El proyecto de convocatoria para la designación de la presidencia de la CNDH introduce elementos que favorecen una evaluación amplia, integral y objetiva de los perfiles
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes saludamos el trabajo realizado por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia para que la convocatoria cumpla con los Principios de París y sea vinculante que la valoración de los perfiles se realice a partir de un conjunto de indicadores de idoneidad y probidad. Está en manos de la Junta de Coordinación Política del Senado garantizar que el proceso conserve esta característica, inédita para un proceso de designación tan relevante como el de la CNDH, y se lleve a cabo mediante parlamento abierto. El pasado 24 de septiembre, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República aprobaron el proyecto de convocatoria a partir del cual se desarrollará el proceso de designación de quien asuma la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años. Esto, luego de introducir varios ajustes positivos, en términos de transparencia, participación, rendición de cuentas e idoneidad. Entre los elementos que destacan está el carácter vinculante de una lista de indicadores que se usará para valorar la idoneidad y probidad de las y los candidatos, lo cual marca una mejora sustantiva respecto al proceso anterior (2014) y hace manifiesta la apuesta de llevar a cabo una designación basada en evidencia y criterios objetivos. La definición de estos indicadores quedará a cargo de un grupo de trabajo integrado por las y los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Marta Guerrero Sánchez, Citlali Hernández Mora, Kenia López Rabadán, Nestora Salgado García, y Antares Vázquez Alatorre, quienes considerarán propuestas de la sociedad civil. Con este marco, las organizaciones que hemos dado seguimiento puntual al proceso saludamos la determinación de las y los Senadores al aprobar este proyecto y confiamos que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO): Apruebe este proyecto de convocatoria, producto de un proceso de deliberación democrático al interior de las Comisiones Unidas; Garantice las condiciones necesarias para que el proceso de designación cumpla con los más altos estándares de parlamento abierto, transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas; Mantenga el carácter vinculante de los indicadores de evaluación, y promueva que las y los senadores funden y motiven sus decisiones a lo largo del proceso; y Responda favorablemente a la solicitud de reunión que las organizaciones firmantes hemos enviado. En los próximos días, el Senado podría sentar un importante precedente para las designaciones de puestos titulares en otros órganos de control, contrapeso y/o garantía de derechos, y con ello contribuir a una nueva forma de hacer política. Está en manos de la JUCOPO marcar este hito para la vida democrática de nuestro país. Imagen destacada: #CNDHAutónoma
Pronunciamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País | X Aniversario de la conmemoración del Día Nacional del Maíz
Durante 12 años la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha luchado por revalorar el campo mexicano y por defender el maíz nativo y su biodiversidad. También ha luchado por dignificar a los y las productoras que haciendo milpa, alimentan a quienes habitamos y transitamos por México. En 2009, la Campaña lanzó una iniciativa ciudadana para instituir la celebración del Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre, con la intención de unir a todos los mexicanos y mexicanas, a los del campo que nos ofrecen alimentos y a los de las ciudades, que es donde mayormente los consumimos. Además, durante este día se refuerza la lucha que desde las organizaciones campesinas e indígenas, desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, impulsamos para recuperar la soberanía alimentaria de nuestro México. Este Día Nacional del Maíz es símbolo de la vida comunitaria en los pueblos, de las experiencias de defensa de nuestros maíces nativos y del cuidado de la naturaleza y los bienes comunes que implica el trabajo campesino. Es un día en que se celebra la biodiversidad, que celebra a las y los campesinos, que celebra la milpa y que celebra la comida hecha de maíz. Celebramos el Día Nacional del Maíz, haciendo eco de las demandas emprendidas desde hace por lo menos 35 años, que son un llamado urgente frente al abandono del campo mexicano por los malos gobiernos, que permitieron el avance de las empresas transnacionales, y la entrada de semillas y productos transgénicos a nuestro país y a nuestra comida. Este día hacemos llegar también una demanda a las autoridades para revalorar y defender la producción que proviene de las comunidades campesinas e indígenas y la recuperación agroecológica de los territorios. Saludamos y reconocemos la iniciativa del actual Gobierno Federal, al asumir y celebrar el Día Nacional del Maíz y el trabajo realizado desde las comunidades y organizaciones para