón, y con medidas cada vez más represivas. Ante la situación provocada por este conflicto, el Secretariado Social Mexicano; el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); algunos profesores de la Universidad Iberoamericana; dirigentes y profesionistas de la Corporación de Estudiantes Mexicanos, y monseñor Sergio Méndez Arceo, VII Obispo de Cuernavaca, así como obreros y asesores de la Juventud Obrera Católica y otros cristianos, se reunieron y elaboraron un documento de información y reflexión –firmado por 37 sacerdotes–, para ayudar a grupos de la Iglesia a comprender el trasfondo estructural y las aspiraciones de justicia que estaban en el fondo de las demandas del movimiento estudiantil. En realidad la única voz de la Iglesia que se escuchó durante la crisis fue esta declaración “Al pueblo de México”, publicada en Excélsior el 10 de septiembre de aquel año. A esta declaración se adhirieron los sacerdotes que trabajaban en la Unión Mutua de Ayuda Episcopal, la Juventud Obrera Católica y la Acción Católica Obrera. No interpretaron los acontecimientos como derivados de “la conjura comunista internacional”, lo cual hizo que fueran vistos con desconfianza por sectores oficiales y empresariales. Por su parte, la misma jerarquía eclesiástica intentó silenciarlos. El 14 de septiembre la curia del arzobispado de México minimizó la declaración de los 37 sacerdotes y demás grupos solidarios, y dio la impresión de desautorizarla. En la carta los sacerdotes planteaban que el movimiento estudiantil les llevaba a reflexionar sobre su responsabilidad en el cambio y el desarrollo integral del país. Veían que la juventud tomaba conciencia de “ser un factor importante de influencia en el pueblo para el cambio social”. Reconocían también que nuestro país necesitaba cambios para lograr el desarrollo. Y en ese sentido declaraban: no, “al uso sistemático de la violencia”; y no, “a los que rechazan todo cambio por disfrutar de una situación privilegiada. Asimismo señalaban: sí, al diálogo; al pluralismo ideológico; a la reforma educativa y universitaria; a la “necesidad de cambios para la promoción y el progreso de las personas”; “a la creación de una sociedad nueva, basada en estructuras justas”, y “a la responsable participación política en orden al bien común”. Por último, llamaban a buscar la paz y la justicia, rechazando el odio y el temor: “Como sacerdotes y como mexicanos –decían– nos hacemos solidarios del actual despertar de la juventud, calculando que si son muchos sus riesgos, son mayores sus posibilidades para el futuro de un México mejor. Mientras el movimiento estudiantil cada vez tomaba más fuerza, el gobierno mostraba una mayor cerrazón y un más intenso autoritarismo. El 18 de septiembre el ejército tomó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ante esos acontecimientos, en Cencos dieron a conocer su postura. Aclaraban sin embargo que en esa ocasión no lo hacían necesariamente como voceros de la Iglesia, sino como “cristianos comprometidos en la promoción y servicio de los medios de comunicación social”. Una semana después, tras un mensaje de Paulo vi, en torno a los conflictos estudiantiles en muchas partes del mundo, Cencos realizó un análisis en el que resaltaba que el Papa no condenaba a la juventud, sino que enjuiciaba a “las malas estructuras que deben ser cambiadas”. Y de manera excepcional, en los últimos días de aquel septiembre el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, también hizo sonar su voz de protesta ante los hechos que se estaban viviendo en el país. En una de sus homilías señaló que le atemorizaba la idea de “ser perro mudo”, y
La Electricidad como Derecho Humano
LA ELECTRICIDAD COMO DERECHOS HUMANO Ciudad de México, 05 de agosto 2017. (Participación de Miguel Concha Malo, director del Centro Vitoria en el Foro: La electricidad como derecho humano) In memoriam Gerardo Mata Mendoza Muy buenos días, compañeras y compañeros: Desde que el autoritario Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro el día 11 de octubre de 2009 puso en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, se generó un conflicto social de enormes dimensiones que ha resultado entre una de las muchas cosas en el cobro excesivo por el uso de energía eléctrica de la noche a la mañana en los recibos de miles de usuarias y usuarios, sobre