La protesta social es un derecho, jamás una provocación
-El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) urge al gobierno de la ciudad abstenerse de actos y declaraciones que criminalicen la protesta. -El reto principal es atender las causas de la misma: la violencia feminicida que enfrentan día a día las mujeres. El día de ayer, 12 de agosto de 2019, mujeres de diversos colectivos y organizaciones se manifestaron frente a la PGJ-CDMX en un acto de indignación y exigencia de justicia por el caso de una joven de 17 años violada por elementos de la policía de la CDMX y por la violencia sexual y feminicida, así como la impunidad que enfrentan día a día por parte del estado. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México se refirió en declaraciones a la protesta realizada por colectivas de mujeres frente a la PGJ-CDMX como una «provocación», señalando que se abrirían carpetas de investigación. En ese sentido es necesario recordar que como se estableció en la Constitución de la Ciudad de México, las autoridades tienen estrictamente prohibido realizar actos que den pauta a la criminalización del ejercicio de la protesta, es decir, que intenten amedrentar o inhiban el ejercicio de este derecho, esencial para la participación ciudadana a través del espacio público. Recordamos a las instancias encargadas de coordinar labores de seguridad que actualmente está vigente el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, expedido en marzo de 2017, mismo que es de observancia obligatoria, protege el derecho a la protesta y debe aplicarse en contextos de manifestaciones públicas. Por tal motivo, resulta preocupante que la jefa de gobierno y la titular de la PGJ-CDMX declaren ante medios de comunicación y redes sociales que se iniciarán investigaciones penales para determinar responsabilidades hacia manifestantes por la supuesta comisión de delitos durante una manifestación, calificados como “provocaciones”, lo cual interpretamos como un claro acto de intolerancia de la autoridad. De continuarse con los procesos penales, estaríamos frente a la configuración del uso faccioso y selectivo del derecho penal, es decir, de actos de criminalización en contra del libre ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión. Siendo así, los daños mínimos hacia un edificio gubernamental en el contexto de manifestaciones deberían considerarse fuera del rango de persecusión, en tanto son un reflejo de una problemática social que debe atenderse de raíz, no dentro del ámbito penal hacia quienes expresan su descontento contra las acciones y omisiones gubernamentales en asuntos de interés público, como lo es la violencia de género. Es necesario escuchar la voz de las mujeres que participaron en la protesta de ayer sobre la necesidad de realizar trabajos urgentes y efectivos por parte del gobierno de la Ciudad de México, para erradicar la violencia contra las mujeres. Frente a la legítima exigencia de justicia, el gobierno, lejos de hacer uso del derecho penal como primera herramienta frente a la protesta, debe buscar soluciones y atender las causas que la originan. El FLEPS llama al gobierno de la ciudad, particularmente a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad, a cumplir su responsabilidad de abstenerse de pronunciarse o iniciar cualquier acto que polarice, deslegitime, inhiba o criminalice la protesta social. Seguiremos reivindicando la importancia de contar con un gobierno e instituciones que reconozcan la importancia de la protesta social; la diversidad de expresiones en las calles es un indicador del nivel democrático de la ciudad. Como organizaciones del FLEPS, también nos solidarizamos con las mujeres, defensoras y organizaciones feministas que, ejerciendo su derecho a la protesta, luchan por visibilizar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas de esta ciudad, exigiendo al estado el pleno respeto y garantía de todos sus derechos humanos Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: FLEPS
Juventudes en México: todavía precarizadas y sin derechos humanos plenos
-Reto del actual gobierno: mejorar condiciones reales en la vida de personas jóvenes. -Erradicar discriminación estructural y situaciones de vulnerabilidad que los jóvenes enfrentan. En el marco del Día Internacional de la Juventud, y dada la postura del actual Gobierno Federal de atender a las personas jóvenes, es necesario saber que este grupo de población se enfrenta a una crisis de derechos humanos que atraviesa al país. Es igualmente importante implementar una perspectiva de juventudes que permita garantizar de manera integral el cumplimiento de sus derechos, tomando en cuenta la diversidad de sus condiciones de vida. En un contexto nacional de extrema violencia y desigualdad, donde cerca de la tercera parte de la población son personas jóvenes, hablar de juventudes en plural, implica un reconocimiento político más amplio; es valorar la diversidad de experiencias en las que se encuentran las personas jóvenes en el país, buscando identificar condiciones sociales diferenciadas que influyen en el acceso a derechos como la educación, la salud, al trabajo, a la vivienda, a la participación ciudadana, a la seguridad, a