la defensa de los maíces nativos. Al mismo tiempo exhortamos respetuosamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador a comprometerse con esta lucha y firmar el Decreto que prohíba efectivamente el ingreso y producción del maíz transgénico en todo nuestro territorio. Asimismo, hacemos un llamado a la SADER y a la SEMARNAT para que se sumen a la instrucción presidencial de “nada de semillas transgénicas”. Y a que se comprometan con el impulso a la soberanía alimentaria de nuestro país. En los últimos meses hemos visto logros muy importantes, como la reciente aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, y el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz, en las comisiones legislativas y en el pleno del Senado de la República. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación ante el retraso de una respuesta más favorable y expedita ante la exigencia de una política de Estado de protección al maíz nativo, la prohibición de maíz genéticamente modificado, el impulso de la soberanía alimentaria y la protección de los derechos de las y los campesinos y de los pueblos originarios. Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País hemos señalado, desde nuestra fundación, la urgente necesidad de hacer realidad el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo señalan la Constitución Federal y diversos tratados en materia de derechos humanos que ha firmado México. Esto conlleva la aplicación efectiva del enfoque de derechos humanos en toda política del Estado, encaminada a garantizar los derechos relacionados con nuestra alimentación, nuestra salud, el cuidado del ambiente y el impulso del campo mexicano en manos de los pueblos, comunidades, colectivos y familias productoras. De igual manera, nos pronunciamos a favor del etiquetado frontal en alimentos y bebidas ultraprocesados. Es momento de recuperar nuestros campos, de recuperar y conservar nuestros maíces nativos, de revalorar nuestra cultura, y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, juntos, gobierno y ciudadanía, para hacer efectivos nuestros derechos y acceder a alimentos sanos y suficientes, nutritivos y de calidad. Es momento de hacer milpa. Celebremos así el Día Nacional del Maíz. Les invitamos a unirse en la defensa del maíz, de la soberanía alimentaria, de los alimentos sanos y de calidad desde los diversos territorios que conformamos este país. Viva México, viva el campo mexicano, vivan las y los campesinos que nos dan de comer, viva la soberanía alimentaria, viva la milpa, viva el maíz. Porque sin maíz no hay país. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Víctor Manuel Chima
Día Nacional del Maíz
¡Les invitamos a celebrar el Día Nacional Del Maíz! Es momento de hacer milpa en el corazón de la Ciudad de México, para defender y conservar nuestros maíces nativos, y unir a las personas del campo que nos ofrecen alimentos, y a las de la ciudad, donde mayormente los consumimos.¡Les esperamos! #SinMaízNoHayPaís 🌽 29 de septiembre 📅 Zócalo de la Ciudad de México📍 Ciudad de México | 10 hrs – 20 hrs
Carta Pública : SEGOB debe cumplir con la sentencia dictada por el Poder Judicial Federal de manera inmediata
OCNF y organizaciones peticionarias de la AVGM para la CDMX piden reunión con Secretaría de Gobernación, para contribuir al fortalecimiento de las AVGM en México y al acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Ministra Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos. PRESENTE El Observatorio Ciudadano Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y las organizaciones peticionarias de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México (CDMX), Justicia Pro Persona A.C., y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P., A.C., nos ponemos en contacto para solicitarle que garantice el cumplimiento de la sentencia de amparo 968/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, en los términos en que fue dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, sin mayor dilación, de forma que quede firme dentro del plazo de 10 días señalados para tal efecto. Coincidimos en los posicionamiento oficiales respecto a que debe mejorarse el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género desde la investigación hasta el seguimiento e implementación de las medidas, los cuales deben dar resultados en el corto y mediano plazo. En este sentido, tenemos conocimiento de las diversas propuestas de iniciativas de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que han sido presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República por lo que consideramos que este proceso de reforma, debe de garantizar la eliminación de los obstáculos que se han identificado para la efectiva implementación del mecanismo. Cabe resaltar que en la propia resolución de amparo, el Juez Federal José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, reiteró las recomendaciones hechas en julio de 2018 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) de la ONU, el cual pide al Estado Mexicano: “Evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, y vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia”. Como organizaciones de la sociedad civil, que hemos acompañado varios procesos de AVG, incluyendo el de la Ciudad de México, reiteramos que este mecanismo ha servido para evidenciar los contextos de violencia feminicida en el país, corregir políticas públicas y modificar marcos normativos que discriminan o transgreden los derechos humanos de las mujeres, debe seguir perfeccionándose para contribuir en la disminución de la violencia feminicida. Es por ello que, reiteramos -como se hace en la resolución de amparo- que la AVGM “tiene naturaleza subsidiaria, es decir, no se debe confundir con las políticas públicas generales o sectoriales previstas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; por tanto, las acciones derivadas de la alerta no están destinadas a sustituir los demás instrumentos de la Ley”, por lo que ésta tendrá que ser temporal pero urgente. Por ello, el día de hoy, el reto de SEGOB se encuentra en garantizar que las 19 declaratorias en los 18 estados de la República[1] se reencaucen y evalúen de forma que puedan comenzar a dar resultados y que permitan su eventual retiro. Para ello es indispensable que la CONAVIM cuente con una metodología para generar con los estados responsables, planes estratégicos para el cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación, con indicadores de resultados, que de cara a la ciudadanía se pueda informar en periodos razonables. Tal y como lo ha determinado el Poder Judicial Federal en su sentencia, “las autoridades deben transparentar las acciones gubernamentales, en específico, deberán publicar los informes generados por el grupo interinstitucional y multidisciplinarios encargado de dar seguimiento a las acciones emanadas de la declaratoria de AVGM, en virtud de que la transparencia abona en favor de la calidad institucional de la democracia, de tal forma que la sociedad pueda estar al tanto de que las medidas adoptadas sean congruentes y eficaces”. Esto permitirá tener plazos claros para el levantamiento de las Alertas, siempre que se cumpla con el objetivo previsto por la Ley General de Acceso de disminuir la violencia feminicida que pone en riesgo la vida e integridad de las mujeres. Adicionalmente, deberá garantizarse la participación activa de las organizaciones peticionarias, de forma que las instituciones públicas implicadas en el seguimiento de la AVGM trabajen conjuntamente con las organizaciones solicitantes, así como con otras organizaciones de la sociedad civil para tomar en cuenta elementos que fortalezcan el análisis sobre la implementación de las medidas y el seguimiento dado a las mismas, toda vez que éstas cuentan con elementos contextuales relevantes para aportar a la discusión de los temas, como lo señaló el Poder Judicial en el amparo 986/2019. Ante ello, las organizaciones firmantes, reiteramos -como lo hicimos en la reunión sostenida con Usted el 9 de septiembre de 2018- que es urgente la construcción de una política integral que contribuya a la disminución y erradicación de la violencia feminicida en México por lo que los cambios, reformas y adecuaciones, tienen que ser progresivos no regresivos. En ese sentido, como defensoras de los derechos de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil exigimos a la Secretaría de Gobernación: Emita a la brevedad la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México para proteger a las mujeres de dicha Ciudad. Se instale una mesa de trabajo con participación de las organizaciones solicitantes, el Grupo de Trabajo, así como las autoridades responsables con el objetivo de revisar en conjunto las medidas que se deberán implementar para el cumplimiento de la AVG, valorando para tal efecto las medidas establecidas por el Grupo de
Dos años sin justicia y atención adecuada para víctimas del sismo del #19S
Sin avances significativos para esclarecer los hechos en el caso de Bolívar 168 Mediante amparo otorgado a familias, se evita la impunidad y el cierre de investigaciones. Han pasado dos años desde el 19 de septiembre de 2017, cuando la Ciudad de México enfrentó un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, recordándonos, a la vez, al también trágico 19 de septiembre de 1985. El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó a su paso una gran cantidad de pérdidas humanas y materiales. Del mismo modo, el #19S también fue reflejo y consecuencia de las prácticas ilegales de empresas inmobiliarias apostadas en la Ciudad de México desde hace años, así como de un actuar de gobiernos anteriores caracterizados por la implementación de políticas públicas guiadas por la explotación inmobiliaria desmedida y el otorgamiento de permisos de construcción de manera indiscriminada, dejando de lado criterios y estándares internacionales y normatividad correspondiente en materia tanto ambiental como de desarrollo urbano. Después de dos años de los hechos del sismo, a través de diversos informes e investigaciones, tanto de organismos públicos de derechos humanos como de organizaciones de la sociedad civil, y grupos de personas académicas, se ha logrado documentar que, si bien los hechos del 19 de septiembre, por su propia naturaleza, corresponden a un sismo con una gran fuerza, sus consecuencias se agravaron de una manera alarmante por una gran cantidad de factores humanos. Por lo tanto, el #19S no solamente debe considerarse como un fenómeno natural, sino también como una catástrofe socialmente construida. El incumplimiento por parte de las autoridades en sus obligaciones de vigilar e inspeccionar el adecuado respeto a la reglamentación en la materia, al igual que su participación en el otorgamiento de permisos que propiciaron crecimientos inmobiliarios desmedidos, contribuyeron enormemente a que de manera activa u omisiva fueran responsables de violaciones a derechos humanos, dado el incumplimiento de sus obligaciones de mitigación y prevención de riesgos. Esta situación fue documentada y descrita ampliamente también en la Recomendación 12/2018 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A lo largo de estos dos años, familiares de las víctimas del #19S han emprendido un largo recorrido para acceder a la justicia y a la verdad. Según ellos, dicho proceso se ha caracterizado, entre otras cosas, por investigaciones deficientes, demora en los tiempos, gran dificultad para acceder a la información relacionada con el caso, e incluso intentos para cerrar toda investigación. Un claro ejemplo de lo anterior es el caso de Bolívar 168, cuya carpeta de investigación se abrió desde el 29 de septiembre de 2017 y que, pese a ello, hasta el día de hoy no hay ningún responsable. De igual manera hubo intentos por parte de la Procuraduría capitalina de darle carpetazo, pues en el último día de la administración pasada se determinó el no ejercicio de la acción penal en las investigaciones de los hechos denunciados en relación con el sismo, aun sin haber realizado todas las diligencias y peritajes necesarios para determinar semejante decisión. Cabe enfatizar que esta situación se revirtió mediante un amparo otorgado a las familias, cuando el Poder Judicial ordenó a la misma Procuraduría reabrir las investigaciones. Ante los intentos de dejar en la impunidad y en el olvido las investigaciones relacionadas a propósito del sismo del 19 de septiembre de 2017, seguimos buscando junto a las víctimas justicia y verdad, al igual que investigaciones claras y eficientes que abran otras líneas de investigación que busquen determinar la posible responsabilidad de las diversas autoridades y servidores públicos involucrados por su acción u omisión, y escuchar y tomar en cuenta las diversas aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos que pueden coadyuvar en las investigaciones. Finalmente, a dos años del sismo hacemos un llamado a las autoridades federales y locales para redoblar esfuerzos y garantizar a las víctimas el pleno acceso a sus derechos, haciendo todo lo necesario a su alcance para implementar cambios estructurales que posibiliten la no repetición de estos altos impactos hacia las personas y comunidades en futuros desastres, como el sismo del #19S. ATENTAMENTE Familiares de víctimas del edificio Bolívar 168 y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C Imagen destacada: Alberto Ledezma
Propuesta de presupuesto ignora emergencia climática asignando recursos millonarios a gas y petróleo
Aumenta en 72% presupuesto de Sener, 95.7% de éste va para gas y petróleo. 73% de los recursos para combatir cambio climático se utilizan para transportar gas natural. El análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 (PPEF 2020), recientemente entregado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, no es congruente con una política enfocada a atender el cambio climático lo que es preocupante ante el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos. El análisis de este documento refleja la continuidad y profundización de una política pública que prioriza la explotación de hidrocarburos como fuente de energía y de ingresos públicos, que en 2020 recibe 11.21% del presupuesto total del sector público presupuestario, con un total de 683.6 mil millones de pesos (mmmp). En línea con lo ocurrido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 (PEF 2019), se siguen aumentando recursos para la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en proyectos de gas y petróleo, con el objetivo de aumentar la producción de petróleo crudo, que pretenden que pase de 1,697 miles de barriles diarios en 2019 a 1,951 mbd en 2020. Así, de aprobarse el PPEF 2020 la Secretaría de Energía (SENER) recibiría un aumento real de 72% de su presupuesto con respecto al presupuesto de 2019, con un total de 48.5 mmmp, de los cuales 95.7% va dirigido a temas de petróleo y gas natural. La prioridad de dicha Secretaría parecería no ser de “energía”, sino únicamente de hidrocarburos. En particular, 46.3 mmmp se dirigirán a inversión en Pemex y, de estos, 41.3 mmmp a la nueva refinería de Dos Bocas. En esta línea, es importante recordar que en 2019 ya se había aumentado el presupuesto de la Sener en 961.3% en términos reales respecto a 2018, al pasar de 2.5 mmmp a 27.2 mmmdp, de los cuales 25 mmmp fueron para inversión en Pemex. Para 2020, a esta empresa productiva del Estado se le está asignando un presupuesto de 290.7 mmmp para Programas y Proyectos de Inversión, una cantidad millonaria que irá directamente a inversiones sucias en combustibles fósiles, causantes de la crisis climática en la que nos encontramos actualmente y ante la cual es urgente actuar. Entre los proyectos financiados destaca la asignación de 10.8 mmmp para explotar gas y petróleo mediante fracking, lo que aumentaría 58.4% en términos reales los recursos ya asignados para este fin en el presupuesto de 2019. Este hecho es alarmante, dado que el uso de esta técnica tiene un impacto aún mayor sobre el calentamiento global y supone la profundización de un modelo fósil que debemos abandonar en el corto plazo para evitar un calentamiento catastrófico de la temperatura del planeta. Además, esto es una contradicción con los anuncios realizados por el Presidente, quien ha señalado en diversas ocasiones desde el mismo día de su investidura que el fracking no se realizará en México. Si bien entendemos la intención del presente Gobierno de fortalecer la rectoría del Estado de la política energética, nos resulta sumamente alarmante que esto se haga fortaleciendo a Pemex y la explotación de gas y petróleo, política completamente insostenible ante la crisis climática actual. Es importante destacar que a diferencia del PEF 2019 en el que se asignaron 23.9 mmmp al Anexo Transversal para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, en 2020 se establece una contribución de 55.6 mmmp. Sin embargo, a pesar del incremento, 40.29 mmmp, es decir el 73% de los recursos de todo el anexo se destinan solamente al transporte de gas natural a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Resulta indignante que el fomento a los hidrocarburos permee aún en el presupuesto destinado a mitigar y adaptar el país a la crisis climática actual. Es un error delicado destinar recursos que podrían ser utilizados para reducir la vulnerabilidad del país y para atender la crisis climática a una actividad que más bien la agrava. El gas natural es un combustible fósil, compuesto principalmente de metano que es un gas poderoso de efecto invernadero, que no puede ser visto como un combustible puente, la urgencia y la evidencia científica nos insta a dejar de utilizarlo en el corto plazo. Por ello, desde las organizaciones firmantes consideramos que el gobierno en turno tiene la oportunidad y la responsabilidad de tomar acciones radicales y ambiciosas que permitan dirigir al país hacia una verdadera transición con un modelo genuinamente sostenible. Uno que le garantice a las presentes y futuras generaciones el derecho a un medio ambiente sano y la posibilidad de vivir una vida digna. Esto, entre otras cosas, implica el comenzar a reducir la extracción de hidrocarburos y evitar la construcción de más infraestructura que nos condiciona a seguir explotando y consumiendo este tipo de combustibles. En este sentido, hacemos un llamado a nuestras y nuestros representantes para que hagan un cambio de dirección y a que impulsen desde el sector público la transición energética justa hacia un modelo renovable y descentralizado. Imagen destacada: WildEarth Guardians
La designación de la próxima persona titular de la CNDH es fundamental para responder a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país
El Senado tiene la obligación de garantizar una designación transparente, abierta y que genere confianza sobre la idoneidad de la persona que encabece la CNDH durante los próximos cinco años. En el marco del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, hay en la agenda una designación que cobra una relevancia sustancial para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de quienes viven o transitan por México. Se trata de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución fundamental ante la grave crisis de derechos humanos, violencia e impunidad que atraviesa el país. Las más de 40 mil personas desaparecidas, los más de 300 mil homicidios, las tres mil fosas clandestinas, los 26 mil cuerpos sin identificar y los nueve asesinatos de mujeres que suceden, en promedio, cada día, ponen en evidencia la crítica situación del país. Ante esta grave realidad, es indispensable que la designación que llevará a cabo el Senado de la República garantice un proceso que permita contar con un perfil con amplio conocimiento en materia de derechos humanos y con demostrada independencia e imparcialidad para estar al frente de dicha institución, precisamente por la enorme responsabilidad y relevancia de la CNDH. Los Principios de París –que refieren al funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos– establecen que el nombramiento de sus titulares “deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la participación”. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, especialistas, académicos/académicas y personas defensoras de derechos humanos que suscribimos este pronunciamiento hacemos un llamado al Senado de la República para que: Realice de manera participativa la convocatoria con la cual dará inicio esta designación y a partir de este documento se dé certeza jurídica sobre cada una de las etapas y criterios que guiarán las decisiones del proceso; Desarrolle una designación en mejores términos que las realizadas por Legislaturas pasadas; Garantice el principio de máxima publicidad del proceso, privilegiando la transparencia proactiva, al ser de gran interés público toda la información de esta designación; Establezca mecanismos efectivos de participación ciudadana y de parlamento abierto, poniendo especial énfasis en la inclusión de las víctimas de violaciones de derechos humanos y organizaciones defensoras de derechos humanos; Defina criterios claros y objetivos para evaluar a las y los candidatos que dé pauta a un análisis riguroso de sus cualidades y méritos profesionales para asumir dicho cargo; Rinda cuentas de manera amplia y exhaustiva de las decisiones tomadas, a partir de fundar y motivar las razones que sustentan cada decisión; y Garantice la igualdad y no discriminación, en particular la equidad de género, en la valoración de las candidaturas propuestas. Estamos convencidas de que el buen desempeño de las instituciones pasa necesariamente por designaciones que aseguren estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, por lo que, las y los senadores tienen la enorme responsabilidad de construir confianza y dotar de legitimidad a esta designación clave para el futuro de México, y de quien encabezará uno de los máximos órganos de protección de los derechos de las personas frente al Estado. #SinCuotasNiCuates Organizaciones 1. Académicas en Acción Crítica 2. Acción Popular por la Inclusión y la Equidad en Chiapas, A.C. 3. Aldeas Infantiles SOS 4. Almas Cautivas 5. Amnistía Internacional México 6. APIC Utopía, A.C. 7. Arthemisas por la Equidad, A.C. 8. Artículo 19 México y Centroamérica 9. Asistencia Legal por los Derechos Humanos 10. Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), A.C. 11. Asociación Multidisciplinaria de Archivos y Bibliotecas, A.C. 12. Asylum Access México, A.C. 13. Borde Político 14. Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM 15. Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. 16. Causa en Común, A.C. 17. Centro de Apoyo para la Educación y la Creatividad Calpulli, A.C. 18. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C. 19. Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. 20. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Cordero, A.C. (…) (Firman 114 organizaciones) Imagen destacada:
Poder Judicial de la Federación otorga amparo que ordena a CONAVIM declarar Alerta de Violencia de Género en CDMX
-Juzgado halla omiso y negligente el actuar de la CONAVIM, frente a la violencia contra las mujeres. -Poder Judicial reconoce la existencia de la violencia feminicida en la CDMX y mandata la participación de las OSC en la implementación de las acciones derivadas de la AVG. El pasado viernes 13 de septiembre de 2019, el Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio de amparo 968/2019-I, que ordena a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México (CDMX), en un plazo no mayor a 10 días naturales. El amparo fue interpuesto el 28 de junio de 2019 por las organizaciones peticionarias de la AVGM: Justicia Pro Persona, y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P., A.C., con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT, luego de la resolución emitida por la CONAVIM el 7 de junio de 2019, en la que determinó que no era procedente declarar la AVGM en la CDMX. La resolución del juicio de amparo 968/2019-I fue emitida por el Juez José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la cual fue atestiguada por la Licenciada Paulina Verdeja Jiménez, Secretaria de Juzgado, con adscripción en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En dicha resolución, el Poder Judicial reconoce que: I.