todo los de consumo doméstico y de personas y grupos con menores ingresos. Desde entonces han tenido que enfrentar la disyuntiva entre pagar la luz o comer, entre pagar la luz o atender necesidades básicas de sus núcleos familiares, como la salud, la educación, y una vivienda digna. El Estado mexicano de entonces obvia responder a su obligación para que ninguna persona deba verse en la necesidad de tener que elegir entre tener pan en la mesa de sus hogares o tener que pagar la luz, ya que también es algo esencial, por ejemplo, si se tienen medicamentos esenciales refrigerados y de ellos depende la vida de algún familiar, o la misma conservación de alimentos, o contar con iluminación para que sus hijas e hijos hagan sus tareas escolares, etcétera. Es urgente, y es obligación de un Estado social de derechos garantizar un justo equilibrio; que los cobros por servicios relacionados con derechos no comprometan otros derechos. La CFE, lejos de resolver la problemática que ha surgido en todo el país por los excesivos y erráticos cobros del servicio, y realizar acciones efectivas al respecto, continúa con el acoso cotidiano que viven miles de mujeres, pues regularmente son ellas, debido a los roles de género, las que se quedan en las casas; y son ellas quienes tienen que enfrentar principalmente los abusos y engaños por parte de CFE. A raíz de estos hechos, miles de usuarios y usuarias del servicio eléctrico en la zona centro del país han padecido los constantes abusos del cobro de consumo de luz; y por no obtener respuesta satisfactoria, hoy nos encontramos aquí en torno a buscar las alternativas y hacer frente a la injusticia. Aquí estamos, y por ello es que existe la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE). Y juntas y juntos exigimos la renacionalización del sector de la energía; el borrón y cuenta nueva; una tarifa social justa al consumo doméstico de electricidad; revertir la reforma energética en su conjunto; y un muy grande objetivo: considerar a la energía eléctrica como Derecho Humano. Sí, el derecho humano a la energía eléctrica. Este derecho, de acuerdo a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), puede hayar su fundamento en la conjugación de contenidos de derechos explicitados, por ejemplo, en el Pacto Internacional sobre DESC y en el mismo contenido desarrollado por el Comité DESC de la ONU. Por ejemplo, cuando en su observación general número 4, sobre el derecho a una vivienda adecuada, subraya que toda vivienda debe contar con la disponibilidad de servicios indispensables para la salud, la seguridad, la nutrición, y la comodidad. Y todas y todos sabemos que para ello es fundamental contar con la energía eléctrica. Además, hoy sabemos y tenemos que en la Constitución de nuestro país el Estado mexicano está obligado a cumplir lo que establecen los Tratado Internacionales de los que es parte; así que debiera comenzar por dejar de convertir los derechos en servicios, que además deja en manos de empresas lucrativa privadas o que se dicen paraestatales, como es CFE; y mejor debería apegarse al respeto irrestricto de los derechos humanos, y avanzar, bajo el principio de progresividad, en ampliar las garantías para una vida digna. Y en eso cabe el reconocer y constitucionalizar el derecho humano a la energía eléctrica. Hoy la ANUEE es consciente de estas urgencias y exigencias, y además ha emergido con mucha fuerza y presencia por todo el territorio nacional, en una alianza estratégica con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que, debo decir, para mi representa una lucha histórica por la defensa y renacionalización de la industria eléctrica. Y que ha resistido dignamente a los embates de estos gobiernos neoliberales. En el Centro Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. vemos a los derechos humanos como producto de las luchas de los pueblos a favor de la dignidad y la justicia; mediante esta idea ha sido el acompañamiento que, modestamente, y desde nuestra limitaciones, compartimos con la ANUEE, porque son ustedes quienes tienen y han definido el rumbo de su lucha; y son ustedes lo que sostienen este movimiento con su resistencia y sus ganas de defender sus derechos. Los usuarios y usuarias en resistencia ante las altas tarifas que impone CFE exigen dignamente que la energía eléctrica sea considerada un Derecho Humano