la integridad personal, al derecho a la no discriminación, a decidir y a la autonomía corporal, por mencionar sólo algunos ejemplos. México es considerado uno de los países de América Latina con mayor desigualdad social y pobreza extrema, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018), la situación se agudiza cuando se colocan enfoques como la diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad funcional, la diversidad cultural y lingüística y la condición de clase. De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, 2014), el empobrecimiento es el principal problema de las juventudes en México, porque casi la mitad de esta población se encuentra en dicha condición, a la que se le aúnan situaciones de discriminación por su condición social, su apariencia física (ligada a su condición económica), la escuela donde estudiaron, el lugar donde viven e incluso por sus publicaciones en redes sociales. Frente a una estructura de precarización económica, social y simbólica, basada en décadas de políticas neoliberales, debe ser prioridad del Estado garantizar los derechos humanos de estas personas, dedicando todos los medios y recursos posibles para revertir la situación tan difícil que hasta hoy enfrentan las juventudes que habitan o transitan por México. Es urgente pasar de un paradigma de la juventud como momento preparatorio a la edad adulta, etario o de perspectiva sociodemográfica, a otro que pone de relieve características referidas a rasgos identitarios o de sentidos de pertenencia sobre las culturas juveniles, donde se evite un supuesto de homogeneidad tras la noción de juventud. No es suficiente la formulación de una política pública sexenal dirigida a atender a estos sectores, porque lo que México también requiere con urgencia hoy para garantizar la vida digna de todas las personas jóvenes, es la consolidación de una perspectiva de juventudes y de derechos humanos transversal a todas las políticas y quehacer del Estado, que permita garantizar, promover, defender y respetar derechos efectivos, desde la participación política configurada por, para y desde las juventudes. Reiteramos nuestro compromiso y trabajo por los derechos de las juventudes, desde y con ellas. Llamamos a las juventudes a continuar organizándose, a continuar en la defensa de los derechos humanos, buscando una democracia y un país más justo, digno y en paz. Atentamente Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Imagen destacada: Jorge Aguilar
Aprobación de Ley Garrote en Tabasco criminaliza el derecho a la protesta: Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
Hoy lunes 29 de julio, el Congreso de Tabasco aprobó, con 24 votos a favor y 1 en contra, un dictamen de reformas y adiciones al Código Penal de ese estado que impactan de manera negativa y ponen en riesgo el ejercicio de la protesta social. Dicha iniciativa fue presentada por el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández. El dictamen aprobado, conocido como #LeyGarrote, busca sancionar con penas de prisión de hasta 13 años a quienes “impidan o traten de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas y privadas”, tal como se aprecia en las reformas a los artículos 196 Bis y 299. Asimismo, la propuesta inicial pretendía establecer una pena de prisión de 1 a 5 años “al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas”. La iniciativa buscaba “combatir el incremento desmedido y alarmante de la extorsión” en Tabasco, según su exposición de motivos. Sin embargo, el contenido de la misma criminaliza y menoscaba el ejercicio de derechos. Cabe señalar que el proceso legislativo se caracterizó por opaco y carecer de debate público y participación social. Esto generó un gran descontento y rechazo frente a su aprobación, además de que el dictamen no fue publicado en la página del Congreso y fue dictaminada y aprobada en menos de una semana de que fuera presentada, sin mayor transparencia, discusión ni participación de la ciudadanía, contrario a lo que un espacio parlamentario debe promover e impulsar. Derivado de las críticas y el rechazo social, el día de hoy las y los legisladores terminaron por modificar el contenido del artículo 308 Bis como estaba propuesto originalmente, para quedar de la siguiente manera: “al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización”. A pesar de estos cambios, el dictamen aprobado constituye un riesgo para el ejercicio de la protesta social. Es decir, ahora existe la posibilidad de que las personas que en ejercicio de su libertad de expresión, realicen protestas en contra de alguna obra o trabajo que afecte derechos, propiedades, el medio ambiente, etc., y expresen su rechazo u oposición, tal como llega a suceder frente a megaproyectos, por ejemplo, pueden encuadrar en los tipos penales que han sido aprobados por el Congreso estatal y sujetarse a un procedimiento penal, por ejercer su derecho a la protesta. Desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) rechazamos de manera contundente este tipo de iniciativas que menoscaban el ejercicio de derechos fundamentales, a partir de la justificación de otras cuestiones como el fortalecimiento y desarrollo económico, así como un contexto de “extorsiones” que argumentaron actores políticos y funcionarios del estado. No obstante los cambios realizados, debido al rechazo social generado, la redacción de los tipos penales ahora aprobados, continúa vulnerando la libre expresión y poniendo en riesgo el ejercicio de la protesta social. Exhortamos a la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a tomar nota de lo sucedido, y conforme a sus facultades, ejerzan las acciones jurídicas correspondientes para impugnar las normas aprobadas por el Congreso de Tabasco. Cabe señalar que el Ejecutivo estatal tiene la facultad de realizar observaciones al proyecto aprobado por el Congreso, dentro de los veinte días naturales a su recepción, conforme al artículo 35 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en este caso, dicho proyecto debe regresar al Congreso para discutir las observaciones realizadas y una vez aprobado de nueva cuenta, se envía para su promulgación al Ejecutivo. Por lo que aún cabe la posibilidad de revisar dicho proyecto por el Gobernador del Estado y este cumpla con las normas y estándares nacionales e internacionales que protegen la libertad de expresión. Finalmente, exigimos a las autoridades ejecutivas y legislativas de Tabasco a que cumplan con sus obligaciones de prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos, en particular la libertad de expresión y la protesta social, y se abstengan de realizar cualquier acto que vaya en contra de los mismos. El Congreso local también aprobó con 24 votos a favor y 1 voto en contra, reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el estado de Tabasco, para establecer que ‘ante extorsiones, coerciones, que intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, a que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización, sin perjuicio de las penas que corresponda por otros delitos que resulten, la pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia’. Previo a la aprobación del dictamen, se pronunciaron a favor del mismo los legisladores de Morena, Exequias Braulio Escalante Castillo, Julia del Carmen Pardo Contreras y Rafael Elías Sánchez Cabrales, así como los diputados del PRD, Agustín Silva Vidal y Ricardo Fitz Mendoza, y en rectificación de hechos, el diputado independiente José Manuel Sepúlveda Del Valle. En contra del dictamen se manifestaron las legisladoras del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales, mientras que por el PRI, se manifestaron en contra los diputados Gerald Washington Herrera Castellanos, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Katia Ornelas Gil. Cabe destacar que el diputado Agustín Silva Vidal, solicitó modificar el artículo 308
Rechazamos los actos represivos y la detención de personas manifestantes contra el incremento a la tarifa del transporte público en Guadalajara
Las organizaciones que integramos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), rechazamos los hechos ocurridos el día de ayer donde fueron detenidas cinco personas de manera arbitraria por elementos de la policía antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, cuando se manifestaban en contra del aumento a la tarifa del transporte público en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Queremos recordarle al gobierno de Jalisco que la libertad de expresión y la protesta social son derechos reconocidos por el orden constitucional y convencional, y que no pueden ser restringidos arbitrariamente, pues se trata de instrumentos mediante los cuales las personas, grupos, colectivos y pueblos pueden expresar sus opiniones e ideas, así como evidenciar públicamente las problemáticas que les afectan. En consecuencia, resulta preocupante la represión por parte de las autoridades estatales y municipales de Guadalajara y el uso de la fuerza en contra de quienes se manifestaron ayer, y particularmente por las personas detenidas: cuatro hombres y una mujer. Hacemos también un llamado para que cumplan con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, respetando el ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas que se están manifestando contra el alza en la tarifa del transporte público, y se abstengan de toda aquella actuación que vulnere la libertad, seguridad e integridad física y psicológica de quienes de manera libre ejercen sus derechos de disentir. Asimismo, exigimos a las distintas corporaciones policiales, tanto a nivel estatal como municipal, a que se abstengan de realizar cualquier conducta que derive en algún uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública, debiendo privilegiar en todo momento el diálogo y velar por la seguridad de las personas conforme a sus obligaciones legales y protocolarias, en virtud a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. De igual forma, exhortamos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a que cumpla con su mandato de protección, a efecto de que envíen personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas. Además solicitamos que, conforme a sus facultades legales, ejerza las medidas precautorias correspondientes para que las autoridades garanticen y velen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad de las personas. También, que de manera oficiosa inicie las investigaciones necesarias para determinar las violaciones a los derechos humanos cometidas ayer y la responsabilidad de las autoridades involucradas. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Twitter
OSC presentan informe sobre discriminación ante la ONU
-OSC han elaborado un Informe conjunto que destaca las principales violaciones de derechos humanos en materia de discriminación racial. -Llaman a auditar las nuevas políticas migratorias que ha adoptado gobierno de AMLO en el contexto de las llamadas “Caravanas Migrantes” y las negociaciones con Donald Trump. -Llaman a poner especial atención en el tema de las “consultas” en torno a megaproyectos que constituyen un riesgo para personas o comunidades que se atreven a oponerse. Los próximos días 8 y 9 de agosto tendrá lugar en Ginebra, Suiza el examen de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) que evaluará los retos y avances del Estado mexicano en materia de discriminación contra los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y las personas migrantes y refugiadas. Dada la importancia de esta temática para el panorama general de derechos humanos en el país, organizaciones de la sociedad civil mexicana han elaborado un Informe Alternativo conjunto que destaca las principales violaciones de derechos humanos que han sufrido estas poblaciones, tanto en el sexenio anterior como en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el informe se destaca: la discriminación contra las personas indígenas en el acceso a la justicia, los contextos de desplazamiento forzado, los impactos de los megaproyectos, los atentados contra la libertad de expresión de los pueblos indígenas y la violencia diferenciada que sufren las mujeres indígenas; por otro lado, también se subraya el racismo estructural e institucional contra las personas migrantes y refugiadas, que afecta de manera muy especial a la niñez migrante. El Informe Sombra señala la necesidad de que el Comité esté al tanto y se pronuncie sobre las nuevas políticas migratorias que ha adoptado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el contexto de las llamadas “Caravanas Migrantes” y las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas políticas han llevado a la militarización de la Frontera Sur y a que las autoridades hagan declaraciones que criminalizan a las personas que defienden los derechos de las y los migrantes. El informe también enfatiza la necesidad de que el Comité conozca y se pronuncie sobre las “consultas” impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recientemente, la Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, publicó una nota técnica sobre la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de México que “quiere subrayar que los procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas.” En la práctica, estas “consultas” constituyen la imposición de un megaproyecto y constituyen un riesgo para todas aquellas personas o comunidades que se atreven a oponerse ya sea al megaproyecto o a esta forma de “consulta”, defendiendo su tierra y territorio. El Informe abarca estudios de casos de diferentes temáticas de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Sonora y Puebla, que ilustran de manera detallada los impactos personales y sociales de la discriminación racial, así como una serie de recomendaciones elaboradas por las organizaciones que elaboramos el Informe Alternativo y dirigidas al Estado mexicano, con el objetivo de atender las problemáticas más urgentes y prioritarias en materias de discriminación racial y derechos humanos en México. Tenemos la esperanza de que el próximo examen de México ante el CERD sea no sólo una oportunidad de visibilizar la situación real de vulnerabilidad y vulneración de derechos humanos que padecen las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiadas en el país, sino que también el Estado aproveche la ocasión para adquirir compromisos reales, comprobables y medibles, para superar esta crisis de derechos humanos. El informe alternativo y otros insumos al CERD pueden ser consultados en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=MEX&Lang=EN Fotografía destacada : Internet
Carta Pública a AMLO y autoridades ambientales
Carta Pública a AMLO y autoridades ambientales En estos días nos hemos enterado de un nuevo desastre ambiental ocasionado por Grupo México, el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo, Patrimonio de la Humanidad y cuna de la vaquita marina. Esta tragedia se suma a decenas de otras, en México y en otras latitudes, que por más de 20 años han sido responsabilidad directa de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país. (Continúa)
Nueva Fiscalía en Derechos Humanos: Una oportunidad histórica para las víctimas