-La CONAVIM pasó por alto la naturaleza de emergencia de la AVGM. Cabe recordar que la petición de la Declaratoria se realizó el 7 de septiembre de 2017, y la resolución de la CONAVIM se dio hasta el 7 de junio de 2019, es decir, un año y 9 meses después, sin que el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevea la posibilidad de otorgar prórrogas para la remisión del Informe por parte del Gobierno. Es por eso que el retardo en resolver sobre la solicitud de la AVGM y la determinación final de no decretarla, contraviene el parámetro de regularidad constitucional de los derechos humanos de las mujeres, pues se perdió de vista la naturaleza de emergencia del mecanismo, así como las cifras relacionadas con feminicidios y homicidios de mujeres en la ciudad. II.Existió una indebida fundamentación y motivación de la resolución en la que se determinó no declarar procedente la AVGM, ya que a partir del análisis del Grupo de Trabajo, de las acciones realizadas por el gobierno de CDMX, sólo se cumplieron tres de un total de seis, es decir el 50%, mientras que una estaba en proceso de cumplimiento y dos parcialmente cumplidas. Por otra parte, de los 72 indicadores contenidos en las 20 conclusiones, se cumplieron sólo 22 (30.5%), siete están en proceso de cumplimiento (9.7%), 11 se consideraron parcialmente cumplidos (15.2%) y 32 no fueron cumplidos (44.6%). Aunado a ello, el contexto de violencia feminicida en la CDMX prevalece. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Juzgado refiere que de enero a julio de 2019 se han denunciado 26 delitos de feminicidio y 99 casos de homicidio doloso contra mujeres, asimismo, 65 mil 679 presuntas víctimas mujeres por delito, entre los que se encuentran trata de personas, homicidio doloso, feminicidio, tráfico de mejores y lesiones dolosas. Asimismo, de enero a julio de 2019 hubo un total de 2 mil 700 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, y que de 2017 a la fecha -año en que se solicitó la AVGM- 77 mujeres fueron víctimas de feminicidio: 37 en 2017 y 40 en 2018; además de otros delitos como violencia sexual, trata de personas y desaparición, por lo que “de lo anterior se advierte que en CDMX existe un contexto de violencia feminicida”. Asimismo, cuatro de siete integrantes del propio Grupo de Trabajo se manifestaron a favor de la declaración de la AVGM en la capital del país, por lo que, conforme al artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la CONAVIM debió emitir la declaratoria de la AVGM en la CDMX. III.-La CONAVIM no se basó en el dictamen sino en las “acciones relevantes” que, según su consideración, implementó el nuevo gobierno de la Ciudad de México. IV.-La CONAVIM no realizó una interpretación conforme a los parámetros de regularidad constitucional, no aplicó el principio pro persona ni tampoco realizó un riguroso control de convencionalidad para garantizar los derechos de las mujeres. V.-La CONAVIM omitió actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y cumplir con la obligación que tienen todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de proteger y garantizar el derecho humano de las mujeres que habitan en la Ciudad de México a una vida libre de violencia, de conformidad con los artículos 1° y 4° de la Constitución. VI.-La resolución de CONAVIM contraviene los instrumentos internacionales y obligaciones constitucionales para garantizar los derechos humanos de las mujeres, en específico, el derecho a una vida libre de violencia, como las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) hizo a México en 2018, en el sentido de que debía “adoptar las medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, así como garantizar una utilización amplia y armonizada del mecanismo de AVGM y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal”. Ante ello, la resolución deriva de la disonancia con el contenido de la norma, y el Poder Judicial advierte que durante los casi dos años que se tardó la autoridad en emitir la resolución, las mujeres y niñas que habitan en la Ciudad de México permanecieron
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales | Participación de Miguel Concha en foro temático del Programa Nacional de Derechos Humanos
Participación presentada por Miguel Concha Malo en el Foro temático «Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales» en el marco de los trabajos de diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH) Saludo a la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación; a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; al Lic. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; y a todas las autoridades de la Ciudad de México; al Sr. Jan Jarab, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y a participates que nos acompañan esta mañana. Asimismo, agradezco los esfuerzos que se han venido realizado para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos, y en particular por desarrollar este Foro temático que pondrá especial énfasis en la importancia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Me parece muy conveniente iniciar mi participación recordando que el 23 de marzo de 1981 el Estado mexicano ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, a partir del cual reconoció la importancia de este conjunto de derechos, y por tanto se obligó a adoptar medidas técnicas y económicas para su plena efectividad y ejercicio. Sin embargo, aún con la ratificación de este Pacto el Estado mexicano hasta ahora no ha garantizado efectivamente el ejercicio de estos derechos; ejemplo de esto, es la falta de ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual es una vía de exigibilidad y justiciabilidad que permite a las víctimas de violaciones relacionadas