y no se vea como una mercancía donde solo los que puedan pagarla tienen acceso. No puede ser un lujo; por el contrario, es un derecho para todas y todos. Debemos considerar a la energía eléctrica como un bien público, y es obligación, responsabilidad y deber del estado que todos tengamos energía eléctrica en nuestros hogares, de forma accesible y asequible. La ANUEE si bien es cierto son personas diversas que luchan por un objetivo en común, a lo largo de estos años han aprendido a caminar de la mano y a reconocerse como un colectivo en donde si tocan a uno, una, tocan a todas y todos, y el reflejo más claro de ello son las marchas, mítines e intervenciones jurídicas y de derechos humanos que realizamos en apoyo y solidaridad a compañeros que han sido detenidos arbitrariamente. Sobre esto quiero decirles que mi experiencia me dice que se
México en la Encrucijada Internacional
MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA INTERNACIONAL. Participación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP A.C. Palacio de Minería, Ciudad de México, 30 de marzo de 2017. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria trabajamos con una mirada interseccional de las diversas demandas de los pueblos, organizaciones y movimientos sociales, en relación con los Derechos Humanos, así como con un enfoque de género y de juventudes. Es por esto que vemos la urgencia de que sean las personas jóvenes, las mujeres y los “nuevos” actores políticos que han surgido en los últimos años, quienes también asuman la nueva coyuntura global en vistas de la liberación de los pueblos y de las personas, y de la transformación estructural de la sociedad. La discusión en torno al difunto Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), al que nos opusimos rotundamente, nos hizo caer en cuenta de las afectaciones que los tratados de libre comercio y de inversión y su lógica desde y para el neoliberalismo, conllevan para el ejercicio de los derechos humanos en su conjunto, afectando a aquellas personas y grupos que han sido históricamente vulnerados. Este problema no es exclusivo del TPP, sino que es una consecuencia inevitable del sistema económico neoliberal, que se impuso de manera casi definitiva hace ya más de 20 años con la ratificación del TLCAN en México. Consideramos que ahora somos nosotras, por ejemplo personas jóvenes, quienes vivimos las violaciones a nuestros derechos humanos como consecuencia inmediata del TLCAN; vivimos en un contexto completamente desfavorable para el ejercicio de nuestros derechos: el acceso a una vivienda digna y a un trabajo digno, casi no existen, a la sana alimentación, al agua, a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano y a la tierra y al territorio, son limitados y vulnerados a diario. Creemos en usar a los Derechos Humanos como herramientas para oponernos a la renegociación del TLCAN y a la imposición de otros tratados de libre comercio e inversión. Además, creemos en los Derechos Humanos como puentes para interrelacionar las demandas y problemáticas sectoriales, las de las nuevas generaciones, intercambiando experiencias con los saberes y luchas que llevaron a cabo quienes, en su momento, se opusieron desde diferentes trincheras al TLCAN o al ALCA. En este sentido, y desde el trabajo de la defensa de los Derechos Humanos, en el Centro Vitoria nos sumamos como personas diversas jóvenes, mayoritariamente mujeres, a la lucha histórica y compartimos los horizontes políticos emancipadores de los grupos sindicales y de personas trabajadoras, campesinos e indígenas, de estudiantes que día con día defienden la educación pública, de todos los barrios y colonias de esta y otras Ciudades ; y a la par continuaremos en nuestra labor cotidiana por la reivindicación de las exigencias de todos estos grupos, también de las juventudes, las personas defensoras de derechos humanos, las mujeres, las personas LGBTI, las defensas del territorio, y las colectivas feministas. Sabemos que este sistema, ¡ya no lo aguantamos más: NUNCA FUNCIONÓ! ¡Es hora de cambiarlo todo! (Participación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP A.C. en el Encuentro Nacional «México en la encrucijada nacional» ) Entradas relacionadas: El derecho humano a vivir en paz ¿Deberíamos defender el TLCAN? Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP