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la recién creada Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2018, una de las principales apuestas de dicha ley es la creación de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, una instancia que por primera vez responda a las demandas y exigencias de la lucha contra la impunidad en las últimas décadas en el país. La creación de la primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a nivel federal es una oportunidad histórica para que el Estado mexicano investigue todos aquellos hechos violatorios de derechos humanos, los cuales hasta el día de hoy siguen impunes, cuyo número de víctimas es incalculable, y se sancione a los responsables de estas graves violaciones. Víctimas de graves violaciones a derechos humanos, colectividades, organizaciones y especialistas consideramos que el cuidado del proceso de designación de la persona titular resulta sumamente importante para el adecuado funcionamiento de esta Fiscalía especializada. Por ello, este proceso debe garantizar los principios de transparencia y máxima publicidad, así mismo debe contar con una amplia participación ciudadana, escuchando principalmente las voces de las víctimas y a sus familiares, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil que les acompañan, retomando también lo establecido en la Ley Orgánica. De igual modo, es deseable que la o el nuevo Fiscal cuente con un perfil caracterizado por el pleno dominio en el conocimiento de los derechos humanos, con un trabajo previo reconocido en el acompañamiento a víctimas y que garantice la plena autonomía e imparcialidad en la procuración de justicia. Lo anterior es indispensable para que el Estado mexicano dé certeza a las víctimas sobre garantías para acceder a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición, respetando y reconociendo los largos caminos de exigibilidad que han recorrido víctimas, sus colectividades y organizaciones acompañantes defensoras de derechos humanos. Organizaciones y Colectivos Biofilia A.C. Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, A. C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Centro de Derechos Humanos Ku’untik Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, A. C. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C. Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México Colectivo Liquidámbar Colectiva Margarita Neri Colectivo Zapata Vive Colores, A.C. Comité Enrique Guerrero Comité de Familiares de Desaparecidos de San Miguel Cajonos Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, Nochixtlán (COVIC) Comités de Enlace Tecoanapa, Dos Ríos y Huamuxtitlán-Olinalá, CRAC-PC Comunidad Indígena Náhualt de San Pedro Tlanixco, Estado de México Consejo Comunal Indígena de Gobierno de Arantepacua, Michoacán Convergencia de Organismos Civiles, A.C. Convivencia Sin Violencia, A.C. Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia, A. C. Documenta Desde Abajo Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos El Caracol, A.C. Espacio Progresista, A.C. Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual AC Casa de los Pueblos México Brigadas Emiliano Zapata de México Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, A.C. Grupo Internacionalista Grupo Socialista Obrero Grupos de Amigos con VIH, A. C. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C. Instituto Pro Infancia y Juventud Femenina A. C., “Centro Madre Antonia” Liga de Juristas «26 de septiembre», A. C. Movimiento Apolat Talpan Tajpiani Movimiento de Diversidad Progresista, A.C. Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero (MOLPPEG) Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Red de 43 organizaciones en 23 estados del país) Observatorio Designaciones Públicas Oficina para América Latina de la Coalición internacional para el Hábitat (Hic-AL) Periódico el Zanzontle Puebla Vigila, A.C. Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA) Saber para la Vida, A.C. Unión General de Trabajadores de México Unión de Lucha Anticapitalista. Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre Universidades en Emergencia Asociación Latinoamericana de Medicina Social Red de Juventudes Trans Personas Araceli Osorio Martínez, madre de Víctima de Feminicidio, CDMX María Margarita Alanís Rosales, madre de Campira víctima de feminicidio Yadira Miranda Terán, sobreviviente de violencia familiar María de Lourdes Mejia Aguilar, madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, víctima de ejecución extrajudicial Luz Guadalupe Sánchez Gochi, víctima indirecta de feminicidio Jhonatan Hernández Hernández, sobreviviente a Tortura y graves violaciones a derechos humanos Jaime Luna Campos, sobreviviente a Tortura y graves violaciones a derechos humanos Daniel Giménez Cacho, actor Rita Canto Vergara, profesora UAM Iztapalapa Norma Evelín López Ángeles, Abogada del CDHZL Dr. Manuel Canto Chac, Universidad Autónoma Metropolitana Baltimore Beltrán, actor Sophie Alexander-Katz, actriz María Teresa Munguia Gil Azyadeth Adame Antonio Rueda Cabrera Brahim Zamora Salazar Laura Torres Martínez Susana Chanfón Kung, CDMX Rosario Dafne Luján Velázquez Dra. Pilar Berrios Navarro, Universidad Autónoma Metropolitana Dr. Carlos Ricardo Aguilar Astorga, UAM Lerma Beatríz Reyes, activista Arely Orozco Rolón, Sorece Juan Francisco Aguirre Riveros Lizeth Mejorada Ángeles Navarro Ana Paula Muñoz Karla Marlene Contreras Ortega, egresada pedagogía FES Acatlán UNAM Beatríz Reyes, activista de Batucada Feminista Mariela Cristell Hernández Pérez Jorge Fernández Souza Lic. Joaquín