con los DESC defender, proteger y acceder a sus derechos y a la justicia. Así pues, es necesario reconocer a los derechos económicos, sociales, culturales y también a los ambientales como derechos humanos que deben garantizarse más allá del desarrollo de políticas públicas o programas de prestación de servicios, sino desde una perspectiva de igualdad sustantiva que permita eliminar la desigualdad estructural por medio de acciones que garanticen el ejercicio de cada uno de estos derechos; considerando el contexto sociocultural y económico en donde se construyen y reproducen las estructuras de poder que perpetúan los privilegios y las desventajas que impiden el pleno desarrollo de las personas en situaciones de empobrecimiento. Dicho esto, me gustaría abordar la situación que organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha manifestado sobre nuestro país en materia de desarrollo económico y social. Si bien, México es uno de los países con mayor índice de personas en situación de empobrecimiento, colocando a los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca como los más afectados, es necesario superar el aspecto de la falta de ingresos como el único elemento constitutivo de la situación de pobreza que adolecen millones de personas en nuestro país, ya que la mayoría de la población en esta situación, se ha visto históricamente privada de la seguridad, las capacidades y las opciones suficientes para poder desarrollarse en el marco de un nivel de vida adecuado. En este sentido, es importante señalar que la escasez de recursos tampoco exime a los Estados en la aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que los Estados están obligados a demostrar que han hecho uso del máximo de sus recursos para la efectividad progresiva de cada uno de los derechos, fijando metas que permitan evaluar si las medidas adoptadas van en función de la satisfacción de las obligaciones contraídas. Otro punto fundamental, es la necesidad de reconocer que aun cuando el derecho internacional contempla el margen de discreción a los Estados, el cual brinda la libertad a los mismos para seleccionar los mecanismos que utilizará para hacer efectivas sus obligaciones, este principio no puede ser utilizado para incumplir o justificar la derogación o limitación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que estos actos están enmarcados en las obligaciones mínimas esenciales que cada Estado parte se ha comprometido a cumplir, independientemente de la disponibilidad de los recursos. En consonancia con lo anterior, es necesario la adopción de medidas efectivas que se centren en la elaboración y aplicación de criterios e indicadores de evaluación, con enfoque de derechos humanos, que atiendan a los más altos estándares internacionales para su construcción, y que permitan a la población acceder a información, fidedigna, imparcial y transparente. Por lo que es fundamental que las instituciones encargadas de llevar a cabo esta tarea cuenten con los recursos y autonomía necesaria para cumplir efectivamente sus propósitos en beneficio de la sociedad. Por otra parte es sumamente necesario establecer mecanismos de supervisión, con la finalidad de garantizar el acceso a recursos judiciales adecuados ante posibles violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyan el derecho al resarcimiento, la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Por ello, es primordial garantizar a su vez la seguridad de quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, durante su visita a México en 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos concluyó que uno de los sectores más criminalizados, son aquellos que promueven los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que su labor ha comprometido los intereses económicos que giran en torno a la realización de proyectos a gran escala en materia de minería, energía o infraestructura, evidenciando la falta de regulación de particulares, así como la falta de cumplimiento de las normas internacionales por parte del Estado en relación a tareas concretas que pudieran ser retomadas en el Programa Nacional de Derechos Humanos se identifica la urgente necesidad de fortalecer, acorde con la Constitución Política, instituciones encargadas que tengan por objeto la medición de la pobreza y la evaluación de todas las estrategias y fondos de toda la política de desarrollo social. Me refiero puntualmente, al fortalecimiento del Consejo Nacional del Consejo de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL). Como he
Encuentro | «DH y Construcción de paz», transformación positiva de conflictos
Con el objetivo de seguir apostando a la construcción de espacios de intercambio y fortalecimiento de experiencias y saberes, desde el Centro Vitoria y el Centro de Derechos de las víctimas de violencia «Minerva Bello»invitamos a participar los próximos días 20, 21 y 22 de septiembre en el Encuentro: DH y construcción de paz, que tendrá lugar en Chilpancingo. 20, 21 y 22 de septiembre 📅 📍 Guerrero