Quintana P. Javier Morales Carvente Marco Antonio Rojas González Alejandro May Noemí Luján Ponce, profesora UAM Xochimilco Emilienne de León Aulina, ILSB Alicia Mesa Bribiesca, CAM Teresa González Molina, UAM Iztapalapa Iraís Delgado Rocha, antropóloga social UAM Mayra Irasema Terrones Medina, profesora UAM Xochimilco Kenia Inés Hernández Montalván, CRAC-PC y Movimiento por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero. América Aparicio Morán, Colectivo Zapata Vive Claudia Alejandra Fajardo Castrejón, Colectivo Zapata Vive Elizabeth Hernández Dávila, Colectiva Margarita Neri Grecia Mosso Hernández, Colectiva Margarita Neri Briseyda Hermenegildo Flores, Colectiva Las del Aquelarre Karla Micheel Salas Ramírez David Peña Rodríguez Fabián Bautista Ortiz Flor Elen Hernández Hernández, Colectivo
Ampliación de las investigaciones por la verdad y justicia en el caso Nochixtlán
El pasado 19 de junio se cumplieron tres años del ataque perpetrado contra el pueblo mixteco de Asunción Nochixtlán por parte de las fuerzas del Estado Mexicano que tuvo como saldo la ejecución extrajudicial de 8 de nuestros compañeros y hermanos, más de un centenar de personas heridas y decenas de personas torturadas. A raiz de este hecho, el “Comité de Víctimas por Verdad y Justicia 10 de junio” de Nochixtlán (Covic) exigimos justicia y una investigación clara para enjuiciar a quienes ordenaron y a quienes ejecutaron ese operativo desmedido y fuera de toda proporción. En las últimas semanas se han presentado algunos pasos dirigidos a ampliar la investigación sobre los hechos y responsabilidad de autoridades de alto nivel del estado de Oaxaca, así como de algunas autoridades federales, en el periodo de las agresiones contra la población de Nochixtlán en 2016. A este respecto, luego de un consante e intenso trabajo de las víctimas por la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos, que en un primer momento se encontró con la reticencia de la Fiscalía General de la República, pero en un segundo momento esta fiscalía fue compelida para que lleve a cabo entrevistas a quienes durante el día de las agresiones eran servidores públicos. Tal es el caso de quienes en ese momento fungían como delegado del CISEN en Oaxaca (ahora Secretario de Seguridad Pública del estado) y el Subsecretario de Operaciones de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca. De igual modo se ordenó la ampliación de las entrevistas al ex Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, al ex Secretario General de Gobierno del estado, al ex Comisionado de la Policía Estatal y al ex Coordinador General de la Agencia estatal de Investigaciones. En este mismo sentido se determinó que se desahogue la entrevista al ex Comisionado de la Policía Federal, pieza fundamental en la coordinación de las acciones de los cuerpos de seguridad. A su vez, en este camino de exigencia por verdad y justicia la FGR dió lugar a que se le solicite informes amplios al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores sobre las reuniones que sostuvo en aquel momento la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán con el ex Secretario de Gobernación, el ex gobernador de Oaxaca y el ex Comisionado General de Policía Federal Ministerial. Esta ruta que empieza por el acceso a la verdad y a la justicia tiene que extenderse hasta la investigación de toda la cadena de mando, incluídos las comparecencias de los más altos funcionarios federales y estatales del sexenio anterior. En este sentido, la propuesta del ejecutivo del nuevo gobierno sobre “poner punto final y perdonar” no tiene que traducirse en un caso más de la alarmante impunidad que vivimos hoy en día, así sean varios de los máximos funcionarios federales y estatales del gobierno anterior. Es necesario que las acciones del gobierno actual, así como las de FGR transmitan certeza y voluntad a las decenas de miles de víctimas en México sobre un efectivo, objetivo e imparcial acceso a la verdad y a la justicia, a través de procesos que no sean revictimizantes ni desgastantes, sino acordes a los más altos estándares internacionales. Asimismo, el “Comité de Víctimas por Verdad y Justicia 19 de junio” de Nochixtlán consideramos irrenunciable la necesidad y exigencia por que la búsqueda por la verdad y la justicia se lleve a cabo en un total y pleno estado de derecho garantizado por los gobiernos federal y estatal, en el cual se salvaguarde la vida e integridad de todas las víctimas y defensores de derechos humanos, anulando la posibilidad de cualquier tipo de represalia contra ellas y ellos. Finalmente, llamamos a la solidaridad de los colectivos de victimas, de las organizaciones sociales y las organizaciones defensoras de derechos humanos, para mantener la articulación y exigencia conjunta en contra de la impunidad sobre las violaciones a derechos humanos, invitando a actuar por el acceso a la verdad y la justicia como una tarea común. Imagen destacada: Jorge Aguilar
Conversatorio en el Senado sobre el Protocolo Facultativo del PIDESC | Participación del CDHVitoria
¿Qué es el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PF-PIDESC)? y ¿por qué es importante su pronta ratificación? Buenos días senadoras, senadores, organizaciones sociales y asistentes en general. A nombre de nuestro director Don Miguel Concha Malo y de todo nuestro equipo de trabajo, agradecemos la invitación para participar en este Conversatorio de suma importancia para los derechos humanos en México. Para el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son derechos esenciales para que personas y comunidades cuenten con condiciones de vida digna, y puedan ejercer su autonomía, vivamos sin miedo y en libertad. Recordamos que el 23 de marzo de 1981 el Estado mexicano ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) a partir del cual reconoció la importancia de este conjunto de derechos, y por tanto se obligó a adoptar medidas técnicas y económicas para su plena efectividad y ejercicio. Sin embargo, aún con la ratificación de este Pacto el Estado mexicano hasta ahora no ha garantizado efectivamente el ejercicio de estos derechos; inclusive ha adoptado algunas medidas violatorias a los mismos en los últimos años. Cuando se adoptó el Pacto Internacional no se estableció mecanismo alguno de vigilancia, ni de cumplimiento que garantizará el compromiso adquirido por los Estados, ni que permitiera que las víctimas de violaciones de sus DESC tuvieran un mecanismo de exigibilidad y denuncia. Por esta razón, y después de muchos años de la aprobación del Pacto, el 10 de diciembre de 2008 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC). La importancia del Protocolo Facultativo resulta en ser una vía de exigibilidad y justiciabilidad que permite a las víctimas de violaciones relacionadas con los DESC defender y protegerse, así como exigir medidas de reparación a los Estados. El Protocolo establece tres mecanismos para atender las violaciones: Un procedimiento de comunicaciones individuales y colectivas: el cual permite a las víctimas presentar una petición o queja antes el Comité DESC (el cual es un grupo de 18 personas expertas que examina los avances y desafíos que tienen los Estados en materia de los DESC). Un mecanismo de quejas interestatales o comunicaciones entre Estados: lo que posibilita que un Estado parte pueda presentar una comunicación a otro Estado señalando la falta de cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los DESC, ésto se hará bajo mutuo acuerdo de reconocimiento del mecanismo. Un mecanismo operativo de comunicación: el cual permitirá al Comité DESC realizar una investigación a partir de recibir información fiable con respecto a la falta de cumplimiento del PIDESC. Hasta el momento alrededor de 45 Estados lo han firmado y 24 de éstos lo han ratificado. México es uno de los Estados que hasta la fecha no ha ratificado el Protocolo Facultativo, resultado del poco o nulo interés hasta ahora mostrado, y más grave aún por la falta del pleno reconocimiento a este grupo de derechos, los cuales históricamente han sido desplazados a un segundo nivel frente a los Derechos Civiles y Políticos. Durante la última década, el Estado mexicano ha considerado a los DESCA como servicios que puede o no conceder (incluso que se acceda a ellos según puedan o no pagarlos la población), resultando en que sólo un parte de la población mexicana puede tener acceso y por ende ejercerlos, dejando de lado principalmente a las poblaciones más vulnerabilizadas. Los DESCA no son servicios, no son mercancías, ni concesiones que el Estado tenga que darle a la población, son derechos que tienen el mismo nivel de importancia que otros, atendiendo el principio de indivisibilidad e integralidad, acorde al texto constitucional, que establece que los derechos tienen la misma jerarquía y que el Estado no tendría que priorizar unos sobre otros, por lo que su garantía, protección, promoción y respeto es una obligación del Estado. Frente a la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país, los DESCA también están siendo afectados, y las personas y sus comunidades violentadas. Mecanismos de justiciabilidad y exigibilidad de los DESCA son urgentes frente un contexto de impunidad estructural predominante, principalmente en el acceso a la justicia, derivado de las acciones y omisiones del Estado mexicano, en relación a este grupo de Derechos. Durante el sexenio pasado vimos cómo estos derechos fueron fuertemente violentados. Las Reformas Estructurales, por ejemplo en materia energética, y su correspondiente normativa secundaria, afectan directamente a las comunidades y pueblos indígenas, sin atender, por ejemplo el derecho a la consulta según estándares internacionales; por el contrario, es reforma da beneficios a empresas sobre las comunidades en el aprovechamiento de las tierras, entre otras cuestiones. Además, como organizaciones defensoras de derechos humanos hemos documentado falta de garantía de derechos como el medio ambiente sano, al agua, el impulso de la soberanía alimentaria y/o a la salud, con todas las implicaciones que corresponden. La ratificación del PF-PIDESC permitirá que víctimas cuenten con un mecanismo de exigibilidad y denuncia, que es urgente. En un contexto como el nuestro, en el cual muchas comunidades y personas han sufrido violaciones a sus derechos, la ratificación del Protocolo supone saldar una deuda que el Estado mexicano debe resarcir en aras de promover, asumir y reconocer los DESCA y establecer mecanismo de vigilancia, con el firme compromiso de que las personas puedan acceder a la justicia a través de este medio. Este momento político en México, es sin duda una oportunidad para que la ratificación del Protocolo se concrete. Distintos mecanismos internacionales han exhortado al Estado mexicano a ratificar el Protocolo, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto y en su momento, fue una fuerte impulsora junto a distintas organizaciones de la sociedad civil de la “Campaña mexicana por la ratificación del PF-PIDESC”. Esperamos que en este nuevo gobierno hallemos una mayor sensibilidad para poder aprobar el Protocolo, y no seguir argumentando
México sin transgénicos y con bioseguridad
Ciudad de México, a 26 de junio de 2019 -Más de 200 personas y 30 organizaciones saludan que el Presidente de México declare que en este país no habrá transgénicos. -Solicitan Decreto presidencial para asegurar un México sin transgénicos y profundizar medidas de bioseguridad. -Prioritario proteger la economía campesina, los derechos y bienes comunes: la salud, la alimentación, las semillas y la diversidad biocultural. En carta enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes de comunidades indígenas, campesinas, científicas, cocineras, defensoras de derechos humanos, ambientalistas y artistas, saludan las declaraciones del presidente, afirmando que en México “no se permitirá el uso de transgénicos”. Miguel Concha Malo señaló que esta declaración es muy relevante para el país y que es fundamental darles un carácter vinculante, con base en la facultad para decretar que le confiere la Constitución Política Mexicana, en la fracción primera del artículo 71 y en los artículos 89 y 92 para emitir este tipo de actos. Pánfilo Hernández, campesino de Tlaxcala del Grupo Vicente Guerrero -que por 29 años ha celebrado Ferias en Defensa del maíz-, mencionó que es fundamental el compromiso del gobierno con instrucciones claras para proteger los derechos y bienes comunes de la población mexicana: la salud, la alimentación, las semillas, la diversidad biocultural y la economía campesina. Hernández también señaló que “nuestro país es centro de origen del maíz y de otras especies fundamentales para la alimentación mundial, humana y animal que deben preservarse no sólo para la alimentación de las y los mexicanos, sino para el futuro de la humanidad”[1]. La propuesta es “emitir un Decreto para establecer condiciones de una política integral de bioseguridad en México, que incluye legislación y acciones de gobierno que aseguren los derechos señalados. Si bien en México se logró detener judicialmente la siembra de maíz transgénico por una Demanda colectiva interpuesta por actores de la sociedad; se está consumiendo y sembrando ilegalmente maíz genéticamente modificado, de acuerdo a investigaciones científicas recientes. El gobierno anterior no hizo nada al respecto, incluso litigó en contra de la Colectividad demandante: campesinos, científicos, ambientalistas”, dijo Ana Ruiz, integrante de la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico. Se subraya que además de los transgénicos, los organismos genéticamente modificados (OGM) comprenden los productos obtenidos con técnicas nuevas, como edición genética, mutagénesis y a los organismos con impulsores genéticos (OIG); estos últimos tienen como propósito propagar el rasgo modificado en poblaciones de su misma especie[2], e incluyen, entre otros, plantas, insectos y algas, “una tecnología severamente cuestionada a nivel mundial”, hizo saber el Dr. Alejandro Espinosa, Presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Destacados cocineros mexicanos de renombre internacional como Elena Reygadas, Enrique Olvera, Marcela Briz, Mónica Patiño y Ricardo Muñoz, junto con artistas como Francisco Toledo y Rubén Albarrán -entre muchos más-, dieron su apoyo a esta iniciativa, pues con las acciones propuestas en este Decreto, se apoyará a los campesinos para continuar sembrando milpa –que brinda los ingredientes para la tan laureada comida mexicana-, se protegerán los derechos de las personas consumidoras a acceder a alimentos sin residuos tóxicos y se detendrá el daño y muerte de abejas e insectos polinizadores vitales para la sobrevivencia. Carlos Ventura Callejas, a nombre de los firmantes, señaló que se entregó una carta el pasado 20 de junio en Presidencia, con copia a la Dra. Elena Álvarez Buylla, Directora de Conacyt y al Dr. Emmanuel González, secretario de CIBIOGEM, con la propuesta y fundamentos del Decreto. Finalmente, dijo que se espera la respuesta de Presidencia para trabajar conjuntamente las medidas del Decreto propuestas. Se anexa la Carta con propuesta de Decreto. _______________________________ [1] CONABIO considera que uno de cada 7 alimentos que hoy consume la humanidad, tuvieron su origen en la región que incluye México y Centroamérica, entre ellos: jitomate, frijol, chile, calabaza, papaya, aguacate, amaranto y maíz. [2] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 25 julio 2018, páginas 7, 11, 14 y 20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0528
